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El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , Honorable Sala:
El motivo por el cual fui uno de los patrocinantes de esta moción es que considero absolutamente acertada la idea matriz que lo inspira, ya que resulta obvio que a los afectados por la catástrofe del 27 de febrero último no se les puede exigir estricto cumplimiento de sus compromisos comerciales, más aún si han perdido sus industrias o locales comerciales.
Como se menciona en el texto, no se trata de un perdonazo ni de la eliminación de antecedentes comerciales, sino de una suspensión mediante el bloqueo de la comunicación de los antecedentes durante 10 meses, plazo que expirará el 27 de diciembre del presente año, al término del cual se reinicia el sistema normal de comunicación de morosidades a los registros de datos que las contienen.
No obstante, se hace necesario realizar en su articulado algunas precisiones que, estoy cierto, se podrán efectuar mediante indicaciones pertinentes, de manera que la suspensión quede acotada a las personas naturales o jurídicas que realmente hayan sufrido los efectos de la catástrofe ocurrida en una importante porción del territorio nacional, donde vive cerca del 75 por ciento de los habitantes del país.
Asimismo, me preocupa que se pretenda circunscribir los efectos de este proyecto solo a algunas Regiones y no a todas las afectadas por el fenómeno telúrico.
En tal sentido, cabe señalar que en la de Valparaíso, a la cual represento en el Senado, también hay muchas víctimas del terremoto y del posterior tsunami que requieren beneficiarse con esta suspensión. Tal es el caso de gran parte de los habitantes del Archipiélago Juan Fernández y de quienes pertenecen a determinados sectores de la provincia de San Antonio.
Con estas observaciones, pido a la Sala dar su aprobación a la idea de legislar.
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