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El señor LAGOS.- Señor Presidente , esta discusión -soy Senador hace un año y tres meses- me toca por segunda vez. Creo que otros que han sido Diputados anteriormente ya llevan dos décadas debatiendo este asunto año tras año.
Los argumentos se repiten: un salario mínimo debe dar cuenta de una serie de necesidades, tales como no originar un desincentivo para la contratación de mano de obra; no trasladar la inflación de manera inercial hacia el futuro; reflejar los avances de productividad media que ha tenido el país de un año a otro; garantizar una canasta razonable de bienes y servicios que permita al generador del ingreso del hogar allegar lo que requiere el bienestar de su familia, etcétera.
Me referiré, en primer lugar, a una materia que no se halla directamente relacionada con lo que debemos votar hoy: la constitución -que yo miré con cierto optimismo- de la Comisión Asesora Laboral y de Salario Mínimo, que se instauró hace poco y que estaba integrada por representantes de distintas sensibilidades -dos o tres de la Central Unitaria de Trabajadores; de la academia; del sector empresarial-, quienes llegaron a una conclusión y elaboraron un informe.
El objetivo, a mi juicio, era doble: identificar qué parámetros deben considerarse a la hora de determinar el salario mínimo y, al mismo tiempo, tratar de generar en consecuencia un mecanismo de mayor permanencia y más institucional, que tratara de eliminar o de reducir en cierto grado la influencia de presiones, de lobby o de la propia política.
Digo "en cierto grado" porque el valor de la política va a seguir teniendo incidencia relevante en muchas áreas: no solo en la fijación del ingreso mínimo, sino también en la determinación de la carga tributaria, en el tipo de las regulaciones sociales que se requieren, etcétera. La política tiene un rol que jugar porque, al final del día, representa la visión de los ciudadanos.
La referida Comisión Asesora sugirió establecer un mecanismo automático de reajuste del salario mínimo en función de la productividad, de la inflación y de la tasa de desempleo, considerando esta última como cláusula de escape a la regla cuando la economía presente tasas de desocupación de sobre dos dígitos.
La mayoría de dicha Comisión -no hubo consenso- sugirió que la variación porcentual del salario mínimo fuera igual a la variación porcentual de la inflación pasada, más la variación porcentual de la productividad media de los trabajadores.
Cabe hacer notar que una opinión de minoría prefería considerar la inflación futura, cosa de frenar la inflación inercial.
Aplicando esa fórmula -entiendo-, el Ejecutivo efectuó su propuesta a la Cámara de Diputados: un proyecto de ley de salario mínimo con un reajuste de alrededor de 4,4 por ciento.
Voy a hacer un paréntesis, señor Presidente .
La mencionada Comisión Asesora, donde estuvo representada buena parte de quienes tienen algo que opinar sobre la materia, llegó a las conclusiones que, a juicio de un sector de aquellos que participaron en ella, debían ser objeto de ajustes en el informe final.
Yo lo lamento desde el punto de vista de que ahí se hizo un esfuerzo legítimo, sano, en el cual todos estuvieron debidamente representados, para llegar a tales conclusiones.
¿Por qué me di la lata de explicar esto en detalle, señor Presidente?
Cuando dije que siempre existía margen para la política, me refería a lo que ocurrió en la Cámara de Diputados.
Yo aspiro a tener, en lo posible, un sistema bastante más estable y automático, entendiendo que siempre va a haber un margen. Pero si este existe, debe distribuirse entre todas las fuerzas políticas.
Porque el reajuste propuesto inicialmente por el Gobierno, que implicaba un salario mínimo de 180 mil pesos, fue aumentado por él mismo en 1.500 pesos antes de la votación de la Cámara de Diputados.
Entonces, como lo señalaron Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, entre ellos el Honorable señor Frei , es dable preguntarse cuál fue el acto de magia que hubo en la Cámara Baja. Porque sucede que la fórmula en comento, que se consensuó, que estaba clara (inflación pasada más productividad media del trabajador), un minuto antes de la votación fue cambiada para que cinco Diputados, independientes y del PRI, aprobaran un incremento de 1.500 pesos.
Lo que quiero decir, señor Presidente -y no voy a hacer un festín con esta situación-, es que, por consiguiente, el Ejecutivo abrió espacio para que una fórmula supuestamente pura fuera ajustada.
En mi concepto, debemos evitar procedimientos como aquel, de ser factible.
Una fórmula podría ser -no ahora- la fijación de un mecanismo con dos o tres años de duración -con cláusulas de escape, si se quiere-, de modo que al término del período a la política sí le fuera factible intervenir en aquel.
Sin embargo, señor Presidente , eso ya no sucedió.
En consecuencia, ese principio -yo aspiraba a que el Gobierno lo mantuviera- ya se rompió: cuando se quebró la fórmula. Y ello, sin una explicación satisfactoria.
No estuve en la Sala hace cinco minutos. No sé si el Ministro de Hacienda habló sobre el punto. Empero, en la Comisión de Hacienda le pedimos decirnos de qué modo se explicaban los 1.500 pesos adicionales.
Pues bien: como la explicación no ha sido satisfactoria, aspiro a contar con un salario mínimo ligeramente mayor.
Y lo digo por lo siguiente.
Se han generado más de 400 mil empleos en un año y fracción; es lo que ha dicho el Gobierno. La economía viene creciendo bien. Creo que todavía quedan en ella holguras para que respecto del salario mínimo haya un reajuste mayor, un poquito más ambicioso que el ofrecido en este momento por el Ejecutivo.
No soy de los irresponsables que van a pedir un ingreso mínimo de 200 mil pesos mensuales, no porque no lo quiera para cada trabajador, sino porque creo que provocaría un daño macroeconómico serio y, al final del día, terminaría perjudicando a aquellos a quienes queremos beneficiar por ser los que tienen menores entradas debido al alza de la inflación.
Pero pienso que, rota ya la regla, cabe que el Gobierno haga un esfuerzo adicional para ajustar el salario mínimo y evitar, pese a la aprobación de la idea de legislar, el rechazo del guarismo que se nos propone. Y es lo que sucederá en mi caso, señor Presidente .
De todas maneras, quedo abierto para el evento de que el Ejecutivo impulse un mecanismo -como trató de hacerlo- para llegar a una fórmula un poco más automática, tal cual sucede en otros países, con una temporalidad de dos años o -como me señala el colega Bianchi - tres. En Alemania ocurre así con los trabajadores sindicalizados. Eso evitaría un desgaste innecesario y nos permitiría realizar una discusión más acorde con lo que se espera de quienes pertenecemos al mundo político, quienes a veces damos bote.
He dicho.
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