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El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , en esta Sala, habitualmente, ciertos Senadores hacen clases de Psiquiatría y afirman de manera reiterada que quienes pertenecemos a estas bancas vemos solo una realidad.
Debo decir que aquí hay material para impartir varias de esas clases, porque -se sonríe el Senador señor Escalona, quien, al parecer, es entendido en la materia- se repiten diversos argumentos absolutamente irreales.
No se trata solo de ayudar a las industrias del sector acuícola porque generan mano de obra, desarrollo y una serie de elementos en determinadas zonas, lo cual imagino que preocupa a los parlamentarios que las representan.
Hoy, señor Presidente , esas empresas entregan en garantía las concesiones, sin ley. Y, por lo tanto, en la práctica, la disposición que nos ocupa refuerza la operación de este sistema frente a los bancos o los que otorgan los créditos.
En segundo lugar, aquí se dice majaderamente que, si se saca a remate una concesión, el banco se adjudicará un bien nacional de uso público.
¡Hasta cuándo, señor Presidente!
Yo no soy autor del proyecto, pero es la cuarta vez que he debido explicar este punto: lo que se adjudica el banco es la concesión, no la porción de agua, ni el terreno contiguo.
Por lo tanto, es evidente que no estamos privatizando ni el mar, ni la playa, ni nada parecido.
En tercer lugar, aquí se habla de las concesiones como si se entregaran en forma definitiva, absoluta, en propiedad. ¡No es así! Las concesiones constituyen un acto administrativo esencialmente revocable. Muchas veces ocurre -me ha tocado ver algunos casos en mi zona- que se otorgan concesiones a fin de generar un producto equis y, por no cumplirse tales fines o sus plazos, la autoridad las caduca.
Aquí se dice: "En este proyecto de ley les estamos entregando los derechos de uso y goce por veinticinco años". ¡Pero si hoy día son por tiempo indefinido! ¡Y la iniciativa está acotando el plazo a veinticinco años!
Yo no soy partidario de acortar esos períodos, porque en los casos que aquí tanto preocupan -de empresarios que consiguen una concesión para cultivar equis especie y no lo hacen, no cumplen o se dedican a otras- la autoridad administrativa tiene la facultad de terminar la concesión. No se trata de una suerte de acto pétreo mediante el cual se regalen los bienes del Estado en forma gratuita y definitiva.
Además, por las concesiones se pagan patentes muy caras. Hay pescadores de mi Región que se hallan muy endeudados por esta causa.
Entonces, francamente, aquí se pretende proyectar una imagen irreal.
La iniciativa que nos ocupa debilita el dominio sobre las concesiones acuícolas, porque reduce su plazo.
¡No es cierto que se privatice el mar, la playa, o algo similar! ¡Para qué se insiste en ello!
Reitero que hoy -por lo que he leído en la prensa, pues no existen salmoneras en mi Región-, las empresas del rubro entregan en garantía las concesiones a los bancos.
¿Por qué seguir repitiendo lo mismo? Lo que estamos haciendo es reforzar una realidad a fin de que esas industrias tengan viabilidad y puedan generar desarrollo y trabajo para miles de personas que se desempeñan en el sector.
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