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Por haberse hecho presente la urgencia de discusión inmediata, corresponde considerar también el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica el plazo para el reintegro parcial por concepto del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga, establecido en la ley N° 19.764.
Diputado informante de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Obras Públicas, Transportes y telecomunicaciones es el señor Javier Macaya.
Antecedentes:
-Mensaje, Boletín Nº 7019-05, sesión 42ª, en 29 de junio de 2010. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Documentos de la Cuenta N° 4, de esta sesión.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MACAYA (de pie).-
Señora Presidenta , hago presente a la Sala que me corresponde emitir el informe en reemplazo del diputado informante originalmente designado señor Gastón Von Mühlenbrock , quien en este momento se encuentra en la Comisión Mixta encargada de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y esta Cámara durante la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para obtener recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción del país.
Las Comisiones Unidas de Hacienda y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones informan, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley que modifica el plazo para el reintegro parcial por concepto del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga, establecido en la ley N° 19.764.
Durante el estudio de la iniciativa, asistieron a las Comisiones Unidas los señores Felipe Larraín , ministro de Hacienda ; Felipe Morandé , ministro de Transportes y Telecomunicaciones ; Rodrigo Álvarez , subsecretario de Hacienda , y Jaime Salas , abogado de esta última cartera.
En el mensaje se señala que, en conformidad a lo prescrito en el artículo segundo transitorio de la ley N° 20.360, que modificó transitoriamente el artículo segundo de la ley N° 19.764, los transportistas de carga tienen la posibilidad de recuperar, hasta el 30 de junio de 2010, un porcentaje de las sumas pagadas por dichos vehículos por concepto del impuesto específico al petróleo diésel, de acuerdo a tramos porcentuales asociados a los ingresos anuales expresados en Unidades Tributarias Mensuales.
En este contexto y para efectos de la renovación de este beneficio, se ha estimado pertinente establecer un mecanismo que contemple un sistema de recuperación, que prescinda del factor relativo a los ingresos de las empresas y, en cambio, vincule los porcentajes de recuperación a los montos efectivamente pagados por concepto del referido tributo.
El mensaje propone que, a contar del día 1 de julio de 2010 y por un plazo de 16 meses, las empresas de transporte de carga indicadas en el artículo 2º de la ley Nº 19.764 puedan acceder, mensualmente, a una recuperación de 80 por ciento del gasto en impuesto específico, por las primeras 5,4 UTM pagadas por este concepto y, por lo pagado sobre 5,4 UTM, los contribuyentes puedan recuperar el 25 por ciento del monto pagado por impuesto específico, sin tope.
El sistema de devolución establecido en la ley N° 20.360 venció el pasado 30 de junio, de manera que, de no presentarse un mecanismo alternativo, se vuelve al método dispuesto en la ley N° 19.764, con el 25 por ciento de devolución parejo. A esto se debe la urgencia de legislar sobre el particular, ya que hoy estamos a 8 de julio.
Ante eso, el Gobierno presentó un proyecto de ley, cuyo articulado es sustituido en virtud de una indicación del Ejecutivo, luego de lograrse un acuerdo tanto con la Confederación Nacional de Dueños de Camiones como con la asociación gremial Chile Transporte.
El acuerdo considera, además, la creación de una mesa de trabajo compuesta por representantes de los gremios, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Hacienda, que abordará los problemas y desafíos del sector con una mirada de largo plazo.
Es importante enfatizar que prácticamente todos los parlamentarios destacaron la rapidez y eficiencia del Ejecutivo en lograr un acuerdo en esta materia en breve plazo.
Mediante la indicación sustitutiva N° 195-358, de 6 de julio de 2010, el Ejecutivo reemplaza la fórmula de recuperación del impuesto estableciendo que, por un plazo de 16 meses, a contar del día 1 de julio de 2010, las empresas podrán acceder, mensualmente, a una recuperación de 63 por ciento del gasto en impuesto específico cuando sus ventas anuales sean menores o iguales a 18.600 UTM; de 39 por ciento, cuando sean superiores a 18.600 UTM y no excedan de 42.500 UTM, y de 29,65 por ciento, cuando sean superiores a 42.500 UTM.
Esa medida significará un mayor gasto fiscal respecto de la situación que existiría en ausencia del presente proyecto. La estimación del costo anual adicional de dicha medida se presentó en el informe financiero, que señaló que el costo fiscal durante el 2010 será de 8.444 millones de pesos; en 2011, de 14 mil 73 millones de pesos, lo que hace un total 22.517 millones de pesos entre los dos años.
Intervino el señor ministro de Hacienda , quien manifestó que la devolución del impuesto específico a las empresas de transportes comenzó a discutirse el 2000.
La ley Nº 19.764, del 19 de octubre de 2001, estableció el reintegro parcial del pago de peajes y del impuesto específico realizado por las empresas que utilicen vehículos pesados. Este cuerpo legal establece mecanismos de reintegro del gasto incurrido en peajes, en el caso de las empresas de transporte de pasajeros, y del pago de impuesto específico al diésel, en el caso de las empresas de transporte de carga. Para estas empresas se estableció una tabla de recuperación que partía en 10 por ciento, en 2002, y terminaba en 25 por ciento, en julio de 2006.
Asimismo, el señor ministro argumentó que debido al fuerte incremento que experimentó el precio del crudo durante el primer semestre de 2008, cuando llegó a niveles récord de 140 dólares por barril, que afectó fuertemente a los transportistas, se dictó la ley N° 20.278, que contempló un aumento transitorio en el porcentaje de recuperación del gasto incurrido por las empresas de transporte de carga por concepto de impuesto específico al diésel, de 25 a 80 por ciento, mayor devolución que regiría entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2009.
Una vez terminado el boom de precios de los commodities e iniciada la crisis económica, el precio del crudo cayó hasta 40 dólares por barril, encontrándose en 70 dólares por barril a la fecha de término de la vigencia de la ley N° 20.278, lo que ya no justificaba el reintegro del 80 por ciento. Sin embargo, el escenario de crisis planteaba la necesidad de instrumentos de apoyo a las empresas, por lo que volver al esquema del 25 por ciento establecido en la ley N° 19.764 no fue considerado aceptable.
El asunto se zanjó con la introducción de un artículo en la ley N° 20.360, de junio de 2009, que establecía un sistema escalonado de devolución, y que regiría desde el 1 de julio de 2009 hasta el 30 de junio de 2010. Este mecanismo de reintegro tomaba en cuenta los ingresos anuales del contribuyente, estableciendo tres tramos: hasta 18.600 UTM, la devolución era del 80 por ciento del impuesto específico al diésel; entre 18.600 y 42.500 UTM, de 50 por ciento, y superior a 42.500 UTM, el reintegro era de 38 por ciento.
El sistema propuesto actualmente toma en consideración los ingresos anuales del contribuyente y crea tres tramos: hasta las 18.600 UTM, una devolución del 63 por ciento del impuesto específico al diésel; entre 18.600 y 42.500 UTM, de 39 por ciento, y superior a 42.500 UTM, de 29,65 por ciento.
Tal mecanismo implica una rebaja pareja del orden del 22 por ciento en comparación con el sistema de la ley N° 20.360, con un costo fiscal similar a la propuesta original del Ejecutivo de 98 millones de dólares por los 16 meses propuestos, el cual se debe comparar con los 53 millones de dólares que implica volver al sistema establecido en la ley N° 19.764.
De ese modo, el señor ministro finalizó su intervención señalando que el 96 por ciento de las empresas quedarán con una devolución de 63 por ciento; el 2 por ciento, con un reintegro de 39 por ciento, y el 2 por ciento restante, con una devolución de 29,65 por ciento.
Sometido el proyecto a votación general y particular a la vez, se aprobó la indicación sustitutiva del Ejecutivo por la unanimidad de los diputados presentes, la señora Pacheco , doña Clemira , y los señores Auth, don Pepe ; García, don René Manuel ; Hernández, don Javier ; Jaramillo, don Enrique ; Montes, don Carlos ; Norambuena, don Iván ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Robles, don Alberto ; Silva, don Ernesto ; Tuma, don Joaquín ; Von Mühlenbrock, don Gastón , y quien habla.
Es todo cuanto puedo informar a la Sala.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señora Presidenta , sin lugar a dudas, ésta es una materia sensible, porque todos los parlamentarios tienen transportistas en sus regiones.
Por lo tanto, si no se hubiera llegado a un acuerdo habría sido bastante complicado para cada uno de nosotros. Así que, enhorabuena, el Gobierno pudo lograr consenso en esta materia.
Lo que tal vez no me gusta de este acuerdo es el período que abarca. Que se llegue a un acuerdo por un solo año no me parece razonable. Creo que lo acertado es buscar acuerdos que abarquen más allá de ese período. De lo contrario, en 2011 vamos a tener el mismo problema, esto es si se les entrega o no a los transportistas la posibilidad de rebajar el impuesto específico. Lo ideal es tratar de negociar esto a un mayor plazo.
En esta materia hay algo sumamente claro: muchos rubros de nuestra economía pueden descontar el impuesto específico; sin embargo, de acuerdo con la ley original, los transportistas tienen esa posibilidad en un 25 por ciento, lo cual no me parece que sea lo que corresponde.
Por eso, el año pasado se aprovechó la crisis económica y se hizo una corrección en esa materia, lo que permitió a los transportistas descontar un porcentaje mayor al impuesto específico, que es lo mismo que se está proponiendo este año con la prórroga del beneficio mediante un sistema de cálculo distinto al anterior, pero que va en la misma línea de descontar un mayor porcentaje del impuesto a los transportistas más pequeños y disminuyéndolo de acuerdo con las ventas de cada cual.
Además, desde un principio, el Gobierno de Sebastián Piñera ha manifestado que se la va a jugar fuertemente por las pymes. Y la gran mayoría de los transportistas en Chile son pymes. Los grandes son muy pocos. La gran mayoría son pequeños transportistas, pequeños camioneros.
El Presidente demuestra que se la está jugando por ellos con este proyecto que prorroga -reitero, con porcentajes distintos a los del año pasado- la posibilidad de descontar el impuesto específico al diésel, para que los transportistas tengan una menor carga tributaria.
Ahora, como señalé, lo ideal en este tipo de iniciativas es buscar consensos a más largo plazo. Espero que de aquí al próximo año, antes del vencimiento del plazo de vigencia de esta ley, el Gobierno logre algún tipo de acuerdo con los transportistas, pero es importante que sea un acuerdo duradero, que no mantenga a los transportistas en la incertidumbre y a los parlamentarios en una tensión permanente.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado don Carlos Recondo.
El señor RECONDO.-
Señora Presidenta , en primer lugar, quiero recordar brevemente el origen de la devolución del impuesto específico al petróleo diésel, porque creo que es necesario conocer cuáles han sido las condiciones generales en que se ha generado esta devolución.
Debo recordar a esta Sala que la devolución del impuesto específico al petróleo diésel a las empresas de transporte comenzó en 2000. Ahí se estableció un reintegro parcial del pago de peajes y del impuesto específico al diésel.
Lo que hacía esta ley era establecer un mecanismo de reintegro del gasto incurrido en peajes, en el caso de las empresas de transporte de pasajeros, y el pago del impuesto específico al petróleo diésel, en el caso de las empresas de transporte de carga.
En ese entonces, se estableció como recuperación por parte de la empresa, un sistema de reintegro que llegaba al 25 por ciento de la facturación. Debemos recordar que durante el primer semestre de 2008 estábamos en una situación de crisis y el precio del crudo llegó a niveles récord, alcanzando 140 dólares por barril. Esa alza de precios llevó a los transportistas a insistir en la devolución del impuesto específico al petróleo diésel, lo que se resolvió mediante la dictación de la ley N° 20.278, de junio de 2008, que estableció un aumento transitorio en el porcentaje de la recuperación del gasto incurrido por las empresas de transporte por el concepto del impuesto específico al petróleo diésel. Se estableció un reintegro desde un 25 por ciento hasta un 80 por ciento. Esta mayor devolución rigió entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2009. Luego, cuando se acercó la fecha en que vencía ese porcentaje de reintegro, la realidad internacional había cambiado y el boom de precios de los commodities había terminado y, en ese momento, el precio del petróleo ya no era de 179 dólares el barril, sino que había caído a 40 dólares por barril, encontrándose en ese minuto en 70 dólares por barril, que es más o menos el precio que hasta la fecha ha mantenido el petróleo.
Con esos precios no se justificaba un reintegro del 80 por ciento. Sin embargo -repito-, estábamos en un escenario de crisis económica para 2009, con una caída de la demanda y con los transportistas en problemas. En ese escenario de crisis se planteó la necesidad de mantener ese instrumento de apoyo a las empresas de transporte de carga.
En esas circunstancias, volver al esquema del 25 por ciento aparecía como completamente inviable desde el punto de vista de los transportistas y se acordó, introduciendo un nuevo artículo en la ley respectiva, establecer un sistema escalonado de devolución, que rigió hasta el 30 de junio de 2010. Este sistema escalonado establecía tres tramos: aquellos que facturaban hasta 18.600 unidades tributarias mensuales, tenían un 80 por ciento de devolución; sobre las 18.600 UTM y hasta las 42.500 unidades tributarias mensuales, tenían un 50 por ciento de devolución, y sobre 42.500 unidades tributarias mensuales, tenían un 38 por ciento de devolución.
Este sistema venció el 30 de junio de 2010, por lo tanto, de no presentarse un mecanismo alternativo, como el que estamos discutiendo ahora, el reintegro hubiese regresado al 25 por ciento que regía antes del sistema de tramos que comenté recién.
El Gobierno presentó una indicación al proyecto que establece un mecanismo transitorio de devolución, el cual fue consensuado con los transportistas y con los camioneros. Establece tres tramos, pero con porcentajes distintos de devolución.
En el primer tramo, las 18.600 unidades tributarias mensuales de facturación van a tener un 63 por ciento de reintegro; sobre las 18.600 y hasta 42.500 unidades tributarias mensuales, van a tener un 39 por ciento, y sobre las 42.500 unidades tributarias mensuales, van a tener un 29,65 por ciento.
Es importante lo que se ha señalado acá. El acuerdo al que llegó el Gobierno con los transportistas considera, también, la creación de una mesa de trabajo más permanente para abordar los temas de largo plazo. El diputado señor Urrutia señalaba la inconveniencia de que este sistema de devolución fuera transitorio y se tuviera que estar revisando cada vez, con la presión de una fecha de vencimiento y una discusión legislativa a veces complicada.
Por lo tanto, ha habido un acuerdo. El Gobierno no sólo concordó los tramos y los niveles de devolución, sino que también instaló la creación de una mesa de trabajo que aborde los problemas y desafíos del sector con una mirada de largo plazo.
De manera que a mí me parece una buena noticia que esto se haya logrado a través de un consenso amplio, de un acuerdo y los nuevos tramos que he señalado comiencen a regir a partir del 1 de julio de 2010.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado don Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta , no puedo inclinarme por callar debido a la trascendencia de esta iniciativa.
Agradezco el informe conciso y preciso entregado por el diputado Javier Macaya , el cual no merece mayores argumentos; asimismo, lo que acaba de argumentar el diputado Carlos Recondo también fue de una claridad absoluta. Nos llena de orgullo tener economistas en la Comisión de Hacienda que lo hagan tan bien.
Quiero hacer notar, sí, el porqué de esta iniciativa y por qué se modifica esta disposición legal.
El mundo vive momentos difíciles cuando los actores energéticos se involucran en las economías de los países, especialmente, en aquellos no productores de petróleo, entre los cuales está Chile. Entonces, a los no productores esto les provoca una crisis económica interna, al contrario de los países productores de petróleo, los cuales se enriquecen cuando el precio del crudo es mayor.
Hoy Chile no vive ninguna crisis, a pesar del sismo que nos afectó y que ha contribuido a sentirnos con un cierto daño en lo económico, al margen de toda la tragedia que significó la pérdida de vidas humanas. Repito, hoy Chile no vive crisis; por tanto, habría que ver hacia dónde apunta esta modificación. Esto es un apoyo hacia un sector de la economía, como es el transporte. Eso es lo que tenemos que tener claro. Estamos apoyando el transporte porque Chile lo puede hacer puesto que la economía del país está sana. Actualmente, hay una gobernabilidad económica de elite en nuestro país: ayer, Nicolás Eyzaguirre y Andrés Velasco ; hoy, otro de los grandes, el ministro Felipe Larraín . Hay que considerar lo que significa para Chile que estos grandes economistas estén liderando nuestra economía. Nos hace bien, nos agrada y, como legisladores, también nos podemos sentir respaldados cuando tenemos que tomar decisiones como la de hoy.
Reitero lo que dije al comienzo: esto no es consecuencia de una crisis; lo que sucede es que nuestra economía está en condiciones de apoyar a sus sectores, y esta modificación apunta a apoyar al transporte de carga.
Agradezco al ministro de Hacienda , Felipe Larraín , su presencia aquí, a pesar de todo el trabajo que debe realizar con otros sectores de la economía. Estamos bien gracias a los economistas que han liderado nuestro proceso, en el caso actual, el ministro Felipe Larraín .
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra al diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señora Presidenta , uno suele escuchar con atención a los colegas, y a mí me tocó participar en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, en mi calidad de Presidente de esta última.
Aquí se ha hablado de un país que puede ayudar y que está ayudando al gremio de transporte de carga. En realidad, no hace falta ser economista para darse cuenta de que si no se soluciona el problema que estamos analizando, el IPC se va a disparar. Si usamos nuestro sentido común, nos daremos cuenta de que con este proyecto de ley se está ayudando a todos los chilenos.
¿Qué pasa si no se aprueba este proyecto y no se aplica el reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel? ¿Acaso a los transportistas les importa esto? Seamos honestos. ¿Les importa a los comerciantes? Claramente, no, porque ellos, simplemente, van a incluir en sus costos el alza de los combustibles. En consecuencia, si el combustible sube 30, 40 ó 50 pesos, y el transporte de productos que llegan a los locales comerciales sube 10 por ciento, ¿qué van a hacer los comerciantes? También subirán en el mismo porcentaje los productos que venden. Por lo tanto, somos todos los chilenos los que terminamos pagando el alza de los combustibles en nuestra calidad de consumidores.
De manera que este proyecto no constituye una ayuda al transporte de carga, sino a todos y cada uno de los chilenos, evitando que suba el IPC, los fletes y los productos.
Quiero aprovechar la presencia del ministro de Hacienda para hacerle un alcance. Hoy, en el transporte de carga no existe competencia. ¿Cómo se soluciona esto? Los parlamentarios hemos pedido muchas veces que se reactive el servicio de carga de Ferrocarriles del Estado, de manera que exista una alternativa. En un terremoto anterior quedamos, prácticamente, aislados porque se cortaron los puentes; el país quedó cortado. Por eso, es preciso tener otro medio de transporte de carga para que haya una competencia sana. No estoy diciendo que los transportistas no merezcan esta ayuda; todo lo contrario, porque han sido los puntales del país, porque han transportado los productos que necesitamos.
Entonces, aquí se dice que el país puede favorecer a un sector; no, lo que estamos haciendo es favorecer a los 16 millones de chilenos que son los que consumen los productos que mueve el transporte de carga.
Por eso, este proyecto no ha sido objeto de una discusión mayor; por eso, fue aprobado por unanimidad en las Comisiones Unidas; por eso, el Gobierno llegó a un acuerdo con los transportistas, en el bien entendido de que es lo mejor para la comunidad. Éstos son los acuerdos a los cuales tenemos que llegar. Ojalá se hubiera logrado lo mismo respecto del royalty. Y voy a decir por qué no ocurrió lo mismo: porque eso sólo dependía de la buena voluntad de las empresas mineras y porque quedó amarrado en los gobiernos pasados.
Me gustaría que el ministro de Hacienda me contestara lo siguiente: si las mineras no están de acuerdo con el aumento del royalty y recurren a los tribunales, indudablemente, van a ganar, porque existe un acuerdo país al respecto. Por eso, eran importantes los 400 ó 600 millones de dólares; hay que entenderlo. Así como hoy se llegó a un acuerdo respecto del reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel, el país requiere muchos acuerdos más, porque, en verdad, en estos momentos difíciles es cuando conocemos el criterio de las personas. Aquí no se trata de un problema del Gobierno o de la Oposición, sino de favorecer a los chilenos, que necesitan un Gobierno y un Congreso Nacional que satisfagan sus necesidades reales. Eso es lo que estamos haciendo hoy.
Por eso, señor ministro , lo felicito por haber llegado a un acuerdo tan rápido con los gremios del transporte de carga.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Señor diputado , le ruego que se dirija a la Mesa.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Siempre lo hago por su intermedio, señora Presidenta ; no me atrevería a cometer el error de saltarme a su persona. Sería trágico para la Cámara que me saltara a una persona tan agradable como su señoría.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).-
Muchas gracias, señor diputado .
Puede continuar.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señora Presidenta , nos complace tremendamente que los gremios del transporte de carga y el ministro de Hacienda hayan llegado a este acuerdo tan importante para nuestro país.
Ojalá que esto sirva de ejemplo para las futuras negociaciones a que se verán enfrentados el Gobierno, la Oposición y los gremios, por el bien de todo un país que hoy pide a gritos unidad.
Para terminar anuncio que vamos a votar favorablemente este proyecto de ley.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra al ministro de Hacienda .
El señor LARRAÍN (don Felipe).-
Señora Presidenta , en primer lugar, quiero presentar mis excusas a la honorable Cámara de Diputados por haber llegado atrasado a la sesión. Ello se debe a que estuve participando en la Comisión Mixta que estaba analizando el proyecto sobre royalty, que acaba de rechazarlo. Lo informo para conocimiento de quienes no lo sabían. Dentro de ese análisis, no será necesario hacer consulta alguna a las empresas mineras, porque no habrá proyecto sobre la materia.
A continuación, quiero explicar los elementos que están detrás del acuerdo a que arribamos con los gremios del transporte de carga, y agradecer las palabras de los diputados Jaramillo y García, que fueron las únicas intervenciones que alcancé a escuchar.
Este acuerdo fue el resultado de un largo proceso de reuniones con los gremios de los transportistas de carga, representados por sus dos principales federaciones, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y la Asociación Gremial Chile Transporte, con las cuales llegamos a un completo acuerdo sobre la materia.
Entonces, me gustaría comentarles los antecedentes que tuvimos en consideración para llegar a este acuerdo, que justifican la propuesta del Gobierno y lo que, finalmente, se acordó.
La ley N° 19.764, primer acto sobre este tema, estableció la devolución del impuesto específico a los combustibles. La discusión partió en 2000 y la ley fue aprobada el 19 de octubre de 2001, estableciendo el reintegro parcial, tanto del pago de peajes a los transportistas de pasajeros, como del pago del impuesto específico a los combustibles a los transportistas de carga.
Los mecanismos de reintegro se referían, por supuesto, al impuesto específico al petróleo diésel, para el caso de las empresas de transporte de carga. Partía con una tasa del 10 por ciento de reintegro en 2002, terminando con el 25 por ciento en julio de 2006.
Luego de esto ocurrió una situación internacional especial que todos ustedes recordarán: el alza del precio de los combustibles, cuando el barril de petróleo llegó a 140 dólares en los mercados internacionales. Esto generó negociaciones y los transportistas consideraron que el reintegro no era suficiente. De alguna manera, el hecho de que el precio de los combustibles hubiera llegado a tales niveles, generó las negociaciones a que me referí. Finalmente, estas conversaciones terminaron con la dictación de la ley N° 20.278, en junio de 2008, que estableció un reintegro parejo de 80 por ciento del impuesto específico del petróleo diésel, sin diferenciación.
Esta devolución rigió por el período que va del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2009. El proceso volvió a repetirse cuando estaba a punto de caducar dicha ley transitoria. Entonces, empezaba a regir la ley permanente, que establece un reintegro de 25 por ciento. Volvieron a activarse las conversaciones y negociaciones con el Ejecutivo , las cuales culminaron con la dictación de la ley N° 20.360.
¿Qué se arguyó en ese momento? Las circunstancias habían cambiado. Era junio de 2009, momento en el cual el precio del petróleo no era de 140 dólares el barril, sino que la mitad, pues había caído 70 dólares. En todo caso, la economía se encontraba en recesión; por lo tanto, ya no se justificaba el reintegro del 80 por ciento. Pero los transportistas argumentaron que la situación era distinta y que, por lo tanto, atendida la recesión, debía existir cierto reintegro. Finalmente, se consensuó una tabla que fue la que estuvo vigente hasta el 30 de junio, es decir, hasta hace pocos días, que establecía tres esquemas de reintegro: 80, 50 y 38 por ciento, dependiendo del tamaño de la empresa en términos de ventas: hasta 18.600 UTM de ventas, 80 por ciento; entre 18.600 y 42.500, 50 por ciento, y superior a las 42.500, 38 por ciento.
Nosotros tuvimos en consideración algunos elementos para este cambio. El primero de ellos es que el precio del petróleo ya no es de 140 dólares, sino que virtualmente se encuentra en la mitad, entre 70 a 75 dólares para ser precisos.
Tampoco la economía está en recesión, sino que retomando su crecimiento en forma vigorosa.
En tercer lugar, el fisco tiene obligaciones importantes en materia de financiamiento de la reconstrucción. Con estos tres elementos hicimos la propuesta.
Como todos saben, la ley venció el 30 de junio, y de no presentarse un mecanismo alternativo habría caído, como en este momento, al 25 por ciento de reintegro parejo para todos.
El Gobierno presentó un proyecto que, como recordarán los que han seguido esta discusión, establecía 80 por ciento para los transportistas pequeños y 25 por ciento para el resto. Esto no resultó aceptable para las asociaciones gremiales del sector y nos sentamos nuevamente a la mesa de negociaciones para reiniciar las conversaciones con el gremio del transporte. Finalmente, acordamos un esquema que mantuvo virtualmente el costo fiscal de la medida para el fisco, pero estableció una distribución distinta del reintegro.
El acuerdo, logrado también en un muy buen clima, considera la creación de una mesa de trabajo, integrada por representantes del gremio de transportistas, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transportes, para abordar todos los problemas que son importantes para el sector.
Quiero añadir que uno de los problemas que más preocupa al sector transportista, aparte de definir un esquema permanente en términos de reintegro y el tema tributario, es justamente la competencia desleal. Según ellos arguyen, algunos transportistas utilizan combustible que ha sido obtenido por empresas que tienen devolución del ciento por ciento del impuesto específico al diésel, lo que constituye, ciertamente, competencia desleal para quienes cumplen con sus obligaciones tributarias como está establecido en la ley.
Por lo tanto, vamos a abocarnos -y ése es otro tema- a la fiscalización, en forma eficiente, de que los combustibles que se utilicen sean los adecuados y que lo mismo ocurra con los impuestos que se paguen.
La propuesta que finalmente acordamos consiste en establecer, en vez del 80-25, una reducción pareja para los tres tramos. Mantener los tramos, pero aplicar aproximadamente un 22 por ciento de reducción en la tasa de reintegro en cada tramo, con lo cual queda el porcentaje de devolución, en el primer tramo en 63 por ciento; en el segundo tramo en 39 por ciento, y en el tercer tramo en 29,65 por ciento.
El primer tramo, que daba 62 por ciento y fracción, se redondeó a 63 por ciento para favorecer al tramo menor, lo que significa que el esquema de reintegro es como el que figura en el gráfico de acuerdo con el volumen de ventas.
El costo de la propuesta está en términos de 16 meses, porque aquí hay un tema importante, cual es que nosotros hemos acordado que esto rija por ese tiempo, es decir, hasta el 30 de noviembre de 2011. Nuestra intención es que, si podemos hacerlo legalmente, esto rija a partir del 1 de julio, porque lo que existen hoy- ése es el espíritu- es un reintegro de 25 por ciento.
Por tanto, el costo para los 16 meses es 98, pero quiero decir que para 12 meses es de 73; nuestra propuesta inicial tenía un costo de 72, por lo tanto, en nuestra negociación decidimos, fundamentalmente, distribuir en forma distinta el esquema de reintegro.
El 96 por ciento de las empresas del sector quedan con una devolución de 63 por ciento; dos por ciento queda con una devolución de 39 por ciento, y el dos por ciento más grande de las empresas, con una devolución de 29,65 por ciento.
El costo de la propuesta se debe comparar con 53 millones de dólares, costo del sistema establecido en la ley permanente. Para que tengan una referencia, el costo de 73 millones de dólares hay que compararlo con los 93,7 ó 93,5 millones de dólares que costaba el esquema anterior; por lo tanto, el fisco está ahorrando 20 millones de dólares en recursos con esta propuesta.
Adicionalmente, esto hay que compararlo, en tasa anual, con los 40 millones de dólares que cuesta el reintegro del 25 por ciento.
Muchas gracias.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señora Presidenta , queremos sumarnos a lo que acordaron las Comisiones Unidas. Nos parece bastante talentoso el desempeño del Gobierno, al menos en esta materia. Habría sido ideal que en el royalty hubieran hecho algo parecido.
Aquí se logran dos cosas: se rebajan 20 millones de dólares, se redistribuye de manera equitativa entre los distintos tramos y se evita un conflicto con los camioneros; pero, además, se constituye una mesa hasta 2011 para resolver a fondo el tema, porque ésta no es la mejor fórmula.
Valoramos el accionar talentoso del Gobierno en el tema y reivindicamos ese mismo talento para resolver problemas como el del royalty, que se acaba de rechazar en la Comisión Mixta.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde votar general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el plazo para el reintegro parcial por concepto del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga, establecido en la ley N° 19.764.
Hago presente a la Sala que las Comisiones Unidas de Hacienda y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones han informado que el proyecto no contiene normas que requieran quórum especial para su aprobación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 2 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Carmona Soto Lautaro; Gutiérrez Gálvez Hugo; Silber Romo Gabriel.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Andrade Lara Osvaldo; Castro González Juan Luis.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, también queda aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
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