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Fundamentos
De acuerdo al último informe de la ONU sobre producción y consumo de drogas, Chile aparece con índices cada vez más deteriorados y preocupantes. De los 194 países medidos a nivel mundial y 44 Latinoamericanos, nuestro país ocupa el primer lugar en consumo de marihuana y segundo en cocaína. Respecto del consumo de cocaína, a nivel mundial, en el penúltimo estudio de la ONU Chile ocupaba el séptimo lugar y subió a quinto.
Son variadas las razones del por qué se ha agudizado este fenómeno. Sin embargo desde mi punto de vista existen tres factores determinantes.
El primero, es que Chile hace tiempo dejó de ser un país de tránsito y ha pasado a ser un país consumidor, a niveles cada vez mayores, por las buenas condiciones económicas que muestra el país. Ello ha generado un mercado cada vez más atractivo para el narcotráfico.
En segundo lugar, el éxito que ha tenido Colombia en el combate al narcotráfico ha trasladado los centros productores hacia el sur de Latinoamérica, concretamente hacia Perú y Solivia. En el caso Boliviano se agrega otro elemento, que es el aumento de las producciones que se consideran legales.
Un tercer factor importante dice relación de cómo ha cambiado la composición del consumo a nivel mundial. Irrumpen definitivamente las drogas químicas y en la actualidad se consumen más drogas químicas que las llamadas tradicionales como la cocaína. Este cambio en la composición del consumo se ha traducido en una baja en los precios de la cocaína y la pasta base, junto con un aumento de la oferta para mantener los márgenes de ganancia vía volumen.
El cuadro descrito ha llevado a que el 54% de la producción mundial de cocaína y sus derivados, como la pasta base, hoy se produzca en Perú y Bolivia.
Chile comparte con ambos países más de 1.000 kilómetros de frontera terrestre, la que es en muchas zonas completamente vulnerable, con más de 200 pasos no habilitados. A lo anterior cabe agregar la frontera marítima, vía a través de la cual cada vez ingresa más droga, en lanchas rápidas en torno al hito 1.
El gobierno Chileno, plenamente consciente de esta realidad, está desplegando esfuerzos para controlar con mayor eficacia tanto los pasos habilitados como los no habilitados y la frontera marítima.
Sin embargo, tengo la convicción de que con el objeto de inhibir el ingreso de droga al país, particularmente a través de la frontera norte, resulta fundamental efectuar cambios legislativos destinados a endurecer la penalidad del delito de microtráfico, cuando estas conductas se materializan en la frontera. La ley 20.000, en el inciso primero de su artículo 4°, que sanciona el microtráfico, señala que “El que sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica del artículo primero” será castigado con una penalidad menor que la que corresponde al narcotráfico.
Mantener esta diferenciación en la zona limítrofe, particularmente en torno a los países productores en el norte del país, constituye un alto riesgo. Es de conocimiento público como las redes de narcotráfico cruzan constantemente la frontera con pequeñas cantidades de droga para trasladarla directamente a los centros de consumo o acopiarlos en Arica, Iquique o Alto Hospicio de forma de, en caso de ser aprehendidos, sólo se les aplique la sanción que corresponde al microtráfico.
Dados los altos niveles de producción de droga en Perú y Solivia y la vulnerabilidad de nuestra frontera con ambos países, no basta con utilizar tecnologías modernas para detectar su ingreso sino que además deben existir sanciones ejemplarizadoras para quienes pretendan ingresar droga al país.
Para agregar el siguiente inciso segundo nuevo al artículo 4 de la ley 20.000.
“Cuando las conductas descritas en el inciso anterior se cometan en las zonas limítrofes se le aplicará lo dispuesto en el artículo 3°, a menos que se justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico”.
(Fdo.): Jaime Orpis Bouchon, Senador.
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