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El señor NAVARRO.- Señor Presidente , el combate contra la delincuencia tiene una tríada de seguridad pública, que hemos venido señalando: las policías, que han sido modernizadas -Carabineros: 10 mil nuevos efectivos-; los tribunales y los fiscales (dos ejes centrales), pero también Gendarmería.
En una lectura rápida del boletín comparado, veo que Gendarmería aparece como integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior.
Sin embargo, no visualizo la valoración necesaria para entender que la tarea de la seguridad pública también contempla a Gendarmería de Chile; que no solo se trata de detener, juzgar y sancionar, sino también de hacerse cargo de la condena y de la rehabilitación y la reinserción, que hoy día se hallan en manos del Ministerio de Justicia y ahora pasan al nuevo Ministerio.
No sé cuál es el rol que jugará el Ministerio de Justicia. Se le quita una facultad, que está cumpliendo de pésima manera. Porque no hay reinserción ni rehabilitación en las cárceles chilenas, señor Presidente .
El presupuesto de Gendarmería para el año 2011 es de 232 mil millones de pesos. Para rehabilitación, 7 mil 200 millones. Pero todos sabemos que esto no ocurre. No hay rehabilitación. ¡Nuestras cárceles son universidades del delito! Y hoy día la facultad pertinente se transfiere al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Mi pregunta es cómo esa Secretaría de Estado se va a relacionar con Gendarmería, que sigue a cargo de los presos en los recintos penales y depende fundamentalmente del Ministerio de Justicia.
Siento que Gendarmería sigue siendo el pariente pobre y el patio trasero de la política de seguridad pública. Porque tan importante es detener al delincuente, procesarlo debidamente y aplicarle sanciones justas como hacerse cargo de su reclusión, de su rehabilitación y de su reinserción.
¡76 por ciento de reincidencia registra la cárcel El Manzano I! El promedio de Gendarmería se ubica entre 45 y 49 por ciento. Pero todos sabemos que es mucho mayor.
¡Cómo no va a ser importante impedir la reincidencia!
Y eso se halla en manos de Gendarmería, que está a cargo de las cárceles -vigila a los reclusos, en fin-, aun de las concesionadas.
Los recintos penales concesionados son administrados internamente por dicha institución. El concesionario, que las construye, da la comida, etcétera. Pero en el baño de los oficiales no hay papel higiénico, jabón.
¡Esas son las cárceles concesionadas modernas que tenemos hoy!
Entonces, ahí existe un problema: cómo va a coordinar el Ministerio del Interior y Seguridad Pública las tareas de rehabilitación y reinserción. Porque la prevención es obligación de las policías y de otras Secretarías de Estado. Pero la rehabilitación y la reinserción están en manos del Ministerio de Justicia, que no lo ha hecho bien, ni en este Gobierno ni en los anteriores.
De allí el resultado en la cárcel de San Miguel; y antes, en la de Iquique y en la de El Manzano, en Concepción, con 81, 26 y 9 muertos, respectivamente.
Por tanto, es necesario relevar la tarea de Gendarmería.
Gendarmería es la única institución cuyo Director Nacional no es funcionario de carrera.
¿Qué opinarían la ciudadanía y los Senadores si se determinara que fuera General Director de Carabineros un abogado ajeno a la institución con un curso de seguridad militar o policial? ¿Qué dirían las Fuerzas Armadas si ocurriera lo propio en alguna de sus ramas?
Superamos ese problema en la PDI: establecimos que su Director General debía ser un funcionario de carrera.
Pero en Gendarmería los directores nacionales siguen siendo personas ajenas a la institución. Por tanto, como no media la carrera funcionaria, hay inexperiencia.
Señor Presidente , considero que lo relativo a las funciones de rehabilitación y reinserción en manos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública debe aclararse.
Quiero saber quién será responsable de ellas. Porque si el nuevo Ministerio concentrará las decisiones políticas -así lo dispone claramente el artículo respectivo-, hay que tener en cuenta que ellas afectarán tareas administrativas de otras Secretarías de Estado y servicios públicos. Y, así, el Consejo Nacional de Seguridad Pública podría llegar a adolecer de lo que ya conocemos en organismos como la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET).
En Chile fallece una persona cada 5 horas en accidentes de tránsito, los que anualmente dejan un saldo de más o menos 49 mil lesionados y 2 mil 800 muertos (se contabilizan las personas que perecen en el lugar del suceso y las que fallecen camino al hospital).
Se crearon la CONASET y las comisiones regionales de seguridad de tránsito. Sin embargo, a las reuniones de estas se manda a cualquier funcionario, e incluso a una secretaria, para que cumpla una tarea propia del seremi. Entonces, debe disponerse que a tales reuniones tendrá que concurrir un personero importante de cada Ministerio.
Señor Presidente , voto a favor. No obstante, espero conversar con el Ejecutivo a fin de instalar el verdadero rol de Gendarmería y determinar de manera mucho más categórica su coordinación con el Ministro de Justicia .
¡Patagonia sin represas!
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