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El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger .
El señor BERGER.-
Señor Presidente, me alegra que sobre este tema haya habido una rápida y generalizada conciencia del impacto que generó en la comunidad nacional el dictamen de la Contraloría General de la República que prohíbe a los municipios autorizar la realización de bingos, sorteos y rifas benéficas.
Tanto mi bancada, la de Renovación Nacional, como otros parlamentarios presentamos mociones sobre la materia, porque resultaba totalmente extemporánea, ilógica y desproporcionada esta prohibición totalmente ajena al conocimiento de la realidad acerca de la forma de subsistencia de la gran mayoría de las organizaciones comunitarias, tanto funcionales como territoriales, de nuestro querido país.
La cuestionada resolución del órgano contralor estipula que tampoco podrían facilitarse instalaciones de espacios públicos para estos fines cuando un tercero lo solicite, lo que, a mi juicio, tiene un efecto negativo, porque trunca el propósito de muchas agrupaciones sociales que buscan reunir fondos para una buena causa, como, por ejemplo, los comités de vivienda, que cotidianamente usan este sistema para reunir dinero que les permita postular a la casa propia.
Esta modificación, originada a partir de las distintas mociones presentadas, que fueron refundidas, apunta a modificar la ley Nº 19.995, al eximir del carácter de juegos de azar los bingos y loterías organizados por las municipalidades con fines benéficos, y también por terceros, cuando sean estos quienes soliciten a los municipios los recintos para realizarlos, tal como lo describe la figura aludida por la Contraloría.
Estoy seguro de que tanto diputados como senadores vamos a tener la mejor disposición para resolver este inconveniente, que no permite que nuestras organizaciones comunitarias puedan hacer bingos como una forma de resolver sus problemas y proyectos comunitarios.
Ayer, en la Comisión de Gobierno Interior no tuvimos ninguna duda a la hora de zanjar esta materia.
Hemos llegado a un texto que recoge la sensación mayoritaria, tanto de legisladores como del mundo organizacional de base, en el sentido de que esta prohibición, puesta sobre la mesa a partir de la interpretación de la Contraloría, carecía de lógica, de pertinencia y de vinculación con la realidad de los hechos, y está afectando gravemente a las organizaciones comunitarias funcionales y territoriales que buscan recaudar fondos para lograr sus objetivos.
He dicho.
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