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El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Pepe Auth.
El señor AUTH.-
Señor Presidente, al igual que usted, que el diputado Daniel Núñez , que me antecedió en el uso de la palabra; que la diputada Marisol Turres , que el diputado Fuad Chahin y otros colegas de diferentes bancadas, fui parte de la comisión especial investigadora que llevó a cabo la tarea de fiscalización encargada por la Sala y que culminó en el informe que se acaba de rendir.
Para ser francos, la investigación no pudo realizarse en forma plena debido a la sistemática negativa a asistir a la comisión de los principales actores involucrados. Muchos de ellos, como se sabe, forman parte del mundo privado; pero hay otros tantos que son colegas parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Y nos encontramos con la paradoja de que los diputados de una comisión investigadora que lleva adelante una investigación encargada por la Sala de la Cámara de Diputados no tienen derecho a citar a sus propios colegas para que colaboren en la tarea que les ha encomendado la Corporación.
Habría sido muy positivo y una muestra de valentía y de inocencia que los parlamentarios que aparecen involucrados en distintos hechos vinculados con la materia de nuestra investigación asistieran a la comisión, que, como se sabe, no solo se ocupó del caso Penta, sino del conjunto de casos de financiamiento irregular de campañas electorales.
Una de las conclusiones a que arribamos por unanimidad -ese es el valor que tiene es que debe modificarse nuestro Reglamento en orden a establecer que una comisión investigadora pueda citar a parlamentarios.
Cabe hacer presente que, como no pudimos escudriñar completamente lo ocurrido, debido a la inasistencia de los actores, resolvimos reorientar -al respecto, el Presidente de la comisión jugó un rol muy importante el trabajo de investigación hacia la entrega de proposiciones, que también tienen el mérito de haber sido adoptadas por la unanimidad de los diputados presentes, que van desde el Partido Comunista hasta la Unión Demócrata Independiente.
Por el desfase temporal que se produjo, algunas de esas proposiciones ya están contenidas en el proyecto de ley que se discute en la Comisión de Hacienda, luego de haber sido analizado y modificado, respecto del texto original, por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Por lo demás, todas las propuestas fueron informadas al Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción, también conocido como Comisión Engel.
A continuación, destacaré algunas propuestas que no están contenidas, o que lo están de manera distinta, en el proyecto de ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, que está en tramitación.
La primera -generada por unanimidades que se establezca, de manera categórica, que las infracciones graves a la ley de financiamiento electoral sean castigadas con la pérdida del cargo. Esta propuesta tiene el mérito de haber sido aprobada por el diputado del Partido Liberal, por la diputada de la UDI y por los diputados comunistas, del PPD, socialistas y democratacristianos. Todas las bancadas representadas concluimos, unánimemente, que es absolutamente indispensable establecer una sanción verdaderamente desalentadora, y la única que cumple ese requisito -está comprobado es la pérdida definitiva del cargo.
Otra propuesta -también tiene el mérito de haber sido aprobada por unanimidaddice relación con el problema que existe con la declaración de inhabilidad de un parlamentario para participar en debates y votar la aprobación o rechazo de un proyecto de ley. No abundaré en los casos que demuestran que es indispensable trasladar la declaración de inhabilidad, que hoy es un simple acto de conciencia individual, a una instancia colectiva de la Cámara de Diputados, para que, con antelación, determine quiénes deben inhabilitarse obligatoriamente en determinados debates o votaciones.
La tercera propuesta -también aprobada por unanimidad dice relación con la figura del cohecho. Hoy, para comprobar que hubo cohecho se debe verificar la existencia de la contraprestación de quien ha recibido recursos de un privado. Propusimos que baste el vínculo financiero entre un interés privado y un funcionario público o un parlamentario para que se establezca la figura del cohecho. Nada, ¡nada!, puede justificar que un parlamentario, elegido para servir el interés del pueblo, reciba dinero adicional de un privado, el cual, por supuesto, está interesado en las decisiones que se adoptan en el Congreso Nacional.
Por último, quiero destacar la unanimidad que concitó la eliminación del aporte de personas jurídicas, léase las empresas, que entiendo que también fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
La comisión investigadora del caso Penta propuso que ningún aporte privado supere el 3 por ciento del límite de gasto de cada candidato. La idea es que ningún donante sienta que es propietario o que tiene acciones dominantes en el voto de un parlamentario, y que ningún legislador sienta que su financiamiento depende de un donante en particular.
Sin embargo, entre ambas instancias se generaron diferencias en torno al límite de los aportes privados. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento estableció un límite muy alto: ningún aporte debe exceder el 25 por ciento del límite del gasto electoral. En la práctica, lo anterior se traduce en la posibilidad de que dos o tres donantes financien, por ejemplo, la candidatura de un alcalde. Por lo tanto, dicho límite no resuelve el problema central: que exista independencia de juicio, y que esta no sea, como dijo un excolega, un simple producto de mi conciencia individual, que asumo seguro de mi libertad, sino que pueda ser mostrada y enarbolada ante la ciudadanía como un hecho irredargüible.
En ese sentido se orienta el interés de las propuestas mencionadas, las que fueron aprobadas por unanimidad y que, incluso, van mucho más allá de lo expresado hoy en la Sala.
Por último, quiero destacar la evolución y el cambio que experimentaron muchos parlamentarios que, hace seis meses, jamás habrían aprobado la pérdida del escaño ni el terminar con los aportes de personas jurídicas. Sin embargo, sensibles a la demanda ciudadana, han concurrido para dar la unanimidad a dichas propuestas.
He dicho.
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