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El señor GIRARDI ( Presidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, con informe y nuevo primer informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4991-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 22ª, en 1 de junio de 2010.
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 21ª, en 31 de mayo de 2011.
Transportes y Telecomunicaciones (nuevo): sesión 21ª, en 31 de mayo de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- El objetivo principal de la iniciativa es establecer una normativa que se haga cargo, por un lado, de la problemática ciudadana que genera la instalación inconsulta de infraestructura de antenas en las comunas, y por otro, de la necesidad de cautelar el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones en condiciones competitivas.
Al respecto, se propone, entre otras materias, establecer incentivos para la instalación de antenas de menor tamaño; regular en la Ley General de Urbanismo y Construcciones la colocación de torres soporte de aquellas en áreas urbanas o rurales; facultar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para declarar determinada área geográfica como zona saturada de sistemas radiantes de telecomunicaciones, y activar la participación de las municipalidades en la definición de zonas preferenciales de instalación de torres soporte de antenas.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió el proyecto en general y en particular en el trámite de primer informe, de conformidad con la autorización otorgada por la Sala el 21 de diciembre de 2010.
Le dio su aprobación a la idea de legislar, como consta en el primer informe de julio de 2010, por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señora Rincón y señores Cantero, Chahuán, Girardi y Novoa.
Respecto a la discusión particular, que se consigna en el nuevo primer informe, la Comisión efectuó diversas modificaciones al texto despachado por la Cámara de Diputados, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad. Sus Señorías pueden consultar tales enmiendas en el boletín comparado que tienen en sus escritorios.
Finalmente, corresponde señalar que la letra f) y el inciso séptimo del artículo 116 bis F tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales por incidir en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo que requieren para su aprobación los votos conformes de 21 señores Senadores.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , la importancia de que el Estado promueva la oportunidad de acceso a las comunicaciones y tecnologías no radica solo en su responsabilidad de involucrar a la gente en la modernización y la conectividad. También es relevante que con ello no se vulneren otros derechos de que gozan los ciudadanos, como el derecho a la propiedad privada, a un ambiente libre de contaminación visual y a la salud.
Como dice un medio de comunicación nacional hoy día, este proyecto ha sido polémico desde sus inicios, ya que intenta conciliar objetivos que conllevan consecuencias contradictorias entre sí.
Por una parte, intenta mitigar los efectos negativos de la instalación invasiva de antenas de telecomunicaciones en barrios consolidados. Asimismo, trata de incluir el impacto y la contaminación visual causados en distintos tipos de ambientes (públicos, privados, patrimoniales, naturales, entre otros).
Pero, por otro lado, lo anterior se concilia con la necesidad del desarrollo de las telecomunicaciones (telefonía, Internet, servicios inalámbricos y otros asociados) a través del aumento de instalaciones de torres de gran tamaño y de antenas que puedan soportar los sistemas radiantes de varias empresas.
El requerimiento urgente de contar con un nuevo marco legal se debe en parte a que están implementándose nuevos servicios que precisan mayor tecnología y -como es obvio- más infraestructura de transmisión. Según datos entregados por la SUBTEL, será necesario aumentar de 12 mil antenas existentes hoy día a alrededor de 30 mil, para cubrir los distintos servicios de telefonía, Internet y televisión.
Por tanto, establecer un mecanismo de control y de uso de las instalaciones en forma compartida (colocalización) y en un lugar determinado sería esencial para no invadir aún más los ámbitos urbano y rural.
La iniciativa en estudio, señor Presidente , plantea mecanismos y espacios de participación ciudadana -inexistentes en la actualidad- con relación a las medidas de mitigación o compensación a los vecinos afectados por las instalaciones de antenas.
En este punto, la propuesta de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, a mi juicio, es mucho mejor que el criterio acordado por la Cámara de Diputados, que buscaba solo indemnizar a dichos vecinos. La verdad es que muchas veces la infraestructura de telecomunicaciones perjudica a barrios enteros, cuyos habitantes ven bajar la plusvalía de sus propiedades sin recibir nada a cambio.
La proposición del Senado considera consultar a los vecinos; permitir la intervención de la Dirección de Obras Municipales, y compensar no solo al propietario del sitio donde se ubica la antena, sino también al barrio completo, con obras equivalentes al 30 por ciento del valor de la instalación. Ello debe ser aprobado por los vecinos del sector y por el Director de Obras del respectivo municipio.
Además, se crea la figura de zonas saturadas de torres. Al existir esta declaración, se obliga a la empresa requirente a solicitar permiso a los propietarios de antenas, pues ya poseen el derecho para utilizarlas. En caso de negativa, será factible apelar a la SUBTEL, la que podrá autorizar la instalación, pero sujeta a medidas urbanísticas estrictas y, además, con la obligación ulterior de permitir la instalación de terceros.
Señor Presidente, por primera vez se regulan estos aspectos. En la iniciativa se propone lo siguiente:
Se establece la declaración de zona saturada de antenas, como dije anteriormente.
Se limita la instalación de torres y antenas en las cercanías de hospitales y centros educacionales. Se impide ubicarlos a menos de 20 metros de colegios, salas cunas, jardines infantiles, hospitales, clínicas y consultorios.
Se requiere la autorización de los vecinos colindantes a los predios donde se coloquen las antenas, además de la del dueño del terreno. Las juntas de vecinos también deberán manifestar su opinión al respecto.
Se promueve el pago de una compensación -y no solo en dinero- al sector que fuese afectado directamente con tal instalación.
Se establece la flexibilización y el uso de la infraestructura existente, lo que ya expliqué.
Se dispone un nuevo concepto de antenas. Se considera su instalación entre 2 y 12 metros de altura, incluidos los sistemas radiantes, lo cual apunta al uso de postaciones eléctricas. Tal medida se ha utilizado en países desarrollados y consiste en el uso de las luminarias públicas y de otras estructuras para instalar antenas radiantes, lo que implica un menor efecto sobre los barrios y, también, sobre la salud de las personas.
Se consagran normas diferentes para las instalaciones de antenas en zonas rurales y urbanas. Por razones obvias, pedimos que a las antenas ubicadas en los campos no se les exijan todos los requisitos contemplados para las situadas en las ciudades, porque, a diferencia de estas, en aquellas se necesita mayor cobertura. Por lo tanto, tal infraestructura en áreas rurales no afecta tanto como en un barrio urbano, donde dicha instalación debe someterse a las rasantes del lugar y a los permisos de edificación otorgados por los departamentos respectivos de cada municipio.
Se incluye la participación de las municipalidades -era algo que reclamaban- en la definición de las zonas preferenciales de instalación de torres, lo que hoy día no existe.
Se establece el reconocimiento de las particularidades de la instalación de torres según las características del predio donde se ubicará, diferenciando el procedimiento según se trata de una propiedad privada o de un bien nacional de uso público. En este último caso, se dispone que la colocalización es obligatoria.
Se faculta a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para declarar determinada área geográfica como zona saturada. En nuestro país, señor Presidente , hay lugares donde se concentran muchas infraestructuras de telecomunicaciones, tanto desde la perspectiva visual como de la salud de las personas, por la radiación que aquellas emiten. Por tanto, si en vigencia de esta ley se quiere instalar una nueva antena en un lugar declarado zona saturada, se obligará a colocalizar al resto de las empresas, a fin de evitar un bosque de antenas como existe en algunas zonas.
Finalmente, mediante una norma transitoria, se preceptúa que toda solicitud de otorgamiento, renovación o modificación de una concesión o permiso de telecomunicaciones que se encuentre en trámite al momento de la publicación de esta ley en el Diario Oficial se regirá por esta misma para tales efectos.
En resumen, señor Presidente , el proyecto en debate tiene por objeto encontrar un equilibrio -nada de fácil- entre la demanda por más instalaciones de antenas, producto de las exigencias de un mundo moderno (en televisión, Internet, telefonía celular y otras cosas que vendrán), y el legítimo deseo de las comunidades de no ser afectadas en su entorno con tal infraestructura tecnológica, lo que disminuye la plusvalía de sus barrios y sus casas.
He dicho.
)----------(
El señor GIRARDI (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Gómez asuma como Presidente accidental.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Gómez, en calidad de Presidente accidental.
)---------(
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, también me sumo a los parlamentarios que respaldan este proyecto, pues establece un conjunto de normas regulatorias que hoy no existen. Resulta indispensable legislar sobre ello con prontitud.
Tales disposiciones se refieren esencialmente a la participación de la comunidad en las decisiones que deben tomarse para autorizar la instalación de este tipo de antenas.
Efectivamente se genera una tensión entre la demanda de la propia comunidad por contar con un sistema de telecomunicaciones y de telefonía celular mucho más expedito, ágil, con mayores opciones, más competido y, en consecuencia, más barato, y el hecho de que actualmente las instalaciones de antenas carecen de regulación, por lo que se sitúan sin control, lo que agravia a la comunidad; daña los espacios de los vecinos; atenta contra la convivencia en los diferentes barrios, y pasa por alto la opinión de las familias, de las juntas de vecinos y de las diversas formas de organización comunitaria.
Por consiguiente, fijar medidas que apunten a que la participación social sea considerada y a que, en determinadas circunstancias, esa opinión tenga relevancia decisiva es uno de los propósitos que, desde mi punto de vista, debiesen inspirar la aprobación definitiva del proyecto que se somete a la consideración del Senado.
Dicho de otra manera, los nuevos avances de las llamadas "tecnologías de la información" necesariamente deben caminar de manera amable y de la mano con la comunidad, debiendo estar en concordancia con la opinión de los vecinos. Por lo tanto, no pueden instalarse sobre la base de avasallar y pasar por encima de la legítima opinión de las familias afectadas por la situación.
En consecuencia, entiendo que de parte del Congreso Nacional se requiere una reacción pronta, oportuna y eficaz con relación a este tema, ya que son innumerables las comunidades en espera de una ley que efectivamente considere los resguardos regulatorios y las normas de participación social que hagan de la vida en sociedad un elemento fundamental de nuestro ordenamiento institucional.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA .- Señor Presidente , el presente proyecto -que en su primer informe fue discutido en general y en particular en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones- considera un grado muy alto de acuerdo entre los miembros de tal órgano técnico en la resolución de materias que no son para nada fáciles, porque con ello se genera un conflicto de intereses muy legítimo: el de la comunidad, de los chilenos, entre tener acceso a las telecomunicaciones, a Internet, y su aspiración de que su entorno urbano no sea afectado y que el valor de sus propiedades no varíe por la instalación de antenas.
Para Chile resulta particularmente importante contar con este sistema si consideramos que la telefonía móvil es la que usa prácticamente la totalidad de los chilenos, ya que en la actualidad la red fija no cubre un porcentaje muy amplio del país ni abarca las zonas más populares. Las compañías de teléfonos no están instalando cables en aquellas, entre otras muchas razones, porque se los roban y no resulta económicamente rentable. Ello significa una limitación muy severa para sectores mayoritarios de la población.
Como Senador de la zona poniente de la Capital, se me han acercado grupos de vecinos para pedirme que interceda frente a las compañías telefónicas a fin de solicitarles los tendidos. Porque hay lugares calificados como "zonas rojas", donde las empresas no instalan cables. Y los pobladores señalan, por ejemplo, que el no acceder a Internet coloca a sus niños en desventaja evidente respecto a los que habitan en otras áreas de la ciudad.
También es importante mencionar que en gran parte de nuestro país la construcción es horizontal y no como en otras naciones o ciudades más desarrolladas, donde priman los edificios de altura, por lo que las antenas se colocan arriba de ellos y no molestan ni causan el impacto que generan las otras. Pero en Chile, por desgracia, en los sectores populares no hay construcciones en altura. Entonces, para cubrir esas zonas se requiere la instalación de antenas.
Ahora bien, se deben compatibilizar esas necesidades con el interés de la comunidad y de los propietarios de los predios vecinos a las antenas, porque, según los estudios y cálculos hechos, se produce un deterioro en el precio de la propiedad con su instalación.
Pese a la complejidad del tema, en la Comisión prácticamente logramos unanimidad en la proposición en general que se plantea a la Sala.
Por supuesto, algunos aspectos de la iniciativa habrá que pulirlos y mejorarlos en la discusión particular.
Sin embargo, hago un llamado a la Sala para dar urgencia a la tramitación del proyecto. Porque, mientras nosotros lo debatimos, se están instalando cientos y quizás miles de antenas sin cumplir con las normas que ahora se proponen, que son mucho más exigentes. Entonces, puede que lo mejor sea enemigo de lo bueno. Quizás no elaboraremos la ley perfecta ni conciliaremos todos los intereses.
En la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones pensamos que, después de la aprobación en general, debiera fijarse un plazo de unas dos semanas para formular indicaciones, porque ciertamente habrá que incorporar algunas materias, y muchos Senadores querrán hacer aportes. Los integrantes de aquella nos comprometemos a despachar las indicaciones a la mayor brevedad, de manera de llevar tranquilidad a la población en cuanto a que las futuras antenas se instalarán de acuerdo con las normas del proyecto, más exigentes que la legislación actual y que, en nuestra opinión, resguardan mejor los intereses de la comunidad.
Por lo expuesto, solicitamos de la Sala la aprobación en general de la iniciativa.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Uriarte.
El señor URIARTE.- Señor Presidente , ya se mencionó que el proyecto en debate lleva mucho tiempo esperando convertirse en ley. Ingresó a la Cámara de Diputados el 18 de abril de 2007 y llegó al Senado recién el 1o de junio de 2010. A todos nos habría gustado que la tramitación hubiese sido más rápida. Pero ya se encuentra en la Sala, y hoy tenemos la tremenda oportunidad de apurar su despacho, de avanzar y convertirlo en ley.
La iniciativa se hace cargo de materias fundamentales para el desarrollo urbano, para el sentido de ciudad, para fortalecer los derechos de los vecinos, para resguardar los derechos de la comunidad y para protegerla de agresiones urbanas que muchas veces se cometen a vista y paciencia de las autoridades municipales y gubernamentales. Como uno lo ha comprobado en todas las grandes ciudades, al final, resulta mucho más fácil levantar una torre de 40 metros que sirva de soporte a una celda que elevar una pandereta 30 centímetros.
El contrasentido en nuestra legislación radica en que ni en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ni en las normas que regulan el funcionamiento y atribuciones de la autoridad sanitaria, ni en las de la SUBTEL hay disposiciones expresas que cautelen los derechos y deberes de las empresas y los derechos y garantías de los vecinos afectados y de la ciudad. Por ello, me atrevo a decir que el proyecto en análisis logra un gran aporte en estas materias.
En este ámbito nos enfrentamos a varios mitos y realidades, muchos de los cuales no poseen un sustento científico, donde todo es posible de ser argumentado, según convenga a quien se pronuncia a favor o en contra.
También debe hacerse presente -como bien manifestaba el Senador señor Novoa -, que se trata de una materia donde hay diversos y legítimos intereses comerciales en disputa.
Por lo mismo, creo que ya es hora de que esta iniciativa logre zanjar algunos problemas y resolver por la vía de una disposición legal materias que estaban entregadas al arbitrio de empresas interesadas en levantar esas torres.
Respecto a ciertos temas que aborda el proyecto -mencionaré solo algunos, porque ya se ha dicho que son múltiples-, debo señalar en primer término lo relativo a la colocalización, lo cual en la Cámara de Diputados fue un tremendo problema, pues costó mucho lograr acuerdo en cuanto a si la ley era o no vinculante y si podía o no ser retroactiva. ¿Y por qué? Porque de nuevo en ello hay una confrontación de intereses comerciales, los cuales son muy legítimos. Y en la Cámara Baja pudimos conocer diversos y muy buenos y fundados informes en Derecho tanto a favor como en contra de la colocalización y si la ley debía o no ser retroactiva.
En todo caso, considero que la iniciativa avanza en una línea bastante salomónica, cuerda y sensata.
Por otra parte, cabe mencionar que el proyecto incentiva la construcción de torres de baja altura, porque causan un impacto menor que las altas. Además, avanza considerablemente en proteger los derechos de los vecinos; mejorar la participación ciudadana; aclarar que son los concejos municipales los encargados de canalizar las decisiones locales; resolver de qué manera se puede mitigar o compensar a una comunidad afectada o a un vecino que se sienta perjudicado; fijar normas de arquitectura, etcétera.
A mi juicio, la iniciativa es adecuada, por lo que debemos aprobarla.
Sin embargo, quedan algunas materias pendientes, como, por ejemplo, las áreas rurales.
Es cierto que el proyecto distingue entre lo que ocurre dentro y fuera del radio urbano. Pero no es suficiente. Se requiere avanzar más todavía.
La interconexión, la conectividad en las áreas rurales constituyen, hoy en día, un anhelo muy difícil de concretar. Hay que crear más incentivos, más flexibilidad y mayor libertad para interconectar a muchas zonas aisladas que no tienen acceso ni a banda ancha, ni a Internet ni a telefonía celular móvil. Por lo mismo, debemos tener mayor preocupación por lo que sucede fuera del radio urbano, y crear más y mejores incentivos para que puedan contar con aquellos.
En el fondo, el proyecto constituye una gran oportunidad para desarrollar las telecomunicaciones al dar mayores y mejores estímulos reales.
Finalmente, resulta necesario también hacerse cargo de los barrios, las ciudades y los parques nacionales con valor patrimonial. Eso sí, debemos ser muy cuidadosos en no aislar estos territorios, por mucho valor patrimonial que tengan, para no dejarlos al margen del desarrollo tecnológico. Porque es importante entender que la interconectividad debe llegar a todas partes, incluso a aquellos sectores patrimonialmente valiosos.
De modo que también hay que avanzar en ese sentido.
En todo caso, señor Presidente -repito-, este es un gran proyecto y lo único que podemos hacer es aprobarlo y despacharlo a la brevedad.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Se ha solicitado a la Mesa abrir la votación, pero manteniendo los tiempos, para que cada señor Senador pueda expresar su opinión.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
En votación.
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, esta es una de las materias que más debate produce en los distintos barrios, localidades y organizaciones sociales de nuestras circunscripciones.
Y resulta curioso -como acá se ha dicho- que en algunas partes nos reclaman por la instalación de las antenas para celulares y, en otras, nos piden que las ayudemos en sentido contrario. De hecho, en zonas rurales -como bien sostenía el Senador Uriarte- la gente forma comités proantena. Organizan trabajos comunitarios, juntan recursos, ceden terrenos, actúan en concordancia con los municipios para construir caminos y levantar tendidos eléctricos que les permitan llegar a los cerros que, a su vez, son cedidos por particulares o comuneros, para instalar antenas. ¿Por qué? Porque necesitan conectividad, necesitan la telefonía, necesitan Internet, necesitan estar en contacto con el resto del país y del mundo.
Sin embargo, en las zonas urbanas sucede a la inversa: la comunidad organizada -y de manera masiva muchas veces-, repudia y reclama por la existencia de torres o antenas instaladas en forma arbitraria e irruptiva, las cuales generan serios problemas.
Todo eso lleva, lógicamente, a que se presenten reclamos por la molestia generalizada de la población. Y nosotros somos receptores de esa contrariedad. Nos preguntan: "¿Cómo es posible que no exista regulación? ¿Cómo es posible que no haya normas que obliguen a instalar antenas solo en determinados sectores o bajo ciertas condiciones? ¿Cómo es posible que los municipios no tengan nada que decir al respecto? ¿Cómo es posible que los alcaldes o los concejales no se involucren, y que cuando lo hacen carecen de instrumentos legales para influir de modo que la instalación de las antenas no contamine, no complique el medio ambiente ni afee barrios o zonas arquitectónicas?".
De manera que el primer objetivo del proyecto es regular y normar mínimamente el funcionamiento y la instalación de antenas a lo largo y ancho de Chile, lo cual, en mi concepto, es positivo.
Por otra parte, la iniciativa establece diversos requisitos y obligaciones que hasta hoy no existen y que, sin lugar a dudas, obligarán a que las empresas operadoras de los distintos servicios, fundamentalmente operadoras de telefonía o de servicios, de Internet y de otros elementos, entiendan que tienen que someterse a un proceso donde la instalación de las antenas sea de común acuerdo y que ellas no pertenezcan a las empresas que las instalan para lograr mayor cobertura y ofrecer mejor atención a los usuarios. La idea es que haya autonomía en los operadores de antenas, como ocurre en otros países, permitiendo que a través de estructuras únicas se puedan conectar todos quienes quieran entregar determinado servicio.
Ese es uno de los problemas más graves y una de las situaciones que generan conflictos de intereses -como aquí se ha dicho- entre las distintas empresas operadoras.
Hoy día, las que quieren entrar al mercado o están recién haciéndolo van a reclamar por el alto nivel de exigencia que se establece, en circunstancias de que la competencia ya instaló miles de antenas a lo largo de Chile sin norma ni requisito y con costos mucho menores. Entonces, claramente habrá diferencias y se crearán dificultades de competencia entre las empresas.
Por el contrario, las operadoras actuales reclamarán diciendo que no es aceptable cambiar las condiciones de la noche a la mañana, pues ya han cumplido con las normas y requisitos. Por lo tanto, si se produce encarecimiento de los costos, al final, terminará pagando el usuario.
En estas circunstancias, ¿qué objetivo persigue el proyecto de ley? En términos simples, señor Presidente , primero, regular y normar; y, enseguida, reducir el número de antenas existentes en el país o, al menos, controlar la instalación de las proyectadas.
La cifra entregada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones no es exacta. Pero las torres superiores a 30 metros de altura, que permiten tener cobertura a lo largo de Chile, actualmente son del orden de las 12 mil. Se calcula que pueden llegar fácilmente a alrededor de 15 mil o más. Y lo más seguro es que en un momento determinado se van a duplicar.
Quiero informar al Senador Prokurica que el señor Subsecretario nos aclaró en el debate que la duplicación del número de antenas incluye las de 2 a 12 metros y, también, las de tamaño menor a 2 metros. Esas últimas son una suerte de figuras distintas a las que la ciudadanía ha percibido en comparación con las grandes antenas. ¿Y por qué? Porque las de poca altura permiten una mayor densidad bajo el área de cobertura que las altas; garantizan velocidad de transmisión y que Internet pueda operar como corresponde, entregando un servicio adecuado a los usuarios.
De manera que la instalación de los tres tipos de antenas que están tipificados en el proyecto son complementarios y deben formar parte de una red única.
También es importante destacar que en esta iniciativa se establecen, por primera vez, mecanismos de participación ciudadana. En efecto, por un lado, existirá una información mucho más transparente para la población acerca de qué clase de estructura se instalará y las condiciones en qué se hará, y por otro, las empresas estarán obligadas a buscar acuerdos con la comunidad en orden a mitigar el impacto que les signifique la instalación de las antenas.
Para eso se fijan, lógicamente, condiciones y restricciones. Por ejemplo, el radio de influencia dentro del cual los vecinos necesariamente han de ser consultados; el desarrollo, concordado con ellos, de obras de mitigación, como áreas verdes, mejoramiento en las zonas donde se instalarán las antenas; el que se trate de proyectos aprobados por los municipios, en fin.
Es decir, se consigna un mecanismo de participación ciudadana y de búsqueda de acuerdos. Este, en la práctica, hoy no existe, y ello hace que se proceda de la peor manera.
Porque ¿cómo se instalan las antenas en la actualidad? Para decirlo en buen castellano, es solamente un problema de dinero y de decisión de cada operador por lo que le parece más conveniente. Y se llega al absurdo -lo sé porque he asistido a reuniones en diversas zonas, aparte de mi Región- de que en el Gran Santiago hay sectores, como señaló el Senador señor Novoa , en las que levantar antenas cuesta mucho más barato que en otros y los precios con los cuales se opera son muy distintos.
Hay gente que arrienda sus viviendas o sus patios para la instalación de antenas de más de 30 metros, y por tal concepto cobran cifras mensuales bastante grandes. Estamos hablando de 2, 3, 4 millones de pesos. Con ese dinero tales propietarios arriendan a su vez una casa en otro lugar, y ganan un buen ingreso al mes.
Eso sucede en la práctica. Y de los vecinos "si te he visto no me acuerdo", lo cual genera conflictos muy graves.
La idea es corregir ese tipo de situaciones.
También es importante destacar que en la iniciativa se dispone que será posible declarar un área como zona saturada de sistemas radiantes de telecomunicaciones. Esto significa, derechamente, que en algunos sectores no se podrá instalar nada más.
A lo anterior se suma la limitación para emplazar torres soporte de antenas en lugares donde haya escuelas, hospitales y otras instituciones, o en áreas que a la comunidad le interese preservar.
Por otro lado, antes de que se me termine el tiempo, quiero referirme al problema de la retroactividad de la ley en proyecto, el que deberemos abordar en detalle durante la discusión en particular.
En la Comisión de Constitución surgió un debate acerca de si tal retroactividad era constitucional o no, y por eso se paralizó en parte la iniciativa. Ahora estamos buscando una fórmula intermedia que permita exigir cierta retroactividad a los operadores que hoy poseen antenas, fijándoles un plazo de transición para adecuarse a las nuevas normas, y de no hacerlo, lisa y llanamente, obligarlos a bajar sus antenas y a instalarlas conforme a aquellas.
Para tal fin se propone establecer un período de 36 meses. Me parece demasiado. Si queremos realmente ser efectivos, deberemos acotarlo.
Entendemos que eso involucra un costo -lo señalé hace algunos momentos- para los operadores actuales. Es uno de los aspectos más sensibles, con relación a los cuales se va a requerir un gran acuerdo de la Sala.
Y por último, señor Presidente , será preciso encarar, de alguna manera, la contradicción existente en la aplicación del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Yo, años atrás, fui autor de un proyecto que permitió la ampliación del plazo y la destinación de mayores recursos para promover la instalación de antenas en sectores rurales o en zonas aisladas.
Claramente, se requiere fortalecer dicho Fondo y orientarlo no solo hacia la colocación de antenas, sino también a cuidar el entorno donde se instalan. Porque en algunas partes -como ya se ha dicho- hay gran necesidad de disponer de esta conectividad para los efectos del acceso a Internet, el mejoramiento de la calidad de la educación y la actividad comercial o de las comunicaciones, que permita...
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor PIZARRO.-...llevar sus productos de manera oportuna a los mercados -termino de inmediato, señor Presidente-, comercializarlos y, por tanto, elevar las condiciones de vida de la gente, sobre todo en localidades rurales.
La presente normativa constituye un avance importante.
No hemos visto lo concerniente a la salud, que es motivo de enorme preocupación, pues se sostiene que las emisiones de las antenas afectan la salud de las personas, causan cáncer y otras enfermedades.
Ello está en el acervo popular. Ojalá esta materia se pueda definir con mayor certeza y claridad, para darle tranquilidad a la gente y también a nosotros en el momento de decidir.
Hasta la fecha no hay ningún informe que establezca que esas aprensiones son efectivas. Pero es difícil ir contra la creencia o la convicción ya formada en mucha gente de que las emisiones de las antenas son nocivas para la salud.
Voto a favor de la idea de legislar.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , tal como les sucedió a muchos de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, en mi Región había grupos de personas que me decían: "Mire, no queremos antenas". Y reclamaban con justa razón, porque se ubicaban preferentemente en lugares residenciales.
Sin embargo, otros grupos nos pedían, con gran entusiasmo, que hiciéramos todos los esfuerzos posibles para lograr, en alguna forma, disponer de ese tipo de conectividad.
En consecuencia, me incorporé a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para conocer un poco este relevante proyecto de ley. Y declaro que hasta antes de analizar más en profundidad el asunto era absolutamente contrario a la instalación de antenas.
Señor Presidente , así como hay estudios que señalan que la radiación electromagnética de las antenas podría generar cáncer, y otros que expresan lo contrario, también hay estudios que indican que la utilización del teléfono celular provocaría cáncer, y otros que no sería así.
¡Existen 16 millones de celulares en nuestro país! Y creo que entre las familias compuestas por 5 personas, a lo menos 4 tienen celular.
¡Hay 12 mil antenas instaladas!, y la demanda podría reflejar la necesidad de llegar a cerca de 30 mil.
Entonces, si queremos conectividad; si reclamamos por la instalación de antenas pero no dejamos de usar los teléfonos celulares, sinceramente, ese reclamo tiene poca consistencia.
Reitero: en Chile existen 12 mil antenas, 16 millones de celulares, y una demanda del todo creciente.
¿Y dónde radica el mayor problema? En que -lo viví en carne propia- llega una empresa y, simplemente, luego de una transacción comercial con el propietario de una vivienda -tal cual expresó mi querido amigo el Senador señor Pizarro - le arrienda un espacio en el patio o la misma casa e instala una antena, sin importarle en absoluto la situación de salud o la contaminación visual que ello provoca a los vecinos. Lo esencial es el negocio.
¿Por qué llamo a aprobar en general el proyecto? Porque se encarga precisamente de corregir esa situación, que irrita y molesta a los vecinos al ver que frente a sus casas o al lado de ellas se genera un gran negocio, con total indiferencia del dueño, a quien solo le interesa obtener recursos.
Repito: la iniciativa corrige esa situación y obliga a las empresas -si no recuerdo mal el texto- a destinar el 30 por ciento del total de la inversión a bienes de uso público, de uso común en el área, sector o barrio en que se ubique una antena.
Además, la instalación deberá contar con un permiso otorgado por el municipio. Ya no pasará por la autorización de un vecino, sino que existirá una participación ciudadana, la cual permitirá, por fin, que las antenas se levanten en lugares donde contaminen menos y que las empresas responsables entreguen siquiera alguna reparación.
Hay cosas que deberemos corregir, y probablemente tendremos que formular bastantes indicaciones, en cuyo detalle no me extenderé.
Sin embargo, con el Senador señor Prokurica coincidimos -Su Señoría lo hizo ver mucho antes que yo- en que se podría llegar a generar una discriminación con la actividad de los radioaficionados. Esto sería bastante negativo, porque ellos no operan las 24 horas del día, no hacen uso de las antenas para sus emisiones durante toda la jornada, sino solo por un par de horas. Además, aquella es un hobby, pero significa una tremenda ayuda cuando nuestro país sufre una catástrofe.
Idéntica situación podría suceder con Bomberos, la Cruz Roja y otras instituciones de gran beneficio para el país, razón por la cual obviamente no podemos involucrarlas dentro de las exigencias que se les piden a las empresas de telefonía móvil.
Y, en esa línea, junto con el Honorable señor Prokurica y otros Senadores formularemos indicaciones a fin de que entidades tan trascendentes, tan importantes para Chile como las que he señalado queden exceptuadas de tales obligaciones.
Asimismo, el proyecto ayuda a solucionar la contaminación visual que significa ver una mole, una torre de fierro de 30 metros, ya que dispone que, si alguna empresa quiere levantar una antena de 12 metros o más, necesitará de la autorización de los vecinos.
Ese es un tremendo avance -¡un gran avance!-, porque existirá una efectiva participación de la ciudadanía, la cual deberá ponerse de acuerdo en si se instala o no una antena que pueda llegar a estorbar la vista en determinado lugar de cualquier comuna o barrio.
Entonces, el respectivo operador de telefonía móvil tendrá que pedir obligatoriamente autorización a la municipalidad, y deberá hacer una inversión, que ahora se la lleva un privado, pero que a futuro se destinará a la propia comunidad.
Es decir, suman y suman los beneficios.
Señor Presidente , es imposible detener la instalación de estas antenas de telecomunicaciones. Si queremos conectividad, mejor banda ancha, televisión digital, celulares, al menos mitiguemos sus efectos y provoquemos un menor perjuicio.
Porque muchas de las empresas nos mostraron modelos -ojalá la gente pudiera comenzar a verlos- que aminoran el impacto visual de las antenas. En el caso de la Región Metropolitana o en otras zonas del país, como la Cuarta Región, ellas podrían tener la forma de palmeras. No las imagino en Magallanes, pero hay numerosas otras maneras de mitigar la contaminación visual que provoca este tipo de instalaciones.
En resumen, señor Presidente, me sumo a la votación a favor del proyecto en general, porque representa un enorme avance. Posteriormente, mediante la presentación de indicaciones, vamos a intentar contribuir a su perfeccionamiento.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , luego de escuchar a los Senadores señores Pizarro y Prokurica , no cabe duda de que nadie podría cuestionar la competencia de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones en un tema como este. Por eso, destaco su labor.
Tal vez en otras materias esa competencia puede ser un poco más difusa, pero es innegable...
El señor PIZARRO .- ¡Esto es igual a la televisión digital!
El señor QUINTANA.- No lo es, en mi opinión.
Decía que es innegable que en lo referido al campo electromagnético esa Comisión tiene plena competencia y ha elaborado un gran informe.
Debo destacar que, cuando éramos Diputados, con los Senadores señora Allende y señores Patricio Walker y Uriarte discutimos este proyecto en la Cámara Baja, donde el debate tomó bastante tiempo. Sin embargo, en el Senado, en un corto lapso, con mucha rigurosidad y enorme participación ciudadana, pues se convocó a distintos actores -es el espíritu del proyecto-, aunque tal vez faltó profundizar algunos puntos, como el vinculado a la salud, se realizó una discusión muy interesante. Y yo diría que se ha logrado cautelar de mejor manera los intereses de los vecinos.
Esta iniciativa -como bien se indicó anteriormente- intenta normar un ámbito que hasta hoy día no se ha regulado y no hay cómo corregir.
El Senador señor Prokurica manifestaba que en la actualidad existen 12 mil antenas en el país. Y debo señalar que cuando comenzó la discusión de este proyecto, en 2007, esa cantidad no sobrepasaba las 7 mil a 8 mil. Es decir, hemos registrado un incremento que bordea el 50 por ciento, debido a que en los últimos tres o cuatro años de tramitación se han instalado casi el doble de las antenas que durante mucho tiempo -por una o dos décadas- existieron en Chile.
Entonces, la pregunta que formulo es si necesitamos más de los 16 millones de teléfonos celulares que funcionan en nuestro país. En todo caso, no sé cuántos más.
El punto estaba en que esas mismas antenas permiten la transmisión de la señal telefónica y, al mismo tiempo, la de datos 3G. También disponemos de la modalidad "E", pero no es la ideal, pues se corta -tal como lo experimentamos con frecuencia en nuestros traslados desde Santiago a Valparaíso-, dado que opera sobre la base del sistema de células -justamente a eso deben su nombre los teléfonos celulares-, en función de un espectro radioeléctrico.
Entonces, el proyecto en debate pretende regular un problema que -como señalaba recién- no se ha podido resolver. Ello se ha intentado de distintas maneras. Se llevaron a cabo numerosos esfuerzos mediante la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con las rasantes. Se inventaron otras vías. Sin embargo, nada fue efectivo, y esos intentos no rindieron frutos.
También, se ha invocado el derecho de propiedad y se ha abordado el asunto a través de lo referido a la salud, sin ningún resultado positivo.
Igualmente, se ha intentado usar la vía judicial, por medio de la presentación de recursos de protección ante las Cortes de Apelaciones. De esta manera, en 2007 yo impulsé y acompañé a vecinos de la comuna de Vilcún a interponer un recurso de protección fundado en razones de salud pública.
Quiero leer algunos pasajes de su texto, porque se dice que no está demostrado -probablemente así es- el daño que las antenas instaladas ocasionan a la salud de las personas.
Las consideraciones de la acción que interpusimos en la Corte de Apelaciones de Temuco para defender a los vecinos de la calle Chorrillos , población Bellavista, Vilcún , fueron, en síntesis, las siguientes.
Una antena de telefonía móvil llevaba ocho años transmitiendo frecuencias electromagnéticas -la presentación fue hace cuatro años-, y ya 7 personas habían muerto y a otras 20 se les habían diagnosticado cáncer y otras enfermedades asociadas (leucemia, nódulos, osteoporosis, artrosis, etcétera). Los fallecidos vivían dentro del radio inmediato de 60 metros, tomando como eje la antena, en tanto que las personas diagnosticadas que aún no habían muerto -otras lo hicieron durante estos últimos cuatro años- se encontraban distantes del eje en un radio de no más de 300 metros. Debo señalar que existe una relación directamente proporcional: a mayor cercanía de la antena hay más enfermos y los efectos del cáncer son más letales.
Tal situación, que ocurrió en una de las comunas de La Araucanía, Región que represento, se repite en muchas otras localidades de la zona ( Angol , Victoria, Lautaro , Perquenco , en fin), y sé que también en todo el país. Y en muy pocos casos los recursos pertinentes han sido acogidos por los tribunales.
Por eso, me parece extraordinariamente importante la regulación que hoy intenta establecer el Senado mediante este proyecto, que ojalá se tramite de la manera más expedita posible. Porque, si bien la Organización Mundial de la Salud no ha llegado a un planteamiento categórico, Brasil -una de las naciones que más han estudiado este asunto- tiene la percepción particular de que las antenas en comento sí ocasionan cáncer, como se desprende del caso que acabo de relatar.
En consecuencia, frente a la duda acerca de los efectos colaterales que estas instalaciones pueden provocar en la salud de las personas -como bien se decía aquí, en la ciudad nadie las desea y en los sectores rurales la gente aspira a mejorar los servicios de conectividad digital; existe una contradicción-, nosotros debemos impulsar el marco regulatorio que contempla la iniciativa.
Por esa misma razón, presenté una indicación precisamente para establecer restricciones a la instalación de antenas en establecimientos educacionales, porque ahí existe el mismo riesgo respecto de personas de edad mayor que están mucho tiempo expuestas a las ondas electromagnéticas y a la radiación que generan aquellas. Y, por lo tanto, lo que estamos buscando con esta indicación es proteger a nuestros estudiantes.
En definitiva, señor Presidente , creo que nos encontramos frente a una contradicción que no es fácil de resolver, porque efectivamente se necesita más conectividad.
El Gobierno de la Presidenta Bachelet impulsó la infraestructura digital, lo cual se ha abordado en forma lenta. La actual Administración ha llevado adelante otro proyecto en el mismo sentido: dotar a los sectores más apartados de una solución de conectividad a base de Internet y de telefonía. Y, como expresó aquí el Senador Pizarro, se requiere, para cuando ingresen esas dos nuevas empresas al mercado, un número muy considerable de antenas adicionales a las ya existentes.
Frente a eso, claramente todos los esfuerzos son insuficientes. Sin embargo, no puede continuar la situación en la que nos encontramos hoy, en que a cualquier empresa solo le basta presentar el permiso de un vecino y dar aviso a la Dirección de Obras Municipales respectiva para resolver la instalación.
En consecuencia, las exigencias que establece esta nueva normativa acerca de la participación ciudadana en la instalación de cualquier estructura o antena superior a dos metros, me parece que va en la línea de proteger a los vecinos. Y, por último, por razones estéticas.
Hay quienes tienen muchas dudas -lo que es comprensible además- sobre si dichas antenas producen o no efectos en la salud, como también aducen motivos estéticos. Y, al respecto, ahora se habla del sistema de colocalización, el que, a propósito, está de moda. El Presidente Piñera , hace algunos días, se refirió a la supercarretera de transmisión eléctrica y de concentrar ahí todos los esfuerzos en ese rubro. Y eso también es colocalización.
Ello presenta aspectos positivos, como los que se han señalado acá y puede tener algunas otras externalidades.
Pero creo que colocalizar es la solución a estos temas, pues obliga a las empresas a ser solidarias y optimizar la infraestructura, especialmente para no llenarnos de antenas y no contaminar más el ambiente ni generar más daño a la salud de la población.
Obviamente, el pasar a una situación como la mencionada en este proyecto, en que se va a exigir bastante más que el permiso y el aviso y se necesitará presentar un informe técnico, un plan aprobado por los vecinos, por la municipalidad respectiva, como requisito previo a la aprobación, me parece que es un paso muy importante en la idea de regular esta materia.
A mi juicio, eso constituye un avance desde todo punto de vista. Pero hay cosas que quedan pendientes.
Es preciso valorar el hecho de que la aplicación de esta normativa -como lo manifestó el Senador Prokurica-, en algunos casos, va a tener efecto retroactivo, especialmente cuando ya hay zonas que se encuentran muy saturadas o cuando se trata de instalaciones en bienes de uso público. Yo no concibo que parques urbanos se sigan llenando de torres. Y, por supuesto, la colocalización va a regir hacia el futuro para cualquiera nueva instalación que se pretenda llevar a cabo.
Por lo señalado, señor Presidente , porque estimo que el proyecto significa un paso importante, decisivo, en términos de salud pública, aun cuando no haya una opinión concluyente de los organismos competentes, voy a aprobarlo en general.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente , como se ha planteado, aquí se trata de armonizar las necesidades de comunicación -telefonía celular, Internet, mensajes, televisión- con lo relativo a la contaminación tanto electromagnética como visual.
La contaminación electromagnética la generan prácticamente no solo los aparatos electrónicos, las líneas de transmisión o los celulares, sino que también tenemos radiación por la propia Tierra -con sus dos polos: Norte y Sur-, que es un gran imán.
Esto último ha sido estudiado desde hace muchos años, entre otros, por médicos que se dieron cuenta de que pacientes que adolecían de algunas enfermedades graves, al ubicarlos según sus direcciones en un mapa, correspondían a determinadas líneas, lo cual significaba que había una orientación vinculada a una radiación electromagnética natural. Estoy hablando de una época anterior a la existencia de todos los aparatos tecnológicos que conocemos.
Uno de los pioneros fue el doctor Ernst Hartmann, que tuvo como referencia el trabajo realizado por el doctor Peyré y el ingeniero Mager, en Francia, quienes descubrieron un determinado tipo de radiación en el suelo mediante la radiestesia. Es decir, personas que se mueven poco o que duermen siempre en un mismo lugar, curiosamente se levantan a veces sin sentir que han descansado, porque están mal alineadas.
Aquello ha generado una nueva ciencia y arte en relación con la geobiología, para poder armonizarse con dichas líneas (al respecto, ver libro Hogar Dulce Bio-Hogar, de Beréngere Piquemal).
Ahora bien, si a lo anterior agregamos los adelantos tecnológicos -por cierto, no siempre son tales- como los tendidos de alta y media tensión -que, por lo demás, están muy presentes en la discusión pública-, las subestaciones, los transformadores, las emisoras de radio y televisión, los electrodomésticos, las instalaciones eléctricas caseras, todos los aparatos de uso industrial, las antenas respecto de las cuales estamos legislando y los propios celulares, obviamente que se superponen fenómenos muchos más complejos.
Hay numerosos informes científicos, tanto de uno como de otro lado -y esto nos hace recordar también otros temas-, en los que efectivamente se señala que se perciben efectos adversos, tales como cefaleas, insomnios, alteraciones del comportamiento, depresión, ansiedad, leucemia infantil, cáncer, enfermedad de Alzheimer, alergias y malformaciones.
Frente a ello, la Organización Mundial de la Salud ha trabajado, investigado y generado determinadas normas.
Cuando después de varios esfuerzos se dictó en 1994 la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, se determinó que si no había normas en nuestro país, regían las de la Organización Mundial de la Salud, y en subsidio, las de Suiza.
Pero la inquietud apunta también a la contaminación visual.
Ciertamente, una antena, por mucho que se la trate de disfrazar, no constituye un elemento muy atractivo. Y, en este sentido, es preciso hacer una suerte de consideración respecto de la ubicación de ellas.
Por lo tanto, los elementos de saturación que se señalan en este proyecto de ley y en el informe que la Comisión envió a la Sala, deben ser resueltos. En esta propia normativa, durante su discusión particular, ello tendrá que ser definido en mejor forma.
Por otra parte, deseo referirme al problema que presentan las actuales antenas. Porque aquí se plantea que cuando hay saturación, cuando están ubicadas en bienes nacionales de uso público o cuando se produce acuerdo entre las partes, ellas se pueden mover. Pero lo cierto es que resulta necesario ir un poco más allá.
En caso de existir algún derecho constituido se debe buscar una fórmula que brinde una alternativa, un plazo que sea suficientemente atractivo para las partes, porque no siempre lo que para algunos parece malo lo es para otros, sobre todo si hay un pago o una compensación de por medio; la salud es intransable. Esto, desde luego, genera relaciones que es preciso transparentar.
Por último, deseo destacar el avance que significa este proyecto. Obviamente, lo perfecto es enemigo de lo bueno. En tal sentido, conviene de una vez por todas legislar.
Me asisten dudas de si el problema estético podrá ser resuelto por las direcciones de obras municipales respectivas. A mi juicio, es necesario abrirse un poco más, que haya una suerte de participación ciudadana que permita encontrar una solución, porque nadie desea tener una antena cerca.
Por eso, votaremos a favor del proyecto. Eso sí, haciendo un reconocimiento a la enorme cantidad de mociones parlamentarias que se han presentado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados relativas a la materia. Al respecto, sería oportuno rescatar sus puntos positivos, para incluirlos como indicaciones en el momento en que debamos perfeccionar la iniciativa con motivo de su debate en particular.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , si hay un tema que ha suscitado un interés público enorme es precisamente el de las antenas celulares.
Como Senadora de la Región Metropolitana, donde existe un número considerable de esas instalaciones, quiero hacer presente que en todas las comunas a las cuales me traslado se me plantea por parte de muchas organizaciones, y en forma espontánea por vecinos, lo relativo a las antenas celulares.
A diferencia de lo que ocurre con algunos colegas, como se ha manifestado en esta Sala, a mí nunca me han mencionado la necesidad de poner aquellas, ni menos me he encontrado con organizaciones que soliciten la instalación de ese tipo de antenas en su comuna, sino que, por el contrario, todos piden que, por favor, se regule ese asunto porque no da para más.
Hay zonas que están saturadas de antenas celulares, y existen realmente riesgos para la salud de las personas que yo desconozco. Me acerqué recién al Senador señor Ruiz-Esquide para preguntarle por los efectos que, según he estado escuchando, pueden tener en ella y me dijo que no hubo una mirada desde ese punto de vista en la Comisión respectiva. Pero es extraordinariamente preocupante, porque los ciudadanos están convencidos -y yo también, en parte- de que provocan problemas para la salud.
Aquí mismo, en el Senado, me ha tocado recibir a vecinos de las comunas de mi Circunscripción. Especialmente activos han estado en esta materia los de Las Condes y La Reina, que vinieron al Congreso y pidieron participar en la Comisión.
También he asistido a actividades en terreno. Hace unas tres semanas estuve con vecinos de la comuna de Las Condes, quienes me mostraron una estructura espantosa de muchos metros de altura, que se estaba instalando en un lugar rodeado de jardines infantiles, de salas cuna, de establecimientos educacionales. Y la verdad es que no había a quién recurrir. Hablaron con el Alcalde y él les dijo que no tenía nada que hacer. Y no hallan dónde poder plantear esta inquietud.
Y no estamos hablando solo del problema que se produce desde el punto de vista estético, sino también de los efectos que esto realmente representa para la ciudadanía.
Por mi parte, estoy completamente de acuerdo -algún Senador lo señaló aquí- en que debemos legislar ahora y rápido. Porque, mientras más nos demoremos, más antenas se instalarán. Las empresas están aprovechando este espacio para ese objetivo, por lo cual desde ya hago un llamado a la responsabilidad de ellas, porque saben que estamos legislando para regular esta situación, que es insostenible.
Creo que el hecho de que avancemos en una regulación es un gran paso que debemos dar como Congreso, pero es preciso darlo pronto y terminar la tramitación del proyecto, con todos los antecedentes que tenemos que considerar para los efectos de poder votarlo no solo en general, como haremos el día de hoy, sino también en particular.
Señor Presidente , sin perjuicio de los avances conseguidos en la Comisión -los valoro mucho-, tengo dudas respecto de la colocalización obligatoria que opere retroactivamente. Creo que es ineficiente plantear un plazo de 36 meses para su vigencia, dependiendo de la saturación o no de la zona para la instalación. No me parece adecuado que ese período se halle sujeto a ciertas condiciones, ya que se pueden generar incentivos perversos para que nuevos operadores busquen sectores de baja altura o que, de acuerdo a la ley, exhiban niveles de saturación que permitan instalarse de inmediato.
Me preocupa que, fruto de esta situación, se termine trasladando el costo de las antenas a comunas menos urbanas o, incluso, a zonas turísticas. Y me pongo en el caso, también, de comunas que no están dentro de la Región Metropolitana.
En definitiva, buscamos que los nuevos operadores aprovechen las inversiones y capacidades existentes y no se dediquen a levantar infraestructura propia dependiendo de las zonas que sí lo permitan, en una especie de carrera contra el tiempo en estos 36 meses.
Me causa inquietud el punto y creo que debemos observarlo con cuidado. Debiéramos fijar un plazo prudente, acotado, para la presentación de las indicaciones y estudiarlo muy acuciosamente. Yo les pido a todos los Senadores y Senadoras que lo analicemos con real atención, porque este es un problema extraordinariamente grave, que se presta, además, para que muchas personas que enfrentan necesidades autoricen la instalación de antenas en sus propiedades.
En el caso de La Pintana, por ejemplo, por la falta de recursos, una compañía de bomberos permitió la instalación de una antena. Ello originó una disputa con el Alcalde sobre el financiamiento de los bomberos, quienes reclamaron que no disponían de recursos para funcionar y que, si no autorizaban la instalación de la antena, se tenían que ir de la comuna. Y la no existencia de una compañía de bomberos en La Pintana es muy delicado.
Hace pocos días me tocó ver otro caso en la comuna de Providencia, a tres cuadras de mi casa (resido en Ñuñoa, pero muy cerca de Providencia). Pues bien, llegaron todos los vecinos -ya conocen donde vivo- a reclamarme porque de un día para otro apareció instalada en el patio de una casa, que no debe de tener más de diez metros, una tremenda antena. La explicación era que un integrante de la familia estaba sobrellevando un problema de salud muy grave y necesitaban recursos.
Entonces, la instalación de antenas no puede estar dependiendo de situaciones como las descritas o de arreglos entre empresas y ciudadanos con el objetivo de conseguir dinero a través de esta vía.
Señor Presidente , como he dicho, creo que tenemos que legislar rápido. Por mi parte, presentaré algunas indicaciones en su momento para los efectos de darle una adecuada atención a este tema, que realmente es grave, complejo y que requiere, naturalmente, una legislación idónea, porque debe ser compatible con las necesidades de banda ancha -y otras- del país.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , Honorable Sala, después de largos años de tramitación, hoy por fin estamos en condiciones de aprobar este proyecto de ley, que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones.
Durante su discusión en la Comisión especializada de la Cámara de Diputados, el Gobierno anterior en varias ocasiones le aplicó urgencia, para luego retirarla, inexplicablemente, pese al gran interés público que ha concitado la regulación que este tipo de artefactos requiere.
De hecho, nosotros solicitamos al Ejecutivo por oficio, en forma reiterada, que fijara la urgencia, cosa que ocurría, pero a las pocas semanas ella se caía.
Afortunadamente, el actual Gobierno ha comprendido este problema en su real dimensión, aplicándole la urgencia necesaria a la iniciativa -incluso, mereció una mención en el discurso del 21 de mayo recién pasado- e introduciendo diversas indicaciones que fueron surgiendo en la propia dinámica del debate de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado.
De más está decir que en el proyecto en debate se recogen innumerables indicaciones que presentamos en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, aquellas que señalan la necesidad de la colocalización y otras, en términos de generar una regulación que permita a los municipios, a las direcciones de obras, tener un mayor control respecto de las instalaciones de antenas de celulares y disponer de facultades para los efectos de la zonificación.
Junto al Senador Lagos y al Diputado González hemos presentado un sinnúmero de recursos de protección -en el caso mío, más de una centena- y hemos logrado botar al menos seis, siete antenas de celulares, con el apoyo de los vecinos.
Cabe destacar también a la sociedad civil que ha estado trabajando en este sentido, a Moisés Pinilla y Arturo Samit, que han dedicado parte importante de su tiempo a esta materia.
Es plenamente sabido que las antenas de telefonía móvil y de telefonía fija inalámbrica producen contaminación electromagnética y provocan daños a la salud de las personas. Esta situación ha motivado incluso la preocupación de la Organización Mundial de la Salud, que creó una comisión especializada en los efectos producidos por los campos electromagnéticos para prevenir este tipo de contaminación, estableciendo un límite máximo de radiaciones.
Quiero contarles que junto al Diputado González realizamos una manifestación ciudadana en La Moneda y logramos cambiar la norma de contaminación electromagnética. Después de una larga discusión con el anterior Ministro de Transportes , en quien encontramos una adecuada recepción, conseguimos finalmente disminuir esa norma para hacerla equivalente a las de los países desarrollados.
Sin embargo, medir la contaminación electromagnética hoy día es casi imposible. Junto al Diputado González estuvimos trabajando en la Legislatura anterior en Nueva Aurora, en la entrada de Viña del Mar, uno de los sectores con más antenas por metro cuadrado del mundo. Y nos dimos cuenta de que la Subsecretaría de Telecomunicaciones contaba solamente con dos aparatos -¡dos aparatos!- para medir este tipo de contaminación en todo Chile. Y, por cierto, tampoco disponía de personal especializado, y en cantidades necesarias, para los efectos de lograr esa fiscalización.
Con el Senador Lagos estamos comprometidos a trabajar para conseguir que en la próxima Ley de Presupuestos se le destinen a la SUBTEL los recursos requeridos para la fiscalización. Hemos accionado juntos en Viña del Mar, Valparaíso y Concón , y esperamos que por esa vía se contemplen los dineros necesarios.
Informes científicos de probada solvencia han señalado que la exposición a los campos electromagnéticos emitidos por los teléfonos celulares y por las antenas de estos sistemas de comunicación podría tener efectos perjudiciales para la salud humana, tales como cáncer, reducción de la fecundidad, pérdida de la memoria y cambios negativos en el comportamiento y desarrollo de los niños.
Por eso, también presentamos en la Cámara Baja, con Rodrigo González -lo nombro de nuevo- y otros Diputados, algunos proyectos de ley sobre la materia. Por ejemplo, uno que disponía que cada aparato móvil indicara el nivel de emisión o contaminación electromagnética generado. Hoy día es imposible determinarlo.
Es por ello que la instalación de estaciones bases para telefonía móvil y radioemisoras u otras redes de telecomunicaciones, en la forma como se encuentra regulada actualmente, ha suscitado la férrea oposición de gran parte de la ciudadanía, por temor a que sus emisiones de radiofrecuencia afecten gravemente la salud, especialmente la de los niños.
Si bien el proyecto sometido ahora a nuestra consideración no constituye una solución absoluta a esta compleja materia, contiene avances sustanciales que mejoran ostensiblemente la situación actual y que es necesario destacar: posibilidad de colocalización a futuro de antenas en la misma torre soportante -porque tenemos claro que podría haber problemas de constitucionalidad si la ley en proyecto se aplicara retroactivamente-; obligación de obtener permisos en las direcciones de obras municipales para su emplazamiento; establecimiento de exigencias técnicas a cumplir para su instalación; declaración por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de zonas saturadas de ese tipo de artefactos; prohibición de colocarlas cerca de hospitales y colegios, y -esto reviste gran importancia, a nuestro juicio- participación de la ciudadanía, a través de sus organizaciones y mediante un pronunciamiento debidamente certificado, frente al intento de instalación de este tipo de antenas por empresas de telecomunicaciones, sean de telefonía celular, de radioemisoras o de otras redes de comunicaciones, todo lo cual se ha venido reclamando desde hace mucho tiempo sin resultados positivos.
Señor Presidente , en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones se efectuó un arduo trabajo para analizar cada una de las indicaciones presentadas por diversos colegas, como asimismo las que formuló el Gobierno a trav��s de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, cuyo titular nos fue ilustrando acerca de lo que implica la colocalización y, asimismo, de las diferencias en las alturas de las diversas antenas de telefonía móvil que se instalarán conforme a esta normativa luego de que entre en vigencia.
En nuestra opinión, reviste gran importancia, por un lado, la participación que se le otorga a la ciudadanía, a través de sus juntas de vecinos, cuya autorización se requerirá en forma previa al emplazamiento de las antenas; y por otro, que, como se han introducido modificaciones significativas a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las municipalidades tengan, por medio de sus direcciones de obras, un rol más activo tanto en la autorización de las antenas que por su altura así lo requieran cuanto en la evaluación de las especificaciones técnicas de los proyectos de emplazamiento de torres y antenas.
Señor Presidente , en la lucha insistente que hemos dado contra la proliferación de antenas de celulares nos hemos encontrado con algunos problemas. Por ejemplo, las compañías no respetan los distanciamientos mínimos con respecto a los muros divisorios. Además, hemos detectado situaciones que nos han permitido echar abajo algunas antenas, botarlas. Tal sucede cuando la solicitud entregada a la SUBTEL la hace determinada empresa y quien coloca la antena finalmente es una subsidiaria de ella.
Existe, pues, muy poca rigurosidad en términos del ejercicio que involucra la instalación de las antenas.
Algunos municipios se han atrevido.
Quiero hacer mención de algunos fallos de la Corte de Apelaciones de Temuco, ratificados por la Corte Suprema, en el sentido de que para la instalación de una antena para telefonía celular se requiere autorización de la dirección de obras municipales respecto a la realización de la obra civil sobre la cual aquella se emplazará.
Esa es una de las doctrinas hoy imperantes, que les ha permitido a algunos municipios oponerse a la instalación de antenas de aquella índole.
Quiero felicitar en esta oportunidad al Alcalde de Concón por estar generando una instancia que obligue a quienes deseen instalar antenas para telefonía celular a pedir previamente autorización para la realización de la obra civil sobre la cual se emplazará la estructura.
Como dije con anterioridad, después de un intenso debate jurídico y técnico, ahora estamos en condiciones de entregar un marco legal, contenido en el proyecto en análisis, que me parece indispensable aprobar.
Por ello, insto decididamente a mis colegas a entregarle su votación favorable a esta iniciativa, que por fin podrá avanzar para convertirse con la mayor brevedad en ley de la república para evitar que se dañe la salud de las personas.
Sé que este proyecto, inevitablemente, irá a Comisión Mixta. Nos costó largos años sacarlo de la Cámara de Diputados. En él se recogieron innumerables propuestas legislativas. Logramos que la sociedad civil se instalara en la sala de la Comisión hasta su despacho.
Por lo mismo, confío en que, tras la aprobación en el Senado y el posterior paso por Comisión Mixta, no se siga en un proceso extenso que implique que la sociedad civil deba seguir esperando.
Estamos decididos a que se legisle acerca de la materia. Se va a fijar plazo para presentar indicaciones, período durante el cual esperamos acoger los planteamientos de la sociedad civil, que está particularmente activa sobre el particular. Los parlamentarios de la Región hemos actuado en forma unánime a los efectos de exigir la regulación en comento. Lo vamos a seguir haciendo. Y con el Senador Lagos estamos en la misma posición.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .- Señor Presidente , el informe de los Senadores que han participado en el análisis de este proyecto es lo suficientemente fidedigno, fuerte y bien fundado como para que uno recoja la petición de votar a favor.
La tramitación se ha alargado -según se ha dicho- varios años. De hecho, esta iniciativa viene desde el Gobierno de la señora Bachelet . Pero la verdad es que habían planteado el problema distintas personas mucho tiempo antes. Y surge, efectivamente, de una denuncia hecha por otorrinos del Hospital Regional de Concepción.
De aquella época viene la discusión: primero, desde el punto de vista estético, y segundo, desde la perspectiva del respeto a las personas en cuyo entorno se instala un sistema como el descrito y del cumplimiento de exigencias que, por lo menos al comienzo, no eran objeto de fiscalización alguna.
Por consiguiente, a mi entender, estamos ante un buen proyecto, que debe ser aprobado.
Sin embargo, señor Presidente , durante las intervenciones habidas en el curso de la actual discusión tres o cuatro Senadores han manifestado la preocupación existente por las consecuencias o repercusiones que para la salud de las personas pueden tener las antenas en cuestión.
Se trata de un problema planteado permanentemente a propósito de todos los adelantos habidos en los últimos 10, 15 o 20 años.
Alguien dijo, con toda razón, que queríamos vivir mejor, tener mayor conectividad, lograr una serie de ventajas. Empero, poco a poco nos hemos ido dando cuenta de algo bastante complicado: ninguna de las modernizaciones registradas en los últimos 20 a 30 años -esto también se planteó en su momento con respecto a lo que estaba sucediendo con motivo de los cambios habidos entre 1950 y 1960- deja de tener efectos sobre la salud humana.
Eso se menciona en el informe, y también lo manifestaron Senadores ajenos a la discusión habida en la Comisión.
En tal sentido, me interesa que quienes debatieron sobre este proyecto recojan la eventualidad de que, como ocurre ante todos los adelantos, exista una contraparte B -por así decirlo- referida a la repercusión en la salud de las personas.
Acaba de salir una información en cuanto a que los celulares, por sí mismos, provocan un efecto negativo.
Entonces, lo que quiero expresar, para no alargar la sesión, es muy simple.
Primero, que votaré favorablemente este proyecto.
Segundo, que recojo la necesidad de despacharlo rápidamente, porque si no resolvemos luego sobre la materia el país se llenará de antenas que eludirán la nueva normativa.
Y tercero, que echo de menos -por eso intervengo en esta línea-, ante un problema expuesto en forma reiterada por cada orador, una preocupación especial y exhaustiva de la Comisión.
En virtud de ello, le solicito a la Mesa -no sé si existe quórum para tomar acuerdos- que la discusión particular se lleve a cabo en Comisiones unidas de Transportes y de Salud.
Creo que hay suficientes elementos, datos negativos e información del mundo científico, médico, etcétera, para que por lo menos consideremos lo que implica cuanto se ha expuesto sobre el punto cuestionado.
Alguien podría señalar: "Qué sacamos con saber lo que está pasando si lo que interesa es despachar luego esta iniciativa".
No estoy de acuerdo con esa eventual tesis, señor Presidente.
Si sabemos que existe una duda razonable sobre la repercusión que puede tener la instalación de antenas, pienso que deberíamos abordarla. Y, para ello, qué mejor lugar que la Comisión de Salud.
Al parecer, no hay quórum para adoptar un acuerdo en el sentido indicado. De modo que pido, señor Presidente , que discutamos en la próxima sesión -de proceder reglamentariamente, por cierto- si el proyecto puede ser analizado en particular por las Comisiones unidas de Transporte y Telecomunicaciones y de Salud, al menos en todo lo que sea propio de esta última.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Habría que resolver al final la petición de Su Señoría.
El Senador señor Ruiz-Esquide solicita que el proyecto sea discutido en particular por las Comisiones unidas de Transportes y de Salud.
¿Le parece a la Sala?
No hay acuerdo.
El señor LAGOS.- ¿Por qué? ¡Si es razonable lo planteado por el colega Ruiz-Esquide!
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , dado lo avanzado de la hora y lo extenso del debate, haré algunas reflexiones muy breves.
La principal gira en torno a la necesidad de entender -es algo muy manido y conocido- que el progreso no solo trae beneficios o avances, sino que también provoca efectos colaterales no siempre deseables y que es menester abordar.
Hace algunos años la existencia de la telefonía móvil era impensada.
Recuerdo los esfuerzos que se hacían en la década del 90 para instalar la telefonía en los sectores rurales: a un alto costo; con programas de Gobierno; con cada uno de nosotros luchando por que en su Región, en los sectores rurales, hubiera algunos de los teléfonos que se instalaban, lo cual era recibido "con banda de músicos".
Bueno, hoy día, con la telefonía celular, que reporta un gran beneficio, eso ha quedado ampliamente superado.
Todos queremos tener la telefonía celular, y además, en cualquier punto del territorio nacional donde nos encontremos.
Sin embargo, para que ello ocurra se necesitan torres, antenas.
Por desgracia, no se ha inventado todavía otro sistema. Seguramente en unos años más una discusión de esta índole será ociosa, porque a lo mejor con una antena o con un satélite dando vueltas se podrá resolver el problema.
Pero en este momento no tenemos esa solución. Y nos hemos llenado de torres -se habla de 12 mil- que provocan todo tipo de efectos contaminantes y adversos, e incluso, dudas sobre su impacto en la salud de las personas.
Por eso, señor Presidente , yo valoro este proyecto, en la medida que busca evitar, de una parte, la contaminación visual desde el punto de vista urbano, y de otra, el eventual impacto en la salud por la concentración de las ondas radioeléctricas y por la corta distancia en que se hallan las instalaciones con respecto a las personas o a las actividades que realizan.
Quizás el cambio relevante que envuelve esta iniciativa de ley reside en que ya no bastará un aviso del interesado a la Dirección de Obras Municipales para proceder, sino que deberá mediar una solicitud, la cual dará lugar a un estudio y a la evaluación del proyecto pertinente desde la perspectiva de los aspectos que generan la inquietud tantas veces expuesta.
Ahora, por lo que uno ha podido conocer, la verdad es que no hay antecedentes concluyentes o definitivos sobre el daño que las antenas en comento pueden causar en la salud de las personas.
Aquello es como la duda que existe con relación a los propios teléfonos celulares: también se discute si su uso frecuente provoca daño.
Hasta ahora, nada se ha acreditado al respecto. Pero eso no significa que no haya daños. Es posible que usuarios antiguos los estén sufriendo en forma inconsciente, sin darse cuenta de que tal es la razón de su salud deteriorada. No lo sabemos.
Algo similar ocurre con las antenas de telefonía móvil, pues no existe certeza en tal sentido.
Por lo tanto, hay que procurar, con la mayor prudencia posible, evitar eventuales daños. Y eso se está haciendo.
Sin embargo, en los sectores rurales -y esta es la inquietud que uno recoge normalmente- existe mucha demanda para que lleguen las antenas que permiten el acceso a la telefonía celular (en muchos lugares de mi circunscripción todavía no se puede acceder a ella). Y uno mismo, en representación de la gente, les pide a las distintas compañías que las instalen. Además, con tal propósito, el Gobierno está llevando adelante un programa, el que es muy bien recibido por la comunidad.
Pero el problema se radica en los sectores urbanos, donde la concentración de antenas está causando saturación, gran contaminación visual y temor ciudadano -aunque infundado- por el impacto que aquello podría provocar.
Una de las soluciones que trae consigo el proyecto que nos ocupa es la llamada "colocalización".
Esa palabra no está recogida por el diccionario.
En mi concepto, señor Presidente, deberíamos tratar de ser un poquito más castizos, de modo que el lenguaje fuera claro.
Figuran en él las palabras "colocar" y "localizar". Pero el término "colocalización" -especie de síntesis ingeniosa que hizo alguien-, no.
Entonces, sería bueno pensar un poco sobre el punto. Está bien la creatividad; pero inventos de tal naturaleza a veces generan problemas a la hora de interpretar las leyes.
Ahora bien, más allá de tal alcance, el problema estriba en que esta iniciativa obliga a todo concesionario de servicio público e intermedio de telecomunicaciones, antes de proceder a la instalación de torres de más de 12 metros de altura en zonas o territorios saturados, a verificar si es posible la colocalización en torres ya instaladas donde sea factible emplazar antenas "y que haya sido autorizada conforme con el artículo 116 bis F de la Ley General de Urbanismo y Construcciones".
El propósito es evitar que se sigan poniendo muchas antenas y procurar que se aprovechen las existentes. Se da así lugar a una suerte de racionalización entre las distintas empresas de telefonía móvil.
Sin embargo, aquello genera algunas dudas, como la siguiente.
De la exigencia de haber cumplido con el ya mencionado artículo 116 bis F, que establece los requisitos de la solicitud del permiso, alguien podría interpretar que la colocalización solo operaría respecto a las torres construidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley en proyecto, por lo que no podría haber efecto retroactivo. Ello, porque para una empresa ya instalada resultará imposible cumplir los requisitos que se establecen ahora.
A lo mejor, desde el punto de vista constitucional, aquello es razonable. Porque el efecto retroactivo podría dañar derechos ya adquiridos por personas que hicieron el gasto y el esfuerzo. Entonces, parecería injusto que posteriormente llegara alguien y se aprovechara de esa situación.
Pero también existe otra mirada, señor Presidente .
Quienes hoy día quieren entrar en este mercado -como sabemos, la clave en el mercado es la competencia; por consiguiente, estamos hablando de la mayor cantidad de actores- tendrán que instalar sus torres. Y los viejos, aquellos que ya están en el negocio, podrán usarlas, de acuerdo a la ley en proyecto.
Entonces, se genera cierta distorsión. Porque me parece bien pensar hacia adelante; pero mejor es que la competencia se facilite para todos los actores. En el otro esquema, ello diría relación solo con algunos, que son los que ya están operando, pues los nuevos no podrían utilizar las antenas existentes, por las razones que he mencionado.
Entonces, es un punto que señalo para la discusión, para la reflexión, porque es importante.
Sé que muchos intereses económicos se encuentran involucrados. El Senador que habla no se identifica con ellos. Lo que debe procurarse es dictar una legislación que responda realmente a las inquietudes de los ciudadanos. Tenemos que apuntar a que se cuente con las mejores opciones posibles, con la mayor competencia, para garantizar un servicio de más calidad y, asimismo, más económico.
Otro aspecto dice relación con que el artículo 19 bis que se incorpora a la Ley General de Telecomunicaciones, el cual regula la colocalización, dispone que la posibilidad de llevarla a cabo se deberá verificar "antes de proceder a la instalación de torres". Como el artículo 116 bis E que se agrega a la Ley General de Urbanismo y Construcciones prohíbe, en su inciso quinto, emplazarlas en zonas saturadas, podría interpretarse que jamás se podrá colocalizar en ellas, en circunstancias de que pareciera que lo lógico es que eso tenga lugar, si va a ser posible, precisamente en tales áreas. Al decirse que antes de proceder a la instalación se debe verificar el cumplimiento de los requisitos, podría concluirse que es algo que nunca va a ocurrir, a menos que por zonas saturadas se entienda algo distinto.
Entonces, deseo consignar que el proyecto de ley me parece un avance. Lo considero positivo, como regla general. Se observan, sin embargo, algunas cuestiones específicas que creo que se deben revisar con especial cuidado a la hora de la discusión particular, para asegurarse de evitar la contaminación visual, hasta donde se pueda, lo que sería ya un progreso, y de la necesaria precaución respecto de la concentración de las emisiones radioeléctricas y la salud de las personas. Cabe recordar que se contemplan normas en orden a que las instalaciones no se sitúen, por ejemplo, en la cercanía de establecimientos educacionales, hospitalarios y otros de esa naturaleza.
Pero también es necesario considerar el problema de las zonas saturadas y del alcance de la colocalización. Porque, si se trata de racionalizar de algún modo el emplazamiento de antenas en el futuro, ello debe hacerse de una manera que no altere las reglas del juego y de que sea posible, al mismo tiempo, en los sitios mencionados. Esto último, a lo mejor por una interpretación quizás estricta o que obedece al desconocimiento de parte del proyecto, no se desprendería de la mera lectura de las disposiciones.
Dicho lo anterior, señor Presidente , anuncio mi voto favorable a la iniciativa; felicito a quienes han estado detrás de ella, por ser una inquietud ciudadana la de que se regule la situación en los sectores urbanos, particularmente, y espero que las inquietudes manifestadas puedan ser corregidas en la discusión particular.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, quisiera referirme a un punto mencionado por varios señores Senadores: a lo ya existente, a lo ya instalado.
El artículo 4º transitorio se refiere a "Las torres soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones de más de doce metros de altura ya autorizadas y emplazadas", pero, fundamentalmente, a lo que ocurre en territorios urbanos saturados o en bienes nacionales de uso público.
A mi juicio, la cuestión es mucho más amplia. Hoy día, en zonas de interés turístico, en balnearios, personas que podrían gozar de una bonita vista tienen que convivir con estas instalaciones enormes que la obstaculizan.
Es inimaginable, en lugares con atractivos turísticos, como Carmel, en California, que la contemplación de un panorama maravilloso sea estorbada por torres o moles como las existentes en Chile.
Y eso ocurre en nuestro país en muchos balnearios populares. Recuerdo, de cuando fui Diputado por Coquimbo, el sector Sindempart, donde gente de clase media podría disfrutar de una vista estupenda, pero tiene que convivir con torres que la afean y que, naturalmente, repercuten en su patrimonio ambiental.
En ese sentido, pienso que el proyecto es insuficiente.
El plazo de 36 meses para la adecuación a lo establecido en la ley me parece excesivo. Creo que es preciso reducirlo.
Y ojo con los derechos adquiridos, que no se pueden afectar en el caso de los ya instalados. Porque perfectamente se puede buscar una solución para el funcionamiento de los sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones por la vía de determinar otros lugares donde se instalen las torres.
No basta con las mitigaciones. No basta con la colocalización. Probablemente, en algunas situaciones se tiene que reubicar, y ello perfectamente puede regularlo el municipio. Se requiere especificar sitios adecuados, que no afecten el patrimonio ambiental de la comuna, del balneario, del centro urbano.
Algunos estimarán que lo anterior es imposible por lesionarse derechos adquiridos; por la garantía del derecho de dominio, contemplado en el artículo 19°, número 24, de la Constitución. Pero tal disposición expresa que la ley puede establecer limitaciones a la propiedad "que deriven de su función social". Y esta última comprende, entre otros aspectos, la conservación del patrimonio ambiental.
Por lo tanto, me parece que debiéramos estudiar una fórmula para los lugares en que ya se registra un daño en dicha conservación y que permita que la empresa siga funcionando, pero en un sitio adecuado, sin desmedro del otro elemento.
Al respecto, juzgo que podemos ir más allá. No nos exponemos necesariamente a que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional una norma que logre ordenar. Por lo demás, es lo que hacen los planes reguladores en muchas materias.
Entonces, llamaría a la Comisión especializada -de hecho, voy a preparar algunas indicaciones para proponerlas en esa instancia- a ir un poco más allá en este aspecto, porque se registra un daño ya provocado. Al estudiar la redacción de la iniciativa, no veo la solución para tal tipo de dificultades.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , pienso que, en general, ya se ha dicho casi todo por los señores Senadores que han intervenido.
Quisiera dejar constancia, nada más, de mi opinión en el sentido, primero, de que me alegra mucho que se le dé trámite al proyecto.
Ojalá que este fuera objeto de más urgencia. Porque, efectivamente, nos hemos demorado algunos años en entrar a legislar en la materia, en circunstancias de que, a lo mejor, se podrían haber evitado muchos de los daños ya registrados en relación con el asunto que queremos resolver.
Pero ese es un hecho de la causa, por lo cual estamos hoy día trabajando y legislando.
Si se revisa la normativa, creo que esta apunta en la línea correcta, sin perjuicio de todas las correcciones que es preciso introducirle y que se han mencionado.
Pero la cuestión no es propia de Chile: se ha dado en todos y cada uno de los países donde la telefonía móvil se ha impuesto en los últimos 15 a 20 años. En Europa también fue objeto de preocupación y se llegó a una solución. Y esta se buscó por la vía de regular.
Esto último es lo que pretende la iniciativa en debate. A mi juicio, la función que en tal sentido se entrega a una determinada autoridad, radicada en el municipio, con toda la reglamentación que aquí se señala, me parece lógica.
Ahora, en cuanto a lo ya instalado, concuerdo con lo que expresó mi Honorable colega Patricio Walker en orden a que antes se tiene que analizar cómo se erradica lo que constituye un elemento perjuicial en la vida de la gente en determinadas comunidades.
Tengo entendido que en Europa, sobre la base de nueva tecnología, se está estudiando la forma de evitar las antenas y se ha abierto la posibilidad de utilizar una caja magnética, colocada incluso en los postes,...
El señor PROKURICA .- Microantenas.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ... desde donde se va a verificar la transmisión generalizada de todo el sistema de telefonía móvil.
O sea, la situación va a evolucionar. Y el país tiene que adquirir conciencia de que va a tener que irse adecuando a ese tipo de medidas.
Una solución que se consideró también en otros países fue la reubicación de las antenas a las azoteas de edificios, sin dejarlas en el terreno, donde muchas veces provocan daño a los vecinos. Y con eso se evita también la cuestión de la altura de la instalación.
La multiplicación de las antenas de dos metros o menos asimismo permite una mayor extensión del radio de llegada de la comunicación que se realiza a través de estos medios.
Además, no se trata solo del teléfono: se hallan involucradas Internet, la informática...
El señor WLAKER (don Patricio) .- Wifi.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Es decir, se trata de algo fundamental hoy día.
Por eso, estimo muy importante la referencia al sector rural. Sé que una empresa de telefonía está trabajando en la instalación del sistema de Internet y en que se disponga de una cobertura nacional en un determinado plazo. Me parece muy bien que sea así. Pero a muchos sectores, como aquí se ha dicho, no llega todavía la telefonía móvil.
A uno mismo la gente le pide la instalación de una antena. He asistido a ceremonias de celebración por ese motivo, como una que se realizó hace poco tiempo por la cobertura de ese último servicio en la zona de Pencahue.
Y ello se repite en todas partes. Los Senadores que representan a sectores rurales saben que es una realidad.
Entonces, también tenemos que hacer compatible el sistema. Es necesario que la modernidad llegue igualmente a los sectores rurales y potenciar este tipo de instalaciones, y que las empresas se sientan motivadas, incentivadas, a hacerlo bien.
La gente se ha reído mucho de las famosas "palmeras", con las cuales se ha pretendido lograr una imagen no tan brutal como la de una torre de fierro. Por mi parte, pienso que son mejores. Pero la medida no soluciona el problema de las personas. Muchas veces, se provocan daños al vecindario con el emplazamiento. El valor comercial de las propiedades cercanas disminuye.
Y, normalmente -parece ser que por coincidencia-, cuando se instala una torre en un lugar, al poco tiempo son dos, y en el mismo terreno llegan frecuentemente a ser tres. En tal caso no se lleva a cabo ni siquiera la colocalización
Además, esta última resulta peor todavía, desde el punto de vista estético, porque se ven "racimos" en una estructura de fierro, a través de la cual se pretende hacer transmisiones de todo tipo.
Tenemos que saber que la ley en proyecto es necesaria, principalmente, para la regularización del sistema; para una regulación de la actividad; para que Chile, junto con asumir la tecnología moderna, pase a experimentar lo que sucede en cualquier país con cierto desarrollo. Seguramente, en otras partes se enfrentaron las mismas dificultades que nosotros, pero se logró imponer, en definitiva, lo más razonable.
No cabe pretender que podremos controlar la telefonía móvil e Internet. Al contrario, tenemos que ser conscientes de que van a ir en aumento, y casi en términos progresivos. Y es necesario preocuparse de que eso no llegue a provocar un daño aún mayor que el actual.
Por esas razones, me alegro del proyecto, y ojalá que podamos despacharlo con prontitud. Espero que las empresas operadoras en el sistema se sientan motivadas, así como también reglamentadas para materializar un desarrollo de su propia actividad que sea amable con la población; que no provoque daños en el ámbito del turismo, como se ha dicho aquí, ni del vecindario.
La idea es no llegar a cosas propias de la vida humana: cuando le toca al vecino, no me importa, pero sí cuando me toca a mí. La única manera de evitar la aplicación de ese criterio es precisamente con una regulación que permita proceder en forma equitativa respecto del total de la comunidad y no en perjuicio de ella.
Por eso, voy a pronunciarme por la aprobación.
Y ojalá que podamos despachar rápido el proyecto y que se transforme en ley en un plazo razonable, a fin de evitar que el daño siga profundizándose.
Muchas gracias.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , voy a votar a favor de la idea de legislar. Deseo expresar, de manera categórica, que estoy de acuerdo con la regulación que nos ocupa.
Como lo expuso el Senador señor Zaldívar , no se trata de comunicarse por teléfono: es cuestión de la Internet móvil.
Y, tal como Su Señoría lo consignó, un programa para dotar a los sectores rurales va a tener una cobertura de alrededor de tres millones de personas en los años 2013 a 2014. Es algo que, afortunadamente, se está implementando en ese ámbito.
Dicho lo anterior, me parece que se tiene que abordar con mucha urgencia la iniciativa. Porque, sin duda, si no se resuelve bien, se van a originar dificultades. Y creo que el peor escenario posible es despachar un proyecto de ley que después termine en los tribunales.
Se tiene que despejar bien el punto, porque median cuestiones de retroactividad -eso es evidente- respecto de los ya instalados. Sin ser un experto, presumo que son titulares de un derecho de propiedad, y, por lo tanto, independiente de lo que se diga acá, el que se sienta en esa condición va a recurrir el día de mañana a los tribunales.
Distinto es el caso de la zona saturada, en cuanto a los proyectos nuevos. Ahí se va a poder regular, porque ello se hará hacia delante.
Por lo menos, deseo dejar establecido que puede presentarse un problema -reitero- respecto a la retroactividad, el cual presumo que la Comisión tendrá que abordar en profundidad, en especial en la discusión particular. Ello, de tal manera que se aborden los temas constitucionales, los legales, y que no terminemos despachando un proyecto que conduzca a tribunales llenos de causas por aspectos vinculados al derecho de propiedad, en relación con la retroactividad.
He dicho.
El señor WALKER (don Patricio).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Recuerdo a Su Señoría que estamos en votación.
Tiene la palabra.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente , en algún minuto se le pidió a la Comisión de Legislación un informe sobre la materia en análisis. No recuerdo que se haya evacuado. No sé si usted puede confirmar con el señor Secretario si ello se solicitó acerca de la constitucionalidad de algunas normas.
Señalo el punto por entender el planteamiento de mi Honorable colega Orpis . Pero, por el contenido del artículo 19, número 24, de la Constitución, creo que se pueden establecer limitaciones al derecho de propiedad derivadas de su función social, lo que involucra la conservación del patrimonio ambiental. Hay una discusión respecto del sentido y alcance de la disposición, de si es hacia delante o hacia atrás. Pero creo que la discusión se tiene que realizar.
Por eso, quiero saber qué pasó con ese informe.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- La Secretaría efectuará una revisión, Su Señoría.
¿El Honorable señor Prokurica pidió la palabra?
El señor PROKURICA.- Sí, señor Presidente, pero entiendo que no puedo hacer uso de ella.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Puede intervenir.
El señor PROKURICA.- Solo deseo hacerlo con miras a la aclaración de dos aspectos, señor Presidente.
Con toda razón, varios señores Senadores han manifestado su preocupación por las emisiones derivadas de las antenas y los celulares, en general.
Quisiera proporcionar una información que solicité a la Biblioteca del Congreso para saber cuáles son las emisiones máximas permitidas en el mundo. Por ejemplo, Australia, en la frecuencia de 870 megahertz, registra 200; Bélgica , 108.8; Brasil , 435, y Chile, 100. O sea, según la selección de países publicada por la SUBTEL, exhibimos los más exigentes parámetros para la emisión de antenas de telefonía en las dos bandas dedicadas a la telefonía celular.
Por eso, las adoptadas en la iniciativa son medidas precautorias en el sentido de que las torres no se pueden instalar sino a cierta distancia, especialmente, de los hospitales, las guarderías infantiles, los lugares donde hay personas de edad. Pero podemos estar seguros de que en Chile existe una normativa muy exigente en la materia.
Y, finalmente, conviene decir algo que ya hizo presente mi Honorable colega Bianchi y que estimo indispensable consignar.
La ley en proyecto no se halla destinada a restringir la instalación de antenas de los radioaficionados, ni de las policías, ni de otras instituciones que hoy día ya la tienen hecha. Porque la radioafición es una actividad, un hobby, que ha sido extraordinariamente importante en los momentos de dificultad, como en el terremoto y el maremoto. Pienso que si las autoridades de la Oficina Nacional de Emergencia hubieran recibido el aporte del Radio Club de Chile o de la Federación de Clubes de Radioaficionados de Chile (FEDERACHI) que le llevamos en su oportunidad, se podrían haber salvado muchas vidas.
Y, por lo tanto, quiero destacar, para los efectos de la historia de la ley, que existe el compromiso del Ejecutivo en el sentido de que en el nuevo plazo fijado para el efecto se puedan incorporar indicaciones -y vamos a presentarlas con mis Honorables colegas Bianchi y Cantero- que permitan excluir de la aplicación de la normativa en estudio a los radioaficionados, quienes no emiten en forma permanente, no persiguen fines comerciales y son indispensables en los momentos de crisis que sufre nuestro país habitualmente.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor y una abstención) y se fija plazo para formular indicaciones el viernes 17 de junio, a las 13.
Votaron a favor las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Pido la palabra.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- De inmediato se la doy, señor Senador.
Permítame antes informar que, respecto a la iniciativa sobre indulto general, se ha propuesto...
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente , excúseme.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Se van a retirar los Senadores, y yo hice un planteamiento.
Pido que se consulte a la Sala si hay acuerdo para que el proyecto recién aprobado pase a la Comisión de Salud. Yo quiero que eso se resuelva aquí. Porque, si no va a dicho órgano técnico, no se analizará exhaustivamente uno de los aspectos reiterados por las propias personas que trabajaron en la materia.
Eso es todo.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Señor Senador, recabé la unanimidad de la Sala la vez anterior y no se dio.
Su Señoría tiene facultad para pedir que se vote.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Así es.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Entonces, se pondrá en votación la petición del Senador señor Ruiz-Esquide en orden a que el proyecto que regula la instalación de antenas pase a las Comisiones de Transportes y de Salud, unidas, para el segundo informe.
El señor CHAHUÁN.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra, señor Senador.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , esta iniciativa en su momento fue solicitada por la Comisión de Constitución. Nosotros logramos sacarla de allí. Luego la requirió la de Vivienda, y también conseguimos dejar sin efecto ese trámite. Ello, porque queremos despachar luego este asunto.
El proyecto, efectivamente, toca materias relacionadas con la salud de la población, con la Ley General de Urbanismo y Construcciones y también con el Derecho Constitucional.
De hecho, le pedimos al Gobierno que simplificara la iniciativa sacándole las disposiciones con efectos retroactivos que podrían afectar derechos adquiridos, justamente para darle rápido despacho a una normativa largamente esperada por la ciudadanía.
Entonces, sugiero lo siguiente: si algún integrante de la Comisión de Salud -también formo parte de ella- está interesado en la materia, que concurra a la de Transportes y participe. Pero no dilatemos más el despacho de un proyecto tan importante.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Señor Senador , el Honorable señor Ruiz-Esquide ha ejercido un derecho. Por lo tanto, se debe votar la solicitud formulada.
Quienes estén a favor de que la iniciativa pase a las Comisiones unidas de Transportes y de Salud deben votar "sí", y los que opten por mantener el trámite ya establecido, "no".
En votación.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Terminada la votación.
--Se rechaza la petición (8 votos en contra, 4 a favor y una abstención).
Votaron en contra los señores Cantero, Chahuán, Horvath, Kuschel, Novoa, Orpis, Prokurica y Uriarte.
Votaron a favor la señora Alvear y los señores Quintana, Ruiz-Esquide y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Gómez.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Por consiguiente, se mantiene el trámite ya establecido, con el plazo de indicaciones ya fijado.
"
- rdf:value = " REGULACIÓN PARA INSTALACIÓN DE ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, con informe y nuevo primer informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4991-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 22ª, en 1 de junio de 2010.
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 21ª, en 31 de mayo de 2011.
Transportes y Telecomunicaciones (nuevo): sesión 21ª, en 31 de mayo de 2011.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es establecer una normativa que se haga cargo, por un lado, de la problemática ciudadana que genera la instalación inconsulta de infraestructura de antenas en las comunas, y por otro, de la necesidad de cautelar el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones en condiciones competitivas.
Al respecto, se propone, entre otras materias, establecer incentivos para la instalación de antenas de menor tamaño; regular en la Ley General de Urbanismo y Construcciones la colocación de torres soporte de aquellas en áreas urbanas o rurales; facultar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para declarar determinada área geográfica como zona saturada de sistemas radiantes de telecomunicaciones, y activar la participación de las municipalidades en la definición de zonas preferenciales de instalación de torres soporte de antenas.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió el proyecto en general y en particular en el trámite de primer informe, de conformidad con la autorización otorgada por la Sala el 21 de diciembre de 2010.
Le dio su aprobación a la idea de legislar, como consta en el primer informe de julio de 2010, por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señora Rincón y señores Cantero, Chahuán, Girardi y Novoa.
Respecto a la discusión particular, que se consigna en el nuevo primer informe, la Comisión efectuó diversas modificaciones al texto despachado por la Cámara de Diputados, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad. Sus Señorías pueden consultar tales enmiendas en el boletín comparado que tienen en sus escritorios.
Finalmente, corresponde señalar que la letra f) y el inciso séptimo del artículo 116 bis F tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales por incidir en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo que requieren para su aprobación los votos conformes de 21 señores Senadores.
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , la importancia de que el Estado promueva la oportunidad de acceso a las comunicaciones y tecnologías no radica solo en su responsabilidad de involucrar a la gente en la modernización y la conectividad. También es relevante que con ello no se vulneren otros derechos de que gozan los ciudadanos, como el derecho a la propiedad privada, a un ambiente libre de contaminación visual y a la salud.
Como dice un medio de comunicación nacional hoy día, este proyecto ha sido polémico desde sus inicios, ya que intenta conciliar objetivos que conllevan consecuencias contradictorias entre sí.
Por una parte, intenta mitigar los efectos negativos de la instalación invasiva de antenas de telecomunicaciones en barrios consolidados. Asimismo, trata de incluir el impacto y la contaminación visual causados en distintos tipos de ambientes (públicos, privados, patrimoniales, naturales, entre otros).
Pero, por otro lado, lo anterior se concilia con la necesidad del desarrollo de las telecomunicaciones (telefonía, Internet, servicios inalámbricos y otros asociados) a través del aumento de instalaciones de torres de gran tamaño y de antenas que puedan soportar los sistemas radiantes de varias empresas.
El requerimiento urgente de contar con un nuevo marco legal se debe en parte a que están implementándose nuevos servicios que precisan mayor tecnología y -como es obvio- más infraestructura de transmisión. Según datos entregados por la SUBTEL, será necesario aumentar de 12 mil antenas existentes hoy día a alrededor de 30 mil, para cubrir los distintos servicios de telefonía, Internet y televisión.
Por tanto, establecer un mecanismo de control y de uso de las instalaciones en forma compartida (colocalización) y en un lugar determinado sería esencial para no invadir aún más los ámbitos urbano y rural.
La iniciativa en estudio, señor Presidente , plantea mecanismos y espacios de participación ciudadana -inexistentes en la actualidad- con relación a las medidas de mitigación o compensación a los vecinos afectados por las instalaciones de antenas.
En este punto, la propuesta de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, a mi juicio, es mucho mejor que el criterio acordado por la Cámara de Diputados, que buscaba solo indemnizar a dichos vecinos. La verdad es que muchas veces la infraestructura de telecomunicaciones perjudica a barrios enteros, cuyos habitantes ven bajar la plusvalía de sus propiedades sin recibir nada a cambio.
La proposición del Senado considera consultar a los vecinos; permitir la intervención de la Dirección de Obras Municipales, y compensar no solo al propietario del sitio donde se ubica la antena, sino también al barrio completo, con obras equivalentes al 30 por ciento del valor de la instalación. Ello debe ser aprobado por los vecinos del sector y por el Director de Obras del respectivo municipio.
Además, se crea la figura de zonas saturadas de torres. Al existir esta declaración, se obliga a la empresa requirente a solicitar permiso a los propietarios de antenas, pues ya poseen el derecho para utilizarlas. En caso de negativa, será factible apelar a la SUBTEL, la que podrá autorizar la instalación, pero sujeta a medidas urbanísticas estrictas y, además, con la obligación ulterior de permitir la instalación de terceros.
Señor Presidente, por primera vez se regulan estos aspectos. En la iniciativa se propone lo siguiente:
Se establece la declaración de zona saturada de antenas, como dije anteriormente.
Se limita la instalación de torres y antenas en las cercanías de hospitales y centros educacionales. Se impide ubicarlos a menos de 20 metros de colegios, salas cunas, jardines infantiles, hospitales, clínicas y consultorios.
Se requiere la autorización de los vecinos colindantes a los predios donde se coloquen las antenas, además de la del dueño del terreno. Las juntas de vecinos también deberán manifestar su opinión al respecto.
Se promueve el pago de una compensación -y no solo en dinero- al sector que fuese afectado directamente con tal instalación.
Se establece la flexibilización y el uso de la infraestructura existente, lo que ya expliqué.
Se dispone un nuevo concepto de antenas. Se considera su instalación entre 2 y 12 metros de altura, incluidos los sistemas radiantes, lo cual apunta al uso de postaciones eléctricas. Tal medida se ha utilizado en países desarrollados y consiste en el uso de las luminarias públicas y de otras estructuras para instalar antenas radiantes, lo que implica un menor efecto sobre los barrios y, también, sobre la salud de las personas.
Se consagran normas diferentes para las instalaciones de antenas en zonas rurales y urbanas. Por razones obvias, pedimos que a las antenas ubicadas en los campos no se les exijan todos los requisitos contemplados para las situadas en las ciudades, porque, a diferencia de estas, en aquellas se necesita mayor cobertura. Por lo tanto, tal infraestructura en áreas rurales no afecta tanto como en un barrio urbano, donde dicha instalación debe someterse a las rasantes del lugar y a los permisos de edificación otorgados por los departamentos respectivos de cada municipio.
Se incluye la participación de las municipalidades -era algo que reclamaban- en la definición de las zonas preferenciales de instalación de torres, lo que hoy día no existe.
Se establece el reconocimiento de las particularidades de la instalación de torres según las características del predio donde se ubicará, diferenciando el procedimiento según se trata de una propiedad privada o de un bien nacional de uso público. En este último caso, se dispone que la colocalización es obligatoria.
Se faculta a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para declarar determinada área geográfica como zona saturada. En nuestro país, señor Presidente , hay lugares donde se concentran muchas infraestructuras de telecomunicaciones, tanto desde la perspectiva visual como de la salud de las personas, por la radiación que aquellas emiten. Por tanto, si en vigencia de esta ley se quiere instalar una nueva antena en un lugar declarado zona saturada, se obligará a colocalizar al resto de las empresas, a fin de evitar un bosque de antenas como existe en algunas zonas.
Finalmente, mediante una norma transitoria, se preceptúa que toda solicitud de otorgamiento, renovación o modificación de una concesión o permiso de telecomunicaciones que se encuentre en trámite al momento de la publicación de esta ley en el Diario Oficial se regirá por esta misma para tales efectos.
En resumen, señor Presidente , el proyecto en debate tiene por objeto encontrar un equilibrio -nada de fácil- entre la demanda por más instalaciones de antenas, producto de las exigencias de un mundo moderno (en televisión, Internet, telefonía celular y otras cosas que vendrán), y el legítimo deseo de las comunidades de no ser afectadas en su entorno con tal infraestructura tecnológica, lo que disminuye la plusvalía de sus barrios y sus casas.
He dicho.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Gómez asuma como Presidente accidental.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Gómez, en calidad de Presidente accidental.
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El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, también me sumo a los parlamentarios que respaldan este proyecto, pues establece un conjunto de normas regulatorias que hoy no existen. Resulta indispensable legislar sobre ello con prontitud.
Tales disposiciones se refieren esencialmente a la participación de la comunidad en las decisiones que deben tomarse para autorizar la instalación de este tipo de antenas.
Efectivamente se genera una tensión entre la demanda de la propia comunidad por contar con un sistema de telecomunicaciones y de telefonía celular mucho más expedito, ágil, con mayores opciones, más competido y, en consecuencia, más barato, y el hecho de que actualmente las instalaciones de antenas carecen de regulación, por lo que se sitúan sin control, lo que agravia a la comunidad; daña los espacios de los vecinos; atenta contra la convivencia en los diferentes barrios, y pasa por alto la opinión de las familias, de las juntas de vecinos y de las diversas formas de organización comunitaria.
Por consiguiente, fijar medidas que apunten a que la participación social sea considerada y a que, en determinadas circunstancias, esa opinión tenga relevancia decisiva es uno de los propósitos que, desde mi punto de vista, debiesen inspirar la aprobación definitiva del proyecto que se somete a la consideración del Senado.
Dicho de otra manera, los nuevos avances de las llamadas "tecnologías de la información" necesariamente deben caminar de manera amable y de la mano con la comunidad, debiendo estar en concordancia con la opinión de los vecinos. Por lo tanto, no pueden instalarse sobre la base de avasallar y pasar por encima de la legítima opinión de las familias afectadas por la situación.
En consecuencia, entiendo que de parte del Congreso Nacional se requiere una reacción pronta, oportuna y eficaz con relación a este tema, ya que son innumerables las comunidades en espera de una ley que efectivamente considere los resguardos regulatorios y las normas de participación social que hagan de la vida en sociedad un elemento fundamental de nuestro ordenamiento institucional.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA .- Señor Presidente , el presente proyecto -que en su primer informe fue discutido en general y en particular en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones- considera un grado muy alto de acuerdo entre los miembros de tal órgano técnico en la resolución de materias que no son para nada fáciles, porque con ello se genera un conflicto de intereses muy legítimo: el de la comunidad, de los chilenos, entre tener acceso a las telecomunicaciones, a Internet, y su aspiración de que su entorno urbano no sea afectado y que el valor de sus propiedades no varíe por la instalación de antenas.
Para Chile resulta particularmente importante contar con este sistema si consideramos que la telefonía móvil es la que usa prácticamente la totalidad de los chilenos, ya que en la actualidad la red fija no cubre un porcentaje muy amplio del país ni abarca las zonas más populares. Las compañías de teléfonos no están instalando cables en aquellas, entre otras muchas razones, porque se los roban y no resulta económicamente rentable. Ello significa una limitación muy severa para sectores mayoritarios de la población.
Como Senador de la zona poniente de la Capital, se me han acercado grupos de vecinos para pedirme que interceda frente a las compañías telefónicas a fin de solicitarles los tendidos. Porque hay lugares calificados como "zonas rojas", donde las empresas no instalan cables. Y los pobladores señalan, por ejemplo, que el no acceder a Internet coloca a sus niños en desventaja evidente respecto a los que habitan en otras áreas de la ciudad.
También es importante mencionar que en gran parte de nuestro país la construcción es horizontal y no como en otras naciones o ciudades más desarrolladas, donde priman los edificios de altura, por lo que las antenas se colocan arriba de ellos y no molestan ni causan el impacto que generan las otras. Pero en Chile, por desgracia, en los sectores populares no hay construcciones en altura. Entonces, para cubrir esas zonas se requiere la instalación de antenas.
Ahora bien, se deben compatibilizar esas necesidades con el interés de la comunidad y de los propietarios de los predios vecinos a las antenas, porque, según los estudios y cálculos hechos, se produce un deterioro en el precio de la propiedad con su instalación.
Pese a la complejidad del tema, en la Comisión prácticamente logramos unanimidad en la proposición en general que se plantea a la Sala.
Por supuesto, algunos aspectos de la iniciativa habrá que pulirlos y mejorarlos en la discusión particular.
Sin embargo, hago un llamado a la Sala para dar urgencia a la tramitación del proyecto. Porque, mientras nosotros lo debatimos, se están instalando cientos y quizás miles de antenas sin cumplir con las normas que ahora se proponen, que son mucho más exigentes. Entonces, puede que lo mejor sea enemigo de lo bueno. Quizás no elaboraremos la ley perfecta ni conciliaremos todos los intereses.
En la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones pensamos que, después de la aprobación en general, debiera fijarse un plazo de unas dos semanas para formular indicaciones, porque ciertamente habrá que incorporar algunas materias, y muchos Senadores querrán hacer aportes. Los integrantes de aquella nos comprometemos a despachar las indicaciones a la mayor brevedad, de manera de llevar tranquilidad a la población en cuanto a que las futuras antenas se instalarán de acuerdo con las normas del proyecto, más exigentes que la legislación actual y que, en nuestra opinión, resguardan mejor los intereses de la comunidad.
Por lo expuesto, solicitamos de la Sala la aprobación en general de la iniciativa.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Uriarte.
El señor URIARTE.- Señor Presidente , ya se mencionó que el proyecto en debate lleva mucho tiempo esperando convertirse en ley. Ingresó a la Cámara de Diputados el 18 de abril de 2007 y llegó al Senado recién el 1o de junio de 2010. A todos nos habría gustado que la tramitación hubiese sido más rápida. Pero ya se encuentra en la Sala, y hoy tenemos la tremenda oportunidad de apurar su despacho, de avanzar y convertirlo en ley.
La iniciativa se hace cargo de materias fundamentales para el desarrollo urbano, para el sentido de ciudad, para fortalecer los derechos de los vecinos, para resguardar los derechos de la comunidad y para protegerla de agresiones urbanas que muchas veces se cometen a vista y paciencia de las autoridades municipales y gubernamentales. Como uno lo ha comprobado en todas las grandes ciudades, al final, resulta mucho más fácil levantar una torre de 40 metros que sirva de soporte a una celda que elevar una pandereta 30 centímetros.
El contrasentido en nuestra legislación radica en que ni en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ni en las normas que regulan el funcionamiento y atribuciones de la autoridad sanitaria, ni en las de la SUBTEL hay disposiciones expresas que cautelen los derechos y deberes de las empresas y los derechos y garantías de los vecinos afectados y de la ciudad. Por ello, me atrevo a decir que el proyecto en análisis logra un gran aporte en estas materias.
En este ámbito nos enfrentamos a varios mitos y realidades, muchos de los cuales no poseen un sustento científico, donde todo es posible de ser argumentado, según convenga a quien se pronuncia a favor o en contra.
También debe hacerse presente -como bien manifestaba el Senador señor Novoa -, que se trata de una materia donde hay diversos y legítimos intereses comerciales en disputa.
Por lo mismo, creo que ya es hora de que esta iniciativa logre zanjar algunos problemas y resolver por la vía de una disposición legal materias que estaban entregadas al arbitrio de empresas interesadas en levantar esas torres.
Respecto a ciertos temas que aborda el proyecto -mencionaré solo algunos, porque ya se ha dicho que son múltiples-, debo señalar en primer término lo relativo a la colocalización, lo cual en la Cámara de Diputados fue un tremendo problema, pues costó mucho lograr acuerdo en cuanto a si la ley era o no vinculante y si podía o no ser retroactiva. ¿Y por qué? Porque de nuevo en ello hay una confrontación de intereses comerciales, los cuales son muy legítimos. Y en la Cámara Baja pudimos conocer diversos y muy buenos y fundados informes en Derecho tanto a favor como en contra de la colocalización y si la ley debía o no ser retroactiva.
En todo caso, considero que la iniciativa avanza en una línea bastante salomónica, cuerda y sensata.
Por otra parte, cabe mencionar que el proyecto incentiva la construcción de torres de baja altura, porque causan un impacto menor que las altas. Además, avanza considerablemente en proteger los derechos de los vecinos; mejorar la participación ciudadana; aclarar que son los concejos municipales los encargados de canalizar las decisiones locales; resolver de qué manera se puede mitigar o compensar a una comunidad afectada o a un vecino que se sienta perjudicado; fijar normas de arquitectura, etcétera.
A mi juicio, la iniciativa es adecuada, por lo que debemos aprobarla.
Sin embargo, quedan algunas materias pendientes, como, por ejemplo, las áreas rurales.
Es cierto que el proyecto distingue entre lo que ocurre dentro y fuera del radio urbano. Pero no es suficiente. Se requiere avanzar más todavía.
La interconexión, la conectividad en las áreas rurales constituyen, hoy en día, un anhelo muy difícil de concretar. Hay que crear más incentivos, más flexibilidad y mayor libertad para interconectar a muchas zonas aisladas que no tienen acceso ni a banda ancha, ni a Internet ni a telefonía celular móvil. Por lo mismo, debemos tener mayor preocupación por lo que sucede fuera del radio urbano, y crear más y mejores incentivos para que puedan contar con aquellos.
En el fondo, el proyecto constituye una gran oportunidad para desarrollar las telecomunicaciones al dar mayores y mejores estímulos reales.
Finalmente, resulta necesario también hacerse cargo de los barrios, las ciudades y los parques nacionales con valor patrimonial. Eso sí, debemos ser muy cuidadosos en no aislar estos territorios, por mucho valor patrimonial que tengan, para no dejarlos al margen del desarrollo tecnológico. Porque es importante entender que la interconectividad debe llegar a todas partes, incluso a aquellos sectores patrimonialmente valiosos.
De modo que también hay que avanzar en ese sentido.
En todo caso, señor Presidente -repito-, este es un gran proyecto y lo único que podemos hacer es aprobarlo y despacharlo a la brevedad.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Se ha solicitado a la Mesa abrir la votación, pero manteniendo los tiempos, para que cada señor Senador pueda expresar su opinión.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
En votación.
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, esta es una de las materias que más debate produce en los distintos barrios, localidades y organizaciones sociales de nuestras circunscripciones.
Y resulta curioso -como acá se ha dicho- que en algunas partes nos reclaman por la instalación de las antenas para celulares y, en otras, nos piden que las ayudemos en sentido contrario. De hecho, en zonas rurales -como bien sostenía el Senador Uriarte- la gente forma comités proantena. Organizan trabajos comunitarios, juntan recursos, ceden terrenos, actúan en concordancia con los municipios para construir caminos y levantar tendidos eléctricos que les permitan llegar a los cerros que, a su vez, son cedidos por particulares o comuneros, para instalar antenas. ¿Por qué? Porque necesitan conectividad, necesitan la telefonía, necesitan Internet, necesitan estar en contacto con el resto del país y del mundo.
Sin embargo, en las zonas urbanas sucede a la inversa: la comunidad organizada -y de manera masiva muchas veces-, repudia y reclama por la existencia de torres o antenas instaladas en forma arbitraria e irruptiva, las cuales generan serios problemas.
Todo eso lleva, lógicamente, a que se presenten reclamos por la molestia generalizada de la población. Y nosotros somos receptores de esa contrariedad. Nos preguntan: "¿Cómo es posible que no exista regulación? ¿Cómo es posible que no haya normas que obliguen a instalar antenas solo en determinados sectores o bajo ciertas condiciones? ¿Cómo es posible que los municipios no tengan nada que decir al respecto? ¿Cómo es posible que los alcaldes o los concejales no se involucren, y que cuando lo hacen carecen de instrumentos legales para influir de modo que la instalación de las antenas no contamine, no complique el medio ambiente ni afee barrios o zonas arquitectónicas?".
De manera que el primer objetivo del proyecto es regular y normar mínimamente el funcionamiento y la instalación de antenas a lo largo y ancho de Chile, lo cual, en mi concepto, es positivo.
Por otra parte, la iniciativa establece diversos requisitos y obligaciones que hasta hoy no existen y que, sin lugar a dudas, obligarán a que las empresas operadoras de los distintos servicios, fundamentalmente operadoras de telefonía o de servicios, de Internet y de otros elementos, entiendan que tienen que someterse a un proceso donde la instalación de las antenas sea de común acuerdo y que ellas no pertenezcan a las empresas que las instalan para lograr mayor cobertura y ofrecer mejor atención a los usuarios. La idea es que haya autonomía en los operadores de antenas, como ocurre en otros países, permitiendo que a través de estructuras únicas se puedan conectar todos quienes quieran entregar determinado servicio.
Ese es uno de los problemas más graves y una de las situaciones que generan conflictos de intereses -como aquí se ha dicho- entre las distintas empresas operadoras.
Hoy día, las que quieren entrar al mercado o están recién haciéndolo van a reclamar por el alto nivel de exigencia que se establece, en circunstancias de que la competencia ya instaló miles de antenas a lo largo de Chile sin norma ni requisito y con costos mucho menores. Entonces, claramente habrá diferencias y se crearán dificultades de competencia entre las empresas.
Por el contrario, las operadoras actuales reclamarán diciendo que no es aceptable cambiar las condiciones de la noche a la mañana, pues ya han cumplido con las normas y requisitos. Por lo tanto, si se produce encarecimiento de los costos, al final, terminará pagando el usuario.
En estas circunstancias, ¿qué objetivo persigue el proyecto de ley? En términos simples, señor Presidente , primero, regular y normar; y, enseguida, reducir el número de antenas existentes en el país o, al menos, controlar la instalación de las proyectadas.
La cifra entregada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones no es exacta. Pero las torres superiores a 30 metros de altura, que permiten tener cobertura a lo largo de Chile, actualmente son del orden de las 12 mil. Se calcula que pueden llegar fácilmente a alrededor de 15 mil o más. Y lo más seguro es que en un momento determinado se van a duplicar.
Quiero informar al Senador Prokurica que el señor Subsecretario nos aclaró en el debate que la duplicación del número de antenas incluye las de 2 a 12 metros y, también, las de tamaño menor a 2 metros. Esas últimas son una suerte de figuras distintas a las que la ciudadanía ha percibido en comparación con las grandes antenas. ¿Y por qué? Porque las de poca altura permiten una mayor densidad bajo el área de cobertura que las altas; garantizan velocidad de transmisión y que Internet pueda operar como corresponde, entregando un servicio adecuado a los usuarios.
De manera que la instalación de los tres tipos de antenas que están tipificados en el proyecto son complementarios y deben formar parte de una red única.
También es importante destacar que en esta iniciativa se establecen, por primera vez, mecanismos de participación ciudadana. En efecto, por un lado, existirá una información mucho más transparente para la población acerca de qué clase de estructura se instalará y las condiciones en qué se hará, y por otro, las empresas estarán obligadas a buscar acuerdos con la comunidad en orden a mitigar el impacto que les signifique la instalación de las antenas.
Para eso se fijan, lógicamente, condiciones y restricciones. Por ejemplo, el radio de influencia dentro del cual los vecinos necesariamente han de ser consultados; el desarrollo, concordado con ellos, de obras de mitigación, como áreas verdes, mejoramiento en las zonas donde se instalarán las antenas; el que se trate de proyectos aprobados por los municipios, en fin.
Es decir, se consigna un mecanismo de participación ciudadana y de búsqueda de acuerdos. Este, en la práctica, hoy no existe, y ello hace que se proceda de la peor manera.
Porque ¿cómo se instalan las antenas en la actualidad? Para decirlo en buen castellano, es solamente un problema de dinero y de decisión de cada operador por lo que le parece más conveniente. Y se llega al absurdo -lo sé porque he asistido a reuniones en diversas zonas, aparte de mi Región- de que en el Gran Santiago hay sectores, como señaló el Senador señor Novoa , en las que levantar antenas cuesta mucho más barato que en otros y los precios con los cuales se opera son muy distintos.
Hay gente que arrienda sus viviendas o sus patios para la instalación de antenas de más de 30 metros, y por tal concepto cobran cifras mensuales bastante grandes. Estamos hablando de 2, 3, 4 millones de pesos. Con ese dinero tales propietarios arriendan a su vez una casa en otro lugar, y ganan un buen ingreso al mes.
Eso sucede en la práctica. Y de los vecinos "si te he visto no me acuerdo", lo cual genera conflictos muy graves.
La idea es corregir ese tipo de situaciones.
También es importante destacar que en la iniciativa se dispone que será posible declarar un área como zona saturada de sistemas radiantes de telecomunicaciones. Esto significa, derechamente, que en algunos sectores no se podrá instalar nada más.
A lo anterior se suma la limitación para emplazar torres soporte de antenas en lugares donde haya escuelas, hospitales y otras instituciones, o en áreas que a la comunidad le interese preservar.
Por otro lado, antes de que se me termine el tiempo, quiero referirme al problema de la retroactividad de la ley en proyecto, el que deberemos abordar en detalle durante la discusión en particular.
En la Comisión de Constitución surgió un debate acerca de si tal retroactividad era constitucional o no, y por eso se paralizó en parte la iniciativa. Ahora estamos buscando una fórmula intermedia que permita exigir cierta retroactividad a los operadores que hoy poseen antenas, fijándoles un plazo de transición para adecuarse a las nuevas normas, y de no hacerlo, lisa y llanamente, obligarlos a bajar sus antenas y a instalarlas conforme a aquellas.
Para tal fin se propone establecer un período de 36 meses. Me parece demasiado. Si queremos realmente ser efectivos, deberemos acotarlo.
Entendemos que eso involucra un costo -lo señalé hace algunos momentos- para los operadores actuales. Es uno de los aspectos más sensibles, con relación a los cuales se va a requerir un gran acuerdo de la Sala.
Y por último, señor Presidente , será preciso encarar, de alguna manera, la contradicción existente en la aplicación del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Yo, años atrás, fui autor de un proyecto que permitió la ampliación del plazo y la destinación de mayores recursos para promover la instalación de antenas en sectores rurales o en zonas aisladas.
Claramente, se requiere fortalecer dicho Fondo y orientarlo no solo hacia la colocación de antenas, sino también a cuidar el entorno donde se instalan. Porque en algunas partes -como ya se ha dicho- hay gran necesidad de disponer de esta conectividad para los efectos del acceso a Internet, el mejoramiento de la calidad de la educación y la actividad comercial o de las comunicaciones, que permita...
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor PIZARRO.-
...llevar sus productos de manera oportuna a los mercados -termino de inmediato, señor Presidente-, comercializarlos y, por tanto, elevar las condiciones de vida de la gente, sobre todo en localidades rurales.
La presente normativa constituye un avance importante.
No hemos visto lo concerniente a la salud, que es motivo de enorme preocupación, pues se sostiene que las emisiones de las antenas afectan la salud de las personas, causan cáncer y otras enfermedades.
Ello está en el acervo popular. Ojalá esta materia se pueda definir con mayor certeza y claridad, para darle tranquilidad a la gente y también a nosotros en el momento de decidir.
Hasta la fecha no hay ningún informe que establezca que esas aprensiones son efectivas. Pero es difícil ir contra la creencia o la convicción ya formada en mucha gente de que las emisiones de las antenas son nocivas para la salud.
Voto a favor de la idea de legislar.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , tal como les sucedió a muchos de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, en mi Región había grupos de personas que me decían: "Mire, no queremos antenas". Y reclamaban con justa razón, porque se ubicaban preferentemente en lugares residenciales.
Sin embargo, otros grupos nos pedían, con gran entusiasmo, que hiciéramos todos los esfuerzos posibles para lograr, en alguna forma, disponer de ese tipo de conectividad.
En consecuencia, me incorporé a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para conocer un poco este relevante proyecto de ley. Y declaro que hasta antes de analizar más en profundidad el asunto era absolutamente contrario a la instalación de antenas.
Señor Presidente , así como hay estudios que señalan que la radiación electromagnética de las antenas podría generar cáncer, y otros que expresan lo contrario, también hay estudios que indican que la utilización del teléfono celular provocaría cáncer, y otros que no sería así.
¡Existen 16 millones de celulares en nuestro país! Y creo que entre las familias compuestas por 5 personas, a lo menos 4 tienen celular.
¡Hay 12 mil antenas instaladas!, y la demanda podría reflejar la necesidad de llegar a cerca de 30 mil.
Entonces, si queremos conectividad; si reclamamos por la instalación de antenas pero no dejamos de usar los teléfonos celulares, sinceramente, ese reclamo tiene poca consistencia.
Reitero: en Chile existen 12 mil antenas, 16 millones de celulares, y una demanda del todo creciente.
¿Y dónde radica el mayor problema? En que -lo viví en carne propia- llega una empresa y, simplemente, luego de una transacción comercial con el propietario de una vivienda -tal cual expresó mi querido amigo el Senador señor Pizarro - le arrienda un espacio en el patio o la misma casa e instala una antena, sin importarle en absoluto la situación de salud o la contaminación visual que ello provoca a los vecinos. Lo esencial es el negocio.
¿Por qué llamo a aprobar en general el proyecto? Porque se encarga precisamente de corregir esa situación, que irrita y molesta a los vecinos al ver que frente a sus casas o al lado de ellas se genera un gran negocio, con total indiferencia del dueño, a quien solo le interesa obtener recursos.
Repito: la iniciativa corrige esa situación y obliga a las empresas -si no recuerdo mal el texto- a destinar el 30 por ciento del total de la inversión a bienes de uso público, de uso común en el área, sector o barrio en que se ubique una antena.
Además, la instalación deberá contar con un permiso otorgado por el municipio. Ya no pasará por la autorización de un vecino, sino que existirá una participación ciudadana, la cual permitirá, por fin, que las antenas se levanten en lugares donde contaminen menos y que las empresas responsables entreguen siquiera alguna reparación.
Hay cosas que deberemos corregir, y probablemente tendremos que formular bastantes indicaciones, en cuyo detalle no me extenderé.
Sin embargo, con el Senador señor Prokurica coincidimos -Su Señoría lo hizo ver mucho antes que yo- en que se podría llegar a generar una discriminación con la actividad de los radioaficionados. Esto sería bastante negativo, porque ellos no operan las 24 horas del día, no hacen uso de las antenas para sus emisiones durante toda la jornada, sino solo por un par de horas. Además, aquella es un hobby, pero significa una tremenda ayuda cuando nuestro país sufre una catástrofe.
Idéntica situación podría suceder con Bomberos, la Cruz Roja y otras instituciones de gran beneficio para el país, razón por la cual obviamente no podemos involucrarlas dentro de las exigencias que se les piden a las empresas de telefonía móvil.
Y, en esa línea, junto con el Honorable señor Prokurica y otros Senadores formularemos indicaciones a fin de que entidades tan trascendentes, tan importantes para Chile como las que he señalado queden exceptuadas de tales obligaciones.
Asimismo, el proyecto ayuda a solucionar la contaminación visual que significa ver una mole, una torre de fierro de 30 metros, ya que dispone que, si alguna empresa quiere levantar una antena de 12 metros o más, necesitará de la autorización de los vecinos.
Ese es un tremendo avance -¡un gran avance!-, porque existirá una efectiva participación de la ciudadanía, la cual deberá ponerse de acuerdo en si se instala o no una antena que pueda llegar a estorbar la vista en determinado lugar de cualquier comuna o barrio.
Entonces, el respectivo operador de telefonía móvil tendrá que pedir obligatoriamente autorización a la municipalidad, y deberá hacer una inversión, que ahora se la lleva un privado, pero que a futuro se destinará a la propia comunidad.
Es decir, suman y suman los beneficios.
Señor Presidente , es imposible detener la instalación de estas antenas de telecomunicaciones. Si queremos conectividad, mejor banda ancha, televisión digital, celulares, al menos mitiguemos sus efectos y provoquemos un menor perjuicio.
Porque muchas de las empresas nos mostraron modelos -ojalá la gente pudiera comenzar a verlos- que aminoran el impacto visual de las antenas. En el caso de la Región Metropolitana o en otras zonas del país, como la Cuarta Región, ellas podrían tener la forma de palmeras. No las imagino en Magallanes, pero hay numerosas otras maneras de mitigar la contaminación visual que provoca este tipo de instalaciones.
En resumen, señor Presidente, me sumo a la votación a favor del proyecto en general, porque representa un enorme avance. Posteriormente, mediante la presentación de indicaciones, vamos a intentar contribuir a su perfeccionamiento.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , luego de escuchar a los Senadores señores Pizarro y Prokurica , no cabe duda de que nadie podría cuestionar la competencia de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones en un tema como este. Por eso, destaco su labor.
Tal vez en otras materias esa competencia puede ser un poco más difusa, pero es innegable...
El señor PIZARRO .- ¡Esto es igual a la televisión digital!
El señor QUINTANA.- No lo es, en mi opinión.
Decía que es innegable que en lo referido al campo electromagnético esa Comisión tiene plena competencia y ha elaborado un gran informe.
Debo destacar que, cuando éramos Diputados, con los Senadores señora Allende y señores Patricio Walker y Uriarte discutimos este proyecto en la Cámara Baja, donde el debate tomó bastante tiempo. Sin embargo, en el Senado, en un corto lapso, con mucha rigurosidad y enorme participación ciudadana, pues se convocó a distintos actores -es el espíritu del proyecto-, aunque tal vez faltó profundizar algunos puntos, como el vinculado a la salud, se realizó una discusión muy interesante. Y yo diría que se ha logrado cautelar de mejor manera los intereses de los vecinos.
Esta iniciativa -como bien se indicó anteriormente- intenta normar un ámbito que hasta hoy día no se ha regulado y no hay cómo corregir.
El Senador señor Prokurica manifestaba que en la actualidad existen 12 mil antenas en el país. Y debo señalar que cuando comenzó la discusión de este proyecto, en 2007, esa cantidad no sobrepasaba las 7 mil a 8 mil. Es decir, hemos registrado un incremento que bordea el 50 por ciento, debido a que en los últimos tres o cuatro años de tramitación se han instalado casi el doble de las antenas que durante mucho tiempo -por una o dos décadas- existieron en Chile.
Entonces, la pregunta que formulo es si necesitamos más de los 16 millones de teléfonos celulares que funcionan en nuestro país. En todo caso, no sé cuántos más.
El punto estaba en que esas mismas antenas permiten la transmisión de la señal telefónica y, al mismo tiempo, la de datos 3G. También disponemos de la modalidad "E", pero no es la ideal, pues se corta -tal como lo experimentamos con frecuencia en nuestros traslados desde Santiago a Valparaíso-, dado que opera sobre la base del sistema de células -justamente a eso deben su nombre los teléfonos celulares-, en función de un espectro radioeléctrico.
Entonces, el proyecto en debate pretende regular un problema que -como señalaba recién- no se ha podido resolver. Ello se ha intentado de distintas maneras. Se llevaron a cabo numerosos esfuerzos mediante la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con las rasantes. Se inventaron otras vías. Sin embargo, nada fue efectivo, y esos intentos no rindieron frutos.
También, se ha invocado el derecho de propiedad y se ha abordado el asunto a través de lo referido a la salud, sin ningún resultado positivo.
Igualmente, se ha intentado usar la vía judicial, por medio de la presentación de recursos de protección ante las Cortes de Apelaciones. De esta manera, en 2007 yo impulsé y acompañé a vecinos de la comuna de Vilcún a interponer un recurso de protección fundado en razones de salud pública.
Quiero leer algunos pasajes de su texto, porque se dice que no está demostrado -probablemente así es- el daño que las antenas instaladas ocasionan a la salud de las personas.
Las consideraciones de la acción que interpusimos en la Corte de Apelaciones de Temuco para defender a los vecinos de la calle Chorrillos , población Bellavista, Vilcún , fueron, en síntesis, las siguientes.
Una antena de telefonía móvil llevaba ocho años transmitiendo frecuencias electromagnéticas -la presentación fue hace cuatro años-, y ya 7 personas habían muerto y a otras 20 se les habían diagnosticado cáncer y otras enfermedades asociadas (leucemia, nódulos, osteoporosis, artrosis, etcétera). Los fallecidos vivían dentro del radio inmediato de 60 metros, tomando como eje la antena, en tanto que las personas diagnosticadas que aún no habían muerto -otras lo hicieron durante estos últimos cuatro años- se encontraban distantes del eje en un radio de no más de 300 metros. Debo señalar que existe una relación directamente proporcional: a mayor cercanía de la antena hay más enfermos y los efectos del cáncer son más letales.
Tal situación, que ocurrió en una de las comunas de La Araucanía, Región que represento, se repite en muchas otras localidades de la zona ( Angol , Victoria, Lautaro , Perquenco , en fin), y sé que también en todo el país. Y en muy pocos casos los recursos pertinentes han sido acogidos por los tribunales.
Por eso, me parece extraordinariamente importante la regulación que hoy intenta establecer el Senado mediante este proyecto, que ojalá se tramite de la manera más expedita posible. Porque, si bien la Organización Mundial de la Salud no ha llegado a un planteamiento categórico, Brasil -una de las naciones que más han estudiado este asunto- tiene la percepción particular de que las antenas en comento sí ocasionan cáncer, como se desprende del caso que acabo de relatar.
En consecuencia, frente a la duda acerca de los efectos colaterales que estas instalaciones pueden provocar en la salud de las personas -como bien se decía aquí, en la ciudad nadie las desea y en los sectores rurales la gente aspira a mejorar los servicios de conectividad digital; existe una contradicción-, nosotros debemos impulsar el marco regulatorio que contempla la iniciativa.
Por esa misma razón, presenté una indicación precisamente para establecer restricciones a la instalación de antenas en establecimientos educacionales, porque ahí existe el mismo riesgo respecto de personas de edad mayor que están mucho tiempo expuestas a las ondas electromagnéticas y a la radiación que generan aquellas. Y, por lo tanto, lo que estamos buscando con esta indicación es proteger a nuestros estudiantes.
En definitiva, señor Presidente , creo que nos encontramos frente a una contradicción que no es fácil de resolver, porque efectivamente se necesita más conectividad.
El Gobierno de la Presidenta Bachelet impulsó la infraestructura digital, lo cual se ha abordado en forma lenta. La actual Administración ha llevado adelante otro proyecto en el mismo sentido: dotar a los sectores más apartados de una solución de conectividad a base de Internet y de telefonía. Y, como expresó aquí el Senador Pizarro, se requiere, para cuando ingresen esas dos nuevas empresas al mercado, un número muy considerable de antenas adicionales a las ya existentes.
Frente a eso, claramente todos los esfuerzos son insuficientes. Sin embargo, no puede continuar la situación en la que nos encontramos hoy, en que a cualquier empresa solo le basta presentar el permiso de un vecino y dar aviso a la Dirección de Obras Municipales respectiva para resolver la instalación.
En consecuencia, las exigencias que establece esta nueva normativa acerca de la participación ciudadana en la instalación de cualquier estructura o antena superior a dos metros, me parece que va en la línea de proteger a los vecinos. Y, por último, por razones estéticas.
Hay quienes tienen muchas dudas -lo que es comprensible además- sobre si dichas antenas producen o no efectos en la salud, como también aducen motivos estéticos. Y, al respecto, ahora se habla del sistema de colocalización, el que, a propósito, está de moda. El Presidente Piñera , hace algunos días, se refirió a la supercarretera de transmisión eléctrica y de concentrar ahí todos los esfuerzos en ese rubro. Y eso también es colocalización.
Ello presenta aspectos positivos, como los que se han señalado acá y puede tener algunas otras externalidades.
Pero creo que colocalizar es la solución a estos temas, pues obliga a las empresas a ser solidarias y optimizar la infraestructura, especialmente para no llenarnos de antenas y no contaminar más el ambiente ni generar más daño a la salud de la población.
Obviamente, el pasar a una situación como la mencionada en este proyecto, en que se va a exigir bastante más que el permiso y el aviso y se necesitará presentar un informe técnico, un plan aprobado por los vecinos, por la municipalidad respectiva, como requisito previo a la aprobación, me parece que es un paso muy importante en la idea de regular esta materia.
A mi juicio, eso constituye un avance desde todo punto de vista. Pero hay cosas que quedan pendientes.
Es preciso valorar el hecho de que la aplicación de esta normativa -como lo manifestó el Senador Prokurica-, en algunos casos, va a tener efecto retroactivo, especialmente cuando ya hay zonas que se encuentran muy saturadas o cuando se trata de instalaciones en bienes de uso público. Yo no concibo que parques urbanos se sigan llenando de torres. Y, por supuesto, la colocalización va a regir hacia el futuro para cualquiera nueva instalación que se pretenda llevar a cabo.
Por lo señalado, señor Presidente , porque estimo que el proyecto significa un paso importante, decisivo, en términos de salud pública, aun cuando no haya una opinión concluyente de los organismos competentes, voy a aprobarlo en general.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente , como se ha planteado, aquí se trata de armonizar las necesidades de comunicación -telefonía celular, Internet, mensajes, televisión- con lo relativo a la contaminación tanto electromagnética como visual.
La contaminación electromagnética la generan prácticamente no solo los aparatos electrónicos, las líneas de transmisión o los celulares, sino que también tenemos radiación por la propia Tierra -con sus dos polos: Norte y Sur-, que es un gran imán.
Esto último ha sido estudiado desde hace muchos años, entre otros, por médicos que se dieron cuenta de que pacientes que adolecían de algunas enfermedades graves, al ubicarlos según sus direcciones en un mapa, correspondían a determinadas líneas, lo cual significaba que había una orientación vinculada a una radiación electromagnética natural. Estoy hablando de una época anterior a la existencia de todos los aparatos tecnológicos que conocemos.
Uno de los pioneros fue el doctor Ernst Hartmann, que tuvo como referencia el trabajo realizado por el doctor Peyré y el ingeniero Mager, en Francia, quienes descubrieron un determinado tipo de radiación en el suelo mediante la radiestesia. Es decir, personas que se mueven poco o que duermen siempre en un mismo lugar, curiosamente se levantan a veces sin sentir que han descansado, porque están mal alineadas.
Aquello ha generado una nueva ciencia y arte en relación con la geobiología, para poder armonizarse con dichas líneas (al respecto, ver libro Hogar Dulce Bio-Hogar, de Beréngere Piquemal).
Ahora bien, si a lo anterior agregamos los adelantos tecnológicos -por cierto, no siempre son tales- como los tendidos de alta y media tensión -que, por lo demás, están muy presentes en la discusión pública-, las subestaciones, los transformadores, las emisoras de radio y televisión, los electrodomésticos, las instalaciones eléctricas caseras, todos los aparatos de uso industrial, las antenas respecto de las cuales estamos legislando y los propios celulares, obviamente que se superponen fenómenos muchos más complejos.
Hay numerosos informes científicos, tanto de uno como de otro lado -y esto nos hace recordar también otros temas-, en los que efectivamente se señala que se perciben efectos adversos, tales como cefaleas, insomnios, alteraciones del comportamiento, depresión, ansiedad, leucemia infantil, cáncer, enfermedad de Alzheimer, alergias y malformaciones.
Frente a ello, la Organización Mundial de la Salud ha trabajado, investigado y generado determinadas normas.
Cuando después de varios esfuerzos se dictó en 1994 la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, se determinó que si no había normas en nuestro país, regían las de la Organización Mundial de la Salud, y en subsidio, las de Suiza.
Pero la inquietud apunta también a la contaminación visual.
Ciertamente, una antena, por mucho que se la trate de disfrazar, no constituye un elemento muy atractivo. Y, en este sentido, es preciso hacer una suerte de consideración respecto de la ubicación de ellas.
Por lo tanto, los elementos de saturación que se señalan en este proyecto de ley y en el informe que la Comisión envió a la Sala, deben ser resueltos. En esta propia normativa, durante su discusión particular, ello tendrá que ser definido en mejor forma.
Por otra parte, deseo referirme al problema que presentan las actuales antenas. Porque aquí se plantea que cuando hay saturación, cuando están ubicadas en bienes nacionales de uso público o cuando se produce acuerdo entre las partes, ellas se pueden mover. Pero lo cierto es que resulta necesario ir un poco más allá.
En caso de existir algún derecho constituido se debe buscar una fórmula que brinde una alternativa, un plazo que sea suficientemente atractivo para las partes, porque no siempre lo que para algunos parece malo lo es para otros, sobre todo si hay un pago o una compensación de por medio; la salud es intransable. Esto, desde luego, genera relaciones que es preciso transparentar.
Por último, deseo destacar el avance que significa este proyecto. Obviamente, lo perfecto es enemigo de lo bueno. En tal sentido, conviene de una vez por todas legislar.
Me asisten dudas de si el problema estético podrá ser resuelto por las direcciones de obras municipales respectivas. A mi juicio, es necesario abrirse un poco más, que haya una suerte de participación ciudadana que permita encontrar una solución, porque nadie desea tener una antena cerca.
Por eso, votaremos a favor del proyecto. Eso sí, haciendo un reconocimiento a la enorme cantidad de mociones parlamentarias que se han presentado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados relativas a la materia. Al respecto, sería oportuno rescatar sus puntos positivos, para incluirlos como indicaciones en el momento en que debamos perfeccionar la iniciativa con motivo de su debate en particular.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , si hay un tema que ha suscitado un interés público enorme es precisamente el de las antenas celulares.
Como Senadora de la Región Metropolitana, donde existe un número considerable de esas instalaciones, quiero hacer presente que en todas las comunas a las cuales me traslado se me plantea por parte de muchas organizaciones, y en forma espontánea por vecinos, lo relativo a las antenas celulares.
A diferencia de lo que ocurre con algunos colegas, como se ha manifestado en esta Sala, a mí nunca me han mencionado la necesidad de poner aquellas, ni menos me he encontrado con organizaciones que soliciten la instalación de ese tipo de antenas en su comuna, sino que, por el contrario, todos piden que, por favor, se regule ese asunto porque no da para más.
Hay zonas que están saturadas de antenas celulares, y existen realmente riesgos para la salud de las personas que yo desconozco. Me acerqué recién al Senador señor Ruiz-Esquide para preguntarle por los efectos que, según he estado escuchando, pueden tener en ella y me dijo que no hubo una mirada desde ese punto de vista en la Comisión respectiva. Pero es extraordinariamente preocupante, porque los ciudadanos están convencidos -y yo también, en parte- de que provocan problemas para la salud.
Aquí mismo, en el Senado, me ha tocado recibir a vecinos de las comunas de mi Circunscripción. Especialmente activos han estado en esta materia los de Las Condes y La Reina, que vinieron al Congreso y pidieron participar en la Comisión.
También he asistido a actividades en terreno. Hace unas tres semanas estuve con vecinos de la comuna de Las Condes, quienes me mostraron una estructura espantosa de muchos metros de altura, que se estaba instalando en un lugar rodeado de jardines infantiles, de salas cuna, de establecimientos educacionales. Y la verdad es que no había a quién recurrir. Hablaron con el Alcalde y él les dijo que no tenía nada que hacer. Y no hallan dónde poder plantear esta inquietud.
Y no estamos hablando solo del problema que se produce desde el punto de vista estético, sino también de los efectos que esto realmente representa para la ciudadanía.
Por mi parte, estoy completamente de acuerdo -algún Senador lo señaló aquí- en que debemos legislar ahora y rápido. Porque, mientras más nos demoremos, más antenas se instalarán. Las empresas están aprovechando este espacio para ese objetivo, por lo cual desde ya hago un llamado a la responsabilidad de ellas, porque saben que estamos legislando para regular esta situación, que es insostenible.
Creo que el hecho de que avancemos en una regulación es un gran paso que debemos dar como Congreso, pero es preciso darlo pronto y terminar la tramitación del proyecto, con todos los antecedentes que tenemos que considerar para los efectos de poder votarlo no solo en general, como haremos el día de hoy, sino también en particular.
Señor Presidente , sin perjuicio de los avances conseguidos en la Comisión -los valoro mucho-, tengo dudas respecto de la colocalización obligatoria que opere retroactivamente. Creo que es ineficiente plantear un plazo de 36 meses para su vigencia, dependiendo de la saturación o no de la zona para la instalación. No me parece adecuado que ese período se halle sujeto a ciertas condiciones, ya que se pueden generar incentivos perversos para que nuevos operadores busquen sectores de baja altura o que, de acuerdo a la ley, exhiban niveles de saturación que permitan instalarse de inmediato.
Me preocupa que, fruto de esta situación, se termine trasladando el costo de las antenas a comunas menos urbanas o, incluso, a zonas turísticas. Y me pongo en el caso, también, de comunas que no están dentro de la Región Metropolitana.
En definitiva, buscamos que los nuevos operadores aprovechen las inversiones y capacidades existentes y no se dediquen a levantar infraestructura propia dependiendo de las zonas que sí lo permitan, en una especie de carrera contra el tiempo en estos 36 meses.
Me causa inquietud el punto y creo que debemos observarlo con cuidado. Debiéramos fijar un plazo prudente, acotado, para la presentación de las indicaciones y estudiarlo muy acuciosamente. Yo les pido a todos los Senadores y Senadoras que lo analicemos con real atención, porque este es un problema extraordinariamente grave, que se presta, además, para que muchas personas que enfrentan necesidades autoricen la instalación de antenas en sus propiedades.
En el caso de La Pintana, por ejemplo, por la falta de recursos, una compañía de bomberos permitió la instalación de una antena. Ello originó una disputa con el Alcalde sobre el financiamiento de los bomberos, quienes reclamaron que no disponían de recursos para funcionar y que, si no autorizaban la instalación de la antena, se tenían que ir de la comuna. Y la no existencia de una compañía de bomberos en La Pintana es muy delicado.
Hace pocos días me tocó ver otro caso en la comuna de Providencia, a tres cuadras de mi casa (resido en Ñuñoa, pero muy cerca de Providencia). Pues bien, llegaron todos los vecinos -ya conocen donde vivo- a reclamarme porque de un día para otro apareció instalada en el patio de una casa, que no debe de tener más de diez metros, una tremenda antena. La explicación era que un integrante de la familia estaba sobrellevando un problema de salud muy grave y necesitaban recursos.
Entonces, la instalación de antenas no puede estar dependiendo de situaciones como las descritas o de arreglos entre empresas y ciudadanos con el objetivo de conseguir dinero a través de esta vía.
Señor Presidente , como he dicho, creo que tenemos que legislar rápido. Por mi parte, presentaré algunas indicaciones en su momento para los efectos de darle una adecuada atención a este tema, que realmente es grave, complejo y que requiere, naturalmente, una legislación idónea, porque debe ser compatible con las necesidades de banda ancha -y otras- del país.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , Honorable Sala, después de largos años de tramitación, hoy por fin estamos en condiciones de aprobar este proyecto de ley, que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones.
Durante su discusión en la Comisión especializada de la Cámara de Diputados, el Gobierno anterior en varias ocasiones le aplicó urgencia, para luego retirarla, inexplicablemente, pese al gran interés público que ha concitado la regulación que este tipo de artefactos requiere.
De hecho, nosotros solicitamos al Ejecutivo por oficio, en forma reiterada, que fijara la urgencia, cosa que ocurría, pero a las pocas semanas ella se caía.
Afortunadamente, el actual Gobierno ha comprendido este problema en su real dimensión, aplicándole la urgencia necesaria a la iniciativa -incluso, mereció una mención en el discurso del 21 de mayo recién pasado- e introduciendo diversas indicaciones que fueron surgiendo en la propia dinámica del debate de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado.
De más está decir que en el proyecto en debate se recogen innumerables indicaciones que presentamos en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, aquellas que señalan la necesidad de la colocalización y otras, en términos de generar una regulación que permita a los municipios, a las direcciones de obras, tener un mayor control respecto de las instalaciones de antenas de celulares y disponer de facultades para los efectos de la zonificación.
Junto al Senador Lagos y al Diputado González hemos presentado un sinnúmero de recursos de protección -en el caso mío, más de una centena- y hemos logrado botar al menos seis, siete antenas de celulares, con el apoyo de los vecinos.
Cabe destacar también a la sociedad civil que ha estado trabajando en este sentido, a Moisés Pinilla y Arturo Samit, que han dedicado parte importante de su tiempo a esta materia.
Es plenamente sabido que las antenas de telefonía móvil y de telefonía fija inalámbrica producen contaminación electromagnética y provocan daños a la salud de las personas. Esta situación ha motivado incluso la preocupación de la Organización Mundial de la Salud, que creó una comisión especializada en los efectos producidos por los campos electromagnéticos para prevenir este tipo de contaminación, estableciendo un límite máximo de radiaciones.
Quiero contarles que junto al Diputado González realizamos una manifestación ciudadana en La Moneda y logramos cambiar la norma de contaminación electromagnética. Después de una larga discusión con el anterior Ministro de Transportes , en quien encontramos una adecuada recepción, conseguimos finalmente disminuir esa norma para hacerla equivalente a las de los países desarrollados.
Sin embargo, medir la contaminación electromagnética hoy día es casi imposible. Junto al Diputado González estuvimos trabajando en la Legislatura anterior en Nueva Aurora, en la entrada de Viña del Mar, uno de los sectores con más antenas por metro cuadrado del mundo. Y nos dimos cuenta de que la Subsecretaría de Telecomunicaciones contaba solamente con dos aparatos -¡dos aparatos!- para medir este tipo de contaminación en todo Chile. Y, por cierto, tampoco disponía de personal especializado, y en cantidades necesarias, para los efectos de lograr esa fiscalización.
Con el Senador Lagos estamos comprometidos a trabajar para conseguir que en la próxima Ley de Presupuestos se le destinen a la SUBTEL los recursos requeridos para la fiscalización. Hemos accionado juntos en Viña del Mar, Valparaíso y Concón , y esperamos que por esa vía se contemplen los dineros necesarios.
Informes científicos de probada solvencia han señalado que la exposición a los campos electromagnéticos emitidos por los teléfonos celulares y por las antenas de estos sistemas de comunicación podría tener efectos perjudiciales para la salud humana, tales como cáncer, reducción de la fecundidad, pérdida de la memoria y cambios negativos en el comportamiento y desarrollo de los niños.
Por eso, también presentamos en la Cámara Baja, con Rodrigo González -lo nombro de nuevo- y otros Diputados, algunos proyectos de ley sobre la materia. Por ejemplo, uno que disponía que cada aparato móvil indicara el nivel de emisión o contaminación electromagnética generado. Hoy día es imposible determinarlo.
Es por ello que la instalación de estaciones bases para telefonía móvil y radioemisoras u otras redes de telecomunicaciones, en la forma como se encuentra regulada actualmente, ha suscitado la férrea oposición de gran parte de la ciudadanía, por temor a que sus emisiones de radiofrecuencia afecten gravemente la salud, especialmente la de los niños.
Si bien el proyecto sometido ahora a nuestra consideración no constituye una solución absoluta a esta compleja materia, contiene avances sustanciales que mejoran ostensiblemente la situación actual y que es necesario destacar: posibilidad de colocalización a futuro de antenas en la misma torre soportante -porque tenemos claro que podría haber problemas de constitucionalidad si la ley en proyecto se aplicara retroactivamente-; obligación de obtener permisos en las direcciones de obras municipales para su emplazamiento; establecimiento de exigencias técnicas a cumplir para su instalación; declaración por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de zonas saturadas de ese tipo de artefactos; prohibición de colocarlas cerca de hospitales y colegios, y -esto reviste gran importancia, a nuestro juicio- participación de la ciudadanía, a través de sus organizaciones y mediante un pronunciamiento debidamente certificado, frente al intento de instalación de este tipo de antenas por empresas de telecomunicaciones, sean de telefonía celular, de radioemisoras o de otras redes de comunicaciones, todo lo cual se ha venido reclamando desde hace mucho tiempo sin resultados positivos.
Señor Presidente , en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones se efectuó un arduo trabajo para analizar cada una de las indicaciones presentadas por diversos colegas, como asimismo las que formuló el Gobierno a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, cuyo titular nos fue ilustrando acerca de lo que implica la colocalización y, asimismo, de las diferencias en las alturas de las diversas antenas de telefonía móvil que se instalarán conforme a esta normativa luego de que entre en vigencia.
En nuestra opinión, reviste gran importancia, por un lado, la participación que se le otorga a la ciudadanía, a través de sus juntas de vecinos, cuya autorización se requerirá en forma previa al emplazamiento de las antenas; y por otro, que, como se han introducido modificaciones significativas a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las municipalidades tengan, por medio de sus direcciones de obras, un rol más activo tanto en la autorización de las antenas que por su altura así lo requieran cuanto en la evaluación de las especificaciones técnicas de los proyectos de emplazamiento de torres y antenas.
Señor Presidente , en la lucha insistente que hemos dado contra la proliferación de antenas de celulares nos hemos encontrado con algunos problemas. Por ejemplo, las compañías no respetan los distanciamientos mínimos con respecto a los muros divisorios. Además, hemos detectado situaciones que nos han permitido echar abajo algunas antenas, botarlas. Tal sucede cuando la solicitud entregada a la SUBTEL la hace determinada empresa y quien coloca la antena finalmente es una subsidiaria de ella.
Existe, pues, muy poca rigurosidad en términos del ejercicio que involucra la instalación de las antenas.
Algunos municipios se han atrevido.
Quiero hacer mención de algunos fallos de la Corte de Apelaciones de Temuco, ratificados por la Corte Suprema, en el sentido de que para la instalación de una antena para telefonía celular se requiere autorización de la dirección de obras municipales respecto a la realización de la obra civil sobre la cual aquella se emplazará.
Esa es una de las doctrinas hoy imperantes, que les ha permitido a algunos municipios oponerse a la instalación de antenas de aquella índole.
Quiero felicitar en esta oportunidad al Alcalde de Concón por estar generando una instancia que obligue a quienes deseen instalar antenas para telefonía celular a pedir previamente autorización para la realización de la obra civil sobre la cual se emplazará la estructura.
Como dije con anterioridad, después de un intenso debate jurídico y técnico, ahora estamos en condiciones de entregar un marco legal, contenido en el proyecto en análisis, que me parece indispensable aprobar.
Por ello, insto decididamente a mis colegas a entregarle su votación favorable a esta iniciativa, que por fin podrá avanzar para convertirse con la mayor brevedad en ley de la república para evitar que se dañe la salud de las personas.
Sé que este proyecto, inevitablemente, irá a Comisión Mixta. Nos costó largos años sacarlo de la Cámara de Diputados. En él se recogieron innumerables propuestas legislativas. Logramos que la sociedad civil se instalara en la sala de la Comisión hasta su despacho.
Por lo mismo, confío en que, tras la aprobación en el Senado y el posterior paso por Comisión Mixta, no se siga en un proceso extenso que implique que la sociedad civil deba seguir esperando.
Estamos decididos a que se legisle acerca de la materia. Se va a fijar plazo para presentar indicaciones, período durante el cual esperamos acoger los planteamientos de la sociedad civil, que está particularmente activa sobre el particular. Los parlamentarios de la Región hemos actuado en forma unánime a los efectos de exigir la regulación en comento. Lo vamos a seguir haciendo. Y con el Senador Lagos estamos en la misma posición.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .- Señor Presidente , el informe de los Senadores que han participado en el análisis de este proyecto es lo suficientemente fidedigno, fuerte y bien fundado como para que uno recoja la petición de votar a favor.
La tramitación se ha alargado -según se ha dicho- varios años. De hecho, esta iniciativa viene desde el Gobierno de la señora Bachelet . Pero la verdad es que habían planteado el problema distintas personas mucho tiempo antes. Y surge, efectivamente, de una denuncia hecha por otorrinos del Hospital Regional de Concepción.
De aquella época viene la discusión: primero, desde el punto de vista estético, y segundo, desde la perspectiva del respeto a las personas en cuyo entorno se instala un sistema como el descrito y del cumplimiento de exigencias que, por lo menos al comienzo, no eran objeto de fiscalización alguna.
Por consiguiente, a mi entender, estamos ante un buen proyecto, que debe ser aprobado.
Sin embargo, señor Presidente , durante las intervenciones habidas en el curso de la actual discusión tres o cuatro Senadores han manifestado la preocupación existente por las consecuencias o repercusiones que para la salud de las personas pueden tener las antenas en cuestión.
Se trata de un problema planteado permanentemente a propósito de todos los adelantos habidos en los últimos 10, 15 o 20 años.
Alguien dijo, con toda razón, que queríamos vivir mejor, tener mayor conectividad, lograr una serie de ventajas. Empero, poco a poco nos hemos ido dando cuenta de algo bastante complicado: ninguna de las modernizaciones registradas en los últimos 20 a 30 años -esto también se planteó en su momento con respecto a lo que estaba sucediendo con motivo de los cambios habidos entre 1950 y 1960- deja de tener efectos sobre la salud humana.
Eso se menciona en el informe, y también lo manifestaron Senadores ajenos a la discusión habida en la Comisión.
En tal sentido, me interesa que quienes debatieron sobre este proyecto recojan la eventualidad de que, como ocurre ante todos los adelantos, exista una contraparte B -por así decirlo- referida a la repercusión en la salud de las personas.
Acaba de salir una información en cuanto a que los celulares, por sí mismos, provocan un efecto negativo.
Entonces, lo que quiero expresar, para no alargar la sesión, es muy simple.
Primero, que votaré favorablemente este proyecto.
Segundo, que recojo la necesidad de despacharlo rápidamente, porque si no resolvemos luego sobre la materia el país se llenará de antenas que eludirán la nueva normativa.
Y tercero, que echo de menos -por eso intervengo en esta línea-, ante un problema expuesto en forma reiterada por cada orador, una preocupación especial y exhaustiva de la Comisión.
En virtud de ello, le solicito a la Mesa -no sé si existe quórum para tomar acuerdos- que la discusión particular se lleve a cabo en Comisiones unidas de Transportes y de Salud.
Creo que hay suficientes elementos, datos negativos e información del mundo científico, médico, etcétera, para que por lo menos consideremos lo que implica cuanto se ha expuesto sobre el punto cuestionado.
Alguien podría señalar: "Qué sacamos con saber lo que está pasando si lo que interesa es despachar luego esta iniciativa".
No estoy de acuerdo con esa eventual tesis, señor Presidente.
Si sabemos que existe una duda razonable sobre la repercusión que puede tener la instalación de antenas, pienso que deberíamos abordarla. Y, para ello, qué mejor lugar que la Comisión de Salud.
Al parecer, no hay quórum para adoptar un acuerdo en el sentido indicado. De modo que pido, señor Presidente , que discutamos en la próxima sesión -de proceder reglamentariamente, por cierto- si el proyecto puede ser analizado en particular por las Comisiones unidas de Transporte y Telecomunicaciones y de Salud, al menos en todo lo que sea propio de esta última.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Habría que resolver al final la petición de Su Señoría.
El Senador señor Ruiz-Esquide solicita que el proyecto sea discutido en particular por las Comisiones unidas de Transportes y de Salud.
¿Le parece a la Sala?
No hay acuerdo.
El señor LAGOS.- ¿Por qué? ¡Si es razonable lo planteado por el colega Ruiz-Esquide!
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , dado lo avanzado de la hora y lo extenso del debate, haré algunas reflexiones muy breves.
La principal gira en torno a la necesidad de entender -es algo muy manido y conocido- que el progreso no solo trae beneficios o avances, sino que también provoca efectos colaterales no siempre deseables y que es menester abordar.
Hace algunos años la existencia de la telefonía móvil era impensada.
Recuerdo los esfuerzos que se hacían en la década del 90 para instalar la telefonía en los sectores rurales: a un alto costo; con programas de Gobierno; con cada uno de nosotros luchando por que en su Región, en los sectores rurales, hubiera algunos de los teléfonos que se instalaban, lo cual era recibido "con banda de músicos".
Bueno, hoy día, con la telefonía celular, que reporta un gran beneficio, eso ha quedado ampliamente superado.
Todos queremos tener la telefonía celular, y además, en cualquier punto del territorio nacional donde nos encontremos.
Sin embargo, para que ello ocurra se necesitan torres, antenas.
Por desgracia, no se ha inventado todavía otro sistema. Seguramente en unos años más una discusión de esta índole será ociosa, porque a lo mejor con una antena o con un satélite dando vueltas se podrá resolver el problema.
Pero en este momento no tenemos esa solución. Y nos hemos llenado de torres -se habla de 12 mil- que provocan todo tipo de efectos contaminantes y adversos, e incluso, dudas sobre su impacto en la salud de las personas.
Por eso, señor Presidente , yo valoro este proyecto, en la medida que busca evitar, de una parte, la contaminación visual desde el punto de vista urbano, y de otra, el eventual impacto en la salud por la concentración de las ondas radioeléctricas y por la corta distancia en que se hallan las instalaciones con respecto a las personas o a las actividades que realizan.
Quizás el cambio relevante que envuelve esta iniciativa de ley reside en que ya no bastará un aviso del interesado a la Dirección de Obras Municipales para proceder, sino que deberá mediar una solicitud, la cual dará lugar a un estudio y a la evaluación del proyecto pertinente desde la perspectiva de los aspectos que generan la inquietud tantas veces expuesta.
Ahora, por lo que uno ha podido conocer, la verdad es que no hay antecedentes concluyentes o definitivos sobre el daño que las antenas en comento pueden causar en la salud de las personas.
Aquello es como la duda que existe con relación a los propios teléfonos celulares: también se discute si su uso frecuente provoca daño.
Hasta ahora, nada se ha acreditado al respecto. Pero eso no significa que no haya daños. Es posible que usuarios antiguos los estén sufriendo en forma inconsciente, sin darse cuenta de que tal es la razón de su salud deteriorada. No lo sabemos.
Algo similar ocurre con las antenas de telefonía móvil, pues no existe certeza en tal sentido.
Por lo tanto, hay que procurar, con la mayor prudencia posible, evitar eventuales daños. Y eso se está haciendo.
Sin embargo, en los sectores rurales -y esta es la inquietud que uno recoge normalmente- existe mucha demanda para que lleguen las antenas que permiten el acceso a la telefonía celular (en muchos lugares de mi circunscripción todavía no se puede acceder a ella). Y uno mismo, en representación de la gente, les pide a las distintas compañías que las instalen. Además, con tal propósito, el Gobierno está llevando adelante un programa, el que es muy bien recibido por la comunidad.
Pero el problema se radica en los sectores urbanos, donde la concentración de antenas está causando saturación, gran contaminación visual y temor ciudadano -aunque infundado- por el impacto que aquello podría provocar.
Una de las soluciones que trae consigo el proyecto que nos ocupa es la llamada "colocalización".
Esa palabra no está recogida por el diccionario.
En mi concepto, señor Presidente, deberíamos tratar de ser un poquito más castizos, de modo que el lenguaje fuera claro.
Figuran en él las palabras "colocar" y "localizar". Pero el término "colocalización" -especie de síntesis ingeniosa que hizo alguien-, no.
Entonces, sería bueno pensar un poco sobre el punto. Está bien la creatividad; pero inventos de tal naturaleza a veces generan problemas a la hora de interpretar las leyes.
Ahora bien, más allá de tal alcance, el problema estriba en que esta iniciativa obliga a todo concesionario de servicio público e intermedio de telecomunicaciones, antes de proceder a la instalación de torres de más de 12 metros de altura en zonas o territorios saturados, a verificar si es posible la colocalización en torres ya instaladas donde sea factible emplazar antenas "y que haya sido autorizada conforme con el artículo 116 bis F de la Ley General de Urbanismo y Construcciones".
El propósito es evitar que se sigan poniendo muchas antenas y procurar que se aprovechen las existentes. Se da así lugar a una suerte de racionalización entre las distintas empresas de telefonía móvil.
Sin embargo, aquello genera algunas dudas, como la siguiente.
De la exigencia de haber cumplido con el ya mencionado artículo 116 bis F, que establece los requisitos de la solicitud del permiso, alguien podría interpretar que la colocalización solo operaría respecto a las torres construidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley en proyecto, por lo que no podría haber efecto retroactivo. Ello, porque para una empresa ya instalada resultará imposible cumplir los requisitos que se establecen ahora.
A lo mejor, desde el punto de vista constitucional, aquello es razonable. Porque el efecto retroactivo podría dañar derechos ya adquiridos por personas que hicieron el gasto y el esfuerzo. Entonces, parecería injusto que posteriormente llegara alguien y se aprovechara de esa situación.
Pero también existe otra mirada, señor Presidente .
Quienes hoy día quieren entrar en este mercado -como sabemos, la clave en el mercado es la competencia; por consiguiente, estamos hablando de la mayor cantidad de actores- tendrán que instalar sus torres. Y los viejos, aquellos que ya están en el negocio, podrán usarlas, de acuerdo a la ley en proyecto.
Entonces, se genera cierta distorsión. Porque me parece bien pensar hacia adelante; pero mejor es que la competencia se facilite para todos los actores. En el otro esquema, ello diría relación solo con algunos, que son los que ya están operando, pues los nuevos no podrían utilizar las antenas existentes, por las razones que he mencionado.
Entonces, es un punto que señalo para la discusión, para la reflexión, porque es importante.
Sé que muchos intereses económicos se encuentran involucrados. El Senador que habla no se identifica con ellos. Lo que debe procurarse es dictar una legislación que responda realmente a las inquietudes de los ciudadanos. Tenemos que apuntar a que se cuente con las mejores opciones posibles, con la mayor competencia, para garantizar un servicio de más calidad y, asimismo, más económico.
Otro aspecto dice relación con que el artículo 19 bis que se incorpora a la Ley General de Telecomunicaciones, el cual regula la colocalización, dispone que la posibilidad de llevarla a cabo se deberá verificar "antes de proceder a la instalación de torres". Como el artículo 116 bis E que se agrega a la Ley General de Urbanismo y Construcciones prohíbe, en su inciso quinto, emplazarlas en zonas saturadas, podría interpretarse que jamás se podrá colocalizar en ellas, en circunstancias de que pareciera que lo lógico es que eso tenga lugar, si va a ser posible, precisamente en tales áreas. Al decirse que antes de proceder a la instalación se debe verificar el cumplimiento de los requisitos, podría concluirse que es algo que nunca va a ocurrir, a menos que por zonas saturadas se entienda algo distinto.
Entonces, deseo consignar que el proyecto de ley me parece un avance. Lo considero positivo, como regla general. Se observan, sin embargo, algunas cuestiones específicas que creo que se deben revisar con especial cuidado a la hora de la discusión particular, para asegurarse de evitar la contaminación visual, hasta donde se pueda, lo que sería ya un progreso, y de la necesaria precaución respecto de la concentración de las emisiones radioeléctricas y la salud de las personas. Cabe recordar que se contemplan normas en orden a que las instalaciones no se sitúen, por ejemplo, en la cercanía de establecimientos educacionales, hospitalarios y otros de esa naturaleza.
Pero también es necesario considerar el problema de las zonas saturadas y del alcance de la colocalización. Porque, si se trata de racionalizar de algún modo el emplazamiento de antenas en el futuro, ello debe hacerse de una manera que no altere las reglas del juego y de que sea posible, al mismo tiempo, en los sitios mencionados. Esto último, a lo mejor por una interpretación quizás estricta o que obedece al desconocimiento de parte del proyecto, no se desprendería de la mera lectura de las disposiciones.
Dicho lo anterior, señor Presidente , anuncio mi voto favorable a la iniciativa; felicito a quienes han estado detrás de ella, por ser una inquietud ciudadana la de que se regule la situación en los sectores urbanos, particularmente, y espero que las inquietudes manifestadas puedan ser corregidas en la discusión particular.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, quisiera referirme a un punto mencionado por varios señores Senadores: a lo ya existente, a lo ya instalado.
El artículo 4º transitorio se refiere a "Las torres soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones de más de doce metros de altura ya autorizadas y emplazadas", pero, fundamentalmente, a lo que ocurre en territorios urbanos saturados o en bienes nacionales de uso público.
A mi juicio, la cuestión es mucho más amplia. Hoy día, en zonas de interés turístico, en balnearios, personas que podrían gozar de una bonita vista tienen que convivir con estas instalaciones enormes que la obstaculizan.
Es inimaginable, en lugares con atractivos turísticos, como Carmel, en California, que la contemplación de un panorama maravilloso sea estorbada por torres o moles como las existentes en Chile.
Y eso ocurre en nuestro país en muchos balnearios populares. Recuerdo, de cuando fui Diputado por Coquimbo, el sector Sindempart, donde gente de clase media podría disfrutar de una vista estupenda, pero tiene que convivir con torres que la afean y que, naturalmente, repercuten en su patrimonio ambiental.
En ese sentido, pienso que el proyecto es insuficiente.
El plazo de 36 meses para la adecuación a lo establecido en la ley me parece excesivo. Creo que es preciso reducirlo.
Y ojo con los derechos adquiridos, que no se pueden afectar en el caso de los ya instalados. Porque perfectamente se puede buscar una solución para el funcionamiento de los sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones por la vía de determinar otros lugares donde se instalen las torres.
No basta con las mitigaciones. No basta con la colocalización. Probablemente, en algunas situaciones se tiene que reubicar, y ello perfectamente puede regularlo el municipio. Se requiere especificar sitios adecuados, que no afecten el patrimonio ambiental de la comuna, del balneario, del centro urbano.
Algunos estimarán que lo anterior es imposible por lesionarse derechos adquiridos; por la garantía del derecho de dominio, contemplado en el artículo 19°, número 24, de la Constitución. Pero tal disposición expresa que la ley puede establecer limitaciones a la propiedad "que deriven de su función social". Y esta última comprende, entre otros aspectos, la conservación del patrimonio ambiental.
Por lo tanto, me parece que debiéramos estudiar una fórmula para los lugares en que ya se registra un daño en dicha conservación y que permita que la empresa siga funcionando, pero en un sitio adecuado, sin desmedro del otro elemento.
Al respecto, juzgo que podemos ir más allá. No nos exponemos necesariamente a que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional una norma que logre ordenar. Por lo demás, es lo que hacen los planes reguladores en muchas materias.
Entonces, llamaría a la Comisión especializada -de hecho, voy a preparar algunas indicaciones para proponerlas en esa instancia- a ir un poco más allá en este aspecto, porque se registra un daño ya provocado. Al estudiar la redacción de la iniciativa, no veo la solución para tal tipo de dificultades.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , pienso que, en general, ya se ha dicho casi todo por los señores Senadores que han intervenido.
Quisiera dejar constancia, nada más, de mi opinión en el sentido, primero, de que me alegra mucho que se le dé trámite al proyecto.
Ojalá que este fuera objeto de más urgencia. Porque, efectivamente, nos hemos demorado algunos años en entrar a legislar en la materia, en circunstancias de que, a lo mejor, se podrían haber evitado muchos de los daños ya registrados en relación con el asunto que queremos resolver.
Pero ese es un hecho de la causa, por lo cual estamos hoy día trabajando y legislando.
Si se revisa la normativa, creo que esta apunta en la línea correcta, sin perjuicio de todas las correcciones que es preciso introducirle y que se han mencionado.
Pero la cuestión no es propia de Chile: se ha dado en todos y cada uno de los países donde la telefonía móvil se ha impuesto en los últimos 15 a 20 años. En Europa también fue objeto de preocupación y se llegó a una solución. Y esta se buscó por la vía de regular.
Esto último es lo que pretende la iniciativa en debate. A mi juicio, la función que en tal sentido se entrega a una determinada autoridad, radicada en el municipio, con toda la reglamentación que aquí se señala, me parece lógica.
Ahora, en cuanto a lo ya instalado, concuerdo con lo que expresó mi Honorable colega Patricio Walker en orden a que antes se tiene que analizar cómo se erradica lo que constituye un elemento perjuicial en la vida de la gente en determinadas comunidades.
Tengo entendido que en Europa, sobre la base de nueva tecnología, se está estudiando la forma de evitar las antenas y se ha abierto la posibilidad de utilizar una caja magnética, colocada incluso en los postes,...
El señor PROKURICA .- Microantenas.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ... desde donde se va a verificar la transmisión generalizada de todo el sistema de telefonía móvil.
O sea, la situación va a evolucionar. Y el país tiene que adquirir conciencia de que va a tener que irse adecuando a ese tipo de medidas.
Una solución que se consideró también en otros países fue la reubicación de las antenas a las azoteas de edificios, sin dejarlas en el terreno, donde muchas veces provocan daño a los vecinos. Y con eso se evita también la cuestión de la altura de la instalación.
La multiplicación de las antenas de dos metros o menos asimismo permite una mayor extensión del radio de llegada de la comunicación que se realiza a través de estos medios.
Además, no se trata solo del teléfono: se hallan involucradas Internet, la informática...
El señor WLAKER (don Patricio) .- Wifi.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Es decir, se trata de algo fundamental hoy día.
Por eso, estimo muy importante la referencia al sector rural. Sé que una empresa de telefonía está trabajando en la instalación del sistema de Internet y en que se disponga de una cobertura nacional en un determinado plazo. Me parece muy bien que sea así. Pero a muchos sectores, como aquí se ha dicho, no llega todavía la telefonía móvil.
A uno mismo la gente le pide la instalación de una antena. He asistido a ceremonias de celebración por ese motivo, como una que se realizó hace poco tiempo por la cobertura de ese último servicio en la zona de Pencahue.
Y ello se repite en todas partes. Los Senadores que representan a sectores rurales saben que es una realidad.
Entonces, también tenemos que hacer compatible el sistema. Es necesario que la modernidad llegue igualmente a los sectores rurales y potenciar este tipo de instalaciones, y que las empresas se sientan motivadas, incentivadas, a hacerlo bien.
La gente se ha reído mucho de las famosas "palmeras", con las cuales se ha pretendido lograr una imagen no tan brutal como la de una torre de fierro. Por mi parte, pienso que son mejores. Pero la medida no soluciona el problema de las personas. Muchas veces, se provocan daños al vecindario con el emplazamiento. El valor comercial de las propiedades cercanas disminuye.
Y, normalmente -parece ser que por coincidencia-, cuando se instala una torre en un lugar, al poco tiempo son dos, y en el mismo terreno llegan frecuentemente a ser tres. En tal caso no se lleva a cabo ni siquiera la colocalización
Además, esta última resulta peor todavía, desde el punto de vista estético, porque se ven "racimos" en una estructura de fierro, a través de la cual se pretende hacer transmisiones de todo tipo.
Tenemos que saber que la ley en proyecto es necesaria, principalmente, para la regularización del sistema; para una regulación de la actividad; para que Chile, junto con asumir la tecnología moderna, pase a experimentar lo que sucede en cualquier país con cierto desarrollo. Seguramente, en otras partes se enfrentaron las mismas dificultades que nosotros, pero se logró imponer, en definitiva, lo más razonable.
No cabe pretender que podremos controlar la telefonía móvil e Internet. Al contrario, tenemos que ser conscientes de que van a ir en aumento, y casi en términos progresivos. Y es necesario preocuparse de que eso no llegue a provocar un daño aún mayor que el actual.
Por esas razones, me alegro del proyecto, y ojalá que podamos despacharlo con prontitud. Espero que las empresas operadoras en el sistema se sientan motivadas, así como también reglamentadas para materializar un desarrollo de su propia actividad que sea amable con la población; que no provoque daños en el ámbito del turismo, como se ha dicho aquí, ni del vecindario.
La idea es no llegar a cosas propias de la vida humana: cuando le toca al vecino, no me importa, pero sí cuando me toca a mí. La única manera de evitar la aplicación de ese criterio es precisamente con una regulación que permita proceder en forma equitativa respecto del total de la comunidad y no en perjuicio de ella.
Por eso, voy a pronunciarme por la aprobación.
Y ojalá que podamos despachar rápido el proyecto y que se transforme en ley en un plazo razonable, a fin de evitar que el daño siga profundizándose.
Muchas gracias.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , voy a votar a favor de la idea de legislar. Deseo expresar, de manera categórica, que estoy de acuerdo con la regulación que nos ocupa.
Como lo expuso el Senador señor Zaldívar , no se trata de comunicarse por teléfono: es cuestión de la Internet móvil.
Y, tal como Su Señoría lo consignó, un programa para dotar a los sectores rurales va a tener una cobertura de alrededor de tres millones de personas en los años 2013 a 2014. Es algo que, afortunadamente, se está implementando en ese ámbito.
Dicho lo anterior, me parece que se tiene que abordar con mucha urgencia la iniciativa. Porque, sin duda, si no se resuelve bien, se van a originar dificultades. Y creo que el peor escenario posible es despachar un proyecto de ley que después termine en los tribunales.
Se tiene que despejar bien el punto, porque median cuestiones de retroactividad -eso es evidente- respecto de los ya instalados. Sin ser un experto, presumo que son titulares de un derecho de propiedad, y, por lo tanto, independiente de lo que se diga acá, el que se sienta en esa condición va a recurrir el día de mañana a los tribunales.
Distinto es el caso de la zona saturada, en cuanto a los proyectos nuevos. Ahí se va a poder regular, porque ello se hará hacia delante.
Por lo menos, deseo dejar establecido que puede presentarse un problema -reitero- respecto a la retroactividad, el cual presumo que la Comisión tendrá que abordar en profundidad, en especial en la discusión particular. Ello, de tal manera que se aborden los temas constitucionales, los legales, y que no terminemos despachando un proyecto que conduzca a tribunales llenos de causas por aspectos vinculados al derecho de propiedad, en relación con la retroactividad.
He dicho.
El señor WALKER (don Patricio).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Recuerdo a Su Señoría que estamos en votación.
Tiene la palabra.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente , en algún minuto se le pidió a la Comisión de Legislación un informe sobre la materia en análisis. No recuerdo que se haya evacuado. No sé si usted puede confirmar con el señor Secretario si ello se solicitó acerca de la constitucionalidad de algunas normas.
Señalo el punto por entender el planteamiento de mi Honorable colega Orpis . Pero, por el contenido del artículo 19, número 24, de la Constitución, creo que se pueden establecer limitaciones al derecho de propiedad derivadas de su función social, lo que involucra la conservación del patrimonio ambiental. Hay una discusión respecto del sentido y alcance de la disposición, de si es hacia delante o hacia atrás. Pero creo que la discusión se tiene que realizar.
Por eso, quiero saber qué pasó con ese informe.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- La Secretaría efectuará una revisión, Su Señoría.
¿El Honorable señor Prokurica pidió la palabra?
El señor PROKURICA.- Sí, señor Presidente, pero entiendo que no puedo hacer uso de ella.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Puede intervenir.
El señor PROKURICA.- Solo deseo hacerlo con miras a la aclaración de dos aspectos, señor Presidente.
Con toda razón, varios señores Senadores han manifestado su preocupación por las emisiones derivadas de las antenas y los celulares, en general.
Quisiera proporcionar una información que solicité a la Biblioteca del Congreso para saber cuáles son las emisiones máximas permitidas en el mundo. Por ejemplo, Australia, en la frecuencia de 870 megahertz, registra 200; Bélgica , 108.8; Brasil , 435, y Chile, 100. O sea, según la selección de países publicada por la SUBTEL, exhibimos los más exigentes parámetros para la emisión de antenas de telefonía en las dos bandas dedicadas a la telefonía celular.
Por eso, las adoptadas en la iniciativa son medidas precautorias en el sentido de que las torres no se pueden instalar sino a cierta distancia, especialmente, de los hospitales, las guarderías infantiles, los lugares donde hay personas de edad. Pero podemos estar seguros de que en Chile existe una normativa muy exigente en la materia.
Y, finalmente, conviene decir algo que ya hizo presente mi Honorable colega Bianchi y que estimo indispensable consignar.
La ley en proyecto no se halla destinada a restringir la instalación de antenas de los radioaficionados, ni de las policías, ni de otras instituciones que hoy día ya la tienen hecha. Porque la radioafición es una actividad, un hobby, que ha sido extraordinariamente importante en los momentos de dificultad, como en el terremoto y el maremoto. Pienso que si las autoridades de la Oficina Nacional de Emergencia hubieran recibido el aporte del Radio Club de Chile o de la Federación de Clubes de Radioaficionados de Chile (FEDERACHI) que le llevamos en su oportunidad, se podrían haber salvado muchas vidas.
Y, por lo tanto, quiero destacar, para los efectos de la historia de la ley, que existe el compromiso del Ejecutivo en el sentido de que en el nuevo plazo fijado para el efecto se puedan incorporar indicaciones -y vamos a presentarlas con mis Honorables colegas Bianchi y Cantero- que permitan excluir de la aplicación de la normativa en estudio a los radioaficionados, quienes no emiten en forma permanente, no persiguen fines comerciales y son indispensables en los momentos de crisis que sufre nuestro país habitualmente.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor y una abstención) y se fija plazo para formular indicaciones el viernes 17 de junio, a las 13.
Votaron a favor las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Pido la palabra.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- De inmediato se la doy, señor Senador.
Permítame antes informar que, respecto a la iniciativa sobre indulto general, se ha propuesto...
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente , excúseme.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Se van a retirar los Senadores, y yo hice un planteamiento.
Pido que se consulte a la Sala si hay acuerdo para que el proyecto recién aprobado pase a la Comisión de Salud. Yo quiero que eso se resuelva aquí. Porque, si no va a dicho órgano técnico, no se analizará exhaustivamente uno de los aspectos reiterados por las propias personas que trabajaron en la materia.
Eso es todo.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Señor Senador, recabé la unanimidad de la Sala la vez anterior y no se dio.
Su Señoría tiene facultad para pedir que se vote.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Así es.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Entonces, se pondrá en votación la petición del Senador señor Ruiz-Esquide en orden a que el proyecto que regula la instalación de antenas pase a las Comisiones de Transportes y de Salud, unidas, para el segundo informe.
El señor CHAHUÁN.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra, señor Senador.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , esta iniciativa en su momento fue solicitada por la Comisión de Constitución. Nosotros logramos sacarla de allí. Luego la requirió la de Vivienda, y también conseguimos dejar sin efecto ese trámite. Ello, porque queremos despachar luego este asunto.
El proyecto, efectivamente, toca materias relacionadas con la salud de la población, con la Ley General de Urbanismo y Construcciones y también con el Derecho Constitucional.
De hecho, le pedimos al Gobierno que simplificara la iniciativa sacándole las disposiciones con efectos retroactivos que podrían afectar derechos adquiridos, justamente para darle rápido despacho a una normativa largamente esperada por la ciudadanía.
Entonces, sugiero lo siguiente: si algún integrante de la Comisión de Salud -también formo parte de ella- está interesado en la materia, que concurra a la de Transportes y participe. Pero no dilatemos más el despacho de un proyecto tan importante.
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Señor Senador , el Honorable señor Ruiz-Esquide ha ejercido un derecho. Por lo tanto, se debe votar la solicitud formulada.
Quienes estén a favor de que la iniciativa pase a las Comisiones unidas de Transportes y de Salud deben votar "sí", y los que opten por mantener el trámite ya establecido, "no".
En votación.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ ( Presidente accidental ).- Terminada la votación.
--Se rechaza la petición (8 votos en contra, 4 a favor y una abstención).
Votaron en contra los señores Cantero, Chahuán, Horvath, Kuschel, Novoa, Orpis, Prokurica y Uriarte.
Votaron a favor la señora Alvear y los señores Quintana, Ruiz-Esquide y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Gómez.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Por consiguiente, se mantiene el trámite ya establecido, con el plazo de indicaciones ya fijado.
"
- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/4991-15