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El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En segundo lugar, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora conjunta de: A) las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos y de la Superintendencia de Valores y Seguros en relación con la fiscalización del grupo de empresas Penta y sus socios controladores, las donaciones a la Universidad del Desarrollo y las contribuciones financieras a los partidos políticos, y B) las actuaciones del Servicio Electoral frente a las campañas electorales.
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el martes 31 de marzo, se destinarán diez minutos para rendir el informe y una hora para debate, que será distribuido proporcionalmente entre las bancadas.
Diputado informante de la Comisión Investigadora conjunta es el señor Fidel Espinoza .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 19ª de la presente legislatura, en 5 de mayo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 26.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ESPINOZA, don Fidel (de pie).-
Señor Presidente, la Cámara de Diputados, en sesión del 8 de octubre de 2014, acordó crear dos comisiones especiales investigadoras:
La primera, ante la petición formulada por cincuenta y cuatro diputados y diputadas, de conformidad con lo preceptuado en la letra c) del número 1) del artículo 52 de la Constitución Política de la República, para conocer las acciones de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos al grupo de empresas Penta durante el período en que se cometieron los ilícitos tributarios denunciados a la justicia; las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos en relación con las donaciones efectuadas a la Universidad del Desarrollo por el citado grupo y sus socios controladores, Carlos Alberto Délano Abott y Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro ; la información recabada por el mismo Servicio acerca de las sociedades y empresas relacionadas con la mencionada casa de estudios; las acciones de fiscalización y la información recabada por la Superintendencia de Valores y Seguros respecto de las empresas Penta , y las contribuciones financieras hacia partidos políticos efectuadas por estas y sus socios controladores. Asimismo, se encomienda a esta Comisión Especial Investigadora la determinación de las eventuales responsabilidades políticas involucradas.
La segunda, ante la petición formulada por cuarenta y ocho diputados y diputadas, de conformidad con lo preceptuado en la letra c) del número 1) del artículo 52 de la Constitución Política de la República, para analizar las presuntas anomalías relativas a los aportes privados a las campañas parlamentarias y presidenciales desde que este método de financiamiento electoral entró en vigencia; el tratamiento, la sistematización y las formas de control del Servicio Electoral; el modo en que los partidos políticos captan recursos y en que son distribuidos entre sus candidatos, así como también determinar cómo opera este sistema de aportes en las candidaturas presidenciales y la participación del Estado en apoyo de una u otra candidatura, precisando, a vía ejemplar, si las inauguraciones de infraestructura pública, viviendas sociales u otras en tiempo de campaña se podrían cuantificar como aporte al candidato de gobierno.
Para el cumplimiento de su cometido, la comisión destinó 21 sesiones ordinarias y especiales, en las que procedió a escuchar las opiniones y las declaraciones de las personas invitadas y citadas, cuya nómina es la siguiente: el director del Servicio de Impuestos Internos, quien asistió acompañado por el subdirector jurídico de dicha institución; la exjefa de la oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos, el exsubdirector Jurídico del SII; el director nacional del Servicio Electoral; el director de la Unidad Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público; el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral; el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, quien asistió acompañado del intendente de Supervisión, del director jurídico y del director de Comunicaciones de dicha institución; el superintendente de Valores y Seguros, el director de la Unidad de Análisis Financiero (S), la superintendenta de Pensiones, el presidente del Consejo de Defensa del Estado y los ministros del Interior y Seguridad Pública, secretario general de Gobierno y directora del Servicio Nacional de la Mujer.
Por acuerdo unánime de la comisión, se deja constancia de que fueron invitadas las siguientes autoridades y personas, las cuales no concurrieron: el exministro de Obras Públicas señor Hernán de Solminihac; algunos administradores de campaña de las últimas elecciones, excongresales y algunos parlamentarios en ejercicio que aparecen vinculados al caso Penta.
Cada una de las autoridades que concurrieron expuso sus particulares puntos de vista en relación con los temas, tanto de carácter general como particular, que fueron objeto de su invitación y/o citación, que se les señaló específicamente, así como manifestaron su punto de vista sobre la situación investigada.
Con el voto favorable de los diputados Pepe Auth, Germán Becker , Fidel Espinoza, Iván Flores , de la diputada Marcela Hernando , del diputado Vlado Mirosevic , de la diputada Marisol Turres y del diputado Ignacio Urrutia , la comisión concluyó en los siguientes términos y efectuó las proposiciones que luego se enumeran.
Durante el proceso de recabar antecedentes, la comisión tomó conocimiento de las graves denuncias y hechos que fueron investigados por la justicia y sancionados, respecto de actuaciones de funcionarios públicos en delitos de cohecho, delitos tributarios y lavado de activos.
Asimismo, la comisión tomó conocimiento de una serie de antecedentes que actualmente son objeto de investigación por el Ministerio Público, por delitos de similar naturaleza, así como por hechos irregulares en el financiamiento de campañas políticas.
En ese sentido, cobra relevancia a nivel institucional la infracción de deberes por parte de funcionarios públicos. De los hechos denunciados en el ámbito del Servicio de Impuestos Internos se puede constatar:
a) La infracción al deber de denuncia conforme a la regla del artículo 175 del Código Procesal Penal.
b) La existencia de un grupo de funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos responsables de delitos de cohecho agravado por infracción a los deberes de su cargo.
c) La responsabilidad de particulares en el delito de cohecho activo (soborno de funcionarios públicos), lo que, como todos saben, está siendo investigado por el Ministerio Público.
Conforme a la magnitud de los ilícitos investigados, y los años en que estos se desarrollaron, el Servicio de Impuestos Internos no ha sido eficiente en la prevención e identificación de las infracciones cometidas por sus funcionarios. Por otro lado, es evidente que de los antecedentes denunciados, existió una demora en la respuesta del Servicio de Impuestos Internos ante los hechos irregulares. Sin embargo, sobre la base de la investigación en curso, relacionada con los casos Penta y Soquimich , a partir de los nuevos antecedentes, el Servicio de Impuestos Internos está funcionando conforme a sus funciones legales.
Es indispensable hacer una revisión de la ley orgánica que rige al Servicio de Impuestos Internos, con especial hincapié en el fortalecimiento de su autonomía y de su facultad fiscalizadora. En especial, se requiere dotar a este servicio de mejores herramientas de fiscalización.
Proposiciones
a) Proposiciones en materia de financiamiento de la política.
1) Fortalecer las facultades fiscalizadoras del Servel.
2) Sancionar con pérdida del cargo. La única sanción verdaderamente desalentadora del financiamiento ilegal y de la transgresión de las normas electorales es la pérdida del cargo para quien resulte electo.
Debe ser el Servel el que accione como presentador de la denuncia o querella, atendidas las nuevas atribuciones fiscalizadoras que se proponen.
Se debe establecer en la Constitución Política, como causal de cesación en el cargo, la infracción grave a la ley sobre financiamiento electoral, sin perjuicio de las actuales inhabilidades establecidas en la Carta Fundamental.
3) Citación a parlamentarios a las comisiones investigadoras. Se deben modificar las normativas constitucional y legal vigentes, con el objeto de obligar a los parlamentarios a comparecer ante las comisiones investigadoras cuando se trate de hechos ocurridos con ocasión del ejercicio de su cargo. Por otro lado, es menester contemplar sanciones por infringir la obligación de comparecencia.
4) Precisar las normas de procedimiento para la inhabilitación de un parlamentario. La vaguedad de la norma existente y la falta de mecanismos de aplicabilidad hacen difícil su práctica. La modificación que se proponga debe precisar las sanciones ante su incumplimiento.
5) Extender sanciones administrativas. Ante eventuales infracciones a la ley de financiamiento y límites al gasto electoral, esta debe conllevar la improcedencia del reembolso -de parte o de la totalidaddel aporte del Servel al candidato.
6) Modificar la figura del cohecho. Se propone que se entiendan incluidos en el cohecho toda transferencia, donación en dinero o en especie, a partidos políticos, funcionarios públicos, candidatos a cargos de elección popular o en ejercicio de los mismos, por parte de una persona jurídica. Ello también se deberá aplicar al receptor del beneficio.
A su vez, es necesario reforzar las penas accesorias vinculadas con la comisión de estos delitos.
7) Reducir el límite del gasto máximo en las campañas electorales. Como el límite de gasto creció desmesuradamente como consecuencia de la inscripción automática y del aumento del tamaño de los distritos, se propone reducir significativamente dicho límite de gasto para cada candidato, incorporando también la noción del límite del gasto global para cada lista electoral.
8) Extender el período de campaña considerado para el gasto -esta materia es muy importante, debido a la situación que se vive hoy en relación con el concepto de “precampaña”-. Conforme a la definición legal vigente prevista en el artículo 3º de la ley Nº 19.884, el gasto electoral se contabiliza desde el día en que venza el plazo para declarar candidaturas hasta el día de la elección, es decir, noventa días. Desde una perspectiva realista, resulta razonable la ampliación del plazo antes señalado, y contabilizar como gasto de campaña el que se realiza desde ciento ochenta días antes de la elección. En ese sentido, es importante que las reglas que prohíben determinadas actividades fuera del período de campaña sean cumplidas y sancionadas en caso de ser transgredidas. La ley debe ser precisa, para que los candidatos no se refugien en la omisión del llamado explícito a votar para evadir la normativa.
9) Delimitar qué se entiende por campaña. Uno de los aspectos de la reducción del gasto electoral supone definir adecuadamente qué se entiende por campaña, y precisar qué actos de propaganda electoral están permitidos. Se propone prohibir totalmente el rayado de muros, aun cuando sean autorizados por su dueño.
Por su parte, se requiere hacer efectiva la prohibición legal actual de instalación de propaganda en la vía pública y en el mobiliario urbano, salvo en los espacios expresa y previamente definidos y autorizados por el Servel y la autoridad municipal.
10) Reducir la magnitud máxima de los aportes privados. Es necesario evitar que la campaña de un candidato dependa en demasía de un aporte en particular. Por eso, la propuesta es reducir de manera drástica el porcentaje de aporte individual a los candidatos en relación con sus límites de gastos. En este sentido se trata que todo candidato tenga múltiples aportantes y, en consecuencia, no dependa de ninguno en particular. Se propone que ningún aportante pueda superar el 3 por ciento del límite de gasto de cada candidato.
11) Terminar los aportes de personas jurídicas.
En general, en el debate comparado existen reticencias a aceptar el aporte de personas jurídicas. En este sentido, se argumenta que las sociedades en general no tienen por objeto financiar partidos políticos o campañas, pues se pone en riesgo evidente la independencia de los candidatos respecto de quienes lo financian. En otras palabras, existe un riesgo de subordinación a los dictados de grupos de presión, lo que distorsiona el funcionamiento de la democracia representativa.
Por otro lado, en general, en los modelos en que se acepta existen fuertes exigencias de publicidad o limitaciones a empresas proveedoras del Estado, en crisis económica, etcétera.
12) Hacer público todo aporte relevante. Si se parte de la premisa de que aportar dinero a un candidato equivale a expresar una preferencia, cobra sentido que esta no sea obligatoriamente conocida cuando se trate de aportes inferiores a 50, 75 o 100 unidades de fomento. Ahora bien, tratándose de aportes superiores, resulta evidente la obligatoriedad de hacer pública la identidad del donante.
13) El Servel como único receptor posible de aportes. Todo aporte superior al monto que fije la ley debe hacerse ante el Servel, único receptor posible de contribuciones financieras a un candidato o partido político, para lo cual resulta esencial la revisión de su ley orgánica y la ampliación de sus atribuciones.
14) Aumentar la gravitación del financiamiento público. Hoy, la devolución fiscal representa menos del 30 por ciento del gasto promedio de un candidato. Al reducir y restringir los aportes privados, resulta indispensable aumentar la gravitación del aporte público cuyo destino lo deciden los electores a través de sus votos. Establecer aporte fiscal fijo para cada elección en un monto determinado por el total de electores habilitados.
La ley vigente señala que se entregará 0,03 UF por voto obtenido. Lo que se propone es que se mantenga la regla vigente de las 0,03 UF, pero por cada elector, estableciéndose una cifra fija a distribuir entre todos los candidatos, que resulta de la multiplicación del total de electores habilitados para votar en cada elección por 0,03 UF.
15) Financiamiento público de la actividad política permanente. Nuestro engranaje institucional no tiene un sistema de financiamiento público de los partidos políticos, concebidos como factores claves de la gobernabilidad democrática, cuestión que la comisión investigadora determinó que era importante, y que va de la mano y en la línea de los anuncios expresados en la última semana por el Ejecutivo.
16) Condicionar el aporte fiscal a prácticas democráticas. El aporte público debe ir de la mano de exigencias precisas a los partidos: transparencia, democracia en la generación de sus instancias directivas, equilibrio de género y respeto a sus propios estatutos. Esas deberían ser condiciones básicas para optar al financiamiento fiscal.
17) Aporte fiscal con proporciones definidas para las distintas funciones políticas. Se propone que a lo menos un tercio del aporte fiscal anual deba ser destinado a tareas de formación política, elaboración programática y asesoría a los representantes populares del partido. Los dos tercios restantes podrán ser destinados al funcionamiento básico del partido y de sus instancias democráticas, a la comunicación interna y externa. En caso de estar constituido legalmente en más de tres regiones, el partido político no podrá gastar más de la mitad del aporte fiscal en una sola región.
b) Otras proposiciones.
Se precisan algunas proposiciones aplicables a otros organismos a partir del debate de las propuestas:
18) Perfeccionar la declaración de intereses y de patrimonio, ampliando el universo de funcionarios públicos y cargos de elección popular a quienes se les debe hacer exigible. Asimismo, establecer requisitos más exigentes en cuanto al contenido de las mismas.
19) Ampliar la exigencia de fideicomisos obligatorios, dependiendo del patrimonio y de la relevancia de la función pública.
20) Ampliar las atribuciones de la Contraloría General de la República para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones precedentemente señaladas.
21) Respecto de cargos de representación popular, como los consejeros regionales, se propone que se cree la inhabilidad para que estos no puedan ser contratados en cualquiera de sus modalidades en municipios pertenecientes a los territorios donde ejercen su labor.
22) En cuanto a los concejales, se propone crear algún tipo de inhabilidad general que impida que sean contratados -bajo ningún títuloen los municipios, en sus servicios traspasados o en programas que tengan relación directa con el municipio de la comuna en que fueron elegidos, ya que eso inhibe claramente sus labores fiscalizadoras establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
23) Se debe aumentar el tiempo de la inhabilidad que establece la Ley General de Bases de la Administración del Estado para quienes dejan la administración pública, respecto de las empresas que les correspondió fiscalizar mientras ejercían su cargo.
Finalmente, la comisión declara que tanto el hecho que dio origen a su formación como el análisis realizado y las conclusiones y propuestas a las que arribó, constituyen un claro reproche al financiamiento de campañas electorales al margen de la ley, conductas que hoy no tienen sanción específica. Por ello, se propone modificar la figura del cohecho, establecer fuertes sanciones a la transgresión de las normas de financiamiento de campañas, que incluso podrían llegar a la pérdida del cargo; prohibir los aportes de personas jurídicas a las campañas, y fortalecer a ciertos organismos, como el Servicio Electoral, entre otros, con el objeto claro de evitar que estas conductas se repitan.
Agradezco a todos los diputados que integraron la comisión investigadora, pues realizaron un trabajo serio y transversal que quedó sintetizado en el resumen que acabo de presentar a la Sala.
Es cuanto puedo informar. He dicho.
El señor SANTANA.-
Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor SANTANA.-
Señor Presidente, solicito que cite a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Muy bien, señor diputado. Se citará a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
En discusión el informe.
Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .
El señor NÚÑEZ (don Daniel).-
Señor Presidente, este tema, que nació de la investigación del caso Penta, adquirió otros ribetes en tanto se pidió investigar otras situaciones de financiamiento irregular. Todo ello se dio en un marco en el que la política ha enfrentado diversos escándalos y distintos intentos del poder económico por penetrar en ella y tomar decisiones.
La pregunta es qué se pretende. Algunos dirán, en forma elegante, que las grandes empresas y los grupos económicos buscan influir en el Congreso Nacional y orientar a los parlamentarios. Pero, digámoslo con todas sus letras: lo que estamos viendo y constatando es un intento por comprar votos y, de ese modo, vulnerar la soberanía popular, la decisión de la gente.
¿Con qué objetivo? Es muy sencillo y muy concreto: para que la Cámara de Diputados y el Senado legislen en favor de los intereses de los grandes grupos económicos. Mencionémoslos con nombre y apellido: el grupo Penta , que generó un mecanismo institucional de financiamiento para un partido político, la UDI; la empresa Soquimich y el grupo económico que la controla, que fueron más hábiles, pues no se contentaron con un partido, sino que repartieron a más. Y también, por qué no mencionarlo, el grupo Luksic .
Es cierto, ellos son los que se quieren seguir beneficiando; ellos son los que quieren que el Congreso Nacional legisle en favor de sus intereses. ¿Por qué? Porque quieren seguir lucrando con recursos que son propiedad de todos los chilenos.
Es importante recordar el origen del grupo Penta o el de la empresa Soquimich . ¿Cuál es su origen? ¿La ganancia y el esfuerzo de emprendedores? ¿La actitud audaz de capitalistas que generaron empresas en Chile? ¡Mentira! Esos grupos nacen del robo o de la apropiación indebida del patrimonio de empresas estatales, que proviene del aporte y del esfuerzo de todos los chilenos; es decir, nacieron de las privatizaciones que hizo la dictadura militar, en medio de lo que todos los chilenos conocemos: la sangre y el fuego.
Lo que quiero hacer en este espacio, en los breves minutos que me quedan, es emplazar a todos los partidos a que terminemos con esto; a que, como dice el cartel que exhiben hoy los diputados de la UDI en sus pupitres, “No más abusos”; a que realmente nos comprometamos a que no haya más abusos, robos y corrupción. Por ejemplo, tomemos las medidas legales que impidan que continúe el robo que hace la empresa Soquimich en el Salar de Atacama.
Soquimich suscribió un contrato con la Corfo en 1993 -asumo la crítica a quienes acordaron el contrato en representación del Estado-, en virtud del cual a la empresa se le concedió el derecho de explotación minera del Salar de Atacama por treinta años. Sin embargo, no contenta con ese negocio suculento, Soquimich incumplió el contrato. ¡Escuche bien, señor Presidente! La empresa Soquimich incumplió el contrato que le da el derecho de explotación minera del Salar de Atacama.
En consecuencia, a la fecha le debe ocho millones de dólares al Estado de Chile. Pero como esa situación está en litigio en los tribunales, ¿qué ocurre? Que el Estado aún no puede poner término al contrato, por lo que debemos seguir aceptando este robo de Soquimich por otros cinco o siete años, lo cual constituye un nuevo escándalo.
Si realmente no tenemos compromisos y queremos fijar un nuevo estándar ético a la política, por lo menos tengamos el valor de generar iniciativas legales como la que estamos impulsando para poner término al contrato escandaloso entre la empresa Soquimich y la Corfo. Se lo pido especialmente a los principales diputados y partidos beneficiados por los hechos que constituyen los escándalos de Penta y Soquimich . Sería un mínimo acto de dignidad que podría devolver algo de honorabilidad al Congreso Nacional.
Les pido a los colegas de la UDI y de Renovación Nacional que, frente a este emplazamiento, se definan.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Pepe Auth.
El señor AUTH.-
Señor Presidente, al igual que usted, que el diputado Daniel Núñez , que me antecedió en el uso de la palabra; que la diputada Marisol Turres , que el diputado Fuad Chahin y otros colegas de diferentes bancadas, fui parte de la comisión especial investigadora que llevó a cabo la tarea de fiscalización encargada por la Sala y que culminó en el informe que se acaba de rendir.
Para ser francos, la investigación no pudo realizarse en forma plena debido a la sistemática negativa a asistir a la comisión de los principales actores involucrados. Muchos de ellos, como se sabe, forman parte del mundo privado; pero hay otros tantos que son colegas parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Y nos encontramos con la paradoja de que los diputados de una comisión investigadora que lleva adelante una investigación encargada por la Sala de la Cámara de Diputados no tienen derecho a citar a sus propios colegas para que colaboren en la tarea que les ha encomendado la Corporación.
Habría sido muy positivo y una muestra de valentía y de inocencia que los parlamentarios que aparecen involucrados en distintos hechos vinculados con la materia de nuestra investigación asistieran a la comisión, que, como se sabe, no solo se ocupó del caso Penta, sino del conjunto de casos de financiamiento irregular de campañas electorales.
Una de las conclusiones a que arribamos por unanimidad -ese es el valor que tiene es que debe modificarse nuestro Reglamento en orden a establecer que una comisión investigadora pueda citar a parlamentarios.
Cabe hacer presente que, como no pudimos escudriñar completamente lo ocurrido, debido a la inasistencia de los actores, resolvimos reorientar -al respecto, el Presidente de la comisión jugó un rol muy importante el trabajo de investigación hacia la entrega de proposiciones, que también tienen el mérito de haber sido adoptadas por la unanimidad de los diputados presentes, que van desde el Partido Comunista hasta la Unión Demócrata Independiente.
Por el desfase temporal que se produjo, algunas de esas proposiciones ya están contenidas en el proyecto de ley que se discute en la Comisión de Hacienda, luego de haber sido analizado y modificado, respecto del texto original, por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Por lo demás, todas las propuestas fueron informadas al Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción, también conocido como Comisión Engel.
A continuación, destacaré algunas propuestas que no están contenidas, o que lo están de manera distinta, en el proyecto de ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, que está en tramitación.
La primera -generada por unanimidades que se establezca, de manera categórica, que las infracciones graves a la ley de financiamiento electoral sean castigadas con la pérdida del cargo. Esta propuesta tiene el mérito de haber sido aprobada por el diputado del Partido Liberal, por la diputada de la UDI y por los diputados comunistas, del PPD, socialistas y democratacristianos. Todas las bancadas representadas concluimos, unánimemente, que es absolutamente indispensable establecer una sanción verdaderamente desalentadora, y la única que cumple ese requisito -está comprobado es la pérdida definitiva del cargo.
Otra propuesta -también tiene el mérito de haber sido aprobada por unanimidaddice relación con el problema que existe con la declaración de inhabilidad de un parlamentario para participar en debates y votar la aprobación o rechazo de un proyecto de ley. No abundaré en los casos que demuestran que es indispensable trasladar la declaración de inhabilidad, que hoy es un simple acto de conciencia individual, a una instancia colectiva de la Cámara de Diputados, para que, con antelación, determine quiénes deben inhabilitarse obligatoriamente en determinados debates o votaciones.
La tercera propuesta -también aprobada por unanimidad dice relación con la figura del cohecho. Hoy, para comprobar que hubo cohecho se debe verificar la existencia de la contraprestación de quien ha recibido recursos de un privado. Propusimos que baste el vínculo financiero entre un interés privado y un funcionario público o un parlamentario para que se establezca la figura del cohecho. Nada, ¡nada!, puede justificar que un parlamentario, elegido para servir el interés del pueblo, reciba dinero adicional de un privado, el cual, por supuesto, está interesado en las decisiones que se adoptan en el Congreso Nacional.
Por último, quiero destacar la unanimidad que concitó la eliminación del aporte de personas jurídicas, léase las empresas, que entiendo que también fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
La comisión investigadora del caso Penta propuso que ningún aporte privado supere el 3 por ciento del límite de gasto de cada candidato. La idea es que ningún donante sienta que es propietario o que tiene acciones dominantes en el voto de un parlamentario, y que ningún legislador sienta que su financiamiento depende de un donante en particular.
Sin embargo, entre ambas instancias se generaron diferencias en torno al límite de los aportes privados. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento estableció un límite muy alto: ningún aporte debe exceder el 25 por ciento del límite del gasto electoral. En la práctica, lo anterior se traduce en la posibilidad de que dos o tres donantes financien, por ejemplo, la candidatura de un alcalde. Por lo tanto, dicho límite no resuelve el problema central: que exista independencia de juicio, y que esta no sea, como dijo un excolega, un simple producto de mi conciencia individual, que asumo seguro de mi libertad, sino que pueda ser mostrada y enarbolada ante la ciudadanía como un hecho irredargüible.
En ese sentido se orienta el interés de las propuestas mencionadas, las que fueron aprobadas por unanimidad y que, incluso, van mucho más allá de lo expresado hoy en la Sala.
Por último, quiero destacar la evolución y el cambio que experimentaron muchos parlamentarios que, hace seis meses, jamás habrían aprobado la pérdida del escaño ni el terminar con los aportes de personas jurídicas. Sin embargo, sensibles a la demanda ciudadana, han concurrido para dar la unanimidad a dichas propuestas.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada Marisol Turres .
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero reconocer el trabajo realizado en la comisión.
Cabe recordar que, en sus inicios, solo debía investigar el caso Penta, en el que únicamente estaban involucradas personas de la UDI o ligadas a esta colectividad, lo que hacía bastante fácil -perdonen la expresión buscar hacernos trizas. Pero el tiempo fue mostrando, como dijo nuestro expresidente Ernesto Silva el pasado 9 de enero, que la relación entre el dinero y la política, en especial el financiamiento ilegal de las campañas, era la forma en que usualmente los partidos se financiaban.
El tiempo nos dio la razón para pesar de todos. Los casos que han salido a luz pública provocaron una crisis de credibilidad y de confianza que no es menor y que estamos enfrentando de la mejor manera que podemos, que es legislar.
Por lo tanto, todos nos dimos cuenta de que se debía observar la situación de otra manera, con altura de miras, buscar una solución y no aprovechar políticamente un problema que ha sido bastante difícil de enfrentar.
Por ello, aunque fue conocida como “Comisión Penta”, lo que finalmente abordó esta instancia fue cómo regular de buena forma la relación entre el dinero y la política.
Además, cabe recordar que la investigación fue consecuencia de la fusión de dos comisiones. En ese sentido, la comisión analizó distintas áreas. Por un lado, investigó las actuaciones del Servicio del Impuestos Interno y la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros en el marco del caso Penta, y, por otro, la contribución a los partidos políticos desde las empresas.
Respecto del Servicio de Impuestos Internos, concluimos que había infracción al deber de denuncia, pues funcionarios de dicha entidad se percataron de la ocurrencia de hechos que revestían carácter de delito y no los denunciaron.
Además, analizamos la existencia de cohecho, es decir, del pago a un funcionario público para que realice una acción que no debe o para que omita cumplir con una obligación. También advertimos la presencia de cohecho activo, que dice relación con la misma figura, es decir, con el soborno a funcionarios públicos, pero efectuado por particulares.
Dichas irregularidades están en manos de la justicia. El Ministerio Público las está investigando y toda la ciudadanía está atenta a las sanciones que, en definitiva, se apliquen.
Quiero referirme a las propuestas que hicimos desde la comisión, las que no son menores. De hecho, muchas de ellas han sido recogidas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; otras están contenidas en proyectos de ley presentados por el Ejecutivo.
En primer lugar, propusimos fortalecer las facultades fiscalizadoras del Servel. Pero no nos quedamos solo en ello: también proponemos que se otorgue mayor autonomía constitucional a este servicio, con el objeto de que tenga la independencia necesaria -tanto el propio servicio, como sus consejeros, etcéterapara aplicar la ley y ejercer sus facultades fiscalizadoras, sin presiones del mundo político.
En segundo lugar, como señaló el diputado Pepe Auth, buscamos la sanción más drástica posible para aquel parlamentario que no respete las normas sobre financiamiento de campañas políticas. Finalmente, concluimos -también lo contempla el proyecto que acabamos de despachar en la Comisión de Constitución que dicha sanción debía consistir en la pérdida del cargo. De esa forma, se inhibirá cualquier acción reñida con la ley.
En tercer lugar, proponemos que se establezca la citación a los parlamentarios a las comisiones investigadoras, porque el hecho de que no comparezcan ante esas instancias dificulta el desarrollo de una investigación. Por tanto, es bueno que su asistencia a las comisiones investigadoras constituya una obligación.
Proponemos extender las sanciones administrativas. Ante eventuales infracciones a la ley de financiamiento y límites al gasto electoral, esta debe conllevar la improcedencia del reembolso. En esto me quiero detener. Se puede producir la situación de que un candidato reciba más aportes que los permitidos; pero ello no necesariamente debe significar la pérdida del cargo, porque a veces ocurre que los candidatos no tienen conocimiento de dichos aportes. Todo va a depender de cómo funcione el Servel en este aspecto.
Por lo tanto, la sanción que se establece no será siempre la pérdida del cargo, sino que no proceda el reembolso de parte o de la totalidad del aporte del Servel al candidato.
Se propone modificar la figura del cohecho, en el sentido de que debe entenderse incluido en él toda transferencia o donación en dinero o en especies a partidos políticos, funcionarios públicos y candidatos a cargos de elección popular o en ejercicio de los mismos por parte de una persona jurídica.
También quiero detenerme en este punto. No quiero tratar de igual forma cualquier aporte efectuado por una persona jurídica a un candidato o a un partido político y verlo como una figura de cohecho. Quiero ser bien clara: hay empresarios que son militantes de un partido político y que han querido hacer aportes y contribuir a ese partido en razón de un convencimiento personal y de una postura política afín al candidato que su colectividad presenta. Por ello, no me parece que la forma en que hoy se mira esa situación, con tanta rabia e indignación, sea justa. No me parece bueno igualar.
Es posible que haya empresarios que hayan repartido aportes a todos los partidos o a distintos candidatos, a fin de hacer primar sus intereses corporativos; puede ser. Pero también hay casos, como el del señor Délano , que hacía aportes a la UDI. Hago presente que había un estrecho vínculo entre él y este partido.
Por lo tanto, hay matices. Es lo que hemos visto durante estos meses. Lamentablemente, ni la prensa ni la ciudadanía han podido tener la objetividad necesaria.
También se propone reducir el límite del gasto máximo en las campañas electorales, lo que considero bueno. Sin embargo, creo que hay que darle más de una mirada a ese planteamiento, porque con el cambio del sistema electoral, con la creación de mega distritos -se redujo de 60 a 28 el número de distritos-, la reducción de ese gasto no necesariamente será positiva, pues los territorios que estos comprenderán serán más extensos y la cantidad de electores, muchísimo mayor.
Creo, por tanto, que en la Cámara, y después también en el Senado, deberemos revisar nuevamente la materia, para no equivocarnos, de manera que no ocurra que después tengamos legislar en forma apurada sobre el límite al gasto máximo electoral.
Asimismo, propusimos extender el período de campaña considerado para el gasto, lo que en alguna medida fue recogido en el proyecto de ley para el fortalecimiento y transparencia de la democracia, que vimos y despachamos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento la semana pasada.
Además está la proposición de delimitar qué se entiende por campaña. Se avanzó en este aspecto en la referida iniciativa, que detalla qué se entiende por “campaña electoral” y por “gasto electoral”, qué se puede financiar y qué no, con una regulación bastante estricta al respecto.
De igual forma, en la comisión vimos la propuesta de reducir la magnitud máxima de los aportes privados.
Terminar con los aportes de las personas jurídicas es una proposición que también resolvimos en el mencionado proyecto.
En fin, hay una serie de otras proposiciones. Sin embargo, quiero dejar establecido que, de manera unánime, nos dimos cuenta de que efectivamente falta legislar sobre la materia, que existen vacíos legales y que ha habido conductas reñidas con la ética, como aportes irregulares a campañas electorales.
Pero no debemos quedarnos solo con la crítica, sino también analizar por qué se produjo todo esto. A raíz de ello, hoy, como Congreso Nacional, estamos legislando al efecto de lograr mayor transparencia hacia la ciudadanía, de re encantarla, para que vea que aunque pasen situaciones como las que hemos conocido durante el último tiempo, el objetivo de la gran mayoría de quienes estamos acá es contribuir al bien común para lograr un país cada día mejor, y en definitiva, poder colaborar siempre con el Ejecutivo, el que sea -sin perjuicio de las legítimas diferencias políticas que tengamos-, con el objeto de que Chile sea más grande y mejor.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra, por ocho minutos y treinta segundos, el diputado señor Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, el escándalo que estamos viviendo como país se ha ido acentuando.
Comienzo mi discurso haciendo esa observación, porque luego de que celebramos veintiuna sesiones en la comisión investigadora sobre el caso Penta, todos los escándalos que se han conocido estaban en su etapa inicial.
Hemos sido testigos de todo lo que trae aparejado al tema, como los famosos casos Soquimich , Corpesca y otros, que han derivado en investigaciones por parte del Ministerio Público, que las está llevando a cabo de manera excelente.
En esta intervención prescindiré de mi rol de presidente de la comisión, desde el cual creo que di garantías -algunos colegas me han dicho que fuimos demasiado blandosa todos los sectores para trabajar y lograr un resultado en nuestro cometido.
Nuestra labor no solo delimita las graves responsabilidades del Servicio de Impuestos Internos respecto de la ocurrencia de hechos que hoy son materia del escándalo público a que me referí, sino que además genera un claro, marcado y unánime reproche a todos los parlamentarios, que estén o no en el ejercicio de sus cargos, cuyas campañas electorales hayan tenido un financiamiento irregular.
En ello no hubo dobles lecturas en la instancia, lo que destaco y valoro. Como comisión investigadora, no somos un tribunal de justicia encargado de deslindar responsabilidades individuales, pero sí somos la instancia que ha dicho, de manera tajante y explícita, que no se pueden volver a repetir en nuestro país hechos como los que hoy se conocen y que se están investigando.
Por lo tanto, en los seis minutos que me quedan para hacer uso de la palabra, reitero, quiero desprenderme de mi rol de presidente de la comisión investigadora para poder opinar sobre ciertos aspectos que considero que forman parte del debate público.
Lo primero que quiero señalar es que soy un convencido de que, por largos años, desde que recuperamos la democracia -pido a los colegas que disculpen la franqueza con que me expreso-, hemos tenido un Congreso Nacional no enteramente democrático, porque -por desgracia, los hechos así lo están demostrando ha estado cooptado por intereses de grupos empresariales que han hecho de él, transversalmente en algunos casos, a través del financiamiento de campañas políticas, un mecanismo para tener aquí a verdaderos peones que responden a los intereses de empresarios que buscan precisamente proteger sus intereses, sus abusos contra la ciudadanía.
Eso es lo grave de lo que hoy estamos viviendo y lo que me entristece, porque por unos pocos estamos pagando todos ante la ciudadanía, y comenzaremos a pagar con más fuerza. Es cosa de ir al estadio -ello, para quienes nos gusta el fútbol o a la calle. ¿Adónde vamos a llegar? ¿A lo que les ocurría a los parlamentarios de países vecinos, que no podían ni siquiera ir a un lugar público con su familia?
A eso nos está llevando ese tipo de situaciones, porque lo que más condena la gente es justamente el tema sobre el cual se está dando cuenta. Asimismo, el que por tantos años ha habido abusos de parte de las isapres, de las AFP, de las farmacias que se coluden; que tenemos una ley de pesca que favorece a las familias poderosas de la actividad; que la minería ha hecho lo que ha querido, y que una empresa como Soquimich ha financiado transversalmente millones de dólares en campañas.
Eso, la ciudadanía hoy lo condena con más fuerza que nunca.
Paradojalmente, hoy un senador independiente, por Punta Arenas, está desaforado porque se le investiga por el arriendo de una sede parlamentaria. Estos casos, que son mucho más graves, seguramente terminarán con condenas irrisorias, si es que las hay en algunos casos. Pero, no me cabe ninguna duda, sí habrá respecto de ellos una clara condena social.
El mejor ejemplo que deben dar los partidos respecto de cada una de las personas que han aparecido involucradas en el financiamiento irregular de campañas electorales -independientemente del partido al que pertenezcan, de si son socialistas o de la UDI, de RN o de la DCes, primero, asumir un compromiso con Chile en cuanto a que esa gente nunca más será candidata, pues ganó sus campañas de manera irregular.
Segundo, ser capaces de elaborar una ley para, por lo menos, inhabilitar a los condenados en casos de corrupción o de cohecho para que nunca más -o al menos por un largo período puedan ser candidatos a alcaldes o a parlamentarios.
Lo señalo, pues todos han expresado que no se puede hacer hoy una ley que los condene porque para ellos rige la normativa vigente. Claro, impera el principio de la irretroactividad. Pero en este caso puntual, el país no nos perdonará si no se aplican sanciones ejemplarizadoras.
Por eso, quiero valorar el trabajo de la comisión, pues entregamos propuestas, muchas de las cuales -lo digo con bastante orgullo fueron recogidas por la Comisión Engel y van más allá del Parlamento, porque -repito-, desgraciadamente, la corrupción no solo ha estado centrada acá. Ya hemos visto lo que está pasando con el tema de la basura, en que hay autoridades, alcaldes, concejales desfilando en los tribunales de justicia o siendo formalizados.
En las regiones hay escándalos en relación con consejeros regionales, lo que es realmente lamentables para un país que lidera en cuanto a los índices de transparencia a nivel de la región latinoamericana, pero que hoy se ha visto sacudido por hechos de corrupción, lo que ha llevado incluso a que en Arica el alcalde y todo el municipio estén en la cárcel. ¡A eso estamos llegando!
Hago un llamado a que abramos los ojos ante un problema de país. No es justo que toda la clase política esté sancionada moral y ciudadanamente porque algunos financiaron su campaña electoral de manera irregular.
Por eso, el trabajo que entregamos hoy es un aporte, con proposiciones que van más allá de las condenas individuales, porque no nos corresponde hacer eso. Esperamos que los tribunales determinen tales condenas, como corresponde, y que ellas ojalá sean ejemplarizadoras, obviamente, en el marco de la legalidad vigente.
Sin embargo, necesitamos leyes mucho más duras. Por eso, hacemos una serie de proposiciones que permiten avanzar en la línea de generar una legislación en la materia, una agenda de transparencia y probidad durísima, que deje de lado la posibilidad de que el Parlamento se pueda prestar para acciones atentatorias contra la fe pública, ya que eso es lo que hoy tiene molesta a la gente.
Creo que ninguno de los aquí presentes puede decir que no ha sentido que hoy existe una molestia ciudadana muy grande por lo que está ocurriendo. No decirlo significaría cerrar los ojos ante una realidad que es evidente.
Por lo tanto, hago un llamado para que el trabajo que realizamos los trece miembros de la comisión investigadora, que ha sido y es un aporte -reitero que la Comisión Engel recogió muchos elementos de nuestro trabajo-, siga siéndolo, para construir un país donde efectivamente erradiquemos todas las prácticas que sean atentatorias contra la fe pública y poder así recuperar la confianza ciudadana, que es lo que hoy nos debe unir a todos.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Vlado Mirosevic .
El señor MIROSEVIC.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que de verdad lamento la ausencia de un grupo importante de parlamentarios en este debate, porque hace falta que discutamos en serio sobre la materia. Votaremos un informe que contiene las conclusiones de toda la Cámara de Diputados, no solamente de quienes participamos en la comisión investigadora. Por lo tanto, es realmente penoso que no haya interés en esta discusión.
Una de las principales conclusiones que saco luego del trabajo de la comisión es que en Chile hemos tenido durante bastante tiempo una “negociocracia”. “Negociocracia”, porque quienes fijaban las reglas del juego no eran precisamente las mayorías políticas, sino, en muchos casos, los grupos empresariales que tenían intereses concretos, legítimos por cierto, pero no legítimos en su capacidad de influir, incluso de manera ilegal, frente a las decisiones públicas, ante las decisiones de todos los chilenos.
Esa “negociocracia”, dirigida por un pequeño grupo que financiaba transversalmente campañas políticas de aquí y de allá, da cuenta de que nos hemos ido alejando de una idea bastante radical: la democracia. Porque costó muchísimo que gran parte de la humanidad asumiera esta idea revolucionaria que es la democracia, en la que, por ejemplo, cada voto vale lo mismo.
En este caso, cada voto no vale lo mismo, pues lo que se intentó hacer por la vía del financiamiento irregular es torcer las mayorías; ponerle un coto a la democracia, ponerle una tutela. La verdad es que tuvieron bastante éxito quienes quisieron hacer eso.
En la comisión llegamos a conclusiones que ciertos diputados, como Álvaro Escobar (independiente), plantearon en el pasado. Parece que en aquí, en el Congreso, algunos se creían dueños de Chile, y en estricto rigor, su comportamiento demostraba que en gran medida sí lo eran, porque estaban coludidos y coordinados para hacer leyes como trajes a la medida.
Daniel Muñoz , el famoso actor, al enterarse de los casos Penta y Dávalos , expresó que parecían prácticas propias del feudalismo del Medievo, y así parece.
En la comisión concluimos varios aspectos interesantes:
Primero, poder para el Servel, pues si realmente queremos un reforma, debemos darle poder a ese servicio. No puede ser que tengamos una institución que no posea atribuciones para fiscalizar.
Segundo, la eliminación de los aportes reservados y de los de las empresas, respecto de lo cual hace seis meses no había consenso. En la Comisión de Constitución, junto con el diputado Jackson presentamos indicaciones al proyecto respectivo, pero tuvimos dificultades. Ello sucedió muchos meses antes del caso Penta.
Por lo tanto, valoro que hoy exista, no una evolución de algunos parlamentarios, como dijo el colega Pepe Auth; esto no es una evolución en el cambio de opinión, sino que lo que hay aquí es un arrinconamiento de algunos que tenían una posición contraria a esos temas, a quienes hoy, dada la opinión pública mayoritaria, no les queda otra que aprobar una iniciativa como la existente sobre la materia.
Es cierto que hubo unanimidad en la comisión, y valoro a quien la dirigió, el diputado Fidel Espinoza . Sin embargo, esa unanimidad no significa que haya quedado fuera un espíritu crítico. Porque eso fuimos: un espíritu crítico con las privatizaciones de Soquimich, y un espíritu crítico, por ejemplo, con el hecho de que en el referendo revocatorio para cargos de elección popular no se incluyera a los parlamentarios.
Por último, cuando nos dicen que nuestras críticas afectan la institucionalidad, ¿quién defiende verdaderamente la democracia y la institucionalidad? ¿Los aportes de Soquimich o de Penta, o quienes realmente queremos una democracia auténtica y sin tutela?
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe de la Comisión Especial Investigadora en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora conjunta de A) las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos y la Superintendencia de Valores y Seguros, en relación con la fiscalización del grupo de empresas Penta y sus socios controladores; las donaciones a la Universidad del Desarrollo y las contribuciones financieras a los partidos políticos, y B) de las actuaciones del Servicio Electoral frente a las campañas electorales.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio ; Álvarez Vera Jenny ; Andrade Lara Osvaldo ; Arriagada Macaya Claudio ; Auth Stewart Pepe ; Becker Alvear Germán ; Bellolio Avaria Jaime ; Boric Font Gabriel ; Cariola Oliva Karol ; Carvajal Ambiado Loreto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chávez Velásquez Marcelo ; Cicardini Milla Daniella ; Coloma Alamos Juan Antonio ; Cornejo González Aldo ; De Mussy Hiriart Felipe ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farcas Guendelman Daniel ; Farías Ponce Ramón ; Flores García Iván ; Fuentes Castillo Iván ; Fuenzalida Figueroa Gonzalo ; García García René Manuel ; Girardi Lavín Cristina ; González Torres Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez Hugo ; Hernández Hernández Javier ; Hernando Pérez Marcela ; Hoffmann Opazo María José ; Jackson Drago Giorgio ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Sommerhoff Felipe ; Lavín León Joaquín ; Lemus Aracena Luis ; Letelier Norambuena Felipe ; Lorenzini Basso Pablo ; Macaya Danús Javier ; Melero Abaroa Patricio ; Melo Contreras Daniel ; Meza Moncada Fernando ; Mirosevic Verdugo Vlado ; Molina Oliva Andrea ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Morales Muñoz Celso ; Morano Cornejo Juan Enrique ; Núñez Arancibia Daniel ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Núñez Urrutia Paulina ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Paulsen Kehr Diego ; Pérez Lahsen Leopoldo ; Pilowsky Greene Jaime ; Poblete Zapata Roberto ; Provoste Campillay Yasna ; Rathgeb Schifferli Jorge ; Rincón González Ricardo ; Rivas Sánchez Gaspar ; Robles Pantoja Alberto ; Rocafull López Luis ; Rubilar Barahona Karla ; Sabat Fernández Marcela ; Saffirio Espinoza René ; Saldívar Auger Raúl ; Santana Tirachini Alejandro ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto Ferrada Leonardo ; Tarud Daccarett Jorge ; Teillier Del Valle Guillermo ; Trisotti Martínez Renzo ; Tuma Zedan Joaquín ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Urízar Muñoz Christian ; Urrutia Soto Osvaldo ; Vallejo Dowling Camila ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Walker Prieto Matías ; Ward Edwards Felipe .
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