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- rdf:value = " El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Señor Presidente:
Al tratarse este proyecto, hice algunos alcances respecto de su constitucionalidad y de allí que me inscribí para intervenir en este debate.
Me habría agradado mucho que hubiera estado presente el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, quien habló en forma muy tranquila y metódica. Para sostener esta iniciativa del Gobierno de la Democracia Cristiana, hizo una exposición filosófica que, seguramente, formulada al comienzo de esta Administración habría sido de interés; pero que ahora, cuando ya ha corrido mucha agua bajo los puentes, está lejos de tenerlo. Debo reconocer que el señor Thayer fue, por lo demás, muy prudente en su manera de expresarse.
Naturalmente, debo recordar las palabras del señor Ministro, porque constituyen la filosofía del Gobierno de la Democracia Cristiana al organizar las juntas de vecinos y la Promoción Popular.
El señor Ministro dijo que la Promoción Popular persigue incorporar a todos los ciudadanos, en especial a los grupos más abandonados, al desarrollo económico y social en su acepción más amplia y completa, superándose para ello la marginaliad, de modo que la organización del pueblo en comunidades integradas a la gran comunidad nacional permita a aquéllas ser protagonistas tanto de su propio bienestar como del de toda la nación. Luego agregó que los cambios suponen acomodar las circunstancias sociales de manera que se haga justicia y se responda a las exigencias de una población que reclama mayor participación en las posibilidades del país y que la oposición a los cambios genera violencias sociales, sobre todo cuando existe conciencia de que ellos son necesarios, justos y posibles. Y terminó dando un juicio, en este rosario de expresiones con las cuales fundamentó la filosofía de la Democracia Cristiana para esta organización que llama de tipo nacional: que la constitución 'de juntas vecinales y organismos populares desata un caudal de aspiraciones insatisfechas, contenidas durante decenios y siglos precisamente por falta de organización, y que el desborde de tales aspiraciones, de no existir un pían nacional, llevaría a la destrucción interna de la sociedad y acarrearía una violencia social que no puede suponerse en el ánimo de nadie en un país que se esfuerza por superar el estancamiento económico. Es decir, estamos frente a una posición
trágica: si el Congreso Nacional no da el pase al proyecto de juntas de vecinos y Promoción Popular, la sociedad entera se encontraría amenazada, porque hay fervor popular que llegaría hasta la violencia, amenazando la estabilidad de los poderes públicos. Para evitar todo este proceso dramático de la estructura política, la Democracia Cristiana nos trae este proyecto.
Vamos a ver qué dice la iniciativa. Es un proyecto singular.
El señor LEIGHTON (Ministro del Interior).-
Diríjase a la Mesa, señor Senador.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Como me oye con una sonrisa tan agradable el señor Ministro, quien viene a hacer profesión de fe democrática, de larga trayectoria democrática, interesa, pues, que siga mi razonamiento.
El proyecto dice que la constitución y organización de las juntas de vecinos corresponden a las personas que viven en la misma unidad vecinal, que es el territorio jurisdiccional de una junta de vecinos, y que se entrega a las Municipalidades el control en el desarrollo de este proceso. Según el informe "si ellas no cumplen, interviene el Ejecutivo a través de los Gobernadores e Intendentes". O sea, los Gobernadores e Intendentes, más allá del Ejecutivo, el Gobierno, se entroncan con las juntas de vecino, pasando por encima del poder comunal.
He aquí el propósito que persigue el proyecto. Más adelante dice el informe recaído en él:
"A grandes rasgos, citaremos las de promover el progreso urbanístico y el desarrollo del espíritu de comunidad y solidaridad entre los vecinos; organizar, promover o participar en la formación de cooperativas ; colaborar con facultades fiscalizadoras en los servicios públicos con el objeto de asegurar una adecuada prestación. En representación de los intereses de los vecinos, podrán realizar actos de orden patrimonial, incluso contratar créditos con bancos nacionales u organismos internacionales."
¡He aquí un proyecto de ley extraordinario! Las juntas de vecinos, improvisadas, designadas por la voluntad del Ejecutivo por intermedio de los Intendentes y Gobernadores, plasmadas por ellos, van a tener facultades fiscalizadoras de las reparticiones del Estado, en forma irresponsable; más todavía, tendrán atribuciones para comprometer el crédito del país, en bancos nacionales y extranjeros, pasando por encima del poder comunal consagrado en la Constitución Política del Estado.
No creo que se pudiera haber traído aberración más grande al Parlamento. Es preciso desconocer la vida política nacional y vivir en un plano imaginario de inmensas aspiraciones. Han querido rehacerlo todo. Es la revolución en libertad, que nos va confundiendo cada día más y nos envuelve en un caos tremendo.
Pero todavía hay mucho que agregar en cuanto al proyecto, que debe pasar a la historia para quienes mañana se preocupen del advenimiento al Gobierno de la Democracia Cristiana.
Entre las intervenciones que tendrán las juntas de vecinos para hacer más efectiva su labor en el progreso urbanístico, se establece que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos podrá defender la prelación del plan coordinador de las otras propuestas -el que deberá incluirse en el presupuesto de la Corporación-, en caso de que no se produjere acuerdo entre aquélla y la respectiva Municipalidad. Así es como los representantes de la Unión Comunal podrán concurrir a las sesiones del Municipio en que dicho plan se trate y el parecer de aquélla equivaldrá a una cuarta parte de los regidores en ejercicio, con calidad decisoria si se produjere empate.
"En todo caso, los presidentes de las juntas de vecinos tendrán derecho a voz en las sesiones de las Municipalidades y en sus diversas comisiones, cuando se traten asuntos que se refieran o afecten a sus unidades vecinales."
He aquí otra novedad. Todos sabemos que las Municipalidades de Chile están consagradas por la Constitución Política, como consecuencia de una ley que nos dio, en defensa de la organización democrática del país, la contienda de 1891, pues hasta allí se remonta la historia de nuestros municipios. Ahora llegarán a esos consejos representativos de la ciudadanía, vecinos elegidos por el Ejecutivo, quienes participarán en el seno de los municipios en una proporción tal que las uniones comunales tendrán una representación de 1,25; es decir, un representante con derecho a voto, a decisión. En otros términos, es la quiebra de los municipios. ¿Para qué haber hecho todas estas elecciones, si en definitiva el Ejecutivo entorpecerá y entrabará el proceso de las comunas? En los departamentos, la representación será de 1 3/4. Habrá un representante. Pero en las provincias ya pasan de dos representantes, y en Santiago hay tres y cuatro. Por lo tanto, tres miembros de las juntas vecinales participarán en las decisiones de los municipios y, en todo caso, los representantes de las uniones comunales tendrán intervención en las Municipalidades y en las comisiones de trabajo de éstas. Es decir, la voluntad del Ejecutivo resulta omnímoda y va lenta y gradualmente destruyendo el proceso democrático de la república.
No se puede concebir intromisión política más manifiesta.
Y bien: la aspiración del proyecto es llevar este movimiento que inspira el Ejecutivo, del nivel comunal, al nivel nacional. En efecto, dice así el informe:
"Si bien el proyecto autoriza la formación y consagra la existencia legal de las agrupaciones, uniones, federaciones y confederaciones de las organizaciones comunitarias desde el nivel comunal al nacional, como lo expresáramos anteriormente, la simple lectura del título pertinente permite deducir que la Cámara de origen ha querido deliberadamente sólo trazar las líneas directrices de tales entidades, cuyo plano básico es la junta de vecinos. O sea, se ha pretendido no anticipar o forzar la constitución de dicha estructura, limitándose a abrir una vía legal para que el hecho se produzca naturalmente."
O sea, deliberadamente, según el informe, la Cámara de Diputados, al crear las juntas de vecinos, no ha querido mencionar toda la trascendencia que tendrá el proyecto, trascendencia que involucra lo que viene a continuación: la participación de los centros de madres, centros de padres y apoderados, centros culturales y artísticos, organizaciones juveniles, organizaciones deportivas, grupos corales, cooperativas y otros grupos que tengan caracteres similares y que representen valoras específicos de la comunidad vecinal.
Y bien: veamos ahora la forma como se financia este lato proyecto, de trascendencia extraordinaria, revolucionaria, que destruye lo que nos ha costado mucho lograr, lo que nos ha dado prestigio dentro y fuera del país. En verdad, alrededor de los municipios, con las leyes electorales que lenta y gradualmente se ha venido dando el país, hemos llegado a la situación actual, que importa respeto a la ley, a las instituciones jurídicas establecidas. Por sobre todo esto, con un corazón muy ligero -con irresponsabilidad, diría yo-, la Democracia Cristiana nos trae este proyecto, cuyas raíces arrancan de organizaciones cooperativas y fascistas.
En cuanto al financiamiento, el informe dice que "para hacer posible el funcionamiento de las organizaciones comunitarias, especialmente de las juntas de vecinos, que constituyen su esquema primario, se les concede ventajas o rebajas tributarias especiales ascendentes al 50% de impuestos fiscales y municipales, y, en algunos casos, exenciones totales y privilegio de pobreza". Todo esto, en circunstancias de que el país conoce perfectamente la crisis financiera que lo agobia: paralizadas las obra públicas; cesantía en aumento, cuyo término no se divisa; gastos exagerados en todos los órdenes. Recientemente, el Honorable señor Aguirre Doolan hacía alcances respecto a designaciones de diplomáticos, que le parecen extraordinariamente movidas, destinadas sólo a facilitar cambios personales. Puedo agregar que, en la actualidad, se encuentran en la capital ocho Embajadores, llamados por el Gobierno. No hay, pues, por parte de éste, preocupación alguna en cuanto a la situación financiera. Ello quiere decir que la cesantía continuará en aumento.
Por otra parte, frente a proyectos de esta naturaleza, uno ha de sentir alarma por el futuro de la República. En efecto, dice en seguida el informe: "Para la construcción de sus sedes sociales, se les permite acogerse al D.F.L. Nº 2, de 1959, por el término de dos años. Si la superficie edificada excede del máximo permitido por dicho texto legal, el proyecto y planos respectivos requerirán de la autorización del Intendente de la provincia, previo informe favorable de la Corporación de la Vivienda."
Es decir, el nexo directo es el Gobierno; de él dependerán las juntas vecinales. Aquél las organizará y dirigirá, será agente electoral hasta los mayores extremos, los puntos más apartados y menores de la República.
Y en lo tocante a financiamiento, se establece que, para la construcción, habilitación y equipamiento de tales sedes, se consultarán anualmente recursos en el Presupuesto de la Nación.
Sabe el señor Ministro que nos habló, que tiene larga trayectoria democrática, que ninguna iniciativa de ley que signifique gastos puede dejar de señalar la fuente de ingresos respectiva. La ley de Presupuestos no es fuente de financiamiento. ¡Y vamos a girar contra le ley de Presupuestos! Yo digo al señor Ministro que la responsabilidad administrativa que contrae el país es horrenda. Se han creado o transformado algunos servicios estatales, reparticiones administrativas, en entes autónomos con personalidad jurídica, con patrimonio propio. ¿Para qué? Para dar al personal posibilidades de mejorar su situación económica; pero como para ello no existe financiamiento, esos funcionarios no podrán ser pagados regularmente.
Además, tal situación interrumpe la labor fiscalizadora que corresponde a la Contraloría General de la República sobre aquellos servicios. Es decir, un estado confusionista.
Pero ahora nos encontramos con el alcance filosófico más claro del proyecto: el relativo a la Promoción Popular. Al respecto, el informe dice: "La Consejería Nacional de Promoción Popular es una institución autónoma del Estado, persona jurídica de derecho público, con patrimonio distinto del Fisco, funcionalmente descentralizada y que se relaciona con el Gobierno directamente a través del Presidente de la República en la forma que determinen este proyecto de ley y su Reglamento."
"A ella" -a la Consejería Nacional de Promoción Popular- "le corresponderá, de acuerdo con las normas que imparta el Jefe del Estado, orientar la política de desarrollo social del país, en cuanto permita la incorporación de todos los sectores populares a la plenitud de la vida política, económica, social y cultural de la Nación."
O sea, la Consejería dependerá exclusivamente del Jefe del Estado. No será la ley la que señale las atribuciones de cada funcionario, en circunstancias de que la Constitución Política del Estado ordena que al crearse una función deben señalarse las atribuciones y obligaciones correspondientes. Aquí, no. Será el Jefe del Estado quien, en forma olímpica, resolverá lo que deba hacer ese servicio.
Todo eso deja la sensación de apartarse de la línea democrática que ha sido norma corriente en el ejercicio de nuestras actividades nacionales.
Más adelante, se dice: "En síntesis, a nivel de Gobierno, la Consejería de Promoción Popular tiene una doble función: fijar una programación tendiente a lograr prioridad en el acceso de bienes y servicios a los sectores marginados, a fin de integrarlos al desarrollo económico y social, y estudiar los cambios en la estructura del país, la que actualmente constituye un freno a la participación del pueblo a través de sus organizaciones."
Esto es ir directamente a la organización del Estado corporativo. De ello no cabe la menor duda, después de la acción interventora que hemos observado por parte del Gobierno y, como espero demostrarlo más adelante, por la forma en que se concibe este proyecto, que tiende a establecer un nuevo orden de actividades socio-económicas de la población, dirigidas, gobernadas desde La Moneda.
Cuando se preguntó al director de ese servicio lo conozco, lo sé muy respetable, tengo de él muy buena idea personal, pero está armado de una filosofía que me alarma en qué gastos había incurrido, declaró que éstos ascendían a nueve millones de escudos, de los cuales tres millones quinientos mil correspondían a remuneraciones. Así, pues, el movimiento de la Promoción ha requerido 'destinar 40 % en salarios, y en la función misma de atender actividades populares, sólo 3/5 de los fondos. ¡Dos quintos dé ellos en actividad administrativa! ¡Es la burocracia que se expande en forma desusada en el actual Gobierno!
En mi opinión, señor Presidente, la iniciativa en debate significa un acto enteramente fascista.
Veamos las raíces del fascismo puestas en práctica por el señor Mussolini. Creó el régimen corporativo, con el objeto de que el Estado tuviera en sus manos a las corporaciones y no las corporaciones se sobrepusiesen al Estado. La finalidad del fascismo era acercarse a las masas, y el señuelo que usó fue procurar su bienestar moral y material, modelo que ahora sigue la Democracia Cristiana.
Dentro del fascismo, las autoridades de los sindicatos eran elegidas jerárquicamente; es decir, por las altas esferas administrativas. Aquí vemos que a las Juntas de Vecinos se les da personalidad por intendentes y gobernadores -las comunas, las municipalidades, desaparecen-, y esto lo hacen de acuerdo con lo que políticamente interese al partido de Gobierno.
Como finalidad, Mussolini perseguía extirpar la mentalidad democrática y reemplazarla por la unidad fascista, cuyas raíces se remontan al ejercicio del mando en la vieja Roma. Así, ahora, la Democracia Cristiana tiende a destruir la estructura democrática del país y a reemplazarla por la filosofía de la revolución en libertad.
Y así como el corporativismo fue la base de la organización fascista del Estado, la Democracia Cristiana abriga la certidumbre de que en las organizaciones comunitarias, entre las que descuellan las Juntas de Vecinos y la Promoción Popular, a cuyo cargo está la organización de las poblaciones marginales, puede asegurar su acción de Gobierno por largos años -por treinta años a lo menos, como lo anunció uno de sus jerarcas-, todo lo cual es posible en la medida en que destruya la estructura democrática de la nación.
Pero ocurre que la Democracia Cristiana tiene poca experiencia del acontecer histórico del mundo. Olvida, por ejemplo, que, en Italia, gente de toda actividad deambuló de una fracción política a otra: estuvo con socialistas, comunistas y el Rey, y con todos ellos peleó. Y olvida también que Mussolini murió en forma trágica después del desastre de su país, y su cadáver fue arrastrado por las calles de Milán. De eso, no recoge experiencia; y, por no recogerla, pretende destruir lo que constituye honor para la República.
Admito que deben devolverse a los municipios muchas de las atribuciones que les ha mermado el Poder Central; que ellos pueden alcanzar gran desarrollo en favor de la ciudadanía si siguen el modelo de lo que fueron los condados en el poder. Pero no es esto lo que se persigue, sino crear un nuevo Estado en beneficio del partido de Gobierno.
He dicho que la raíz de los municipios está en los países sajones; y también en España, en donde después han sido llamados ayuntamientos. Haré una pequeña semblanza de lo que constituye la administración municipal en Inglaterra y en Gales; en líneas generales, de los condados y subcondados administrativos.
Los servicios que la ley de Administración Local ha señalado a los consejos municipales se clasifican, en la Gran Bretaña, en tres capítulos: ambientales, protectivos y personales.
Servicios ambientales son aquellos llamados a garantizar y mejorar el ambiente en que viven los ciudadanos. La mayoría son servicios de sanidad pública, inspección de los servicios de alcantarillado, limpieza de vías públicas, recolección de basuras y su eliminación, supervisión del suministro de agua, medidas para garantizar la higiene en la manipulación de alimentos, prevención de la contaminación de la atmósfera, control de plagas roedoras, provisión de baños y lavaderos, construcción de puentes y carreteras, provisión de campos de recreo, parques, que por lo general son administrados por la misma autoridad, etcétera.
Servicios protectivos comprenden los de bomberos, defensa pasiva y policía, que en nuestro país corresponden a dependencias autónomas.
Servicios personales son los que promueven el bienestar de los individuos, y pertenecen a éstos los sanitarios, educación, vivienda y esparcimiento. Giran en torno a la salud y al bienestar, por lo que incluyen clínicas prenatales, postnatales y de puericultura y maternología; servicio de comadronas; ayudas domésticas, atención a ancianos y a los niños privados de una vida familiar normal. Particular atención se presta a la difusión de la cultura, mediante bibliotecas y servicio ambulante de éstas que va de casa en casa ofreciendo libros. Los municipios proveen, además, de casas nuevas, construidas por ellos en terrenos que adquieren, y ofrecen, además, alojamientos en edificios adecuados para el objeto. Algunos condados han llegado a otorgar préstamos a particulares para la adquisición de su propia casa.
La causa es una: el municipio es la familia en grande, en mayor extensión; constituye la unidad de la comuna. Y se buscan todos los medios adecuados para hacer grata la vida del ciudadano, en cuanto a esparcimiento, cultura y salud pública. Aquí, el Gobierno piensa en destruirlo, y en vez de proporcionar a los municipios los medios necesarios para rehabilitarlos, para perfeccionar lo que idearon los autores de la comuna, en Chile, en el siglo pasado, y que lleva ya más de medio siglo de existencia, se trata de destruirlo, para crear un agente político general.
En resumen, los servicios municipales en la Gran Bretaña colaboran con el Estado pero en ningún caso dependen de él. En sus orígenes los condados fueron organizados por hombres libres, y en su estructura los municipios ingleses tienden a robustecer este sentimiento de independencia ciudadana.
Aquí, en Chile, mediante este proyecto vamos a la subyugación del sentimiento ciudadano. Es distinto el caso.
Quiero traer, además, a la mente de los señores Senadores, un pensamiento muy feliz de un insigne orador español, Emilio Castelar. Dijo Castelar, al defender los municipios:
"El Municipio, aunque roto, fue el escollo Monde se refugiaron los celto-romanos contra las invasiones de los bárbaros; el Municipio fortificó la obra de la Reconquista, pues Sancho García y Fernán González no hubieran podido atravesar las llanuras de Castilla si los plebeyos no los siguen jadeantes para recoger, entre el botín de la victoria, los pergaminos de sus cartas-pueblas; los Municipios reunían sus procuradores, fundando la altísima institución de las Cortes, tribuna que es nuestra gloria y nuestro orgullo, al mismo tiempo que sobre su sacratísimo patrimonio, sobre la tierra de los propios, colgaban las cadenas de los siervos, los últimos eslabones rotos de las castas; el Municipio levanta las agujas de la catedral gótica junto a la cincelada sinagoga judía, educa los jurados, engendra los "hombres buenos", escribe el "Romancero", da al teatro un "Alcalde de Zalamea", un héroe más grande que el Agamenón y el Orestes de Esquilo; corta con sus hermandades la cabeza a la hidra del feudalismo; asiste con sus milicias desde Toledo hasta las Navas, desde las Navas hasta la vega de Granada; cuando él perece en el patíbulo de Villalar, en su caballeresca personificación de Padilla, a los golpes de los imperiales, de los flamencos, de los extranjeros, perece la patria, que cabe toda entera con Carlos II en el panteón del Escorial; y cuando él renace con la guerra de la Independencia, renacen las Cortes, renace la -dignidad nacional: que el Municipio es, ha sido y será siempre, el hogar del pueblo, el árbol secular a cuya sombra han de abrazarse la democracia y la libertad sobre el suelo de la nueva Europa."
Estas son las raíces de la comuna autónoma. Esto es lo que el país posee, y lo tiene en mucha estima.
Por tal motivo, el proyecto en debate provoca alarma, desazón e inquietud; y sorprende que el señor Ministro del Interior haya venido en varias oportunidades al Senado a hacer acto de presencia para impulsarlo y defenderlo, y que haya buscado contacto con todos los partidos políticos a fin de encontrar apoyo para esta iniciativa del Gobierno.
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