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- rdf:value = " El señor BECKER .- Tiene la palabra la diputada Mónica Zalaquett.
La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señor Presidente , considero tremendamente pertinente el cambio que el proyecto propone a la ley, ya que está en plena sintonía con la línea que busca compatibilizar de mejor manera la vida familiar con la laboral de miles de mujeres, porque permite dar un paso real en la integración de personas con discapacidad.
Según la Organización Mundial de la Salud, el 15 por ciento de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad física, psíquica, sensorial u orgánica, congénita o adquirida, en cualquiera de sus grados. En Chile, la realidad no es muy distinta. De acuerdo a cifras oficiales, en nuestro país existen 2.068.000 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa al 12,8 por ciento de la población total. De este grupo, sólo el 3 por ciento es profesional, los restantes son dependientes de un tutor o familiar.
Así también, poco más de un millón de personas con discapacidad tiene graves dificultades para realizar por sí mismos acciones consideradas rutinarias, como vestirse, comer o desplazarse. En muchos de estos casos, los cuidados recaen en los familiares directos, especialmente en la madre, lo que aumenta la dificultad para que concilie la vida laboral con su rol de mamá. Es justamente sobre este punto donde la iniciativa quiere generar un cambio y reconocer las permanentes dificultades que debe enfrentar la madre de una persona con discapacidad.
La ley N° 20.422, sobre la discapacidad, consagra cinco principios que deben orientar la interpretación de la norma y la acción estatal en materia de discapacidad: vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, diálogo y participación social. Sin embargo, en nuestro país esto aún no se cumple de forma cabal. Una muestra de ello es que en el universo de alrededor de 1.625.000 personas con discapacidad en edad de trabajar, existe cerca de un 90 por ciento de cesantía. Del 10 por ciento activo laboralmente, sólo un 1 por ciento lo hace en un trabajo con contrato; el 9 por ciento restante se desempeña en trabajos informales.
Día a día, cientos de familias que tienen entre los suyos un discapacitado deben enfrentar dificultades en áreas tan diversas como la educación, la economía, el trabajo, el transporte o el acceso a edificios públicos. Todo esto sólo viene a demostrar que, pese a los avances, aún estamos en deuda de políticas públicas que realmente mejoren la calidad de vida de quienes tienen capacidades distintas.
Ante este escenario, se hace innegable ver la labor que desempeñan las miles de madres de personas con discapacidad, quienes no sólo tienen que luchar como cualquier mamá por sacar adelante a sus hijos, sino que, además, deben pelear para que realmente sean incluidos en la sociedad.
Cada uno de nosotros tiene la obligación de transformar a Chile en un país más justo e inclusivo, que dé espacio y oportunidades a todos por igual. De nada nos sirve dictar leyes que den más opciones a las personas con discapacidad si limitamos el cuidado que pueden recibir.
Por todo lo antes señalado, es fundamental apoyar firmemente esta iniciativa para avanzar en el camino de la inclusión y la compatibilización del mundo laboral con el familiar.
He dicho.
"
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