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El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar .
La señora RUBILAR (doña Karla).-
Señor Presidente, el dictamen de la Contraloría General de la República nos deja varias enseñanzas. En primer lugar, que en nuestro repertorio legislativo existen leyes bastante anacrónicas que, como Congreso Nacional, tenemos la responsabilidad de revisar.
Por lo tanto, voy a enviar una solicitud a la Comisión de Régimen Interno, a los efectos de que la Biblioteca u otro estamento del Congreso Nacional estructure una unidad encargada de revisar la legislación nacional y detecte aquellas leyes anacrónicas y factibles de eliminar. Esta sugerencia nace a raíz de un artículo que leí hoy en un diario popular, donde se da cuenta de leyes vigentes y que considera ridículas, de las cuales deberíamos hacernos cargo.
En segundo lugar, la reacción de varios concejales. A ellos quiero hacer un reconocimiento, por cuanto fueron los primeros en alertar sobre esta situación y manifestar su molestia por el dictamen de la Contraloría General de la República.
Por consiguiente, vaya mi reconocimiento a Estrella, de Peñalolén; a Lidia, de Estación Central; a Julio, de Talca; a Héctor, de San Carlos, etcétera. Todos estuvieron muy preocupados por esta cuestión, en representación de muchos concejales que hacen la misma labor al interior de las comunidades.
En tercer lugar, determinar cómo vamos a regular la presentación simultánea de proyectos en la Cámara de Diputados y en el Senado, pues resulta que tenemos un proyecto aprobado en el Senado -ayer- y otro idéntico aprobado en la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar con tal situación? Es un problema de funcionamiento del Congreso Nacional que debemos revisar, pues entrampa nuestra labor legislativa.
Tuve la oportunidad de reunirme con el ministro Barraza para conversar sobre el tema en debate e informar al ministro del Interior, Jorge Burgos , que esta iniciativa, respaldada por varios parlamentarios, va en el sentido correcto, pero que, a nuestro juicio, será insuficiente, por cuanto al exceptuar los bingos de aquellos considerados juegos de azar por la ley N° 19.995, aún habría incompatibilidad de norma con un decreto supremo del Ministerio del Interior, de 1974, que autoriza esta suerte de obras benéficas, como los bingos, loterías, rifas, etcétera, siempre que sean autorizadas por el Presidente de la República o, en su defecto, por el intendente correspondiente.
Por lo tanto, si el gobierno no toma los resguardos debidos respecto de ese decreto supremo, este proyecto podría verse anulado por una nueva interpretación de la Contraloría General de la República que impida que los municipios den la autorización correspondiente.
Por eso, le solicitamos al Ejecutivo que modifique ese decreto supremo y permita a los alcaldes autorizar esta actividad.
Si bien vamos a apoyar el proyecto de ley, quiero repetir que debemos modificar el ya mencionado decreto supremo del Ministerio del Interior, de 1974. De no hacerlo, podemos encontrarnos más adelante con los mismos problemas, lo que, por supuesto, no es la idea de los diputados.
He dicho.
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