ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA. Segundo trámite constitucional. El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de suma, sobre establecimiento de un sistema nacional de aseguramiento de calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización. Diputados informantes de las comisiones de Educación, Deportes y Recreación y de Hacienda son los diputados señores Venegas y Montes, respectivamente. Antecedentes: -Proyecto del Senado, boletín N° 5083-04, sesión 23ª, en 5 de mayo de 2009. Documentos de la Cuenta N° 7. -Certificado de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, e informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 3 y 4, respectivamente, de este boletín de sesiones. El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Para rendir el informe de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas. El señor VENEGAS (de pie).- Señor Presidente , honorable Sala, en nombre de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, paso a informar el proyecto que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización. Como ya se señaló, la iniciativa se originó en mensaje de la ex Presidenta de la República , Michelle Bachelet . La idea matriz o central del proyecto se orienta a crear un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y a regular, tanto los órganos que lo componen, como la supervigilancia y control del desempeño de las instituciones educativas y de sus actores. Se trata de dotar al país de una nueva institucionalidad, conformada por el Ministerio de Educación (con redefinición de funciones y reestructuración de su organización interna y plantas funcionarias), una Superintendencia de Educación, que se crea mediante este proyecto, una Agencia de Calidad de la Educación, que también se crea mediante esta iniciativa, y un Consejo Nacional de Educación, que corresponde al ex Consejo Superior de Educación, y su correspondiente marco normativo, del cual se espera que sea capaz de velar y garantizar que todos los educandos de nuestro sistema escolar, sin excepción, puedan acceder a una formación de calidad. Es importante destacar que la Comisión de Educación comparte plenamente la declaración de la Cámara de origen, en cuanto a que los artículos 5°, 6°, 7°, 15, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 80, 81, 82, 94, 97, 98, 99, 100, 104 y 112, permanentes, y los artículos primero, tercero, cuarto, quinto y undécimo, transitorios, del texto del proyecto aprobado en este trámite tienen rango orgánico constitucional, ello, en consideración a que las materias que abordan dichos preceptos -como lo sostiene el honorable Senado- dicen relación con la creación, organización y funcionamiento de los servicios públicos y de la carrera funcionaria, y por establecer una especie de recurso administrativo y judicial, en virtud de lo dispuesto en los artículos 38 y 77 de la Constitución Política de la República y en el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Asimismo, la Comisión ha considerado que tienen idéntico carácter orgánico constitucional los artículos 28; 69, inciso primero, letra f); 90, inciso primero, y 93, permanentes, por cuanto las materias que abordan tienen directa relación con lo preceptuado en el párrafo quinto del número 11 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que dispone que una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel. El proyecto no contiene normas que requieran quórum calificado. Como los colegas comprenderán, dado su conocimiento sobre la forma en que se realizó el análisis de un proyecto de esta naturaleza, en la Comisión fueron escuchados representantes de diversas instituciones y personas, entre ellas, ex ministros, ministros de distintas carteras, expertos, abogados, académicos y representantes de instituciones sociales. Sólo quiero enfatizar, porque es parte de una discusión permanente o queja de algunas entidades, que se escuchó a algunas instituciones representativas. Es así, por ejemplo, que acudieron representantes de los colegios particulares de Chile (Conacep) el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado; el coordinador nacional del Movimiento Educación 2020; la presidenta del Consejo Nacional de Certificación de la Calidad de la Gestión Escolar de la Fundación Chile; el presidente nacional de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), la presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria , SIP; el presidente nacional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación , Andime; el director del Programa Legislativo y el investigador del Área de Educación; el Presidente Nacional del Colegio de Profesores de Chile; el Presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago Sur; investigadores de distintos centros, como el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile; el subdirector del Centro de Políticas Comparadas de Educación, señor Gregory Elacqua , y a la investigadora en Educación, señora Loreto Fontaine , ambos de la Universidad Diego Portales. En honor al tiempo no mencionaré a todos los invitados, pero puedo señalar que muchas personas e instituciones fueron escuchadas por la Comisión. Discusión y votación general del proyecto. La Comisión de Educación, Deportes y Recreación, compartiendo plenamente los fundamentos y objetivos generales tenidos en consideración por el Ejecutivo para legislar en el sentido propuesto, y luego de escuchar la presentación que sobre la iniciativa hiciera la ministra del ramo, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de las diputadas y diputados presentes en sesión de 2 de junio de 2009, señoras Clemira Pacheco , María Antonieta Saa y Ximena Vidal , y señores Bobadilla , González , Kast , Rojas , Silber , Venegas y Verdugo. La ministra de Educación de la época, señora Mónica Jiménez , en su discurso de presentación ante la Comisión, señaló que el proyecto constituye un paso más en un vasto esfuerzo por dar a los niños, niñas y jóvenes chilenos una mejor educación. A su juicio, la iniciativa cambiará el rostro de Chile, pues nos hacemos cargo derechamente de la calidad de la educación, lo que beneficiará a las futuras generaciones. Señaló que con esta iniciativa, Chile emprende una reforma de segunda generación, donde las escuelas se orientan hacia un sistema de mejora constante del aprendizaje, a través de la definición de altos estándares. Dispone, asimismo, que las escuelas sean efectivas, de manera que al egresar de cada uno de los niveles escolares los estudiantes posean efectivamente las habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en la sociedad del futuro. Resaltó también que el proyecto nos pone en línea con los avances en el campo internacional, donde existe una tendencia a la regulación de los sistemas educativos y al desarrollo o fortalecimiento de sus sistemas de aseguramiento de la calidad. En la Comisión nos impusimos de experiencias internacionales donde se han implementado sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación. De hecho, todos los sistemas educativos exitosos tienen un marco de aseguramiento de la calidad efectivo, que establece claras y explícitas responsabilidades para todos los niveles y actores de los mismos, combinando los siguientes componentes que estructuran una institucionalidad orientada a la mejora continua de los resultados de los alumnos: a) Exigentes estándares de aprendizaje de los alumnos y de desempeño de los establecimientos, sostenedores, docentes y directivos docentes; b) Exigentes requisitos a los gestores educativos, para el reconocimiento oficial de sus establecimientos; c) Políticas, mecanismos e instrumentos para apoyar a los establecimientos educacionales en el logro de los estándares; d) Evaluaciones de desempeño y mediciones de los resultados de aprendizaje; e) Fiscalización del uso de los recursos y del cumplimiento de los requisitos que impone la normativa educacional a los administradores educativos; f) Evaluación del impacto de las políticas y programas educativos, y g) Sistemas de información pública referidos al resultado de las evaluaciones de logros, especialmente de los alumnos. Todos esos componentes constituyen un sistema de aseguramiento de la calidad. Los países exitosos en la materia tienden a separar institucionalmente las funciones de definición e implementación de políticas educativas de las funciones de monitoreo, evaluación y fiscalización, cuestión que en la actualidad realiza el Mineduc. En nuestro caso, en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación propuesto participará un conjunto de instituciones: la Agencia de la Calidad, la Superintendencia, el Mineduc y el Consejo Nacional de Educación, lo que permitirá separar las funciones de definición de políticas e implementación, monitoreo, seguimiento y fiscalización de las mismas. Se trata de construir una nueva arquitectura de institucionalidad, coherente y complementaria a la ley de educación general. En relación con el Ministerio de Educación, su misión será proponer y evaluar políticas y dar apoyo técnico-pedagógico, para cuyo objeto se hará cargo de: -Formular el currículum, estándares de aprendizaje y estándares indicativos de desempeño; -Proponer y evaluar políticas e implementar programas de apoyo técnico a los establecimientos y sus sostenedores; -Establecer un registro de instituciones de apoyo técnico-pedagógico a los establecimientos y sus sostenedores; -Proponer y evaluar políticas relativas a la formación docente inicial y continua; -Desarrollar estadísticas, indicadores y estudios del sistema educativo, y -Establecer y administrar los registros públicos que determina la ley, entre ellos, la ficha escolar. En cuanto a la Agencia de Calidad, institucionalidad nueva, su misión será evaluar y orientar la mejora de la calidad de la educación, para lo cual deberá: -Evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos, de acuerdo con el grado de cumplimiento de los estándares respectivos; -Realizar evaluaciones del desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores; -Clasificar a los establecimientos según los resultados de aprendizaje, lo que es muy importante porque tiene consecuencias de todo orden. Incluso, pueden llevar a que se les retire la condición de cooperador de la función educacional del Estado, e -Informar a la comunidad educativa en las materias de su competencia. Cabe destacar que los establecimientos serán categorizados desde el buen desempeño al mal desempeño, y tendrán un período de cuatro hasta ocho años para superarlo, con apoyo del Ministerio o con instituciones externas. Aquellos que incumplan y no se superen podrán ser cerrados y se les eliminará su función de colaborador de la función del Estado. Si un establecimiento educacional es objeto de sanciones graves que ameriten la pérdida del reconocimiento oficial o si por razones sobrevinientes no puede seguir funcionando regularmente, por ejemplo, por abandono del sostenedor, no funcionamiento por un período de tiempo por razones similares atribuibles al sostenedor, la Superintendencia nombrará un administrador provisional para que proceda a hacer efectiva la revocación del reconocimiento oficial, cuando corresponda. La figura del administrador provisional es muy interesante. Todos somos testigos de que en un momento determinado muchos colegios pasan por períodos bastante complejos, y como la idea es garantizar la continuidad del servicio educativo que se entrega a los niños y jóvenes, el proyecto dispone que la Superintendencia, en esos casos extremos, podrá nombrar un administrador provisional que cumplirá con un conjunto de tareas y de requisitos y estará inscrito en un registro para tales fines. Sobre los establecimientos con bajo rendimiento en el aprendizaje, el proyecto esta-blece sanciones. Incluso, se podrá revocar el reconocimiento oficial. En ese sentido, se distinguen dos situaciones. Si el establecimiento es particular subvencionado, el administrador deberá tomar todas las medidas para dar adecuado cierre al establecimiento. Tendrá como plazo la finalización del año escolar. Si el establecimiento es municipal, el administrador provisional se hará cargo del cierre del establecimiento. En esos casos, el proyecto considera los siguientes pasos a seguir: Si existen establecimientos gratuitos de mejor desempeño en la comuna o comunas cercanas, procederá al cierre del establecimiento. Tendrá como plazo máximo hasta el fin del año escolar en curso. Si no existen establecimientos gratuitos de mejor desempeño en la comuna o comunas cercanas, procederá a la reestructuración del establecimiento. Tendrá un plazo máximo de dos años, luego del cual devolverá el establecimiento a su sostenedor, sea éste el municipio o una institución creada por ley. En cuanto al administrador provisional, figura nueva que se crea, es importante señalar que sus facultades son indelegables. La Superintendencia de Educación, mediante resolución fundada, lo podrá nombrar a partir de un registro preexistente para que asuma las funciones que competen al sostenedor, con el objeto de asegurar el adecuado funcionamiento de dicho establecimiento y la continuidad del servicio educativo. El administrador provisional cuenta con todas las facultades propias de un sostenedor, como asumir la representación legal, asegurar la continuidad escolar, percibir y administrar los recursos de que trate la ley, pagar las obligaciones derivadas del servicio educacional, poner término a la relación laboral del personal del establecimiento y constituir prenda sobre los bienes del establecimiento a fin de garantizar su funcionamiento. En síntesis, este proyecto viene a complementar la ley General de Educación con la incorporación de la arquitectura y la institucionalidad necesarias que permitan hacer efectiva esta herramienta, para lo cual se crean la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación. Esta última debe velar por el buen uso de los recursos públicos. Sin duda, la iniciativa constituye un avance importante. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Carlos Montes, diputado informante de la Comisión de Hacienda. El señor MONTES (de pie).- Honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que establece un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media, y su fiscalización. Aclaro que soy muy crítico de esta iniciativa. Por eso, con posterioridad, plantearé mis puntos de vista. Ahora, sólo me remitiré a dar lectura a la minuta elaborada por la Secretaría. El proyecto, como lo señaló brillantemente el diputado Mario Venegas , informante de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, busca crear un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media, dotando al país de una institucionalidad que incorpora a la Superintendencia de Educación y a la Agencia de Calidad de la Educación como nuevos órganos, y redefine la organización del Ministerio de Educación y del Consejo Nacional de Educación. El informe financiero sustitutivo elaborado por la Dirección de Presupuestos, de 28 de abril de 2009, referido a la indicación sustitutiva que crea la superintendencia y la agencia, fue actualizado con fecha 12 de abril de 2010, estimándose el costo anual de la planta de personal de la Agencia en 1.755 millones de pesos. Asimismo, el mayor gasto por las dietas del Consejo que establece la ley, se estima en 132 millones de pesos y los gastos de operación en 366 millones de pesos. Adicionalmente, se traspasarán a la agencia recursos de la Subsecretaría de Educación, conforme con lo señalado en los artículos quinto y octavo transitorios, con lo que se estima un presupuesto anual para ésta del orden de 7.250 millones de pesos. De esta última cifra, poco más de 5.000 millones de pesos tienen que ver con la prueba Simce . O sea, la agencia tiene un presupuesto de poco más de 2.000 millones de pesos. Por su parte, el costo anual de la planta de personal de la Superintendencia se estima en 8.234 millones de pesos y el gasto de operación para el nivel central y regional en 4.458 millones de pesos. En total cuenta con 12.692 millones de pesos anuales. En resumen, el gasto fiscal anual, en régimen, que significará la aplicación del proyecto será del orden de 19.942 millones de pesos -poco más que el presupuesto de la comuna de Talcahuano-, cifra que considera tanto los recursos para financiar el gasto en personal como los otros rubros de gastos que se requieran para el financiamiento de los dos servicios, tanto a nivel central como en regiones. En definitiva, el presupuesto anual es fundamental para el funcionamiento de la agencia y de la superintendencia. Durante el debate en la Comisión, la señora Mónica Jiménez , ex ministra de Educación , destacó que el proyecto de ley tiene por objeto mejorar la calidad de la educación, creando un verdadero sistema nacional integral de aseguramiento de la calidad de la educación. El objeto de la Agencia de Calidad de la Educación será evaluar y orientar el sistema educativo para el mejoramiento de la calidad de la educación, considerando las particularidades de los distintos niveles y modalidades educativas. La finalidad de la superintendencia será, en primer término, fiscalizar el uso de los recursos por los sostenedores y los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado. Además, fiscalizará el cumplimiento de la normativa educacional pudiendo instruir procesos y sancionar en caso de infracciones. Asimismo, los sostenedores y los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán rendir cuenta pública del uso de los recursos a la superintendencia. En caso de existir sospechas fundadas, podrán realizar o requerir auditorías en estos establecimientos educacionales. Finalmente, la superintendencia será el organismo encargado de recibir las denuncias y reclamos que se formulen por los miembros de la comunidad educativa u otros directamente interesados. Con respecto a los estándares de aprendizaje de los alumnos, corresponderá a la agencia la atribución de diseñar, implementar y aplicar un sistema de medición de los resultados de aprendizaje de los alumnos en función del grado de cumplimiento de los estándares referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares. Por otra parte, la agencia evaluará el desempeño de los establecimientos basándose en estándares indicativos, con el objeto de fortalecer las capacidades institucionales y de autoevaluación de los establecimientos, orientar sus planes de mejoramiento educativo y promover la mejora continua de la calidad de la educación que ofrecen. El producto de la evaluación será un informe público que señale las fortalezas y debilidades en relación con los estándares y recomendaciones para mejorar su desempeño. En cuanto a los estándares, la señora Jiménez afirmó que existen diversas posturas en el debate internacional. Algunos educadores estiman que no son necesarios y otros piensan que son orientadores. En el caso de la formación inicial docente, por ejemplo, una de las debilidades del proceso radica en la multiplicidad de escuelas de educación superior. Por eso, se está trabajando para uniformar dicha formación mediante estándares mínimos, a fin de determinar quién puede ser considerado un profesor adecuado. En esta materia los estándares son orientadores. Tanto es así que las mismas universidades los han solicitado. Sostuvo que la inmadurez de nuestro sistema educacional hace que los estándares sean necesarios. En este orden de ideas, el señor Bravo , director nacional del Simce , explicó que en la actualidad se está evolucionando de un sistema de evaluación de aprendizaje a un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación más global. Es importante, recalcó, no reducir el sistema de aseguramiento a los estándares, si bien constituyen el centro de la propuesta, ni éstos a las mediciones estandarizadas, ni éstas a un test que se aplica una vez al año, ya que la propuesta va mucho más allá, de manera que los estándares no sólo orientan la evaluación y la rendición de cuentas, sino también el apoyo que se debe dar a los establecimientos educacionales por el Ministerio de Educación. De este modo, agregó, el proyecto busca equilibrar, tal como lo recomiendan los estudios de política comparada, como el de la OCDE, del 2004, y el del Banco Mundial, de 2007, la rendición de cuentas con la rendición de apoyo. Precisó que el sistema propuesto en el proyecto no es el modelo norteamericano, que se basa sólo en estándares curriculares o de aprendizaje, ya que contempla, además, estándares indicativos, tal como recomiendan los estudios internacionales de Australia y Nueva Zelanda. El modelo que se tuvo en cuenta al elaborar el proyecto no fue el norteamericano, sino el de Irlanda, Nueva Zelanda y Australia, tal como lo recomendó el Banco Mundial. El Ministro de Educación , señor Joaquín Lavín , reconoció la existencia de una controversia respecto del concepto de calidad de la educación y la forma de medirla. En este sentido, expresó que al Ejecutivo no sólo le interesan los buenos resultados, sino también el desarrollo integral de los alumnos, no sólo comprendido como el desarrollo de capacidades artísticas o deportivas, sino también mediante la entrega de valores por parte de los educadores. Sin embargo, el ministro opinó que el Estado no debe imponer los valores que los educadores deben trasmitir a sus alumnos, sino que deben respetarse los distintos proyectos educativos de cada establecimiento. Quien habla aclaró que algunos señores diputados no fueron parte de ese acuerdo político planteado por el ministro , fundamentalmente, en tres grandes temas. En primer lugar, por la controversia respecto del concepto de calidad de la educación; en segundo lugar, porque los acuerdos no garantizan la corrección de desigualdades y, finalmente, porque se posterga el desarrollo de la educación pública. Asimismo, señalé que el sistema sicométrico de medición de la calidad de la educación restringido a lenguaje y matemáticas explica, en parte, el gran problema que vive la educación en Chile y que el estudiante tiene otras dimensiones que no son desarrolladas por los establecimientos públicos, donde se tiende a aceptar la instrucción del ministerio en orden a obtener buenos resultados en lenguaje y matemáticas, de forma que éstos no cuentan con proyectos educacionales propios y sólidos, como los colegios a los cuales se refirió el ministro . Asimismo, indiqué que es necesario que el proyecto considere un concepto más amplio de calidad de la educación, ya que los establecimientos guían sus esfuerzos educativos según dicho concepto, y si éste es reducido, así también será el desarrollo integral de los alumnos. El señor Juan Cassasus , experto de Unesco en materia educacional, manifestó, entre otras consideraciones, que la propuesta del Gobierno es una reforma basada en estándares, parecido al sector industrial; es decir, es una política que se caracteriza por venir de arriba hacia abajo, tener un sistema de medición en el núcleo del sistema, simplificar un dominio complejo, como es la educación, y estar impulsada por elites que desean mantener un cierto vínculo entre economía y educación. Expresó que no está en contra de la existencia de estándares como referencias deseables -estándares de contendido-, ya que el propio currículo lo es. El gran desafío, más que medir ese baluarte, es ver cuánto se están desarrollando los niños en el país. Sin embargo, cuando se propone una reforma basada en estándares, aquello que va adquiriendo importancia es lo que está en el estándar, de manera que la reforma, en el caso chileno, está centrada en lenguaje y matemáticas, lo que no tiene relación con el objetivo y finalidad de la educación. Por su parte, el estándar de desempeño es un puntaje de una prueba referida a un nivel de desempeño. En Chile determina los que están sobre o bajo ese nivel. Cuando ambos se acoplan, como lo propone el proyecto de ley, el estándar de desempeño tiende a dominar el proceso de enseñanza y reducir la formación de los niños a ciertas dimensiones sicométricas. Además, a juicio de este investigador, la existencia de estándares de desempeño implica seleccionar, ya que tienen una naturaleza divisoria y fragmentaria, con el enorme impacto social que ello significa para clasificar los colegios y fortalecer la educación. Agregó que el análisis de las políticas educativas y los sistemas de medición nos indica que en ninguna parte del mundo aquellas han mejorado el rendimiento académico; incluso, en algunos países ha caído el rendimiento escolar. Además, han consolidado la fragmentación social al establecer tipos de escuelas. Planteó que la desigualdad que se observa a nivel de los alumnos debe solucionarse con una visión integral, asumiendo la alimentación, la salud y el conjunto de realidades que ellos viven. Además, señaló que las dificultades de aprendizaje son inherentes a las escuelas y deben asumirse tempranamente. La violencia en los establecimientos educacionales no es ajena al proceso de formación, ni tampoco a lo que es necesario medir y evaluar. Las competencias sociales y emocionales y la desmotivación requieren respuestas personalizadas y participación en el diseño. El señor Abelardo Castro , presidente del Consejo de Decanos de las Facultades de Educación , con respecto al concepto de calidad de la educación, siguiendo la visión de convenciones internacionales, concuerda en que la calidad se refiere tanto al derecho individual de acceder a oportunidades eficaces de aprender, como a la obligación del Estado de ofrecerlas en condiciones de equidad. En la experiencia internacional se aprecia que la obligación de éste radica en ofrecer distintos sistemas de seguimiento, apoyo, investigación, fiscalización y control, funciones que se encuentran íntimamente articuladas por el Ministerio de Educación respectivo. Son instancias que dialogan entre sí, a diferencia de lo que ocurre en este proyecto en que las funciones se encuentran disgregadas, incluso entregadas a organismos privados como la agencia de la calidad, en circunstancias de que lo que se necesita realmente es el fortalecimiento del Ministerio de Educación como órgano rector de sus distintos componentes. Por otra parte, advirtió, respecto de la categorización de los establecimientos educacionales, a través de las mediciones que establece el proyecto, que la entrega de resultados de las mediciones resulta ser contradictoria con la intención de lograr calidad en la educación. Citó el caso finlandés, en donde está prohibido publicar los resultados de esta medición. Esta categorización conlleva a un tema muy delicado, que consiste en que a estas escuelas van estudiantes con nombre y apellido y, por lo tanto, se producirá prejuicio social. De esta forma, frente a la sociedad, se entenderá que un estudiante egresado de un establecimiento deficiente, a su vez, tendrá esta característica, contribuyendo, de esta manera, a aumentar la disgregación social existente en nuestro país. Con respecto a los sistemas de evaluación, precisó que la medición estandarizada Simce es insuficiente, ya que esa prueba sólo mide retención del aprendizaje, cuando lo que habría que analizar realmente es la proyección de los estudiantes. Hay que comparar el punto de partida con lo que se va logrando, con la meta. Afirmó que medir la calidad de la educación a través de una prueba resulta inoficioso, ya que se estaría midiendo a los alumnos sin considerar su punto de partida, los cuales pueden ser muy distintos, afectando así los resultados. Manifestó que una prueba como el Simce sólo mide el capital cultural de un alumno determinado en un momento determinado, sin considerar proyección, que sería aquello que demostraría realmente los resultados de la educación. El señor Juan Eduardo García Huidobro , Decano de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, afirmó, respecto del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, que para lograr este objetivo debe darse un conjunto de procedimientos que se apliquen efectivamente a todos los establecimientos del sistema nacional de educación, situación que el proyecto no contempla. De hecho, no permite que la agencia de calidad vaya a un colegio privado, salvo que éste lo autorice. No existe homogeneidad ni en cuanto a las acciones evaluativas, ni en las orientadas al mejoramiento de la calidad de los establecimientos. El proyecto deja al margen a la educación pagada de la mayoría de los procedimientos y restringe, en varios de éstos, la participación de la educación particular subvencionada. Por ejemplo, la agencia evaluará el funcionamiento de los establecimientos, pero sólo de los subvencionados, y esto con restricciones, ya que los subvencionados bien clasificados sólo podrán ser evaluados si el sostenedor lo solicita o acepta. En relación a la calidad de la educación, señaló el señor García Huidobro que el proyecto reduce este concepto a los aprendizajes que pueden ser medidos con pruebas estandarizadas, como el Simce. De esta forma, se empobrece el concepto al considerar sólo una de las dimensiones de la educación y se determina la calificación de una escuela en base a una prueba que contiene errores y limitaciones. Se recomienda incluir otras consideraciones en el juicio sobre la calidad de la educación y de los establecimientos. Por otro lado, postuló que para cumplir los fines de este proyecto, resulta esencial contar con un sistema de apoyo técnico pedagógico para los establecimientos; sin embargo, consideró que éste es un aspecto insuficientemente tratado. El apoyo le corresponde al Ministerio de Educación y esta parte de la función está muy poco desarrollada en el proyecto. En efecto, la iniciativa da cuenta de la función de apoyo, pero la establece de forma muy general, no determinando funciones claras, ni para el ministerio ni para las nuevas entidades, por lo que resulta fundamental precisar mejor cómo se prevé que las escuelas soliciten el apoyo que requieren y cómo se salvaguarda que dicho apoyo sea el adecuado en pertinencia y calidad. Finalmente, sostuvo que el proyecto no contempla estrategias diferenciadas para tratar a los distintos tipos de establecimientos. En efecto, existe heterogeneidad en las escuelas de Chile, rurales y urbanas, y dentro de las urbanas, hay algunas con más especialización, capacidades técnicas y autonomía. Sería de interés que el proyecto abriera distintas posibilidades de acción para enfrentar esta diversidad. El presidente del Colegio de Profesores , señor Jaime Gajardo , expresó que el Consejo Asesor Presidencial de 2006 constató la desarticulación del sistema educativo y considera que en proyecto no resuelve ese problema. El desafío -agregó- es fortalecer al Ministerio de Educación. Indicó que las funciones de aseguramiento de la calidad no pueden ser entregadas a agencias privadas; que la Superintendencia debe fiscalizar la política educacional, y que se deben fortalecer las funciones de la dirección e intervención técnica pedagógica de los seremis. Para enfrentar los problemas de la educación es necesario terminar con la municipalización y entregar la administración al Estado. Cuestiona la definición del proyecto sobre calidad de la educación y enfatiza que reduce la educación a prepararse para las pruebas Simce y PSU. Se excluyen aspectos valóricos, emocionales y la integración que hay entre las cuestiones cognitivas y no cognitivas en la formación de cualquier ser humano. La Comisión de Educación, Deportes y Recreación entregó un conjunto de artículos permanentes y transitorios para que la Comisión de Hacienda los examinara. No los voy a mencionar por ser extensos. Respecto de la discusión particular del articulado, es necesario consignar las principales adiciones y enmiendas introducidas por la Comisión de Hacienda. En primer lugar, se reemplaza el artículo 4º, relativo a los estándares indicativos de desempeño para los establecimientos y sus sostenedores en virtud de una indicación del Ejecutivo. El subsecretario señor Rojas señaló que la letra a) del texto original, respecto a profesionales de la educación, que se suprime, queda reflejada en el número 4 de la nueva redacción del artículo, que se refiere a los indicadores de desempeño de los equipos directivos y docentes. O sea, se traslada el artículo 2º, que tiene que ver con lo sustantivo del sistema nacional de aseguramiento de la calidad, al artículo 4º. El cambio supone indicadores de desempeño utilizados en forma más lateral y con otro papel. No está en el corazón de la iniciativa ni un concepto de educación más desarrollado ni tampoco el tema de los docentes y directivos, quienes fueron trasladados al ámbito relacionado con los indicadores de desempeño. Ello, para evitar conflictos con la ley de evaluación de desempeño y otras materias. En definitiva, el tema no está bien resuelto. Lo dijimos en el debate: pese a ser uno de los grandes aportes introducidos por la Comisión de Educación, la letra a) del artículo 4° fue eliminada. Repito, la Comisión de Educación, con gran relieve, puso en el centro del proyecto esta materia, pero después quedó alojada en otro artículo. La segunda modificación se relaciona con el artículo 50, que establece que los sostenedores y los establecimientos educacionales o que reciben aportes del Estado, deberán rendir cuenta pública del uso de los recursos de acuerdo a los instrumentos y formatos estandarizados que fije la Superintendencia. Al respecto, hubo dos debates: uno, inicialmente incluía todos los recursos, pero el Ejecutivo presentó indicación para focalizar la medida sólo en los recursos públicos. Finalmente, se logró unanimidad en torno a que la rendición se efectuara en relación con todos los recursos, lo que resulta clave para evaluar su uso. El jefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República , señor Pallavicini , sostuvo que la Contraloría en ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, dictó una resolución que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas, actualmente en vigor, y cuyo irrestricto cumplimiento ha sido fiscalizado permanentemente por ese organismo. Se advierte en este punto una situación irreconciliable, en los que los establecimientos educacionales van a tener que rendir cuenta de acuerdo con los formatos de la superintendencia y, por otra parte, según la resolución de la Contraloría. Esta dualidad de normas nuevamente podría producir problemas de interpretación, porque, maliciosamente, podría llegar a afirmarse que la norma de rango superior prevalece sobre la resolución de la Contraloría. El señor subsecretario, junto con el diputado Lorenzini y otros buscaron una solución. Señalaron claramente que la Superintendencia no puede realizar juicios de mérito en relación con el uso de los recursos y que sólo podrá verificar que aquél se ajuste a la legalidad. El diputado señor Robles, a propósito de la letra c) de la indicación, manifestó no estar de acuerdo con que el mismo sostenedor, sospechoso por resolución fundada de la inexactitud de la información que proporciona, pueda ser quien escoja quién lo va a auditar. El señor subsecretario señaló que aquello se resguarda estableciendo que el sostenedor sólo podrá elegir una empresa auditora inscrita en el registro que, para dichos efectos, mantendrá la Superintendencia de Educación. Se señaló también que, aun cuando exista un registro, la experiencia indica que el auditado intentará buscar a aquel que dentro del registro refleje mejor su propia visión. Sugiere que dentro del registro se produzca una selección al azar del auditor. Se ejemplificó con lo ocurrido con los revisores independientes en el caso de la construcción y se indicó que el modelo elegido no es bueno. El señor subsecretario estimó razonable lo planteado por el diputado señor Robles y propuso una fórmula mixta a fin de que tanto la Superintendencia como el sostenedor participen en la selección del auditor. Así, propuso mantener la facultad del sostenedor, en caso que lo decida, de elegir a un auditor externo; sin embargo, el sostenedor deberá elegir cinco opciones y la superintendencia decidirá, en definitiva, de ese listado. Por último, se sustituye el artículo 106, que dispone que la superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República -era una materia que la Contraloría estimaba que no estaba adecuadamente planteada- exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos, sin perjuicio de las atribuciones propias de dicho órgano de control, en virtud de una indicación del Ejecutivo. El señor Ramiro Mendoza , contralor general de la República , indicó que el proyecto establece la fiscalización restringida de la Contraloría sobre la Superintendencia de Educación, definida en el artículo 106 del proyecto, precisando que ésta última estará sometida a la fiscalización “exclusivamente” en lo que concierne al examen de cuenta de entradas y gastos. El diputado señor Marinovic , quien también participó en la búsqueda de soluciones, sostuvo que esta indicación fue el resultado de las conversaciones entre el Ejecutivo y la Contraloría General de la República con ocasión de un trabajo en subcomisiones que realizó la Comisión. La Comisión de Hacienda discutió fundamentalmente dos temas: el concepto de educación, de calidad de la educación y cómo se expresaba en el articulado y, en segundo lugar, las características del dispositivo institucional para lograr estos objetivos, esto es la organización, roles y recursos de la agencia, la superintendencia, el Ministerio y el Consejo de Educación. La Comisión de Educación realizó 68 votaciones. Por unanimidad, fueron aprobados 26 artículos. Hubo votación divida para 42. La Oposición presentó 14 indicaciones que fueron rechazadas y 2 fueron aprobadas. La Oposición logró rechazar un artículo que facultaba al Presidente para fijar la planta del Ministerio. Es cuanto puedo informar. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Recabo la unanimidad de la Sala para que ingrese el subsecretario de Educación , señor Fernando Rojas. Acordado. Tiene la palabra el ministro de Educación , señor Joaquín Lavín. El señor LAVÍN ( ministro de Educación ).- Señora Presidenta , el proyecto que nos ocupa es muy importante, porque representa el fruto de un acuerdo político logrado después de varios meses de trabajo entre el Gobierno pasado y la Oposición de aquel entonces. El acuerdo señalado quedó graficado en una foto que, creo, muchos recuerdan. El esfuerzo se tradujo en un nuevo proyecto de Ley General de Educación que crea, como dijo el diputado Venegas, una nueva arquitectura de aseguramiento de la calidad de la educación. La educación es un tema muy importante, quizás el más trascendental en el largo plazo. Chile no va a resolver nunca su problema de equidad si no parte por mejorar la calidad de la educación que brinda, especialmente en lo que se refiere a la educación pública. Por eso, valoramos el acuerdo. Varios señores diputados de mi sector político se me han acercado para señalarme que quieren cambiar algunos aspectos que no les gustan de la Superintendencia de Educación, como el hecho de que ésta puede llegar a cerrar un colegio. Probablemente, muchas personas del sector político contrario tampoco comparten aspectos del proyecto. Pero, a todos me gustaría decirles que la educación es un tema en el cual hay que avanzar, y la única forma de hacerlo es con acuerdos. En Chile nunca se había logrado llegar a un acuerdo tan transversal, pues resulta difícil conseguir consensos. Si se logra arribar a uno, no siempre deja contentos a todos. Aprovechemos este momento, porque no es fácil avanzar en educación. Personalmente, y siguiendo su espíritu, recibí la instrucción del Presidente Piñera para, en primer lugar, dar al proyecto la máxima importancia. Ésa es la razón que explica haberlo calificado con suma urgencia. Este proyecto viene de años y si hay acuerdo, ¡aprobémoslo! En segundo lugar, la idea era continuar el proyecto diseñado por el gobierno anterior y presentar la menor cantidad de indicaciones. Finalmente, se formularon algunas, pero sobre temas muy específicos que no cambian en nada la esencia del proyecto, en la idea de buscar acuerdos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y salvar algunos reparos manifestados por el contralor, en el sentido de dejar muy explícito que la Superintendencia de Educación está bajo la fiscalización de la Contraloría General de la República. Ahora, más allá de que los acuerdos no siempre dejan a todos conformes, este proyecto es un gigantesco salto adelante para lograr el objetivo. Incorpora toda una nueva arquitectura: un Consejo Nacional de Educación, que establecerá los estándares de aprendizaje de los alumnos que deben cumplir los colegios, una Agencia de Calidad de la Educación que evaluará a esos colegios, en cuanto a cómo cumplen o no con los estándares, y los clasificará; un Ministerio de Educación, que fijará las políticas educativas y apoyará a esos colegios para que cumplan con dichos estándares, y, finalmente, una Superintendencia que fiscalizará el uso de los recursos, sancionará y, en casos extremos, determinará el cierre de algún colegio. Insisto, la iniciativa es un salto gigantesco; no desaprovechemos el consenso que se ha logrado. ¡Ayúdennos a avanzar en educación! Este proyecto, más allá de que todos querremos agregarle o cambiarle algo, constituye un avance importante. Muchas gracias. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada Clemira Pacheco. La señora PACHECO (doña Clemira).- Señora Presidenta , este proyecto de ley sobre aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media, y su fiscalización, es complementario a la ley general de Educación que el Congreso despachó hace algunos meses tras un amplio acuerdo entre el Gobierno de la Presidenta Bachelet y la Oposición de esa época. Quiero hacer notar que no todos los que éramos partidarios de la Presidenta estuvimos conformes con ese acuerdo. La iniciativa contiene virtudes y defectos. En lo positivo, dota al país de un sistema de apoyo a la calidad de la educación y de la necesaria fiscalización. Ello se lleva a cabo a través de la Agencia de Calidad y la Superintendencia, instituciones muy importantes en la búsqueda de los objetivos. Sin embargo, consecuente con la ley que la origina, su texto también presenta también las mismas falencias que la ley general de Educación. Puntualizo algunas. En primer lugar, no hay un concepto integral de educación ni una definición amplia y consecuente con ello de un sistema que valore la enseñanza en su conjunto. Sólo hay énfasis en el Simce y en los test de medición para algunas disciplinas o asignaturas, sin ocuparse de los avances y desarrollos afectivos, sociales y culturales de los niños y jóvenes. En segundo lugar, se ocupa esencialmente de la calidad, pero no contiene avances significativos en la equidad, algo que el ministro acaba de plantear y constituye una tremenda falencia del proyecto. Se pretende que la equidad llegue como un agregado necesario, sin realizar un esfuerzo especial para conseguirlo y manteniendo muchos de los vicios y problemas de la educación actual. Se quiere llegar a la equidad sobre la base de situaciones profundamente desiguales respecto de las cuales no se formula ninguna corrección en este proyecto. Peor todavía, el modelo tiende a la discriminación de los distintos establecimientos educativos, segregándolos aún más por categorías. En tercer lugar, no se ve un compromiso efectivo y claro del Estado con la educación y, especialmente, con sus propias unidades educativas. Se plantean algunas exigencias, pero no hay recursos adicionales para la educación municipal que compense el gasto promedio por alumno. Se trata de un modelo de mejoramiento en el cual no se aprecia la labor del Ministerio de Educación, que se dedicará a la mera estadística y a la transferencia de recursos. No hay un cambio de rol fundamental del Ministerio; no se ve empeño en crear capacidades. También se infiere del proyecto -es parte de una lógica especialmente de este gobierno- una gran confianza en el privado como administrador educativo y gestor de mejoramiento, pero una notoria reticencia respecto del aparato público. Adicionalmente, no ha sido evaluada la gradualidad de la aplicación de estas normas, lo que ameritaría una revisión. Como consecuencia del terremoto, hay muchas escuelas gravemente deterioradas, sin infraestructura ni insumos de apoyo. Más aún, hay retraso en el año escolar y con menores profundamente dañados en el aspecto psicosocial. Pregunto al ministro , por su intermedio, señora Presidenta , ¿estamos en condiciones de realizar mediciones de estándares para dar categoría a los establecimientos educacionales en estas condiciones? Me parece que, a la luz de las circunstancias que estamos viviendo, eso requiere una revisión; de lo contrario, vamos a tener resultados profundamente injustos que empeorarán mucho más las brechas que ya existen entre los que más tienen y los que menos tienen. Por las razones bastantes resumidas que he expuesto, no apoyé la ley General de Educación; por ello, tampoco puedo apoyar un proyecto que sólo complementa algo que no está bien. Valoro el avance en institucionalidad, es decir, la creación de la Agencia de Calidad y de la Superintendencia; pero, en lo sustantivo, no hay ninguna mejoría. Sigue pendiente el énfasis en equidad, en educación integral, en un compromiso decidido del Estado por la educación pública; por el contrario, las normas de la ley general de Educación, como también las de esta iniciativa, sólo aumentan la desconfianza en la gestión educacional del sector público, sin dar la posibilidad de que cuente con los recursos y capacidades que le permitan desenvolverse bien. No se puede evaluar con la misma vara a establecimientos educacionales que tienen cuatro o cinco veces más recursos por alumno, que a un plantel municipal que no dispone de la misma suma de dinero; más todavía, con las enormes deficiencias de los sistemas traspasados a las administraciones municipales, que todos sabemos que han sido un fracaso. Por ello, votaré en contra de este proyecto. Sugiero al ministro, por su intermedio, señora Presidenta, que podamos darnos el tiempo para revisar lo planteado, de manera de mejorar el proyecto. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Saludo a la directiva del Colegio de Profesores de Chile, encabezada por su presidente, Jaime Gajardo Orellana. Tiene la palabra el diputado Hasbún. El señor HASBÚN .- Señora Presidenta , como señalaron los expositores, el proyecto sobre sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación crea un marco institucional para comenzar a pavimentar el desarrollo cualitativo de la educación nacional. Para este efecto, la creación de la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación van a ser órganos que velarán por la calidad del sistema educativo nacional, establecerán estándares nacionales de educación y fiscalizarán la correcta labor de los sostenedores, tanto en aspectos pedagógicos como administrativos. Este proyecto presenta ciertas falencias en aspectos tales como formulación de indicadores evaluativos o procedimientos de control administrativo, como también en financiamiento; sin embargo, refleja un gran avance hacia una política nacional de desarrollo cualitativo de la educación en el país. Por lo tanto, sin duda, la inciativa da un impulso importante a la educación pública; repito, es un avance, porque representa la base, los cimientos del proceso de mejoramiento de la calidad de la educación. Dado lo anterior, parece bastante razonable lo propuesto en la iniciativa, por cuanto inicia un procedimiento serio en la política nacional de aseguramiento de la calidad de la educación que no tan solo generará los cimientos o las bases para enfrentar el desafío de desarrollar una educación de calidad en un futuro cercano. Aunque tiene falencias, debemos aprobar el proyecto; podemos discutir algunos aspectos, pero no entramparlo, pues será el pilar fundamental para enfrentar los futuros desafíos de un proceso educativo de calidad. El Congreso, llamado a actuar en forma responsable, debe aprobar el proyecto. Es cierto que no concita el respaldo y el consenso de todos, pero debe considerarse que es parte importante del proceso que generará los cimientos para una educación más justa y de calidad. He dicho. El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente , concuerdo en que el proyecto de ley es valorable en su espíritu, ya que apunta a la fiscalización del uso de los recursos públicos destinados a la educación, al establecimiento de estándares de calidad y a la aplicación de un riguroso sistema de medición de la calidad de los aprendizajes. Durante el estudio de la iniciativa, muchos expertos en educación nos entregaron sus observaciones, amén de representarnos las debilidades y fortalezas del proyecto. El Colegio de Profesores dio a conocer su mirada crítica. Sobre la base de una mirada participativa formulamos una serie de indicaciones en la Comisión de Educación. En este proceso, también fueron protagonistas padres, madres y estudiantes, quienes expresaron sus visiones. El proyecto está muy lejos de asegurar esa educación pública que soñaron Pedro Aguirre Cerda y Gabriela Mistral, entre otros grandes chilenos, que tenían la conciencia puesta en la importancia de una educación integral para el desarrollo del país. La iniciativa es nuestra piedra en el zapato. Todos trabajamos en pos de una mejor calidad para la educación parvularia, básica y media, pero cada uno con visiones políticas distintas de cómo hacerlo. En educación, quedan claras las diferencias entre un proyecto político progresista, que cree en un Estado fuerte y eficiente para avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades, y un proyecto político libre mercadista, que cree que el libre mercado es capaz de entregar una buena educación. Esta es la discusión de fondo que se ha dado desde hace mucho tiempo en el Congreso y en la sociedad toda. Hago un paréntesis para compartir con ustedes que el incremento de 6,1 por ciento en Educación, respecto del Presupuesto de 2009, demuestra que una de las prioridades de la Presidenta Bachelet fue el gasto social. Digo esto, porque algunas voces de la Alianza han estado criticando el gasto social del gobierno anterior, a través de los medios de comunicación. Les recuerdo que el gasto social fue focalizado justamente en los temas que interesan a la sociedad. Es cierto que nunca serán suficientes los recursos para implementar una educación de calidad como nos exige la realidad de nuestro país. Tal como señalaron algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, el proyecto no cuenta con el financiamiento necesario para implementarlo. Los estándares se ocupan en todas las áreas del aprendizaje. En un mundo de evaluaciones, rendiciones de cuenta y de lograr más transparencia, es necesario contar con esas medidas. La creación de dos organismos supervisores, uno la calidad y, otro, los recursos y la responsabilización de los gastos, es decir, el accountability, será un desafío a nuestra cultura pública y burocrática. A mi juicio, el proyecto va en la dirección contraria a la educación pública que se conoce en los países europeos desarrollados y que tuvimos en Chile hasta antes de la dictadura. Soy hija de esa educación, del Liceo N° 9 de Niñas de Ñuñoa y de la Escuela Pública N° 3 de Barrancas, en San Antonio. Actualmente, la brecha de calidad entre un colegio particular y uno municipalizado deja mucho que desear. Mi máxima es mejor avanzar en una nueva estructura que recoge algo de las distintas miradas y que arregla algunos vacíos existentes. Trabajamos y propusimos muchas indicaciones para llegar a acuerdos políticos que mejoraran el proyecto, pero no siempre se pueden lograr todos los objetivos, muchas fueron rechazadas. Con todo, quiero compartir algunas. Por ejemplo, la indicación que obligaba a entregar información necesaria a los padres; otra, para mejorar la estructura del gobierno corporativo, haciendo protagonistas a las personas, a los expertos de las universidades; en fin. ¡Bueno, fueron rechazadas! En todo caso, me quedo con la satisfacción de haber participado en un camino de encuentro, para lograr resultados educativos que la sociedad chilena espera y exige. He dicho. El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado y presidente de la Comisión de Educación señor Sergio Bobadilla. El señor BOBADILLA.- Señor Presidente , para muchos de los que estamos en esta Sala el proyecto no es nuevo. Se trata de una iniciativa que ha tenido espacio y tiempo, más que suficientes, para ser discutido en las Comisiones de Educación y de Hacienda. Recuerdo que el proyecto es consecuencia -hay que reconocerlo públicamente- de las demandas de los estudiantes por una educación de calidad. Como respuesta, surgió un proyecto, que dio origen a la ley general de Educación. Pero como esta norma no estaba enfocada en el tema esencial planteado por los alumnos, la calidad de la educación, de un gran acuerdo entre la Concertación, coalición gobernante en ese tiempo, y la Alianza, nace esta iniciativa de aseguramiento de la calidad de la educación. Para este fin, se crean dos instancias: la Superintendencia de Educación, que se ocupará de velar por el buen uso de los recursos, y la Agencia de la calidad de la Educación, que tendrá como función esencial evaluar la calidad del aprendizaje de nuestros estudiantes. En la discusión del proyecto participaron diversos actores, entre otros, el Colegio de Profesores, invitado en más de alguna oportunidad; estudiantes de diversos establecimientos, padres y apoderados; investigadores, organizaciones gremiales, etcétera. A todos ellos se les dio el tiempo y el espacio necesarios para que entregaran sus observaciones e inquietudes. También los diputados que formamos parte de la Educación tuvimos tiempo suficiente para presentar las indicaciones que estimamos pertinente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ha llegado el momento de pronunciarnos definitivamente respecto de este proyecto. Como lo han dicho algunos colegas, puede que no sea la solución a todos los problemas que tenemos -porque eso es imposible-, pero es un avance importante. Dentro de esta nueva institucionalidad, vamos a tener un organismo que va a estar preocupado exclusivamente de los resultados del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, la Agencia de Calidad de la Educación, que ha sido el elemento más trascendente y requerido por nuestros estudiantes. Estamos ciertos de que el financiamiento de la educación no se aborda en este proyecto. Ya tendremos el tiempo y las iniciativas sobre la materia. Quiero invitar a los colegas a votar favorablemente este proyecto, porque, como muchas veces se ha dicho, nuestros estudiantes no pueden seguir esperando el mejoramiento de la educación. La iniciativa es un avance importante y debemos apoyarla decididamente. No olvidemos -ésta es una invitación a los colegas de la Concertación- que estos proyectos son producto de un acuerdo amplio. Muchos de los aquí presentes levantaron las manos junto a la ex Presidenta Bachelet para dar el visto bueno y el apoyo a esta iniciativa. No olvidemos ni dejemos de lado los acuerdos suscritos, los que deben ser respetados y honrados. ¡Nuestros niños no pueden seguir esperando! He dicho. El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas. El señor VENEGAS.- Señor Presidente , sin duda, éste es uno de los proyectos de ley más trascendente y complejo en su análisis, en la posición que cada uno adopta y en su proceso de construcción. Primero que todo quiero decir algo que es importante tener en cuenta. Hablamos de educación, tal vez, el tema más ideológico que puede existir, porque claramente implica plantearse el tipo de sociedad que queremos construir y, como consecuencia, el tipo de hombre que queremos formar a través de la labor educativa. Sin duda, éste es un tema integral y no reduccionista. Por el contrario, tiene todas las complejidades de una cuestión que está en el ámbito de las ciencias sociales, por lo tanto, sin leyes absolutas. En general, las ciencias sociales son, por su naturaleza, opinables y discutibles. La bibliografía es abundante, hay para todos los gustos: que debemos seguir el modelo americano, o australiano o neozelandés, que debemos adoptar las indicaciones que hacen agencias internacionales; bueno, hay que tomar una posición, pero uno no construye en un vacío cultural, sino desde lo que es y lo que tiene. Esto es muy importante considerarlo, porque nadie puede decir que tiene la verdad absoluta en la materia, ya que eso sería la negación de lo que es la educación, como ciencia de estudio y análisis. Esto parte de una realidad compleja. Había actores sociales que se manifestaron a favor de terminar con la LOCE -que consideramos antidemocrática por su gestación-, y reemplazarla por otra. Ahí están las movilizaciones de los estudiantes como un motor importantísimo, a las que se unieron muchos otros actores. De allí el imperativo para el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet de abordar la definición de una ley que llamamos ley general de Educación, LEGE. Como el ministro y los colegas recordarán la historia, cuando el Ejecutivo envió el primer proyecto de ley general de Educación, la Oposición, a partir de sus particulares visiones, se negó incluso a la idea de legislar, lo que en la Comisión fue aprobada por siete votos a favor y seis en contra. Eso planteó un escenario concreto: sin acuerdo y sin diálogo político y técnico, no era posible avanzar. Simplemente, no habría una nueva ley y tampoco podría derogarse la LOCE. En ese contexto, se crearon instancias de diálogo que, por cierto, no dejaron contento a nadie. El principio básico de una negociación es que ambas partes estén dispuestas a ceder. Estoy seguro -lo dijo el señor ministro - de que en las bancadas de la Alianza, en ese momento Oposición, y las nuestras, en ese momento Gobierno, no quedamos conformes con el resultado final. El proyecto original que envió el Ejecutivo no es el que finalmente se despacho y se convirtió en ley, porque hubo que ceder en materias sensibles para nosotros, por ejemplo, en el fin del lucro, que se debió haber dejado más claramente explicitado, o la marginación de alumnos bajo ninguna circunstancia, cuestiones que consideramos fundamentales. Pero hay que reconocer que en el otro lado también hubo cesiones, como aceptar la existencia de una institucionalidad que controlara el uso de los recursos públicos que llegan especialmente a la educación particular subvencionada, donde no había control del uso de recursos destinados a un bien específico: cooperar con la función educacional del Estado. En ese contexto, la LEGE fue aprobada y es letra muerta. Sólo es una declaración de intenciones, porque, conceptualmente, es una ley marco sin esta normativa que crea una institucionalidad y los organismos necesarios para operativizar lo que en ella está declarado. Entonces, pido especialmente a los colegas de las bancadas de la Concertación que seamos coherentes. Éste era un proyecto emblemático del gobierno de la Presidenta de la República Michelle Bachelet . Ella pidió a quienes éramos de la Concertación que nos jugáramos por él y lo entendiéramos, muchas veces, lo hicimos a regañadientes. Fui muy crítico en algunas materias. Como les consta a muchos, por defender los intereses, entre otros, los de los profesores -la deuda histórica-, me negué a aprobarlo en la Sala. En la Comisión no acepté un mecanismo que me permitiera negociar una demanda que estimaba justa. Sin embargo, hoy tenemos un proyecto que recoge todo eso. Necesitamos mejorar urgentemente la calidad de la educación que reciben los niños y los jóvenes de nuestro país, especialmente los que a nosotros más nos importan: los más pobres, los que están en los colegios municipales, muchos en la periferia. Efectivamente hay educación de primera, de segunda y de tercera categoría. Eso lo dijimos cuando se elaboró la LOCE. Por eso, necesitamos cambiarla, para ello se requieren los instrumentos y una institucionalidad que nos permita avanzar en ese sentido. La idea de una Agencia de Calidad surge en las negociaciones, fue un planteamiento de la Alianza en ese momento, y como una exigencia, señala: Sí, estamos dispuestos a avanzar, siempre y cuando consideremos la idea de una Agencia de Calidad que recoja experiencias internacionales. En el fondo, esta Agencia busca monitorear, es decir, hacer seguimiento de las políticas que define el Ministerio de Educación. ¡Esa es la institucionalidad! ¿Qué va a hacer el Mineduc? Definir las políticas, los planes, los programas, etcétera, sobre ello, va a actuar la agencia. Ahora, los estándares son indicadores de calidad de procesos en los distintos actores del sistema. Uno podrá discutir y preguntarse ¿existe la posibilidad de evaluar integralmente el fenómeno de enseñanza-aprendizaje? Ciertamente, no. Soy el primero en reconocer -y es abundante la bibliografía con estándares esencialmente cuantitativos y cualitativos- que es difícil medir en toda su complejidad los fenómenos de enseñanza-aprendizaje y de educación, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar inmóviles? ¿No vamos a hacer nada frente al tema? Entonces, allí surge la idea de esta Agencia de Calidad, que fue mejorada, y, luego, la Superintendencia. ¿Cuál era el problema? Que los recursos públicos entraban en una zona oscura y no sabíamos cómo se utilizaban. Bueno, la Superintendencia viene a resolver ese problema, ya que con su institucionalidad se va a fiscalizar el uso de recursos públicos asignados a fin específico; además, la creación de un Consejo Nacional de Educación va a definir esos estándares -tampoco es un arbitrio- y, sin duda, se avanza en el seguimiento de los procesos educativos. Hay que tener el coraje suficiente para ser coherente. Alguien puede estar tentado por votar en contra, porque puede ser lo que políticamente parece correcto, pero no es coherente con lo que hemos hecho y que con aproximaciones sucesivas, seguramente, podremos mejorar para alcanzar el objetivo final: una educación de mejor calidad, especialmente, para los niños que más lo necesitan. He dicho. El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock. El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente , como decía el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, es bueno hacer memoria. No olvidemos las manifestaciones de los estudiantes secundarios el año 2006 -estamos en 2010- que pusieron a la educación como uno de los temas más relevantes del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet . Luego de distintas propuestas, tanto de la Concertación como de la Alianza y del trabajo de la Comisión Asesora Presidencial, en noviembre de 2007, se alcanzó un acuerdo entre los distintos sectores políticos que permitió avanzar, y luego de cerca de dos años de tramitación, se promulgó la ley general de Educación. Asimismo, en julio de 2008, ingresó al Senado, el proyecto de ley del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. La tramitación parlamentaria de esta iniciativa ha sido objeto de diversas indicaciones evaluadas en su mérito por ambas Cámaras. Con relación a la tramitación en la Cámara, el proyecto pasó por las Comisiones de Educación, Deportes y Recreación, entre mayo y diciembre de 2009, y de Hacienda, entre diciembre de 2009 y abril de 2010, donde se le introdujeron modificaciones para perfeccionarlo. Previo a su votación, en ambas comisiones se escuchó a diversos actores invitados a exponer sus puntos de vista respecto de la iniciativa. A partir de dichas observaciones, le fueron incorporadas mejoras a través de indicaciones de los diputados y del Ejecutivo. No fue un trabajo fácil llegar a acuerdos en materias tan sensibles como éstas, por lo que debemos reconocer el esfuerzo realizado por todo el Congreso. Además, no podemos olvidar que hablamos de un problema manifestado por nuestros estudiantes, en 2006. Este proyecto es un avance para la calidad de educación de los niños y jóvenes de Chile, ya que reordena toda la institucionalidad ministerial, termina con el rol de juez y parte del Ministerio y establece funciones claras a cada institución. Profesionaliza y se modernizan funciones críticas del Ministerio, como la evaluación de aprendizaje de los alumnos y el apoyo y supervisión a los establecimientos. Por primera vez, se crea una institucionalidad que prioriza la calidad y que exige a los establecimientos cumplir determinados estándares. Además, para los colegios que no logren que sus alumnos aprendan, en primera instancia, serán apoyados y, si no hay avances en un período razonable, perderán el reconocimiento oficial, es decir, no podrán recibir la subvención ni entregar ningún tipo de documentación. Existe un empoderamiento para las familias. Se deberá entregar más y mejor información a los apoderados que apoyen las decisiones de elección de establecimientos para sus hijos. Cuando se reitere el mal rendimiento, se informará directamente a través de la Agencia sobre otros establecimientos cercanos de mejor desempeño y se otorgarán facilidades de transporte. Se informará de otras variables relevantes del proceso educativo mediante los estándares indicativos de desempeño que se aplicarán a establecimientos y a sus sostenedores. Se respeta su autonomía. Las evaluaciones del proceso son indicativas y no dan origen a sanciones y la Superintendencia no se pronunciará sobre el mérito del uso de los recursos. Por ende, el Estado puede exigir resultados y sancionar a los que no cumplen. Se crea un órgano fiscalizador especializado que velará por el uso de los recursos conforme a las leyes vigentes. Ello permitirá un sistema educativo más transparente y con mayor información a la comunidad respecto de las materias educativas, normativas y financieras. La Superintendencia sistematizará y velará por el cumplimiento de toda la normativa educacional en cada establecimiento. Además, se reconocen diferencias respecto de los ámbitos en los cuales la Superintendencia y la Agencia pueden actuar en el caso de los establecimientos particulares pagados. El ministro Joaquín Lavín asumió la Cartera de Educación -quizás, la más importante del Gabinete- con los desastres que provocó en muchos establecimientos educacionales el terremoto del 27 de febrero pasado, cuestión que lo tiene enormemente preocupado, ya que nuestros niños y jóvenes deben asistir a clases lo antes posible. Se están haciendo grandes esfuerzos para sacar adelante esta tarea y todos los estudiantes puedan asistir a clases en sus respectivas aulas. La otra preocupación del ministro es avanzar en el proceso de mejorar la calidad de la educación. Muchos colegas me han comentado que estamos frente a un ministro de Educación mucho más abierto al diálogo y a escuchar, lo cual ya es un avance muy constructivo. En la Comisión de Hacienda invitamos al ministro de Educación , al contralor general de la República y al presidente del Colegio de Profesores , pues es importante que siempre estén vinculados en el tema para hacer un mejor trabajo en educación, la inversión más importante del país. No estamos de acuerdo con muchas cosas del proyecto, pero debemos avanzar, porque, como decía el diputado señor Mario Venegas , hay que tener coraje para seguir avanzando. No podemos permitir que este proyecto siga durmiendo en el Congreso Nacional, pues ya se han cumplido cuatro años desde que los estudiantes salieron a las calles a manifestar que teníamos que mejorar la educación en nuestro país. Pensamos que con un diálogo constructivo, en el que se escuchen a las personas que saben de educación, no cabe duda de que vamos a tener un avance importante en la calidad y mejoramiento de la educación. En consecuencia, insto a los colegas a seguir por este camino, pero sin dejar de lado la tramitación del proyecto, ya que resulta vergonzoso que no se haya despachado después de casi cuatro años de presentado. He dicho. El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , como dijo el colega que me antecedió en el uso de la palabra, ha llegado el tiempo de pronunciarse; pero eso no es tan fácil cuando no se ha escuchado a los principales actores relacionados con el proyecto. El diputado von Mühlenbrock acaba de mencionar que fueron invitados a la Comisión de Hacienda el contralor general de la República y representantes del Colegio de Profesores, estos últimos, actores principales del proyecto. Quiero dar a conocer algo que figura en el informe que tenemos en nuestros pupitres, pero que no lo señaló el diputado informante de la Comisión de Hacienda . El presidente del Colegio de Profesores dijo que no se ha desarrollado un debate realmente participativo respecto de este proyecto. Agregó que la discusión de este proyecto más que un debate ha sido una imposición. Como diputado y legislador, por supuesto que tengo que considerar la opinión del principal actor. Más aún, el contralor general de la República señaló que estas modificaciones son insuficientes y no solucionan el problema de la asimetría. Si no baso mi votación en la opinión de los principales actores del proyecto, quiere decir que no sé legislar. El señor ministro dijo que los acuerdos son positivos y que debemos llegar a ellos; pero, señor ministro , por su intermedio señor Presidente , hay acuerdos buenos, regulares y malos. Hemos escuchado la crítica de algunas señoras y señores diputados de que éste no es un buen acuerdo, lo que comparto plenamente. Por otra parte, no hay duda alguna de que la calidad de la educación que se imparte en los establecimientos educacionales es preocupación de todos: padres, apoderados, legisladores y gran parte de los alumnos que ya han estudiado algunos años. Considero que ningún padre tiene claridad respecto de la calidad de la educación que recibirá su hijo en el establecimiento que ha elegido. Además, he leído en algunos diarios locales y nacionales que el terremoto ha sido muy negativo para la educación, sobre todo que está cobrando mucha fuerza la posición de que se concesionen las escuelas o colegios que se deberán construir. Es fácil entender hacia dónde nos llevaría una decisión de esa naturaleza. Por lo demás, organismos internacionales han realizado mediciones que señalan que en Chile existen diferencias notables entre los colegios del sistema público y los del sistema privado, así como en la brecha que existe entre los alumnos de unos y otros para acceder a la educación superior. El proyecto pretende establecer un sistema de medición de la calidad de la educación en los distintos establecimientos reconocidos por el Estado, para lo que crea un sistema basado en cuatro órganos que lo compondrán: el Ministerio de Educación, encargado del diseño de la política educacional; la Superintendencia de Educación, encargada de fiscalizar el uso de los recursos y el cumplimiento de la normativa; la Agencia de Calidad de la Educación -una novedad-, destinada a orientar y a evaluar el sistema, y el Consejo de Educación, que es una instancia representativa y participativa, encargada de aprobar los planes, bases y programas educacionales. El diseño presentado no parece objetable en el papel; sin embargo, si analizamos el funcionamiento del sistema, podremos comprobar que lo planteado, según mi punto de vista, no es un sistema de aseguramiento de calidad educacional, sino que más bien un sistema de medición de captación de contenidos de algunas materias, lo que no necesariamente asegura que en los establecimientos se esté entregando una educación no sólo rica en contenidos de materias, sino que, también en valores formativos para los alumnos que participan del proceso educativo. Considero central este punto, ya que el sistema propuesto, al no establecer diferencias entre colegios del sistema municipal y del sistema privado, puede conducir a la destrucción de la educación pública, pues sabemos que entre unos y otros establecimientos existen las diferencias que he comentado, las cuales no sólo están dadas por los resultados de las mediciones que realizan las pruebas Simce o PSU, sino que también por los sistemas normativos que rigen a unos y a otros establecimientos, y por los diferentes costos entre unos y otros. Por ello, el sistema en estudio, al no garantizar una adecuada corrección de desigualdades, puede conducir al término del sistema público. Esa es la gran problemática, que no debe ser resuelta desde los puntos de vista del oficialismo o de la Oposición. Debemos concordar en que, en otra época, el sistema público dio la gran satisfacción de tener una gran educación. Se dice que las indicaciones presentadas han contribuido al proyecto. No obstante, quiero expresar una vez más que se produce una polarización -que no conduce a nada y que, al final, no hacen bien al proyecto- si las indicaciones son presentadas por la Oposición o el oficialismo. Además, si bien es cierto que se presentaron indicaciones, fueron rechazadas, por lo que prácticamente no significaron un aporte al proyecto. En consecuencia, considero necesario establecer un sistema que permita asegurar la calidad de la educación y no sólo medir el resultado del aprendizaje. Mis críticas al proyecto me obligan a votarlo en contra, a la espera de que se establezca un sistema que corrija desigualdades notorias, que se mejore el sistema público y que se asegure educación de calidad para todos los chilenos y chilenas, y no sólo buenos negocios para sostenedores del sector privado. He dicho. El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez. El señor VELÁSQUEZ .- Señor Presidente , estamos frente a un proyecto que, para quienes hemos tenido la tremenda responsabilidad de dirigir la educación sin ser profesores, -me refiero no tan solo a quien habla, sino también a alcaldes y concejales-, advertimos que muchas veces, especialmente en los municipios más pequeños, la situación se nos escapa de las manos. Faltan recursos. Muchas veces llegan, pero de una u otra manera, tanto en los departamentos de educación como corporaciones, no se destinan a los trabajos educacionales o a los profesores. Junto con eso, los municipios, especialmente los alcaldes y concejales, ven cómo los colegios particulares subvencionados avanzan cada día, tienen autonomía para captar a nuevos alumnos, incluso la ley es mucho más flexible para ellos. Por otro lado, los estudios demuestran que las familias, incluso las más modestas, están cambiando a sus hijos a colegios particulares. ¿Cuál es la razón? No obstante el esfuerzo que puedan hacer nuestros profesores, no existe un mayor compromiso de los municipios en el tema pedagógico. No se puede exigir a los profesores porque permanentemente hay deudas, respecto de las cuales muchas veces los profesores y el Colegio de Profesores no reciben explicaciones. Por eso, el proyecto da un salto importante en la administración de los recursos -así, el ministerio se dedicará ciento por ciento al tema pedagógico- y crea una institución que va a supervisar que los recursos sean invertidos donde corresponde: en la educación. El proyecto no es lo mejor pero avanza en la línea de lo que quería la Presidenta de la República Michelle Bachelet . El clamor de miles y miles de jóvenes, la revolución “pingüina”, al igual que la Revolución Francesa, despertó la conciencia de que algo estaba pasando y que no era positivo. Entonces, ¿por qué es importante y buena la iniciativa? ¿Por qué debería reunir el consenso necesario y el apoyo de todos? Porque se crea una entidad que va a fiscalizar indirectamente a los municipios y, si hay problemas, los profesores podrán recurrir a ella. Hoy, la antesala son los alcaldes. Como los recursos para solucionar algún problema educacional no están, muchas veces se esconden. Con esta normativa, los profesores van a tener la posibilidad concreta de ir a una instancia superior y tener respuesta. Para nadie es un misterio que, especialmente en las corporaciones de educación, una gran cantidad de los recursos que se reciben del Estado se asignan a otros gastos y a una serie de irregularidades que nadie controla, ya que tienen su propia autonomía. Incluso, hay municipios que contratan a concejales o a funcionarios de otra área y se les paga con recursos de educación. Por eso es positiva la fiscalización. Por otra parte, indudablemente, para el gremio de los profesores va a significar, de alguna u otra manera, una especie de interlocutor para no tan solo preocuparnos de los temas económicos, sino también del ámbito técnico-pedagógico que, a veces, falta escuchar en los discursos de nuestros dirigentes gremiales. ¿Por qué? Nuestro país tiene deudas importantes con los profesores, por ejemplo, la deuda histórica. Aprovecho de pedir al señor ministro que busque fórmulas, aplicables en los años que sean necesarios, para que los profesores reciban lo adeudado, para que, en definitiva, se salde algo que está produciendo una herida en el magisterio. He conversado con muchos presidentes comunales y regionales. Ellos no piden que se les pague de una sola vez todo el dinero que se les debe, puede hacerse una programación. Esa es una deuda histórica, pero también moral con nuestros profesores. Finalmente, la aprobación de la iniciativa va a permitir fiscalizar a los colegios particulares subvencionados porque muchos de ellos hoy son una verdadera vergüenza. El reportaje conocido hace pocos días, exhibe la agresión de que fue objeto un alumno, que está en estado de coma, pero la directora, muy suelta de cuerpo, señala que solamente fue una pelea entre niños. Eso demuestra lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Hay más preocupación por el lucro que por la fiscalización de la calidad y el desempeño de las funciones. Por eso, voy a votar favorablemente, porque conozco la realidad desde el interior de un municipio; sabemos de los problemas, pero también de la pena de no contar con colegios municipalizados de alto rendimiento, especialmente en provincia, donde no hay fiscalización y los municipios, lamentablemente, no tienen la capacidad técnica para hacerles el seguimiento. Termino indicando que el proyecto es históricamente lo mejor que le puede pasar a nuestro país en el ámbito de la educación municipalizada y particular subvencionada. Con mucho respeto expreso que debería ser aprobado por la Cámara para entregar una mejor educación a quienes especialmente representamos: a los hijos de los sectores más modestos. He dicho. El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Teillier. El señor TEILLIER.- Señor Presidente , tengo muchas dudas que expondré sintéticamente respecto de la factibilidad de este proyecto. Primero, me parece difícil hacer un control de la calidad de la educación cuando en el país hay un doble estándar en relación con lo que pretende; en este caso, calificar. Por una parte, está todo el sistema de educación municipalizada, muy deteriorado; municipios que no tienen los fondos suficientes y que tampoco provee el Estado, con una cantidad muy grande de personal a contrata. Por otra, un sistema educacional privado que además recibe fondos y subsidios del Estado, es decir, el doble de recursos por estudiante en relación a la educación municipalizada. Eso crea una asimetría muy difícil de soslayar. No sé pueden medir de igual manera ambos sectores. No es posible. También me parece que debería haber una mayor consideración por el profesorado. Aquí se ha repetido que a la Comisión de Educación se invitó a diversos personeros, entre ellos al presidente del Colegio de Profesores . He leído lo que han planteado el Colegio de Profesores y los expertos, y tengo la impresión de que nada de lo señalado se ha tomado en cuenta en la redacción del proyecto. A mi juicio, eso es una insuficiencia muy grande, porque no es lo mismo escuchar que considerar las opiniones y abrir un diálogo para ver en qué podemos estar de acuerdo y en qué no. El Colegio de Profesores planteó, por ejemplo, que la evaluación del proceso educativo debe ser integral y no sólo basarse en estándares. ¿Es tan difícil tomar en cuenta una posición como ésa? En esta materia se propone un papel mucho mayor del Ministerio de Educación: que debe hacerse parte del proceso educativo, de todo el sistema de formación pedagógica y docente, de todo el sistema de ayuda. Pero el Colegio de Profesores también exige seremías de nuevo tipo, con un fuerte liderazgo pedagógico y en estrecha relación en cada región con la educación superior, que cuente con facultades y también con formación inicial docente. Eso podría tomarse en cuenta. Por otra parte, está muy bien que se controle el uso de los fondos públicos. Eso lo dijeron claramente los estudiantes secundarios con su movilización. Porque a los colegios particulares subvencionados se les entregan fondos públicos. Recordemos que hubo grandes escándalos respecto del uso de esos fondos y que una ministra fue destituida por tal razón. Hubo hechos muy graves ocurridos en el sector educacional particular subvencionado. Con relación a las municipalidades, escuché a un colega decir que también allí se estarían cometiendo ilícitos, pues habría personal contratado con fondos de la educación, en circunstancias de que ello no corresponde. Pienso que está bien que se controle a fondo. Pero si no se ha considerado lo planteado por el Colegio de Profesores y lo que han dicho muchos especialistas al respecto, entonces, este proyecto de ley carece de la necesaria legitimidad que le da el hecho de que todos puedan participar en su discusión, sobre todo aquellos que serán los actores fundamentales, los encargados de poner en práctica sus disposiciones. Pido al Gobierno que le quite la suma urgencia a la iniciativa a objeto de dar un plazo para escuchar los planteamientos que no han sido atendidos y para que podamos recibir la opinión de más especialistas en la materia. Considero que el traspasar el control de la calidad de la educación a organismos privados va en contra de un principio que es muy claro en nuestro país: que dicho control debiera ser parte esencial del accionar del Estado, con imparcialidad, con el apoyo de todo el sistema educativo, sobre todo del sistema de educación superior, que tiene que ver con la preparación de los profesores. De otra manera, ¿quién va a tener control sobre esas agencias?, ¿actuarán por sí mismas?, ¿cómo sabremos que una agencia privada tiene la calidad suficiente? Por lo menos, al Estado lo podemos controlar directamente y adoptar todo tipo de medidas para evitar que esto se desvirtúe. Las agencias que controlan la calidad de la educación y las encargadas de las acreditaciones de las universidades se han transformado, en cierta manera, en un negocio, lo que también es un elemento que hay que analizar a fondo. Por su intermedio, señora Presidenta , señalo al señor ministro de Educación que, de no tomarse en cuenta la opinión de los profesores y lo que dicen algunos especialistas respecto de los peligros que conlleva el llevar adelante un control de la calidad de la educación como lo plantea el proyecto, mi voto será de rechazo. He dicho. El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Romilio Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).- Señor Presidente , este proyecto de ley se enmarca en un contexto de esfuerzo y trabajo de múltiples sectores para, de una vez por todas, mejorar la calidad del sistema educativo. En décadas anteriores, nuestro país hizo esfuerzos en otras direcciones: mejorar la cobertura, permitir el acceso, aumentar los servicios de educación prebásica, ya que todos los estudios comprueban que mientras antes se inicie la formación de los niños mejor será su aprendizaje futuro, con lo cual se podrá lograr una igualdad de oportunidades de verdad. Pero a pesar de todos los esfuerzos que se han desplegado en la materia y de la decisión que se tomó hace años de iniciar la implementación de la jornada escolar completa, lamentablemente, todas las mediciones, tanto nacionales como internacionales, a las que se ha sometido nuestro país arrojan como resultado que el principal problema que tenemos se refiere a la calidad de nuestro sistema educacional. Hace un par de años se llegó a un acuerdo -como dijo el ministro de Educación Joaquín Lavín -, en el sentido de que era el minuto apropiado para buscar soluciones a los graves problemas que presentaba nuestro sistema educacional. No todos quedamos contentos con los acuerdos logrados. Lo que se busca es el bienestar de nuestros alumnos, entregar un sistema de educación que les permita formarse de manera adecuada, para que puedan cumplir sus sueños de convertirse en personas con un desarrollo integral y tengan acceso a oportunidades de educación superior. Hoy, nuestro sistema educacional no permite eso. En general -como decía-, las evaluaciones que se han hecho al respecto entregan malos resultados. A Chile, en el contexto internacional, no le va bien. Y el Simce, que es el instrumento de evaluación de logro de aprendizaje tampoco muestra buenos resultados. Y en los últimos años las mejoras son más bien simbólicas que definitivas, como para pensar que estamos en un espiral de mejoramiento de la calidad de la educación. En este contexto, el esfuerzo que se ha hecho para lograr un proyecto de ley que crea dos instancias importantes para asegurar un marco general y avanzar en el proceso de mejoramiento de la calidad de la educación lo encuentro altamente positivo. La creación de la Agencia de la Calidad de la Educación, que estará orientada a evaluar y a orientar el sistema educativo para mejorar la calidad de la educación, es algo que Chile no tenía. Y dentro de sus funciones estarán el evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos y el desempeño de los establecimientos educacionales y sus sostenedores. Es muy importante contar con ese nivel de detalle de la información para poder orientar los planes de mejoramiento de cada uno de los establecimientos, considerando también las variables de contexto. Porque no es lo mismo un colegio que se ubique en un sector donde la familia se preocupa por el avance educacional que otro emplazado en un lugar donde el colegio debe hacer todo el esfuerzo. En tal sentido, las demás funciones que tiene la Agencia son vitales para asegurar una vía de mejoramiento de la calidad de la educación. Y por otro lado está la Superintendencia de Educación, organismo solicitado por muchos sectores, respecto del cual hubo que estudiar sus funciones de manera de no entorpecer el normal funcionamiento de los establecimientos educacionales, para que su función sólo fuera preparar informes relativos al sistema educativo y entregar antecedentes estadísticos respecto de su funcionamiento, de manera de no distraer la labor educativa. En ese sentido, el proyecto recoge gran parte de la preocupación y las necesidades que manifiesta el sistema educativo. Pero también tiene una función importantísima, que es fiscalizar el uso de los recursos. Para ello dispondrá de todas las instancias legales para tener acceso a la información que le permita adoptar buenas soluciones y resoluciones respecto del funcionamiento del establecimiento educacional objeto de su fiscalización. En este contexto, el proyecto contempla, además, otro elemento altamente positivo, cual es la posibilidad que van a tener las familias que forman parte de la comunidad educativa de contar con la información necesaria para poder resolver sobre el funcionamiento de su colegio. Eso es fundamental, ya que hoy los padres juegan un rol activo en decidir si continúan con su hijo en un colegio o buscan una mejor alternativa para su formación. Las sanciones pueden llegar hasta el cierre de un establecimiento educacional, pero existe una serie de instancias previas en que se ofrecerán al sostenedor múltiples alternativas para superar las deficiencias que presenta, tanto en su proyecto educativo como en el desarrollo de la formación de sus alumnos. Asimismo, aparece la figura del administrador provisional, una instancia novedosa, a través de la cual se da una nueva oportunidad a un establecimiento que presenta bajos desempeños para iniciar un proceso de mejora que se traduzca en una mejor formación de los alumnos. En este contexto, podemos ver que las acciones que se entregan a estas dos instituciones que se crean favorecerán que se inicie lo antes posible el proceso de mejoramiento de la calidad de todos los establecimientos educacionales y tengamos, en general, un sistema educacional de mayor calidad. ¿Por qué esto es importante? Porque si hablamos de igualdad de oportunidades, nuestra obligación es que todos los establecimientos, especialmente aquellos que educan a los hijos de las familias más desposeídas, tengan acceso a una formación de excelencia. En este sentido, hoy estarían claramente identificadas las funciones de la Agencia de Calidad, de la Superintendencia de Educación, del Ministerio de Educación y del Consejo Nacional de Educación. Son cuatro instancias que van a trabajar, cada una en su ámbito de competencia, para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Si bien comparto lo dicho por algunos diputados, en el sentido de que aquí no se recoge todo lo que uno esperaría de un proyecto de ley de esta magnitud, tenemos la obligación y el deber de aprobarlo, porque busca contar con un sistema nacional de calidad que garantice un proceso de mejoras en aquellos establecimientos que durante estos años han tenido los peores niveles de desempeño y que requieren de ayudas adicionales para lograr lo que todos queremos: un sistema educacional de excelencia y de calidad. Quiero aprovechar esta oportunidad, por su intermedio, señor Presidente , para hacer presente al ministro de Educación un tema importante, como es la formación inicial docente. En ese sentido, los estudios y esfuerzos hechos por el Ministerio de Educación, a través de la instauración de una prueba de evaluación de carácter voluntario para los alumnos provenientes de la facultad de educación, nos proporcionó una información preocupante, porque, a nuestro juicio, el Ministerio de Educación debe jugar un rol activo para facilitar que la formación inicial de nuestros futuros profesores sea de calidad. El medio educativo requiere de buenos profesores. Por lo tanto, esperamos que se inicie una discusión importante en esta materia. Por otro lado, un tema ha quedado pendiente, aunque ha sido mencionado por algunos diputados: el financiamiento de la educación. En el programa de gobierno de nuestro Presidente Sebastián Piñera está el compromiso de duplicar la subvención escolar, que también formaba parte de los programas de gobierno de los otros candidatos presidenciales. Es importante aumentar la subvención escolar porque de esa manera se ayuda a allegar más recursos a los colegios que más lo necesitan. Así podrán contar con programas innovadores, además de recursos humanos, tecnológicos y pedagógicos suficientes para llevar a cabo las innovaciones que se requieren para un mejor proceso de formación de sus alumnos. Otro aspecto importante es que los procesos de mejoramiento de la calidad se hacen con las personas y eso nadie lo discute. En consecuencia, para mejorar la calidad de la educación, tenemos que dignificar la función docente. Si no se rescata la dignidad de la función profesional, este esfuerzo no va a tener el impacto que se espera. En este sentido, se requiere de un esfuerzo adicional para modernizar el estatuto docente, pues después de casi dos décadas de funcionamiento es necesario introducirle algunos cambios que permitan su modernización y, por otro lado, avanzar en el reconocimiento del desempeño de los buenos profesores. Quiero agradecer esta oportunidad de plantear estos temas al ministro y al subsecretario de Educación . Anuncio mi voto favorable a este proyecto de ley, porque apunta en la dirección correcta para que Chile cuente con un sistema educacional de excelencia. He dicho. El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Por último, tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi. La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente , tal como lo dijo el ministro de Educación , éste es un proyecto de máxima importancia. Sin embargo, creo que el hecho de que el ministro señalara que el Presidente Piñera no desea cambiar nada de este proyecto no está a la altura de la importancia que se le debe otorgar, sobre todo si observamos sus contradicciones y errores, que no dicen relación con el espíritu de asegurar el derecho a una educación de calidad. Lo que más rescato de este proyecto es la creación de la Superintendencia de Educación, puesto que implica fiscalizar el uso de los recursos públicos. Los concejos municipales están limitados a fiscalizar los recursos que los municipios entregan a sus establecimientos educacionales, pero ello incluye solo una parte de los recursos destinados a la educación. También, está claro que los colegios particulares subvencionados carecen de cualquier sistema real de fiscalización y, en ese sentido, este proyecto es un avance. Quiero mencionar las contradicciones más importantes y que surgen a la luz de la lectura. La medición del cumplimiento de los estándares se establece en el Título II, De la Agencia de Calidad de la Educación, párrafo 1°, artículo 7°, letra a), que señala que la medición del grado de cumplimiento de los estándares será de aplicación obligatoria para todos los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado. Sin embargo, en el artículo 11, la medición deja de ser obligatoria para los establecimientos particulares pagados y pasa a ser opcional, cuando éstos lo soliciten. Entonces, ¿es obligatoria u opcional? Eso no queda claro en el proyecto. Por otra parte, en el Título II, párrafo 1°, artículo 7°, letra c), se dice que la Agencia deberá diseñar, implementar y aplicar un sistema de evaluación de desempeño de los establecimientos educacionales subvencionados, o que reciban aportes del Estado, pero luego, en la letra g) del mismo artículo, se señala que los establecimientos particulares subvencionados podrán elaborar sus propios mecanismos de evaluación, los que serán sólo validados por la Agencia. Ésa es otra de las contradicciones importantes de este proyecto. ¿Por qué se produce esta contradicción? La respuesta está en que se utilizan mecanismos distintos para evaluar. Se sabe que ojos distintos ven realidades distintas; por lo tanto, no se pueden comparar, medir ni clasificar los establecimientos educacionales si tienen sistemas de evaluación distintos para medir el desempeño. Es en la clasificación donde se observan más contradicciones. Por otra parte -y esto no está dicho en el proyecto-, la clasificación se podría hacer sólo si todos los establecimientos educacionales estuvieran bajo las mismas condiciones. Hoy, tenemos municipios a cargo de colegios que tienen grandes dificultades en materia de recursos y para desarrollar efectivamente su labor educativa. No podemos comparar los colegios municipales de Vitacura o Providencia con los de Cerro Navia, Lo Prado, La Pintana o de las comunas rurales. No se puede comparar y clasificar aquello que es distinto y que tiene diferentes condiciones para su desarrollo. Todos tienen derecho a una educación de calidad. Pero también es necesario que nos preguntemos por qué se educa, interrogante que se han planteado desde las comunidades más primitivas. La respuesta es que se educa para incluir y ser parte de una comunidad, porque el que nace en su seno tiene derecho a ser parte de ella. Lo que hace esta clasificación es, precisamente, generar escuelas que se van a incluir o excluir. Voy a votar en contra del proyecto; no obstante, hay elementos que debemos rescatar y otros a los que les debemos dar una segunda y tercera lectura para profundizar en sus contenidos. He dicho. El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Ha terminado el tiempo del Orden del Día. Por lo tanto, el debate de este proyecto continuará el próximo martes 4 de mayo de 2010, de acuerdo con lo acordado por los Comités. Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado don Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , pido que cite a una reunión de Comités sin suspender la sesión. El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Muy bien, señor diputado . Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA. Segundo trámite constitucional.