-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639690/seccion/akn639690-ds5-ds6
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/universidad-de-chile-
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/television
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/concesionarios-de-radiodifusion
- bcnres:tieneTramiteConstitucional = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- dc:title = "ANÁLISIS DE LOS EFECTOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS DE LA CONCESIÓN DE SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA DE LIBRE RECEPCIÓN DE DOMINIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. Proyecto de acuerdo."^^xsd:string
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639690
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639690/seccion/akn639690-ds5
- bcnres:tieneResultadoDebate = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639690/seccion/akn639690-ds5-ds6-ds17
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639690/seccion/akn639690-ds5-ds6-ds9
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639690/seccion/akn639690-ds5-ds6-ds12
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639690/seccion/akn639690-ds5-ds6-ds7
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639690/seccion/akn639690-ds5-ds6-ds14
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639690/seccion/akn639690-ds5-ds6-ds10
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639690/seccion/akn639690-ds5-ds6-ds16
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639690/seccion/akn639690-ds5-ds6-ds13
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639690/seccion/akn639690-ds5-ds6-ds15
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639690/seccion/akn639690-ds5-ds6-ds8
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639690/seccion/akn639690-ds5-ds6-ds18
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639690/seccion/akn639690-ds5-ds6-ds11
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639690/seccion/akn639690-ds5-ds6-rs1
- bcnres:tieneTramiteReglamentario = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- rdf:value = " ANÁLISIS DE LOS EFECTOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS DE LA CONCESIÓN DE SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA DE LIBRE RECEPCIÓN DE DOMINIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. Proyecto de acuerdo.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Esta sesión se motivó en una presentación suscrita por 54 honorables diputados y diputadas, con el objeto de analizar los efectos jurídicos y económicos que surgen de la calidad de propietario de la concesión de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción que posee en dominio la Universidad de Chile.
En virtud de tal solicitud, a esta sesión han sido citados el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Felipe Morandé Lavín , y la ministra Secretaria General de Gobierno, señora Ena Von Baer Jahn .
Asimismo, por acuerdo de los Comités Parlamentarios, se ha invitado al presidente del Consejo Nacional de Televisión, señor Herman Chadwick .
En el tiempo previo de quince minutos, contemplado en el artículo 74 del Reglamento, que corresponde al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, agradezco la presencia del abogado presidente del Consejo Nacional de Televisión señor Herman Chadwick .
Entiendo que están invitados la ministra secretaria general de Gobierno y el ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Si estuvieran en el Congreso Nacional sería importante su presencia.
Quiero iniciar mi intervención recordando lo que dice la ley orgánica de la Universidad de Chile, que la define -la hemos definido también los parlamentarios que en 2006 participamos en su última modificación- como una persona jurídica de derecho público autónoma. Es una institución de Educación Superior del Estado, de carácter nacional y público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena autonomía académica y administrativa, dedicada a la enseñanza superior, investigación, creación, extensión en las ciencias, las humanidades, las artes y las técnicas, al servicio del país en el contexto universal de la cultura.
La misma ley señala que conforme a sus estatutos “El Presidente de la República es el Patrono de la Universidad”. Patrono en el sentido etimológico de la palabra: protector, cautelador de los intereses de la universidad pública.
La Universidad de Chile es dueña de la concesión legal de servicio de radiodifusión de libre recepción en la banda VHF, con frecuencias en distintas localidades del país -las más importantes ciudades-, en virtud de la Constitución Política de la República, artículo 19 N°12°, inciso 5°, y las leyes N°s 17.377, artículo 2°, y 18.838, artículo 16.
En efecto, el derecho de la Universidad a efectuar transmisiones de radiodifusión televisa emana de las disposiciones de la ley N° 17.377, de 1970, que en su artículo 2° dispuso expresamente: “sólo podrán establecer, operar y explotar canales de televisión en el territorio nacional, las siguientes instituciones”. Y en la letra b), de esa norma, se nombra la Universidad de Chile. Y agrega que “Las universidades a que se refiere el presente artículo, podrán establecer una red nacional que cubra el territorio, previo informe favorable del Consejo Nacional de Televisión”.
Casi buena parte de mi intervención está dirigida al presidente del Consejo Nacional de Televisión. Entonces, pido a mis colegas diputados que están hablando con él que le den la oportunidad de escucharme.
Con posterioridad a la ley N° 18.838, de 1989, que derogó la citada ley N° 17.377, no terminó con las concesiones establecidas en favor de las instituciones referidas en el artículo 2° de la ley derogada. Al contrario, reconoció expresamente la existencia de dichas concesiones y su subsistencia como prestadores de servicios televisivos y, asimismo, consideró que han obtenido sus respectivas concesiones cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la ley N° 18.838. Es decir, la ley vigente sobre televisión en Chile presumió de derecho que las concesiones del 70, cumplían con todos los requisitos que la actual ley exige.
El derecho de la Universidad de Chile es de carácter indefinido; es un derecho real, patrimonial, transferible, conforme al artículo 16 de la ley 18.838, del Consejo Nacional de Televisión, y el artículo 583 del Código Civil, y se encuentra ese derecho amparado constitucionalmente en el artículo 19 N° 24° de la Carta Fundamental.
Por años la Universidad de Chile ejerció la concesión de televisión a través de la Corporación de Televisión de la Casa de Estudios, hasta el año 1992.
Con posterioridad a ese año, la Universidad de Chile y la Editorial Universitaria S.A. constituyeron una sociedad anónima cerrada denominada “Red de Televisión Universidad de Chile S.A.”(RTU) por escritura pública de 24 de noviembre de 1992. En dicho acto jurídico, la Universidad de Chile suscribió 72.000 acciones, equivalentes a $7.200.000, los que pagó mediante el aporte en plena propiedad a “Red de Televisión Universidad de Chile S.A.” de dos inmuebles en la ciudad de Valparaíso.
El Consejo Universitario con fecha 18 de marzo de 1993, acordó lo siguiente:
Se acuerda por la unanimidad de los presentes, otorgar participación a terceros en la actividad televisiva de la Universidad, bajo las condiciones siguientes -primer acto mediante el cual la Universidad, a través de su Consejo normativo fundamental, autorizó la incorporación de terceros en el uso de la concesión que por ley tiene el carácter de indefinida-, pero con los siguientes requisitos.
-Conservar para la Universidad el 51 por ciento del capital social de RTU y mantener la propiedad del derecho de esta Casa de Estudios Superiores sobre la concesión legal de servicio de radiodifusión.
-Asegurar la debida protección de la imagen institucional de esta Corporación educacional, en armonía con la idiosincrasia nacional, debiendo concordarse con la Universidad los principios generales que orienta la programación de RTU, en esa época.
-Resguardar la estabilidad del personal que trabajaba en el canal.
Analizadas las ofertas que tuvo en esa época la Universidad, de un grupo español denominado ZETA S.A., y de la Corporación Venezolana de Televisión S.A., resolvió por la unanimidad de los presentes aceptar la oferta de la Corporación Venezolana de Televisión, encomendando al rector llevar a término el afinamiento en detalle de dicha negociación.
Con el amparo de las normas legales constitucionales antes citadas y con arreglo a los actos jurídicos también citados, con fecha 2 de abril de 1993, el rector de la Universidad de Chile, solicitó al Consejo Nacional de Televisión, hoy presidido por el señor Herman Chadwick , autorización para transferir a la sociedad anónima cerrada Red de Televisión de la Universidad de Chile S.A., el derecho de usufructo por el plazo de 25 años, respecto de los derechos que le corresponden a la Universidad de Chile sobre la concesión de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción.
El Consejo Nacional de Televisión, con fecha 10 de mayo adoptó la siguiente resolución que en su parte pertinente indica:
“El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy -10 de mayo-, por la unanimidad de los Consejeros presentes, resolvió otorgar una autorización para que la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile transfiera derechos de usufructo sobre las concesiones de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción en la banda VHF, individualizadas en el considerando primero de esta misma resolución a la sociedad anónima cerrada Red de Televisión de la Universidad de Chile S.A.”.
Ese es el único acto jurídico de un ente público mediante el cual se ha autorizado la transferencia del usufructo a una sociedad anónima distinta de la propietaria de la con-cesión, la Universidad de Chile.
Agregó el Consejo en su momento, “la presente autorización se otorga -esto es muy importante- por un plazo de 25 años contados desde el día en que se cumpla la condición bajo la cual se concede”.
Con posterioridad a los hechos jurídicos esenciales que he relatado resumidamente, ocurrieron otros basados en los primeros que resumimos de la siguiente manera:
El 30 de julio de 1993, por escritura pública la Universidad de Chile suscribió acciones que correspondían al 66 por ciento de la Sociedad Red de Televisión de la Universidad de Chile S.A., las cuales pagó aportando y dando en pago, entre otros bienes, el derecho de usufructo de la Red Nacional de Frecuencia de servicios de radiodifusión de libre recepción, por el plazo de veinticinco años, los mismos a que se refiere la autorización del Consejo Nacional de Televisión antes citada, contados desde la fecha de la escritura, es decir, desde el 30 de julio de 1993. Desde esa fecha, se cuenta el plazo otorgado por el Consejo de veinticinco años para la concesión, autorización de usufructo de la concesión legal de la Universidad.
En ese mismo acto, la Universidad transfirió a Venevisión, sociedad en comandita por acciones, un 15 por ciento más del capital social.
Es en esa escritura, de julio de 1993, se estipuló una cláusula que se ha mencionado mucho en la prensa, que expresó “que al término del plazo de 25 años contemplados para la duración del usufructo, este se reno-varía automáticamente por el mismo período de tiempo -es decir, otros 25 años-, salvo que el accionista Universidad de Chile hubiere desahuciado dicho usufructo con una anticipación a la fecha de vencimiento del plazo de, a lo menos, cinco años, lo que sólo podrá ocurrir -el desahucio- en la medida que el socio -de aquella época- Venevisión haya incumplido gravemente sus obligaciones, y así lo determine un fallo arbitral.
Más adelante nos referiremos a este punto, que ha sido leído por algunos como que la concesión es de 50 años.
La historia jurídica de la actual situación del canal de la Universidad de Chile continua esencialmente de la siguiente manera:
Mediante escritura pública de fecha 29 de diciembre de 1994, otorgada en la notaría de don Raúl Undurraga Laso , la Universidad de Chile vendió a Venevisión todas las acciones que tenía en la sociedad “Red de Televisión de la Universidad de Chile S.A.”, en la suma de US$8.846.939. (dólares americanos). En dicha escritura se asumió una serie de compromisos, prohibiciones u obligaciones mientras estuviera vigente la obligación de pagar cualquier parte del saldo de precio.
En virtud de la Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas de “Red de Televisión Universidad de Chile S.A., celebrada el 27 de marzo de 1995, se acuerda modificar la razón social, pasando a denominarse “Red de televisión Chilevisión S.A.”, pudiendo usar como nombre de fantasía “Chilevisión S.A.” o “Chilevisión”.
Con fecha 20 de julio de 1999, ante el notario Eduardo Pinto Peralta , se suscribió entre la Universidad de Chile y Comunicaciones Venevisión de Chile una escritura pública de pago, finiquito y alzamiento de garantías, en la cual Universidad de Chile dio por totalmente pagado el precio de la compraventa de acciones, declaró que nada se adeudaba a la Universidad, alzó las cauciones, prohibiciones y gravámenes y liberó a las sociedades compradoras de todas las obligaciones contraídas.
Por su parte, Comunicaciones Venevisión de Chile también otorgó a la Universidad de Chile el más amplio y total finiquito en relación al contrato de compraventa y sus modificaciones.
Todos los documentos públicos y privados colacionados que he citado los hemos tenido a la vista.
No ocurre lo mismo hasta la fecha, y hemos tenido la colaboración del propio consejo, con el último de los instrumentos relativos al usufructo: Nos referimos al contrato -entendemos, de carácter privado- mediante el cual el grupo venezolano (a la época denominado Claxson) vendió la totalidad de las acciones de Chilevisión a Bancard inversiones Ltda., sociedad controlada hoy en 99 por ciento por el señor Presidente de la República.
Hasta aquí la historia jurídica del usufructo.
Recordemos por un segundo que el Consejo Nacional de Televisión otorgó autorización para que la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile transfiriera derechos de usufructo a RTV S.A., por un plazo de 25 años. La autorización se extiende pura y simplemente a ese plazo. Y no podía ser de otra forma, por dos razones esenciales: la primera, porque eso fue lo que le solicitó el rector el 2 de abril de 1993, y la segunda, aún más esencial, por lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley N° 18.838 vigente, que crea el Consejo Nacional de Televisión, y que en su parte medular señalan:
“Artículo 15°.- Las concesiones de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción sólo se otorgarán a personas jurídicas, cuyo plazo de vigencia no podrá ser inferior al de la concesión. Las concesiones durarán 25 años.”
“Artículo 16°.- En caso de transferencia, cesión, arrendamiento u otorgamiento del derecho de uso, a cualquier título, del derecho de transmisión televisiva de libre recepción, se requerirá la autorización previa del Consejo, el cual sólo podrá denegarla en caso que no se cumplan los requisitos que se establecen en el artículo 18°.”
Así las cosas, por los antecedentes que poseemos, el Consejo Nacional de Televisión jamás conoció de cláusula de renovación automática alguna. Es muy probable que dicha cláusula nunca haya sido llevada a su conocimiento, pues hubo de rechazarla como producto de efectos jurídicos, pues se aparta de la letra y espíritu de la ley.
La presencia de don Herman Chadwick -que agradecemos- en esta sesión es de mucha trascendencia, particularmente en este punto: el de la extensión del usufructo, del que surgen importantes consecuencias jurídicas y económicas para la Universidad.
Volvamos un minuto a la cláusula de re-novación automática que mencioné sólo para recordar que ella actuaba en beneficio del socio Universidad de Chile. Pues bien, como ha quedado dicho, la Universidad de Chile hace mucho que dejó de ser socia. ¿Quién podría sustituirla en su derecho de desahucio si no es socia de la sociedad en que se le otorgaba ese derecho?
Ha surgido en estos días la noticia de la inminente venta del canal Chilevisión . ¡En horabuena, señores ministros!
Se da aquí una clara unanimidad, es indispensable que el actual propietario, el señor Presidente de la República, se des-prenda a la mayor brevedad del total de sus derechos. De la duda inicial del dueño (fundación de por medio) se ha pasado -buena cosa- al convencimiento de lo inconveniente que es mantener una posición activa en la industria. Tenemos la esperanza que el actual proceso se consume y no termine como ocurrió con el anterior anuncio de venta.
¡Pero, cuidado! Lo anterior no se opone a que quede meridianamente claro lo que se vende. Ése es nuestro esfuerzo, y debe ser compartido por todas las autoridades públicas, incluido el patrono de la Universidad, pues se trata de la cautela de un bien que pertenece a un ente público: la Universidad de Chile.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Ha terminado su tiempo, diputado Burgos .
A partir de ahora, su intervención se des-contará el tiempo de su bancada.
El señor BURGOS.-
Sí, señor Presidente.
A continuación haré un par de consideraciones atingentes al proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre, cuya tramitación se ha visto paralizada producto de la situación propietaria de su excelencia el Presidente de la República.
Tanto el mensaje del 24 de octubre del 2008 como el primer informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología de esta Cámara discurren que las concesiones de los actuales titulares se transformen en una concesión UHF, para el caso de aquellos concesionarios que actualmente poseen concesiones indefinidas, entre otros, Universidad de Chile.
El proyecto contempla que en el caso que en futuros concursos públicos ellos no renueven las nuevas concesiones otorgadas para la transformación, tengan el derecho a que se les proporcionen los medios indispensables para continuar con sus emisiones de una señal televisiva digital de calidad consistente con las condiciones tecnológicas del mercado televisivo, con las condiciones de cobertura y vigencia que actualmente establecen las señaladas concesiones indefinidas.
Si bien es cierto faltan aún muchas etapas legislativas, hay aquí otra razón poderosísima para sostener con fuerza los indubitados derechos de la Universidad de Chile.
Para este Congreso Nacional no puede pasar desapercibido el gran cambio que significará para el desarrollo cultural, democrático y valórico de los chilenos, así como para su vida cotidiana, la llegada de la televisión digital terrestre a todos los hogares.
Si hoy nos interesa el debate sobre Chilevisión y la Universidad de Chile es porque observamos una tensión inconveniente entre bienes públicos que han sido puestos en manos privadas, pero que no responden al interés del bien común, sino a los de sus usufructuarios. No queremos que en el debate sobre la próxima ley de televisión nos desentendamos del asunto de fondo que está aquí en juego, cual es el la calidad de este poderoso instrumento de comunicación masiva. No queremos que la futura ley sirva sólo para normar el paso de la tecnología analógica a la digital, sino que con ella también buscamos resolver los propósitos formativos, éticos y culturales que, de seguro, esperará toda la comunidad nacional de nuestra futura televisión.
El que la Universidad de Chile sea la propietaria de una concesión que usufructúa Chilevisión -y muy probablemente otra sociedad unos días más- nos anticipa un escenario posible cuando tengamos la televisión digital terrestre como norma estándar, pues siendo el Estado el que otorga la concesión sobre el espectro radiotelevisivo, es de esperar que los usufructuarios no sólo observen la ley, sino que también sean responsables socialmente con lo que el Estado pone en sus manos.
Que nadie se equivoque. La Universidad de Chile es la nuda propietaria de la señal televisiva. Ha transferido el uso y goce hasta el 30 de julio 2018, debidamente autorizada. Si alguien legítimamente quiere extender dicho plazo, debe dirigirse a la Universidad de Chile para que ésta, en la calidad jurídica de propietaria de una concesión legal, concurra, si lo estima, al Consejo Nacional de Televisión.
El primer rector de la Universidad de Chile, don Andrés Bello , lo dijo claramente en 1855, en el artículo 765 de su obra maestra, el Código Civil: “El usufructo supone necesariamente dos derechos coexistentes, el del nudo propietario y el del usufructuario. Tiene por consiguiente una duración limitada, al cabo de la cual pasa al nudo propietario, y se consolida con la propiedad.”.
Confiamos en que las autoridades aquí presentes, en particular don Herman Chadwick , presidente del Consejo Nacional de Televisión, compartan la esencia de lo aquí expresado, por el bien del derecho y de los títulos indubitados de la Universidad de Chile.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado don Patricio Hales .
El señor HALES.-
Señor Presidente, mi bancada me ha honrado para hablar en nombre de los diputados del Partido por la Democracia.
Desde la propiedad de Chilevisión en manos de su excelencia, el Presidente de la República, se extiende inevitablemente una red de conflictos de interés. Su alta investidura, la amplitud de sus atribuciones, su calidad de Presidente y su atribución sobre el presente y el futuro de la industria de la televisión colocan al señor Presidente en una fuerte contradicción, en la medida en que tiene que tomar decisiones presidencia-les por el bien público y decisiones particulares en función de su negocio, que es uno de los canales de la televisión chilena.
El señor Presidente es autoridad principal de la televisión chilena y tiene a la vez la propiedad de uno de los más importantes canales de televisión. Evidentemente, tiene un conflicto para resolver entre el marco general, los intereses públicos, los intereses de Chile y los intereses particulares de sus propios negocios.
No suponemos en él una deshonestidad. No suponemos en él una mala intención. Pero tenemos la convicción de que tenemos una manera distinta de mirar la distancia entre la ética y la ley. A nuestro juicio, la ley va a la zaga de la ética; es decir, la ley trata de alcanzar a la ética y muchas veces algo que es legal puede no ser correcto.
Injusto resultaría que frente a un problema tan objetivo se nos acuse, como alguien lo ha hecho, de inventar un problema para atacar al señor Presidente de la República. A pesar de eso, debo reconocer que varios dirigentes de partidos políticos de Derecha, de la Alianza por Chile, también han coincidido con nosotros, con diferente tono, en la necesidad de que el señor Presidente resuelva este conflicto de interés y venda con prontitud el canal de televisión de su propiedad.
Chile ha ido avanzando en materia de regulaciones y de normas y no lo hemos hecho solos. Hemos contado, incluso, con el concurso y a veces la propia iniciativa de muchas materias de regulación de conflictos de interés y de transparencia de parte de los actuales miembros de la Alianza por Chile, cuando nosotros éramos Gobierno y ellos eran Oposición. Hemos trabajado en el pasado una agenda en común en este sentido. Eso quisiéramos ver hoy, la misma actitud de cooperación para que Chile vaya resolviendo los conflictos de interés y no un atrincheramiento de banderas políticas frente a un problema tan delicado.
El Presidente de la República, don Sebastián Piñera , en su concepción de lo que es correcto en la medida en que se lo autoriza la ley, ha mantenido algunos conflictos que podría haberlos resuelto antes de la elección presidencial. Y ahora, ya como Presidente, su excelencia, don Sebastián Piñera , tiene -es lo que he detectado- a lo menos once conflictos de interés en relación con su propiedad de Chilevisión y su calidad de Presidente de Chile.
Primero, el señor ministro de Transportes y Telecomunicaciones tiene atribuciones relevantes sobre la industria de la televisión chilena y es inevitablemente un funcionario de confianza exclusiva del Presidente de la República, quien es a la vez propietario de Chilevisión. Alguna tensión se genera en eso.
Segundo, el señor Presidente tiene que nombrar al Presidente del Consejo Nacional de Televisión, que es el organismo máximo regulador de la industria de televisión y que debe regular y controlar a toda la televisión chilena, incluyendo el canal del cual él mismo es propietario. Evidentemente, ese nombramiento genera una contradicción.
Además, cabe señalar que dada la forma de designación de los miembros del Consejo Nacional de Televisión, el derecho del Presidente de la República a nombrar su Presidente de hecho, no de derecho, le da un voto dirimente ante las decisiones que tiene que tomar este Consejo.
Tercero, debido al rechazo en el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Nacional de Televisión, el actual Presidente tiene influencia decisiva en el nombramiento de cinco miembros del Consejo Nacional de Televisión que va a regular la televisión chilena y el canal de su propiedad. Obligado, el Consejo Nacional de Televisión.
Cuarto, su excelencia, el Presidente de la República, nombró al presidente del directorio del canal de Televisión Nacional que, a nuestro juicio, ha sido una decisión poco prudente, en la medida en que se trata nada menos que del principal competidor del canal del cual es propietario particular. Es decir, por una parte, está obligado a hacer un nombramiento de carácter general y público de interés general y, por otra, tiene la intención de defender inevitablemente su propio negocio.
En este sentido, debo decir que lo poco prudente constituye, incluso, probablemente una violación del artículo 6° de la ley N°18.575, que establece que un funcionario “no puede intervenir en razón de las funciones en asuntos que tengan interés personal”. Este es el caso.
Quinto, el señor Presidente propuso al Senado el nombramiento de un nuevo miembro del Directorio de Televisión Nacional, debido a la renuncia del señor José Antonio Galilea , actual ministro de Agricultura, cuestión que a mi juicio tampoco fue prudente, porque debería haber esperado la venta de su canal de televisión antes de hacer este nombramiento.
Sexto, dada la renuncia del Director Ejecutivo de Televisión nacional, el nuevo Directorio de esta empresa tiene que elegir a su reemplazante por una mayoría en su directorio, donde el Presidente de Chile, propietario de Chilevisión también, dada la magnitud porque tiene la designación del Presidente y del Directorio, tiene de hecho una influencia mayor a la hora de la toma de la decisión y de la elección en ese Consejo.
Séptimo, lo hemos expresado pública-mente y con todo respeto: la señora María Luisa Brahm , una mujer inteligente, de primer nivel, trabaja en La Moneda, es la jefa de asesores -por lo que se dice en la prensa- del Presidente de Chile. La ley prohíbe que en el Consejo Nacional de Televisión, lo dice el número tres del artículo 8°, se pueda ser empleado público y miembro del Consejo Nacional de Televisión. La justificación que se dice, nuevamente tenemos esta distancia entre la ley y lo correcto, es que la señora Brahm cobra el dinero que recibe con una boleta de prestación de servicios, por lo cual no estaría en la planta y no constituiría la calidad de empleado público. Entonces, no se estaría faltando a la ley. Evidentemente, es una manera de eludir el cumplimiento de la misma. Nuevamente la distancia entre la ley y lo correcto.
Octavo, puede parecer una pequeñez, algo mínimo: el Festival de la Canción de Viña del Mar. ¡Qué poco se parece a la estatura de esta reunión de Sala! Pero no se cumple el principio de probidad. Cuando el canal Chilevisión participa, evidentemente, no en igualdad de condiciones, porque su dueño es el Presidente de Chile, en la licitación donde hay que tomar la decisión, ¿a cuál de los proponentes se le entrega la con-cesión exclusiva de la transmisión del Festival de Viña del Mar? Aquí se infringe la igualdad de los oferentes y, además, hay algo muy delicado, porque si miramos la Constitución en los últimos cambios que se hicieron, la ley N° 20.050 incorporó en el nuevo artículo 8° el principio de probidad. Incluso, el Tribunal Constitucional ha sostenido la importancia de este precepto, señalando el 26 de agosto de 2008, que los que tengan funciones públicas tienen que dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.
Hemos hecho una presentación a la Contraloría Regional, pero es fundamental que esta Cámara se pronuncie, en un acto colectivo de fiscalización, para tomar también una decisión en este aspecto. Evidentemente, hay un conflicto de interés cuando el señor Presidente de la República participa en la licitación ante la Municipalidad de Viña del Mar para tener la transmisión del festival y, a la vez, es Presidente de todos los chilenos.
Nueve, otro conflicto con la señora María Luisa Brahm . Es un conflicto de interés evidente. Me pregunto: cuando la señora Brahm esté sentada en el Consejo Nacional de Televisión y tenga que tomar una decisión que puede afectar a Chilevisión, porque hay un debate relacionado con ese canal. En ese instante, ¿será miembro del Consejo de Televisión y, por lo tanto, tendrá que defender el interés de Chile, el interés general, o recordará que a las siete de la tarde tendrá que volver -porque trabaja hasta tarde- y decirle a su jefe, al Presidente de la República, que lo perjudicó debido a una decisión que tomó en el Consejo de Televisión? ¿O bien defenderá los intereses de Chilevisión, entrando en contradicción con el alto cargo que ejerce?
Ella es una mujer honesta y no debería estar viviendo este conflicto de intereses. Es decir, está viviendo una situación tensa porque, en el fondo, está tironeada por dos autoridades que pesan en sus decisiones. No es bueno para ella, no es bueno para Chile, no es bueno para el Presidente de la República.
Décimo conflicto de intereses. Me parece increíble que todavía estemos en la Cámara pensando que es posible que podamos discutir los dos proyectos de ley que deben resolver el problema de la televisión chilena. Fíjense que uno de estos proyectos apunta a modificar las normas que rigen para las concesiones. El Presidente de la República tiene un negocio gracias a una concesión. El otro proyecto tiene por objeto adaptar la televisión pública al nuevo escenario, en el cual está el canal del cual es propietario el Presidente de la República, quien va a tener un interés particular, como dueño del canal, y un interés general, como Presidente. De manera que tendrá un conflicto entre el interés público y el interés privado, es decir, entre el suyo como persona -porque todavía no ha podido vender el canal de televisión-, y el que tiene al establecer las reglas generales.
Cuando el Presidente de la República envíe el mensaje y fije la urgencia para la discusión de estos proyectos de ley, estará pensando en el interés de Chile; pero, nosotros tenemos la duda de que también podría estar pensando en el ámbito particular, lo que es malo para él y para Chile.
Undécimo conflicto de intereses. Lo ha expresado de manera brillante el diputado Burgos con todo fundamento; está clarísimo. Para quienes no tenemos la profesión de abogado, buscamos en la biblioteca el Código Civil y vimos qué significa usufructo. Es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa y restituirla a su dueño, en este caso, a la Universidad de Chile. ¿Y quién debería cuidarlo? El patrono. Nuevamente, en mi ignorancia, busco entre los juristas, y encuentro a Eduardo Couture . Vocabulario jurídico: patrono, patronu: de patronus, del latín; de pater, de patris, de padre. Al expandirse la sociedad romana, conservó la expresión antigua de “patronus”, es decir, el que protegía a los pobres; el protector, decían en la Edad Media; el modelo, el jefe del establecimiento y de la embarcación. Ése es el que tiene que cuidar, en este caso, la Universidad de Chile. ¿A quién? Le pido a don Herman Chadwick que nos responda claramente, ¿existe o no existe una resolución que en 1993 estableció que la concesión de esta señal termina ahora, dentro de ocho años, es decir, el 2018? Quiero que se lo diga a esta Sala.
¿Qué queremos que se resuelva? ¿Qué acuerdo queremos que salga de esta Sala? Primero, que se suspenda el trámite de los dos proyectos relacionados con la televisión. Segundo, instar al Presidente de la República a que venda al precio que sea, aunque pierda plata en el negocio; se acabó, tiene que terminar. Tercero, proteger el patrimonio de la universidad. Cuarto, que la Alianza por Chile aproveche este debate como una nueva oportunidad de patriotismo, el mismo que los inspiró en el caso MOP-Gate, para contribuir a que hubiera transparencia, y el mismo que nos inspiró a nosotros, cuando fuimos críticos crudos y duros, en el caso del Transantiago, que fue creado por nuestros propios gobiernos. Hay que tener ese sentido de patria, ese mirar hacia adelante, esa estatura de Estado.
En esa línea, con firmeza tengo que decir que haber hablado con absoluto respeto no significa silenciarnos. Vamos a respetar, que es algo distinto al silencio. Y como dice Felipe Harboe en todos sus textos, es posible que el Presidente de la República tenga una concepción distinta de la ética y de su relación con las funciones del Estado. Tal vez, está convencido de que lo está haciendo bien. Hace ya muchos años se creó esta institución que se llama Cámara de Diputados, donde están los representantes del pueblo, para ayudarlo a que gobierne bien y para decirle con estatura y responsabilidad: señor Presidente, vender Chilevisión , aunque sea a precio de huevo, lo libera de los conflictos de intereses y de las contradicciones que hoy está viviendo. Así podrá gobernar a Chile, inspirado en el programa por el cual el pueblo lo eligió.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Browne .
El señor BROWNE.-
Señor Presidente, hoy me surge una tremenda duda: ¿es real-mente necesario celebrar una sesión especial, convocar a ministros de Estado y ocupar el tiempo de los honorables diputados para analizar los posibles efectos que tendría la venta de Chilevisión en los intereses de la Universidad de Chile?
La historia me dice que, evidentemente, no tiene sentido. Seamos claros respecto de lo que se busca con todo esto. ¿Por qué hoy algunos diputados quieren ser defensores de los intereses de la Universidad de Chile y no lo hicieron cuando creó una sociedad anónima a la cual le entregó el usufructo de su concesión, dejando ésta en una empresa privada? ¿Cómo alguien iba a oponerse a que la universidad se deshiciera de un lastre, porque no tenía la capacidad operativa, técnica ni económica para hacer de Chilevisión un canal viable?
Tampoco lo hicieron cuando esa sociedad fue vendida a una empresa venezolana o cuando se transfirió a una nueva sociedad, también venezolana. ¿Por qué? Es evidente; porque no había nada que defender; todo estaba estrictamente regulado, conforme a derecho y se trataba de una transacción entre privados. Por eso, este Congreso Nacional nada tenía que opinar.
Cuando los venezolanos le venden a una sociedad de propiedad del actual Presidente de la República, Sebastián Piñera , tampoco nadie dijo nada, porque no había ningún problema, porque no había nada de qué preocuparse. Pero, hoy sí habría por qué; hoy sí tenemos que hacer ruido. ¿A qué se debe esto? Digamos las cosas por su nombre. La Concertación no quiere que el Presidente Piñera venda Chilevisión ; no les interesa que lo haga porque les quita un potencial foco de conflicto artificial. No es nada más que eso; estos son fuegos artificiales completamente ficticios. Esta honorable Cámara no tiene competencia en la venta de una empresa entre privados.
Por otra parte, ¿no les parece una pérdida de tiempo discutir sobre una concesión que vencerá dentro de ocho años, cuando, además, ésta se resolverá de acuerdo a lo que establece la ley y los contratos respectivos?
Si debiéramos referirnos a esta posible venta, ¿por qué el Congreso Nacional jamás intervino en la venta de sociedades concesionarias de puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera, cuyas concesiones también tienen fecha de vencimiento, cuando su renovación también está establecida y cuando en ellas no está involucrada una universidad, sino el Estado de Chile? Esto jamás ha ocurrido, producto de que la honorable Cámara no tiene competencia ni atribuciones para intervenir en estas materias.
Esto no es más que un show político, un uso mañoso de instancias parlamentarias para tratar de enlodar la imagen del Presidente de la República. Debemos recordar que no existe ninguna obligación legal por la cual el Presidente Piñera tenga que enajenar su participación en Chilevisión. Cabe señalar que su compromiso de campaña fue dejar el canal en manos de una fundación, en ningún caso, venderlo. Ya como Presi-dente de la República tomó la decisión, libre y personal, de vender Chilevisión , lo que no ha podido llevarse a cabo por motivos comerciales que no me compete analizar; pero, también por la presión de los mismos que piden su venta.
Quiero agregar que muchos parlamentarios, en el Congreso Nacional, no han tenido la voluntad política de sacar adelante una ley de fideicomiso ciego, que establezca realmente la relación entre los negocios y la política, para el Presidente de la República, ministros de Estado, diputados y senadores.
¿Qué tipo de empresas deben ser vendidas y cuáles pueden mantener bajo fideicomiso ciego? Seamos honestos; a los diputados y senadores no les interesa que dicha ley se apruebe. ¿Saben por qué? Porque tendrían que dejar sus negocios, sus empresas, sus intereses; en muchos casos, aparte de tener que dejar su administración, también tendrían que dejar su propiedad.
Me atrevo a asegurar que una vez realizada la venta de Chilevisión, el proyecto de fideicomiso ciego dormirá por siempre porque no hay interés político para definir realmente la relación que debe existir entre la política y los negocios.
El país no está en condiciones de soportar más pérdidas de tiempo en sesiones sin sentido. Hoy nos enfrentamos a la realidad del cruel terremoto, a la realidad cruel del aumento de la pobreza, tal como lo ha demostrado la última encuesta Casen, reflejando el único aumento de ésta en los últimos veinte años.
No sigamos dándole vuelta la espalda a quienes más lo necesitan; Chile no puede seguir soportando ese tipo de pequeñeces, que lo único que hacen es desviarnos de las cosas importantes.
Necesitamos actos de grandeza, actitudes de país para aunar esfuerzos y derrotar definitivamente a la pobreza, sin intereses pequeños, sin intereses ideológicos, sin intereses personales; con un solo enfoque, con un solo interés: el interés del país, de la gente que más lo necesita de nuestro querido Chile.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Schilling .
El señor SCHILLING.-
Señor Presidente, antes de intervenir, quiero plantear una cuestión previa.
Si no me equivoco, nuestra bancada tiene 9 minutos 15 segundos.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Señor diputado, tienen 8 minutos con 15 segundos.
El señor SCHILLING.-
Señor Presidente, a mi juicio, están contando mal el número de integrantes de la bancada. El diputado Luis Lemus pertenece a la bancada del Partido Socialista, trabaja con nosotros.
En esas circunstancias, solicito que desde ahora se corrija la situación y se establezca que la bancada del Partido Socialista tiene 9 minutos y 15 segundos en este tipo de sesiones.
Señor Presidente, ésta es la ocasión para abrir y ampliar la discusión sobre el tema informativo a otros temas propios de la televisión: por ejemplo, como que el pluralismo informativo es esencial para la democracia.
Hace algunos días visitó el país el ex presidente de Argentina, don Néstor Kirchner , y fue la ocasión propicia para que el Presidente de la República, Sebastián Piñera , le señalara el interés de nuestro país para que Unasur suscribiera una cláusula democrática para los países miembros, similar a la vigente en la OEA.
Sin embargo, ésa no fue la única solicitud del Primer Mandatario. Éste le requirió también, según versiones de prensa, una especial preocupación por la libertad de expresión, entendida como un derecho con-sustancial a la democracia.
Lo anterior pone de manifiesto un amplio consenso continental y de nuestra sociedad, en torno a que la democracia debe llevar aparejada sin duda alguna la libertad de expresión. Sin embargo, si traemos esa misma mirada hacia nuestro país, nos damos cuenta de que el panorama no es muy alentador, desde cualquier perspectiva, ni siquiera sólo desde la propiedad de los medios.
El pluralismo no es sólo asunto de propiedad de los medios, sino que también de enfoque. Todos entendemos que existen miradas, visiones de la sociedad, que se expresan en los medios de comunicación. Lo que no se comprende es que haya hechos ocultos, situaciones que se muestran o no, seg��n el ideario de quien las exhibe o comenta.
La delincuencia, que hace dos años llenaba espacios en todos los noticiarios, a las mismas horas y minutos, y en los matinales, hoy día, manteniéndose los mismos índices, prácticamente ha desaparecido de los medios.
Las crisis de la salud pública, en especial en invierno, hace dos años llenaban los matinales con imágenes de postas de urgencia y hospitales; hoy, en cambio, ello casi no aparece.
El Estado debe ser actor y no sólo garante del pluralismo informativo.
Respecto de la propiedad, bien sabemos que, con escasas excepciones, los medios de comunicación se concentran en unas pocas manos, y el problema es que para muchos, ése no es un tema relevante.
Se mira al mercado de los medios de comunicación como un área más de negocios y la respuesta económica es indicar que, en general, no hay barreras de entrada y que, por tanto, no hay restricciones.
Creemos que en esa materia hay un bien público superior a todo otro criterio, que es el pluralismo, y que lamentablemente nuestras leyes no cautelan suficientemente.
Toca al Estado, en consecuencia, un papel relevante, pero no sólo en la asignación de frecuencias y señales; es indispensable que, en aras de la importancia del pluralismo informativo, el Estado promueva y aliente los más diversos medios de comunicación. Para ello, debe fortalecer y ampliar-se el fondo de fomento respectivo, con el objeto de promover y apoyar las más diversas iniciativas que amplíen el universo de opciones de que dispone la población.
El caso de Chilevisión afecta al país, a la democracia y a la propia industria televisiva. El caso de Chilevisión se inserta en dos ámbitos: por una parte, es una expresión del grave problema de falta de pluralismo informativo que vive nuestro país, al que ya hice referencia y, por la otra, manifiesta una situación no resuelta entre el ejercicio del poder público y el ámbito de negocios privados.
La existencia de un canal de televisión asociado al propio Presidente de la República es una experiencia única en nuestra historia. La propiedad de Chilevisión constituye un grave conflicto de intereses que ensombrece innecesariamente nuestra democracia.
La Primera Magistratura de la nación implica un ámbito de decisiones muy amplio, que se extiende a un sinnúmero de materias. No se puede ejercer ese poder tan extenso teniendo intereses en áreas vincula-das o reguladas por el propio Estado. Se trata de actividades en que el sector público tiene un rol esencial, un medio que ocupa una onda estatal regulada o sujeta a la fiscalización de una entidad cuyos titulares, los directores del Consejo Nacional de Televisión, son nombrados por el Presidente de la República y donde uno de los principales actores del mercado, Televisión Nacional, es un canal cuyos máximos ejecutivos también son nombrados por el Gobierno, con la incidencia fundamental del Presidente.
Mantener esa dualidad le hace mal al país; impide avanzar en definiciones de interés respecto de materias tan relevantes como la televisión digital y ensombrece la democracia y el propio ambiente de las telecomunicaciones.
Hace unos meses, por ejemplo, el canal del Presidente de la República, Chilevisión , obtuvo los derechos de televisión del Festival de la Canción de Viña del Mar, uno de los eventos con mayor audiencia del país.
En ese proceso, Canal 13 se restó; Mega formuló una oferta inferior y Televisión Nacional realizó un planteamiento práctica-mente simbólico al no ofertar en el área más relevante del concurso, la renta para el municipio.
Eso no es sano; debe revisarse el modelo de televisión pública.
Un tema que también interesa abordar dice relación con la televisión del futuro; acá se soslaya un tema relevante: en nuestro país la televisión nació como un medio público vinculado esencialmente a las universidades. Con el paso del tiempo se abrió la opción de que privados administraran algunas ondas y señales. Ello es parte del pluralismo y la libertad de expresión y no se discute. Sin embargo, se advierte que tras el modelo de negocios de autofinanciación de Televisión Nacional, hoy la televisión pública como tal tiene poco margen. Ello mismo obligó a la cesión del usufructo de la frecuencia de la Universidad de Chile a los privados que hoy día la gestionan.
Al respecto, acabamos de vivir un hecho muy representativo, acaso de importancia menor en cuanto a contenido, pero revelador del modelo de negocios de la televisión pública: mientras buena parte del país esperaba ver los partidos del campeonato mundial de fútbol, el canal estatal, que compró los derechos, los revendió a un operador de cable, privando a la población de ver los encuentros por televisión abierta y en directo. De televisión pública y de interés general, poco y nada.
¿Cómo se financia el modelo? ¿Estamos dispuestos a avanzar en un modelo como el propuesto por Sarkozy, de quien algunos en la Derecha se sienten tan cercanos, para liberar a la televisión pública de la esclavitud del rating y la propaganda, financiándola con impuestos sobre los ingresos publicitarios de las cadenas privadas y un impuesto especial sobre los operadores de internet y de telefonía móvil?
Ésa es la discusión que debemos dar y para lo cual superar el impasse de Chilevisión es fundamental.
Las universidades, y particularmente la Universidad de Chile, deben recuperar su papel en la televisión pública. Creemos que en el desafío de mejorar la calidad de la televisión y particularmente de emprender un nuevo modelo de televisión pública, las universidades tienen un rol esencial.
Hoy, ellas han perdido espacios de injerencia en sus propios canales, como Canal 13, o se han desprendido completamente de su gestión, como en Chilevisión. Eso debe cambiar. Eso no está en la esencia de nuestra televisión ni habla bien de un país que quiere enriquecer su oferta programática.
La Universidad de Chile, como la casa de estudios más antigua del país y un importante centro de pensamiento, de investigación, debe recuperar su canal de televisión.
Al respecto, la televisión digital abre la oportunidad; sin embargo, volvemos a los temas de conflicto de intereses.
Las leyes que se van a revisar deben regular en cuántas frecuencias se va a convertir la actual frecuencia analógica de cada uno de los canales. Mientras mayor frecuencia digital se le entregue, mayor el precio de reventa del usufructo de las frecuencias. Lo mismo respecto del plazo que va a durar la transición. Mientras más largo, más conveniente para los actuales detentadores de las concesiones.
Por último, por su intermedio, señor Presidente, quiero solicitarle al patrono de la Universidad de Chile, el señor Sebastián Piñera , que le solicite al Presidente de la República, Sebastián Piñera , que instruya al Presidente del Consejo Nacional de Televisión, su primo, Herman Chadwick , que sostenga la defensa de la entrega del usufructo de la frecuencia de la Universidad de Chile por 25 años, aun cuando ello perjudique el precio de Chilevisión, de propiedad del ciudadano Sebastián Piñera .
He dicho.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Informo al diputado Schilling que, de acuerdo a los antecedentes que obran en Secretaría, el diputado Lemus pertenece al Comité Mixto PC-PRSD-IND.
Si se fuera de este Comité, éste quedaría con ocho integrantes, cifra que no alcanza para formar un comité. Por eso, los jefes de bancada deben plantear este tema en la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento.
Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira .
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, al leer la citación para esta sesión pedida por 54 señores diputados, curiosamente uno ve que hay muy poco interés de parte de la Concertación, porque sólo hay diez diputados presentes, de los cuales no todos fueron firmantes.
El objeto de la misma es para “analizar los efectos jurídicos y económicos que sur-gen de la calidad de propietario de la concesión de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción que posee en dominio la Universidad de Chile”.
Como podemos apreciar, el título es muy amplio. Sin embargo, escuchamos con mucho respeto la presentación jurídica del diputado señor Burgos y las intervenciones de los diputados Hales y Schilling . Pero siento un matiz distinto en la de los dos últimos colegas frente a esta situación.
En esta oportunidad, quiero hablar para defender al Presidente de la República. Sobre este tema, pido franqueza. Uno puede decir las cosas de manera distinta, no con tanto énfasis o hacer un gran discurso. Pero, en el fondo, lo que se busca acá es enjuiciarlo.
Fui miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Estudiamos la ley de televisión digital y otra serie de iniciativas, pero nunca vi interés de parte de la Concertación en esta materia.
Sin embargo, las cosas hay que decirlas como son. Aquí hay un claro enjuiciamiento de la Concertación hacia el Primer Mandatario. Una cosa es lo que se diga acá en forma muy mesurada, al menos por el diputado señor Hales , y otra muy distinta es lo que sale en la prensa. Sinceramente, valoro lo expresado por el colega, cuando no le adjudica intención alguna.
Creo que están equivocados quienes pretenden enjuiciarlo, porque sólo con tres hechos demostraré que es un hombre de palabra.
Antes de iniciarse la campaña presidencial, cuando en ese entonces el candidato Piñera había decidido competir por la Presidencia de la República, la Alianza por Chile fue la primera en apresurar la creación de una ley de fideicomiso ciego para transparentar la política de los negocios.
Los diputados de ese sector iniciaron una fuerte ofensiva para regular la actividad empresarial de los parlamentarios, ministros y el Presidente de la República, quien nunca manifestó reparos al proyecto de ley. Al contrario, fue el primero en adherir a esa iniciativa. ¡Ésa es la actitud del Presidente Piñera!
Más tarde, en plena campaña, se comprometió a vender su participación accionaria en la Línea Aérea Nacional, Lan, tema que ya está resuelto.
También cumplió su palabra al tratar de desligarse del canal Chilevisión. En ambos casos hay que destacar que el Presidente adhirió a un compromiso voluntario respecto de su desvinculación de intereses empresariales.
El proceso de venta de Chilevisión se inició como lo había prometido. Pero no debemos olvidar que a principios de junio el proceso de venta del canal al fondo Linzor Capital Partners fracasó.
Ese escenario fue un revés para los planes del Gobierno, pero el Primer Mandatario supo revertir la situación y de nuevo puso en marcha las negociaciones. Así es como en los últimos días, informó a los partidos de la Alianza que el proceso de venta otra vez está en marcha, que se iniciaron negociaciones con otros compradores y que la venta del canal será concretada en los próximos días.
Por eso, pido paciencia a la Concertación, porque el Presidente Piñera va a cumplir su palabra.
Por esta razón, y porque el Primer Mandatario ha cumplido con cada uno de sus compromisos de campaña, se debe establecer con claridad que la venta de Chilevisión es un proceso que pronto se llevará a efecto por su propia voluntad. Además, que se realizará con absoluta transparencia y ajustado a las normas y criterios que establece el Consejo Nacional de Televisión.
La Concertación debe tener paciencia. Sabemos que la venta de un canal televisivo es un proceso complejo, que requiere prudencia y que no se puede solucionar de la noche a la mañana. Por eso, no podemos pretender, como esperaban algunos parlamentarios opositores, que el Presidente se desvinculara inmediatamente de Chilevisión.
Si las cosas no se han podido concretar, están en conocimiento de que ha habido voluntad e intención de superar las situaciones legales que han impedido la venta.
No buscamos ocultar ni truncar procesos. Es cierto que la propiedad de un canal televisivo en manos del Primer Mandatario puede generar dudas y un posible conflicto de intereses. Pero como muy bien lo expresó en esta Sala el diputados Hales , y con mucha claridad, es injusto dudar de la transparencia con que ha llevado a cabo la desvinculación del canal televisivo, compromiso asumido voluntariamente, con mayúscula, y que será resuelto en los próximos días.
Tengan la más absoluta certeza de que el Presidente de la República es un hombre de palabra.
Y cuando se dice que una cosa es lo legal y otra lo correcto, digo a los diputados de la Concertación que han pedido esta sesión, que el Presidente Piñera es un hombre correcto, que cumplirá su palabra y que les dará la tranquilidad de que se acabará cualquier duda de un posible conflicto de intereses.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Ruego guardar silencio a los asistentes a las tribunas.
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier .
El señor TEILLIER.-
Señor Presidente, en realidad, parece que el poco interés por discutir esta materia es de ambos sectores. Esto constituye una desgracia, porque el que una universidad pueda recuperar un canal de televisión que le pertenece, es un gran tema para el Congreso Nacional.
Tal vez, uno podría mantenerse en la disyuntiva de si hay conflicto de intereses o no lo hay. Pero al respecto, sólo quiero decir que hace poco tiempo fui a abrir una cuenta corriente en el BancoEstado. Por cierto, pedí que me dieran una tarjeta de crédito. Pero me contestaron que no podían otorgármela, por el hecho de ser diputado.
Entonces, ¿cómo puede ser que el Presi-dente de la República, a estas alturas, con tal cantidad de conflictos de intereses, pueda todavía seguir siendo dueño de un canal de televisión?
Ojalá lo dicho por el diputado Iván Moreira pronto se cumpla, porque hasta ahora hemos tenido bastante tranquilidad y paciencia. Sin embargo, a estas alturas, me parece conveniente que el Presidente de la República se desprenda de ese canal de televisión.
La manera cómo surgió el tema de la concesión, de la que es dueña la Universidad de Chile, a lo mejor provocó las dificultades para que el señor Presidente pudiera vender Chilevisión . Entonces, se debe buscar una solución para que lo pueda vender y no pierda tanto en la transacción.
Tengo la impresión de que el canal de televisión de la Universidad de Chile, en manos del señor Sebastián Piñera , fue un muy buen negocio, porque es buen empresario. Eso no lo podemos negar.
Además, sería un gran gesto patriótico que, al mismo tiempo en que el señor Presidente de la República se desprenda de ese canal, se proponga iniciar un proceso tendiente a que vuelva a la Universidad de Chile, a sus antiguos propietarios. Así en nuestro país podría haber mayor diversidad de información en los medios de comunicación, porque hasta hoy, en la práctica, éstos sólo responden a un pensamiento único y no dan paso a la diversidad que se requiere.
Para terminar, como dije, espero que pronto ese canal vuelva a manos de la Universidad de Chile.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el presidente del Consejo Nacional de Televisión, señor Herman Chadwick .
El señor CHADWICK (presidente del Consejo Nacional de Televisión).-
Señor Presidente, agradezco a los comités parlamentarios por haberme invitado esta tarde a participar en el debate sobre Chilevisión .
Comparto el relato del diputado señor Jorge Burgos efectuado con gran exactitud jurídica respecto de los hechos y antecedentes de derecho que motivaron la actuación, al menos del Consejo Nacional de Televisión desde 1993 hasta la fecha, en relación con el llamado usufructo de Chilevisión o nula propiedad de la Universidad.
Quiero agradecer también a los honorables señores parlamentarios que han hablado esta tarde, señores Patricio Hales , Pedro Browne , Marcelo Schilling , Iván Moreira y Guillermo Teillier , especialmente por el respeto con que han tratado al Consejo Nacional de Televisión.
En un breve resumen, y antes de mostrar unas láminas muy cortas, quiero señalar que pertenezco al Consejo Nacional de Televisión desde 2001. Me designó en ese cargo el Presidente Ricardo Lagos y fui ratificado, por unanimidad, en el Senado de la República. El 2004, siete consejeros, de diez, me designaron vicepresidente del mencionado Consejo.
Durante un interregno, entre el término del mandato del Presidente Lagos y los primeros meses del mandato de la Presidenta Bachelet , presidí, al igual que hoy, en carácter de interino, durante más o menos siete u ocho meses, el Consejo Nacional de Televisión.
El Presidente Lagos me ofreció ser presidente titular del mismo, pero en ese momento lo rechacé, porque simplemente le quedaban sesenta días para terminar su mandato, y había que dejar en libertad de acción a la Presidenta Bachelet para designar como presidente del Consejo a la persona que creyera más idónea.
Por lo tanto, presidir el Consejo en calidad de vicepresidente no representa para mí una novedad, sino que constituye una tarea que he realizado por largo tiempo, y muchas veces, durante días o semanas, por ausencia de los presidentes titulares.
Quiero recordar a la Sala que el Consejo es un organismo constitucional autónomo. La Constitución establece cuáles son sus elementos esenciales; no está sujeto a supervigilancia o tutela de ninguna especie. El Consejo no depende de autoridad alguna de Gobierno. Sólo se relaciona con el Presidente de la República a través de la ministra secretaria general de Gobierno.
El Consejo lo componen once miembros, de los cuales diez son designados por el Presidente de la República. Sin embargo, la proposición debe hacerla cuidando que esté integrado siempre en forma pluralista.
Durante los nueve años que llevo en el Consejo, nunca he visto una votación que tenga carácter político. ¡Jamás! Siempre las votaciones han sido transversales, y los puntos de vista de uno u otro de sus integrantes se han intercambiado, discutido y analizado con gran altura de miras, lo que habla bien del Consejo, porque es una institución que funciona y bien.
Los miembros del Consejo deben ser, según lo establece la ley, personas relevantes, con méritos personales y profesionales. Hoy está integrado, además de quien habla, por Genaro Arriagada , ex ministro de Estado; por Jorge Carey , destacado abogado; por Gonzalo Cordero, decano de una facultad de derecho; por Jorge Donoso , ex presidente de Televisión Nacional y miembro del Consejo desde mi designación; por María Elena Hermosilla , periodista destacadísima; por Roberto Pliscoff , quien fue subsecretario de Telecomunicaciones en el gobierno del Presidente Aylwin, y por Consuelo Valdés, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam). Su secretario general es el señor Guillermo Laurent , persona de grandes méritos y un gran estudioso.
Por lo tanto, el Consejo, en ésta y en ninguna otra materia, se va a prestar para hacer un juego en contra de los intereses del Estado, de la Universidad de Chile o de cualesquiera de sus instituciones. Tengan tranquilidad, porque, en cada una de nuestras decisiones, vamos a mirar siempre el bien de Chile por sobre el interés personal de cualquier ciudadano.
Es atribución del Consejo otorgar, renovar o modificar las concesiones de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y declarar su término, todo ello en conformidad a la ley.
Dentro de muchas otras atribuciones del Consejo, también debemos autorizar las transferencias, cesiones, arrendamientos -como lo dijo el diputado Burgos - u otorgamientos de derecho de uso a cualquier título y del derecho de transmisión televisiva de libre recepción, el cual sólo podrá denegarse en los casos que establece el artículo 18° de la ley N° 18.838.
Fue así, y contestando derechamente la pregunta del diputado Patricio Hales respecto de cómo el directorio del Consejo Nacional de Televisión, en sesión de 10 de mayo de 1993, integrado en ese entonces, bajo la presidencia del ex ministro José Joaquín Brunner , por los consejeros señores Juan de Dios Vial Larraín , por Miguel Luis Amunátegui , Guillermo Blanco , Jorge Eduardo Ibáñez , Silvia Pellegrini , Pablo Saénz , Ernesto Livacic , Silvio Caiozzi y Juan Bustos , autorizó, en su numeral 5-6, autorizó a la Universidad de Chile para transferir los derechos de usufructo sobre las concesiones de servicios y radiodifusión televisiva de libre recepción en la banda VHF, individualizada en los considerandos primeros de esta misma resolución, a la sociedad anónima cerrada denominada Red de Televisión de la Universidad de Chile, S.A., autorización que se concedió bajo la condición de que la concesionaria hiciera entrega de un trámite en la Contraloría, que había hecho con anterioridad. Y se concedió sólo por veinticinco años, tal cual fue solicitado por la Universidad de Chile en el oficio N° 404, de 2 de abril de 1993, dirigido por el entonces rector de la Universidad de Chile, señor Jaime Lavados Montes , al señor José Joaquín Brunner , presidente del Consejo Nacional de Televisión de la época.
Eso es lo que el Consejo Nacional de Televisión ha conocido y ha decidido acerca de este asunto.
Con posterioridad -invito a mirar el cuadro a través del power point-, hemos concluido y analizado, durante estos días, cuál es la actual situación del usufructo y la nuda propiedad entre la Universidad de Chile y Chilevisión. No hay duda alguna de que la Universidad de Chile es titular de una red de concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción por un plazo indefinido. Así lo era en 1993. Y es por un plazo indefinido, porque su concesión nace de la ley antigua que otorgó concesiones indefinidas de televisión a algunas universidades y al Estado de Chile.
Dicha concesión se encuentra entregada en usufructo a la sociedad Red de Televisión Chilevisión S.A. que constituyó, en 1993, la Universidad de Chile y la Editorial Universitaria para los efectos -señalados precedentemente- de buscar una mejor administración, manejo o disposición, de la señal del canal Universidad de Chile, antes de eso, de propiedad de la Corporación Universidad de Chile.
En noviembre de 1992 se constituyó esta sociedad anónima: 90 por ciento para la Universidad y 10 por ciento para la Editorial Universitaria. En marzo de 1993, la Contraloría General de la República tomó razón del decreto de constitución de dicha sociedad. En abril de 1993, la Universidad de Chile -como dije recién- solicitó autorización al Consejo para aportar en dominio el derecho de usufructo por veinticinco años a la Red de Televisión de la Universidad de Chile, y esta Universidad continuó siendo responsable, como lo establece la ley y los contratos que en ese entonces se firmaron, de todas las emisiones de este canal.
En mayo de 1993, el Consejo Nacional de Televisión de Chile autorizó la constitución de este usufructo -reitero- sobre las concesiones, por parte de la Universidad de Chile, a favor de Red de Televisión Universidad de Chile S.A., por un plazo de veinticinco años, y la Universidad de Chile debería mantener la responsabilidad de sus transmisiones.
En julio de 1993, la Universidad de Chile celebró con Red de Televisión Universidad de Chile S.A. un primer contrato de usufructo sobre sus concesiones de radiodifusión televisiva. Y dicha Universidad suscribió, entonces, 51.275.824 acciones de la sociedad Red de Televisión Universidad de Chile, hoy Chilevisión.
Hasta hoy, la Universidad de Chile mantiene la nuda propiedad de la concesión legal, la cual puede ser indefinida, durante toda su existencia, ya que, como dije, es una concesión otorgada por ley.
En la misma escritura pública, la Universidad de Chile dio en pago, aportó y vendió a la Corporación Venezolana de Televisión, Venevisión , 11.805 mil acciones que representaban el 15 por ciento del capital social.
Por otro lado, en esa misma fecha, se protocolizó un pacto de accionistas entre la Universidad de Chile y Venevisión .
En la misma escritura, el derecho real de usufructo se convino por un plazo de veinticinco años, contado desde el otorgamiento de la escritura.
Se estipuló en ese contrato privado -aquí está lo que se ha debatido durante tantos días-, no en la autorización del Consejo Nacional de Televisión, que el plazo era de veinticinco años y podía ser renovado automáticamente por el mismo período, vale decir, por otros veinticinco años.
Ése es un acuerdo privado entre las partes que no concierne al Estado de Chile, representado y autorizado, en este caso, por el Consejo Nacional de Televisión. Nosotros no podemos otorgar, ni ayer ni hoy ni mañana, ninguna concesión de televisión con cláusulas de renovación automáticas, porque estaríamos incumpliendo la ley que nos creó y desobedeciendo el mandato constitucional que se nos entregó.
Por lo tanto, no hay que confundir lo que las partes han podido pactar, privadamente, con lo que el Consejo Nacional de Televisión autorizó en 1993.
En diciembre de 1994, la Universidad de Chile vendió a Comunicaciones Venevisión de Chile Limitada la totalidad de las acciones de que era titular en Red de Televisión Universidad de Chile, S.A., dejando de ser accionista de la misma.
En julio de 1999, la Universidad de Chile otorgó un amplio, total y completo finiquito a Venevisión de sus obligaciones para con ella. A esta fecha, ni Venevisión ni la Universidad de Chile tienen participación alguna, como accionistas, en Chilevisión S.A.
Por consiguiente, a criterio del Consejo, el plazo de cinco años que podría correr para que la Universidad de Chile, respecto de Venevisión, pudiera haber solicitado la caducidad del plazo, no existe, por cuanto ya no están los socios y en el pacto de accionistas, a través de un finiquito, se estableció que nada se adeudaba entre ellos.
Pero, siempre he estimado que el problema no radica allí, sino en lo que dije anteriormente con respecto a la actuación del Consejo Nacional de Televisión. Para la renovación del derecho real de usufructo, al vencimiento del período inicial de veinticinco años, es necesaria la autorización expresa del Consejo Nacional de Televisión, la cual, de acuerdo con la normativa legal, es soberano para darla o no, pero debe atenerse a la legislación. Me dirán: ¿A qué legislación? A la vigente o a la que exista en 2018, que podría ser diferente a la actual por todo lo que han dicho algunos honorables diputados con respecto a los nuevos preceptos que regirán al Consejo Nacional de Televisión cuando se establezca la normativa sobre televisión digital. En consecuencia, no puedo ser profeta ni decir qué puede suceder el 2018, pero sí puedo expresar que, en conformidad con la legislación actual, debería solicitarse autorización al Consejo para que éste, soberanamente, viera -ateniéndose a la ley, por cierto- si es renovable o no la figura del usufructo.
¿A qué conclusión hemos llegado como Consejo? Que el usufructo termina el 30 de julio del 2018, fecha en que se consolida con la nuda propiedad; que no se renueva automáticamente y que, en caso de constituirse un nuevo usufructo, o pedirse que la cláusula automática opere renovándose por otro período de veinticinco años, se requiere la autorización expresa y previa del Consejo Nacional de Televisión.
Situación actual.
La Universidad de Chile tiene la nuda propiedad sobre concesiones en veintinueve ciudades, de Arica a Punta Arenas, incluyendo a Santiago, y Chilevisión, por su parte, durante los últimos años, ha pedido concesiones en cincuenta y tres localidades, donde tiene la propiedad plena, que han sido otorgadas con posterioridad a 1999.
Ahora, respecto del usufructo de Chilevisión sobre las concesiones, sólo quiero decir lo que expresé recién, en el sentido de que esas son materias que atañen al Consejo.
El Consejo no tiene opinión política al respecto y sí respeta la opinión política de los distintos actores del devenir nacional; sólo tenemos una opinión técnico-jurídica, que es la que acabo de explicar, y que deriva de la Constitución, de la ley que nos creó y de todos los antecedentes que obran en poder nuestro, los que entregaré al Presidente de la Corporación para que disponga su distribución entre los Comités, aunque van a estar en nuestra página web www.cntv.cl a contar de esta misma tarde.
En síntesis, respecto de la propiedad, en diciembre de 1999, Venevisión vendió una parte de las acciones que tenía en la sociedad Chilevisión a la Sociedad Iberoamerican Media Holdings y, la otra, a la Sociedad Iberoamerican Media Partners II Limitada.
En septiembre de 2001, la Sociedad Iberoamerican Media Partners II Limitada vendió las acciones de Chilevisión a la sociedad Claxson Interactive Group , Inc.
En abril de 2005, la Sociedad Iberoamerican Media Holdings Chile S. A. (Claxson Chile S. A.) y la Iberoamerican Media Holdings Chile S. A. vendieron la totalidad de las acciones de Chilevisión.
Por eso, a la fecha, Red de Televisión Chilevisión S. A es dueña de la totalidad de las acciones y acordó aumentar el capital de la sociedad mediante la emisión de 19 millones de acciones.
Esa es la situación actual del canal Chilevisión y es lo que el Consejo Nacional de Televisión ha conocido.
Debo informar a esta honorable Cámara que las transferencias de acciones y los cambios de ejecutivos y directivos de Chilevisión, desde el año 1993 a la fecha, han sido debidamente comunicados al Consejo, según mandata nuestra ley orgánica. Vale decir, se ha cumplido con la legislación.
Quiero expresar mis agradecimientos por haberme permitido participar en esta sesión y entregar la voz del Consejo Nacional de Televisión, toda vez que es importante, tal como se lo expresé a varios diputados, que fuera escuchada esta tarde.
-Aplausos
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente, una vez más tenemos que sesionar convocados por esta nueva Oposición, que no deja de sorprendernos. Una Oposición que es capaz de rechazar una propuesta legislativa de millones de dólares en 15 minutos y de gastar hasta 4 horas en analizar un contrato privado, celebrado el 1993, al amparo de las normas del Código Civil.
Es claro que la Sala no tiene competencia para analizar este asunto, aunque soy partidario, aun contra la ley, discutirlo para que no ocurra lo que la opinión pública repudió permanentemente hace unos años, cuando esta Sala, con la mayoría dominante de ese momento, en una materia que sí tenía competencia, se negó sistemáticamente a crear a una comisión investigadora, denominada por el propio diputado señor Hales como la MOP-Gate.
Esta sesión fue para hacer un verdadero estudio de títulos de un negocio que se realizó a fines del siglo pasado. El diputado señor Burgos nos informó de todos los títulos de esa compraventa. Me pregunto si hay algo más útil y prioritario, en este momento, que analizar los títulos, o el due diligence, de una operación que se realizó hace más de 17 años y que con el correr del tiempo ha generado una serie de subcontratos, también entre privados. Pienso que hay mil cosas más importantes que esto.
No entiendo el argumento que se nos dio, ni aun desde el punto de vista jurídico. Y menos lo entiendo, después de escuchar al presidente del Consejo Nacional de Televisión. En la hipótesis de que la Universidad de Chile, en 1993, se haya desprendido de la concesión, cuando firma el contrato con Venevisión, en el que le ofrece la renovación automática de la concesión, es decir, cuando firma eso sin tener el derecho a hacerlo, estaríamos ante una tremenda contingencia judicial. ¿Pero saben entre quienes? Entre Venevisión y la Universidad de Chile. Por lo tanto, los que convocaron a esta sesión para defender el patrimonio de la Universidad de Chile tendrían que explicar cómo vendió y recibió un precio por algo que no podía transferir. Esto demuestra lo delicado que fue haber convocado a esta sesión, porque si concluimos que la Universidad de Chile no podía transferir una concesión de esta naturaleza, el Fisco tendría que responder, porque la Casa de Bello habría recibido un precio por algo que no tenía derecho a transferir. ¡Claro! Esta no es la situación, y aunque así fuera, el tema no le compete a esta Cámara, a la Oposición, al Gobierno ni a nadie, sino que le compete a los abogados de la Universidad de Chile y de la contraparte, particularmente a los de la empresa venezolana, que pagó un precio por algo que, teóricamente, según lo que algunos quisieran afirmar, no tenía derecho a contratar.
Pero quiero insistir en un punto. Sorprende este interés tardío de algunos por la situación patrimonial de la Universidad. Se hizo una lata relación de lo ocurrido desde el año 1993 a la fecha y en ningún momento escuché, cuando se hablaba del fondo, de cuando se transfirió el 10 por ciento y, después, el 90 por ciento a la empresa venezolana; de cuando se refirió a Claxon y después a los bancos, en el 2005, y lo podrá confirmar el Presidente del Consejo Nacional de Televisión, que algún consejero, nominado por la Concertación, o a algún rector de la Universidad de Chile, hubieran impugnado o hecho algún reparo. Pero ahora que Sebastián Piñera es Presidente de la República, surge este sorpresivo interés por el resguardo patrimonial.
Sobre el conflicto de intereses por el canal de televisión, no me voy a referir, porque el Presidente de la República, en campaña, prometió transferir el canal y su administración a una fundación, pero hoy tomó la drástica decisión de venderlo. Lo dijo y lo hará en los próximos días; por lo tanto, todo lo que se diga, cae por su propio peso.
Pero sí es la oportunidad para hablar de los conflictos de intereses y en serio. El análisis debe ser objetivo, porque no es posible que se exija un estándar de moralidad al Presidente de la República, quien voluntariamente ha cumplido al desprenderse de bienes, quien voluntariamente se sometió a un fideicomiso ciego, y nada se exija, como no se exigió hace unos años y con el mismo estándar, a parlamentarios y autoridades. ¡Por favor! Tengo una larga lista, con mucho más de los 10 puntos que mencionaba el diputado señor Hales . Tengo casos de parientes que fueron beneficiados con contrataciones directas de las autoridades del gobierno de turno y nadie habló en ese momento de conflicto de intereses. La lista es larga, pero no vale la pena seguir. Gracias a Dios, tenemos un Presidente de la República que no sólo se guía por la legalidad, sino que por lo que le corresponde hacer. Si se hubiera guiado sólo por la legalidad no habría tenido que vender ninguna de sus empresas.
Este ejemplo debieron haberlo practicado muchos senadores, diputados, gobernadores y otras autoridades de entonces, entregando sus bienes a un fideicomiso voluntario, como lo hizo el Presidente Piñera .
Una última reflexión. La gente se pregunta hasta cuándo va a durar esta actitud de la Oposición. Se entiende que las oposiciones están para jugar un rol fiscalizador, pero no todo tiene que ser obstruir, atacar, criticar y, también, perder el tiempo.
¡Revisen las sesiones especiales que han sido convocadas solo en esta legislatura! Tenemos siete convocadas por la Concertación. A la primera fueron citados ocho ministros, para que estuvieran todos sentados ahí al frente. El Gobierno había asumido hace 11 días. ¿Para qué? Para decir que los ocho ministros, sentados ahí al frente, no tenían nada claro respecto del terremoto, no tenían un solo balance, no habían hecho nada y esto iba al fracaso. Eso fue a 11 días de asumir el Gobierno.
Después fueron citados a sesión otros cinco ministros. ¿Para qué? Para decir que se estaban haciendo puras reasignaciones arbitrarias, que todas las reasignaciones presupuestarias eran abusivas.
Una semana después, nuevamente citan a los ministros para juzgarlos por enajenaciones supuestamente discriminatorias. Y podría seguir enumerando.
No creo que las oposiciones estén para convocar todas las semanas a sesiones que no conducen a nada, sin fundamento, porque también podríamos hacer una sesión como ésta para proponer, para tratar de levantar este país, para ver en qué podemos estar de acuerdo, para poder acelerar la ley de fideicomiso ciego. Para eso podríamos hacer sesiones especiales. A veces, siento que ésta Oposición se ha transformado en una herramienta para dañar la figura del Presidente de la República a cualquier costo y ésa no es la Oposición que este país quiere. Francamente, creo que también está llamada a colaborar, a aportar y a ponerse contenta cuando las cosas salen bien y no a alegrarse cuando al Gobierno le va mal o no logra sus objetivos.
Tenemos tres años por delante y la responsabilidad de la reconstrucción. Definitivamente, este país debemos reconstruirlo todos. El Presidente de la República ha hecho innumerables muestras de apertura para poder discutir distintos temas. Definitivamente, este país requiere a todos: al Gobierno y a la Oposición. Con estas sesiones especiales, con esta tendencia que hemos marcado hasta ahora, los únicos que pierden son los chilenos, y les aseguro que los primeros castigados serán los que semana tras semana, sesión tras sesión, lo único que hacen es entorpecer la reconstrucción del país.
He dicho.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, quiero abordar algunos temas relacionados con el proceso de concesión y hacer, desde mi perspectiva y la de la UDI, algunas precisiones y aproximaciones de índole político de lo que significa esta sesión.
Desde ya, agradezco la presencia de los dos ministros de Estado y del presidente del Consejo Nacional de Televisión.
Primero, respecto de las concesiones que tiene actualmente en usufructo la sociedad denominada Red de Televisión Chilevisión S.A., cabe a señalar -y a mi juicio, aclarar- que la constitución del usufructo en manos de un tercero sobre dichas concesiones constituyó una decisión tomada, en carácter definitivo, por las autoridades de la Universidad de Chile en 1993. Es decir, hace 17 años. Además, a favor de una persona distinta de Chilevisión y, por consiguiente, distinta de la figura del actual Presidente de la República. Por ello, creo que es necesario manifestar, con claridad, que no existió relación alguna entre tal decisión y quienes actualmente son propietarios de la Red de Televisión Chilevisión.
Cabe agregar que, con anterioridad a la cesión de los derechos del 10 de mayo de 1993, la constitución de dicho usufructo fue autorizada por el Consejo Nacional de Televisión, como lo recordó su actual presidente, cuando era presidido por don José Joaquín Brunner , ex ministro de Educación de los gobiernos de la Concertación, por un plazo de 25 años.
En efecto, la Universidad de Chile, bajo la rectoría del señor Jaime Lavados , al hacerse socia de la sociedad anónima Red Televisión de la Universidad de Chile, suscribió más de 50 millones de acciones, dan-do en pago un derecho real de usufructo sobre las concesiones de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción de que dicha universidad es titular.
Tales derechos sobre la Red de Televisión de la Universidad de Chile, de que hoy Chilevisión es titular del derecho de usufructo sobre las concesiones televisivas en todas sus condiciones, fueron enajenados por la casa de estudios, entre 1993 y 1994, a Venevisión Chile S.A. y a comunicaciones Venevisión de Chile Ltda., dejando de ser accionista la misma. Se otorgó amplio finiquito en 1999.
Recién en 2005, Bancard Inversiones Limitada e Inversiones Bancorp Limitada, en las cuales el Presidente Piñera tiene participación societaria, adquirió las acciones de Red Televisión Chilevisión S.A.
Por consiguiente, Chilevisión es actual titular del usufructo de concesiones de radio televisión por un plazo de 25 años, con 53 localidades, autorizada por el Consejo Nacional de Televisión a partir de 1993, dado que el vencimiento de dicho plazo corresponde en 2018. Entonces, corresponderá que en dicha fecha se solicite, por los interesados, una nueva autorización en el caso de que se quiera renovar el usufructo, solicitud que, en su mérito y en conformidad con la legalidad vigente, analizará el Consejo.
Por lo tanto, la Universidad de Chile resolvió hace más de 16 años, de conformidad con sus estatutos y la legalidad vigente, corroborada por la propia Contraloría General de la República, la forma en que se han ido vendiendo y traspasando los distintos paquetes accionarios, ya relatados de sobremanera en esta sesión.
Las sociedades en las que tiene participación el Presidente Piñera adquirieron derechos de televisión recién en el 2005. De tal manera que es inexistente la intervención de éstas en la constitución del usufructo de la concesión de televisión por parte de la Universidad de Chile. Esto es importante volver a reiterarlo, dado el tenor de algunas afirmaciones que hemos conocido en esta sesión y en medios periodísticos.
La renovación pactada, en 1993, entre la Universidad de Chile y Venevisión, respecto del usufructo otorgado a la Red de Televisión de la Universidad de Chile, no impide ni menoscaba la decisión que ha de tomar el Consejo Nacional de Televisión, en su oportunidad y en su mérito.
Hechos estos alcances y precisiones, me permito establecer y volver a reiterar, desde nuestra perspectiva -así consta en los me-dios de comunicación-, la decisión absoluta, irrevocable y definitiva del Presidente Sebastián Piñera de enajenar los activos que tiene en Chilevisión. Esa decisión, que ha sido reiterada en el período previo a ser Presidente de la República y sostenida durante los últimos meses, ha sido evidente y sólo la mala fe podría decir que el Presidente de la República no tiene interés en vender Chilevisión.
Además, tiene tomada esa decisión por las mismas razones que muchos acá señalan. ¿Alguien cree que el Presidente Piñera no vislumbra o no se da cuenta de que pueden existir conflictos de intereses por tener esa propiedad durante el mandato de su cargo? ¿Acaso no fue eso lo que lo motivó a tomar también la decisión de vender LAN Chile y su paquete accionario de la Clínica Las Condes? ¿Estamos frente a un Presidente de la República que no quiere mirar esas situaciones? Por el contrario, estamos frente a un Presidente de la República que responsablemente se hace cargo de eso. Yo creo -la evidencia está en todas partes-, sin duda, que el Presidente tiene un récord impecable en materia de proceder de esa forma.
Quizá, se le podrá criticar que lo ha hecho más rápido o más lento. El mismo Presidente de la República, respecto de la venta de Chilevisión, ha sido muy claro en señalar que tuvo un traspié en el proceso de venta con uno de los grupos económicos interesados, y ha reiterado que ha cambiado a los encargados de la venta, distintas organizaciones, para que se realice la operación. Creo que nadie podría decir que no existe esa voluntad expresa, clara y manifiesta por parte del Presidente. Ha existido para otros intereses y sigue existiendo para Chilevisión, tema aún pendiente, pero no por falta de voluntad de decisión, sino por las dificultades en este proceso, que varios ya han señalado.
Segundo, creo que es importante señalar que el proceso -bajo el comportamiento democrático- se ha hecho con total transparencia. No hay nada oculto, no hay nada que la opinión pública no conozca. Se han conocido las negociaciones, se han conocido los procesos. ¿Podría alguien de la Concertación o de la opinión pública señalar alguna conducta inadecuada del señor ministro de Transportes en el tratamiento de esto? ¿Podría alguien señalar alguna conducta inadecuada de la señora ministra Secretaria General de Gobierno en este sentido? ¿Podría alguien señalar que el Presidente de la República o alguna de las autoridades ha hecho usufructo o se ha beneficiado de alguno de estos posibles conflictos de intereses que perjudican el interés nacional? No hay nada que sacar. ¿Podría alguien, yendo aún más lejos, decir que el Presidente de la República, propietario de Chilevisión, teniendo el derecho, ha usado el canal Chilevisión en un sentido que no sea el pluralismo, dentro de la órbita del comportamiento democrático y del periodismo en Chile? Para mí, como parlamentario de Gobierno, a veces, me resulta irritante el pluralismo de Chilevisión y ver cómo se da tribuna a los distintos sectores, cuestión que no ocurre, incluso, en otros medios de propiedad de gente a fin a la Concertación.
¿Podría alguien decir objetivamente que se utilizó Chilevisión en beneficio de la candidatura presidencial? ¿Podría alguien decir que la mayoría de los gerentes y periodistas de Chilevisión son de Derecha?
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Ruego guardar silencio en las tribunas.
El señor MELERO.-
¡No es así!
-(Aplausos)
Y ustedes saben, y la más clara demostración de ello no es el aplauso de un grupo de personas en las tribunas, sino cómo la opinión pública ha premiado la gestión. Acaso, ¿ustedes creen que Chilevisión está en el lugar que está por haber tenido una gestión poco pluralista o por haber representado sólo a un sector político? Por algo tiene los ratings y la composición que tiene, pues ha actuado en la forma que la opinión pública lo ha obligado como medio de comunicación a hacerlo. Pero ése es un comentario de mérito.
En tercer lugar, la voluntad del Presidente de vender, la absoluta transparencia con que se ha hecho y la inobjetable acción que ha tenido junto a sus ministros de Estado en esta materia.
Vamos al tema de la Universidad de Chile. Al interés más reciente, más obvio, más claro, más activo que ha demostrado en este proceso de venta. No seamos ingenuos, la Universidad de Chile es propietaria de la señal y quiere hacer un buen negocio con ella. Espero que algunos parlamentarios ni siquiera piensen en la posibilidad de que la señal vuelva a la Universidad de Chile. Diputado señor Teillier , ¡la van a vender y muy bien! ¡Ofrezcan 10 millones de dólares al rector por la señal! ¡Va va a quedar feliz!
El señor TEILLIER.-
Señor diputado, dígaselo al rector y no a mí.
El señor MELERO.-
¿Quién podría decir que no hay un interés económico?
-(Aplausos)
¿Quién podría decir que no hay un interés económico en todo esto? Si la Universidad de Chile sabe que antes tenía un solo canal en el espectro radioeléctrico, que legítimamente se ha valorizado muchísimo y, obviamente, quiere sacar un mejor partido, por lo que ha concordado con un grupo de parlamentarios e ilustres ex ministros que se encuentran en tribunas para que esto se consuma bien y, por ende, para que a la Universidad de Chile le vaya bien. ¡Eso es legítimo! Pero no caigamos en la ingenuidad que es propiedad del Estado, que la Universidad de Chile, que el patrimonio, que el patrono, etcétera. ¡No! La Universidad de Chile quiere aprovechar esta oportunidad que se le da para hacer un buen negocio, ganar dinero y que al nuevo adquiriente le vaya muy bien. ¡Es legítimo y está bien!
Sin embargo, a veces pareciera que se exige al Presidente de la República la venta y, paralelo a ello, empiezan a aparecer todas estas dificultades. No obstante, tengo un buen augurio. Creo que todo va a terminar bien; que el Presidente de la República va a cumplir con su compromiso; que los conflictos de intereses que no se han dado hasta ahora en los hechos tampoco se darán, ya que no queremos generar ningún riesgo. Mi sector político, la UDI, ha sido muy claro y expreso en esta materia y no tenemos por qué reiterarlo, ya que más temprano que tarde este tema estará totalmente finiquitado.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
¡Por favor, silencio en las tribunas!
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre .
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, no deja de ser sorprendente que parlamentarios de la Derecha -de Renovación Nacional y de la UDI- digan que esta sesión no es importante.
Cuando citamos a esta sesión, cumpliendo con lo que exige el Reglamento, planteamos que pudiera asistir don Herman Chadwick como Presidente del Consejo Nacional de Televisión y, extrañamente, nuestros colegas de Renovación Nacional y de la UDI se opusieron a este hecho, pues para que él pudiera estar presente en esta sesión se requería de la unanimidad de la Sala y, una vez que les enrostramos este hecho, estuvieron dispuestos a cambiar de opinión y a permitir que él estuviera presente.
Cómo no va a ser relevante su presencia, considerando que lo que ha dicho aquí tiene importancia decisiva. Y lo ha dicho de cara a todos los parlamentarios. ¡Sin excepción! Por ello, quiero agradecer su disposición de estar presente en esta sesión y que nos haya entregado los antecedentes que nos permiten aclarar, en forma definitiva, muchos aspectos respecto de lo que debe ser la posible venta, transferencia -eventualmente- de la señal y la concesión que pertenece a la Universidad de Chile.
Además, es importante esta sesión, pues nos permitirá aclarar el porqué la venta que parecía tan sencilla, de un momento a otro, se complicó para este grupo que prácticamente estaba ad portas de cerrarla. Es probable, que se dieran cuenta lo difícil que esto sería y que hoy se aclara definitivamente para el país y para la opinión pública en esta sesión.
Sin lugar a dudas, lo que estamos haciendo hoy es defender el interés de la Universidad de Chile, pero, además, velar por terminar con el doble estándar en nuestro país, porque el hecho de que el actual Presidente de la República sea patrono de la Universidad de Chile no es sólo un título honorífico que honra a todo Presidente, sino, además, es una disposición legal que aparece en el artículo 9º del Estatuto de la Universidad de Chile. Entonces, el destino ha puesto al ciudadano Sebastián Piñera , hoy Presidente de la República, a los dos lados del mostrador. Por un lado, inevitablemente debe velar por el interés de la Universidad de Chile y, por otro, -y no es criticable- velar por su propio interés personal como propietario de Chilevisión.
Todos sabemos que a lo largo de la historia de nuestro país, cuando no había disposiciones legales vigentes que permitieran fiscalizar, algunos actuaban a los dos lados del mostrador. Ello lo vimos penosamente en los procesos de privatización, donde los mismos que estaban vendiendo eran los que estaban comprando. ¡Y tienen nombres y apellidos! Incluso, algunos de ellos, obtienen las primeras mayorías en las votaciones internas de las comisiones políticas de un partido, particularmente de la UDI. De eso, el país nunca ha podido conocer todos los detalles, porque se esconden, a pesar de que la exigencia de la libertad de expresión y de velar por el pluralismo es algo fundamental para garantizar el funcionamiento de un régimen democrático.
Esta sesión es importante, porque en las brillantes exposiciones que han hecho los diputados señores Burgos y Hales se deja constancia clara, respetuosa y nítida de todos los conflictos de interés que están de por medio, siete de los cuales, por su intermedio, señor Presidente, digo al diputado señor Nicolás Monckeberg , tienen que ver directamente con aspectos que nos incumben como parlamentarios y que dicen relación con tareas legislativas, con actos de fiscalización y con procesos de nombramientos de autoridades, en los cuales si no está involucrada la Cámara de Diputados, lo está el Senado de la República. Entonces, ¿cómo es posible que él venga a decir aquí que éste es un conflicto entre particulares? Por favor, señor Presidente, por su intermedio, diputa-do señor Nicolás Monckeberg , en esta situación no ha actuado como diputado de la República. No puede venir a decirnos que el Parlamento no tiene derecho de abordar un tema trascendente para el futuro del país y de la televisión chilena.
Ahora, cuando el diputado señor Patricio Melero dice: ¿Qué podemos decir a algunos ministros? Yo le puedo decir muchas cosas, pero me las voy a guardar. Lo que sí le puedo decir es que respecto de, al menos, siete temas que están en la lista que hizo el diputado señor Patricio Hales hay ministros que se han tenido que inhibir de tomar la iniciativa, que no han podido cumplir con su rol, que han demorado decisiones, que no han estado en condiciones de impulsar proyectos de ley que son muy importantes para el país y su futuro, particularmente en materias relacionadas con la televisión digital, en las que, por lo demás, hemos tenido experiencias en los últimos días que dejan en evidencia que no da lo mismo la forma cómo se estructuran los modelos de negocios, cómo una señal que está pensada para que todos los chilenos tengan acceso a la televisión puede ser definitivamente afectada por formas de negociación, como el artificio que están utilizando los canales de distinguir entre la señal de libre recepción y el contenido que lleva la señal. O sea, nos están vendiendo el siguiente artificio, pues nos dicen: “Sí, se trata de señales de libre recepción, pero el contenido tiene un valor, por lo que lo negocio para comprarlo o venderlo en la forma que yo estimo.”, lo que atenta contra el mandato que se da a los canales de televisión de libre recepción en el país, particularmente como ha ocurrido con Televisión Nacional de Chile en materia de transmisión del Mundial de Fútbol.
Señor Presidente, la verdad es que estamos frente a un tema de fondo, por lo que tiene sentido esta sesión.
También quiero hacer una referencia respecto de lo que ha dicho un joven diputado a quien respeto mucho, pero que se equivoca cuando dice que no ha habido alcance respecto de lo que significó en su momento la compra de Chilevisión por parte de Sebastián Piñera .
¡Por favor! Daré lectura a lo que dice La Tercera del 28 de septiembre de 2004:
“Longueira critica a Piñera por compra de Chilevisión”. Agrega: “es muy importante separar la actividad empresarial de la política.
En ese entonces, Sebastián Piñera le responde algo que seguramente a los colegas de la UDI no les va a gustar, ya que señaló que “en sus años de senador nunca confundió su rol político con actividades privadas”. A eso yo agregaría “salvo en el tema de las Chispas”, pero ése es otro capítulo.
Añadió: “O acaso, ¿para ser parlamentario hay que vivir del Estado toda la vida, como lo ha hecho el señor Longueira ?” ¡Por favor!
Éste es un tema de fondo, señor Presidente, y nosotros somos portavoces de una inquietud que ha estado presente en la derecha de nuestro país. Está bien que ellos actúen solidariamente con su Presidente, que velen porque este tipo de situaciones se resuelvan satisfactoriamente y sin conflicto, pero lo ocurrido con Chilevisión no sólo ha sido planteado por quienes hoy somos Oposición, ya que también lo han hecho muchos parlamentarios de Renovación Nacional y de la UDI, quienes han estado dispuestos a decir lealmente al país la inconveniencia de que Sebastián Piñera no haya cumplido un compromiso hecho antes de ser Presidente de la República. Hoy vemos que no podemos abordar innumerables aspectos legislativos de bien común, de bien para el país, porque el Presidente de la República no cumplió con su compromiso.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva .
El señor SILVA.-
Señor Presidente, en el contexto de esta sesión citada “con el objeto de analizar los efectos jurídicos y económicos que surgen de la calidad de propietario de la concesión de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción que posee en dominio la Universidad de Chile.”, sólo escucho críticas al Presidente. ¿Por qué los parlamentarios de la Concertación no plantean sus críticas directamente? ¿Por qué no dicen que se quiere discutir sobre los conflictos de intereses, que nosotros, como Gobierno, somos partidarios de que se enfrenten, a pesar de que no existe ninguna ley que lo exija, pues es una iniciativa de la autoridad?
Ojala, señor Presidente, la Concertación hubiera tenido siempre este mismo estándar para designar a todas las personas que puso en cargos de selección directa, cuando a honorables senadores de la Concertación se les olvidó en el Senado los conflictos de intereses que tenían en materias relaciona-das con la pesca o cuando otras personas han tenido conflictos de esta naturaleza.
Digamos las cosas como son; digamos frontalmente que se quiere hablar de conflictos de intereses y del Presidente de la República.
Señor Presidente, encuentro legítimo que la Universidad de Chile haga valer sus intereses en un negocio. Me parece bien. Como se ha dicho, en las tribunas hay representantes de la Universidad de Chile que siguen atentos esta discusión y que también han planteado sus opiniones por los diarios, como El Mercurio. Me parece bien que eso se haga presente.
Quiero reiterar y reafirmar el planteamiento del diputado Nicolás Monckeberg , cuya legitimidad ha sido cuestionada por otros diputados. Durante la mayor parte de esta sesión no ha habido más de veinte diputados en la Sala, y en muchas sesiones especiales anteriores las comisiones han sesionado simultáneamente con la Sala.
Por lo tanto, este tema no convoca la atención de los diputados porque no hay nada que discutir de fondo.
Señor Presidente, valoro la iniciativa del Presidente Piñera de ir más allá de dos estándares, ya que, en primer lugar, ha ido más allá del estándar que fija la ley, y en segundo lugar, ha ido más allá del estándar que establecía el propio compromiso en relación a Chilevisión. Nos parece bien que se desprenda de ese canal; creemos que se podrán tomar mejores decisiones, pero también estimamos que poco se avanzó en esta sesión sobre la materia. Nada nuevo se ha dicho en esta sesión. La información que ha presentado de muy buena manera el señor presidente del Consejo Nacional de Televisión es pública y está disponible. No hemos concluido nada nuevo hoy. En consecuencia, reitero que en la Concertación existe el propósito de afectar la figura presidencial, a través de convocar a un análisis de los efectos jurídicos y económicos que tendría la concesión de televisión de la Universidad de Chile.
Por lo tanto, señor Presidente, sería bueno empezar a reflexionar sobre cómo llevamos a la práctica las sesiones especiales. La historia de Chile nos enseña que en el siglo XIX se produjeron importantes problemas cuando las sesiones especiales y otros instrumentos no fueron utilizados para el objetivo prioritario que se les fijó. Debemos entrar a una revisión más de fondo y a esa reflexión respecto de las sesiones especiales.
He dicho.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBER (don Nicolás).-
Señor Presidente, sólo quiero hacer una precisión y una pregunta al presidente del Consejo Nacional de Televisión.
Él afirmó que el Consejo tiene que aprobar una eventual renovación del usufructo. ¿Bajo qué condiciones tiene que aprobar o rechazar eso?
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el señor Herman Chadwick .
El señor CHADWICK (presidente del Consejo Nacional de Televisión).-
Señor Presidente, la ley N° 18.838, que analicé en mi exposición, creó el Consejo Nacional de Televisión. Su artículo 16° establece, como ya leí: “En caso de transferencia, cesión, arrendamiento u otorgamiento del derecho de uso, a cualquier título, del derecho de transmisión televisiva de libre recepción, se requerirá la autorización previa del Consejo, el cual sólo podrá denegarla en caso que no se cumplan los requisitos que se establecen en el artículo 18º.”
Por su parte, el artículo 18° dispone: “Sólo podrán ser titulares de una concesión de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción o hacer uso de ella, a cualquier título, personas jurídicas de derecho público o privado, constituidas en Chile y con domicilio en el país. Sus presidentes, directores, gerentes, administradores y representantes legales deberán ser chilenos y no estar procesados o haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva.”
Esos son los requisitos que establece el artículo 18°. Cuando se cumplen, el Consejo no puede negar la concesión o cualquier acto que se establezca sobre ello.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Gracias, señor presidente del Consejo Nacional de Televisión.
Ofrezco la palabra a la ministra secretaria general de Gobierno, señora Ena Von Baer .
La señora VON BAER, doña Ena (ministra secretaria general de Gobierno).-
Señor Presidente, quiero señalar que todos los nombramientos que ha hecho el Presidente de la República los ha realizado cumpliendo estrictamente con la ley.
Por otra parte, ha cumplido con cada uno de los compromisos adquiridos frente a todos los chilenos durante la última campaña electoral, avanzando, incluso más allá del estricto cumplimiento de la ley.
De hecho, en el caso -aquí se ha tratado- de Chilevisión, en forma absolutamente voluntaria el Primer Mandatario ha decidido vender el canal.
Señor Presidente, por su intermedio, nadie puede plantear que el Presidente de la República Sebastián Piñera se haya apartado de su compromiso. Ha sido pública y clara su voluntad de vender el canal Chilevisión , pero, desgraciadamente, por hechos públicos y absolutamente transparentes y ajenos a su voluntad, la venta fracasó. Sin embargo, el Presidente Sebastián Piñera , tal como lo ha hecho hasta ahora, va a cumplir con su palabra y el proceso de venta del canal Chilevisión está en marcha.
Por lo tanto, nadie puede plantear que el Presidente de la República no va a cumplir con su palabra, porque lo ha hecho hasta ahora y lo va a seguir haciendo.
Muchas gracias.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Gracias, señora ministra.
Ofrezco la palabra al diputado Latorre .
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, solamente para decirle, por su intermedio, a la ministra secretaria general de Gobierno, que agradecemos que haya estado dispuesta hoy a escuchar tranquilamente a un grupo destacado de antipatriotas.
He dicho.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Cerrado el debate.
Corresponde votar el proyecto de acuerdo N° 115.
El señor HALES.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra su señoría.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor HALES.-
Señor Presidente, ¿se puede suspender la sesión por cinco minutos?
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Señor diputado, estamos llamando a votar hace más de cinco minutos.
El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Proyecto de acuerdo N° 115, de los señores Harboe , Núñez , Rincón, Montes, Teillier , Hales , Burgos , Goic, doña Carolina ; Schilling , Velásquez ; como adherentes los señores Díaz , Vargas , Torres, Vallespín , Chahín , Monsalve , Auth , Saffirio , Ascencio y Latorre , que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
1. Requerir de todas las autoridades públicas, con competencia en la industria de la televisión, tomen los resguardos y ejerzan las atribuciones que la ley les confiere para asegurar el debido respeto y cautela de los derechos de la Universidad de Chile sobre la concesión de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción que posee dominio.
En particular se hace el presente requerimiento al señor Presidente de la República en su calidad de Patrono de la Universidad de Chile, al señor rector de la Universidad de Chile y a los miembros del Consejo Nacional de Televisión.
2. Instar al Presidente de la República para que, a la mayor brevedad, se desprenda de la totalidad de las acciones que posee en Chilevisión, y que le otorgan la condición de usufructuario de la concesión del servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción que le pertenece en dominio a la Universidad de Chille.”.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
El señor Secretario va a dar lectura a los pareos.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Señor Presidente, se han registrado los siguientes pareos:
De las señoras diputadas y señores diputados que se indican:
La señora Pascal, doña Denise con el señor Hasbún ; el señor Robles con el señor Vilches ; el señor Torres con la señora Hoffmann , doña María José ; el señor Vargas con el señor Baltolu ; el señor Walker con el señor Von Mühlenbrock ; el señor Accorsi con la señora Molina, doña Andrea ; el señor Alinco con el señor Godoy ; el señor León con el señor Álvarez-Salamanca ; el señor Lorenzini con el señor Delmastro ; el señor Cornejo con el señor García .
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
En votación.
-Manifestaciones en las tribunas.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 40 votos. No hubo abstenciones.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Aprobado el proyecto de acuerdo.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio ; Andrade Lara Osvaldo ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Auth Stewart Pepe ; Burgos Varela Jorge ; Campos Jara Cristián ; Carmona Soto Lautaro ; Castro González Juan Luis ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chahín Valenzuela Fuad ; Díaz Díaz Marcelo ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez Hugo ; Hales Dib Patricio ; Harboe Bascuñán Felipe ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Lemus Aracena Luis ; Meza Monca-da Fernando ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Pérez Arriagada José ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Espinoza René ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Tarud Daccarett Jorge ; Teillier Del Valle Guillermo ; Tuma Zedan Joaquín ; Vallespín López Patricio ; Vargas Pizarro Orlando ; Venegas Cárdenas Mario .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Browne Urrejola Pedro ; Calderón Bassi Giovanni ; Cardemil Herrera Alberto ; Edwards Silva José Manuel ; Eluchans Urenda Edmundo ; Estay Peñaloza Enrique ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Gutiérrez Pino Romilio ; Hernández Hernández Javier ; Kast Rist José Antonio ; Lobos Krause Juan ; Macaya Danús Javier ; Martínez Labbé Rosauro ; Melero Abaroa Patricio ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Morales Muñoz Celso ; Moreira Barros Iván ; Norambuena Farías Iván ; Pérez Lahsen Leopoldo ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rivas Sánchez Gaspar ; Rojas Molina Manuel ; Rubilar Barahona Karla ; Sabat Fernández Marcela ; Santana Tirachini Alejandro ; Sauerbaum Muñoz Frank ; Silva Méndez Ernesto ; Squella Ovalle Arturo ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Verdugo Soto Germán ; Ward Edwards Felipe .
-Un señor DIPUTADO.- ¡El diputado Vargas está pareado!
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Bertolino .
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, aparece el voto del diputado Vargas , quien está pareado.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor BECKER (Presidente en ejercicio).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
"
- rdfs:label = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- bcnres:tieneTerminoLibre = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/television-de-libre-recepcion
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- rdf:type = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
