-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639796/seccion/akn639796-po1-ds4
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639796/seccion/akn639796-po1-ds12-ds15
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639796/seccion/akn639796-po1-ds4-ds5
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639796/seccion/akn639796-po1-ds12-ds14
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639796/seccion/akn639796-po1-ds12-ds16
- bcnres:tieneTramiteConstitucional = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- dc:title = "INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN."^^xsd:string
- rdf:type = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- bcnres:tieneTramiteReglamentario = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/contraloria-general-de-la-republica
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/servicio-de-registro-civil-e-identificacion
- bcnres:tieneResultadoDebate = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- rdfs:label = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- bcnres:tieneTerminoLibre = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/control-de-registros-de-informacion-personal
- bcnres:tieneTerminoLibre = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/utilizacion-politico-electoral-de-servicios-publicos
- rdf:value = " INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Corresponde pronunciarse sobre el informe de la Comisión Investigadora destinada a analizar presuntas irregularidades en el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión, sesión 73ª, en 1 de septiembre de 2009. Documentos de la Cuenta N° 24.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado informante , señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ, don Marcelo (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión Especial Investigadora destinada a analizar eventuales irregularidades en el Servicio de Registro Civil e Identificación, paso a informar respecto de las actuaciones realizadas sobre el tema, las conclusiones y recomendaciones del caso.
Durante el lapso en que se extendió la labor de la Comisión Investigadora, se contó con la participación de las autoridades, funcionarios públicos, dirigentes de organizaciones gremiales y particulares que, en orden secuencial, pasan a señalarse, y cuyas declaraciones e intervenciones se encuentran transcritas en el informe puesto a disposición de cada uno de los señores diputados:
-Señor Ramiro Mendoza Zúñiga , contralor general de la República .
-Señor Carlos Maldonado Curtis , ministro de Justicia .
-Señor Jorge Frei Toledo , subsecretario de Justicia .
-Señor Luis Fuentes Cerda , ex director (S) del Servicio de Registro Civil e Identificación.
-Señor Juan Lavín Jaimen , presidente de la Asociación Nacional de Empleados del Servicio de Registro Civil e Identificación , y los dirigentes de esa misma entidad, señor Juan Muñoz Araya , señora Nelly Díaz Delgado y señora Ana Muñoz Sepúlveda .
-Señor Christian Behm Sepúlveda , director del Servicio de Registro Civil e Identificación.
-Señor Guillermo Arenas, ex director del Servicio de Registro Civil e Identificación.
-Señor Jorge Salvatierra Pacheco , gerente general de Quintec S.A.
I. Antecedentes.
El mandato de la Comisión Especial Investigadora se originó en una solicitud presentada por cincuenta señores diputados, en conformidad con el artículo 52, Nº 1, letra c), de la Carta Fundamental y que fue aprobada por unanimidad en sesión de Sala de 20 de enero de 2009.
En la petición, los parlamentarios señalaron que, en el último tiempo, la opinión pública tomó conocimiento de presuntas irregularidades que se habrían cometido en el Servicio de Registro Civil e Identificación, algunas de las cuales ya estaban siendo investigadas por la Contraloría General de la República, referidas a la contratación y pago de asesorías no efectuadas, gastos cuantiosos sin justificación contable, utilización político-electoral del aludido organismo, aprovechamiento personal de bienes y fondos públicos, eventuales fraudes, vicios en los procesos de licitaciones, etcétera.
De acuerdo al mandato de la Sala, se otorgaron 90 días para el cometido de la Comisión.
II. Conclusiones y proposiciones.
La Comisión, con fecha 18 de agosto del año en curso, sometió a la consideración de sus integrantes las propuestas en esta materia: una presentada por el señor Ward, don Felipe , y la otra, por quien habla.
Luego de una breve explicación brindada por sus autores, y de un corto debate, fueron ambas sujetas a votación, resultando aprobada la señalada en segundo lugar.
Se consigna que la Comisión aprobó, por siete votos a favor, cuatro en contra y una abstención, las propuestas contenidas en el documento que se reproduce más adelante.
Por idéntico quórum, se rechazó el texto presentado por el señor Ward, don Felipe .
Votaron a favor de la propuesta que resultó aprobada los señores Araya, don Pedro ; Díaz, don Marcelo; Jiménez, don Tucapel ; Sabag, don Jorge ; señora Soto, doña Laura ; Venegas, don Samuel ; y Vallespin, don Patricio , en tanto que lo hicieron en contra los señores Correa, don Sergio ; Egaña, don Andrés , y la señora Turres , doña Marisol . Se abstuvo el diputado señor Sepúlveda , don Roberto .
A continuación daré a conocer, en lo pertinente, la propuesta aprobada:
A) Consideraciones iniciales:
Análisis sobre observaciones de la Contraloría General de la República:
Seguridad en los activos de información:
En ella se desprenden variadas observaciones con connotaciones diversas. En efecto, nos deben llamar a la reflexión todas aquellas que se refieren al riesgo para el negocio que le es propio al Servicio, cual es cuidar la invulnerabilidad de los datos que maneja de personas o bienes, lo que el señor contralor llama “seguridad en los activos de información”. Así, es preocupante constatar que registros, como el de condenas o el de vehículos motorizados, pudieran ser vulnerados a propósito de falta de un prolijo control. El primero de estos disponía de un elevado número de cuentas de usuario, que alcanzaba a 1.256. No era posible detectar cuáles cuentas tenían habilitada la opción de eliminar sentencias; posteriormente, el Servicio informó que 89 de éstas tenían privilegios para eliminarlas, siendo que sólo 33 cuentas debían ejecutar eliminaciones.
En el segundo sistema, existen 136 entidades con accesos a ellos, constatándose que el responsable de habilitar esos accesos no tiene un registro total de quienes tienen activado dicho privilegio. Por ejemplo, respecto del sistema de vehículos motorizados, hay una falencia entre el tiempo en que Carabineros de Chile tiene la información de los vehículos motorizados robados y el momento en que ella se ingresa al Registro Civil , de cara al usuario del Servicio, lo cual entrega mayores facilidades para que hoy se puedan comprar y registrar vehículos robados.
También la Contraloría General de la República señala que existían muchas cuentas genéricas con privilegios de administrador que se traspasaban a otros servicios, en circunstancias de que tales cuentas no tenían por qué tener dichos privilegios, sino sólo los de visualizador de la información, como es el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gendarmería de Chile, Carabineros de Chile y el Ministerio Público, entre otros. Es decir, hay una falencia en la seguridad del dato, por lo que terceros, que no sean del Servicio en cuestión, podrían provocar una condición de riesgo en el manejo de tal información.
Hay que dejar en claro que toda la información relacionada con los registros de condena no tiene problemas de filtración ni de mal uso.
Según lo informado por el ex director del Servicio , señor Fuentes, cuando una persona trabaja en el Servicio de Registro Civil e Identificación y se le asigna alguna función que requiere usar algún sistema computacional, se le crea una cuenta que lo autoriza para realizar las funciones que le corresponden. Ahora, si la persona deja de trabajar en el Servicio, se deshabilita para que no se pueda volver a conectar.
Proceso de Licitación Proyecto de Plataforma Tecnológica:
En el contexto de sus funciones, el Servicio requiere de una nueva plataforma tecnológica a fin de dar cumplimiento a sus objetivos específicos, disponiendo el 16 de abril de 2007, el llamado a propuesta pública. La Contraloría General de la República aprobó las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos para la contratación del Proyecto Integración de Plataforma Tecnológica , Comunicaciones e Informática, a través de la toma de razón, realizada el 17 de mayo de 2007.
Mediante resolución exenta Nº 2.806, de 10 de octubre de 2007, el Registro Civil adjudicó la licitación pública a la empresa TATA Consultancy Services BPO Chile S.A., la cual obtuvo el puntaje más alto. Este contrato se aprobó mediante resolución Nº 603, de 21 de diciembre de 2007, y luego se remitió a la Contraloría General de la República.
Debido a esta resolución, se presenta una demanda ante el Tribunal de Contratación Pública por la empresa Quintec Soluciones Informáticas S.A., pues aquella se consideró incompleta y que vulneraba algunas normas, tanto en la evaluación técnica y económica, como en la posterior adjudicación.
El 28 de enero de 2008, la Contraloría General de la República ordena retrotraer el proceso de licitación a su etapa de evaluación a través del dictamen Nº 3.231, y no toma razón de este contrato. Se entendía que había un incumplimiento de las bases administrativas y porque la resolución exenta Nº 2.806, que adjudicó la licitación, no señaló de manera clara los criterios y la calificación que permitieron seleccionar a esta empresa como la oferta más conveniente.
El 10 de marzo de 2008, se adjudica nuevamente esta licitación a la empresa TATA Consultancy Services BPO Chile S.A. mediante resolución exenta Nº 796, por cuanto ésta había obtenido el máximo puntaje de acuerdo al nuevo proceso de evaluación.
Finalmente, el 18 de marzo de 2008, por resolución Nº 923, sin que la Contraloría General de la República interviniera, sino que a raíz de la publicación de una investigación periodística que reveló la condición de “doble asesor” de una persona que había participado en el proceso, el propio Servicio vuelve a dejar sin efecto la resolución de adjudicación respecto de esta empresa internacional.
Doble contrato del señor Andrés Contardo:
Esta persona se encontraba prestando asesorías a la empresa TATA, a la vez que estaba contratado por el Servicio de Registro Civil e Identificación para elaborar bases de licitación y evaluar las ofertas. La situación de doble contratación de este ex asesor de la dirección del Servicio no fue detectada por el mismo, ni tampoco por la Contraloría General de la República. Esto no hace más que mostrar lo complejo del caso.
La actual legislación sobre transparencia de los actos de la administración, sin duda ayudará a dar mayor nitidez también en lo que se refiere a la contratación de personal, aunque, sin duda, nunca se podrán eliminar del todo los posibles actos de corrupción, especialmente considerando que esta normativa aún no se hace extensiva al sector privado, lo que impide cruzar información de contratos y asesorías para detectar tempranamente posibles conflictos de interés o negociaciones incompatibles.
Debido al tiempo de que dispongo, me voy a saltar algunos capítulos y me concentraré en lo fundamental, que son las conclusiones y sugerencias que la Comisión hizo presente durante la investigación, en relación con la Contraloría General de la República, el Ministerio de Justicia y, finalmente, el Servicio de Registro Civil e Identificación.
-En relación al rol de la Contraloría General de la República:
Sin perjuicio de destacar la labor desarrollada por esta institución, en cuanto a las auditorias levantadas y que estimamos constituirán un aporte para la mejora en la gestión y la transparencia de los procesos del Servicio, es necesario también señalar que resulta difícil comprender que esta entidad no haya iniciado un proceso de investigación específica, luego de las denuncias efectuadas por una empresa privada, de similares características a las recibidas por el Ministerio de Justicia, y que llevó a esta Cartera a realizar una auditoría. Por lo cual, es necesario que se estudie la forma de hacer obligatoria la transparencia de esas denuncias. Cabría preguntarse, entonces, cuántas denuncias más existen que no han sido acogidas a tramitación y se han archivado sin que los entes denunciados hayan tomado conocimiento de los hechos y menos que los denunciantes hayan visto satisfechos su interés porque sean investigados. La cuenta pública del señor contralor debiese transparentar este listado.
-En relación al rol del Ministerio de Justicia:
Por las consideraciones expresadas en el cuerpo de este informe, la Comisión considera necesario fortalecer el rol supervisor y fiscalizador de la Cartera de Justicia sobre sus organismos dependientes y relacionados, pues el tamaño y recursos de este ministerio en su nivel central no resulta proporcional al tamaño y recursos de los servicios bajo su dependencia o supervisión, pudiendo constatarse que, en materia de personal, la dotación de la Subsecretaría de Justicia es de 288 personas, mientras que la dotación total de sus servicios dependientes o relacionados, se eleva a casi 23 mil funcionarios.
En materia de recursos, el presupuesto de la Subsecretaría asciende a poco más de 6 mil millones anuales, mientras que el de sus servicios dependientes o relacionados se aproxima a los 600 mil millones anuales. Para estos efectos, la Comisión insta al Ejecutivo a incrementar los recursos necesarios para fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la Subsecretaría de Justicia, así como a considerar posibles modificaciones legales que fortalezcan los correspondientes mecanismos de control y supervisión, incluyendo la posible creación de una o más subsecretarías temáticas como, por ejemplo, una Subsecretaría de Servicios Penitenciarios, otra específicamente orientada a atender las necesidades de funcionamiento y modernización del Sistema de Administración de Justicia, etcétera.
Los recursos que están en juego, la importancia y calidad de los servicios que se deben prestar y la complejidad de las materias que la ley les encomienda, hacen aconsejable proceder de la manera indicada.
Todo ello, sin perjuicio de la función fiscalizadora que ha sido entregada por el legislador, en forma exclusiva, a la Contraloría General de la República, por cuanto se trata del organismo encargado, precisamente, de ejercer el control de legalidad de los actos de la administración del Estado, de acuerdo a su norma orgánica, en la especie ley Nº 10.336, que dota al ente fiscalizador de todas las facultades necesarias para ejercer sus competencias, por lo que es precisamente dicha institución la encargada de hacer efectivas las responsabilidades administrativas derivadas de las infracciones que detecte, sea a través del trámite de toma de razón, denuncias o auditorías.
En relación con los procesos licitatorios que tengan dimensiones considerables sobre el quehacer institucional del Servicio y al interés del país, la Comisión considera indispensable un involucramiento técnico y supervisión administrativa y política más intensiva por parte del Ministerio de Justicia, más allá del que la ley le exija frente a la naturaleza de un servicio descentralizado. Si hubiere obstáculos normativos, deberá analizarse su corrección, en beneficio del interés general del país y de la necesidad de revestir estos procesos de las necesarias garantías de corrección y transparencia.
Dicha Cartera deberá destinar equipos técnicos competentes, que tengan como objetivo complementar y revisar el trabajo de comisiones evaluadoras, entregando mayor capacidad de análisis sobre las diversas ofertas que se presenten, así como también brindar el mayor nivel de transparencia a las decisiones que se tomen al adjudicar a determinada empresa, teniendo siempre presente los principios de probidad y eficacia.
De esta forma, en temas de tan gran impacto en el Servicio, como los que han sido objeto de investigación por esta Comisión, el ministerio debe estar en condiciones y contar con una participación desde un inicio intensa y activa, más allá del rol que le requiere la ley ante un servicio descentralizado.
En relación con el Servicio de Registro Civil e Identificación, en lo que respecta al resguardo de las informaciones esenciales, la Comisión consideró necesario realizar una auditoría específica sobre los datos existentes en todos aquellos sistemas de mayor riesgo, entre los cuales debiese contemplarse el de Condenas y el de Vehículos Motorizados. Esta auditoría deberá entregar lineamientos estratégicos y de gestión que permitan tomar las acciones necesarias para contar con sistemas eficaces, eficientes y seguros, que pongan fin a las anomalías detectadas por la Contraloría General de la República.
Es de gran importancia que el Servicio desarrolle un plan de modernización a mediano y largo plazo, mediante el cual garantice, en el futuro, que las prestaciones y actuaciones se lleven a cabo con la mayor eficacia y eficiencia, entendiendo para ello el rol relevante que toman los sistemas de gestión integral, el control interno y financiero, como también el seguimiento y actualización de los recursos tecnológicos.
En el marco de este plan de modernización de la gestión será importante revisar tanto los manuales organizacionales y de cargos con sus respectivos perfiles, con el objeto de que den cuenta de las necesidades y requerimientos propios del Servicio en el área tecnológica, informática y de control de gestión, procurando así que estos cargos sean ocupados por las personas que cuenten efectivamente con estas características.
En complemento con lo señalado, se sugiere analizar técnicamente cada comisión evaluadora al interior del Servicio en licitaciones que se encuentren en curso.
La excelencia del Servicio se ha visto ratificada en los diversos premios que ha obtenido en los últimos años. Lo anterior se logró, con el esfuerzo mancomunado de los funcionarios que laboran en el Servicio a lo largo del país. Por lo tanto, es imprescindible que se mejoren las condiciones de trabajo de esos funcionarios, que se les entreguen todas las herramientas para el ejercicio de su función, y, sobre todo, que exista una preocupación especial por tratar de obtener beneficios adicionales para ellos. Ese Servicio no cuenta hoy con centros vacacionales propios, ni tampoco con una red de salas cunas suficientes para satisfacer la demanda por este tema, más aun si se considera que casi dos tercios de los funcionarios son mujeres. Reconocer el rol que cumple la institución pública denominada Servicio de Registro Civil e Identificación, así como el alto compromiso y eficiencia de sus funcionarios, a pesar de las dificultades económicas por las que, suponemos, pasan atendido el exiguo nivel de sus remuneraciones.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- En discusión el informe.
Tiene la palabra el diputado Felipe Ward.
El señor WARD.- Señor Presidente , me tocó presidir la Comisión Investigadora que votó sus conclusiones y un informe de mayoría que hoy es sometido a la consideración de la Cámara de Diputados.
En mi condición de miembro de la Comisión Investigadora destinada a analizar presuntas irregularidades en el Servicio de Registro Civil e Identificación, presenté un informe distinto, mucho más en sintonía con la realidad, con datos más específicos en relación con lo que ocurrió en esa repartición y que, lamentablemente, fue rechazado. Reglamentariamente no corresponde un informe de minoría, por eso solicitamos que el documento que contiene las conclusiones que formulamos fuera incorporado en el informe de la Comisión, pero tal petición no contó con la unanimidad para ello. Por eso, considero de absoluta lógica votar en contra el informe. Voy a explicar el porqué.
La Contraloría General de la República realizó duros informes respecto del Registro Civil , en el marco de las denominadas “auditorías integrales aleatorias” y de la auditoría de sistemas realizadas a dicho Servicio. En éstos se deja constancia de un sinnúmero de irregularidades tanto en el ámbito administrativo como en el financiero, muchas de las cuales eventualmente podrían recaer en la categoría de delitos.
En buena parte de los casos, la aparición de hechos de corrupción en distintos entes y empresas del Estado tienen un elemento común: la presencia de funcionarios ligados a determinados partidos políticos en puestos que nada tienen que ver con sus habilidades profesionales y que este caso no ha sido la excepción. La misma Contraloría ha ratificado la presencia de una gran cantidad de personas respecto de las cuales no ha sido posible acreditar una colaboración acorde a las remuneraciones percibidas mientras duraron en su cargo. Éste es un punto central.
Hay procesos judiciales que lamentablemente están acreditando que hubo pagos millonarios por asesorías no acreditadas, no prestadas. Pero el informe de la Concertación no dice absolutamente nada respecto de este tema. Por el contrario, libera de responsabilidades a las personas que hoy son investigadas por los tribunales de justicia, lo que refleja la falta de sintonía del informe de mayoría que estamos discutiendo, que, obviamente, debemos rechazar.
Es importante destacar que, a lo largo de la investigación llevada a cabo por la Comisión, fue posible detectar el completo compromiso con la institución de los casi 3 mil funcionarios que actualmente se desempeñan en el Servicio de Registro Civil e Identificación y, sin duda, es a ellos a quienes más afectan las anomalías y hechos de corrupción provocados por quienes, trabajando desde el interior del servicio, buscan favorecer intereses ajenos a la institución.
La Cámara de Diputados constituyó esta Comisión investigadora con el objeto de que se abocara al conocimiento de las presuntas irregularidades en el Servicio de Registro Civil e Identificación conocidas por la opinión pública, algunas de ellas detectadas por la Contraloría General de la República.
El diputado informante , señor Marcelo Díaz , mencionó con bastante precisión a las personas que fueron recibidas por la Comisión, razón por la cual obviaré esa información, que también está contenida en nuestro informe, que sí debería votarse hoy, pero que, lamentablemente, ni siquiera forma parte de los antecedentes que tienen en su poder los señores diputados. Este documento indica irregularidades detectadas por la Contraloría, que fueron absolutamente acreditadas, por lo que nos parece insólito que no estén incorporadas en el informe de mayoría que se votará luego.
Por ejemplo, hay dobles contratos, que han originado formalizaciones por fraude al fisco, procesos en los que se están acreditando pagos millonarios por asesorías no prestadas. Además, se pueden mencionar los siguientes hechos: solicitud de coimas, contratos de honorarios que implican irregularidades por casi 480 millones de pesos, acceso a las cuentas de usuario del sistema informático de manera irregular, arriendo de inmueble, que también contempla irregularidades que han sido constatadas, que fueron presentadas de manera fehaciente a la Comisión; una serie de irregularidades administrativas, que no fueron mencionadas por nosotros, sino por la Contraloría General de la República, ente independiente y autónomo encargado de detectar este tipo de situaciones; gastos de representación absolutamente desproporcionados, fuera de la realidad y de los fines del servicio; ascensos de funcionarios por períodos brevísimos de tiempo antes de jubilarse, para alterar su previsión; desvío de fondos para eventual enriquecimiento personal, tema que también está siendo investigado por los tribunales de justicia.
Hay responsabilidades muy claramente determinadas y preceptos legales que han sido vulnerados, pero que no forman parte del informe de mayoría que se discute.
Formulamos ciertas sugerencias, que creo necesario reiterar -al menos, para que quede en la versión-, de lo que debió contener el informe, que considero altamente insuficiente, absolutamente parcial, completamente sesgado y cuestionable en su origen. No iré más allá, aunque, repito, es absolutamente cuestionable en su origen. Las personas que elaboraron este informe saben por qué.
Las sugerencias que hicimos a la Comisión, y que hacemos a esta Sala plantean que es deber de la Cámara de Diputados promover todos aquellos principios que vayan en el sentido de lograr una administración pública más transparente y ceñida a lo mandatado por la ley. Debido a lo anterior, al constatar las ya mencionadas responsabilidades políticas y administrativas, creemos importante proponer una serie de medidas que, de ser acogidas, favorecerían el actuar de la institución.
Cabe destacar que si bien el Registro Civil ha sufrido una serie de modificaciones, fruto de los recientes escándalos, en que destaca especialmente el cambio en la forma de nombramiento de su director nacional, persisten muchas dudas respecto a lo que ha ocurrido en los últimos años al interior del servicio. Por lo anterior, nuestras conclusiones sugerían lo siguiente:
1. Analizar técnicamente la composición de las comisiones evaluadoras de las licitaciones actualmente en curso al interior del servicio.
2. Colaborar en todo lo que esté al alcance de la administración del servicio para poder aclarar la serie de irregularidades que se cometieron al interior de dicha repartición pública.
3. Terminar con el nombramiento político de los funcionarios públicos y establecer una serie de parámetros objetivos que permita valorar la calidad profesional de aquellas personas que desean ingresar al Servicio de Registro Civil e Identificación.
4.- Fortalecer y potenciar al excelente personal con que cuenta ese servicio, el cual a diario trabaja a lo largo del país con el noble objeto de servir, de la mejor manera posible, a los millones de chilenos que anualmente requieren de sus servicios. La Comisión pudo constatar que el nivel de compromiso y abnegación con el cual la gran mayoría ejerce sus funciones debe de servir de ejemplo para las demás reparticiones públicas. De no ser por ellos, probablemente las irregularidades y hechos de corrupción que afectaron últimamente al servicio hubiesen hecho colapsar la institución.
Reitero que el informe presentado por la Comisión debe ser rechazado, porque es pobre, sesgado, parcial y no recoge lo que ocurre en la realidad. Es un dato de la causa, y no sólo un juicio de valor, que no hay sintonía entre el informe presentado, que se votará en algunos minutos más, y la realidad, al punto que lo que investigan los tribunales de justicia es absolutamente liberado de responsabilidad y obviado por quienes lo presentaron, que, insisto, la Sala debería rechazar.
Lamento que nuestras conclusiones no hayan sido aprobadas en la Comisión y que algunas personas no hayan participado en el proceso de recolección de información para elaborar las conclusiones y que sólo se hayan presentado a votar el informe final. Esas actitudes no prestigian la labor de esta Corporación.
Por las razones expuestas, con total tranquilidad y honestidad intelectual, en defensa del trabajo de la Cámara de Diputados y de sus comisiones investigadoras, llamo a votar en contra del informe presentado.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este informe en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Corresponde votar el informe de la Comisión Investigadora destinada a analizar presuntas irregularidades en el Servicio de Registro Civil e Identificación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 39 votos; por la negativa, 22 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Harboe Bascuñán Felipe; Vallespín López Patricio; Venegas Rubio Samuel; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Moreira Barros Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Urrutia Bonilla Ignacio; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvo el diputado señor Alinco Bustos René.
"
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639796
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639796/seccion/akn639796-po1