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El señor ESCALONA.- Señor Presidente , yo también abogo por que en el Senado exista el mejor clima en el debate y en la relación entre nosotros. Y, por eso mismo, considero inadecuado expresar que el interlocutor ha entregado un argumento falaz.
El Senador Letelier en ningún momento de su intervención manifestó que el recién nombrado Director de Gendarmería sea responsable del crimen de los tres profesionales degollados por un organismo del Estado denominado "DICOMCAR" (Dirección de Comunicaciones de Carabineros de Chile). No ha levantado tal acusación ni pretendido condenar al Estado. Lo conozco bien; es mi amigo y compañero desde hace muchos años y sé que jamás ha tenido esa pretensión. Por lo tanto, es falaz argumentar en esa dirección.
Él aludió a una cosa muy concreta: a una decisión política.
¡Ese es el punto!
Lamentablemente, estamos siendo testigos de que el Ejecutivo ha rebajado los estándares públicos en la adopción de determinadas decisiones políticas. Es decir, para desempeñarse como Director de Gendarmería se pudo haber formado parte de un mecanismo terrible de violación de los derechos humanos como la DICOMCAR, el órgano máximo que empleaba Carabineros para perseguir y ejecutar a los opositores políticos de la época.
En esta Sala nadie ha desconocido que dicho funcionario perteneció a ese organismo tenebroso. Y ninguno de los colegas presentes podría desconocer que allí se establecieron lazos de complicidad y pactos de silencio.
En consecuencia, efectivamente en el estándar hay diferencia entre una persona que nunca participó en las entidades represivas y cuya convicción de vida la llevó a rechazar cualquier involucramiento, institucional o no, en crímenes de esa naturaleza, y otra que no tuvo el coraje ni la valentía para rechazarlos y que sí formó parte de los aparatos represores. ¡Hay una diferencia política y moral entre ellas!
Por consiguiente, no recurramos a la desfiguración grosera de lo que se dice y de lo que se hace.
Es cierto que en los tribunales, luego de las declaraciones del actual Director de Gendarmería -entonces oficial de Carabineros-, los jueces, haciendo uso de su libre discernimiento, no lograron llegar al convencimiento de que se encontraba involucrado de manera directa en los crímenes. Sin embargo, fue interrogado por pertenecer a los aparatos represivos que los cometieron.
Nosotros no estamos diciendo que el Estado lo tiene que condenar. Pensamos, sí, que el Director de Gendarmería de Chile no debe haber formado parte de organismos de represión; que no debe recaer sobre él ningún tipo de sospecha ni de involucramiento en ese sentido; que no debe ser parte de ningún pacto de silencio -comprobado muchas veces a lo largo de estos años- para encubrir responsabilidades en los hechos atroces de violaciones a los derechos humanos que conmocionaron al país y estremecieron la conciencia universal.
Estamos hablando del tipo de decisión política que el Gobierno tomó, no de una condena al Estado. Porque quien la adoptó no fue el Estado, en general; no fue una entelequia; no fue un ente vago, impersonal, sino autoridades públicas con nombre y apellido: el Presidente de la República y el Ministro de Justicia .
Ambos cometieron una temeraria imprudencia al nombrar como Director de Gendarmería a alguien que integró uno de los aparatos represivos de la dictadura, la DICOMCAR, que se disolvió al ser sorprendida ni más ni menos que como ejecutora del degollamiento de tres profesionales militantes del Partido Comunista.
¡Ese es el punto!
Si Sus Señorías estiman que tal hecho no constituye razón para impugnar esa decisión política, ¡allá ustedes! Nosotros pensamos distinto.
Si consideran que una persona que participó en ese tipo de organismos puede ser Director Nacional de Gendarmería , ¡allá ustedes! Nosotros consideramos que no.
El señor LETELIER.- Ese es el punto.
El señor ESCALONA.- Entonces, creo que vale la pena dejar establecidos los hechos, porque estos temas son sumamente delicados y, por tanto, a su respecto hay que ser precisos.
Y una última cuestión.
En los años setenta -y los Senadores de mi generación lo sabrán perfectamente- fue motivo de ásperas discusiones y estuvo también dentro del conjunto de entretelones que rodearon la crisis institucional de 1973 el hecho de que, en forma equivocada, las fuerzas políticas de la época intervenían en los asuntos internos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Incluso, los constitucionalistas del 80 cambiaron la disposición fundamental que preceptuaba que el paso de coroneles a generales se realizaba aquí, en el Senado de la República, precisamente debido a que se hacía mal uso de dicha atribución constitucional, que servía para meter manos en temas internos de los institutos castrenses.
Hoy día los Gobiernos democráticos no tienen ningún tipo de información respecto de los organismos uniformados, excepto la que les entrega la propia máxima jerarquía institucional.
Por consiguiente, estimados Senadores, en estas materias hay que ser sumamente claros.
Si un máximo director de uno de los organismos uniformados decide no entregar una información al Gobierno democrático, no la entrega, por una razón muy simple: porque en el actual ordenamiento jurídico, al cual nosotros hemos ayudado decisivamente, rechazamos cualquier intromisión e interferencia en el funcionamiento autónomo de tales organismos; no existe ningún tipo de aparato de inteligencia de la Administración civil que le pueda dar al Gobierno democrático una información distinta de la que el propio jefe institucional debe proporcionar.
Así que aquí hay una responsabilidad compartida. No vengan ustedes acá a eludir la responsabilidad diciendo que los Gobiernos civiles de Ricardo Lagos Escobar y Michelle Bachelet promovieron a esas personas, porque también hay responsabilidad de los máximos jefes institucionales que propusieron su ascenso.
Y en esto seamos claros.
Es bueno para la democracia que no exista intromisión del Gobierno civil ni del Parlamento de turno en las destinaciones de las máximas jerarquías institucionales, pues aleja a las Fuerzas Armadas y a los uniformados de la contingencia política. Pero también exige de esas máximas jerarquías una primerísima responsabilidad, porque el Gobierno civil depende, en último término, exclusivamente de la información que recibe de ellas.
En consecuencia, hoy día nosotros, con los antecedentes de que disponemos y con la información con que podemos contar cuando esa gente ya se encuentra fuera de las instituciones, perfectamente estamos en condiciones de coincidir con ustedes -y nos hacemos cargo de ello (¡fíjense!) y podemos reconocerlo hidalgamente frente al país- en que una persona que formó parte de la DICOMCAR, que fue citada a declarar y respecto de la cual el juez no se formó convicción sobre su responsabilidad y por eso no siguió adelante con el proceso no debió llegar a ser General de Carabineros de Chile.
Me formo esa convicción precisamente hoy, al calor de esta discusión. Y estoy dispuesto a reconocer el error de nuestro Gobierno. Pero también -¡por favor!- ustedes reconozcan los suyos.
¡Si hay tanto oficial general de las Fuerzas Armadas que podría asumir la responsabilidad de que se trata! ¡Existe en Chile tanto profesional -abogado, en fin- que podría ejercer el cargo pertinente en condiciones mucho mejores -estoy seguro- que la persona aludida!
Entonces, ¿por qué obcecarse en mantener la designación en comento, que a todas luces reabre un debate sobre una etapa acerca de la cual pensábamos que había una visión común en cuanto al daño que las violaciones a los derechos humanos le provocaron al alma nacional?
He dicho.
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