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El señor LAGOS.-
Señor Presidente , hago míos los planteamientos del Senador Coloma con relación a la Ley Orgánica de Municipalidades, que señala que para ser candidato a alcalde o a concejal hay que desprenderse de cierto tipo de bienes.
Tal vez la explicación de por qué se trata nuevamente la situación de los alcaldes en este proyecto de ley, fijándose un plazo de ciento veinte días, es para el caso de que el incumplimiento de esa obligación no tenga sanción. O sea, se trata del candidato a alcalde que debía emprender determinada acción, no la tomó, ganó la elección, asumió el cargo y no tuvo sanción.
Es una alternativa. Pero sería bueno que el Ejecutivo aclarara el punto.
En segundo lugar, en cuanto a las concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción, en que se les impone al Presidente de la República, a los parlamentarios y al Contralor el deber de enajenarlas o de renunciar a ellas, tal vez el sentido es que haya mayor transparencia.
Trato de entender la lógica de lo propuesto.
¿Cuál sería la razón para que un parlamentario no tuviera una concesión de esa naturaleza? Porque quizás alguien podría pensar que se la ganó con malas artes, o porque poseer una radio le generaría en el desarrollo de su gestión una ventaja desproporcionada respecto de los candidatos que algún día quisieran participar en una elección contra este incumbente, quien además de hacerlo bien y ser conocido cuenta con ese medio de difusión.
Si ese fuera el criterio, habría que prohibirles a los Ministros de Estado, subsecretarios, intendentes participar después en una campaña parlamentaria, si desean mantener la propiedad de esa radio.
De ser así, entonces sería bueno saber cuál es la racionalidad de lo planteado por el Ejecutivo al imponer esa diferenciación entre los Ministros de Estado , subsecretarios, intendentes, superintendentes, intendentes de dichas Superintendencias y los jefes de servicios, quienes sí podrían tener una concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción, y el Presidente de la República , los parlamentarios y el Contralor General de la República.
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