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- rdf:value = " El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente , este proyecto es muy importante, no sólo desde el punto de vista de la salud pública, sino también desde la perspectiva de los derechos humanos.
No es necesario profundizar mucho para darse cuenta de lo trascendente que es contar con mecanismos de control de la natalidad, con una buena planificación familiar, con educación sexual y con políticas de prevención del embarazo no planificado, el embarazo adolescente.
Son lapidarias las cifras que entregan las estadísticas a nivel nacional. Dan cuenta de gran cantidad de adolescentes embarazadas, situación que se traduce en un tremendo problema social, ya que muchas de esas niñas desertan de la escuela y un porcentaje altísimo vuelve a embarazarse. Lamentablemente, pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos. Eso debe llevarnos a reflexionar y a adoptar medidas y políticas públicas coherentes con lo que sucede.
Aún más, en las comunas pobres se producen veinte veces más embarazos adolescentes que en las comunas ricas. En la actualidad, además, anualmente se registran, por lo menos, mil embarazos en menores de catorce años.
Por lo tanto, porque el tema forma parte de los derechos humanos, me parece relevante que el Estado asuma el deber no sólo de informar sobre los mecanismos de planificación o control de la natalidad, sino que también de permitir el acceso libre, expedito y voluntario a los mecanismos de control.
En consecuencia, no se trata sólo de un tema de salud pública como dije al comienzo, sino también del derecho de toda mujer de tener libre acceso a información y mecanismos de control de la natalidad, sin importar el dinero de que disponga.
¿Por qué discutimos este proyecto de ley?
Porque es bueno hacer memoria respecto de la materia, sobre todo cuando estamos a pocos días de la segunda vuelta de una elección presidencial.
Como la Sala recordará, un grupo de parlamentarios -no digo que ello sea ilegítimo, pues están en su pleno derecho, más bien manifiesto una posición bastante contraria a su planteamiento- de Oposición, de la UDI y de Renovación Nacional, acudieron al Tribunal Constitucional para que se pronunciara respecto de la inconstitucionalidad de las políticas de fertilidad o de control de la natalidad emanadas del Ministerio de Salud; no sólo sobre la distribución gratuita de la píldora del día después en los consultorios y servicios de urgencia, sino que también respecto de dispositivos intrauterinos -la famosa T de cobre, entre otros- que hoy en Chile ocupan más de dos o tres millones de mujeres.
Por eso, estamos discutiendo el tema. Porque un grupo de parlamentarios llegó a la convicción de que de acuerdo con sus principios o creencias, podían imponer su moral, visión y criterio, a las mujeres de nuestro país. A mi juicio, ello constituye un atropello a los derechos fundamentales de cualquier mujer. Incluso más, esa actitud va en contra de los tratados suscritos por Chile en materia de derechos sexuales y reproductivos, tanto para adolescentes como para cualquier hombre o mujer de nuestro país. Por lo tanto, es importante recordar el tema.
Durante mucho tiempo se habló de que la píldora del día después podía tener un efecto abortivo, lo que quedó totalmente descartado mediante estudios serios efectuados a nivel nacional e internacional. Ellos destacaron un seguimiento al endometrio y compararon las tasas de embarazos en mujeres que ovularon y tomaron la píldora versus mujeres que ovularon y no tomaron la píldora.
La píldora no tiene efectos pos fecundación ni antiimplantacional.
Por lo tanto, no tiene correlato científico señalar que la píldora genera un efecto microabortivo.
En consecuencia, estamos hablando de un mecanismo para evitar un problema social y de salud pública que afecta a las mujeres más pobres del país. Además, forma parte de los derechos de cualquier mujer en un Estado democrático para que accedan al control de la natalidad, independientemente de sus recursos.
Me llama la atención la posición de la Oposición, pues no hablamos de un medicamento prohibido, proscrito o no autorizado, sino de un fármaco que se vende en cualquier farmacia, con receta médica simple.
Por eso, el requerimiento que presentó la Oposición, que pretende ser gobierno, junto con imponer su moral y su manera de ver las cosas al resto de las chilenas, profundiza la desigualdad y la inequidad en nuestro país. La Oposición nada dice sobre las mujeres que tienen recursos para acudir a un ginecólogo que les entrega una receta para adquirir el fármaco por 8 mil o 10 mil pesos, pero sí se pronuncia respecto de las mujeres pobres, de comunas pobres, que sólo pueden ir a los consultorios de sus poblaciones, Sapu o servicios de urgencia de los hospitales más cercanos.
Por tanto, la Presidenta de la República, al mandar este proyecto de ley, termina con una tremenda injusticia, desigualdad e inequidad.
Por otra parte, cabe señalar que un aspecto fundamental de la relación médico paciente es la confidencialidad. Es un principio rector del actuar médico, en especial respecto de materias tan importantes como éstas, que requieren que la adolescente tenga confianza en la relación médico-paciente, es decir, en la confidencialidad para acceder a la atención, no sólo sobre la anticoncepción de emergencia, sino también respecto de la información relacionada con una adecuada salud sexual y reproductiva.
Sin embargo, la modificación introducida por el Senado es coherente con la legislación actual, porque si un hombre mayor de catorce años, tiene relaciones con una menor de catorce años, se considera -y eso lo saben mejor los abogados, como el diputado Burgos - que ha habido una violación impropia. Por lo tanto, el facultativo necesariamente debe avisar de ese hecho al fiscal. Por lo tanto, que los padres lo sepan, no me merece reparos. Más bien la discusión debe darse en otro plano, en relación con la edad de catorce años que fijamos para establecer el consentimiento.
A mi juicio, el problema no tiene que ver con la confidencialidad, sino con el otro aspecto mencionado.
En cuanto a agregar un artículo que señale que los mecanismos de control de la fertilidad no pueden tener como finalidad provocar un aborto, no es más que repetir lo contemplado por la Constitución Política que así lo consigna. Por lo tanto, no innova en esa materia.
Finalmente, quiero destacar un aspecto fundamental, quizás el más importante: que la Oposición haga un mea culpa, pues esta materia tiene que ver con el derecho del adolescente a recibir información y educación sexual.
Me llama mucho la atención que se criticaran bastante y en forma majadera, injusta y sin fundamento las Jornadas de Conversación y Afectividad sobre la Sexualidad, Jocas .
Sin embargo, años después, cuando los jóvenes reclaman por educación sexual -así lo demuestran todos los estudios de opinión realizados-, las Jocas aparecen bien evaluadas por los padres, apoderados, alumnos y profesores. Todos señalan que permitieron a las personas conocerse más y conversar sobre temas importantes con respeto y altura de miras.
Por lo tanto, también recojo este aspecto que -parece que corresponde a una materia de ley orgánica constitucional, introducido, entiendo, por la senadora Soledad Alvear- es fundamental.
Votaré favorablemente las modificaciones del Senado y espero que el proyecto termine con la tremenda brecha, desigualdad que se había instalado gracias al requerimiento que presentó la Oposición ante el Tribunal Constitucional.
He dicho.
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