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El señor BECKER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente , sin duda, éste es uno de los proyectos de ley más trascendente y complejo en su análisis, en la posición que cada uno adopta y en su proceso de construcción.
Primero que todo quiero decir algo que es importante tener en cuenta. Hablamos de educación, tal vez, el tema más ideológico que puede existir, porque claramente implica plantearse el tipo de sociedad que queremos construir y, como consecuencia, el tipo de hombre que queremos formar a través de la labor educativa. Sin duda, éste es un tema integral y no reduccionista. Por el contrario, tiene todas las complejidades de una cuestión que está en el ámbito de las ciencias sociales, por lo tanto, sin leyes absolutas.
En general, las ciencias sociales son, por su naturaleza, opinables y discutibles. La bibliografía es abundante, hay para todos los gustos: que debemos seguir el modelo americano, o australiano o neozelandés, que debemos adoptar las indicaciones que hacen agencias internacionales; bueno, hay que tomar una posición, pero uno no construye en un vacío cultural, sino desde lo que es y lo que tiene. Esto es muy importante considerarlo, porque nadie puede decir que tiene la verdad absoluta en la materia, ya que eso sería la negación de lo que es la educación, como ciencia de estudio y análisis.
Esto parte de una realidad compleja. Había actores sociales que se manifestaron a favor de terminar con la LOCE -que consideramos antidemocrática por su gestación-, y reemplazarla por otra. Ahí están las movilizaciones de los estudiantes como un motor importantísimo, a las que se unieron muchos otros actores. De allí el imperativo para el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet de abordar la definición de una ley que llamamos ley general de Educación, LEGE.
Como el ministro y los colegas recordarán la historia, cuando el Ejecutivo envió el primer proyecto de ley general de Educación, la Oposición, a partir de sus particulares visiones, se negó incluso a la idea de legislar, lo que en la Comisión fue aprobada por siete votos a favor y seis en contra. Eso planteó un escenario concreto: sin acuerdo y sin diálogo político y técnico, no era posible avanzar. Simplemente, no habría una nueva ley y tampoco podría derogarse la LOCE. En ese contexto, se crearon instancias de diálogo que, por cierto, no dejaron contento a nadie. El principio básico de una negociación es que ambas partes estén dispuestas a ceder. Estoy seguro -lo dijo el señor ministro - de que en las bancadas de la Alianza, en ese momento Oposición, y las nuestras, en ese momento Gobierno, no quedamos conformes con el resultado final. El proyecto original que envió el Ejecutivo no es el que finalmente se despacho y se convirtió en ley, porque hubo que ceder en materias sensibles para nosotros, por ejemplo, en el fin del lucro, que se debió haber dejado más claramente explicitado, o la marginación de alumnos bajo ninguna circunstancia, cuestiones que consideramos fundamentales. Pero hay que reconocer que en el otro lado también hubo cesiones, como aceptar la existencia de una institucionalidad que controlara el uso de los recursos públicos que llegan especialmente a la educación particular subvencionada, donde no había control del uso de recursos destinados a un bien específico: cooperar con la función educacional del Estado.
En ese contexto, la LEGE fue aprobada y es letra muerta. Sólo es una declaración de intenciones, porque, conceptualmente, es una ley marco sin esta normativa que crea una institucionalidad y los organismos necesarios para operativizar lo que en ella está declarado.
Entonces, pido especialmente a los colegas de las bancadas de la Concertación que seamos coherentes. Éste era un proyecto emblemático del gobierno de la Presidenta de la República Michelle Bachelet . Ella pidió a quienes éramos de la Concertación que nos jugáramos por él y lo entendiéramos, muchas veces, lo hicimos a regañadientes. Fui muy crítico en algunas materias. Como les consta a muchos, por defender los intereses, entre otros, los de los profesores -la deuda histórica-, me negué a aprobarlo en la Sala. En la Comisión no acepté un mecanismo que me permitiera negociar una demanda que estimaba justa.
Sin embargo, hoy tenemos un proyecto que recoge todo eso. Necesitamos mejorar urgentemente la calidad de la educación que reciben los niños y los jóvenes de nuestro país, especialmente los que a nosotros más nos importan: los más pobres, los que están en los colegios municipales, muchos en la periferia. Efectivamente hay educación de primera, de segunda y de tercera categoría. Eso lo dijimos cuando se elaboró la LOCE. Por eso, necesitamos cambiarla, para ello se requieren los instrumentos y una institucionalidad que nos permita avanzar en ese sentido.
La idea de una Agencia de Calidad surge en las negociaciones, fue un planteamiento de la Alianza en ese momento, y como una exigencia, señala: Sí, estamos dispuestos a avanzar, siempre y cuando consideremos la idea de una Agencia de Calidad que recoja experiencias internacionales.
En el fondo, esta Agencia busca monitorear, es decir, hacer seguimiento de las políticas que define el Ministerio de Educación. ¡Esa es la institucionalidad! ¿Qué va a hacer el Mineduc? Definir las políticas, los planes, los programas, etcétera, sobre ello, va a actuar la agencia.
Ahora, los estándares son indicadores de calidad de procesos en los distintos actores del sistema. Uno podrá discutir y preguntarse ¿existe la posibilidad de evaluar integralmente el fenómeno de enseñanza-aprendizaje? Ciertamente, no. Soy el primero en reconocer -y es abundante la bibliografía con estándares esencialmente cuantitativos y cualitativos- que es difícil medir en toda su complejidad los fenómenos de enseñanza-aprendizaje y de educación, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar inmóviles? ¿No vamos a hacer nada frente al tema? Entonces, allí surge la idea de esta Agencia de Calidad, que fue mejorada, y, luego, la Superintendencia.
¿Cuál era el problema? Que los recursos públicos entraban en una zona oscura y no sabíamos cómo se utilizaban. Bueno, la Superintendencia viene a resolver ese problema, ya que con su institucionalidad se va a fiscalizar el uso de recursos públicos asignados a fin específico; además, la creación de un Consejo Nacional de Educación va a definir esos estándares -tampoco es un arbitrio- y, sin duda, se avanza en el seguimiento de los procesos educativos.
Hay que tener el coraje suficiente para ser coherente. Alguien puede estar tentado por votar en contra, porque puede ser lo que políticamente parece correcto, pero no es coherente con lo que hemos hecho y que con aproximaciones sucesivas, seguramente, podremos mejorar para alcanzar el objetivo final: una educación de mejor calidad, especialmente, para los niños que más lo necesitan.
He dicho.
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