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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-
Tiene la palabra la diputada Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).-
Señora Presidenta , este proyecto de ley sobre aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media, y su fiscalización, es complementario a la ley general de Educación que el Congreso despachó hace algunos meses tras un amplio acuerdo entre el Gobierno de la Presidenta Bachelet y la Oposición de esa época. Quiero hacer notar que no todos los que éramos partidarios de la Presidenta estuvimos conformes con ese acuerdo.
La iniciativa contiene virtudes y defectos. En lo positivo, dota al país de un sistema de apoyo a la calidad de la educación y de la necesaria fiscalización. Ello se lleva a cabo a través de la Agencia de Calidad y la Superintendencia, instituciones muy importantes en la búsqueda de los objetivos.
Sin embargo, consecuente con la ley que la origina, su texto también presenta también las mismas falencias que la ley general de Educación.
Puntualizo algunas.
En primer lugar, no hay un concepto integral de educación ni una definición amplia y consecuente con ello de un sistema que valore la enseñanza en su conjunto. Sólo hay énfasis en el Simce y en los test de medición para algunas disciplinas o asignaturas, sin ocuparse de los avances y desarrollos afectivos, sociales y culturales de los niños y jóvenes.
En segundo lugar, se ocupa esencialmente de la calidad, pero no contiene avances significativos en la equidad, algo que el ministro acaba de plantear y constituye una tremenda falencia del proyecto.
Se pretende que la equidad llegue como un agregado necesario, sin realizar un esfuerzo especial para conseguirlo y manteniendo muchos de los vicios y problemas de la educación actual. Se quiere llegar a la equidad sobre la base de situaciones profundamente desiguales respecto de las cuales no se formula ninguna corrección en este proyecto. Peor todavía, el modelo tiende a la discriminación de los distintos establecimientos educativos, segregándolos aún más por categorías.
En tercer lugar, no se ve un compromiso efectivo y claro del Estado con la educación y, especialmente, con sus propias unidades educativas. Se plantean algunas exigencias, pero no hay recursos adicionales para la educación municipal que compense el gasto promedio por alumno. Se trata de un modelo de mejoramiento en el cual no se aprecia la labor del Ministerio de Educación, que se dedicará a la mera estadística y a la transferencia de recursos. No hay un cambio de rol fundamental del Ministerio; no se ve empeño en crear capacidades.
También se infiere del proyecto -es parte de una lógica especialmente de este gobierno- una gran confianza en el privado como administrador educativo y gestor de mejoramiento, pero una notoria reticencia respecto del aparato público.
Adicionalmente, no ha sido evaluada la gradualidad de la aplicación de estas normas, lo que ameritaría una revisión.
Como consecuencia del terremoto, hay muchas escuelas gravemente deterioradas, sin infraestructura ni insumos de apoyo. Más aún, hay retraso en el año escolar y con menores profundamente dañados en el aspecto psicosocial. Pregunto al ministro , por su intermedio, señora Presidenta , ¿estamos en condiciones de realizar mediciones de estándares para dar categoría a los establecimientos educacionales en estas condiciones? Me parece que, a la luz de las circunstancias que estamos viviendo, eso requiere una revisión; de lo contrario, vamos a tener resultados profundamente injustos que empeorarán mucho más las brechas que ya existen entre los que más tienen y los que menos tienen.
Por las razones bastantes resumidas que he expuesto, no apoyé la ley General de Educación; por ello, tampoco puedo apoyar un proyecto que sólo complementa algo que no está bien. Valoro el avance en institucionalidad, es decir, la creación de la Agencia de Calidad y de la Superintendencia; pero, en lo sustantivo, no hay ninguna mejoría. Sigue pendiente el énfasis en equidad, en educación integral, en un compromiso decidido del Estado por la educación pública; por el contrario, las normas de la ley general de Educación, como también las de esta iniciativa, sólo aumentan la desconfianza en la gestión educacional del sector público, sin dar la posibilidad de que cuente con los recursos y capacidades que le permitan desenvolverse bien. No se puede evaluar con la misma vara a establecimientos educacionales que tienen cuatro o cinco veces más recursos por alumno, que a un plantel municipal que no dispone de la misma suma de dinero; más todavía, con las enormes deficiencias de los sistemas traspasados a las administraciones municipales, que todos sabemos que han sido un fracaso.
Por ello, votaré en contra de este proyecto.
Sugiero al ministro, por su intermedio, señora Presidenta, que podamos darnos el tiempo para revisar lo planteado, de manera de mejorar el proyecto.
He dicho.
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