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El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , para ser breve, deseo consignar que tengo una duda respecto a la norma y una opinión con relación a un asunto más general.
En cuanto a la primera, deseo saber por qué son 25 años renovables.
Ese período resulta adecuado, dependiendo de la actividad económica de que se trate. Si se establece para la minería, por ejemplo, no me cabe la menor duda de que se ajusta a la realidad. Porque en ella se requiere explorar, explotar, realizar muchos trabajos previos antes de que el producto vaya al mercado, se refine o se funda. Pero la actividad acuícola, como también la industrial, no tienen nada que ver con la minera.
Por lo tanto, un lapso de 25 años, además renovable, me parece excesivo y casi indefinido. Digámoslo francamente: 50 años es poco menos que una eternidad.
Esa es mi primera duda.
Opino que si fueran 15 años, con el poco conocimiento que tengo en la materia -al igual que el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, no pretendo saber de todo-, ello se ajustaría a una actividad donde la rentabilidad se obtiene mucho más rápidamente que en cualquier otra, ya que así ocurre con la explotación de los recursos del mar.
Mi segunda inquietud, señor Presidente, tiene que ver con el borde costero. Y me gustaría que quienes han estudiado más detenidamente este proyecto me dieran una respuesta.
Entiendo que la Ley General de Pesca y Acuicultura sigue vigente. En consecuencia, debiéramos tener claro que el borde costero, incluido en las cinco millas náuticas reservadas a la pesca artesanal, le pertenece a este mundo. Por lo tanto, esto no tendría que verse afectado de manera alguna, ya que se contempla en aquella normativa -discutida con tanto entusiasmo y ardor hace muchos años-, que no ha sido derogada.
Y si aquí existiera una disposición que violara en los hechos el aporte que en su momento les otorgamos a los 120 mil pescadores artesanales del país, con sus respectivas familias, ello resultaría francamente atentatorio contra lo que nosotros mismos, por unanimidad, calificamos como fundamental para los efectos de diversificar la actividad productiva vinculada con el mar.
Entonces, acepto que lo primero que señalé puede ser discutible. Pero en cuanto a lo segundo, ello me parece esencial para conocer si estamos alterando la disposición de la Ley General de Pesca y Acuicultura que les concedió -y lo sigue haciendo- una reserva de cinco millas náuticas a los pescadores artesanales.
He dicho.
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