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El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Corresponde conocer el informe de la Comisión Especial Investigadora de los organismos públicos involucrados en materia de calidad de la construcción.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 71ª, en 7 septiembre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 11.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Diputado informante es el señor Fernando Meza.
Tiene la palabra su señoría.
El señor MEZA (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión Especial Investigadora de los organismos públicos involucrados en materia de calidad de la construcción, daré a conocer el informe emitido por dicha Comisión, cuya competencia fue asignada por acuerdo de la Cámara de Diputados, y plantear las conclusiones y recomendaciones al final.
La labor de la Comisión consistió en investigar a los organismos públicos involucrados en materia de calidad de la construcción, sobre la base de los hechos públicos y notorios derivados del megaterremoto y tsunami que azotó varias regiones de nuestro país el pasado 27 de febrero, y que evidenció, como todos sabemos, graves defectos en la construcción de edificios o la ruina de éstos, ya fueran públicos o privados.
La Comisión contó con la presencia de los siguientes señores diputados y señoras diputadas: Sergio Bobadilla , René Manuel García , Cristina Girardi , Patricio Hales , Carlos Abel Jarpa, Juan Carlos Latorre, Juan Lobos , Claudia Nogueira , Denise Pascal , Jorge Sabag , Marcela Sabat , Gonzalo Uriarte y Mónica Zalaquett .
Presidió la Comisión, el diputado señor René Manuel García .
El trabajo efectuado por la Comisión consistió, también, en recibir a las máximas autoridades del área de vivienda del sector público, centralizado y descentralizado, como también del sector privado, los entes fiscalizadores y connotados académicos y estudiosos del tema.
Con las exposiciones de los expertos, con los antecedentes aportados y con la discusión en el seno de la Comisión, se estableció una base de trabajo teórico, y se llegó a algunas consideraciones y conclusiones, como las siguientes:
-Solicitar al Supremo Gobierno la creación de mecanismos que permitan la disposición de recursos económicos para crear un fondo de emergencia que haga frente a los daños causados por eventos catastróficos.
-La implementación de personal técnico, así como de especialistas, para que desarrollen en nuestro país los estudios necesarios para proveer los estándares técnicos que permitan una adecuada prevención ante los riesgos de la naturaleza.
-La creación de una institucionalidad específica, cuya función sea la inclusión de estos estándares en las normas y en la legislación vigente, así como una adecuada difusión a la población de su existencia y alcances.
Se solicitó al honorable diputado señor Carlos Montes , por su amplia experiencia, su opinión al respecto. Consideró acertadas todas las conclusiones que se exponen:
-Un proceso de investigación y promulgación consecuente con las normas necesarias en aquellos aspectos en que se ha detectado su carencia: normas para puentes, carreteras, pasos sobre nivel, sistemas de agua potable, etcétera.
-Actualización de las normas técnicas chilenas actualmente vigentes, a la luz de las enseñanzas que dejó el reciente sismo. Por ejemplo, la detección del defecto llamado “piso blando”, muy conocido también por el diputado señor Patricio Hales .
Se solicita, también, en especial al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en relación con el establecimiento de responsabilidades cuando se producen fallas o defectos de edificación, una definición de las responsabilidades que le caben a cada uno de los profesionales involucrados en el proceso de diseño, cálculo y construcción de un proyecto.
-Asegurar, por la vía reglamentaria, una forma de selección de los revisores de cálculo estructural, que impida que éstos puedan ser seleccionados por el mismo propietario para la revisión de sus proyectos.
Independientemente del juicio respetuoso que la Comisión tiene de la seriedad, honestidad y buen cumplimiento de los profesionales y calculistas en Chile, le parece una sana práctica prohibir que el propietario pueda elegir a quien inspecciona y juzga el proyecto de su propia construcción.
También se concluye en que se deben revisar los plazos de prescripción.
Esto es muy importante para todos los propietarios en Chile.
Para la gente que accede a la vivienda básica a través de créditos hipotecarios, los plazos deben ampliarse.
No puede ser que todo comprador de un inmueble deba tener la posibilidad de reclamar, porque no puede ser que el daño lo tenga que advertir el propio propietario.
Cuando los diseños, o la concepción de los proyectos de construcción, hayan sido mal ejecutados, el propietario debe tener más plazos para reclamar, así como la detección de fallas estructurales por parte de los usuarios compradores. Se estimó en diez años, según lo que hasta ahora conocemos, pero nunca se supuso, ni se interpretó, ni se expresó, en los fundamentos del proyecto, ni en el debate, que el usuario comprador sería el responsable de detectar vicios ocultos, insuficiencias en los tamaños de las enfierraduras, de los incumplimientos en el proyecto estructural, de las insuficiencias en las dosificaciones en el hormigón, etcétera.
Por eso, se solicita, también, que, existiendo zonas de riesgo en nuestro territorio, inundaciones por tsunamis, fallas geológicas, remociones en masa, etcétera, se deben incluir exigencias en el permiso de edificación, como una evaluación de los riesgos posibles a que se encuentren sometidas las edificaciones o infraestructuras propuestas; implementar un sistema de inspección técnica externa durante el proyecto de construcción de las obras para certificar la calidad de los materiales; incluir en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción la norma sobre mecánica de suelos NCh 1508.of2008 -que también el diputado Montes debe conocer muy bien-, y la exigencia obligatoria de estudios sobre mecánica de suelos para la obtención de un permiso de edificación.
Se estimó que fueron causantes de una parte de los daños las condiciones de los suelos, ya sea porque no se realizaron los estudios convenientes o por la existencia de fenómenos específicos, como fallas geológicas que no fueron adecuadamente consideradas en el proceso de cálculo.
Por eso, señor Presidente , es necesario crear nuevos estándares y regulaciones que aumenten la seguridad de la edificación nacional; implementar seguros que cubran tanto las obras privadas como públicas. Aun cuando los resultados del terremoto y del maremoto dan cuenta de un adecuado comportamiento de la edificación en general, los daños representan un alto costo económico para quienes los sufrieron.
En el caso de adquisición de viviendas mediante créditos hipotecarios, se deben establecer mecanismos legales para que, además de la exigencia de los seguros que cubren el saldo insoluto de los referidos créditos, los compradores puedan acceder al seguro complementario de incendio, terremoto u otros similares; o respecto de sus propiedades, para que se cubran en forma íntegra los daños ocasionados al inmueble.
Entre otras propuestas de la Comisión investigadora, se señala que debemos solicitar al Ministerio de Educación la implementación obligatoria del área de la construcción en las carreras. Esto es muy importante, porque si no contamos con buenos técnicos, profesionales, por muy buenos materiales que tengamos, vamos a tener también problemas en la construcción de la infraestructura que necesita el país. Es importante que los conocimientos sean acabados respecto de las exigencias sísmicas a las que se encuentra sometido el territorio para evitar los errores que todos conocemos.
También, para asegurar la calidad de las edificaciones y la experiencia de los profesionales participantes, debiera crearse un registro nacional de profesionales para que no aparezcan, como ha sucedido hasta ahora, constructores civiles que apenas saben edificar -por decir algo- una leñera y han firmado por grandes edificios o casas que luego sufrieron los daños conocidos. Este registro nacional va a ayudarnos también a contar con profesionales de calidad. El hecho de avanzar en procesos de certificación de los materiales de construcción y de tener buenos materiales, y, además, buenos profesionales, traerá como consecuencia una buena construcción.
La Comisión considera necesario que para el futuro de la construcción en Chile se debe conocer un detalle serio de todo lo que ocurrió en materia de fallas de calidad y de diseños de construcción que provocaron los daños con ocasión del terremoto recién pasado. Transcurridos ya seis meses, es indispensable que el país conozca las fallas de los edificios construidos por privados, contratados por el Estado o por particulares, inmobiliarias, personas jurídicas o naturales. Es necesario conocer, respecto a las construcciones, a lo menos, lo siguiente:
1. Si la construcción se ejecutó cumpliendo con los planos, memorias y especificaciones técnicas que los arquitectos, como el diputado Hales, conocen muy bien.
2. Si el proyecto de estructura se ejecutó conforme a las obras, hubo fiscalización al respecto, y si las fallas detectadas cumplieron sólo los resguardos que indica la legislación chilena.
3. Por último, qué recomiendan los especialistas para evitar el daño producido.
La Comisión espera que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entregue una ficha de las obras públicas y privadas con el detalle del origen de los daños y recomendaciones para el futuro.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Muchas gracias, diputado Fernando Meza .
Tiene la palabra el diputado Patricio Hales.
El señor HALES.- Señor Presidente , es necesario hacer énfasis en, a lo menos, algunos aspectos que son fundamentales para el futuro de la construcción, para resguardar su calidad, no sólo en casos de sismos, sino de cualquier tipo de solicitación que pueda forzar las estructuras de los edificios.
Me permití hacer una proposición -felizmente, la Comisión la aprobó por unanimidad-, en el sentido de modificar una distorsión que existe en la ley que aprobamos y que se promulgó en 2001 para asegurar la revisión del cálculo estructural. Rodrigo Mujica , ingeniero calculista, nos dijo en la Comisión que esa ley que aprobamos salvó muchas vidas en el terremoto. En ella se señala que si un propietario contrata a un calculista para que le diga cuál es la receta para construir, ese calculista debe ser revisado, como se hace en otras profesiones. En la Salud existe la junta médica, el par revisor. En otras partes del mundo también existe el par revisor. Nosotros lo instalamos recién en 2001. Antes, quien calculaba un edificio, gente seria, con prestigio, con conocimientos de muy buena ingeniería chilena, lo hacía para el propietario y le entregaba la receta para construir. Pero nadie le miraba y empezaron a haber nuevas solicitaciones respecto a la arquitectura. Se acabó el llamado buró chileno, que definía Rodrigo Flores .
Comenzó a haber marcos rígidos, una arquitectura un poco más audaz, más presión del mercado, más competitividad, mayor número de universidades educando calculistas, en fin, un conjunto de materias que hacían prever que podía haber un cierto deterioro de la ingeniería estructural chilena.
Entonces, con los ingenieros calculistas chilenos creamos esta ley que se promulgó el 2001 y que señala que todo propietario tendrá que contratar a un revisor; es decir, contratar al calculista y después a otro calculista que revisa al primero, el cual podría hacerle notar, por ejemplo, que están bien los fierros, que está mala su memoria, que hay detalles, que es necesario tener cuidado con tal o cual antecedente propio del terreno, etcétera. Da una segunda mirada, además, con un costo ínfimo para el proyecto.
Pues bien, ¿qué sucedió después de que despachamos esa ley? Se creó un reglamento que señala cómo debe procederse. Y en ese procedimiento se autoriza que si soy propietario puedo contratar al calculista y elegir quien va a revisar a mi calculista. Nos parece que eso distorsiona el sentido de la revisión. Se trata de que nos revise alguien que no tenga ningún vínculo con el propietario.
Por eso, proponemos, en el punto 2 a) del informe, lo siguiente: “Asegurar, por la vía reglamentaria, una forma de selección de los revisores de cálculo estructural que impida que éstos puedan ser seleccionados por el propietario para la revisión de sus propios proyectos.” Se lo pedimos al Ministerio de Vivienda, porque es reglamentario y no requiere de ley. La ley que hicimos está bien, pero su reglamento la distorsiona No está bien que alguien, que quiera hacer un edificio, contrate al calculista y elija y contrate también a quien lo va a revisar. Está bien que el propietario se haga cargo de los costos, pero, perfectamente, el Instituto de la Construcción, el Ministerio de Vivienda o quien se resuelva podría inclinarse por otro método, como poner una quina, hacer sorteos. El procedimiento va a ser aleatorio, porque, en el fondo, el calculista se obtiene de un registro; no se toma a cualquier calculista para que sea revisor. Lo que se está proponiendo es, simplemente, que no lo elija el propietario. Que lo pague, pero -insisto- que no lo elija.
Decimos, a la letra, que se estima indispensable corregir la anomalía reglamentaria que permite que hoy un propietario que solicita permiso de construcción esté autorizado para contratar a los profesionales que elaboran el proyecto de cálculo estructural y, a la vez, el mismo propietario elige a quien le revisa. Esta situación desvirtúa la ley N° 19.748, promulgada el 23 de agosto de 2001. Esto lo decimos, independiente del juicio respetuoso que la Comisión tiene de la honestidad, la seriedad y el buen cumplimiento de los profesionales y calculistas en Chile. Nos parece sano y transparente resguardar la correcta ejecución de las revisiones.
Otro aspecto fundamental, a la hora de establecer responsabilidades es el relativo a los plazos de prescripción. Una de las materias que se contempló en la nueva ley de calidad de la construcción fue la de establecer plazos para que el comprador del inmueble pudiera detectar fallas de la construcción e iniciar la reclamación. Nunca se dijo que esos plazos eran de prescripción de las responsabilidades. La discusión, cuando hablamos de las estructuras -se establecían, incluso, 20 años en la ley- giró en torno a bajar 10 años el plazo para la detección de la fallas. Pero nunca se habló de los vicios ocultos, del eventual dolo y de aquello que está escondido. No. Nos referíamos al tiempo que necesita el comprador usuario para darse cuenta que falla el papel mural. Recuerdo que yo mismo informe el proyecto en la Sala y lo expliqué detalladamente. Siempre nos planteamos la pregunta de cuánto tiempo necesitaba un comprador para darse cuenta que el papel mural estaba fallado. Pensamos que 10 días eran poco, porque el usuario estaba instalando los muebles; que 20 días también eran poco, porque luego se estaría acomodando. Pensamos también en 60 días. Finalmente, lo dejamos en un año, para que las personas pudieran darse cuenta de si fallaba la pintura o el papel mural. Después pensamos en las eventuales fallas de las instalaciones eléctricas. Tal vez, en un año, el comprador se daría cuenta que el sistema eléctrico no funciona, que no encienden las ampolletas, o tal vez, en un año y medio, en dos o en tres años, con exceso.
En el caso de la estructura, la interpretación que se ha dado a los 10 años de plazo que establecimos, supone que nosotros dijimos que vencido ese plazo no se puede reclamar, aunque al comprador lo hayan engañado y la falla estructural estuviera oculta. Nada más lejos de esa interpretación. Ninguno de nosotros fue cómplice de algo así.
Hay quienes en derecho dicen que hasta los crímenes prescriben. Por lo tanto, también tendría que prescribir la estafa de quien, por ejemplo, cuando construyó, no puso los doce fierros de 18 que le indicaron, en el pilar del primer piso, para sostener el edificio, sino que sólo puso seis. Ningún comprador puede descubrir esa falla oculta de estructura. Para hacerlo, tendría que ser un laboratorista o contratar un laboratorio y calculistas especiales que hicieran una prospección del interior de la estructura, que la compararan con la memoria de cálculo y con los planos, etcétera. ¡Eso es imposible para quien compra un departamento de 1.500 UF, o de 600 ó mil y tantas UF, como los de los edificios destruidos en Maipú, o los del que está quebrado en Hipódromo Chile o del que se desplomo en Concepción! Esa gente no tiene las condiciones para dárselas de inspectores de obras construidas. ¿Qué dijimos? Que esos diez años eran para detectar las fallas que sí pueden ser detectadas.
Sin embargo, el argumento que dan algunas inmobiliarias es que aunque haya habido estafa, dolo o falla intencional del constructor que no cumplió con las exigencias, el plazo de 10 años para reclamar prescribía igual. Con ese argumento, mejor no poníamos plazo y los vicios ocultos quedaban sin responsables, aunque quedaran en evidencia por un terremoto. Poco faltó para que dijeran que lo que habíamos hecho era suponer que los terremotos ocurrían solo cada diez años y que el test sería el terremoto.
Lo que estamos pidiendo es la revisión de los plazos de prescripción, para que se amplíen, especialmente en el caso de fallas o daños estructurales por incumplimiento de normas de construcción, permitiendo que el propietario pueda ejercer la acción dentro un plazo superior al establecido, contado desde el momento en que se advierta el daño. Ésa es otra manera de resolver el problema.
La ley de calidad de la construcción fijó en diez años, tratándose de daño oculto, que no es posible ver. No podemos pedirle al usuario comprador de un departamento que se haga responsable de conocer la insuficiencia de la enfierradura; del incumplimiento en la razón agua-cemento, que es el elemento central de la resistencia del hormigón. No podemos hacerlo responsable de verificar si las dosificaciones fueron correctas o si se alteró esa razón agua-cemento en el curso de la obra, para hacerlo entrar en los moldajes, etcétera.
Entonces, si el test es el terremoto, que los diez años o los mayores plazos -veinte años o lo que sea- se cuenten a partir de cuándo se detecten las fallas. ¿Y cuándo se podrán detectar? Cuando ocurra la “prueba de la blancura”: el terremoto. Desde ahí en adelante correría el plazo suficiente para reclamar, y no desde el momento de la compra y de la firma de la escritura, porque es imposible saber cuándo ocurrirá el “test” que detecta efectivamente esas fallas estructurales.
En otras partes del mundo, los propietarios contratan seguros. En España se contrata un seguro de sismos, y las aseguradoras responden. Algunos dirán que los seguros encarecen la compra. ¿Y no es caro reparar después de un terremoto? Aquí discutimos el tema cuando analizamos el proyecto de ley de financiamiento de la reconstrucción, y sabemos lo que el encarecimiento significa para el país y para los particulares. No pienso sólo en la persona que debe, sino también en la persona que desgraciadamente pagó su compra al contado, porque en este caso no tiene seguro. No olvidemos que el seguro opera respecto de la parte que se debe del crédito inmobiliario. ¿Y qué pasa con el que pagó al contado? A esa persona se le responde que pasaron los diez años. Si hubo dolo, si el edificio se cayó, porque no se cumplieron las normas de construcción, o no se construyó de acuerdo con los planos, es lamentable, pero el tiempo ya pasó. Si la prueba de la blancura fuese el terremoto, el plazo debiera contarse desde la fecha del terremoto.
Es cierto que nadie compra un inmueble con la seguridad de que será eterno, pero si la construcción se hizo con mala intención, con descuido, por incapacidad en las obras o de ejecutar o diseñar, entonces el plazo no puede ser el que aquí está señalado. Éste es un aspecto muy delicado.
La Comisión Investigadora de la calidad de la construcción le pide al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que asuma el problema y que busque un modo de normar, en conjunto con el Congreso. Si es necesario, legislemos sobre esto y revisemos. Tomémonos en serio lo que está ocurriendo. Pensemos en las dificultades jurídicas de las personas naturales, de la pobre gente que ha sufrido los daños del terremoto, a quienes le contestan tonteras, como que simplemente los plazos están prescritos y que no tienen posibilidad de reclamar. No es posible que se castigue al que compró al contado y no tiene contratado el seguro bancario. Son los deudores los que tienen seguro bancario, a quienes les pueden decir que no siga pagando lo que debe. Aun así, la gente se queda sin casa, sin vivienda. Ésta es una materia que es necesario reordenar.
Tengo la impresión de que el Gobierno está trabajando en las urgencias, pero no lo está haciendo con serenidad en el largo plazo. Por lo tanto, esta materia no la ha considerado.
He conversado sobre el tema con la ministra de Vivienda y Urbanismo, en el Consejo Asesor, al que nos ha invitado a colaborar, a pesar de ser opositores. La ministra es sensible a lo indignante que resulta que al comprador le digan que como no detectó las fallas en el uso de su departamento durante diez años, ya no tiene derecho a reclamar. La ministra está consciente de esto.
A la ministra le planteé la idea, y parece que existe disposición para recogerla, de que en el proyecto de ley que enviará el Gobierno sobre las nuevas inspecciones técnicas de obra, las nuevas exigencias de calidad y nueva normativa -no me refiero a las normas de cálculo que se modifican vía reglamento- vendría una proposición respecto de las facultades del comprador para reclamar judicialmente la responsabilidad.
Quiero un solo aspecto como principio. Estoy seguro de que ningún parlamentario quiere mantener en el ocultamiento y en la impunidad a una inmobiliaria que ha construido con mala intención, con dolo, con engaño, con fallas o con incapacidad, y que el propietario, por el hecho de no haberse dado cuenta de la falla, no tenga derecho a reclamar pasados los diez años. Creo que ni un solo parlamentario se haría cómplice de una situación como ésa. Espero que esto se pueda resolver adecuadamente.
Vale la pena que el resto de las materias que se han señalado sean especialmente analizadas en el ministerio, algunas de las cuales deberán ingresar al Congreso Nacional para su discusión.
Un aspecto que no puedo dejar de destacar es que, producto de la tarea del Gobierno a propósito de la emergencia, ha habido poco avance y desarrollo en lo que se refiere a las normas que regulan la ocupación territorial.
Quiero decir, enfáticamente, que si no hay un proyecto de desarrollo local asociado a las definiciones de ocupación del suelo, la gente va a reincidir en la ocupación de los mismos lugares en que su vida corría riesgo.
¿Qué quiero decir con esto? No me canso de repetir el ejemplo de aquel ciudadano que durante cuatro meses vendía empanadas de queso en la playa de Pelluhue, que no tiene una industria productiva de tan alto nivel que le permita tener un local cercano a la playa y su casa en el cerro, al que, después del maremoto, le dijeron que estaba prohibido volver a instalarse en la playa. Pero él responde: “¿Y usted cree que voy a vender empanadas en la cota 18, donde me dicen que me vaya a instalar?”. Eso mismo le ocurre a toda esa gente. No basta con que en la norma se diga: “Retírese a la cota 18”. Se debe asociar la norma a un proyecto de desarrollo, a resolverle sus problemas y colocarse en el lugar de esa gente, a protegerlo y cuidarlo para que no se lo lleve el maremoto, pero que tampoco se lo lleve la quiebra, la cesantía, la inacción, la improductividad.
Ahora, algunos han dado la orden a los alcaldes de que pinten de color rojo todo ese borde y que le prohiban a la gente que construya. ¿Es así de sencillo? ¿Se puede decir a la gente que se mande a cambiar, que se vaya al cerro? ¿Qué hace esa pobre gente que ha vivido toda su vida ahí? Obviamente, tampoco se le puede decir que se vaya a vivir al mismo lugar donde se lo llevó el mar hace pocos días. No es fácil, pero lo que no puede ocurrir es que la calma que llegó nos deje tranquilos, nos olvidemos, nos hagamos los lesos, como si no hubiera pasado nada, y ya veremos lo que sucede en el próximo terremoto, que no será nuestra responsabilidad. ¡No! Por eso digo que revisemos qué vamos a hacer en materia de ocupación territorial.
Felizmente, en el consejo asesor, en el que he participado con varios parlamentarios, hoy aprobamos un conjunto de propuestas en materia de rigurosidad del cálculo estructural, sobre todo la modificación de la norma 433, que el diputado Meza maneja a cabalidad y que no quiso explicar en detalle. Justamente, hoy se publicó en la prensa la modificación a las normas 433 y 430, que regulan el diseño en hormigón armado, que implican un fuerte aumento, que puede significar un encarecimiento de la construcción. Pero, entonces, ¿qué se quiere? ¿Se quiere que se construya mejor, pero que no cueste más? ¡No es posible! La construcción va a aumentar su valor entre un 3 y un 6 por ciento. Eso va a ser inevitable.
Aprecio la presidencia de la Comisión que ejerció el diputado René Manuel García , con extraordinaria apertura y flexibilidad para abrir el debate a todo lo que fuese necesario.
Señor Presidente , pido, formalmente, que se haga entrega, a cada uno de los diputados, de los DVD con los debates de la Comisión Investigadora -fueron televisados-, con las exposiciones de Tomás Guendelman, de Rodolfo Saragoni, de Rodrigo Mujica y de toda la gente que asistió a la Comisión a explicar el tema. Se trató de una verdadera clase para entender qué podemos hacer en estas materias y cómo podemos explicárselo a la gente de nuestros respectivos distritos.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Señor diputado , a cada diputado que lo solicite se entregarán los DVD con las intervenciones de los señores Rodolfo Saragoni, Rodrigo Mujica y de todos los expertos en temas estructurales.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora de los organismos públicos involucrados en materia de calidad de la construcción.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 3 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señora Presidenta , la diputada Adriana Muñoz votó, en circunstancias de que está pareada.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señora Presidenta , el diputado René Manuel García tiene razón.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Se retirarán los votos emitidos por quienes están pareados.
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