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El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra, por ocho minutos y treinta segundos, el diputado señor Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, el escándalo que estamos viviendo como país se ha ido acentuando.
Comienzo mi discurso haciendo esa observación, porque luego de que celebramos veintiuna sesiones en la comisión investigadora sobre el caso Penta, todos los escándalos que se han conocido estaban en su etapa inicial.
Hemos sido testigos de todo lo que trae aparejado al tema, como los famosos casos Soquimich , Corpesca y otros, que han derivado en investigaciones por parte del Ministerio Público, que las está llevando a cabo de manera excelente.
En esta intervención prescindiré de mi rol de presidente de la comisión, desde el cual creo que di garantías -algunos colegas me han dicho que fuimos demasiado blandosa todos los sectores para trabajar y lograr un resultado en nuestro cometido.
Nuestra labor no solo delimita las graves responsabilidades del Servicio de Impuestos Internos respecto de la ocurrencia de hechos que hoy son materia del escándalo público a que me referí, sino que además genera un claro, marcado y unánime reproche a todos los parlamentarios, que estén o no en el ejercicio de sus cargos, cuyas campañas electorales hayan tenido un financiamiento irregular.
En ello no hubo dobles lecturas en la instancia, lo que destaco y valoro. Como comisión investigadora, no somos un tribunal de justicia encargado de deslindar responsabilidades individuales, pero sí somos la instancia que ha dicho, de manera tajante y explícita, que no se pueden volver a repetir en nuestro país hechos como los que hoy se conocen y que se están investigando.
Por lo tanto, en los seis minutos que me quedan para hacer uso de la palabra, reitero, quiero desprenderme de mi rol de presidente de la comisión investigadora para poder opinar sobre ciertos aspectos que considero que forman parte del debate público.
Lo primero que quiero señalar es que soy un convencido de que, por largos años, desde que recuperamos la democracia -pido a los colegas que disculpen la franqueza con que me expreso-, hemos tenido un Congreso Nacional no enteramente democrático, porque -por desgracia, los hechos así lo están demostrando ha estado cooptado por intereses de grupos empresariales que han hecho de él, transversalmente en algunos casos, a través del financiamiento de campañas políticas, un mecanismo para tener aquí a verdaderos peones que responden a los intereses de empresarios que buscan precisamente proteger sus intereses, sus abusos contra la ciudadanía.
Eso es lo grave de lo que hoy estamos viviendo y lo que me entristece, porque por unos pocos estamos pagando todos ante la ciudadanía, y comenzaremos a pagar con más fuerza. Es cosa de ir al estadio -ello, para quienes nos gusta el fútbol o a la calle. ¿Adónde vamos a llegar? ¿A lo que les ocurría a los parlamentarios de países vecinos, que no podían ni siquiera ir a un lugar público con su familia?
A eso nos está llevando ese tipo de situaciones, porque lo que más condena la gente es justamente el tema sobre el cual se está dando cuenta. Asimismo, el que por tantos años ha habido abusos de parte de las isapres, de las AFP, de las farmacias que se coluden; que tenemos una ley de pesca que favorece a las familias poderosas de la actividad; que la minería ha hecho lo que ha querido, y que una empresa como Soquimich ha financiado transversalmente millones de dólares en campañas.
Eso, la ciudadanía hoy lo condena con más fuerza que nunca.
Paradojalmente, hoy un senador independiente, por Punta Arenas, está desaforado porque se le investiga por el arriendo de una sede parlamentaria. Estos casos, que son mucho más graves, seguramente terminarán con condenas irrisorias, si es que las hay en algunos casos. Pero, no me cabe ninguna duda, sí habrá respecto de ellos una clara condena social.
El mejor ejemplo que deben dar los partidos respecto de cada una de las personas que han aparecido involucradas en el financiamiento irregular de campañas electorales -independientemente del partido al que pertenezcan, de si son socialistas o de la UDI, de RN o de la DCes, primero, asumir un compromiso con Chile en cuanto a que esa gente nunca más será candidata, pues ganó sus campañas de manera irregular.
Segundo, ser capaces de elaborar una ley para, por lo menos, inhabilitar a los condenados en casos de corrupción o de cohecho para que nunca más -o al menos por un largo período puedan ser candidatos a alcaldes o a parlamentarios.
Lo señalo, pues todos han expresado que no se puede hacer hoy una ley que los condene porque para ellos rige la normativa vigente. Claro, impera el principio de la irretroactividad. Pero en este caso puntual, el país no nos perdonará si no se aplican sanciones ejemplarizadoras.
Por eso, quiero valorar el trabajo de la comisión, pues entregamos propuestas, muchas de las cuales -lo digo con bastante orgullo fueron recogidas por la Comisión Engel y van más allá del Parlamento, porque -repito-, desgraciadamente, la corrupción no solo ha estado centrada acá. Ya hemos visto lo que está pasando con el tema de la basura, en que hay autoridades, alcaldes, concejales desfilando en los tribunales de justicia o siendo formalizados.
En las regiones hay escándalos en relación con consejeros regionales, lo que es realmente lamentables para un país que lidera en cuanto a los índices de transparencia a nivel de la región latinoamericana, pero que hoy se ha visto sacudido por hechos de corrupción, lo que ha llevado incluso a que en Arica el alcalde y todo el municipio estén en la cárcel. ¡A eso estamos llegando!
Hago un llamado a que abramos los ojos ante un problema de país. No es justo que toda la clase política esté sancionada moral y ciudadanamente porque algunos financiaron su campaña electoral de manera irregular.
Por eso, el trabajo que entregamos hoy es un aporte, con proposiciones que van más allá de las condenas individuales, porque no nos corresponde hacer eso. Esperamos que los tribunales determinen tales condenas, como corresponde, y que ellas ojalá sean ejemplarizadoras, obviamente, en el marco de la legalidad vigente.
Sin embargo, necesitamos leyes mucho más duras. Por eso, hacemos una serie de proposiciones que permiten avanzar en la línea de generar una legislación en la materia, una agenda de transparencia y probidad durísima, que deje de lado la posibilidad de que el Parlamento se pueda prestar para acciones atentatorias contra la fe pública, ya que eso es lo que hoy tiene molesta a la gente.
Creo que ninguno de los aquí presentes puede decir que no ha sentido que hoy existe una molestia ciudadana muy grande por lo que está ocurriendo. No decirlo significaría cerrar los ojos ante una realidad que es evidente.
Por lo tanto, hago un llamado para que el trabajo que realizamos los trece miembros de la comisión investigadora, que ha sido y es un aporte -reitero que la Comisión Engel recogió muchos elementos de nuestro trabajo-, siga siéndolo, para construir un país donde efectivamente erradiquemos todas las prácticas que sean atentatorias contra la fe pública y poder así recuperar la confianza ciudadana, que es lo que hoy nos debe unir a todos.
He dicho.
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