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El señor BECKER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , como dijo el colega que me antecedió en el uso de la palabra, ha llegado el tiempo de pronunciarse; pero eso no es tan fácil cuando no se ha escuchado a los principales actores relacionados con el proyecto. El diputado von Mühlenbrock acaba de mencionar que fueron invitados a la Comisión de Hacienda el contralor general de la República y representantes del Colegio de Profesores, estos últimos, actores principales del proyecto.
Quiero dar a conocer algo que figura en el informe que tenemos en nuestros pupitres, pero que no lo señaló el diputado informante de la Comisión de Hacienda . El presidente del Colegio de Profesores dijo que no se ha desarrollado un debate realmente participativo respecto de este proyecto. Agregó que la discusión de este proyecto más que un debate ha sido una imposición.
Como diputado y legislador, por supuesto que tengo que considerar la opinión del principal actor.
Más aún, el contralor general de la República señaló que estas modificaciones son insuficientes y no solucionan el problema de la asimetría.
Si no baso mi votación en la opinión de los principales actores del proyecto, quiere decir que no sé legislar.
El señor ministro dijo que los acuerdos son positivos y que debemos llegar a ellos; pero, señor ministro , por su intermedio señor Presidente , hay acuerdos buenos, regulares y malos. Hemos escuchado la crítica de algunas señoras y señores diputados de que éste no es un buen acuerdo, lo que comparto plenamente.
Por otra parte, no hay duda alguna de que la calidad de la educación que se imparte en los establecimientos educacionales es preocupación de todos: padres, apoderados, legisladores y gran parte de los alumnos que ya han estudiado algunos años.
Considero que ningún padre tiene claridad respecto de la calidad de la educación que recibirá su hijo en el establecimiento que ha elegido. Además, he leído en algunos diarios locales y nacionales que el terremoto ha sido muy negativo para la educación, sobre todo que está cobrando mucha fuerza la posición de que se concesionen las escuelas o colegios que se deberán construir. Es fácil entender hacia dónde nos llevaría una decisión de esa naturaleza.
Por lo demás, organismos internacionales han realizado mediciones que señalan que en Chile existen diferencias notables entre los colegios del sistema público y los del sistema privado, así como en la brecha que existe entre los alumnos de unos y otros para acceder a la educación superior.
El proyecto pretende establecer un sistema de medición de la calidad de la educación en los distintos establecimientos reconocidos por el Estado, para lo que crea un sistema basado en cuatro órganos que lo compondrán: el Ministerio de Educación, encargado del diseño de la política educacional; la Superintendencia de Educación, encargada de fiscalizar el uso de los recursos y el cumplimiento de la normativa; la Agencia de Calidad de la Educación -una novedad-, destinada a orientar y a evaluar el sistema, y el Consejo de Educación, que es una instancia representativa y participativa, encargada de aprobar los planes, bases y programas educacionales.
El diseño presentado no parece objetable en el papel; sin embargo, si analizamos el funcionamiento del sistema, podremos comprobar que lo planteado, según mi punto de vista, no es un sistema de aseguramiento de calidad educacional, sino que más bien un sistema de medición de captación de contenidos de algunas materias, lo que no necesariamente asegura que en los establecimientos se esté entregando una educación no sólo rica en contenidos de materias, sino que, también en valores formativos para los alumnos que participan del proceso educativo.
Considero central este punto, ya que el sistema propuesto, al no establecer diferencias entre colegios del sistema municipal y del sistema privado, puede conducir a la destrucción de la educación pública, pues sabemos que entre unos y otros establecimientos existen las diferencias que he comentado, las cuales no sólo están dadas por los resultados de las mediciones que realizan las pruebas Simce o PSU, sino que también por los sistemas normativos que rigen a unos y a otros establecimientos, y por los diferentes costos entre unos y otros.
Por ello, el sistema en estudio, al no garantizar una adecuada corrección de desigualdades, puede conducir al término del sistema público. Esa es la gran problemática, que no debe ser resuelta desde los puntos de vista del oficialismo o de la Oposición. Debemos concordar en que, en otra época, el sistema público dio la gran satisfacción de tener una gran educación.
Se dice que las indicaciones presentadas han contribuido al proyecto. No obstante, quiero expresar una vez más que se produce una polarización -que no conduce a nada y que, al final, no hacen bien al proyecto- si las indicaciones son presentadas por la Oposición o el oficialismo.
Además, si bien es cierto que se presentaron indicaciones, fueron rechazadas, por lo que prácticamente no significaron un aporte al proyecto. En consecuencia, considero necesario establecer un sistema que permita asegurar la calidad de la educación y no sólo medir el resultado del aprendizaje.
Mis críticas al proyecto me obligan a votarlo en contra, a la espera de que se establezca un sistema que corrija desigualdades notorias, que se mejore el sistema público y que se asegure educación de calidad para todos los chilenos y chilenas, y no sólo buenos negocios para sostenedores del sector privado.
He dicho.
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