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El señor ESPINA.- Señor Presidente , en primer término, quiero recordar que en el año 2005 la Comisión Especial sobre Seguridad Ciudadana, que presidía el Senador señor Eduardo Frei y que integraban, entre otros, el Senador Ricardo Núñez y quien habla, básicamente, abordó el problema que ahora este proyecto resuelve en forma adecuada.
Estamos en presencia del cambio institucional más importante, no solo del Ministerio del Interior, sino de la institucionalidad chilena, para enfrentar con éxito los problemas que plantea la seguridad ciudadana.
En el informe de dicha Comisión se decía: "Especialmente, llamó la atención de la Comisión la falta de coordinación que existe tanto entre los distintos programas sociales como entre las autoridades y los servicios vinculados al tema.
"Sobre este particular, se connotó que son cuantiosos los recursos que se invierten en seguridad ciudadana y que, al analizarse la estructura del Estado, queda de manifiesto que tales fondos no se utilizan con la efectividad y resultados que se requiere, pues no existe una estructura que permita pensar en el tema en forma global o transversal y no como una situación coyuntural, asumida por algún Ministerio a consecuencia de situaciones específicas".
El mismo informe habla de la mayor peligrosidad asociada a la comisión de algunos delitos y hace una descripción en detalle que considero muy certera y adecuada.
El proyecto en debate recoge adecuadamente tales observaciones, pues por primera vez en Chile vamos a tener un Ministerio encargado de desarrollar la seguridad ciudadana en tres frentes simultáneos: en el área de la prevención, en el área del control y en el área de la rehabilitación y la reinserción social.
Por eso, se entregan expresamente al Ministro del Interior funciones que dicen relación a la proposición, coordinación y evaluación de la política nacional de seguridad pública interior. Es decir, vamos a tener un Ministerio preocupado de las tres áreas en que se debe avanzar simultáneamente si queremos disminuir los delitos. Si cualquiera de ellas cojea habrá serios obstáculos para reducir la comisión de delitos en el país.
En forma paralela, se avanza en un ámbito muy sensible: la existencia de un sistema actualizado de procesamiento de datos, documentos y otros antecedentes fundamentales para tener una buena evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.
Junto con evaluarlas, se le otorga -resolviendo la observación planteada en el informe que leí- la facultad de coordinar las acciones y programas de los Ministerios y servicios públicos, a fin de evitar la duplicidad de labores que muchos de ellos cumplen actualmente en este ámbito.
Además, se establece, clara y expresamente, que el Ministerio del Interior deberá no solo abordar los temas relativos al control del delito, sino también promover, coordinar y fomentar medidas de prevención, reinserción y rehabilitación, que son algunos de los aspectos más débiles en nuestra legislación.
Se incorpora un elemento de participación muy importante, por cuanto se crea el Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrado por las principales autoridades de todas las instituciones, incluyendo las municipalidades, que igualmente tienen que ver con la seguridad ciudadana. Y se considera tanto el nivel central como, igualmente, el de cada una de las Regiones del país, consagrándose en cada una de ellas un Consejo similar para la adecuada coordinación de las políticas de seguridad ciudadana.
Se crea la Subsecretaría de Prevención del Delito, que será fundamental. El Ministerio del Interior ya no solo tendrá la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Subsecretaría del Interior, sino también ahora esta otra, cuyas funciones serán elaborar, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas públicas para prevenir delitos y rehabilitar y reinsertar socialmente a los delincuentes.
En la estructura de trabajo dentro del Ministerio, el aterrizaje territorial se hará a través de las intendencias, a las que corresponderá la ejecución de la política nacional de seguridad pública a nivel regional, provincial y local, que era una de las demandas más sentidas para que los programas y proyectos de seguridad ciudadana no quedaran solo en la elite, en la parte alta de la organización del Estado, sino que se aterrizaran de tal forma que sus resultados se vieran en cada una de las comunas, quedando el intendente a cargo de la ejecución de las políticas que se deban llevar adelante.
La Subsecretaría de Prevención del Delito tendrá carácter no solo asesor, sino también de gestión. Gran parte de los problemas de seguridad ciudadana está relacionada con coordinación, gestión y evaluación.
Si tenemos muchos programas, las preguntas que surgen son: quién coordina a las distintas instituciones; quién evalúa el trabajo hecho en terreno, y quién, además, se preocupa de que se gestionen adecuadamente cada uno de los distintos planes de seguridad ciudadana.
Se da un paso muy importante con la creación del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol en el CONACE. Hasta ahora un programa de gobierno, hoy se transforma en un servicio público nuevo, descentralizado, al cual se le incorpora, aparte de la prevención, todo lo relacionado con la ingesta abusiva de alcohol, en la medida en que quienes lo consuman puedan verse vinculados en una acción delictual.
Señor Presidente, me parece que estamos ante un proyecto extraordinariamente útil para lograr que en Chile exista una adecuada coordinación en todos los frentes vinculados con la seguridad ciudadana.
Asimismo, quiero reconocer el trabajo realizado por la Comisión Mixta. Pocas veces, en un ambiente a veces de mucha confrontación, somos capaces de ponernos de acuerdo en un buen proyecto. Y creo que aquí concordamos en uno muy bueno.
Pienso que la experiencia en terreno dirá qué cosas se podrán perfeccionar, pero no hay duda de que el aporte de los parlamentarios de Gobierno y de Oposición, bajo la presidencia de la Senadora Alvear , contribuyó a lograr un texto que aborda las tres áreas citadas, sin dejar cojeando a ninguna de ellas, como la prevención y, sobre todo, la rehabilitación, lo que resulta importante a la luz de lo ocurrido en nuestras cárceles.
Finalmente, quiero señalar que se recogieron todas las propuestas que el Senado planteó hace algunos años.
Se traspasa Carabineros -aspecto que no había mencionado y que ha sido debatido en muchas oportunidades- al Ministerio del Interior.
Carabineros mantendrá su autonomía operativa. La autoridad política no podrá entrar a pronunciarse sobre los procedimientos policiales, pero sí tendrá todo el derecho a evaluar cómo se está cumpliendo la función policial en terreno. Asimismo, el Ministerio encargado de la seguridad ciudadana tendrá un vínculo directo con las policías, para que estas puedan cumplir bien sus objetivos: en el ámbito de la prevención -el "Plan Cuadrante", por ejemplo-; en lo que dice relación al control, con todas las acciones policiales requeridas para detener a los delincuentes peligrosos, y también en la labor de educación y reinserción social, fundamental cuando una persona ya ha caído en el mundo del delito.
Señor Presidente , creo que tenemos una tremenda oportunidad para transformar el tema de la seguridad ciudadana en una política de Estado. Ninguno de los países que han logrado disminuir los delitos lo han hecho sin que se haya cumplido un requisito previo: que todos entiendan que este es un asunto que corresponde a una política de Estado; que reducir los delitos no es algo que se produzca de la noche a la mañana, y que la tendencia a lo que hay que hacer se irá desarrollando y marcando cada vez más en la medida en que alcancemos los acuerdos necesarios para que este proyecto de ley, que fija la estructura, se transforme posteriormente en una realidad en terreno.
Por último, quiero destacar el rol que ha jugado el señor Ministro del Interior.
La verdad es que estamos ante un proyecto que venía del último Gobierno de la Concertación. Hubo que recoger numerosas sugerencias de parlamentarios. Y el Jefe del Gabinete no solo tuvo la voluntad, sino también el talento para generar los consensos necesarios que hoy nos permiten votar una normativa que, sin duda -cualquiera que revise la legislación chilena anterior se dará cuenta de ello-, constituye el cambio más importante que se ha efectuado en la organización del Estado para enfrentar lo que todas las encuestas de opinión siguen mencionando como el principal anhelo de la ciudadanía: vivir en paz y en tranquilidad en un país que sabe prevenir y controlar, pero también rehabilitar.
Por esa razón, voto a favor del informe de la Comisión Mixta.
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