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- rdf:value = " El señor VERDUGO.- Señora Presidenta , después de reflexionar largamente sobre este proyecto, que tuve la oportunidad de analizar en detalle junto con los demás miembros de la Comisión de Educación, he llegado a la conclusión de que es un aporte extraordinariamente importante a la normativa actual del sistema educacional, a pesar de presentar una serie de falencias.
En este sentido, recuerdo a la Sala que aprobamos el proyecto de ley sobre subvención preferencial, la que, lamentablemente, en su implementación hasta ahora no ha dado los resultados esperados, por cuanto no se ha aplicado ni en su letra ni en su espíritu por quienes debieran haberla llevado a cabo y por quienes debieran haber supervisado y fiscalizado su cumplimiento. Es así como en muchas municipalidades existen cuantiosos recursos empozados que no han sido ocupados, aun cuando están destinados a los alumnos más vulnerables, que más ayuda y apoyo necesitan.
También aprobamos la Ley General de Educación, que constituye un avance importante. Recuerdo que en esa oportunidad intervine en la Sala para señalar que con la aprobación de una o varias leyes no vamos a lograr el anhelado objetivo de mejorar la calidad de nuestra educación. Lo recuerdo porque considero que este proyecto es un avance y que lo importante es tener claridad respecto del rol que deben desempeñar los actores que participan en el proceso educativo: profesores, alumnos, padres y apoderados, sostenedores y el Estado.
Si realmente queremos una educación de calidad, debemos preguntarnos si todos los actores están efectivamente cumpliendo el rol que como sociedad les exigimos. También tenemos que preguntarnos si para cumplir ese rol cuentan con los medios necesarios para lograr una educación de mejor calidad como la que aspiramos. ¿Los profesores cuentan con la formación inicial y el perfeccionamiento adecuados? ¿Cuentan con el tiempo suficiente para preparar y evaluar sus clases? ¿Reciben las remuneraciones adecuadas para cumplir el rol que como sociedad les exigimos?
Ahora bien, los alumnos también son parte fundamental en este proceso, por lo que cabe preguntarse si tienen el compromiso, el interés y la motivación requeridos para participar en el proceso educativo. La calidad de la educación debe ser considerada una prioridad y una necesidad para ellos.
Respecto de los padres y apoderados, ¿basta con que sean quienes despiertan a los alumnos para que vayan al colegio o deben tener un rol mucho más activo y efectivo en este proceso?
¿Cuál es el rol de los sostenedores? ¿Abrir la puerta del colegio y tocar la campana? ¿O debiéramos exigirles un proyecto educativo que realmente responda a las expectativas de calidad a las que aspiramos?
Por último, el Estado es quien debe financiar, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los objetivos. La pregunta que debemos hacernos es si el Estado financia lo suficiente para lograr la educación de calidad a la que aspiramos. ¿No nos estamos quejando todos los días de que los recursos de la subvención escolar son insuficientes? En este sentido, existe el compromiso del Gobierno de duplicar en ocho años el monto de esta subvención, pero a lo mejor debiéramos lograrlo mucho antes, porque de lo contrario el Estado no financiará adecuadamente una educación de calidad.
¿Qué pasa con el resto de los actores?
¿El Estado supervisa los aspectos técnicos pedagógicos en los establecimientos educacionales para lograr buenos niveles de calidad? ¿Tiene el Estado la facultad para supervisar a los establecimientos educacionales respecto de cómo se invierten los recursos económicos en función de la calidad que anhelamos?
Mi impresión es que este proyecto constituye un avance extraordinariamente importante, porque otorga al Estado, a través de los servicios públicos descentralizados, como la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación, los medios para cumplir esta labor básica y fundamental. Sin duda, será un gran aporte, pero no vamos a lograr la solución del problema, puesto que para alcanzar el nivel de calidad de la educación a la que aspiramos todos los actores debieran cumplir el rol que les corresponde. El Estado debe aportar lo suyo.
El proyecto presenta algunos defectos que planteé en la Comisión de Educación y que hice ver a los asesores de la ex ministra de Educación , señora Mónica Jiménez , con quienes me reuní para conversar sobre los mismos temas que hoy se están objetando. Debo recordar que se trata de un proyecto que se estudió y se conversó en el Gobierno anterior, que fue aprobado en las distintas comisiones con los votos favorables de los diputados de la Concertación. Es curioso que algunos parlamentarios, que entonces éramos de Oposición, no votáramos a favor en algunos temas muy específicos, pero no por eso dejaremos de reconocer que este proyecto es un aporte importante.
Ahora, con respecto al temor de los funcionarios, que leen o escuchan que se efectúan despidos argumentando necesidades de la empresa, quiero mencionar que hay 3 mil funcionarios del Ministerio de Educación a contrata y mil funcionarios a honorarios. ¿En qué situación se encuentran? Creo que lo que ofrece el proyecto, con estos nuevos servicios que se están creando, implica mucha mayor estabilidad para estos 4 mil funcionarios que hoy están a contrata y a honorarios.
Es fundamental analizar el proyecto en su realidad, porque muchas veces nos dejamos llevar por situaciones que, aparentemente, pueden ser un problema. Aquí influye, por cierto, el criterio en su aplicación. Por eso, este proyecto es un avance. Todavía queda espacio para mejorar algunos aspectos y sé que existe la voluntad del Gobierno para hacerlo.
He dicho.
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