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El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , quizás sería más fácil para todos guardar silencio y no opinar del tema.
No es mi caso. Nosotros, de alguna manera, tenemos la obligación de expresar algunas palabras sobre la situación en comento, la cual se cruza con un proyecto que probablemente nada tiene que ver con el asunto que se está discutiendo.
Quiero leer partes de una declaración que a mí y, muy posiblemente, a muchos otros nos llegó a través de una carta.
Dice:
"Tal nombramiento nos golpea en nuestra dignidad, toda vez que Andrusco formó parte del Alto Mando de la disuelta Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) al momento en que fueron asesinados nuestros familiares por agentes de tal organismo del Estado".
"En los dos operativos los secuestradores actuaron con gran disponibilidad de medios facilitados por la Dicomcar.".
"De ese lugar" -se refiere a la sede de la AGECH- "fueron raptados a la fuerza varios profesores, quienes estuvieron privados de libertad hasta el día 29, siendo su lugar de detención ilegal el cuartel de la Dicomcar, ubicado en calle Dieciocho, el mismo que años atrás fuera usado por el organismo represor clandestino Comando Conjunto, bajo el nombre de "La Firma", desde donde desaparecieron muchos chilenos y chilenas.
"Pese a las intensas actividades desplegadas para dar con vida a nuestros familiares, no se tuvo noticia alguna de ellos hasta el 30 de marzo de 1985, cuando fueron encontrados sus cuerpos con marcas de tortura, extraídas sus uñas, quemados con cigarrillos sus orejas, con huesos quebrados, degollados y desangrados en el camino que une Quilicura con el Aeropuerto de Pudahuel, donde hoy se levanta el Memorial de las Tres Sillas, que recuerda este crimen que conmocionó a todo el pueblo de Chile y al mundo.
"Quienes realizaron el crimen eran miembros de la Dicomcar (...) El sitio donde mantuvieron secuestrados y torturaron a nuestros familiares fue la sede de la Dicomcar (...) Varios de los colegas y subordinados de Andrusco en la Dicomcar cumplen hoy condena en el penal de Punta Peuco por el triple secuestro y degollamiento.
"Como familiares de Nattino, Parada y Guerrero exigimos respeto a nuestros muertos y a la sociedad chilena toda, cuya democracia debe basarse en el respeto, fomento y goce de los derechos humanos.".
Señor Presidente, leo la declaración porque no estamos frente a un tema cualquiera.
Yo he sido y seguiré siendo defensor del principio de presunción de inocencia, siempre. Pero hay situaciones que requieren cierta prudencia de parte de las autoridades.
Nadie en esta Sala podría señalar que quien perteneció a un organismo de seguridad como la DICOMCAR, que contaba con lugares donde se torturaba y se mataba, no tenía conocimiento de lo que ahí pasaba. Nadie de la DINA puede negar que sabía cómo se mataba y se torturaba en este país. ¡Nadie! No me vengan a decir que un miembro de la DINA era una estafeta y que pasaba por fuera de donde se cometían los crímenes. Y lo mismo cabe sostener de un organismo como la DICOMCAR.
Por lo tanto, no se trata de un problema con el señor Andrusco, sino de que, cuando se efectúa un nombramiento importante, se debe tener claro si la persona designada perteneció a dicho organismo de seguridad. Porque no es entendible que alguien no supiera que en la oficina de al lado se torturaba y se mataba gente, que luego se hacía desaparecer.
Le creo al Ministro lo que ha dicho; pero es indispensable que estas cosas se analicen desde la perspectiva que estoy planteando.
Se trata no de enjuiciar a alguien que no ha sido condenado, sino de enfatizar que quien estuvo en dicho organismo no pudo desconocer lo que ahí pasaba. ¿O alguien puede afirmar que, estando en la oficina de al lado, no escuchaba los gritos ni las torturas, o que no sabía que algunos miembros de esa entidad estaban matando personas? ¡Es imposible, señor Presidente ! ¡Totalmente imposible!
Por eso para nosotros este es un punto central.
Obviamente, lo planteado es un hecho político. No tiene que ver ni con los trabajadores ni con entorpecer las actividades del Gobierno. Constituye un aspecto político claro y preciso: es responsabilidad de quienes nombran a las autoridades disponer, necesariamente, de los antecedentes suficientes para no cometer errores que finalmente dañen a familias como las que he mencionado en la carta que leí.
He dicho.
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