REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 363ª Sesión 32ª, en jueves 4 de junio de 2015 (Ordinaria, de 10.41 a 13.39 horas) Presidencia del señor Vallespín López, don Patricio. Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel. Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN VII.- INCIDENTES VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. ÍNDICE GENERAL I.- ASISTENCIA7 II.- APERTURA DE LA SESIÓN11 III.- ACTAS11 IV.- CUENTA11 PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA12 V.- ORDEN DEL DÍA13 MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DEL PERSONAL PERTENECIENTE A LAS PLANTAS I Y II DE GENDARMERÍA DE CHILE EN MATERIA DE ASCENSOS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10075-05)13 REGULACIÓN DE BINGOS, RIFAS Y SORTEOS COMUNITARIOS CON FINES DE BENEFICENCIA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES REFUNDIDOS NOS 10077-06, 10079-06, 10080-06, 10081-06 Y 10086-06)29 VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN52 EXIGENCIAS PARA DICTACIÓN DE CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES52 IMPLEMENTACIÓN DE REMUNERACIÓN A PRÁCTICAS PROFESIONALES EN CORPORACIONES DE ASISTENCIA JUDICIAL55 MODIFICACIÓN DE ATRIBUCIONES DE DIRECTOR NACIONAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS57 VII.- INCIDENTES60 INFORMACIÓN SOBRE DIFERENCIA EN PAGO DE PENSIÓN DE RETIRO A EXSUBOFICIAL DE CARABINEROS DE CHILE (OFICIOS)60 PERMANENCIA DE FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE SALUD EN REGIÓN DE ATACAMA (OFICIO)61 APOYO A LABOR DE CARABINEROS DE CHILE ANTE CUESTIONAMIENTOS DE GOBIERNO (OFICIOS)61 EFECTIVIDAD DE MEDICIÓN DE ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE DE RANCAGUA Y FACTIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE NUEVAS ESTACIONES EN REGIÓN DE O´HIGGINS (OFICIOS)63 FACTIBILIDAD DE AUMENTO DE DOTACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE EN COMUNA DE PICHIDEGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS (OFICIOS)64 INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS ENTREGADOS A DIRECCIÓN REGIONAL DE VALPARAÍSO DEL SERVICIO NACIONAL DE TURISMO EN 2013 Y 2014 (OFICIOS)64 INFORMACIÓN SOBRE NÚMERO DE CIRUGÍAS RETRASADAS POR PAROS DE FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD (OFICIO)65 PRONUNCIAMIENTO DE AUTORIDAD MEDIOAMBIENTAL SOBRE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN COMUNAS DE PUCHUNCAVÍ Y DE QUINTERO DURANTE 2015 (OFICIO)66 INFORMACIÓN SOBRE CONSULTA INDÍGENA RELATIVA A REFORMA DEL CÓDIGO DE AGUAS (OFICIOS)67 REFLEXIONES CON MOTIVO DE FERIADO DE 7 DE JUNIO EN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA68 AGRADECIMIENTOS A AUTORIDADES POR APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE MAÍZ DE REGIÓN DE O´HIGGINS (OFICIOS)68 VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA70 1.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10077-06)70 2.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 9913-05)70 3.- INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, QUE “REGULA LA REALIZACIÓN DE BINGOS, RIFAS Y SORTEOS COMUNITARIOS CON FINES DE BENEFICENCIA, LOS QUE NO SERÁN CONSIDERADOS JUEGO DE AZAR.”. (BOLETÍN N° 10077-06, REFUNDIDO CON BOLETINES N° 10079-06; 10080-06; 10081-06, Y 10086-06)71 4.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GONZÁLEZ, AGUILÓ, GUTIÉRREZ, DON HUGO; JARPA, JIMÉNEZ, MELO, ORTIZ Y SOTO, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA VALLEJO, SOBRE “REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE EJERCICIO DEL DERECHO A REUNIÓN”. BOLETÍN N° 10087-07)74 5.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES PILOWSKY, CHAHIN, CHÁVEZ, CORNEJO Y SABAG, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.862 QUE ESTABLECE REGISTROS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PÚBLICOS, ESTABLECIENDO LA PROHIBICIÓN DE QUE ESTAS CONTRATEN CON PERSONAS RELACIONADAS”. (BOLETÍN N° 10088-05)76 6.- OFICIO DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA POR EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO DEL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, QUE “INTRODUCE MEJORAS AL TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS, MODIFICANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE INDICA”. (BOLETÍN N° 10007-15)78 7.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2664-14-INA.82 8.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2812-15-INA. (385-2015).82 IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA. 1. Comunicaciones: -Del diputado señor Walker por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy 4 de junio de 2015 por actividades propias de la labor parlamentaria. 2. Notas: -Del diputado señor Paulsen por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días, a contar del 4 de junio de 2015 en curso, para dirigirse a Cuba. -Del diputado señor Becker por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días, a contar del 4 de junio de 2015 en curso, para dirigirse a Cuba. Respuestas a Oficios Ministerio de Interior -Diputado Rathgeb, Diputado Berger, Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (444 al 8282). (444 al 8282). -Diputado Rathgeb, Diputado Berger, Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (861 al 8362). (861 al 8362). Ministerio de Salud -Diputado Robles, Operativos de salud que se han efectuado en su territorio jurisdiccional durante los últimos 5 años. (1161 al 7329). (1161 al 7329). -Diputado Rathgeb, Diputado Berger, Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (2966 al 8309). (2966 al 8309). -Diputada Molina doña Andrea, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el estado de interconsulta de la señora Marta Rodríguez Aguilar, para atención en Unidad de Ginecología, derivada desde el consultorio de Petorca al Hospital San Martin de Quillota, así mismo, sobre la interconsulta de Otorrinolaringología, para la entrega de audífonos. (981 al 8033). (981 al 8033). Ministerio de Vivienda y Urbanismo -Diputado Urrutia don Osvaldo, Remitir información relacionada con el vertedero ilegal de escombros y otros desechos, ubicado en el sector La Isla, en la desembocadura del río Aconcagua, en la comuna de Concón. (4878 al 8749). (4878 al 8749). Ministerio de Cultura y De Las Artes -Diputado Mirosevic, Existencia de alguna asignación destinada a financiar actividades vinculadas a la protección del patrimonio cultural en la Región de Arica y Parinacota, dentro del presupuesto del Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial; registros sobre multas o castigos con cárcel por daños al patrimonio cultural y propuestas legales y reglamentarias para mejorar la ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales. (873 al 8019). (873 al 8019). Empresas del Estado -Diputado García don René Manuel, Diputado Becker, Diputado Edwards, Diputado Rathgeb, Diputado Paulsen, Se sirva evaluar la gravedad que representan las críticas vertidas por el señor Intendente de la Región de La Araucanía frente a la cobertura que otorga a sus actividades el equipo regional de Televisión Nacional de Chile y su contenido, informando si podría constituir una afectación a la autonomía legal del canal, dando cuenta a S.E. la Presidenta de la República. (1 al 8807). (1 al 8807). Intendencias -Diputado Pérez don José, Posibilidad de adoptar medidas urgentes para resolver los problemas que presentan la Villa Los Cipreses de la comuna de Quilaco, la Villa San Luis de la comuna de Los Ángeles y el trazado del proyecto de mejoramiento de la calle Los Carrera de esta misma ciudad, en la provincia de Biobío. (995 al 7640). (995 al 7640). Servicios -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con los tramites que debe realizar la señora Cecilia del Carmen Díaz Varas de la comuna de San Fernando, para obtener una pensión de vejez. (33199 al 8549). (33199 al 8549). -Diputado Arriagada, Informar sobre las razones por las que, a comienzos de año, se ha puesto término a algunos programas destinados a la atención y rehabilitación de jóvenes víctimas de las drogas, y respecto de las medidas adoptadas para reponer o sustituir los referidos programas. (992 al 8693). (992 al 8693). -Diputada Núñez doña Paulina, Informe sobre lo siguiente: 1) la cantidad de accidentes que han afectado a trabajadores dependientes y subcontratistas de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, desde el año 2014 hasta la fecha, 2) las medidas, planes o programas que se han tomado para prevenir accidentes, 3) los sumarios y otros conductos sancionatorios de carácter administrativo o contractual iniciados por tales hechos, y sus resultados; y, 4) las causas que provocaron el deceso del señor Jaime Gutiérrez Correa, subcontratista de la empresa SALF y del señor José Luis Orellana Ballesteros, contratista de la empresa CTM S.A. (91 al 7604). (91 al 7604). Municipalidades -Diputada Álvarez doña Jenny, Remita a esta Cámara copia de la ordenanza municipal de la comuna de Los Andes, relativa a la concesión del Servicio de Parquímetros. (524 al 8496). (524 al 8496). X. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. -Diputado Sandoval, Remita a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con las obras licitadas y financiadas con presupuesto público y los mecanismos de control de las normas de higiene y seguridad. (8999 de 01/06/2015). A intendencias. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: NOMBRE -Aguiló Melo, Sergio -Álvarez Vera, Jenny -Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo -Andrade Lara, Osvaldo -Arriagada Macaya, Claudio -Auth Stewart, Pepe -Becker Alvear, Germán -Bellolio Avaria, Jaime -Berger Fett, Bernardo -Boric Font, Gabriel -Browne Urrejola, Pedro -Campos Jara, Cristián -Cariola Oliva, Karol -Carmona Soto, Lautaro -Carvajal Ambiado, Loreto -Castro González, Juan Luis -Ceroni Fuentes, Guillermo -Chahin Valenzuela, Fuad -Chávez Velásquez, Marcelo -Cicardini Milla, Daniella -Coloma Álamos, Juan Antonio -Cornejo González, Aldo -De Mussy Hiriart, Felipe -Edwards Silva, José Manuel -Espejo Yaksic, Sergio -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Farcas Guendelman, Daniel -Fernández Allende, Maya -Flores García, Iván -Fuentes Castillo, Iván -Fuenzalida Figueroa, Gonzalo -Gahona Salazar, Sergio -Godoy Ibáñez, Joaquín -González Torres, Rodrigo -Gutiérrez Gálvez, Hugo -Gutiérrez Pino, Romilio -Hasbún Selume, Gustavo -Hernández Hernández, Javier -Hernando Pérez, Marcela -Hoffmann Opazo, María José -Jackson Drago, Giorgio -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Kast Sommerhoff, Felipe -Kort Garriga, Issa -Lavín León, Joaquín -Lemus Aracena, Luis -Letelier Norambuena, Felipe -Macaya Danús, Javier -Melo Contreras, Daniel -Mirosevic Verdugo, Vlado -Molina Oliva, Andrea -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Morales Muñoz, Celso -Morano Cornejo, Juan Enrique -Nogueira Fernández, Claudia -Núñez Arancibia, Daniel -Núñez Urrutia, Paulina -Ojeda Uribe, Sergio -Ortiz Novoa, José Miguel -Pascal Allende, Denise -Paulsen Kehr, Diego -Pérez Arriagada, José -Pérez Lahsen, Leopoldo -Pilowsky Greene, Jaime -Poblete Zapata, Roberto -Provoste Campillay, Yasna -Rincón González, Ricardo -Rivas Sánchez, Gaspar -Robles Pantoja, Alberto -Rocafull López, Luis -Rubilar Barahona, Karla -Sabag Villalobos, Jorge -Sabat Fernández, Marcela -Saffirio Espinoza, René -Saldívar Auger, Raúl -Sandoval Plaza, David -Schilling Rodríguez, Marcelo -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Silva Méndez, Ernesto -Soto Ferrada, Leonardo -Squella Ovalle, Arturo -Tarud Daccarett, Jorge -Teillier del Valle, Guillermo -Torres Jeldes, Víctor -Trisotti Martínez, Renzo -Tuma Zedán, Joaquín -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Urízar Muñoz, Christian -Urrutia Bonilla, Ignacio -Urrutia Soto, Osvaldo -Vallejo Dowling, Camila -Vallespín López, Patricio -Van Rysselberghe Herrera, Enrique -Verdugo Soto, Germán -Ward Edwards, Felipe -Concurrió, además, la ministra de Justicia, señora Javiera Blanco Suárez. -No estuvieron presentes por encontrarse: -En misión oficial: La diputada señora Cristina Girardi Lavín, y los diputados señores Ramón Barros Montero, Ramón Farías Ponce, René Manuel García García, Pablo Lorenzini Basso, Patricio Melero Abaroa, Fernando Meza Moncada, Manuel Monsalve Benavides, Iván Norambuena Farías, Marco Antonio Núñez Lozano, Alejandro Santana Tirachini y Mario Venegas Cárdenas. -Con licencia médica: La diputada señora Clemira Pacheco Rivas. -Con impedimento grave: El diputado señor Jorge Rathgeb Schifferli.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.41 horas. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- El acta de la sesión 24ª se declara aprobada. El acta de la sesión 25ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. -o- El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, pido la palabra por un asunto reglamentario. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado René Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, quiero reiterar lo que señalé ayer: la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento nuevamente está citada a las 11.00 horas para resolver sobre la autonomía constitucional del Servel, razón por la cual los miembros de esa instancia estaremos ausentes de la Sala. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Señor diputado, como fue resuelto también en la sesión de ayer, la Comisión de Constitución está autorizada para sesionar simultáneamente con la Sala en el horario indicado. -o- El señor PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, pido la palabra. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra la diputada Denise Pascal. El señor PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, hoy, 4 de junio, se cumplen 103 años de la fundación del Partido Comunista de Chile, razón por la cual quiero rendirle homenaje. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Señora diputada, ha expresado el sentir de todo el Congreso Nacional, porque todas las fuerzas políticas que tienen una historia merecen este reconocimiento. PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Claudio Arriagada. El señor ARRIAGADA.- Señor Presidente, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para prorrogar por una semana el plazo que tiene la Comisión Investigadora del uso de los recursos que otorga la Ley sobre Subvención Escolar Preferencial para entregar el informe final, ya que se han incorporado otras tareas que nos obligan a hacer esta solicitud. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade. El señor ANDRADE.- Señor Presidente, ¿la prórroga del plazo es para la elaboración del informe o aún existen gestiones pendientes? El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Claudio Arriagada. El señor ARRIAGADA.- Señor Presidente, estamos en la etapa de redacción final del documento. En efecto, anoche los integrantes de la comisión estuvimos trabajando en ello. Sin embargo, todo indica que necesitaremos una semana más. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- ¿Habría acuerdo para acceder a la petición del diputado Claudio Arriagada? Acordado. V. ORDEN DEL DÍA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DEL PERSONAL PERTENECIENTE A LAS PLANTAS I Y II DE GENDARMERÍA DE CHILE EN MATERIA DE ASCENSOS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10075-05) El señor VALLESPÍN.- (Presidente en ejercicio) - Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el Estatuto del Personal perteneciente a las Plantas I y II de Gendarmería de Chile en materia de ascensos. De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados ayer, se destinarán treinta minutos para la discusión total de este proyecto. Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Pepe Auth. Antecedentes: -Mensaje, sesión 29ª de la presente legislatura, en 2 de junio de 2015. Documentos de la cuenta N° 1. -Informe financiero sustitutivo, sesión 30ª de la presente legislatura, en 3 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta 12. -Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 30ª de la presente legislatura, en 3 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 13. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Antes de ofrecer la palabra al diputado informante, solicito el acuerdo de la Sala para limitar el uso de la palabra a cinco minutos por diputado durante la discusión de este proyecto de ley y del que regula la realización de bingos y otras actividades con fines de beneficencia, de manera de garantizar el máximo de participación, pues debido a que se encuentran con urgencia calificada de “suma”, deberán ser despachados en esta sesión. ¿Habría acuerdo? Acordado. Damos la bienvenida a la ministra de Justicia, señora Javiera Blanco, y a los representantes de Gendarmería presentes en las tribunas. (Aplausos) Tiene la palabra el diputado informante. El señor AUTH (de pie).- Señor Presidente, antes de rendir el informe, quiero saludar a los representantes de todos los gremios y asociaciones de Gendarmería de Chile que se encuentran presentes en las tribunas. (Aplausos) En nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley, con urgencia calificada de “suma”, que modifica el Estatuto del Personal perteneciente a las plantas I y II de Gendarmería de Chile en materia de ascensos. La idea matriz del proyecto consiste en establecer un mecanismo de ascenso en las plantas de oficiales y suboficiales de Gendarmería, que permita su aplicación práctica y supere las dificultades del mecanismo contemplado en la ley N° 20.426, relativas a la falta total o parcial de información acerca del promedio de notas obtenidas en los cursos de formación, considerando nuevos factores para ello, cuyas ponderaciones serán materia de un decreto con fuerza de ley. En consideración a lo anterior, esta iniciativa contempla una etapa de transición en la consecución del objetivo planteado, lo que permitirá que durante ese período haya normas especiales para el ascenso. Durante el estudio del proyecto, asistieron a la comisión la ministra de Justicia, señora Javiera Blanco; el director general de Gendarmería de Chile, señor Tulio Arce Araya, quien concurrió acompañado por el jefe de fiscalía de dicho servicio, señor Marcelo Carrasco, y por el asesor contable de la oficina de Recursos Humanos de la repartición, señor Juan Carlos Muñoz. Asimismo, asistieron el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog), señor Joe González; el dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anafup), señor Óscar Benavides; el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, señor Alberto Figueroa; y el presidente de la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile (Adiptgen), señor Octavio Sáez. El proyecto consta de tres artículos permanentes y cuatro transitorios, cuyo contenido es el siguiente: El artículo 1° elimina la obligación de considerar el promedio de notas obtenidas en los cursos de formación correspondientes. Ello, debido a la ausencia, para algunas promociones, de dichos resultados. Se incorpora el deber de tomar en cuenta la antigüedad en la institución y el orden de egreso de la Escuela de Gendarmería, para efectos de conceder ascensos en las plantas de Oficiales Penitenciarios y de Suboficiales y Gendarmes. Cabe destacar que este artículo es la concreción de una demanda muy sentida de los funcionarios de Gendarmería, quienes, en forma unánime, manifestaron su acuerdo con la iniciativa. Los artículos 2° y 3° se refieren a la fecha de entrada en vigencia del requisito para el ascenso, consistente en tener aprobado el examen habilitante dispuesto en el N° 3 del artículo 26 del Estatuto de Personal de Gendarmería de Chile. Dicho examen será exigible a contar del 1 de enero de 2017, según corresponda. El artículo primero transitorio establece un plazo de seis meses, contado desde la publicación de la ley, para la dictación del reglamento sobre materias de exámenes habilitantes a que alude el artículo 18 del decreto con fuerza de ley N° 1.791, de 1979, del Ministerio de Justicia. El artículo segundo transitorio consagra la facultad del Presidente de la República para establecer, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, las normas relativas a los factores establecidos mediante el proyecto, pudiendo especialmente establecer las variables y sus ponderaciones, las que pueden ser distintas según escalafón y subescalafón. El artículo tercero transitorio permite al director nacional de Gendarmería ascender, por un período determinado y existiendo vacantes, a los funcionarios de las Plantas I y II de Gendarmería de Chile, respetando estrictamente el orden de escalafón de antigüedad dentro del respectivo grado. En uso de esta facultad, el director, para verificar el cumplimiento del requisito del tiempo mínimo en el grado, podrá disminuir en un año los tiempos mínimos de permanencia en el grado, contemplados en el decreto con fuerza de ley Nº 1.791, de 1979, del Ministerio de Justicia, y por el artículo único transitorio del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2010, del Ministerio de Justicia. Para tales efectos, la fecha de los ascensos será la misma de la respectiva vacante, siempre que se cumpla con todos los requisitos para ascender. Sin embargo, los ascensos del personal al que se le aplique la disminución señalada, regirá desde la fecha de la respectiva resolución. Finalmente, el artículo cuarto transitorio se refiere a la imputación de los gastos que genera el proyecto. El informe financiero señala que el proyecto irroga un mayor gasto fiscal, en régimen, de 1.466.129.000 pesos, producto de los ascensos que se verificarán en la planta de oficiales y de suboficiales de la institución, según lo explicado. El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de este proyecto de ley durante el año de entrada en vigencia del mismo se financiará con cargo a la partida 10 del Ministerio de Justicia, y en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida Tesoro Público. Para los años siguientes, los recursos se proveerán en las respectivas leyes de presupuestos. Durante el debate se destacó el trabajo del Ejecutivo en cuanto a hacerse cargo de las distorsiones normativas y prácticas que generaba la ponderación del mérito en las plantas del personal uniformado de la institución. Pero, al mismo tiempo, y haciendo eco de los planteamientos de las distintas asociaciones de funcionarios, los integrantes de la comisión planteamos la necesidad de una visión de futuro para la justa ponderación de la antigüedad y el mérito en la restructuración institucional de las plantas y carrera funcionaria de Gendarmería, que incluya a los funcionarios de la Planta III de la institución, esto es, profesionales, técnicos y auxiliares, y que se haga cargo de la realidad propia del servicio, en miras a la mejora constante de las condiciones de trabajo en dicha institución. En consideración a su mérito y a sus fundamentos, la comisión aprobó por unanimidad y sin modificaciones el proyecto, y recomienda a la Sala su aprobación en los mismos términos. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado David Sandoval. El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar a la ministra de Justicia, señora Javiera Blanco, a quien deseo el mayor de los éxitos en su nueva función, y a los funcionarios de Gendarmería de Chile que nos acompañan en las tribunas, a quienes expresamos nuestro afecto y reconocimiento por la importante tarea que realizan en pro del resguardo y rehabilitación de aquellas personas que, por diversas razones, se encuentran bajo su custodia. Sabemos de las complejas y difíciles condiciones en que los funcionarios de Gendarmería desarrollan su trabajo a lo largo del país. En lo personal, conozco las precarias condiciones de los recintos en que se desempeñan en la Región de Aysén. La cárcel de Coyhaique fue construida hace más de sesenta años. En ella uno no sabe si están más encarcelados los delincuentes o los propios funcionarios, que intentan realizar su tarea con la mayor dignidad, carentes de las condiciones básicas para ello. El mensaje señala que lo que se pretende es estructurar una carrera funcionaria moderna, digna, justa y adecuada a las importantes funciones que desempeñan los funcionarios de Gendarmería, en lo cual todos concordamos. El proyecto, que modifica la ley N° 20.426, se hace cargo del programa de ascensos en los diversos escalafones y subescalafones en que se divide la institución. En razón de ello, anuncio que la bancada de la Unión Demócrata Independiente votará favorablemente esta iniciativa, pues va en la dirección correcta de beneficiar a los funcionarios de esa institución. (Aplausos) Asimismo, aprovecho la presencia de la ministra de Justicia para manifestarle, por su intermedio, señor Presidente, la necesidad de que se resuelvan los serios problemas en materia de infraestructura penitenciaria que existen a lo largo del país. Quiero mencionar los casos particulares de la Región de Aysén. Es importante invertir recursos en infraestructura, pues ello permitirá mejorar el ambiente laboral para los funcionarios de Gendarmería al interior de las cárceles. Reitero el apoyo irrestricto de la bancada de la UDI al proyecto de ley. He dicho. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la señora Javiera Blanco, nuestra gran ministra de Justicia, quien también fue una gran ministra del Trabajo y Previsión Social. Quiero hacer un poco de historia. A la Comisión de Hacienda llegaron unos correos electrónicos que señalaban que este proyecto era una migaja. ¡Falso de falsedad absoluta! Por su intermedio, señor Presidente, le digo a la actual ministra de Justicia, como también en su momento se lo manifestamos a su antecesor, el ministro José Antonio Gómez, que la Comisión de Hacienda está dispuesta a trabajar en un proyecto definitivo, que no solo se haga cargo de las plantas I y II de Gendarmería de Chile, sino también de solucionar la situación de la planta III, pues, de lo contrario, se producirá una profunda discriminación. Por lo tanto, ¡no se trata de migajas! (Aplausos) También quiero recordar que nuestra querida Presidenta Michelle Bachelet siempre cumple su palabra, a pesar de todas las cosas que se señalan en los medios de comunicación. Cuando asumimos el gobierno se dijo que se iba a nombrar a un civil, a un político, como director nacional de Gendarmería. ¡Falso! En primer lugar, se nombró al coronel Juan Letelier; ahora asumió ese cargo el coronel Tulio Arce. Nuestros queridos funcionarios de Gendarmería deben saber que la Nueva Mayoría cumple su palabra. Ahora estamos tratando de solucionar un problema que se produjo durante la tramitación de la ley N° 20.426, del Ministerio de Justicia, que se promulgó el 10 de marzo de 2010, cuyo objetivo era modernizar Gendarmería de Chile, incrementar su personal y readecuar las normas de su carrera funcionaria. ¿Qué pasó? Se produjo el cambio de gobierno, lo que significó que se tuviera que dictar el decreto con fuerza de ley N° 2, en 2010, del Ministerio de Justicia, lo que trajo consigo que el proceso de encasillamiento terminara los primeros días de 2011. ¡Ese es el problema que estamos tratando de solucionar! Hubo 1.500 funcionarios que no pudieron ascender. ¡Eso no es culpa de la Nueva Mayoría! ¡Dejemos clara esta situación! Lo digo en forma objetiva y seria. Soy parlamentario desde 1990 y he participado en la discusión de todos los proyectos de ley que han tenido relación con Gendarmería, comenzando por la ley que los devolvió a Dipreca. Antes eran los parientes pobres; pero hoy Gendarmería es la única institución de Dipreca a cuyos funcionarios se les pagan ocho meses extra al momento de terminar su carrera. Por lo tanto, es falso cuando se dice que Gendarmería no ha avanzado nada. ¡Absolutamente falso! Hemos hecho grandes esfuerzos de reconocimiento para esa institución. Lo digo con fuerza porque se dicen muchas mentiras. ¿Qué quiero plantear? En la estructura actual del servicio existe un desorden en el escalafón respecto de la antigüedad y de las promociones de funcionarios. Es decir, en su momento se realizaron modificaciones en el orden operativo y funcional del servicio, y hubo intercambio de promociones a consecuencia del ordenamiento por mérito. En otras palabras, hubo un cambio estructural contrario a la identidad de servicio, lo que produjo un detrimento remuneracional y que muchos funcionarios se vieran afectados por retrasos en sus ascensos. La ausencia de notas produce perjuicios a los funcionarios tanto si se toman en cuenta quienes sí la tienen como si no se toman en cuenta respecto de nadie. Hay un trato injustamente diferenciado, que podría favorecer los retiros temporales al no tratarlos diferenciadamente. ¿Cuál es el objetivo del proyecto de ley? El diputado informante, colega Pepe Auth, fue claro y explícito: se establece un plazo de seis meses, desde la publicación de la ley, para la dictación del reglamento de exámenes habilitantes. Se faculta a la Presidenta de la República para que, dentro del plazo de un año de publicada la ley, establezca las normas que regulan los factores establecidos en el artículo 24 del DFL N° 1.791. Se confiere la facultad al director nacional de Gendarmería de Chile para ascender a personal por estricto orden de antigüedad. Se establece la estructura de financiamiento para el primer año presupuestario de vigencia, el cual se hará con recursos de Gendarmería de Chile y con cargo a la partida Tesoro Público en la parte del gasto que no se pudiere financiar con dichos recursos. Vamos a aprobar este proyecto de ley porque supera situaciones que no se tuvieron en cuenta en 2011. He dicho. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez. El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señor Presidente, lamento la intervención de quien me antecedió en el uso de la palabra, pues politizó un tema que afecta a una institución que es de todos los chilenos. Tal como señaló el diputado informante, el problema se arrastra desde la publicación de la ley N° 20.426, en 2010. Esta ley no contempló el aumento de plazas de Gendarmería en 4.500 funcionarios. Por tratarse de una institución jerarquizada, no deliberante y con formación militar, indudablemente la antigüedad y el respeto a las promociones constituyen un factor predominante al momento de otorgarse los ascensos. Esta iniciativa legal viene a subsanar el problema del aumento de la dotación y, como se ha dicho, de los ascensos de más de mil funcionarios. Anuncio el apoyo de la bancada de Renovación Nacional a este proyecto de ley, cuyo objeto es regularizar una situación que se viene arrastrando desde hace cuatro años y que, a futuro, generará beneficios en las remuneraciones y en los ascensos de los funcionarios de Gendarmería en sus distintos escalafones. Como dijo uno de los dirigentes de las asociaciones gremiales de Gendarmería, esta es la punta del iceberg. Por eso, se ha solicitado tanto al Parlamento como a la ministra de Justicia que solucionen los otros problemas pendientes y que se incorpore al personal civil que presta servicios en Gendarmería, el cual queda fuera de esta legislación. El objetivo es que sean beneficiados con la dictación de estas normas. Por último, debo reparar en la situación que tienen los gendarmes con respecto al desempeño diario de su función. Si uno recorre las dependencias de los recintos penitenciarios, se da cuenta de que los gendarmes son un preso más: tienen que convivir permanentemente con la población penal y estar también detrás de las rejas. Por lo tanto, es una función que merece el reconocimiento de toda la nación. Además, desarrollan una labor muy agotadora, pues deben absorber muchas presiones sociales al interior de las cárceles. Por eso, se debe revisar no solo su sueldo, sino también su formación y sus condiciones laborales a futuro, con el objeto de que tengan dignidad en el ejercicio de su función pública. He dicho. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, quiero saludar en forma muy especial a quien reconocemos como una de las mejores ministras que nuestro país ha tenido. (Aplausos en la Sala) También vaya mi saludo para quienes hoy están expectantes ante nuestras palabras. Tal vez piensan que alguno de los pocos que estamos presentes en la Sala podría entrabar una solución de tanta justicia y tan esperada para ellos. Gendarmería de Chile es una institución noble, que nos prestigia al compararla no solo a nivel de Latinoamérica, sino del mundo entero. Sean bienvenidos sus funcionarios. (Aplausos) El diputado informante fue claro respecto del proyecto de ley en estudio, que seguramente vamos a aprobar. Por tanto, no me voy a referir a lo que la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad el martes 2 de junio. A quienes nos acompañan en las tribunas les digo que si hubo unanimidad, no fue por otra cosa que por el reconocimiento que la Comisión de Hacienda hace a Gendarmería de Chile. Hoy, la Cámara de Diputados, donde estamos quienes representamos a la ciudadanía, les dice que, sin duda, esta iniciativa contará con aprobación unánime. (Aplausos) Todos los funcionarios de las distintas instituciones del Estado buscan ascensos, y el presente proyecto de ley consolida ese anhelo para esta respetada institución de nuestro país. Es cierto que el beneficio debió abarcar a todas las ramas de Gendarmería; pero este tan ansiado proyecto no podía esperar. Por ello, tras las conversaciones sostenidas tenemos claro que luego se someterá a tratamiento una iniciativa que beneficie al personal administrativo de Gendarmería de Chile. Solo me resta decir que me alegró mucho ser parte de la aprobación de este proyecto de ley, porque vi la unanimidad, vi la unidad y vi lo que genera el buen legislar. Nadie salió molesto de la comisión. Por el contrario, hubo sonrisas y, al final del día, funcionarios de la institución nos dijeron: “Gracias, diputados, porque de una vez por todas comienza la justicia para Gendarmería de Chile.”. He dicho. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, en primer lugar, saludo a la ministra de Justicia, quien nos acompaña en esta sesión, y, a través de ella, a todos los funcionarios del ministerio que han hecho posible este proyecto. Además, a la distancia, saludo al exministro de Justicia señor José Antonio Gómez, quien, entiendo, fue uno de los artífices de esta iniciativa. En segundo lugar, saludo a las asociaciones de funcionarios de Gendarmería, particularmente a la Anfup, la Anopro, la Angenchi, la Ansog y la Adiptgen; a sus dirigentes que nos acompañan en la tribuna, señores Óscar Benavides, Leandro Tegler, Álex Vega, Óscar Ulloa, Joe González y Alberto Figueroa. Es muy importante que los funcionarios de Gendarmería nos acompañen. Sin ánimo de politizar, como dijo un colega, hago presente que la Nueva Mayoría ha presentado, a lo menos, tres proyectos de ampliación de planta en los últimos seis o siete años. Quiero destacar que durante este gobierno de la Presidenta Bachelet, tres importantes iniciativas relacionadas con Gendarmería han pasado por la Cámara de Diputados: la que declara el 30 de noviembre de cada año como el Día Nacional de Gendarmería de Chile, la que establece una asignación de función penitenciaria para el personal de Gendarmería de Chile y la iniciativa que estamos debatiendo, que modifica el Estatuto del Personal perteneciente a las Plantas I y II de Gendarmería de Chile en materia de ascensos. Quiero resaltar el hecho de que por primera vez se considere a los grados inferiores de ambas plantas, y que los ascensos tengan carácter de retroactivos, es decir, se aplicarán desde el minuto en que se genere la vacante. Me parece muy relevante. (Aplausos) Esto demuestra el trabajo desarrollado por el Ministerio de Justicia, por los cuerpos directivos y, por cierto, por los dirigentes de las asociaciones de funcionarios de Gendarmería, que han privilegiado que los grados menores estén considerados en materia de ascensos. Ello es muy importante. En leyes anteriores sobre la materia no se había considerado este aspecto. Asimismo, quiero hacer presente un asunto que me han manifestado los directivos de la Anfup y los de las otras asociaciones de funcionarios de Gendarmería, que tiene que ver con la solidaridad. Este proyecto de ley resuelve lo relativo al ascenso en las plantas I y II. Sin embargo, todas las asociaciones me plantearon con claridad lo mismo que han manifestado todos los parlamentarios hasta el minuto: no es posible seguir manteniendo la planta III, que no tiene carrera funcionaria, y que tiene a muchas personas a contrata o a honorarios sin contar con la correspondiente titularidad en la planta de Gendarmería. Espero que en la iniciativa que la Presidenta de la República envió al Congreso Nacional, en el marco de la nueva agenda antidelincuencia, que dispone la incorporación de más de 4.500 nuevos gendarmes para el país, se incluyan todas aquellas materias que corresponden a la carrera funcionaria y a la planta de Gendarmería, particularmente a la planta III. (Aplausos) Los profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares, a contrata o a honorarios, que trabajan en Gendarmería son parte de esta institución. Así lo han expresado todos sus dirigentes. Hace poco conversé con el señor Óscar Benavides, quien me dijo: “Diputado, ponga claridad en su discurso, para que la señora ministra entienda que todos quieren que se incorpore la planta III, porque entendemos que es parte de nosotros.”. (Aplausos) Por lo expuesto, anuncio que vamos a votar a favor la iniciativa. Estamos con Gendarmería, pues sus funcionarios son parte importantísima en la pelea contra la delincuencia. He dicho. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Gustavo Hasbún. El señor HASBÚN.- Señor Presidente, todos sabemos y damos por hecho que este proyecto de ley viene a subsanar el problema que se produjo con los ascensos en las pantas I y II. Sin embargo, quiero hacer una breve reflexión sobre la situación que vive Gendarmería. Me parece que debemos devolverles el respeto y la dignidad que se merecen. Las dependencias, la infraestructura, la implementación y las condiciones laborales en que desarrollan sus funciones no son las adecuadas. Ahí tenemos un problema de fondo. Al escuchar los discursos de mis colegas, advierto que hay consenso en el sentido de que debemos cambiar las condiciones laborales de los gendarmes a lo largo del país. Por eso, sin perjuicio de hablar del proyecto, que corrige la situación relativa a los ascensos de las plantas I y II, también debemos referirnos a los cambios estructurales que requiere la institución, a fin de devolver a sus funcionarios el respeto y dignidad que se merecen, pues también son personas, padres de familia, esposos, hijos, y se merecen el mismo derecho que el resto. Los diputados defendemos los derechos de los trabajadores; pero al ver las paupérrimas condiciones laborales con que el personal de Gendarmería desempeña sus funciones, pareciera que se nos olvida que hay funcionarios del Estado que lo están pasando mal, porque los distintos gobiernos han hecho oídos sordos a sus demandas. Creo que es un tema pendiente que debemos discutir y respecto del cual debemos buscar un punto de encuentro. En la actualidad, Gendarmería cumple no solo un rol de seguridad, sino, además, un rol social importante. Ese rol social debe estar asociado a condiciones de respeto y de dignidad. Por ello, quiero pedir a la señora ministra que elabore un proyecto de ley que devuelva ese respeto y dignidad que merecen los funcionarios de Gendarmería. Para ello contará con el respaldo de todo este hemiciclo, porque entendemos y valoramos lo que hace Gendarmería de Chile. Asimismo, para devolverles esa dignidad, debemos enfrentar juntos un diagnóstico que hoy es malo, que ha sido negativo y que da cuenta de una situación que vulnera los derechos de las personas que trabajan en Gendarmería y con quienes tenemos una deuda pendiente. Esa deuda histórica, que está pendiente, tiene que ver con una obligación que tiene el Estado con la institución. Ante ello, nosotros debemos cumplir un rol. Lamentablemente no tenemos la facultad para presentar iniciativas que incluyan gasto. Por ello, hacemos un llamado al Ejecutivo para que considere la situación de Gendarmería, toda vez que sus funcionarios cumplen un rol no solo en materia de seguridad, sino también -reitero- un rol social importante. Además, por sobre todo, hablamos de funcionarios del Estado de Chile. En consecuencia, el Estado debe garantizarles igualdad de condiciones en relación con el resto de los funcionarios públicos del país. Por eso, es importante hacer una discusión de fondo sobre cómo entregar a Gendarmería de Chile los recursos necesarios para devolver el respeto y la dignidad que merecen los funcionarios que hacen carrera en esa institución. He dicho. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Iván Fuentes. El señor FUENTES.- Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la ministra de Justicia. En mis primeros pasos de campaña, me costaba -era bien cobarde- hacer el puerta a puerta. Cuando fui a Chile Chico, el primer lugar que visité fueron las dependencias de Gendarmería. Cuando llegué al lugar, saludé al funcionario que me recibió y le pregunté: “¿Puedo pasar? Quiero ver cómo están ustedes, cómo está la situación adentro de este recinto.”. Todos ellos me recibieron en forma muy amable. Incluso, estuvimos tocando guitarra con los chicos que estaban presos. Pero en esa ocasión, señora ministra -así se lo manifesté al anterior ministro de Justicia-, descubrimos dos situaciones que afectan a esos funcionarios de Gendarmería: la habitabilidad y las franquías. Las franquías son los días libres que tiene el personal de Gendarmería en cualquier parte del país para estar con su familia y cobijar a sus hijos. En el caso de los funcionarios de Chile Chico, las franquías se hacen cortas, pues deben tomar un avión o una barcaza, con lo cual pierden tres días. Eso significa tres días menos con la familia, y el deterioro tremendo que sufre el núcleo familiar. Detrás del uniforme hay personas, pero nosotros miramos aquello desde lejos. Se piensa que cada persona que tiene un uniforme, tiene la vida resuelta y está mejor que todos nosotros. Sin embargo, lo que vi en esa visita a Chile Chico fue una gran derrota país. No podemos tratar de esa manera a nuestros gendarmes. No podemos seguir haciéndolo. En las dependencias de Gendarmería de Chile Chico solo hay un baño para ocho personas. No estoy hablando mal de Gendarmería. Solo hago presente que el Estado no ha sido capaz de darles lo que requieren. Reitero: tienen un baño para ocho personas. A lo mejor, esa situación ha cambiado. Ahora, respecto de la habitabilidad, me encontré con que los funcionarios tenían cuatro camarotes en una pieza chica. Dos mujeres gendarmes tenían que dar una vuelta por otro lado para ir desde su dormitorio al baño. Una de ellas tiene que subirse al camarote para dormir. Cuando uno es joven, con un salto está arriba. Así ocurría cuando yo era joven y dormía en un camarote en el internado. Sin embargo, hablamos de mujeres que están sirviendo al país, pero que deben subir por una escalera para ir a dormir. ¿Cómo es posible seguir haciendo eso? ¿Cómo vamos a seguir tratando así a la gente que le da un respaldo a Chile? Por esa razón, pedimos que se diferencie a los gendarmes de la gente que está presa. Es lógico que los ánimos no siempre estén de lo mejor. La situación actual de ambos lados no es grata, tanto del que está preso como del que tiene que atenderlo; este último tampoco está contento. ¡Cómo es posible que esté contento si está viviendo una situación de derrota todos los días! ¡Le cuesta llegar donde su familia, tiene pocos días para estar con ella y, más encima, duerme en situación casi de campamento! (Aplausos) Debemos hacer un gesto potente de responsabilidad país y no un simple “nanai” a Gendarmería. ¿Qué hicimos en Aysén, señora ministra? Organizamos a los familiares de los presos afuera del recinto, para que tengan una buena relación con Gendarmería y así atender de mejor forma el mal estado de ánimo que hay dentro de la cárcel. También llevamos a un monitor de música para que haga clases al interior del recinto. Es el trabajo que hicimos con Gendarmería en Aysén. Por eso apoyamos potentemente este proyecto. Estamos detrás de esta iniciativa y queremos que haya una buena relación. Si queremos reinserción, debemos empezar por armar una buena relación; pero para que se arme esa buena relación, quienes atienden a la gente que está presa tienen que estar contentos. Así como pedimos dignidad para los profesores, también tenemos que pedir dignidad para los funcionarios de Gendarmería. He dicho. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, podemos decir muchas cosas en favor de Gendarmería. Quienes hemos estado preocupados por ellos hemos hecho mucho, durante muchos años; Gendarmería lo sabe. Este proyecto otorga una solución para el entrabamiento que los funcionarios de Gendarmería han tenido para sus ascensos, debido a una serie de normas legales que, en el fondo, no han permitido que ese proceso se genere con fluidez. Con esta iniciativa finalmente solucionaremos esa situación. Me alegro mucho por Gendarmería, porque merece esto y mucho más. He dicho. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric. El señor BORIC.- Señor Presidente, saludo a los representantes de todas las asociaciones de Gendarmería que hoy nos acompañan. Desde que entré a la Cámara de Diputados, Gendarmería fue una de las primeras organizaciones en acercarse a conversar y plantear sus legítimas demandas, las que han sido postergadas durante tanto tiempo. Es muy bueno que hoy estemos dando este paso, que beneficia a las plantas I y II de la institución. Me parece fundamental dignificar las condiciones en que viven los gendarmes, quienes muchas veces son maltratados por la sociedad. Felicito a la señora ministra por la manera en que ha planteado el proceso de ampliación de la planta de Gendarmería. En efecto, la conformación de la planta es un problema estructural del Estado en casi todos los servicios públicos. En la conversación que sostuve ayer con ella, la ministra me señaló que uno de los puntos que se busca asegurar es que con la ampliación de la planta haya tiraje. La idea es que luego de la ampliación de la planta el personal no se quede estancado nuevamente, por ejemplo, durante veinte años, sin dar la posibilidad de ascender a las personas que van ingresando a la institución. Por eso, me parece que este proyecto mira a futuro. Es decir, no solo se hace cargo del problema del momento, sino que se anticipa, lo que es una muy buena noticia tanto para los gendarmes de hoy como para los de mañana. Quiero hacer presente lo importante que es -existe mucha solidaridad en Gendarmería respecto de este tema- que a la brevedad incluyamos, quizás no en este, pero sí en otro proyecto de ley, a los funcionarios no uniformados de Gendarmería. (Aplausos) ¡Qué bueno que los funcionarios de Gendarmería presentes en las tribunas expresen su solidaridad con ellos! Muchas veces, son esos funcionarios civiles quienes realizan la labor de reinserción, contra todas las dificultades que para ello se presentan en nuestro país. Espero que cuando sea el momento de discutir sobre la posibilidad de crear un servicio de reinserción social, sea considerada la opinión de quienes hoy trabajan en esa materia, pues son quienes la conocen, de modo que la discusión no sea efectuada solo entre técnicos ajenos a los lugares en que se lleva a cabo ese proceso. Felicito a la señora ministra por esta iniciativa, pero, sobre todo, a las asociaciones de funcionarios de Gendarmería por la pelea que han dado en este tema. Espero que saquemos adelante este proyecto lo antes posible. He dicho. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez. El señor NÚÑEZ (don Daniel).- Señor Presidente, antes de hacer uso de la palabra, por su intermedio cedo un minuto de mi tiempo al diputado Marcelo Schilling. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se lo agradecemos, diputado Núñez, porque de esa forma habrán intervenido representantes de todas las bancadas en el debate de esta iniciativa, que todos apoyan, prueba de lo cual muchos otros parlamentarios que no alcanzarán a hacer uso de la palabra, han solicitado que se inserten sus discursos. Tiene la palabra, diputado Daniel Núñez. El señor NÚÑEZ (don Daniel).- Señor Presidente, como bancada apoyamos este proyecto de ley, pues nos parece totalmente pertinente corregir la mala implementación que se hizo de la ley N° 20.426. Antes de continuar, permítame saludar a los dirigentes de las organizaciones de Gendarmería que nos acompañan en la tribuna. (Aplausos) En el poco tiempo que me queda, junto con agradecer la presencia de la ministra de Justicia, aprovecho la oportunidad para plantearle un problema al que ya me referí en la sesión de ayer, en el tiempo de Incidentes, el cual nos tiene muy preocupados, pues afecta a todo el país, pero especialmente a la Cuarta Región. Me refiero a que, por motivos que no comprendo, Dipreca decidió poner término a los convenios que mantenía con el hospital de Coquimbo y con el de La Serena, por lo que desde enero del presente año no están atendiendo a los funcionarios de Gendarmería en dichos recintos, a menos que paguen como particulares. En atención a la delicada labor profesional que cumplen los funcionarios de Gendarmería, por el nivel de estrés y de riego físico al que se ven expuestos, que es muy alto, me parece un castigo inusitado que se vean sometidos a esa situación. Por eso, le pido a la ministra de Justicia, aun cuando sé que Dipreca no está bajo su responsabilidad, que nos ayude en el más breve plazo a resolver el problema descrito. He dicho. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling. El señor SCHILLING.- Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la señora ministra de Justicia y a los funcionarios de Gendarmería que nos acompañan. El proyecto en debate es apoyado con entusiasmo por los socialistas, pues viene a corregir una ley que dejó mal hecha las cosas, dado que trabó los sistemas de ascenso y promociones dentro de Gendarmería, así que no estamos haciendo más que reparar un estropicio, del cual debiéramos deducir la lección de que no se le pueden entregar facultades omnímodas al Ejecutivo para convertir algunas normas, en su regulación más específica, a través de reglamentos o de decretos. Lo planteo, porque fue precisamente a través de un decreto, dictado durante el mandato del entonces Presidente Piñera, que se ocasionó esta situación que hoy queremos corregir. Finalmente, le doy las gracias por haber ofrecido la palabra a los socialistas. He dicho. El señor ANDRADE.- Señor Presidente, pido la palabra. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra, su señoría. El señor ANDRADE.- Señor Presidente, de conformidad con lo establecido en el artículo 5° B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, me inhabilito para votar. Aunque las causales previstas no me involucran directamente, estimo oportuno hacerlo. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Muy bien, señor diputado. Cerrado el debate. Se insertarán los discursos de los diputados que estaban inscritos y que no han podido intervenir. -En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario: La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente, me parece de toda justicia para una gran institución de nuestro país, como es Gendarmería de Chile, que discutamos el proyecto de ley que hoy está en Tabla. El trabajo que realiza Gendarmería es sumamente complejo e importante para nuestra sociedad y, por lo mismo, es necesario mejorar sus condiciones de trabajo, de modo que la labor que realizan también se vea beneficiada. Con esta iniciativa se refleja la preocupación por resguardar la carrera funcionaria en una institución fundada en principios jerárquicos, profesionales y técnicos, todo lo cual garantiza la dignidad de la función pública, la capacitación, el ascenso, la estabilidad en el empleo y la objetividad en las calificaciones, en función del mérito y de la antigüedad. Hoy hay más de 1.500 funcionarios sin posibilidad de ascender, lo que genera un desincentivo en la carrera funcionaria y un perjuicio presupuestario. Destaco el carácter retroactivo de los ascensos, los cuales se aplicarán desde el momento en que se genere la vacante. Me parece que esta es una iniciativa legal de toda justicia; sin embargo, quiero señalar que sus demandas aún no terminan, ya que también existen otras solicitudes que buscan respuestas, de manera que espero que el Ejecutivo pueda escucharlos y atender sus inquietudes, que dicen relación con mejorar en forma integral su carrera funcionaria, ya que la evaluación que se les hace a partir del reglamento que los rige es de carácter subjetivo, lo cual también debe mejorar. Además, se debe invertir en su capacitación y, por último, profesionalizar esta institución. Las diferentes asociaciones de Gendarmería saben que los he apoyado constantemente en sus demandas, y quiero que sigan sintiendo ese apoyo, pues sus reivindicaciones me parecen del todo justas, más aun tomando en cuenta la función que desempeñan. Igualmente, no me parece correcto que existan tantas diferencias de regulación y de normativa entre instituciones como Carabineros, PDI y Gendarmería. Apoyo esta iniciativa y hago un llamado para seguir trabajando en conjunto con esta importante institución. He dicho. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos: El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el Estatuto del Personal perteneciente a las Plantas I y II de Gendarmería de Chile en materia de ascensos. Hago presente a la Sala que la totalidad de las disposiciones de la iniciativa tratan materias propias de ley simple o común. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. Hubo 1 inhabilitación. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Macaya Danús Javier; Melo Contreras Daniel; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Verdugo Soto Germán. -Se inhabilitó el diputado señor Andrade Lara Osvaldo. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular. Despachado el proyecto. -Aplausos. REGULACIÓN DE BINGOS, RIFAS Y SORTEOS COMUNITARIOS CON FINES DE BENEFICENCIA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES REFUNDIDOS NOS 10077-06, 10079-06, 10080-06, 10081-06 Y 10086-06) El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que regula la realización de bingos y otras actividades similares con fines de beneficencia. Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización es el señor Claudio Arriagada. Antecedentes: -Mociones, boletines N°s 10077-06, sesión 29ª de la presente legislatura, en 2 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 22; -10079-06, sesión 30ª de la presente legislatura, 3 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 14; -10080-06, sesión 30ª de la presente legislatura, en 3 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 15; -10081-06, sesión 31ª de la presente legislatura, en 3 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 1, y -10086-06 sesión 31ª de la presente legislatura, en 3 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 6. -Informe de la Comisión Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. Documentos de la Cuenta N° 3 de este boletín de sesiones. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor ARRIAGADA (de pie).- Señor Presidente, estos proyectos han adquirido especial notoriedad a raíz de una resolución que emitió en estos días la Contraloría General de la República; pero es justo señalar que una iniciativa data del año 2004, patrocinada por el diputado Felipe Letelier, los entonces diputados Eugenio Tuma, Exequiel Silva y otros, que ya en aquella época habían decidido reaccionar frente a esta materia. Hecha esta aclaración, procedo a rendir el informe. La Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización me ha encomendado informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en mociones refundidas (boletines Nos 10077-06, 10079-06, 10080-06, 10081-06 y 10086-06), de las diputadas señoras Jenny Álvarez, Daniella Cicardini, Maya Fernández, Denise Pascal, Andrea Molina, Paulina Núñez, Marcela Sabat, María José Hoffmann y Claudia Nogueira, y de los diputados señores Fuad Chahin, Marcelo Chávez, Juan Enrique Morano, Jaime Pilowsky, Ricardo Rincón, Jorge Sabag, Gabriel Silber, Víctor Torres, Patricio Vallespín, Matías Walker, Germán Becker, Daniel Farcas, Gonzalo Fuenzalida, Nicolás Monckeberg, Cristián Monckeberg, Leopoldo Pérez, Germán Verdugo, Osvaldo Andrade, Juan Luis Castro, Fidel Espinoza, Luis Lemus, Daniel Melo, Marcelo Schilling, Juan Antonio Coloma, Sergio Gahona, Gustavo Hasbún, Javier Hernández, José Antonio Kast, Ignacio Urrutia, Felipe Ward, Pepe Auth, Cristián Campos, Sergio Ojeda, Enrique Jaramillo, Carlos Abel Jarpa y Tucapel Jiménez. Antes de entrar en materia, debo hacer presente que la idea matriz o fundamental del proyecto consiste en autorizar la realización de bingos, rifas, sorteos, loterías y otros con fines de beneficencia u obras pías a personas naturales o jurídicas sin fines de lucro, los que no serán considerados juegos de azar. Cabe destacar que el proyecto no posee normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado, y que fue aprobado, tanto en general como en particular, por la unanimidad de los presentes, diputados señores Arriagada, Becker, Campos, Chávez, Gahona, González, Morales, Ojeda, Sandoval y la diputada señorita Daniella Cicardini. En cuanto a los antecedentes de hecho que sirven de base a la generalidad de las mociones refundidas, cabe señalar que ellas tienen su génesis en el dictamen N° 31.241, de 22 de abril de 2015, de la Contraloría General de la República, en virtud del cual el ente contralor concluyó que las municipalidades no se encuentran facultadas para permitir el funcionamiento de bingos, toda vez que, tratándose de un juego de azar, en cuyo resultado interviene la casualidad, para procurar ganancias a los jugadores por medio de la suerte, este solo debe ser autorizado por ley. En vista de lo anterior, se formularon las distintas iniciativas que generaron un enriquecedor debate al interior de la comisión. Tras ello, se arribó al consenso para proponer un texto sustitutivo único, el cual tiene por objeto precisar que se podrán realizar bingos, rifas, sorteos o loterías organizados con fines de beneficencia u obras pías por personas naturales o jurídicas sin fines de lucro, tales como: juntas de vecinos, centros de padres y apoderados, centros de alumnos, sindicatos, comités de adelanto, comités de agua potable, centros de madres, entre otros. Para estos efectos, dichas actividades no serán consideradas como juegos de azar, de conformidad con la ley Nº 19.995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego. Además, se establece que serán considerados bingos, rifas, sorteos o loterías con fines de beneficencia u obras pías aquellos que generen recursos que estén destinados a las instituciones señaladas anteriormente, o aquellos para ir en ayuda económica de personas aquejadas por alguna enfermedad o que hayan sufrido grave daño en los bienes necesarios para su subsistencia. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina. La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente, sin duda, estamos ante una situación que no hubiésemos querido que se produjera, sobre todo en consideración a aquellos que dependen de bingos, rifas, sorteos y loterías para salir adelante. Esta situación no debió haber ocurrido, sino que debió haberse corregido antes, para no tener que solucionarla con un proyecto de ley que, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de presentar. En otras palabras, el Ejecutivo debió haber subsanado la situación con anterioridad al dictamen de la Contraloría General de la República. Ahora estamos discutiendo varios proyectos de ley, presentados de manera transversal, que apuntan a lo mismo: que los bingos, las loterías y otras formas de recaudar recursos puedan seguir realizándose en las comunidades. Todos quisiéramos que el día de mañana desapareciera la necesidad de recurrir a esas actividades para salvar la vida de un pequeño o de un familiar, o para el desarrollo de muchas comunidades. Hoy, la idea es aprobar rápidamente el proyecto para que aquellas personas que dependen de los recursos obtenidos por medio de esas actividades sigan con su bandera de lucha, con el apoyo de todo el país. No cabe duda de que los bingos son la herramienta que les queda a nuestras comunidades no solo para reunir dinero, sino también para demostrar solidaridad, unidad y trabajo en equipo. Como nación tenemos una deuda, de manera que debemos aunar fuerzas para que exista un sistema de salud como corresponde. Es necesario dar respuesta a la ciudadanía cuando no somos capaces de cumplir con nuestras promesas, por ejemplo, de construcción de hospitales. Muchos chilenos viven con la incertidumbre de no saber qué pasará con los hospitales que se iban a construir. Es el caso del hospital de Marga Marga y del biprovincial Petorca-Quillota, entre muchos otros. Con esta iniciativa estamos tratando de ayudar, lo que, sin duda alguna, es fundamental. Sin embargo, la deuda sigue presente. Esperamos que en este gobierno se dé respuesta a todos los anuncios y promesas realizados en época de campaña. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Chávez. El señor CHÁVEZ.- Señor Presidente, efectivamente, estamos frente a hechos que no hubiésemos querido que se produjeran, pero lo cierto es que un dictamen de la Contraloría General de la República nos ha puesto en la presente situación, la cual exige que el Parlamento brinde una adecuada y rápida solución. Por ello, todas las iniciativas presentadas sobre la materia, que después fueron refundidas, han sido objeto de un amplio debate para resguardar todos los puntos de vista que puedan surgir sobre el particular. El objetivo del proyecto es dar una solución legislativa a una situación objetada por la Contraloría General de la República. En ese sentido, se regula la realización de bingos, rifas, sorteos o loterías, actividades de gran nobleza que no solo son originadas por organizaciones de distinto tipo, sino también por personas naturales. La idea es permitir la realización de cualquier actividad de ese tipo que tenga un fin altruista. La iniciativa establece el sujeto activo, es decir, quién podrá desarrollar las actividades. En ese sentido, se recogió una propuesta para que las personas naturales y las personas jurídicas sin fines de lucro puedan organizarlas. En el caso de las personas jurídicas sin fines de lucro, se precisó, a titulo referencial, qué tipo de organizaciones pueden hacerlo. Esas actividades no se considerarán como juegos de azar, por lo que quedarán excluidas de eventuales responsabilidades penales. Esta es una iniciativa especial, que aborda los diversos aspectos descritos para dar una solución a la situación generada a propósito del dictamen de la Contraloría General de la República. Me siento completamente conforme con la propuesta legislativa entregada ayer en la Comisión de Gobierno Interior y espero que sea refrendada por la Sala de la Cámara de Diputados, en el entendido de que hoy existe un problema -a muchos nos han llamado desde nuestros distritos a propósito de él- que necesita solución. Cabe señalar que el problema no surgió de una decisión del gobierno, como muchos quieren hacer ver, sino de un dictamen de la Contraloría General de la República. En síntesis, se trata una muy buena solución y, por ello, espero que el Parlamento apruebe rápidamente la presente iniciativa, que va en beneficio de todos los chilenos. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, como lo han dicho los colegas, el dictamen de la Contraloría General de la República ha causado bastante preocupación y escozor en el país. Como se ha planteado con fuerza en la Sala, actividades como los bingos, tanto en el mundo rural como en el urbano, a lo largo y ancho de nuestro país, no solo constituyen hechos de enorme relevancia para las organizaciones que los realizan, sino también para el Estado, pues ve aliviado su accionar, porque muchas de las problemáticas son solucionadas por los propios pobladores, quienes, a través de una junta de vecinos, de un club de adulto mayor, de un club deportivo, de un comité de agua potable o de agrupaciones de pequeños agricultores, son capaces de organizar este tipo de actividades para ir en ayuda de un vecino que sufrió, por ejemplo, la pérdida de todos su bienes a causa de un incendio o por una enfermedad costosa, imposible de ser asumida por su familia. No puedo dejar de decir que los bingos también se realizan en miles y miles de colegios y liceos. Los centros de padres y apoderados juegan un rol importante en esas actividades, cuando buscan que sus hijos vayan, por ejemplo, a un paseo fuera de la ciudad en que habitan. Esa práctica ha sido parte de la cotidianeidad de nuestro país por largos años. El dictamen de la Contraloría que determinó que los bingos no se pueden realizar en todo el país, porque están fuera de la ley, y que los municipios no podrán autorizar el uso de un espacio físico municipal, como una escuela o un gimnasio, para el desarrollo de dichas actividades, obviamente fue un golpe muy duro para todas las organizaciones que los efectuaban. Por ello, como bancada del Partido Socialista, impulsamos dos acciones. Una de ellas fue solicitar una reinterpretación al órgano contralor, lo cual podría demorarse un par de semanas. La otra fue presentar el presente proyecto de ley, en cuya estructuración han confluido muchas bancadas, y que recoge muchos de los aspectos que nuestra bancada diseñó en su elaboración. El proyecto -estoy seguro de que será aprobado por amplia mayoría- establece, de manera general, que sí podrán realizarse bingos, rifas, sorteos o loterías siempre que sean organizados con fines de beneficencia para las propias organizaciones que las desarrollan o para terceros que serán beneficiarios de dichas actividades. En la iniciativa queda claramente precisado quiénes podrán organizar dichas actividades: personas naturales o jurídicas sin fines de lucro. Además, se enumera el tipo de organizaciones autorizadas, muchas de las cuales he nombrado en mi intervención: juntas de vecinos, centros de padres y apoderados, centros de alumnos, sindicatos, comités de adelanto, comités de agua potable, centros de madres, entre otros. Por cierto, también se incorporan nuestros queridos clubes de adultos mayores existentes a lo largo de todo el país. Por lo tanto, el presente proyecto de ley, que hoy aprobaremos en la Cámara de Diputados y que esperamos que tenga una rápida tramitación en el Senado, dispone que las actividades mencionadas sean consideradas como juegos de azar -como bien lo dijo el diputado Marcelo Chávez- de conformidad con lo establecido en la ley de casinos. Por lo tanto, no les será aplicable dicha norma. El proyecto establece con claridad que, para ser considerada esta actividad con fines de beneficencia, los recursos deberán destinarse con exclusividad a tales propósitos. Al respecto, en los breves segundos que me restan, quiero entregar un mensaje: los mejores fiscalizadores de que esos sean los fines son los propios socios integrantes de cada una de las organizaciones, que tienen que velar por que cuando se desarrolle una actividad de este tipo, como un bingo, una rifa o un sorteo, tengan claro que esos recursos van a destinarse a mejorar aspectos de su organización o para ayudar a un tercero afectado por alguna situación particular. Por lo tanto, como bancada del Partido Socialista, estamos contentos y satisfechos por haber colaborado de manera muy importante con nuestro equipo jurídico y legislativo, a fin de construir un gran proyecto, que permita que el dictamen de la Contraloría quede supeditado a la nueva ley, que va a permitir que las organizaciones sociales realicen bingos, rifas, sorteos y loterías a lo largo y ancho de nuestro país. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger. El señor BERGER.- Señor Presidente, me alegra que sobre este tema haya habido una rápida y generalizada conciencia del impacto que generó en la comunidad nacional el dictamen de la Contraloría General de la República que prohíbe a los municipios autorizar la realización de bingos, sorteos y rifas benéficas. Tanto mi bancada, la de Renovación Nacional, como otros parlamentarios presentamos mociones sobre la materia, porque resultaba totalmente extemporánea, ilógica y desproporcionada esta prohibición totalmente ajena al conocimiento de la realidad acerca de la forma de subsistencia de la gran mayoría de las organizaciones comunitarias, tanto funcionales como territoriales, de nuestro querido país. La cuestionada resolución del órgano contralor estipula que tampoco podrían facilitarse instalaciones de espacios públicos para estos fines cuando un tercero lo solicite, lo que, a mi juicio, tiene un efecto negativo, porque trunca el propósito de muchas agrupaciones sociales que buscan reunir fondos para una buena causa, como, por ejemplo, los comités de vivienda, que cotidianamente usan este sistema para reunir dinero que les permita postular a la casa propia. Esta modificación, originada a partir de las distintas mociones presentadas, que fueron refundidas, apunta a modificar la ley Nº 19.995, al eximir del carácter de juegos de azar los bingos y loterías organizados por las municipalidades con fines benéficos, y también por terceros, cuando sean estos quienes soliciten a los municipios los recintos para realizarlos, tal como lo describe la figura aludida por la Contraloría. Estoy seguro de que tanto diputados como senadores vamos a tener la mejor disposición para resolver este inconveniente, que no permite que nuestras organizaciones comunitarias puedan hacer bingos como una forma de resolver sus problemas y proyectos comunitarios. Ayer, en la Comisión de Gobierno Interior no tuvimos ninguna duda a la hora de zanjar esta materia. Hemos llegado a un texto que recoge la sensación mayoritaria, tanto de legisladores como del mundo organizacional de base, en el sentido de que esta prohibición, puesta sobre la mesa a partir de la interpretación de la Contraloría, carecía de lógica, de pertinencia y de vinculación con la realidad de los hechos, y está afectando gravemente a las organizaciones comunitarias funcionales y territoriales que buscan recaudar fondos para lograr sus objetivos. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos. El señor CAMPOS.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco la buena disposición que tuvo ayer la Cámara de Diputados para incluir nuestra moción -solicito formalmente que se incorpore en el informe de la Comisión de Gobierno Interior-, cuyos autores fueron los diputados Pepe Auth, Tucapel Jiménez, Enrique Jaramillo, Carlos Abel Jarpa, Sergio Ojeda y quien habla. Buscamos aprobar un proyecto que apunta a dar solución a un problema que coartaba la posibilidad de que organizaciones y personas naturales pudieran realizar, en las distintas comunas del país, una actividad tan noble como los bingos a fin de atender problemáticas comunales y sectoriales que tienen un trasfondo humano muy relevante, pero que, al no ser atendidas por el Estado, eran solucionadas por los propios vecinos, que se hacían cargo del asunto. Me alegra saber que mi amigo el alcalde de Concepción tendrá la tranquilidad de que en su comuna se seguirán realizando estos eventos. De hecho, ayer manifestó su preocupación al respecto. Pero hoy la Cámara de Diputados va a votar una fórmula legal que le dará la tranquilidad de que sus vecinos no se verán imposibilitados de realizar tales actividades. Por lo tanto, a través del diputado José Miguel Ortiz, envío mis saludos al alcalde de Concepción, quien debiera estar tranquilo, porque esto va a funcionar. También quiero responder las críticas de otros alcaldes, que han señalado que el gobierno y el Parlamento estaban coartando esa posibilidad. Por el contrario, ayer, todas las bancadas, con distintos proyectos -cinco mociones-, manifestaron su interés en hacerse cargo del dictamen de la Contraloría, el cual está enmarcado en la interpretación de la ley de casinos, que estaba facultando a los intendentes para que entregaran estas autorizaciones, lo que parecía poco lógico en una región como la del Biobío, que comprende 54 comunas y donde era impensable que el intendente dedicara una tarde a firmar este tipo de autorizaciones. Como han anunciado las demás bancadas, la de Partido por la Democracia también adhiere con mucho entusiasmo a la aprobación del proyecto. Además, se siente muy comprometido con él, a fin de que los vecinos y las organizaciones sin fines de lucro sigan teniendo la posibilidad de realizar esas actividades, que son muy importantes y que generan una alta convocatoria. De hecho, en muchas ocasiones son la repuesta más inmediata para solucionar los problemas de los vecinos. Me alegra que la Cámara de Diputados discuta un proyecto de estas características, razón por la cual invito a los señores diputados a apoyarlo, porque, aunque es simple, llevará muchos beneficios a las comunas de nuestro querido país. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en Ejercicio).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, en primer lugar, comparto las palabras expresadas por mis colegas. Me alegra lo ocurrido con el dictamen de la Contraloría, porque se transformó en una tremenda oportunidad para aclarar situaciones confusas, lo que nos permitirá despejar dudas y no generar complicaciones desde el punto de vista administrativo. En segundo lugar, felicito al diputado Claudio Arriagada, quien, como presidente de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, aunó distintas mociones parlamentarias y aceleró el proceso, dada la urgencia por solucionar este problema que afectaba a las comunas. Al final pudo sacar adelante rápidamente este proyecto de ley. Espero que nunca se acaben los bingos. Una cuestión es el rol del Estado, que es muy bueno, especialmente en lo relativo a salud y a garantizar derechos; pero los bingos tienen otra esencia, que nos resulta impresionante, por lo menos para quienes hemos participado en ellos. Resulta muy interesante la organización de los bingos, por el trabajo comunitario, solidario y la capacidad de ayudar a los vecinos. Es una muestra de solidaridad, de autogestión, de capacidad de organización, etcétera. Reitero: espero que nunca se terminen los bingos, porque es una de las pocas expresiones de espíritu solidario que van quedando en la vida en comunidad. Entiendo que para algunos solo representa una forma de financiar algo. Pero no es solo un asunto de financiamiento; es una expresión de aporte de unos, de organización de otros, de crear diferentes comisiones que busquen lograr un objetivo común. Me llamaron muchos comités de vivienda, comités de navidad y juntas de vecinos para decirme que no podrían seguir organizando bingos. Pero yo confío en que impere el criterio, la capacidad de ponernos de acuerdo y la sensatez de la Contraloría para que, dada la realidad que se vive en el país, continúe expresándose esta forma solidaria de hacer comunidad y se permita que se sigan realizando bingos. Los invito a ver más allá del aspecto financiero, de lo que podamos reunir en un bingo, ya que esto es una valiosa muestra de cómo la comunidad, solidaria y comunitariamente, es capaz de tener una forma de representación y de organización. Soy fanática de los bingos. Además, muchas oficinas parlamentarias ayudamos a organizar, a promocionar y a tratar de buscar soluciones individuales y colectivas a través de los bingos y de estas organizaciones que, para mí, son maravillosas. Espero que esta votación sea una expresión del Congreso Nacional de que apoyamos esta instancia, que ojalá podamos potenciarlas más allá de los problema de salud, de los que el Estado tiene que hacerse cargo. Sin duda, esta es una expresión maravillosa de la solidaridad humana. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Creo que hay que reconocer que esta Cámara, en forma transversal, ha asumido un rol importante en esta materia, porque tiene que ver con principios tan importantes como la solidaridad, la sana entretención y la creación de una mejor comunidad. Por lo tanto, qué bueno es que estemos realizando este debate. Tiene la palabra la diputada Karol Cariola. La señorita CARIOLA (doña Karol).- Señor Presidente, por su intermedio, agradezco a todos los parlamentarios y parlamentarias de la Cámara de Diputados que actuaron rápidamente y presentaron varias iniciativas dirigidas al mismo objetivo, que se concentra en el proyecto de ley que hoy estamos discutiendo. En verdad, a todo el país sorprendió el dictamen de la Contraloría del 22 de abril, que concluía que las municipalidades debían actuar dentro de su competencia y que no estaban facultadas para permitir el funcionamiento de bingos, loterías o actividades de este tipo en sus dependencias, situación que también puso en alerta a gran parte de las organizaciones sociales de nuestras comunidades, preocupación que nos han manifestado a muchos de nosotros. La diputada Alejandra Sepúlveda manifestó que no solo se trata de espacios de beneficencia -que, sin duda, son muy importantes-, sino también de espacios que la comunidad utiliza para el desarrollo de sus propias organizaciones. Muchas veces, las juntas de vecinos, que no reciben financiamiento público para funcionar, desarrollarse y cumplir un rol social, tienen que realizar actividades como estas para poder financiarse. Quiero destacar esto, porque se plantea un elemento que me parece complejo, pues hasta ahora los bingos han sido una de las medidas que ocupan nuestras comunidades para dar solución a problemas que el Estado no ha resuelto y respecto de los cuales nosotros, como país, no nos hemos hecho cargo. Es necesario tener un Estado garante que entregue a los chilenos y chilenas la seguridad de que tendrán sus tratamientos de salud y sus medicamentos asegurados, acceso oportuno para realizarse operaciones y soluciones adecuadas cuando algún familiar o alguna persona de la comunidad enfrentan situaciones complejas. Es lamentable que la comunidad deba realizar bingos, loterías, rifas y actividades de ese tipo para financiarse. No podemos decir que esa es la razón por la cual queremos que se hagan bingos. Lo quiero decir bien de frente: es cierto que hoy se realizan esas actividades, pero ello se debe a que, reitero, no hemos sido capaces de dar una solución de fondo a esa situación, lo que no implica que la comunidad tenga prohibido realizarlos en sus propios inmuebles, porque las dependencias municipales son de todos los vecinos que viven en esas comunas, que no pueden depender de un dictamen de la Contraloría que establece que no pueden realizar actividades de ese tipo dentro de sus espacios. Creo que es necesario este proyecto de ley, por todo lo que ya se ha dicho y, sobre todo, porque parte del tejido social que destruyó la dictadura militar en el país se ha empezado a reconstruir gracias a que las organizaciones sociales han tomado conciencia de la necesidad de jugar un rol en sus comunidades. Lo único que hace que esta democracia sea verdaderamente distinta es precisamente eso: que el tejido social se reconstruya, a partir de que las organizaciones sociales tengan más espacio y más poder. Parte de eso pasa, por ejemplo, por que tengan la posibilidad de desarrollar sus propios mecanismos de financiamiento. Este tipo de iniciativas sin fines de lucro van en beneficio de la comunidad, de un colectivo, de la junta de vecinos, del club deportivo, del club del adulto mayor, de las organizaciones juveniles de los barrios, etcétera; es decir, están dirigidas al bien común y no a un fin individual o de lucro. Esta prohibición nos parece absurda y no corresponde que se aplique; por lo tanto, es necesario resolver el problema. Valoro que la presidencia de la Cámara de Diputados haya tomado la determinación, a través de una reunión de jefes de Comités, de apurar su tramitación y de trabajar en este proyecto en discusión. Me sumo a las palabras de los colegas que han planteado la necesidad de que se tramite rápidamente no solo en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado. Finalmente, como bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana, anuncio nuestro voto a favor de la iniciativa y reitero mi agradecimiento por la voluntad y rapidez con que actuaron nuestros colegas para presentar diversas mociones que tomaron forma en este proyecto. Espero que el proyecto sea aprobado por unanimidad, tal como ocurrió en la comisión técnica. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, valoro el dictamen de la Contraloría, que nos ha hecho un gran favor, porque nos ha permitido tramitar este proyecto en la Cámara, con el que estoy de acuerdo, así como resolver un tema que he venido planteando desde hace muchos años y que afecta a los pobladores de todas las comunas del país. Me refiero a los pequeños casinos que tienen tragamonedas de distinto tipo, incluso con mucha tecnología, los que, según se dice, no son juegos de azar, sino de destreza. ¿Qué nos dice la Contraloría al respecto? Que los municipios no pueden autorizar juegos de azar que involucran lucro para los jugadores. Por lo tanto, si los municipios no pueden autorizar la instalación de esas máquinas, tampoco pueden entregar patentes de comercio a esos establecimientos. En ese sentido, se nos entrega una herramienta de fiscalización que nos permitirá preguntar a los municipios por qué han autorizado, por ejemplo, la instalación de esos precarios casinos en las comunas de Chile, incluso en el centro de Santiago, donde existen dos o tres en el paseo Ahumada. Entonces, creo que ese dictamen es positivo, porque nos permite interpretar la mirada de la Contraloría en esa línea, lo que nos facultará para fiscalizar e impedir el desarrollo de una actividad que no estaba prevista en la ley de casinos. Por otro lado, estoy muy de acuerdo con el planteamiento de que lo objetado por la Contraloría se regula por ley. Por lo tanto, quiero agradecer al presidente de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, diputado Claudio Arriagada, por haber tramitado esta iniciativa con tanta premura, porque soluciona la prohibición de que se utilicen recintos municipales para realizar rifas, sorteos y loterías con fines de beneficencia. Me parece que esto es muy relevante, porque cambia el foco de lo que estamos planteando. Incluso, el proyecto de ley plantea que no serán considerados juegos de azar. Entonces, para la historia de la ley queda claro que los tragamonedas a los que me referí sí son juegos de azar. Pero en el proyecto de ley se está diciendo que aquellas actividades con fines de beneficencia no son juegos de azar. Me parece importante destacar dos temas. Tengo una visión laica de la vida y, por lo tanto, cuando en los proyectos de ley se emplean frases como “obras pías”, como ocurre con esta iniciativa, me llama la atención, porque son palabras que están más bien relacionadas con la Iglesia católica, más que con una mirada laica de la sociedad, en donde hay muchas otras organizaciones que, sin ser católicas, también desarrollan obras de beneficencia. No entiendo por qué se agregó la frase “obras pías” en el proyecto, pues hace referencia a una institución bastante antigua de la Iglesia católica, mediante la cual una persona de recursos dejaba estipulado en su testamento una cantidad de dinero que se ponía en renta, para que, con las ganancias, se pagara un número determinado de misas para la salvación de su alma. A eso se denomina como “obras pías”. No sé si el objeto de esta iniciativa será el mismo. Creo que no. Por lo tanto, me llama la atención la utilización de esa expresión. Para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, también quiero dejar constancia de que en el proyecto de ley se aclara qué se considerará bingo y que está orientado a entregar recursos a las instituciones señaladas, como juntas de vecinos, centros de madres, etcétera, para que a través de ellas se vaya en ayuda económica de las personas aquejadas. Es decir, este proyecto no es para las personas, sino para las organizaciones que entregarán a los vecinos con problemas lo recaudado por la rifa o el bingo que hayan realizado. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort. El señor KORT.- Señor Presidente, como primera reflexión respecto de este proyecto de ley, quiero señalar que en este caso funcionó la alerta social, lo cual demuestra que, como Congreso Nacional, como poder del Estado, el Poder Legislativo, en diálogo con el Poder Ejecutivo, tiene la capacidad de encontrar soluciones inmediatas, en el corto plazo, a favor de la ciudadanía. El hecho de que la gente espere por años un proyecto de ley que duerme en el Congreso Nacional es nuestra propia responsabilidad. Por eso, el primer llamado a quienes formamos parte del Congreso Nacional, en particular de la Cámara de Diputados, es a que nos comprometamos a recoger los problemas que enfrenta diariamente nuestra ciudadanía, a fin de buscar soluciones concretas. En segundo lugar, quiero compartir mi alegría por ver que estas mociones refundidas tienen como autores a diputados de todas las bancadas. No es bueno que unos u otros se hagan dueños de los proyectos. Este proyecto nace de ideas complementarias que hemos sido capaces de conciliar entre todos los partidos, y espero que todos lo aprobemos, porque este proyecto va a apoyar la iniciativa privada, en el sentido de solidaridad, de ayudar, que como sector hemos defendido desde un principio, para que las personas tengan la capacidad de salir adelante y no tengan que depender absolutamente del Estado. Creemos que debe existir un ordenamiento para que el Estado pueda entregar los recursos necesarios para dar solución a los principales problemas, pero también debe dar las herramientas legales, a través de un proceso legislativo, para que las personas puedan tener iniciativas. Permítanme recoger un tema que han planteado varios señores diputados que me han antecedido en el uso de la palabra. Los bingos, las loterías, las rifas, sin lugar a dudas, han sido instituciones sociales en nuestro país. Absolutamente todos los diputados que estamos en esta Sala hemos asistido a algún bingo social o hemos recibido alguna solicitud de un premio o una ayuda para una rifa. Por consiguiente, no estamos ajenos a esa situación y menos a la solución del problema, el cual radica en el dictamen de la Contraloría N° 31.241, de 22 de abril de 2015, en que concluye que las municipalidades deben actuar dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, por lo que estas no se encuentran facultadas para permitir el funcionamiento de bingos, toda vez que, tratándose de un juego de azar, en cuyo resultado interviene la casualidad, procurando ganancias a los jugadores por medio de la suerte, este solo puede ser autorizado por ley. También quiero recoger el sentido de la creación solidaria. Recién el diputado Robles, que me antecedió en el uso de la palabra, planteó su cuestionamiento a la inclusión en el proyecto de la frase “obras pías”. Al respecto, creo que debemos quedarnos con la parte semántica de tal expresión, más allá del contexto histórico de quien lo usó primero. Una obra pía, semánticamente, es una acción pura que busca ayudar, y eso es lo que fidedignamente hacen las juntas de vecinos, los clubes deportivos, las agrupaciones sociales, los comités de agua potable rural, los comités de pavimentación, etcétera. ¡Son obras puras! No tienen otro sentido que el querer aportar, a través de la ayuda, a la sociedad. Por eso, hago un llamado, responsablemente, a que el Congreso Nacional apruebe por unanimidad este proyecto de ley, originado en mociones refundidas, que representan las ideas de todas las bancadas, porque así vamos a entregar herramientas concretas y palpables a la ciudadanía. Debemos hacernos responsables, pues somos capaces de entregar soluciones en el corto plazo, no solo en el caso de los bingos, sino también a propósito de medidas que la ciudadanía espera desde hace mucho tiempo. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en Ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, este es uno de los proyectos -no el único- con que la Cámara de Diputados ha respondido a demandas, más que a necesidades, de la propia ciudadanía. También lo hicimos con la revocación de la nacionalidad por gracia al sacerdote -que, a mi juicio, no merece llevar ese título- John Reilly. ¡Nosotros lo hicimos: la Cámara de Diputados de Chile! Y también en esa oportunidad, con generosidad, muchos parlamentarios, incluido quien habla, accedimos a la fusión de proyectos. La competencia sin sentido colectivo se da cuando los parlamentarios no aceptan fusiones, pero no cuando hacen oportuna y rápidamente su trabajo, que, por lo demás, es nuestra obligación. Si un grupo parlamentario hace oportuna y rápidamente su trabajo, ello debe tener un reconocimiento; pero el espíritu colectivo se ve cuando estamos dispuestos a fusionar proyectos cuando existen ideas que son transversalmente aceptadas. Insisto: eso lo hicimos con la revocación de la nacionalidad por gracia concedida a John Reilly, y hoy nuevamente lo estamos haciendo a propósito del problema que generó un dictamen de la Contraloría General de la República en la esfera de sus competencias y atribuciones. Tal vez, podemos disentir de una interpretación restrictiva -por cierto, en derecho público debe serlo-, pero debemos reconocer que está en la esfera de sus competencias y atribuciones. Con este proyecto de ley contribuimos a salvar aquella situación. De lo contrario, pasaría lo que hizo público el diputado Gabriel Silber, al concurrir a La Moneda a pedir autorización para realizar prontamente un bingo para una mujer de La Pincoya que tiene una grave enfermedad. Si así ocurriera, se recargarían de autorizaciones la Presidenta de la República, el Vicepresidente, los intendentes regionales, amén de lo difícil que es para todas las comunas o localidades lejanas acceder a la intendencia o a La Moneda para tramitar esos permisos. En ese sentido, estas mociones, que encabezan distintas bancadas, transversalmente, saca del concepto de juegos de azar a bingos, loterías, rifas y sorteos, para que no requieran las autorizaciones respectivas, pues los enmarcamos en otro concepto: actividades de beneficencia, actividades solidarias, actividades que se enmarcan en lo que se denomina la seguridad social comunitaria. En el mundo, la seguridad social ha tenido tres hitos: la seguridad social familiar, que nace cuando el ser humano logra desarrollarse en colectivos; la seguridad social comunitaria, que, junto con la primera, hace frente a las deficiencias del Estado, y, finalmente, la seguridad social de la nación o del Estado, debidamente expresada a través de sus distintas instituciones, mecanismos, subsidios y organismos. La seguridad social comunitaria es fundamental para complementar los montos que el Estado no entrega a quienes padecen cáncer, alergias alimentarias o cualquier tipo de enfermedad. En tal sentido, el gobierno de Chile y el Estado en su conjunto han hecho un esfuerzo transversal para hacer frente a las enfermedades de alto costo a través de la recién promulgada “ley Ricarte Soto”. Insisto, no solo el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha persistido en ese esfuerzo, sino también el Estado de Chile. Muchos parlamentarios se han sumado transversalmente a esa tarea, ya que entienden que los déficits que generan las enfermedades de alto costo significan un impacto brutal para la economía familiar, así como sufrimiento y afectación psicológica, emotiva y afectiva debido a que estas son padecidas por hijos, hermanos, padres, etcétera. Por ello, siempre es necesario mantener las puertas abiertas a la seguridad social comunitaria, que se expresa principalmente a través de bingos, que generan entretención, esparcimiento y la posibilidad de caminar como comunidad en pos de un destino común, concepto básico de nación expresada en las comunidades locales que quieren ayudar al prójimo. Por esa razón, somos los principales patrocinantes del proyecto y por ello lo votaremos favorablemente. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini. La señorita CICARDINI (doña Daniella).- Señor Presidente, hoy abordamos cinco mociones presentadas en forma paralela, pero con un mismo y único objetivo, cual es revertir el dictamen emitido por la Contraloría el 22 de abril del año en curso, que sostiene que los municipios no están facultados para organizar o autorizar bingos, aunque estos sean de beneficencia. Alcaldes, representantes de organizaciones vecinales, sociales y comunitarias a lo largo de todo el país; vecinos y vecinas; autoridades e instituciones tan prestigiosas y relevantes para el servicio a la comunidad como Bomberos de Chile, entre otras, nos han entregado su opinión sobre la materia. Existe claro y mayoritario consenso en cuanto a que ese dictamen, desde el punto de vista del sentido común, de la realidad social existente en nuestro país y del interés superior que está en juego, es errado, razón por la que debe ser corregido. El dictamen de Contraloría choca con la realidad, pues se basa en normas cuyo origen se remonta al Código Civil, que entró en vigor en 1857. Como se ha señalado anteriormente, el espíritu del dictamen debiese apuntar, a nuestro juicio, a los juegos de azar ilícitos y bingos desarrollados con fines de lucro personal. Como es evidente para todos, el objetivo de los bingos solidarios, desarrollados por las organizaciones sociales, con el apoyo de los municipios, busca ir en ayuda de la comunidad o de uno de sus integrantes, lo que amerita un tratamiento especial. Como bancada de diputados socialistas quisimos ser parte de la solución, asumiendo el sentir de la mayoría de la ciudadanía. Por ello, ingresamos a trámite legislativo un proyecto de ley que apunta a resolver lo que se ha señalado, esto es el déficit de competencia de los municipios para autorizar y apoyar la realización de bingos cuando se trata de actos solidarios. Más allá de los aspectos legales y de contenido de esta presentación y de los argumentos entregados por otros colegas parlamentarios, como bancada socialista hemos presentado este proyecto con genuino interés y sincero cariño por las organizaciones sociales, teniendo muy presente el tremendo aporte que llevan a cabo las juntas de vecinos, los centros de adultos mayores -aprovecho la oportunidad de saludar a todas las personas que se encuentran en las tribunas y que están ligadas a ellos- y tantas otras instituciones que constantemente apoyamos, porque vemos su esfuerzo. Una de las pocas formas en las que las organizaciones sociales pueden reunir o recaudar fondos para sus actividades y objetivos en beneficio de la salud o en ayuda de alguno de sus integrantes es a través de los bingos, expresión de legítima solidaridad que la comunidad encontró para enfrentar la desigualdad en diversas materias. A mi juicio, la recaudación de recursos para ir en ayuda de la salud de las personas es uno de los principales objetivos y fundamentos para la realización de este tipo de actividades, lo que nos pone de frente, una vez más, ante la gran tarea aún pendiente de superar la desigualdad y las injusticias sociales. La realización de bingos, completadas, platos únicos, rifas, actividades de las que se habló durante la discusión de la “ley Ricarte Soto”, se repite en otras áreas. Las personas y las organizaciones se ven obligadas a desarrollarlas porque de los recursos que recauden depende la salud e incluso la vida de una persona. Mientras no alcancemos niveles de igualdad de acceso, calidad de salud para todos, apoyo, protección y entrega de recursos a estas organizaciones, sería una irresponsabilidad incomprensible quitarles las pocas herramientas que tienen para defenderse y con las cuales lo único que buscan es luchar por el bien común de la sociedad. Como bancada socialista, estamos muy contentos de haber contribuido a la solución de este problema. Por lo mismo, vamos a aprobar el proyecto iniciado en mociones refundidas. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Germán Becker. El señor BECKER.- Señor Presidente, difícilmente un dictamen de Contraloría, como el N° 31.241, ha causado más revuelo en el país. En él, la Contraloría determinó que los bingos eran juegos de azar y, como tales, para realizarse, debían llevarse a efecto al interior de los casinos de juegos. Como esos bingos benéficos se llevan a cabo fuera de esos recintos, requieren de la autorización expresa del Presidente de la República o del intendente, lo cual hace prácticamente insalvable la situación, impidiendo finalmente su realización. El problema legal se produjo cuando en 2006 se promulgó la ley de casinos, que tipificó los bingos como juegos de azar. Ahora, la Contraloría, ante un requerimiento de un alcalde, corroboró ese hecho y señaló que no podían llevarse a cabo fuera de los casinos. Aclaro esto, ya que esa prohibición no es consecuencia de la iniciativa de algún parlamentario o de algún grupo de parlamentarios a quienes de manera absurda se les ocurrió de un día para otro terminar con los bingos, tal como informaron algunos medios de comunicación. ¿Quién más que nosotros conoce la importancia que revisten los bingos para las organizaciones comunitarias? En la mayoría de los casos, son actividades que van en ayuda de personas enfermas. En tales circunstancias, las juntas de vecinos se unen para ayudarlas a través de actividades que, además, hacen pasar un momento agradable a quienes participan en ellas. Todos hemos participado en bingos y sabemos que es muy importante que se sigan realizando. Es por ello que una vez conocido el contenido del dictamen de la Contraloría, la Cámara de Diputados reaccionó transversalmente y de manera muy rápida. Sobre la materia, ingresó a la Comisión de Gobierno Interior no un proyecto de ley, sino cinco de manera simultánea. En Renovación Nacional, junto con la diputada señora Paulina Núñez y el diputado señor Bernardo Berger, redactamos un proyecto que se unió a otros cuatro, presentados por la Democracia Cristiana, la UDI, el PPD y el PS, respectivamente. La solución se planteó por dos vías. Dos proyectos proponían promulgar una ley general de carácter especialísimo, que no modificaba la ley N° 19.995, de casinos. Otros dos proyectos -a ellos adherimos- perseguían agregar al artículo 5° de la ley de casinos un inciso que estableciera una excepción legal para los bingos benéficos, de modo de desafectarlos del carácter de juego de azar. Finalmente, la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización consensuó tramitar una ley general con carácter especialísimo que exceptúe de la ley N° 19.995 a los bingos benéficos como juegos de azar. Mediante esa modalidad, los bingos podrán llevarse a efecto sin ser necesaria la autorización respectiva. En consecuencia, anuncio que la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente el proyecto. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth. El señor AUTH.- Señor Presidente: “¡B-15! ¡B-15! ¡La edad de la señorita!”. Cuántos de nosotros no hemos participado alguna vez en un bingo solidario para apoyar una cantidad inverosímil y de variedad infinita de fines sociales. Por eso, me extraña que aquí se diga -sobre todo cuando son voces liberales- que el Estado debe sustituir el impulso solidario. Y la verdad es que -compartiendo lo señalado por la diputada Alejandra Sepúlveda- la solidaridad social es un valor; el bingo solidario es parte de la cultura nacional y la expresión más paradigmática de la solidaridad social. De hecho, buena parte de las políticas sociales desplegadas desde el Estado para resolver un conjunto de problemas sociales demandan la participación de la gente en tal esfuerzo, normalmente, de manera individual. Pero la gente responde, desde el fondo de su cultura, de manera colectiva. Es decir, cuando, por ejemplo, desde un comité de vivienda se pide un aporte individual, este resuelve de manera colectiva la búsqueda de los recursos. En tal sentido, uno de los instrumentos más paradigmáticos es el bingo solidario. Por consiguiente, parece una contradicción flagrante que el Estado pida, incluso exija a los ciudadanos, un esfuerzo personal y colectivo para resolver sus problemas individuales y sociales, y, al mismo tiempo, les restrinja, bloquee o les introduzca un conjunto de cortapisas para que se ejerza dicha solidaridad, con el argumento completamente falaz -y que no corresponde a la realidad- de que se trata de un hecho comercial. ¿Cómo va a ser un hecho de comercio la constitución de comisiones, en una junta de vecinos, para juntar la plata necesaria para el pavimento participativo? ¿Cómo va a ser un hecho de comercio la reunión de personas, con el concurso de grupos folclóricos, de danza, de bailes o de canto, con el objetivo de reunir dinero para comprar un remedio en París, completamente inaccesible desde el punto de vista financiero? No imagino un mundo, como el que esbozaban algunos diputados, donde esto ya no se necesite, pues es un valor que la gente se organice para resolver sus problemas; es un valor que la gente recurra a la comunidad para encontrar soluciones a sus problemas. Por eso tampoco creo en ese Estado que lo prohíba. De pronto, escucho decir a algunos diputados de la UDI que llegará el día en que ya no será necesario hacer bingos. Pues bien, reitero, no creo que el Estado pueda reemplazar ese impulso individual, y colectivo a la vez, de buscar solución a sus problemas de manera mancomunada. Creo en la necesaria autonomía. Por supuesto, el Estado tiene su responsabilidad; pero también debe ser socio de las personas, debe colaborar con las personas, y, sobre todo, debe estimular la organización colectiva de las personas, para que resuelvan sus problemas. De lo contrario, es mejor que los liberales pasen a ser estatistas radicales. La relación entre el mercado, el Estado y la sociedad -la so-cie-dad- es completamente indispensable. Por lo tanto, espero que siga habiendo bingos solidarios, aun cuando este país haya resuelto, ojalá en menos de una década, los problemas básicos relacionados con el derecho a la salud y a la educación. Imagino un mundo con más bingos solidarios, ojalá con más vinculación social, con más esfuerzo colectivo para ir en solución de sus problemas. Por eso, anuncio que vamos a apoyar la solución a este problema, generado por una decisión de la Contraloría General de la República. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar. La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, el dictamen de la Contraloría General de la República nos deja varias enseñanzas. En primer lugar, que en nuestro repertorio legislativo existen leyes bastante anacrónicas que, como Congreso Nacional, tenemos la responsabilidad de revisar. Por lo tanto, voy a enviar una solicitud a la Comisión de Régimen Interno, a los efectos de que la Biblioteca u otro estamento del Congreso Nacional estructure una unidad encargada de revisar la legislación nacional y detecte aquellas leyes anacrónicas y factibles de eliminar. Esta sugerencia nace a raíz de un artículo que leí hoy en un diario popular, donde se da cuenta de leyes vigentes y que considera ridículas, de las cuales deberíamos hacernos cargo. En segundo lugar, la reacción de varios concejales. A ellos quiero hacer un reconocimiento, por cuanto fueron los primeros en alertar sobre esta situación y manifestar su molestia por el dictamen de la Contraloría General de la República. Por consiguiente, vaya mi reconocimiento a Estrella, de Peñalolén; a Lidia, de Estación Central; a Julio, de Talca; a Héctor, de San Carlos, etcétera. Todos estuvieron muy preocupados por esta cuestión, en representación de muchos concejales que hacen la misma labor al interior de las comunidades. En tercer lugar, determinar cómo vamos a regular la presentación simultánea de proyectos en la Cámara de Diputados y en el Senado, pues resulta que tenemos un proyecto aprobado en el Senado -ayer- y otro idéntico aprobado en la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar con tal situación? Es un problema de funcionamiento del Congreso Nacional que debemos revisar, pues entrampa nuestra labor legislativa. Tuve la oportunidad de reunirme con el ministro Barraza para conversar sobre el tema en debate e informar al ministro del Interior, Jorge Burgos, que esta iniciativa, respaldada por varios parlamentarios, va en el sentido correcto, pero que, a nuestro juicio, será insuficiente, por cuanto al exceptuar los bingos de aquellos considerados juegos de azar por la ley N° 19.995, aún habría incompatibilidad de norma con un decreto supremo del Ministerio del Interior, de 1974, que autoriza esta suerte de obras benéficas, como los bingos, loterías, rifas, etcétera, siempre que sean autorizadas por el Presidente de la República o, en su defecto, por el intendente correspondiente. Por lo tanto, si el gobierno no toma los resguardos debidos respecto de ese decreto supremo, este proyecto podría verse anulado por una nueva interpretación de la Contraloría General de la República que impida que los municipios den la autorización correspondiente. Por eso, le solicitamos al Ejecutivo que modifique ese decreto supremo y permita a los alcaldes autorizar esta actividad. Si bien vamos a apoyar el proyecto de ley, quiero repetir que debemos modificar el ya mencionado decreto supremo del Ministerio del Interior, de 1974. De no hacerlo, podemos encontrarnos más adelante con los mismos problemas, lo que, por supuesto, no es la idea de los diputados. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra la diputada señorita Camila Vallejo. La señorita VALLEJO (doña Camila).- Señor Presidente, no puedo más que saludar esta iniciativa que busca dar solución a una norma injusta generada a partir de un dictamen de la Contraloría General de la República. El tema del bingo muestra dos caras. Efectivamente, tenemos problemas a nivel de Estado, a nivel de municipalidades y de instituciones del Estado que no logran hacerse cargo de las múltiples necesidades que acongojan a nuestra población de adultos mayores, de enfermos, de mujeres, de trabajadores, y que también afectan a personas que han sido víctimas de catástrofes como incendios, terremotos, etcétera. El Estado no ha sabido llegar a ellos con ayuda, ya sea por falta de recursos, por ineficiencia u otras razones. En La Florida -esto se repite a nivel nacional- casi todas las semanas se realizan bingos los días viernes y sábados, incluso algunos de manera simultánea. Son organizados por clubes de adultos mayores, por colegios, por centros de padres y apoderados, por juntas de vecinos y por comités de adelanto con el objetivo de paliar los problemas que los aquejan. Los bingos se realizan, entre muchos motivos, para ir en ayuda de un vecino al que se le incendió su casa y de adultos mayores que no pueden pagar sus tratamientos de salud, lo que da cuenta de un déficit estructural. Los bingos son la cara visible de la solidaridad, la que, muchas veces, no se ve en nuestro país, salvo en situaciones de emergencia, como tras un terremoto. Allí, el país se mueve en actos solidarios, la gente realiza trabajos voluntarios, etcétera. Por eso, debemos aplaudir y fomentar la capacidad de las comunidades para organizarse en pro de ayudar solidariamente a un vecino, a un compatriota, a un sindicato, etcétera. La comunidad espera seguir haciendo bingos para solucionar cuestiones urgentes. Sin embargo, desde mi punto de vista, no podemos validar el hecho -lo conversé con el diputado Jackson- de que se realicen bingos para solventar económicamente, por ejemplo, un tratamiento de cáncer, porque esa es una responsabilidad del Estado. Si bien se saluda y aplaude la solidaridad y la comprensión de la comunidad para ir en ayuda del prójimo, del vecino, la verdad es que corresponde hacer un llamado de atención al Estado para que se haga cargo de cuestiones que no tienen por qué solucionar los ciudadanos. El Estado, a través de la recaudación de impuestos -que pagan todos los chilenos-, cuenta con los recursos suficientes para asegurar derechos fundamentales que, en la práctica, no están siendo garantizados. Por cierto que es positivo que los vecinos, las comunidades, los sindicatos u otras entidades ayuden a otros que requieren fondos para un emprendimiento, pero otra cosa muy distinta es ver cómo las comunidades se organizan para juntar fondos para pagar la educación de sus hijos o pagar tratamientos de salud. Todos los diputados participamos constantemente en bingos y los apoyamos, porque sabemos que allí se expresa la solidaridad, pero una cosa distinta es que validemos esa instancia por no hacernos cargo de responsabilidades que el Estado de Chile debe asumir de manera urgente. Sin ninguna duda, apoyaré esta iniciativa, pero debemos ponernos de acuerdo para que no existan contradicciones con otras iniciativas paralelas. Hago un llamado al gobierno a asumir su responsabilidad. Aunque la interpretación de la Contraloría es correcta, la norma sobre la que se basa es totalmente injusta y no fue bien pensada. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio. El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, después de escuchar al diputado Auth no pude sino sentir emoción, entre otras cosas, porque parece que a él se le olvidó que cuando se aprobó la “ley Ricarte Soto” casi la mitad de los que están enfrente gritaban “¡se acabaron los bingos para financiar la salud!”. Lamento decirles que no se acabaron los bingos para financiar la salud. ¡Qué bueno que con el diputado Auth compartamos el hecho de que no tienen que acabarse los bingos! Uno de los motivos por los cuales se organizan es para solventar tratamientos de salud. Al respecto, comparto lo que señaló la diputada Camila Vallejo, en cuanto a que el rol del Estado en esa materia hoy está por debajo de lo que debería ser. Una familia no puede enfrentar los gastos ocasionados por una enfermedad catastrófica. Obviamente, allí hay un rol que debe asumir el Estado, lo cual no significa aplastar el rol de la sociedad y de la solidaridad. Por más que el Estado tenga un rol muy relevante, por ejemplo, en el tratamiento e inserción de las personas con discapacidad, ello no obsta a que siga existiendo la Teletón. Al contrario, el Estado debe aportar a la Teletón para que siga haciendo su trabajo. Esto tiene que ver con una visión del rol del Estado: maximalista, minimalista, justo, subsidiario. En ese punto, es obvio que tengo diferencias con quien me antecedió en el uso de la palabra, pero todos estamos de acuerdo en que hay que reponer la existencia de los bingos solidarios. No he leído muchos dictámenes de la Contraloría General de la República -no es algo que me cause especial emoción-, pero probablemente este es uno de los más absurdos que he visto. Faltó poco para que alguien dijera que el siguiente paso es ir a los clubes de adultos mayores a prohibir las loterías y las rifas de los huevos y de los aceites, porque también son juegos de azar. Quizá los diputados que juegan póquer en su casa debieran denunciarse porque también son juegos de azar. ¡Es completa y totalmente absurdo! De hecho, ahora que estamos próximos a celebrar en Chile la realización de la Copa América de fútbol, varios de nosotros participaremos en pollas deportivas, que también son juegos de azar. ¿Vamos a pedir a la Contraloría General de la República que se pronuncie al respecto? Hay cosas que son francamente absurdas y una de ellas es esta. Bajo un criterio maximalista de la Contraloría General de la República se asume que el único que puede permitir la realización de bingos es el Presidente de la República. En mi opinión, eso no es lo que señalaba la ley ni era su espíritu. Más allá de eso, está claro que hoy los bingos los realiza la comunidad, pero no solo para cubrir gastos de salud, sino para muchas otras necesidades. Quienes creemos en la sociedad, entendemos que la pelea de hoy y del futuro no es entre el Estado y el mercado, ni entre la persona y el Estado, sino para responder la pregunta de cómo potenciamos la sociedad. En ese aspecto, las organizaciones sociales son muy relevantes, por lo que hay que cooperarles y no ponerles más trabas. Hoy estamos rompiendo una traba que se había creado hace una semana. Hay una forma de hacer política que no comparto y que varios de los presentes tampoco comparten. Desde siempre personas acuden a las sedes parlamentarias a pedir recursos. Hace unos cuantos años algunos los entregaban, pero eso generaba una dependencia equívoca. En mi opinión, lo que debemos hacer es que cuando llega un grupo de gente que quiere, por ejemplo, organizar un club de fútbol, hay que ayudarlos a obtener su personalidad jurídica, a postular a los fondos disponibles para que ellos mismos puedan sostenerse. Así lo hago yo. Una forma de incentivarlos, de darles un pequeño empujón es precisamente a través de la realización de un bingo, porque así cooperan con su comunidad, cooperan con su barrio. Esas redes de cooperación significan un beneficio no solo en el ámbito de la salud, sino también en el ámbito de la seguridad. Creo que esto es bastante obvio, pero no lo hacemos con la suficiente fuerza, ni tampoco creemos en ellos con suficiente entusiasmo. ¡Cuántas políticas sociales se hacen desde Santiago sin saber cuál es la realidad práctica! Por eso, hay que darles más poder a las comunidades y organizaciones locales. Las organizaciones deportivas también se financian a través de bingos; lo mismo sucede con Bomberos. ¿Es un problema hacerlo? Es exactamente al contrario. La solidaridad no puede ser reemplazada por la acción del Estado, ya que, por esencia, es una acción humana, benéfica, pública. Voy a votar a favor la iniciativa y felicito la rapidez con que hemos actuado los parlamentarios frente a un tema de urgencia social. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, valoro este proyecto de ley, que surgió luego de la consulta que el concejal democratacristiano de la comuna de El Quisco, señor José Jofré, efectuó ante la Contraloría General de la República, la cual respondió que los municipios no se encuentran facultados para organizar ni autorizar bingos, ni aun cuando estos tengan fines benéficos, aplicando la ley de casinos a actividades que son esencialmente solidarias y benéficas. Esto ha dado pie para que la Cámara de Diputados rápidamente haya reaccionado sobre el particular. La iniciativa viene a poner las cosas en su lugar, a fin de que las juntas de vecinos, centros de padres y apoderados, centros de alumnos, sindicatos, comités de adelanto, comités de vivienda y de agua potable rural, centros de madres, clubes deportivos e, incluso, municipios -sus funcionarios también organizan este tipo de eventos para recaudar fondos-, puedan llevar a cabo bingos por el solo ministerio de la ley, sin pedir autorización -como señaló la Contraloría- a la Presidenta de la República o a los intendentes. Simplemente, no se requerirá autorización, puesto que no serán considerados juegos de azar, es decir, juegos donde prevalece la suerte y no la destreza o la habilidad de los jugadores. Está clara la interpretación del legislador. En el intervalo, dadas las consultas de las organizaciones sociales respecto de la realización de los próximos bingos, se ha sugerido que los denominen “binguitos”, porque ese nombre no está en el catálogo de juegos de azar. Así, nadie los va a fiscalizar ni sancionar. La idea es dar tranquilidad a las organizaciones sociales e institucionalizar la solidaridad. Felicito a la Cámara de Diputados por la rapidez que ha dado al tratamiento de esta iniciativa. Espero que actuemos con la misma celeridad en relación con otros proyectos tan trascendentales como este. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se ha cumplido el tiempo del Orden del Día. Quiero dejar constancia de que por falta de tiempo no pudieron hacer uso de la palabra los diputados señores Gustavo Hasbún, Ignacio Urrutia, la diputada señora Claudia Nogueira, los diputados señores Javier Hernández, Javier Macaya, Celso Morales, Fuad Chahin, Juan Morano, Patricio Vallespín, Sergio Ojeda, la diputada señora Jenny Álvarez, los diputados señores Raúl Saldívar, Diego Paulsen, Rodrigo González, Felipe Letelier, Enrique Jaramillo, Giorgio Jackson y Pedro Browne. Las diputadas y diputados que así lo estimen pertinente pueden insertar sus discursos. Cerrado el debate. -En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluyen las siguientes intervenciones no pronunciadas en la Sala y que cumplen con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario: El señor GAHONA.- Señor Presidente, si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico establece la general prohibición de los juegos de azar, salvo las excepciones contempladas en la ley general de casinos, en determinados casos, a partir de su finalidad altruista o comunitaria, deben ser vistos como un elemento que no debiera revestir reprochabilidad ni social ni jurídica. Los bingos son una costumbre ya cimentada en nuestro pueblo. Estos son organizados por diversas agrupaciones comunitarias o sociales para satisfacer una necesidad colectiva o individual, particularmente para recaudar fondos para la construcción de un sede social, o cubrir los gastos médicos de alguna enfermedad, o ejecutar algún proyecto social o individual de un miembro de la comunidad, entre otras tantas obras beneficiosas desde el punto de vista social. En este contexto, me parece, señor Presidente, que las referidas reuniones o fiestas, en las que muchos de los diputados presentes participamos con mucho entusiasmo, constituyen instancias, oportunidades de encuentro fraterno entre chilenos, entre miembros de un mismo barrio, entre personas que adhieren a una causa común, manifestándose en ellas nuestro claro espíritu solidario y democrático que nos distingue en el mundo entero y respecto del cual debemos sentirnos orgullosos. Toda acción que restrinja tales prácticas, sustentadas desde siempre y que forman parte de la chilenidad, sin lugar a dudas carece de todo sentido social, por muy justificada que sea, por lo cual debemos, como autoridades que representamos a chilenos, manifestarnos en contra con toda claridad. La resolución emanada por la Contraloría, que restringe autorizar esta clase de encuentros a partir de la idea de que en ellos se practican juegos de azar, constituye un criterio claramente incompatible con lo que ha sido nuestra historia comunal. En esta línea, señor Presidente, es necesario distinguir aquellos juegos de azar ilegales, destinados solo a ganar dinero, generando su práctica habitual un caldo de cultivo para males tan dañinos para la sociedad como la ludopatía u otras anomalías de conducta, de aquellos juegos establecidos en un contexto colectivo, comunitario, altruista como los bingos, rifas o loterías, tan arraigados en la cultura chilena. Evidentemente su restricción, siguiendo el criterio de la Contraloría, afectaría a juntas de vecinos, cuerpos de Bomberos, fundaciones y otras entidades cuya única fuente de ingreso emana de encuentros destinados a reunir fondos. No queremos que se implemente esa restricción; queremos un Chile que promueva el encuentro entre sus conciudadanos de forma sana, participativa; queremos que la comunidad se integre de un modo vital y no se haga parte del individualismo y la mezquindad. Por las razones expuestas, votaré favorablemente la iniciativa. Felicito a esta Corporación por haber reaccionado con agilidad y transversalidad, particularmente a mis colegas y compañeros de la UDI, quienes han hecho esfuerzos para que esta normativa pronto se convierta en ley de la república. He dicho. El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos analizando obedece a una razonable reacción de nuestro Parlamento en torno a una resolución que, más allá de sus fundamentos jurídicos, va en contra de lo que ha sido una tradición chilena, arraigada en nuestras ciudades y campos, constituida por el encuentro sincero, solidario, comunitario de las personas que se unen a efectos de lograr un objetivo común. En este sentido, señor Presidente, el hecho de que en tales reuniones se juegue al bingo, a la lotería o se efectúen rifas, no debe constituir per se un acto ilegal, tal como lo plantea la Contraloría. Si pensamos que la ley de casinos se estableció para regular una actividad que en principio es ilícita a partir de las perniciosas consecuencias que el juego genera en la sociedad, las reuniones comunitarias destinadas a fines benéficos sencillamente escapan de ese criterio, por varias razones. En primer lugar, los bingos, rifas, loterías y todo otro juego de azar efectuado en el contexto de reuniones sociales autorizadas por los organismos competentes y promovidos por organizaciones comunitarias, constituyen eventos ocasionales y no poseen el rasgo de habitual, que sí es característico de los casinos de juegos regulados por ley. En segundo lugar, su finalidad es clara. No se trata de encuentros destinados a promover juegos de azar, sino que se encuentran inspirados en fines plenamente legítimos, e incluso apreciados socialmente, como son las obras de beneficencia. Cabe señalar que tales actividades, en muchos casos, constituyen la única forma de financiamiento de entidades destinadas a hacer caridad o cuya función es indispensable para la sociedad, como ocurre en el caso de Bomberos. Señor Presidente, la zona que represento se encuentra habitada por gente de esfuerzo, solidaria y empática con el sufrimiento ajeno. Recientemente hemos sido testigos y víctimas de fuertes temporales que han dejado a muchos de nuestros electores y vecinos en precarias condiciones, por lo que requieren de apoyo y ayuda. Los primeros que acuden a prestar auxilio son los vecinos, quienes organizan reuniones y fiestas donde se rifan productos o se juega a la lotería o al bingo. Señor Presidente, criterios como el adoptado por la Contraloría no pueden perdurar en el tiempo. Por tal razón, votaré entusiasta y favorablemente la iniciativa, la que espero que pronto sea ley de la república. He dicho. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos: El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que regula la realización de bingos y otras actividades similares con fines de beneficencia. Hago presente a la Sala que el artículo único de la iniciativa trata materias propias de ley simple o común. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Macaya Danús Javier; Melo Contreras Daniel; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saldívar Auger Raúl; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Verdugo Soto Germán. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular. Despachado el proyecto. VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN EXIGENCIAS PARA DICTACIÓN DE CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- En el tiempo destinado a los proyectos de acuerdo y de resolución, el señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 308. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución N° 308, suscrito por los diputados señores Germán Verdugo, Mario Venegas, Alejandro Santana, Jorge Rathgeb, Leopoldo Pérez, Rodrigo González, René Saffirio, Bernardo Berger y Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, en cuya parte dispositiva se señala: La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, que, en uso de sus atribuciones constitucionales y atendidas las materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, instruya al ministro de Educación, señor Nicolás Eyzaguirre, para que estudie el pronto envío a este Congreso Nacional de un proyecto de ley que subsane un vacío legal, estableciendo que los únicos facultados para impartir clases de educación física son los estudiantes, en calidad de practicantes; los docentes que cuenten con la mención o los titulados de la carrera de pedagogía en educación física, tanto en la enseñanza básica como en la media. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Germán Verdugo. El señor VERDUGO.- Señor Presidente, en la actualidad la asignatura de educación física presenta un vacío legal. Si bien los programas de estudio se encuentran establecidos, no se consagra de manera obligatoria, exclusiva y excluyente que los únicos facultados para impartir clases de dicha asignatura son los estudiantes, en calidad de practicantes, o los titulados de la carrera de pedagogía en educación física, tanto en la enseñanza básica como en la media. Sin considerar el caso particular de las localidades rurales, existen profesores que no son docentes de educación física, sino de otra especialidad, que imparten dicha asignatura. Subsanar ese vacío legal resulta del todo necesario e indispensable, ya que quienes imparten la asignatura deben ser única y exclusivamente aquellos docentes especializados en la materia, por varias razones. En primer lugar, se trata de quienes están mejor preparados para ello y saben cómo reaccionar frente a eventuales emergencias que puedan producirse en el desarrollo de la clase de educación física. En segundo lugar, al entregar clases de educación física a docentes no especializados en esa enseñanza se les está quitando la fuente laboral a quienes sí se prepararon para impartir tal asignatura. En tercer lugar, en nuestro país existe un alto porcentaje de obesidad infantil y sedentarismo. De acuerdo a información entregada por el Ministerio de Salud, el 40 por ciento de los niños y niñas menores de seis años sufre obesidad o sobrepeso. Así las cosas, los niños, niñas y adolescentes requieren de un entrenamiento acorde a su edad y con especial atención a las cualidades o eventuales complicaciones que puedan llegar a padecer. Las clases de educación física que se imparten en los establecimientos educacionales constituyen el primer acercamiento de los niños y niñas al deporte. En razón de ello deben ser consideradas con mayor detenimiento. Como ha quedado dicho, los niños y jóvenes con algún grado de obesidad o sobrepeso requieren de un entrenamiento especial, acorde a su edad y con especial consideración a sus problemas de salud. Es necesario agregar que resulta indispensable que el profesor de la asignatura tenga una relación directa y personalizada tanto con los alumnos como con los padres y/o apoderados, a fin de lograr un mayor entendimiento respecto de la importancia de la alimentación que se les proporciona en casa. La visión a nivel país debe apuntar a tener una población más sana, por lo que resulta fundamental fortalecer la base del deporte, la que se encuentra en las clases de educación física que se imparten en los establecimientos educacionales. Por lo anteriormente expuesto, consideramos que debe existir una reglamentación a fin de hacer obligatorio que quienes impartan las clases de educación física sean docentes del área, tanto en la enseñanza básica como en la media. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Felipe Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, valoro enormemente esta iniciativa. En esta Corporación hemos hablado en varias ocasiones sobre el particular, por lo que llegó la hora de preocuparnos por una situación que siempre ha sido opcional. En ese sentido, el exministro de Educación señor Joaquín Lavín propuso que la clase de educación física se impartiera tres veces a la semana, pero nos encontramos con los dramas que acaba de señalar el diputado Verdugo. Es por ello que hay que respaldar esta iniciativa. De nada sirve que haya profesores de educación física si, finalmente, quienes dictan dicha clase son, como dijo mi colega, profesores de otras especialidades. No hemos dado la importancia que este tema se merece, pues tiene que ver con la salud. Se ha hablado de que la comida chatarra y el sedentarismo están en aumento. Por ello, debemos poner atajo a esa situación. Valoro y voy a respaldar el proyecto de resolución. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de resolución. Ofrezco la palabra. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos: El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar el proyecto de resolución N° 308. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Macaya Danús Javier; Melo Contreras Daniel; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Verdugo Soto Germán. IMPLEMENTACIÓN DE REMUNERACIÓN A PRÁCTICAS PROFESIONALES EN CORPORACIONES DE ASISTENCIA JUDICIAL El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución Nº 309, suscrito por la diputada señora Marcela Hernando; los diputados señores José Pérez y Gabriel Silber; las diputadas señoras Paulina Núñez y Loreto Carvajal, y los diputados señores Marcos Espinosa, Vlado Mirosevic, Carlos Abel Jarpa, Sergio Gahona y Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, en cuya parte dispositiva señala: La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que en uso de sus facultades pueda generar las normas que implementen una remuneración mensual a los estudiantes y egresados de la carrera de derecho que se encuentren realizando su práctica profesional para obtener el título de abogado en las Corporaciones de Asistencia Judicial u otro organismo del Estado centralizado o descentralizado. Así también, extender a los postulantes un seguro laboral que los proteja en caso de accidentes. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada señora Marcela Hernando. La señora HERNANDO (doña Marcela).- Señor Presidente, en el país existen corporaciones de asistencia judicial en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, del Biobío y de Valparaíso. Son instituciones que tienen como misión entregar asistencia en temas jurídicos a personas que no tienen los medios para costear un abogado. Con ello se da cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 19, Nº 3°, de nuestra Constitución. Los estudiantes de derecho que hacen su práctica profesional en dichas corporaciones no perciben ninguna remuneración durante seis meses. Además, no cuentan con ningún seguro que los cubra en caso de accidentes. Si bien la labor que realizan los postulantes es necesaria y loable, existe una realidad preocupante respecto de quienes tienen que trabajar y estudiar para mantenerse, ya que deben dedicar la totalidad de su tiempo en forma exclusiva a la práctica. Solo en la Región Metropolitana se asignan anualmente más de 2.000 prácticas profesionales. Los estudiantes y egresados de la carrera de derecho asumen esa obligación para optar al título de abogado, otorgado por la excelentísima Corte Suprema, tal como lo dispone el artículo 523, Nº 5, del Código Orgánico de Tribunales, la cual se amplió también a la Defensoría Penal Pública y al Ministerio Público. Por ello, le solicitamos a la Presidenta Michelle Bachelet la creación de un mecanismo para que los estudiantes y egresados de la carrera de derecho que se encuentren realizando su práctica en las corporaciones de asistencia judicial u otros organismos del Estado, reciban una remuneración mensual y, además, cuenten con un seguro laboral que los proteja en caso de accidente. He dicho -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de resolución. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para impugnarlo. Ofrezco la palabra. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos: El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar el proyecto de resolución N° 309. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 9 abstenciones. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Macaya Danús Javier; Melo Contreras Daniel; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Verdugo Soto Germán. -Se abstuvieron los diputados señores: Boric Font Gabriel; Chávez Velásquez Marcelo; Espejo Yaksic Sergio; Kast Rist José Antonio; Pilowsky Greene Jaime; Rocafull López Luis; Saldívar Auger Raúl; Urízar Muñoz Christian; Vallespín López Patricio. MODIFICACIÓN DE ATRIBUCIONES DE DIRECTOR NACIONAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución Nº 310, de los diputados señores Claudio Arriagada, René Saffirio, Aldo Cornejo, Sergio Espejo, Jaime Bellolio y Giorgio Jackson; de la diputada señora Cristina Girardi, y de los diputados señores Daniel Melo, Vlado Mirosevic y Leonardo Soto, cuya parte dispositiva señala: La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República el envío, a la brevedad, de un proyecto de ley que modifique especialmente las atribuciones del director nacional del Servicio de Impuestos Internos en relación con la discrecionalidad que pueda tener este en la decisión de denunciar o querellarse contra los infractores de las leyes tributarias. En este sentido, en el proyecto que solicitamos enviar el director nacional del Servicio de Impuestos Internos deberá estar obligado a denunciar o querellarse, con concurso del Consejo de Defensa del Estado de ser necesario, contra todos aquellos contribuyentes respecto de los cuales se presuma que hayan cometido delitos contemplados en el Código Tributario u otros cuerpos legales. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada. El señor ARRIAGADA.- Señor Presidente, este proyecto de resolución puede parecer extemporáneo, dados su fecha de presentación y su tratamiento hoy en la Sala. Su finalidad es regular la discrecionalidad de la autoridad máxima del Servicio de Impuestos Internos ante la eventual comisión de delitos, para que tenga la obligación de reaccionar en un tiempo preciso en cuanto a la denuncia. Debo manifestar que este proyecto surge con mucha anticipación, atendidos los hechos ocurridos que se han ido conociendo en forma posterior a su presentación. Las autoridades tienen un margen de discrecionalidad; sin embargo, tratándose de las facultades del Servicio de Impuestos Internos, no puede ser -ello se corrobora sobre todo con los últimos hechos que ha conocido el país- que respecto de su autoridad máxima dicho margen sea tan amplio que la lleve a sentirse con la atribución de postergar la denuncia de eventuales acciones constitutivas de delito. Esa es la razón fundamental de la presentación del proyecto de resolución que nos ocupa. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, no creo que el proyecto de resolución que debatimos sea extemporáneo, sino una gran idea que, de hecho, ya se ha materializado en proyectos de ley que hemos conocido. Se hace necesario discutir seriamente sobre esta facultad discrecional que tiene el Servicio de Impuestos Internos, por cuanto es el único órgano del Estado con legitimación activa para interponer querellas o denuncias por delitos tributarios. La idea planteada en este proyecto es muy buena, en cuanto a que también el Consejo de Defensa del Estado tenga dicha potestad, y me parece necesario pedirle a la Presidenta de la República que nos haga llegar una iniciativa de ley en tal sentido. En este caso, la exclusividad de la legitimación activa en el Servicio de Impuestos Internos ha demostrado ser ineficaz; por tanto, considero fundamental que esta se otorgue también a otras instancias. Así, reitero que extender la referida facultad al Consejo de Defensa del Estado es una magnífica idea, y, por ende, la respaldo. Espero que en algún momento el Congreso Nacional pueda discutirla. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Para impugnar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade. El señor ANDRADE.- Señor Presidente, quiero hablar en contra de este proyecto, porque lo encuentro completamente insuficiente. O sea, si la idea de sus autores es terminar con la discrecionalidad del Servicio de Impuestos Internos estableciéndole la obligación de requerir el pronunciamiento de los tribunales en materia de delitos tributarios, no entiendo por qué no hacen de esto una acción pública, de modo que cualquier ciudadano pueda realizarla. En consecuencia, reitero, considero que la medida es completamente insuficiente. Si lo que queremos es que se pesquisen adecuadamente delitos de esa naturaleza, ¿por qué entregar dicha facultad solo a un órgano formal? ¿Por qué no puede ser una potestad que tengamos todos los ciudadanos? Por eso -insisto-, considero insuficiente el proyecto, y, desde ese punto de vista, casi inconducente. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de resolución. Ofrezco la palabra. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos: El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar el proyecto de resolución N° 310. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 20 votos. Hubo 13 abstenciones. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Bellolio Avaria Jaime; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Cornejo González Aldo; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Fernández Allende Maya; Fuentes Castillo Iván; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernando Pérez Marcela; Jackson Drago Giorgio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Lemus Aracena Luis; Melo Contreras Daniel; Mirosevic Verdugo Vlado; Núñez Arancibia Daniel; Ojeda Uribe Sergio; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Coloma Alamos Juan Antonio; Farcas Guendelman Daniel; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Molina Oliva Andrea; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Urrutia Paulina; Ortiz Novoa José Miguel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo. -Se abstuvieron los diputados señores: Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Flores García Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Rincón González Ricardo; Sabat Fernández Marcela; Saldívar Auger Raúl; Silber Romo Gabriel; Verdugo Soto Germán. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx VII. INCIDENTES INFORMACIÓN SOBRE DIFERENCIA EN PAGO DE PENSIÓN DE RETIRO A EXSUBOFICIAL DE CARABINEROS DE CHILE (OFICIOS) El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- En Incidentes, el primer turno le corresponde al Comité Radical Social Demócrata. Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro del Interior, al ministro de Defensa Nacional y a la ministra del Trabajo y Previsión Social para que me informen respecto de una solicitud que me hizo un exsuboficial de Carabineros. Hace bastante tiempo, el exfuncionario sufrió un accidente en actos del servicio y, de acuerdo con la clasificación de invalidez hecha por la institución, se acogió a retiro, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la ley N° 18.961. Lo cierto es que a ese exsuboficial se le está pagando su pensión como cabo 2°. Sin embargo, la citada ley es bastante clara al respecto y al funcionario en retiro se le debería pagar una pensión equivalente al sueldo, asignación y bonificaciones de que gozan sus similares de igual grado y años de servicios en actividad, que en este caso corresponde al grado de suboficial mayor. Al respecto, quiero que los ministerios mencionados me informen por qué al solicitante no se le paga lo que le corresponde, según la disposición legal citada sobre el personal de Carabineros que sufre invalidez como consecuencia de su desempeño en actos del servicio. Por último, en la Secretaría dejaré copia de los documentos que avalan lo que planteo. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se enviarán los solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Yasna Provoste y Alejandra Sepúlveda, y de los diputados señores José Miguel Ortiz, Javier Hernández, Sergio Espejo, Vlado Mirosevic, Jaime Pilowsky, Rodrigo González y Roberto Poblete. PERMANENCIA DE FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE SALUD EN REGIÓN DE ATACAMA (OFICIO) El señor ROBLES.- Por otro lado, solicito que se oficie a la ministra de Salud, en primer lugar, para agradecerle su permanente presencia en la Región de Atacama, pues ha estado prácticamente todas las semanas en la zona evaluando en terreno la tragedia que ha significado la catástrofe climática que sufrimos en gran parte de la zona. En segundo término, para pedirle a la personera que, dado que viene el invierno, y hay problemas de polución por material particulado en la región, disponga la presencia permanente de un funcionario del Ministerio de Salud del nivel central para que vaya evaluando y coordinando las acciones que allá se requieren y fiscalice su posterior cumplimiento. Esto, porque hay muchos aspectos que dicha cartera requiere controlar, que es lo que justifica el constante arribo de empleados a la zona. Ante ello, parece ser más lógico que, en vez de que se realicen tantos viajes, se nombre un delegado permanente del ministerio en la Región de Atacama con el objeto de facilitar el trabajo que esa secretaría está realizando en terreno. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Yasna Provoste y Alejandra Sepúlveda, y de los diputados señores José Miguel Ortiz, Javier Hernández, Sergio Espejo, Vlado Mirosevic, Jaime Pilowsky, Rodrigo González y Roberto Poblete. APOYO A LABOR DE CARABINEROS DE CHILE ANTE CUESTIONAMIENTOS DE GOBIERNO (OFICIOS) El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Javier Hernández. El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, solicito que se envíe al señor ministro del Interior y al general director de Carabineros copia de la intervención que enseguida voy a hacer. Considero un deber manifestar mi total apoyo al abnegado trabajo que realiza Carabineros de Chile a lo largo y ancho de nuestro país, no solo en las grandes ciudades, sino también en los más recónditos y alejados lugares de nuestro territorio. Encuentro, por decirlo de una manera suave, impresentables los cuestionamientos y el insólito ultimátum que ha recibido la institución por parte del gobierno para que entregue los resultados de una investigación sobre un lamentable suceso ocurrido en Valparaíso. En este sentido, las señales que ha dado el Ejecutivo por medio de la Subsecretaría del Interior solo contribuyen a debilitar el accionar de Carabineros, hecho que ha sido recurrente en los gobiernos encabezados por la Presidenta Bachelet. Junto con otros colegas parlamentarios desplegué un lienzo que decía: “No más abusos a Carabineros”. Lo hice, porque estoy convencido de que, a raíz de un caso puntual, que todos lamentamos, se busca generar un clima en el que el propio gobierno aparezca condenando públicamente a Carabineros, en circunstancias de que dicha entidad da todos los días sobradas muestras de profesionalismo en su accionar a lo largo de todo el país. Resulta a lo menos paradójico que el gobierno, que hoy marca 66 por ciento de desaprobación en las encuestas, emplace a la institución que concita más apoyo y respeto entre los chilenos en todas las encuestas: Carabineros de Chile. Lo que todos debemos hacer aquí es respaldar al órgano encargado de mantener el orden y la seguridad pública en nuestras calles y no dar señales que debilitan su trabajo y que solo alientan a actuar con mayor libertad a violentistas, encapuchados y delincuentes habituales. Por algo el gobierno tiene pésima evaluación en el tema de la delincuencia, al igual que en todas las áreas que realmente le importan al común de los ciudadanos. Como parlamentario, estoy disponible para apoyar cualquier proyecto de ley que vaya en el camino de fortalecer la labor que realiza la policía uniformada. Sin embargo, hasta el momento, en el Congreso Nacional no se ha escuchado ni una sola palabra del gobierno que apunte en esa dirección, y, más encima, ahora se dedica a cuestionar y a dar ultimátums públicos a Carabineros de Chile, dando -reitero-, una vez más, señales equivocadas a la opinión pública, la que, no me cabe duda, mayoritariamente no está de acuerdo con una actitud oportunista e irresponsable. Con la seguridad de todos los habitantes no se juega, y menos el gobierno, el que no debe actuar casi promoviendo la violencia y el caos. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. EFECTIVIDAD DE MEDICIÓN DE ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE DE RANCAGUA Y FACTIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE NUEVAS ESTACIONES EN REGIÓN DE O´HIGGINS (OFICIOS) El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Javier Macaya. El señor MACAYA.- Señor Presidente, como es de conocimiento público, hoy la contaminación no es un fenómeno presente solo en la Región Metropolitana o en las grandes urbes, pues, día a día, año a año, nos vamos encontrando con un importante incremento en sus índices en zonas rurales que no necesariamente se encuentran tan cerca de las ciudades. Desde esa perspectiva, es muy importante contar no solo con los mecanismos adecuados para producir energía limpia y para prevenir acciones que contaminen, como las quemas ilegales, sino también con los instrumentos apropiados para medir los índices de contaminación. En ese sentido, quiero referirme a lo que ocurre en la Región de O´Higgins, particularmente en el distrito que represento. En la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins se diseñó un plan de descontaminación, que hoy está vigente, el cual tiene por objeto justamente reducir los índices de contaminación y certificar en forma adecuada los datos sobre concentraciones de material particulado en el aire tanto MP 10 como MP 2,5, correspondientes a las diecisiete comunas que fueron declaradas como zonas saturadas. Ello se monitorea todos los días en la estación ubicada al efecto en Rancagua, la capital regional. Por lo expuesto, solicito oficiar al ministro del Medio Ambiente y, particularmente, a la intendenta de la Región de O´Higgins para que me informen qué efectividad tienen los referidos datos cuando las mediciones se centralizan en la capital regional, cuando es Rancagua el lugar donde se mide lo que corresponde a San Fernando, a San Vicente de Tagua Tagua, a Peumo. En este sentido, quiero saber además si es efectivo que la única estación de monitoreo empleada para tal finalidad es la existente en Rancagua. Asimismo, pido que se evalúe la factibilidad de contar con más estaciones de monitoreo de la calidad del aire en la región con el objeto de descentralizar la medición, pues para muchos de sus habitantes la contaminación hoy es un problema real. Al respecto, es importante que se evalúe también la adquisición de equipos de monitoreo adicionales al actualmente existente en Rancagua, a fin de poder tener una medición objetiva de los índices de contaminación en las distintas comunas de la Región de O´Higgins. En particular, me interesa que se instale una estación de monitoreo en San Fernando, que eventualmente podría ser muy estratégica para medir los índices de contaminación del aire en otros lugares. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. FACTIBILIDAD DE AUMENTO DE DOTACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE EN COMUNA DE PICHIDEGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS (OFICIOS) El señor MACAYA.- En segundo lugar, solicito que se oficie al ministro del Interior y al general director de Carabineros para que evalúen la factibilidad de aumentar la dotación policial en la comuna de Pichidegua. La semana pasada, tuve una reunión en dicha comuna con el jefe de la tenencia de Pichidegua -un suboficial mayor-, quien me hizo ver, sin que yo le hiciera el requerimiento directo, que siempre el recurso humano es escaso. Considerando que hoy Pichidegua es una comuna que, probablemente debido a los índices de denuncias, no cumple todavía con los requisitos para que se implemente el plan cuadrante -ello, a diferencia de otras comunas vecinas, como San Vicente de Tagua Tagua, Las Cabras, San Fernando y Chimbarongo, que sí tienen en funcionamiento el referido plan-, quiero saber si existe la posibilidad de aumentar allí la dotación de carabineros. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS ENTREGADOS A DIRECCIÓN REGIONAL DE VALPARAÍSO DEL SERVICIO NACIONAL DE TURISMO EN 2013 Y 2014 (OFICIOS) El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina. La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente, en los últimos meses me ha llamado poderosamente la atención el silencio absoluto que embarga a la Región de Valparaíso frente las irregularidades denunciadas en relación con el programa “Reencántate con Quintero y Puchuncaví”. Hemos tenido acceso a cada una de las órdenes de compra por actividades que se hicieron en la zona durante los meses de enero y febrero; y no solo eso, obtuvimos información de los municipios y de la misma comunidad, que nos aportó antecedentes tremendamente importantes. Por ejemplo, el arriendo de un container para la triatlón de Quintero efectuada el 1 de de febrero de 2015. En el mercado local cuesta mensualmente 150.000 pesos; sin embargo, en las órdenes de compra de La Bendita Productora figura por un valor de 3.120.500 pesos. Si se trató de un arriendo, entonces estamos hablando de un precio absolutamente inflado; si se trató de una compra, nos enfrentamos a algo aún más irregular, porque la Dirección Regional de Valparaíso de Sernatur no puede adquirir un elemento con platas del gobierno regional. No se trató de una actividad de beneficencia, ni mucho menos para que privados obtuvieran ganancias. Más grave aún, por ejemplo, en la “Noche Veneciana”, la misma productora incluyó un ítem de arriendo de cinco lanchas a los pescadores de las caletas El Manzano y El Embarcadero, de Quintero, por un monto de 9.520.000 pesos. Pues bien, hablamos con los pescadores de ambas caletas, quienes desconocieron dichos arriendos; además, declararon que solo les cobraron 2.500 pesos a las personas que quisieron hacer un paseo en lancha. Así, hemos recabado mucha información en la que aparecen graves irregularidades. El silencio se ha instalado incluso en los medios de comunicación, lo que nos parece tremendamente peligroso y extraño. Por eso, nos reunimos con el contralor regional de Valparaíso, señor Víctor Hugo Merino, quien también está investigando todo lo que he señalado. Por otro lado, Quintero y Puchuncaví son zonas de sacrificio donde necesitamos una inversión seria por parte del Estado. No podemos seguir con este tipo de situaciones anómalas, en las que cuando se quiere ayudar finalmente son los privados quienes se llevan la plata y no la gente que lo está pasando mal. Por ello, solicito el envío de varios oficios: Al director nacional del Sernatur, para que informe sobre la cantidad de recursos que el nivel central del servicio le otorgó a Dirección Regional de Valparaíso en 2013 y 2014, y los programas en que esos dineros se invirtieron; al Gobierno Regional de Valparaíso, a fin de que me señale los recursos entregados a la Dirección Regional de Valparaíso del Sernatur durante 2013 y 2014, y el detalle de los proyectos a los que se les aprobaron tales dineros; por último, al intendente de Valparaíso, con el objeto de que me informe en detalle sobre los gastos realizados por concepto de publicidad en los medios de comunicación locales y regionales en lo que va corrido de 2015. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE NÚMERO DE CIRUGÍAS RETRASADAS POR PAROS DE FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD (OFICIO) La señora MOLINA (doña Andrea).- Por otra parte, quiero referirme brevemente a un tema muy sensible en salud: los paros de la Fenats, que han significado el atraso de 2.500 cirugías. Si ello es efectivo, entonces solicito que se oficie a la ministra de Salud para que nos informe cuántas cirugías se han atrasado por los once paros realizados por la Fenats en los últimos catorce meses. Entendemos a los gremios; entendemos que tengan derecho a luchar por mejores condiciones. Asimismo, nos damos cuenta de que en esta materia, la gestión y las posibilidades de que se den soluciones por parte de este gobierno al parecer no han sido las adecuadas, porque, si no, no estaríamos con paros todas las semanas. Pero también nos ponemos de parte de aquellos que sufren las consecuencias en todos los lugares donde se llevan a cabo estos paros: los ciudadanos que hoy están a la espera de soluciones concretas. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. PRONUNCIAMIENTO DE AUTORIDAD MEDIOAMBIENTAL SOBRE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN COMUNAS DE PUCHUNCAVÍ Y DE QUINTERO DURANTE 2015 (OFICIO) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia. El señor URRUTIA (don Osvaldo).- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier, con el objeto de que informe a la Corporación acerca de lo que señalaré a continuación: En el mensaje presidencial del 21 de Mayo, la Presidenta de la República anunció la dictación de planes de descontaminación atmosférica que beneficiarán a las comunas de Andacollo, de Temuco, de Padre Las Casas y, prontamente, de Osorno, de Talca, de Maule, de Chillán, de Chillán Viejo y de Coyhaique. Por otra parte, señaló que las mayores exigencias ambientales de 2014, a través de medidas como la declaración de zona saturada, permitieron aumentar significativamente las medidas de prevención para la Región Metropolitana y la comuna de Valdivia, evitando así más de 25.000 atenciones de urgencia por enfermedades respiratorias. De acuerdo con lo señalado en el mensaje presidencial, a esta estrategia se sumarán en el 2015 Los Ángeles, Concón, Concepción, Quintero y Puchuncaví. Debido a esos anuncios, quiero referirme brevemente a la situación de Ventanas, localidad perteneciente a la comuna de Puchuncaví, que exhibe altos índices de contaminación debido a la presencia de un complejo industrial de fundición de cobre perteneciente al Estado y de centrales termoeléctricas con funcionamiento a carbón. La alarmante situación de contaminación en esa zona es por todos conocida. Basta con recordar la intoxicación con plomo sufrida por niños en la escuela La Greda a causa de una nube tóxica emanada de la fundición de la Corporación Chilena del Cobre, Codelco. En 1992 se dictó el decreto supremo Nº 185, del Ministerio de Minería, el cual establecía, en su artículo 4º transitorio, la obligación para la Empresa Nacional de Minería (actualmente Codelco) y Chilgener de instalar una red de monitoreo permanente de la calidad del aire y, además, de presentar un plan de descontaminación antes del 31 de julio de ese mismo año. La elaboración del plan de descontaminación fue llevado a cabo por la propia empresa, sin intervención de la autoridad, salvo en lo que respecta a su aprobación. Como podemos advertir, la situación fue regulada con anterioridad a la fecha de dictación de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, de 1994. Posteriormente, transcurridos veinte años desde la dictación del plan, este fue actualizado, lo que deja en evidencia que las normas en cuestión se alejan de los estándares que establecen la citada ley y su reglamento, el decreto Nº 39, que regula la dictación de Planes de Prevención y de Descontaminación, puesto que, como mencioné, la situación de Ventanas precede a dichos cuerpos normativos. Conforme a lo expuesto y debido a la necesidad de reformular y actualizar el referido plan, considerando todos los factores contaminantes de la zona, solicito al ministro del Medio Ambiente que se pronuncie sobre las medidas concretas de prevención u otras que, de acuerdo con el mensaje presidencial del 21 de Mayo, se implementarán en Puchuncaví y Quintero durante el 2015. Asimismo, que el titular de esa cartera tenga a bien informarme si dentro de las acciones en materia de protección ambiental del gobierno se considera la actualización del citado plan de descontaminación, conforme a las normas contenidas en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y el reglamento respectivo. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE CONSULTA INDÍGENA RELATIVA A REFORMA DEL CÓDIGO DE AGUAS (OFICIOS) El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- En el turno del Comité Independiente, tiene la palabra el diputado señor Vlado Mirosevic. El señor MIROSEVIC.- Señor Presidente, en primer lugar, solicito oficiar al ministro de Desarrollo Social y al director de la Conadi a propósito de nuestra participación en el Encuentro sobre Derechos de Agua y Pueblos Originarios que se realizó la semana pasada. Si bien Chile suscribió el Convenio Nº 169 de la OIT, la verdad es que no está dando cumplimiento a la obligación de la consulta indígena en un tema muy relevante como es la reforma del Código de Aguas. Por lo tanto, quiero que ambas autoridades me informen sobre el procedimiento que se establecerá para los efectos de hacer una consulta a los pueblos originarios sobre esa reforma tan importante para aquellas comunidades, a las que en otras leyes, por ejemplo, en la ley indígena, se les reconocen sus derechos ancestrales de agua. Espero, entonces, un pronunciamiento del gobierno sobre el particular. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. REFLEXIONES CON MOTIVO DE FERIADO DE 7 DE JUNIO EN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA El señor MIROSEVIC.- En segundo término, este domingo la ciudad de Arica celebrará su feriado regional del 7 de junio, que recuerda el asalto y toma del Morro de Arica. La verdad es que los ariqueños nos sentimos muy chilenos, pero creemos que esta es una especie de amor no correspondido. En una ciudad como Arica, que es la capital de la cueca, donde vibramos con sentirnos parte de Chile, pero donde al mismo tiempo sentimos un tremendo abandono, que no es recíproco el cariño que le tenemos al país, nos parece que este 7 de junio es una oportunidad para reflexionar sobre ese abandono terrible y el centralismo asfixiante que tiene a Chile ubicado en el número uno de la lista de países centralizados. Vale la pena recordar a algunos líderes de Arica, como Luis Valente Rossi y Bernardino Guerra, o, más recientemente, Santiago Arata y Wanda Clemente, quienes pelearon contra este tremendo centralismo. Esperamos que este domingo celebremos no solo una fecha bélica, sino también un momento de integración, y, sobre todo, que rindamos un homenaje a la gran historia de Arica y a los líderes que -repito- combatieron este centralismo asfixiante, que en la actualidad aún lo vemos, y seguiremos peleando contra él para decir que “Arica también es Chile”. He dicho. AGRADECIMIENTOS A AUTORIDADES POR APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE MAÍZ DE REGIÓN DE O´HIGGINS (OFICIOS) El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, durante este año, en la zona central hemos tenido una complicación gravísima con el maíz, rubro que, por lo demás, es muy significativo para la Región de O’Higgins, la principal productora de ese grano en el país. Además, la mayoría de quienes se dedican a esta importante actividad son pequeños agricultores. Por eso, quiero agradecer en forma muy especial al Gobierno Regional de O´Higgins; a la presidenta de la Comisión de Agricultura del Consejo Regional de O’Higgins, señora Cristina Marchant, quien es core por la provincia de Colchagua (San Fernando, Chimborongo), y al presidente del Consejo Regional de O’Higgins, señor Fernando Verdugo. Si bien el Ministerio de Agricultura dispuso una importante suma, alrededor de 1.050 millones de pesos, para paliar el problema del maíz en la zona, la contraparte la hizo la propia región. Por lo tanto, quiero enviarles mi reconocimiento al Gobierno Regional y a la Comisión de Agricultura del Consejo Regional de O’Higgins por la sensibilidad manifestada hacia los agricultores, fundamentalmente los pequeños, quienes le dan vida a la región. Hago un reconocimiento a los cores de la Región de O’Higgins además como una expresión de lo que ellos son hoy, pues fueron elegidos por el voto popular y representan el sentir y las dificultades de su gente. Vaya también mi reconocimiento al ministro de Agricultura para agradecerle lo que está haciendo por el sector. Espero que el personero tome medidas de largo plazo sobre el particular, a fin de que no tengan que hacerse estas transferencias permanentes de recursos, sino que podamos tener medidas de largo plazo de forma que Agrosuper no sea el único comprador de maíz que tengamos en la región, sino que también se puedan ir creando otras formas de utilización del maíz. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Gutiérrez, Mirosevic, Sabag y de quien preside. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.39 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe suplente de la Redacción de Sesiones. VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GONZÁLEZ, AGUILÓ; GUTIÉRREZ, DON HUGO; JARPA, JIMÉNEZ, MELO, ORTIZ Y SOTO, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA VALLEJO, SOBRE “REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE EJERCICIO DEL DERECHO A REUNIÓN”. BOLETÍN N° 10087-07) “El creciente incremento de movimientos, organizaciones y ciudadanos, que utilizan los espacios de uso público como forma de protesta frente a determinadas necesidades y conflictos sociales, exigen al Estado la elaboración de una nueva normativa legal y reglamentaria tendiente, por un lado, a garantizar a la ciudadanía el legítimo ejercicio del derecho de reunión, consagrado en el artículo 19 N° 13 de la Constitución Política de la República, y por otro lado, a regular adecuadamente los procedimientos de Carabineros de Chile destinados a garantizar el orden público, de manera de encuadrar la acción policial a los estándares normativos internacionales y nacionales de protección de los derechos humanos. En este sentido, con fecha 7 de Agosto del año 2012, la Cámara de Diputados acordó crear una Comisión Investigadora relativa al derecho de reunión y seguridad pública, conformada por los Diputados, Giovanni Calderón Bassi; Alberto Cardemil Herrera; María Angélica Cristi Marfil; Marcelo Díaz Díaz; Rodrigo González Torres; Hugo Gutiérrez Gálvez; Gustavo Hasbún Selume; Carlos Jarpa Wevar; Tucapel Jiménez Fuentes; Cristian Letelier Aguilar; Cristian Monckeberg Bruner; Sergio Ojeda Uribe, y Gabriel Silber Romo. Dicha Comisión aprobó por mayoría un Informe que contiene un conjunto de conclusiones y recomendaciones que fueron aprobadas en la Sala Plenaria de la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2013 y que fue enviado a la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Corte Suprema, las Instituciones policiales, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. En el actual contexto - en particular a raíz de los hechos acaecidos el pasado 21 de mayo de 2015 en la ciudad de Valparaíso y otros episodios recientes- en que la ciudadanía reclama una equilibrada, racional y eficiente regulación del uso de la fuerza policial en las manifestaciones públicas, este Informe cobra especial relevancia. En su considerando tercero señala que “la primera dificultad para lograr una adecuada armonización de los derechos y valores jurídicos en juego en materia de resguardo del derecho a reunión, asociación y expresión, bases esenciales del derecho a manifestarse públicamente y la necesidad del resguardo de la seguridad pública, estriba en la deficiente regulación constitucional y reglamentaria de tales derechos.” En efecto, la Constitución Política no consagra expresamente el derecho constitucional a manifestarse libremente en los espacios públicos o el derecho a la protesta social pacífica, como está consagrado en la mayoría de las Constituciones modernas, sino que éste se ha entendido como una derivación de los derechos de reunión y libre expresión. Por otra parte, también se observó que el ejercicio del derecho de reunión, del cual derivaría directamente el derecho constitucional a la libre manifestación en los espacios públicos, no se encontraba regulado por una ley, conforme al principio de la reserva legal, sino por una norma meramente administrativa – el D.S. N° 1.086, del Ministerio del Interior, de 1983- lo que repugna a la doctrina constitucional. Dicho decreto, además, fue aprobado durante la existencia de un régimen dictatorial, donde no existía un Estado de Derecho en el país y en donde los derechos políticos y las libertades públicas estaban fuertemente restringidos. Cabe señalar, que dicho decreto establece que el derecho de reunión exige la autorización previa de la autoridad, facultad claramente limitativa de dicha prerrogativa constitucional. En consecuencia, surge la imperiosa necesidad de modificar la Constitución Política, incorporando dentro del catálogo de derechos constitucionales el derecho a manifestarse libremente en los espacios de uso público, y, en segundo lugar, establecer que el ejercicio del derecho de reunión, ya existente, y del derecho a manifestarse libremente en los espacios de uso público, sea regulado por una ley que establezca como principio esencial, al decir de la propuesta, “su superioridad respecto a otros derechos de menor jerarquía, como son los derechos a la libre circulación por los bienes nacionales de uso público y en donde se excluya el régimen de autorización previa por parte de la autoridad administrativa, la cual con mucho debe adoptar las medidas para conciliar el ejercicio del derecho a reunión y manifestación pública con otros derechos garantizados por el ordenamiento jurídico, de manera tal de adecuarla al estándar internacional vigente en materia de libertades públicas y protección de los derechos humanos.” En especial, el Informe subraya que el rol que la fuerza pública debe cumplir es el de proteger a los ciudadanos en el ejercicio del derecho a manifestar y el de asegurar que este se exprese libre y pacíficamente, cautelando que las personas y organizaciones sociales que se manifiestan no sufran violencia ni alteraciones en sus actividades, evitando especialmente que elementos violentistas alteren o impidan la participación ciudadana. En detallados capítulos el informe analiza, con participación de constitucionalistas, especialistas en salud pública, actores ciudadanos y abundante material proporcionado por las fuerzas de orden , la necesidad que existe de agotar todos los medios y utilizar todas las medidas de conocimiento e inteligencia que permitan aislar a quienes, encubiertamente, se aprovechan de las manifestaciones públicas para acciones delictuales, destruir el patrimonio público o descargar su violencia sobre los manifestantes pacíficos, los transeúntes o la propiedad privada. Asimismo se urge a las autoridades públicas y responsables del orden público a mejorar los procedimientos para asegurar el derecho de la personas y la máxima rapidez en la identificación de detenidos y aplicación de las diligencias judiciales y policiales, asegurando que todas las instancias que intervienen en las complejas circunstancias de las manifestaciones –fuerzas de orden, ministerio público, jueces, hospitales y servicios de urgencia que reconocen lesiones – intervengan plenamente y de acuerdo a sus facultades con el debido respeto a los derechos humanos. Por lo anteriormente expuesto, venimos en proponer el siguiente: PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL Artículo Primero: Agréguese el siguiente nuevo inciso segundo al artículo 19 N° 13 de la Constitución Política de la República: “Toda persona tendrá el derecho a manifestarse libremente en los espacios de uso público.” Artículo Segundo: Reemplácese el actual inciso segundo del artículo 19 N° 13 de la Constitución Política de la República, que pasa a ser tercero, por el siguiente: “El ejercicio de estos derechos se regirá por la ley, la cual establecerá, entre otros aspectos, los principios y normas a los que deberán ceñirse los reglamentos que regulen los procedimientos de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas y fijará los órganos jurisdiccionales que conocerán de las causas que involucren a ciudadanos civiles y organizaciones de la comunidad en relación con el ejercicio de tales derechos“ Primer Artículo Transitorio: El Presidente de la República enviará al Congreso la ley que regula el derecho a reunión y a la manifestación pública dentro del plazo de 90 días a contar de la publicación de la presente Reforma Constitucional. Segundo Artículo Transitorio: El Decreto Supremo N° 1.086, del Ministerio del Interior, de 1983, o cualquier otro decreto que regule en su esencia el ejercicio de los derechos señalados en el artículo 19 N° 13 de la Constitución Política de la República, se entenderán derogados, una vez que se publique en el Diario Oficial la ley que regula el ejercicio de tales derechos. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES PILOWSKY, CHAHIN, CHÁVEZ, CORNEJO Y SABAG, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.862 QUE ESTABLECE REGISTROS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PÚBLICOS, ESTABLECIENDO LA PROHIBICIÓN DE QUE ESTAS CONTRATEN CON PERSONAS RELACIONADAS”. (BOLETÍN N° 10088-05) “La sociedad chilena avanza decididamente a mayores niveles de transparencia y probidad en el uso de los recursos públicos. Recientemente se ha presentado una agenda política y legislativa que va en la dirección que los chilenos y chilenas vuelvan a confiar en sus instituciones. En este sentido, la actual ley 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, regula adecuadamente la relación que debe existir entre el órgano que contrata y el que se adjudica un contrato, sea vía licitación pública o trato directo, estableciendo incompatibilidades entre los directivos de dichos órganos y las empresas o personas que presentan dichos bienes o servicios. El ámbito de aplicación de esta ley alcanza sólo a los contratos que deben celebrar los órganos de la Administración del Estado, es decir, según el artículo 1 de la ley 18.575, de bases generales de la administración del Estado, se trata de los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley. Sin embargo, hay instituciones privadas, sin fines de lucro, que cumplen un rol social que contribuye al bien común. Se trata de corporaciones o fundaciones que prestan servicios públicos como juntas de vecinos, clubes deportivos, organizaciones de adulto mayor, bomberos o corporación de ayuda. Estas instituciones, que deben ser registradas por los órganos que transfieren los recursos, no prestan bienes o servicios a dichos órganos. La ley 19.862, que establece un registro de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos, en el artículo 6, establece que las entidades a la que se refiere dicha ley, sólo se les podrá entregar recursos públicos o conceder franquicias tributarias una vez que se encuentran inscritas en el registro correspondiente. En opinión de los autores de este proyecto de ley, además de solicitar la correspondiente inscripción, se debe establecer una incompatibilidad entre los directores o administradores de las instituciones que reciben aportes estatales y las personas o empresas que le prestan servicio. PROYECTO DE LEY Artículo único: Agréguese un nuevo artículo 11 a la ley 19.862, que establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos. Las personas jurídicas públicas o privadas, sin fines de lucro, que reciban aportes o subvenciones de los órganos de la Administración del Estado, a cualquier título, no podrán celebrar actos o contratos de provisión de bienes o servicios con quienes se desempeñen como gerentes, administradores, representantes o directores de éstas, ni tampoco con personas unidas por parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con sociedades de responsabilidad limitada, individuales de responsabilidad limitada o sociedades por acciones en que aquéllos o éstas tengan participación. La entidad receptora de fondos públicos que incumpla lo establecido en el inciso precedente será eliminada automáticamente del correspondiente registro y no podrá recibir nuevos fondos por un plazo de 2 años, contados desde su eliminación.