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- rdf:value = " MAYOR INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE DE BIENES RAÍCES. Segundo trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Recabo el asentimiento de la Sala para tratar el proyecto que figura en el cuarto lugar de la Tabla, antes de conocer el informe de la Comisión de Recursos Naturales respecto de la central termoeléctrica Los Robles.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Solicito al diputado señor Ascencio pasar a presidir la sesión.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).-
Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que precisa información que debe proporcionarse a los contribuyentes de bienes raíces.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Rodrigo Álvarez.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 4473-05, sesión 25ª, en 10 de mayo de 2007. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 67ª, en 16 de agosto de 2009. Documentos de la Cuenta N° 15.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley, iniciado en moción de los senadores señores Longueira , Novoa , Ominami , Prokurica y Sabag , que precisa la información que debe proporcionarse a los contribuyentes de bienes raíces.
El proyecto fue aprobado, en general, por la unanimidad de los diputados de la Comisión de Hacienda.
La moción se fundamenta en la libertad de información consagrada en nuestra Carta Fundamental, que comprende, entre sus elementos, el derecho a recibir información.
Sus autores expresan que el derecho al acceso a la información es una de las formas que poseen los ciudadanos para controlar el adecuado ejercicio de una función pública; en este caso, la que desarrollan los organismos recaudadores para la fijación de las distintas características que permiten la aplicación del impuesto territorial o contribuciones a partir de las tasaciones.
Los honorables senadores estiman que es necesario modificar la ley de impuesto territorial, en cuanto a la determinación específica de la información que se entrega a los contribuyentes a través del rol semestral de contribuciones, para que contenga todos los datos que sirven para determinar el avalúo, la exención, la tasa y el impuesto de los bienes raíces agrícolas y no agrícolas.
La modificación propuesta no involucra mayor gasto fiscal.
El objetivo del proyecto, como señalé, es proporcionar a los contribuyentes de bienes raíces mayor información al momento de realizarse el proceso de reavalúo de los bienes raíces.
Para esos efectos, establece que una vez terminada la tasación de los inmuebles de una comuna se deberá expresar respecto de cada uno de ellos el número de rol de avalúo, el nombre del propietario, la ubicación o dirección de la propiedad o el nombre de ella si es agrícola, el destino, avalúo total, avalúo exento, si procediere, y el valor nominal de la cuota de impuesto territorial que corresponda pagar, y si al predio le correspondiere el incremento gradual de contribuciones establecido en el inciso cuarto del artículo 3º de la ley sobre Impuesto Territorial, se indicará, además, el valor nominal de la cuota que incluya el monto total del impuesto determinado producto del reavalúo.
El proyecto agrega dos nuevos incisos al artículo 5º de dicha ley, a fin de incorporar ciertas actuaciones que el Servicio de Impuestos Internos realiza por iniciativa propia. El nuevo inciso cuarto está referido a la información que se entregará a los contribuyentes, que les servirá para reclamar del nuevo reavalúo y, el nuevo quinto, establece la obligación del Servicio de Impuestos Internos de remitir a todos los contribuyentes que deban pagar contribuciones una comunicación de carácter informativo, con el detalle de la tasación, del nuevo avalúo, del monto nominal de las contribuciones a pagar y de su aumento gradual, si correspondiere, cuestión que se estableció en la ley Nº 20.033.
El diputado señor Montes preguntó cómo establece el Servicio de Impuestos Internos el destino de un inmueble, si sobre la base del que establece el plan regulador o el efectivo. El representante del Servicio señaló que, originalmente, el destino lo define el municipio cuando concede un permiso, pero que en algunos casos esos destinos se modifican con o sin aprobación municipal, pero el que considera el Servicio de Impuestos Internos será el destino principal y efectivo del inmueble.
Sometido a votación en particular, el proyecto se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión, señores Aedo , Álvarez, Dittborn , Jaramillo , Montes, Ortiz , Tuma y Von Mühlenbrock .
En virtud de lo expuesto, la Comisión de Hacienda recomienda su aprobación en general y en particular.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS.-
Señor Presidente, vivimos en sociedad y, como en toda organización, las cuentas se pagan, porque las cosas no pueden ser gratis.
Una de esas cuentas se paga con los impuestos territoriales, pago en el que, como siempre, la sana clase media es la más afectada por este tipo de tributos.
Ahora, el proyecto aborda algo muy importante, que consiste en explicarle a la gente, a lo menos, qué está pagando, de qué manera lo está haciendo y detallarle la cuenta, que a veces parece extraordinariamente alta para algo que a una persona le ha costado años obtener y por la cual, además, ha pagado todos los impuestos respectivos del dinero que fue juntando en una cuenta de ahorro. Finalmente, se compra su casa, pero después debe seguir pagando un arriendo al fisco por vivir en ella. Con el proyecto en debate se busca dar más información, pero, a mi juicio, no se aborda lo más importante, pues hoy estamos viviendo una situación tremendamente injusta con las contribuciones, porque estamos pagando impuestos sobre impuestos, una especie de arriendo por vivir en nuestra propia casa. Las contribuciones ya no constituyen crédito para la declaración de renta ni para el impuesto global complementario. ¿Qué sucede en el caso de un empleado fiscal que gana un sueldo de 800 mil pesos? Con el ahorro de toda su vida se compra una casa digna, donde pretende pasar sus últimos años, una vez que esté jubilado. Durante todos esos años pagó el impuesto a la renta del dinero que ganó. Si hizo una inversión y ahorró algún dinero en el banco, pagó también el impuesto a los intereses y gananciales. Finalmente, si se compra la casa, con sus sueldo deberá pagar, además, contribuciones, con lo cual le disminuye su remuneración, pero debe seguir pagando el impuesto global complementario por el sueldo completo, a pesar de que el Fisco ya le dio un gran mordisco a su sueldo. Y deberá seguir pagando una y otra vez a lo largo de los años. Esto significa que estamos pagando impuesto sobre impuesto, lo cual no está bien y es un aspecto que deberemos abordar en algún momento, porque no es posible que los chilenos estemos expuestos a un doble cobro de tributos, a raíz de un dictamen emitido por el Servicio de Impuestos Internos, que durante un tiempo estuvo muy dado a hacer interpretaciones y sacó ese resquicio para allegar más recursos al erario. ¿Qué sucede finalmente? Cuando el hombre llega a viejo, se encuentra con la injusticia de que su pensión es muy inferior a su sueldo, pero debe seguir pagando contribuciones. De manera que la persona que ahorró toda la vida para comprar su casa termina vendiéndola, porque no es capaz de pagar este impuesto o arriendo para vivir en ella.
Este es un tema que el Congreso Nacional deberá abordar en algún momento, puesto que es muy injusto que hoy el impuesto territorial sea cada vez más elevado.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente , es lamentable que un proyecto relacionado con una materia tan importante, que afecta la vida de las personas, como las contribuciones a los bienes raíces, se analice en forma tan rápida y se acote sólo a proporcionar a los contribuyentes mayor información cuando se realiza el proceso de reavalúo de los bienes raíces.
Como lo señalaba el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, el reavalúo de los bienes raíces y todo lo que ello implica constituye una situación de mucha mayor importancia que la manera de informar sobre el particular.
Cabe recordar que hace pocos años, cuando se aprobó la ley de Rentas II y se modificaron las contribuciones de muchos chilenos, en esta misma Cámara hicimos una serie de intervenciones y esfuerzos para que a los adultos mayores, por ejemplo, no se les aumentarán a tal punto que los obligaran a vender sus casas, porque era el único bien que tenían y no disponían de medios suficientes para pagarlas. En ese intertanto, a pesar de que algo se logró conseguir, muchas personas se vieron tremendamente afectadas por reavalúos que si bien a lo mejor correspondían a la realidad, nunca consideraron la situación de las personas que vivían en esos inmuebles. Recuerdo haber pasado mucho tiempo tratando de ayudar a adultos mayores de la comuna de La Reina, víctimas de esa situación, que sufrieron y sufren en forma indecible hasta el día de hoy por esta medida.
No me gusta hacer referencias a caso personales en el Congreso, pero hay otro aspecto que debería formar parte del proyecto. No sólo se debe considerar la información que se entrega, sino también como se informa a las personas.
Un problema gravísimo que no ha sido tratado en absoluto en el proyecto -y creo que es el momento de hacerlo- radica en cómo el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República garantizan que la persona a la que le han aumentado o cobrado las contribuciones reciba esa información. Los contadores pueden dar fe de que muchos bienes raíces han sido rematados porque las personas no fueron informadas del reavalúo y ni siquiera del cobro de contribuciones. En este caso, quiero dar a conocer la situación que me afectó.
Hace diez o quince días, el Servicio de Impuestos Internos me informó del remate de una propiedad que estaba exenta del pago de contribuciones, por encontrarse arrendada para fines educacionales. Según esa información, la propiedad aparece exenta del pago de contribuciones en forma indefinida; sin embargo, se me avisa que se rematará por no pago de contribuciones. Además. Con efecto retroactivo, hasta 2006, intereses y multas, etcétera, en circunstancias de que jamás hemos recibido una notificación de que se habría levantado tal exención. También hemos sabido que en importantes propiedades agrícolas se ha dejado tal notificación en una reja o en el portón trasero, pero como nunca se recibió esa información, fueron embargadas y rematadas.
Entonces, lo importante no es sólo dar la información adecuada, sino también cómo se entrega en la práctica por parte del Servicio de Impuestos Internos, para asegurarse de que el propietario del bien raíz la reciba. En caso de que no sea así, se deben buscar los caminos para hacerlo, pero no puede ser que se remate una propiedad porque el propietario nunca supo que debía pagar contribuciones o que se le terminó la exención. En el caso mencionado, se debe sumar el hecho de que en la información del Servicio de Impuestos Internos aparece rectificada como exenta.
Sinceramente, no hay razón para rechazar el proyecto, pero se pierde la oportunidad de mejorar varios aspectos en esta materia, con lo cual queda totalmente incompleto.
Pediría que sea enviado nuevamente a la Comisión de Hacienda, pero entiendo que viene del Senado y que ello no es posible, lo cual es lamentable. Espero que en el futuro haya mayor consideración al aumentar las contribuciones, especialmente la de los adultos mayores.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente , sin duda, es importante avanzar en un proyecto como el que nos ocupa, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la información que se entrega al contribuyente de bienes raíces al momento de enviarle el recibo o la notificación del pago del tributo, porque muchas veces las personas no saben lo que están pagando o cuándo se ha hecho un reavalúo de sus contribuciones, pues la información que se entrega no es clara.
Me parece importante aprobar el proyecto, pero también es importante hacer presente que en algunas intervenciones anteriores hemos observado cierta idea de cuestionar las contribuciones como un sistema de recaudación de impuestos.
En verdad, las contribuciones o impuesto territorial son importantes para proveer de recursos al Estado a fin de que financie el desarrollo de localidades que, por carecer de una gran actividad económica, no cuentan con recursos para solventarse por sí mismas. Gran parte de las contribuciones permiten hacer mejoramientos urbanos, financiar escuelas, hospitales, unidades policiales, en fin. Ayudan a lo que algunos denominamos nivelar la cancha, no sólo desde el punto de vista de la infraestructura, sino también del de la calidad de vida de las personas, porque mientras en algunos lugares se puede perfectamente vivir sin que se paguen contribuciones, en otros resulta imposible que el equipamiento urbano tenga la misma calidad.
Considero importante establecer esto, en primer lugar.
En segundo lugar, es destacable también lo que se hizo hace algunos años por iniciativa del diputado Carlos Montes, cuando se logró establecer dos sobretasas de contribuciones a los especuladores inmobiliarios, a quienes mantienen sitios eriazos y los dejan abandonados para especular en el mercado inmobiliario, lo que contribuye a aumentar los problemas de inseguridad, porque es sabido que cada sitio eriazo incrementa en forma considerable las probabilidades delictuales. En consecuencia, creo que es importante el avance que establece esa ley.
En tercer lugar, deseo referirme a un elemento que considero clave.
La población de adultos mayores va creciendo cada día. Ellos ven mermadas su capacidad adquisitiva y, particularmente, su capacidad de mantención por el aumento de sus enfermedades y por la disminución de sus rentas. Quizás sea el minuto de iniciar una discusión sincera, justa y solidaria para que los pensionados dejen de pagar contribuciones cuando su ficha de protección social considere que son vulnerables desde el punto de vista social. Miles de adultos y adultas mayores, no sólo en mi comuna, la de Santiago, sino a lo largo del país, no pueden mantener sus viviendas debido a sus bajas pensiones y, además, porque deben pagar el impuesto territorial o contribuciones. A lo mejor, podríamos aumentar los niveles de equidad si reconocemos que nuestros adultos mayores ya han contribuido a la vida y a la sociedad, una sociedad que también debe ser agradecida.
Por último, deseo referirme a otro elemento que es relevante.
Algunos parlamentarios estamos trabajando en la conservación del patrimonio histórico. En el año del Bicentenario, Chile debe reconocer el patrimonio histórico que dio origen a esta república.
Por lo tanto, hemos planteado al Gobierno la posibilidad de que este año, el del Bicentenario, establezca una condonación de las contribuciones de los sitios considerados patrimoniales o históricos para aliviar la carga que significa para muchas personas vivir en zonas típicas o monumentos nacionales y que no tienen la posibilidad de mantenerlos como corresponde. De esta manera se podrá conservar el patrimonio, la historia y, por lo tanto, nuestra cultura.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente , quiero anunciar mi voto favorable al proyecto, porque creo de toda justicia entregar a los contribuyentes más información sobre los impuestos que deben pagar.
Sin embargo, el debate ha ido más allá de esa materia y se están discutiendo las características, la justicia y la equidad del impuesto a los bienes raíces.
Considero que este impuesto es muy injusto para algunos contribuyentes, específicamente, como lo hizo ver el diputado Harboe, para los adultos mayores. La razón es muy simple: las contribuciones no son un impuesto a los ingresos, sino al capital, a la riqueza, a un bien que una persona ha logrado adquirir durante su vida.
Las personas pueden pagar las contribuciones, aunque sean altas, mientras trabajan; pero cuando jubilan sus ingresos son muy inferiores a los sueldos que tenían cuando estaban en actividad, razón por la cual se les hace muy difícil pagar sus contribuciones, lo que me consta, porque lo he visto en mi distrito. Muchas veces los adultos mayores deben vender sus casas porque no pueden pagar las contribuciones; o sea, son literalmente expulsados de sus casas, de su propiedad, que las han pagado durante su vida activa, debido a que no pueden pagar las contribuciones.
Esto no sólo ocurre en las casas de personas de altos ingresos, como pueden estar pensando algunos, sino en barrios donde las casas son modestas, pero el valor del terreno es muy alto, lo que también se produce en mi distrito, donde hay barrios de casas muy modestas, como las beneficiadas por el DFL 2, de menos de cien metros construidos; pero el terreno donde han sido levantadas, por estar cerca de una avenida, del Metro, por un eventual uso comercial futuro, tienen un tremendo valor, lo que hace que las contribuciones sean muy altas.
Por lo tanto, debemos buscar una solución al tema de los adultos mayores. No creo que vaya por el lado de lo que dijo el diputado Harboe , quien con mucha candidez e ingenuidad expresó que podríamos ayudar a los pensionados que tengan fichas de protección social inferior a una determinada cantidad de puntos. Debo aclarar al diputado Harboe que esos pensionados probablemente nunca han pagado contribuciones, porque el 80 por ciento de las casas no pagan ese tributo; los pobres de Chile nunca han pagado contribuciones.
Por lo tanto, éste no es un problema que afecte a gente de muy bajos ingresos, ya que nunca ha pagado contribuciones. El problema se produce más en la clase media un poquito acomodada, que tiene casas modestas ubicadas en sitios de alto valor.
Creo que la Cámara debiera discutir en algún momento una reforma constitucional que permitiera a los adultos mayores pensionados, que viven en sus propias casas, porque no queremos promover un negocio, no pagar o pagar una parte de las contribuciones. Éste es un asunto pendiente, que requiere de una reforma constitucional para dictar una ley que dé ese beneficio de toda justicia a los pensionados.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , el proyecto en debate es sencillo. Si mal no recuerdo, se aprobó por unanimidad cuando se discutió en la Comisión, pues busca aumentar la información a los contribuyentes al recibir el cobro de las contribuciones.
Tal como está presentado, mantiene ese enfoque y lo vamos a aprobar en esos términos.
No pensaba intervenir, pero después de oír los increíbles argumentos del diputado Lobos , me pareció importante entrar al debate.
Si no entendí mal, sostuvo que no deberían pagarse contribuciones, porque son tributos sobre ingresos que ya pagaron impuestos. Dijo que no corresponde hacer ese doble pago, pero no planteó ninguna alternativa de financiamiento para los fines que tiene este impuesto.
Considero que debemos tener bastante cuidado al discutir estas materias. Las contribuciones no surgieron porque sí; no existen sólo en Chile, se aplican en todo el mundo. En general, se denominan impuesto territorial y aportan a los gastos que se generan en las comunas. Ése es el propósito. Cada propiedad genera ciertos gastos a la administración comunal, lo cual debe ser compensado. En Chile se ha optado porque esa compensación sea proporcional al valor de los bienes de que se dispone, a lo principal, a los gastos más generales. Hablo de la luz y del aseo de las calles; en general, del gasto municipal.
Además, en Chile, el impuesto territorial cumple una segunda función, ya que busca asumir la variación del valor de los bienes derivada de la inversión pública en los barrios, lo que normalmente se llama impuesto a la plusvalía. Es la manera más imperfecta de cobrarlo, pero en Chile tiene esa modalidad.
Entonces, yo llamaría al diputado Lobos a estudiar más el asunto y a entender que el impuesto territorial no es lo que él dice. Lo que busca dicho impuesto es responder a las necesidades de administración de las comunas a partir del gasto que cada una de las propiedades representa para ellas.
Creo que se debe tener bastante cuidado al iniciar un debate tributario de esta manera, hablando solamente de los posibles daños que provoca, sin ver el origen, la función que cumple y la forma en que se reemplazan esos ingresos por otros, más todavía cuando estamos con mucho déficit en los municipios.
Reconozco que la manera de calcularlo puede variar y que se pueden buscar formas más justas de hacerlo, pero eso es otra cosa: es el procedimiento para generar esos ingresos. Hay países que tienen otras formas de calcularlo; por ejemplo, un impuesto directo a la plusvalía, que considera la minusvalía. En muchos casos, me parece bastante más justo. Todas las propiedades que están alrededor de las grandes inversiones públicas y privadas y que han aumentado muchísimo su valor, no por acciones propias, sino por la valoración del entorno, tendrían que responder a la sociedad de alguna manera. Estados Unidos tiene un cálculo de la plusvalía anual y se paga el incremento del bien anualmente. Son otras maneras de hacerlo que nosotros no las tenemos.
Para el caso chileno, puede ser muy interesante estudiar el autoavalúo, es decir, cada propietario dice que, como avalúo fiscal, estima que su propiedad tiene determinado valor, al cual el municipio puede comprarla. Eso permite evitar la discriminación de ciertas propiedades con respecto a otras.
Vamos a la discusión de fondo. Debe haber impuesto territorial para cubrir ciertas necesidades y gastos que representan las propiedades. Si se cuestiona la manera de generar el impuesto, discutamos alternativas, pero es necesario que ese ingreso exista; además, es equitativo, o sea, quien gasta en una comuna debe responder y aportar al gasto general de ella.
Reconozco que hay situaciones que nuestro modelo no asume bien. Por ejemplo, hay barrios con alta plusvalía y otros que tienen minusvalía. Esa diferencia no está bien considerada. Hay barrios antiguos que se van desvalorizando y eso no se toma muy en cuenta. Creo que es así. Se ha ido corrigiendo. En la ecuación de Impuestos Internos hay maneras de hacerlo, pero no son suficientes.
Además, es importante tomar en cuenta que hay ciertas personas que quedan sin ingresos o que sufren una caída de los mismos, pero eso no altera la lógica de que haya impuesto territorial. Eso obliga a la sociedad a tener una respuesta de otra naturaleza frente a ciertas personas, pero no confundamos el debate de los impuestos territoriales con la respuesta que debemos dar a las familias que tienen caída de ingresos. Para ellas, se deben plantear otras modalidades de compensación, de bonos, de apoyo, pero no decir que no deben responder a esta manera de repartirse el gasto que tiene una comuna a través de generación de ingresos por la vía del impuesto territorial.
Cuando uno quiere ser gobierno -como lo quiere el diputado Lobos-, se debe mirar el conjunto de la situación. Estoy totalmente de acuerdo con que Chile requiere una reforma tributaria que racionalice la estructura tributaria del país. En la actualidad, uno pregunta: ¿Por qué hay tanto impuesto a la cultura en Chile? ¿Por qué tenemos franquicias tributarias para el IVA en la construcción y no para el libro, o para la cultura en general? Hay irracionalidades en el cobro excesivo de los impuestos indirectos, que perjudican a los más pobres, a los adultos mayores. Los impuestos directos a las rentas de las personas son mucho menores; hay un desequilibrio, una estructura tributaria inapropiada.
Es una discusión que debemos hacer, en la cual es necesario incorporar este tema. Un adulto mayor que tiene una casa muy cara y una jubilación baja, dice que no quisiera pagar. Lo entiendo. Busquemos solución a ese problema, pero no cuestionemos el concepto del impuesto territorial. La forma de aplicarlo puede variar. El autoevalúo se ha estudiado bastante, se ha aplicado en otros países y es una manera de tener impuestos mucho más cercanos a los valores efectivos, de regular y evitar procedimientos tan engorrosos.
Voy a votar a favor el proyecto por lo que dispone, pues las otras materias que se han discutido acá no están en las ideas matrices; por lo tanto, no son objeto de indicaciones, como dijeron algunos diputados. La iniciativa se refiere a la información que se proporciona al contribuyente y no al concepto de impuesto territorial y la manera de aplicarlo. Esa es otra discusión que, ojalá, se haga en el marco de una reforma tributaria mayor.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, el proyecto parece del todo razonable, ya que busca entregar mayor información respecto de algo que preocupa a todos quienes pagamos impuesto territorial.
Es cierto que las contribuciones a los bienes raíces son necesarias para contar con recursos que mejoren la calidad de vida de quienes vivimos en una ciudad y bajo las normas jurídicas de un Estado, pero también es cierto que está ocurriendo un fenómeno complejo, porque en este propio Congreso hemos ido incrementando el valor de las contribuciones. La ley de Rentas II hizo que, en muchos casos, el valor de este impuesto llegara a límites que sobrepasan lo razonable.
Cuando uno revisa la situación en cada una de las comunas que representa, puede apreciar que existen sectores a los que han accedido familias de clase media que durante su período laboral pudieron adquirir una vivienda; pero, una vez que el jefe de familia deja de trabajar y sus ingresos bajan en forma sustantiva, nos encontramos con el inconveniente de que el valor de las contribuciones comienza a parecer más un arriendo que un derecho que se debe pagar al Estado. En comunas como Providencia, Ñuñoa , Santiago , Concepción, Pedro de Valdivia y otras más, uno puede advertir que la gente empieza a tener dificultades para pagar las contribuciones. En este aspecto, creo que no hemos respondido a ese requerimiento de una clase media a la que todos sentimos que le debemos algo. En este Congreso, todos estamos conscientes de que hay una clase media que ha sido fuertemente presionada durante largos años. ¿Cuáles son las respuestas que le hemos dado? Subimos muchísimo el valor de las contribuciones. Para quien lo puede pagar está perfecto. Sin embargo, un magistrado jubilado hablaba conmigo y me decía que para él las contribuciones parecen un arriendo, que le cuesta mucho pagarlas y que, al parecer, tendrá que vender su vivienda.
Frente a esas situaciones, debemos buscar una respuesta, la cual no está en el proyecto, porque éste permite entregar más información, pero la respuesta no está. Espero que el próximo gobierno -que ojalá sea de Sebastián Piñera - entregue una alternativa a esto.
Entiendo que aquí hay colegas que se han dedicado a estudiar la materia.
En Estados Unidos, por ejemplo, existe una fórmula para enfrentar estos casos. Cuando las personas mayores comienzan a tener dificultad para pagar sus contribuciones, el Estado, en ciertas condiciones, les permite no hacerlo. Una vez que los propietarios del bien raíz que se encuentran en esa situación mueren, sus herederos deben continuar con los pagos correspondientes; de lo contrario, se remata dicho bien.
Y eso tiene una cierta lógica: posibilita a la gente vivir sus últimos años en la vivienda que escogió, que pudo pagar, que pudo construir cuando trabajaba y era capaz de hacerlo. Siento que debemos encontrar una solución relativamente parecida a eso.
Veo a algunos de mis colegas de la bancada de enfrente asentir con la cabeza porque se dan cuenta de que el problema existe, que la dificultad la tenemos con muchos de nuestros adultos mayores. Y en esa línea, siento que debiéramos aprobar el proyecto en discusión, pero dejar prendida la luz amarilla respecto de la dificultad planteada y, de algún modo, buscar una fórmula para solucionarla. Tal vez ella no consiste en rebajar así como así las contribuciones, sino una vez que las personas cumplan los 75 años de edad y conforme a parámetros que los expertos analizarán.
Insisto en que debemos buscar una alternativa al problema reseñado; en caso contrario, nuestros adultos mayores terminarán sin vivienda o vendiéndolas, porque no serán capaces de pagar las contribuciones.
Por esa razón, señor Presidente , mi argumento, que sin duda va en la línea de aprobar el proyecto, tiene el propósito de dejar sentado un problema mayor, cual es, en algunos casos, el monto excesivo de las contribuciones de bienes raíces.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , nos hemos desviado en algún sentido del proyecto en cuestión. Recuerdo a la Sala que estamos debatiéndolo en segundo trámite constitucional. Un colega proponía enviarlo nuevamente a Comisión, pero no me parece pertinente, pues -reitero- en estos momentos lo debatimos en segundo trámite. Con todo, no hay mucho que debatir, lo que sucede -repito- es que nos desviamos del proyecto mismo, por lo que resulta necesario abocarnos con mayor precisión a la iniciativa que nos ocupa.
El proyecto se origina en una moción y tiene por objeto modificar la Ley de Impuesto Territorial en cuanto a la información que debe entregarse a los contribuyentes para que dispongan de todos los datos para determinar el avalúo, la exención, la tasa y el impuesto de los bienes raíces agrícolas y no agrícolas, una cuestión que siempre hemos discutido.
La aprobación de esta norma traerá como consecuencia benéfica equiparar la información del contribuyente con los datos que maneja la administración tributaria. Ello redundará en mayor equidad y facilidad para impugnar decisiones que podrían tildarse de arbitrarias.
Se ha calificado de ingenuo el comentario según el cual hay algunas personas que no pueden pagar el impuesto territorial. ¡Claro que sí! Ésa es una realidad que debemos asumir. ¿Pero cómo la asumimos? Es muy importante y gravitante dentro del Presupuesto de la Nación el pago de las contribuciones. Entonces, señalar que se suprimirán las contribuciones de bienes raíces no es propio de un legislador. Aquí se deben asumir con responsabilidad los dichos. No soy partidario de señalar con tanta facilidad que se deben suprimir las contribuciones de bienes raíces para agradar a determinadas personas aunque está claro que a Chile entero le gustaría que nadie pagara nada. Así son las cosas.
¿Cómo hacemos que este país crezca? Estamos pendientes de aquello. Incluso buscamos establecer una reforma tributaria, que cada vez es más ineludible. ¿Cómo haremos para conseguir los crecientes recursos que necesita el Estado para garantizar, por ejemplo, la permanencia, la profundización de los planes de protección social? No con la reducción de impuestos, pero sí haciendo justicia en su pago, porque hay crecientes grados de injusticia social reflejados cada día en la mayor concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Y ellos son los que pagan menos impuestos.
¡Lo relativo a las parcelas de agrado es vergonzoso! Las mansiones ubicadas en las riberas de los lagos del sur prácticamente no pagan contribuciones. Por otra parte, se señalaba con mucha razón que hay adultos mayores cuyos ingresos no les alcanza para pagar las contribuciones. Por eso hay que hacerles justicia y no decir, lisa y llanamente, que no se pagarán más contribuciones.
¿Qué pasa con quienes viven en los barrios altos, donde los costos de los arriendos y el avalúo de las viviendas son enormes? Tampoco se puede decir aquí que a esa gente se le suprimirá de golpe el pago de las contribuciones de bienes raíces.
Para que ello suceda, debe demostrarse la situación de cada persona a través de la Ficha de Protección Social. Así, hay varias maneras de lograr justicia.
Quiero recalcar, una vez más, que cada vez estamos más lejos de lograr justicia en cuanto al tributo en comento. Aquí sí existe una injusticia, por cuanto hay algunos que han concentrado la riqueza del país y son los que menos tributan, lo que trae aparejado menos beneficios al resto de los chilenos.
Por supuesto que debemos aprobar el proyecto que ahora analizamos en segundo trámite constitucional. Lo demás son situaciones a futuro, ojalá cercanas. Por lo pronto, debemos abocarnos, de una vez por todas, a una verdadera reforma tributaria.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , en realidad el proyecto va en la línea correcta de dar información a los contribuyentes de bienes raíces. Pero casi es una cuestión de laboratorio, porque el Servicio de Impuestos Internos no habla solo. Desgraciadamente, ahí empieza a haber una merma, porque, incluso, en este debate, ha aparecido el tema de la especulación respecto de los sitios eriazos. Eso tiene mucho que ver con la información que entregan las municipalidades, que a veces es incompleta, poco oportuna y, en ciertas ocasiones, proporcionada con exceso de tramitación burocrática.
Por lo tanto, -repito-, desde ese punto de vista, el Servicio de Impuestos Internos, que no actúa solo, a veces da información parcial y, a veces, poco oportuna al contribuyente.
Pero la cuestión es más importante. A propósito de esta discusión ha salido a colación la tremenda injusticia que se comete contra pensionados que han dado todo por el país, que han hecho un aporte el cual se les debe reconocer, y que finalmente deben pagar contribuciones por una casita que les costó toda la vida construir.
Durante toda mi etapa parlamentaria me ha tocado ver cómo particularmente los profesores, que son gente muy digna, muy de respeto, terminan viviendo de allegados en la casa de sus hijos y arrendando su propia casita, a la que aman, porque les ha costado construirla.
Entonces, creo que aquí se debe buscar una solución mayor. No hablemos sólo de que es injusto que el pensionado pague las contribuciones de su casita o de que para ello tiene que arrendarla e irse de allegado a otro lugar, sino que reconozcamos, también, que en esta materia en Chile hay una desigualdad brutal y que debemos hacernos cargo de ella. Para tal propósito se debe realizar, con urgencia, una reforma tributaria.
Es cierto lo que planteó el diputado Montes sobre la especulación de los sitios eriazos. Sabemos que los grandes empresarios arreglan su situación porque cuentan con contadores auditores y abogados especialistas. Finalmente, practican grandes elusiones de impuestos. Repito, es necesario hacer una reforma tributaria de fondo, de verdad, que al final de cuentas haga justicia en el país y no genere brutales desigualdades, reflejada en que profesores vivan de allegados o en que magistrados, que han hecho una labor tremenda por el país, vean disminuidos sus ingresos al momento de jubilarse a tal punto que les cuesta pagar sus contribuciones.
Todo esto no me parece una cuestión baladí, sino algo muy importante. Y es precisamente en este Parlamento donde se debería debatir el tema de cómo atacar la desigualdad.
En conclusión, señor Presidente, no obstante lo expresado, considero que debemos aprobar la iniciativa.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente, ha sido muy interesante escuchar los argumentos de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra respecto de un problema acerca del cual, seguramente, todos los diputados hemos recibido quejas de distintas personas afectadas.
Como parlamentarios siempre respondemos a esas personas que hemos planteado y discutido el asunto. Sin embargo, finalmente, tal como sucederá en esta ocasión, deberemos decirles que no les tenemos una solución. Es lo que tendré que informarles nuevamente a los habitantes de mi distrito, a la gente de Concepción.
Resulta que hay una cantidad enorme de personas; entre académicos, pequeños empresarios, profesionales, que viven en el barrio que circunda a la Universidad de Concepción y que han visto cómo se ha disparado el monto que deben pagar por concepto de contribuciones. Como les han prometido que se solucionará el problema, he debido aclararles que la responsabilidad de hacerlo corresponde al Ejecutivo , el cual hasta ahora no ha tomado ninguna decisión política para abordar el problema.
En mi opinión, esa es una de las razones por las cuales mucha gente se ha cansado de escuchar las promesas de la Concertación. Hay sectores importantes de la clase media de mi distrito que acompañaba con su voto al conglomerado de gobierno, gente de centroizquierda, pero que lo han ido abandonando a causa de esa situación y de otras similares.
Siempre se dice que es el Congreso Nacional el que no toma la decisión, pero no es así. Es la autoridad, el Poder Ejecutivo el que tiene esa responsabilidad.
Seguramente, para la gente afectada por este problema, resultará interesante escuchar los argumentos que se han expresado con ocasión del debate de esta iniciativa. Es indudable que el proyecto que estamos discutiendo está bien encaminado, pero, en definitiva, lo cierto es que sólo consiste en entregar más información al contribuyente. Es como si a un enfermo al cual antes se le entregaba un escáner ahora se le entregaran cuarenta. Lo lamentable es que, al final, seguirá enfermo.
En efecto, habrá más antecedentes, más información, pero la solución al problema de fondo que afecta a mucha gente, entre la cual hay quienes incluso en alguna ocasión han debido dejar de comer para pagar las contribuciones, no llega.
Esta iniciativa no soluciona el problema de fondo que afecta a la clase media, a la gente de la tercera edad, algunos de los cuales han debido vender sus casas.
En consecuencia, señor Presidente, si bien vamos a votar a favor del proyecto, quiero dejar en claro que la mayor responsabilidad por la falta de una solución de fondo corresponde al Ejecutivo, dado que los diputados no tenemos facultades para presentar iniciativas en esta materia.
Lamentablemente, durante los veinte años de Gobierno de la Concertación no se ha tomado la decisión política de solucionar el problema de las contribuciones que afecta a la clase media, tan sufrida.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.-
Señor Presidente , el proyecto en debate tiene por propósito transparentar el modo y los factores que considera el Servicio de Impuestos Internos al momento de establecer los avalúos de los bienes raíces y, como consecuencia de ello, el monto que debe pagar cada contribuyente por concepto del impuesto territorial.
Atendida la información que se entregará a los ciudadanos una vez que se promulgue esta iniciativa, lo cierto es que nadie podría oponerse a su aprobación. Sin embargo, en el transcurso del debate las cosas han derivado hacia otros aspectos. Por ejemplo, se ha hecho especial hincapié en el problema de las contribuciones que pagan las personas pobres o empobrecidas de la tercera edad, o quienes viven en barrios en que los terrenos se han revalorizado como consecuencia de la construcción de líneas del Metro u otras obras similares, a causa de lo cual ha aumentado el avalúo de sus propiedades, debiendo pagar más contribuciones.
Ayer leía en la prensa -hoy se han publicado algunos comentarios al respecto- que las municipalidades del país tienen un déficit de seiscientos mil millones de pesos, no obstante lo cual, especialmente los diputados de las bancadas de enfrente, las de derecha, las de Piñera, en vez de resolver ese problema, lo cual requeriría allegar más recursos al sistema municipal, están pensando en cómo rebajar impuestos a quienes pueden pagarlos porque tienen solvencia. Siempre es fácil hacer ofertones en tiempos de elección. Cuando una fuerza política ve en el horizonte que puede gobernar, los ofertones dejan de existir.
A mí me parece que es posible buscar con seriedad la forma de rebajar las contribuciones que debe pagar la gente de la tercera edad, siempre que haya una compensación para las finanzas municipales, que se verían afectadas con una medida de esa naturaleza, de manera de no seguir agravando el déficit del cual nos informaron los alcaldes a través de la prensa.
Así, por ejemplo, junto con rebajar las contribuciones que deben pagar las personas de la tercera edad que lo necesiten, podría eliminarse el beneficio que favorece a los bienes raíces caros, aquellos cuyo avalúo fiscal supera los 40 millones de pesos -no estoy hablando de viviendas sociales o de clase media-, pero cuyo valor comercial es dos o tres veces esa cantidad. La idea es eliminar la deducción de diez millones de pesos iniciales que se hace para efectos de aplicarles la tasa que las grava por concepto del impuesto territorial. Sus propietarios son personas que pueden pagar. En general, es gente que está detrás de la opción que representan los diputados de las bancadas de enfrente, de las bancadas de la derecha, de las bancadas de Piñera.
Desgraciadamente, la aprobación de esta iniciativa no producirá un beneficio automático ni una distribución equitativa del crecimiento de los ingresos que podrían derivar de su entrada en vigencia. Ello se debe a que la base de los ingresos tributarios que favorecen a los municipios está concentrada en unas pocas comunas: Las Condes, Vitacura, Providencia , La Reina y algunas capitales de regiones. Por tal razón, simultáneamente, habría que introducir una reforma a los criterios con que se distribuyen y redistribuyen los recursos captados a través del Fondo Común Municipal.
Un diputado argüía que a la Concertación le ha faltado voluntad para legislar sobre esta materia. Está equivocado. No digo que mienta, sino que está equivocado. Él no era parte del honorable Congreso Nacional en 1997. Ese año se presentó un proyecto que buscaba reformar integralmente el sistema de financiamiento municipal, incluidos los aspectos a los que nos acabamos de referir. ¿Quiénes lo torpedearon? Parlamentarios como Lily Pérez -hoy electa senadora- o el diputado que representaba a mi distrito en esa época.
De modo que la idea de que el Congreso no es responsable de esta materia está completamente fuera de lugar y equivocada, porque sí lo es. En esa ocasión, la dilación de las bancadas de Derecha impidió que la reforma se aprobara, aunque precisamente iba en la misma dirección que la iniciativa que hoy estamos discutiendo y respecto de la cual todos hemos expresado sentir el problema y manifestado nuestra voluntad de ayudar, especialmente a las personas de la tercera edad. Ciertamente, hay ocasiones en que el verbo no basta, pues se necesitan hechos.
Ese proyecto, que buscaba reformar la materia que nos convoca, lo presentó Eduardo Frei . Seguramente, lo volverá a presentar después del domingo, cuando nuevamente sea electo Presidente la República .
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
En votación en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que precisa información que debe proporcionarse a los contribuyentes de bienes raíces en materia de impuesto territorial.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñán Felipe; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara también aprobado en particular.
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