CREACIÓN DE MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN DE CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA El señor PIZARRO ( Presidente ).- Corresponde tratar, en primer lugar, el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, con urgencia calificada de "discusión inmediata". --Los antecedentes sobre el proyecto (4248-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer trámite, sesión 24ª, en 20 de junio de 2006. En tercer trámite, sesión 53ª, en 30 de septiembre de 2009. En trámite de Comisión Mixta, sesión 22ª, en 1 d e junio de 2010. Informes de Comisión: Constitución, sesión 60ª, en 30 de octubre de 2007. Constitución (nuevo), sesión 31ª, en 1 de julio de 2008. Constitución (segundo), sesión 13ª, en 29 de abril de 2009. Hacienda, sesión 13ª, en 29 de abril de 2009. Constitución (tercer trámite), sesión 58ª, en 14 de octubre de 2009. Mixta, sesión 75ª, en 14 de diciembre de 2010. Discusión: Sesiones 62ª, en 6 de noviembre de 2007 (se retira de la tabla); 33ª, en 2 de julio de 2008 (queda para segunda discusión); 35ª, en 9 de julio de 2008 (se aprueba en general); 14ª, en 5 de mayo de 2009 (se aprueba en particular); 58ª, en 14 de octubre de 2009 (se rechaza en tercer trámite y pasa a C. Mixta). El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- La divergencia entre ambas Cámaras se originó en el rechazo del Senado de todas las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. La Comisión Mixta sugiere, como forma de resolver las discrepancias entre ambas Cámaras, aprobar la proposición que se consigna en su informe, acordada por unanimidad, con excepción de tres normas: el artículo 15, respecto del cual votó en contra la Senadora señora Alvear; la letra b) del artículo 19, rechazada por el Diputado señor Burgos; y el artículo 4° transitorio, respecto del cual se abstuvieron los Diputados señores Burgos y Harboe. Cabe tener presente que los artículos 1°, inciso primero; 3°, letra c); 4°; 6°; 7°, inciso final; 8°, inciso segundo; 10, inciso primero; 13, incisos segundo y tercero, letra a); 15, inciso tercero; 16; 22; 24; 27, número 1, y el artículo 4° transitorio tienen carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren, para su aprobación, el voto conforme de 22 señores Senadores. El boletín comparado transcribe la proposición de la Comisión Mixta. El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión. Hago presente que el informe de la Comisión se vota como un todo. Tiene la palabra el Senador señor Espina. El señor ESPINA.- Señor Presidente , en primer término, quiero recordar que en el año 2005 la Comisión Especial sobre Seguridad Ciudadana, que presidía el Senador señor Eduardo Frei y que integraban, entre otros, el Senador Ricardo Núñez y quien habla, básicamente, abordó el problema que ahora este proyecto resuelve en forma adecuada. Estamos en presencia del cambio institucional más importante, no solo del Ministerio del Interior, sino de la institucionalidad chilena, para enfrentar con éxito los problemas que plantea la seguridad ciudadana. En el informe de dicha Comisión se decía: "Especialmente, llamó la atención de la Comisión la falta de coordinación que existe tanto entre los distintos programas sociales como entre las autoridades y los servicios vinculados al tema. "Sobre este particular, se connotó que son cuantiosos los recursos que se invierten en seguridad ciudadana y que, al analizarse la estructura del Estado, queda de manifiesto que tales fondos no se utilizan con la efectividad y resultados que se requiere, pues no existe una estructura que permita pensar en el tema en forma global o transversal y no como una situación coyuntural, asumida por algún Ministerio a consecuencia de situaciones específicas". El mismo informe habla de la mayor peligrosidad asociada a la comisión de algunos delitos y hace una descripción en detalle que considero muy certera y adecuada. El proyecto en debate recoge adecuadamente tales observaciones, pues por primera vez en Chile vamos a tener un Ministerio encargado de desarrollar la seguridad ciudadana en tres frentes simultáneos: en el área de la prevención, en el área del control y en el área de la rehabilitación y la reinserción social. Por eso, se entregan expresamente al Ministro del Interior funciones que dicen relación a la proposición, coordinación y evaluación de la política nacional de seguridad pública interior. Es decir, vamos a tener un Ministerio preocupado de las tres áreas en que se debe avanzar simultáneamente si queremos disminuir los delitos. Si cualquiera de ellas cojea habrá serios obstáculos para reducir la comisión de delitos en el país. En forma paralela, se avanza en un ámbito muy sensible: la existencia de un sistema actualizado de procesamiento de datos, documentos y otros antecedentes fundamentales para tener una buena evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Junto con evaluarlas, se le otorga -resolviendo la observación planteada en el informe que leí- la facultad de coordinar las acciones y programas de los Ministerios y servicios públicos, a fin de evitar la duplicidad de labores que muchos de ellos cumplen actualmente en este ámbito. Además, se establece, clara y expresamente, que el Ministerio del Interior deberá no solo abordar los temas relativos al control del delito, sino también promover, coordinar y fomentar medidas de prevención, reinserción y rehabilitación, que son algunos de los aspectos más débiles en nuestra legislación. Se incorpora un elemento de participación muy importante, por cuanto se crea el Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrado por las principales autoridades de todas las instituciones, incluyendo las municipalidades, que igualmente tienen que ver con la seguridad ciudadana. Y se considera tanto el nivel central como, igualmente, el de cada una de las Regiones del país, consagrándose en cada una de ellas un Consejo similar para la adecuada coordinación de las políticas de seguridad ciudadana. Se crea la Subsecretaría de Prevención del Delito, que será fundamental. El Ministerio del Interior ya no solo tendrá la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Subsecretaría del Interior, sino también ahora esta otra, cuyas funciones serán elaborar, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas públicas para prevenir delitos y rehabilitar y reinsertar socialmente a los delincuentes. En la estructura de trabajo dentro del Ministerio, el aterrizaje territorial se hará a través de las intendencias, a las que corresponderá la ejecución de la política nacional de seguridad pública a nivel regional, provincial y local, que era una de las demandas más sentidas para que los programas y proyectos de seguridad ciudadana no quedaran solo en la elite, en la parte alta de la organización del Estado, sino que se aterrizaran de tal forma que sus resultados se vieran en cada una de las comunas, quedando el intendente a cargo de la ejecución de las políticas que se deban llevar adelante. La Subsecretaría de Prevención del Delito tendrá carácter no solo asesor, sino también de gestión. Gran parte de los problemas de seguridad ciudadana está relacionada con coordinación, gestión y evaluación. Si tenemos muchos programas, las preguntas que surgen son: quién coordina a las distintas instituciones; quién evalúa el trabajo hecho en terreno, y quién, además, se preocupa de que se gestionen adecuadamente cada uno de los distintos planes de seguridad ciudadana. Se da un paso muy importante con la creación del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol en el CONACE. Hasta ahora un programa de gobierno, hoy se transforma en un servicio público nuevo, descentralizado, al cual se le incorpora, aparte de la prevención, todo lo relacionado con la ingesta abusiva de alcohol, en la medida en que quienes lo consuman puedan verse vinculados en una acción delictual. Señor Presidente, me parece que estamos ante un proyecto extraordinariamente útil para lograr que en Chile exista una adecuada coordinación en todos los frentes vinculados con la seguridad ciudadana. Asimismo, quiero reconocer el trabajo realizado por la Comisión Mixta. Pocas veces, en un ambiente a veces de mucha confrontación, somos capaces de ponernos de acuerdo en un buen proyecto. Y creo que aquí concordamos en uno muy bueno. Pienso que la experiencia en terreno dirá qué cosas se podrán perfeccionar, pero no hay duda de que el aporte de los parlamentarios de Gobierno y de Oposición, bajo la presidencia de la Senadora Alvear , contribuyó a lograr un texto que aborda las tres áreas citadas, sin dejar cojeando a ninguna de ellas, como la prevención y, sobre todo, la rehabilitación, lo que resulta importante a la luz de lo ocurrido en nuestras cárceles. Finalmente, quiero señalar que se recogieron todas las propuestas que el Senado planteó hace algunos años. Se traspasa Carabineros -aspecto que no había mencionado y que ha sido debatido en muchas oportunidades- al Ministerio del Interior. Carabineros mantendrá su autonomía operativa. La autoridad política no podrá entrar a pronunciarse sobre los procedimientos policiales, pero sí tendrá todo el derecho a evaluar cómo se está cumpliendo la función policial en terreno. Asimismo, el Ministerio encargado de la seguridad ciudadana tendrá un vínculo directo con las policías, para que estas puedan cumplir bien sus objetivos: en el ámbito de la prevención -el "Plan Cuadrante", por ejemplo-; en lo que dice relación al control, con todas las acciones policiales requeridas para detener a los delincuentes peligrosos, y también en la labor de educación y reinserción social, fundamental cuando una persona ya ha caído en el mundo del delito. Señor Presidente , creo que tenemos una tremenda oportunidad para transformar el tema de la seguridad ciudadana en una política de Estado. Ninguno de los países que han logrado disminuir los delitos lo han hecho sin que se haya cumplido un requisito previo: que todos entiendan que este es un asunto que corresponde a una política de Estado; que reducir los delitos no es algo que se produzca de la noche a la mañana, y que la tendencia a lo que hay que hacer se irá desarrollando y marcando cada vez más en la medida en que alcancemos los acuerdos necesarios para que este proyecto de ley, que fija la estructura, se transforme posteriormente en una realidad en terreno. Por último, quiero destacar el rol que ha jugado el señor Ministro del Interior. La verdad es que estamos ante un proyecto que venía del último Gobierno de la Concertación. Hubo que recoger numerosas sugerencias de parlamentarios. Y el Jefe del Gabinete no solo tuvo la voluntad, sino también el talento para generar los consensos necesarios que hoy nos permiten votar una normativa que, sin duda -cualquiera que revise la legislación chilena anterior se dará cuenta de ello-, constituye el cambio más importante que se ha efectuado en la organización del Estado para enfrentar lo que todas las encuestas de opinión siguen mencionando como el principal anhelo de la ciudadanía: vivir en paz y en tranquilidad en un país que sabe prevenir y controlar, pero también rehabilitar. Por esa razón, voto a favor del informe de la Comisión Mixta. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear. La señora ALVEAR.- Señor Presidente , en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y también de la Comisión Mixta, voy a dar cuenta del acuerdo que se logró en el órgano bicameral formado para proponer la forma y modo de subsanar las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras en este proyecto. Cabe recordar que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política, se ha establecido que existirá un Ministerio encargado de la Seguridad Pública del cual dependerán las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Precisamente para organizar y determinar las funciones de esa nueva Secretaría de Estado, se ha resuelto que el Ministerio del Interior sea también el encargado de la seguridad pública. Para lograr este propósito, el proyecto crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que será el sucesor legal del actual Ministerio del Interior, cuya principal función será constituirse en el colaborador directo del Presidente de la República en todos los asuntos relativos al orden público y la seguridad pública interior. Con ese fin, concentrará la decisión política en tales materias y coordinará, evaluará y controlará la ejecución de todos los planes y programas que desarrolle el Estado sobre prevención y control de la delincuencia y rehabilitación y reinserción social de los infractores de ley. Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política, de él dependerán las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Por otra parte, es dable destacar que corresponderá al Ministerio desarrollar una Política Nacional de Seguridad Pública. En efecto, toda la acción estatal relativa a la prevención y el control de la delincuencia y la rehabilitación y reinserción social de los delincuentes se llevará a cabo en el marco de una nueva Política Nacional de Seguridad Pública, la que será propuesta por el Ministerio que se crea al Presidente de la República , confeccionada en base a estudios objetivos, informada periódicamente al Congreso, y coordinada, actualizada y evaluada continuamente por la nueva Cartera, teniendo en consideración la realidad nacional, regional y comunal. Dicha política será ejecutada a nivel regional, provincial y local por los intendentes regionales, quienes tendrán la especial tarea de coordinarse con los municipios para que tal ejecución tome en cuenta la realidad local. Por otra parte, esta iniciativa recoge diversos planteamientos formulados, especialmente en la Cámara de Diputados, en orden a crear instancias de participación y coordinación a nivel nacional y regional. Para esos efectos, el proyecto contempla dos clases de consejos: a) Un Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior, presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública e integrado por diferentes Ministros y personeros que se mencionan en el informe. Esta entidad tendrá carácter consultivo y asesorará al Ministerio del Interior y Seguridad Pública en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Pública Interior. b) Asimismo se crean -esto es muy importante y se discutió mucho en la Comisión- los Consejos Regionales de Seguridad Pública Interior en cada Región del país, los cuales serán presididos por el intendente regional y estarán integrados por los gobernadores, los alcaldes y otros actores relevantes del ámbito de la seguridad pública. Este órgano tendrá también carácter consultivo y asesorará al intendente regional en la implementación de la Política Nacional de Seguridad Pública Interior a nivel regional, provincial y local. En este punto -discutido y recogido finalmente por la Comisión Mixta- se tuvo en consideración que los municipios, en especial los alcaldes y los comités de seguridad municipales, poseen mucho conocimiento de la situación delictual de sus respectivas comunas. La existencia de un Consejo Regional permitirá atender a las especificidades de la seguridad a nivel local, de acuerdo con una realidad que no necesariamente es conocida por el Consejo Nacional. En relación con la estructura del nuevo Ministerio, se establecen tres Subsecretarías: En primer lugar, la Subsecretaría del Interior, entidad encargada de las materias relativas a la seguridad pública interior; la mantención del orden público; la coordinación territorial del Gobierno, y de todos los asuntos de naturaleza administrativa que afecten a los miembros en servicio activo de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, al sector pasivo de esas instituciones y a las familias de todos ellos. Para estos efectos, será la sucesora legal de las Subsecretarías de Carabineros y de Investigaciones que hoy integran el Ministerio de Defensa. En segundo término, se establece la Subsecretaría de Prevención del Delito, órgano encargado de ejecutar todos los planes y programas de la nueva Cartera referidos a la prevención del delito y a la rehabilitación y reinserción de los infractores de ley. Se encargará también de los temas relativos a la prevención del consumo de estupefacientes, sustancias sicotrópicas e ingestión abusiva del alcohol, y del tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por esos fenómenos, pero sólo en la parte que tenga relación directa con la prevención o comisión de delitos. Lo anterior fue claramente explicitado, señor Presidente , por cuanto también existen otros organismos y servicios preocupados de las personas que consumen drogas o alcohol y no son delincuentes. Fue necesario realizar la prevención en la ley, pues, de lo contrario, la función de esta Subsecretaría cubriría solo a quienes quebranten la ley. En tercer lugar, tenemos la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que continuará desempeñando las atribuciones que actualmente tiene en el ámbito administrativo y de desarrollo regional y local. Por último, se crea el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Esta entidad será un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuya función principal será la ejecución de las políticas en materia de prevención del consumo de estupefacientes, sustancias sicotrópicas e ingestión abusiva del alcohol, y del tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por esos fenómenos en todos los ámbitos que no tengan relación directa con la prevención o comisión de delitos, dentro del marco de una estrategia nacional de drogas y alcohol formulada con ese fin. Para cumplir esos objetivos, este Servicio podrá coordinarse con los demás entes del Estado en esta área y celebrar convenios con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, dedicados a la materia. Finalmente, señor Presidente, el proyecto contiene una serie de normas adecuatorias a la legislación vigente que es necesario aprobar como resultado de la creación del nuevo Ministerio. La iniciativa concluye estableciendo disposiciones sobre las nuevas plantas de las entidades que se crean y las reglas que regularán el encasillamiento del personal. Se otorga al Jefe de Estado , como se ha hecho en otros cuerpos legales aprobados por el Congreso, la atribución para realizar traspasos de personal, sin perjuicio de garantizar -quiero señalarlo con claridad- que este proceso no significará pérdida de empleos ni de derechos laborales o previsionales de los funcionarios traspasados. He dicho. El señor PIZARRO ( Presidente ).- Se me ha solicitado abrir la votación. Si le parece a la Sala, así se procederá, haciendo presente que se requiere quórum orgánico constitucional. Acordado. En votación. --(Durante la votación). El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero El señor CANTERO.- Señor Presidente, quiero valorar este proyecto de ley, que se ha transformado o va en camino de transformarse en una feliz realidad. Hay una situación en Chile que no se halla adecuadamente ponderada ni reconocida, en mi opinión, ni en el sector público ni en el privado, relacionada con el grave flagelo que sufre nuestro país por el tráfico de drogas, pues los corredores utilizados para transportarla se han trasladado, precisamente, hacia el sector sur de nuestro Continente, donde nosotros pasamos a jugar un rol muy relevante. A eso se suma nuestra frontera extraordinariamente extensa, con escasas condiciones para un adecuado control. Y, por si ello fuera poco, los indicadores muestran con claridad el incremento en el consumo de drogas en los ámbitos laboral, recreativo e incluso estudiantil. Como dato dramático puedo señalar que sobre el 60 por ciento de los actos de violencia y de los delitos cometidos en el país se hallan vinculados con el consumo o tráfico de drogas. Por esa razón, resulta extraordinariamente trascendente -y felicito tanto al Ejecutivo , en la persona de su Ministro del Interior , como a la Comisión Mixta que le correspondió estudiar este proyecto, en su expresión multipartidaria- que se haya llegado a esta feliz conclusión: un Ministerio del Interior y Seguridad Pública encargado de una política nacional de orden público y de seguridad ciudadana. Me parece muy importante que, en la estructura del nuevo Ministerio, las Subsecretarías del Interior y de Desarrollo Regional y Administrativo se complementen ahora con una encargada específicamente de la prevención del delito y, además, del consumo de drogas. ¿Por qué lo considero tan relevante? Porque uno de los problemas más serios que observo en el país, donde al parecer existe una disfunción estructural para atender de manera apropiada el flagelo del consumo y tráfico de drogas, es que no hay una organización adecuada para manejar datos sobre tráfico de drogas. No se cuenta con una instancia en que Carabineros, Policía de Investigaciones y las policías marítima, tributaria, aduanera y otros estamentos del Estado que manejan información la puedan administrar e intercambiar de forma eficiente. Tampoco existe un entorno eficaz para la coordinación de acciones, e incluso la Policía de Investigaciones y Carabineros disputan entre sí, entorpeciendo las gestiones que se puedan realizar sobre esta materia. Estimo que esta coordinación podrá ser mucho más efectiva. Quiero destacar también que en cuanto a prevención y rehabilitación se obtendrá un resultado más feliz y adecuado. Porque cabe reconocer un hecho: a través de CONACE se invirtieron crecientes recursos económicos y los logros alcanzados fueron francamente negativos, casi disfuncionales entre el gasto y el resultado de la labor que hemos conocido hasta ahora. Me parece que se deben definir políticas mucho más claras y que se requieren mayores estudios. A mi juicio, se enfocan demasiados recursos en rehabilitación de personas gravemente comprometidas con el consumo de drogas y muy pocos a profilaxis o prevención, sobre todo en jóvenes entre los 6 y los 12 años, a través del sistema de educación, para evitar que se introduzcan en el consumo. Asimismo, encuentro muy positivo que se haya vinculado esta política nacional a estructuras más cercanas a la comunidad. Las intendencias, comprometidas en el ámbito regional, y las gobernaciones, en el provincial, permitirán llegar mucho más cerca y coordinar de mejor manera las labores, incluso con otros servicios públicos u órganos de la Administración del Estado como los municipios. Del mismo modo, considero muy significativo que Carabineros cambie la estructura que le conocimos hasta ahora por esta nueva lógica, que es muy funcional de acuerdo con los tiempos. He señalado, con convicción, que me parecía que en Chile contábamos con una organización disfuncional que demostraba poco interés por enfrentar el problema del tráfico de drogas y en esta misma Sala había sostenido que incluso me despertaba sospechas el que el país no se preocupara efectivamente de esta materia. Me felicito de poder ver la consecución de este proyecto, y anuncio mi voto a favor. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa para fundamentar su voto. El señor NOVOA .- Señor Presidente , en primer lugar, quiero valorar el hecho de que después de mucho tiempo se haya logrado presentar ante esta Sala un acuerdo en lo que respecta a la creación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y, desde luego, voy a votar favorablemente. Sí me gustaría señalar que en la aplicación de la ley en proyecto deberemos ser -yo diría- especialmente cuidadosos a fin de que este texto legal sea realmente efectivo en cuanto a disminuir los índices de delincuencia y aumentar la seguridad que el Estado le debe a sus ciudadanos. Lo digo porque en la estructura que se ha formado hay, en cierto modo, dualidad de funciones, que de no manejarse en forma adecuada podría contribuir a que las aspiraciones del Ejecutivo, del Legislativo y de la población en general no se cumplan. La Subsecretaría de Prevención del Delito tiene a su cargo la gestión de la totalidad de los planes y programas en relación con la prevención del delito. También, por supuesto, le caben funciones relacionadas con la rehabilitación. La norma expresa que "coordinará los planes y programas que los demás Ministerios y Servicios Públicos desarrollen en este ámbito.". Vale decir, disponemos de una Subsecretaría encargada de elaborar planes y programas y coordinarlos en lo que respecta a la prevención del delito. Pero ¿dónde se lleva a cabo el control de la delincuencia? ¿Dónde se elaboran las medidas a proponer para hacer más segura la vida de los ciudadanos? En la Subsecretaría del Interior , "órgano de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relativas a la seguridad pública interior". Asimismo, mantiene la vinculación con las Fuerzas de Orden y Seguridad. Entonces, creo que en la implementación del Ministerio se debe ser muy cuidadoso, de manera que no se diluyan las responsabilidades. Se plantea también que la Ejecución Territorial de la Política de Seguridad Pública se hará a través de los intendentes, quienes tendrán que coordinarse con las autoridades regionales y locales. En tal sentido, diría que no existe gran innovación. En Chile, desde siempre el Ministerio del Interior ha sido el responsable de la seguridad de los ciudadanos. Y si está fallando el combate a la delincuencia, por una parte puede deberse a que los Ministros del Interior en determinado momento pensaron que era una función menor -"yo no soy el sheriff del pueblo", dijo uno de ellos-, y que eso haya debilitado su labor. Pero también es posible que la gran cantidad de atribuciones y funciones que poseen el Ministerio del Interior y el Subsecretario de la Cartera influya, de alguna forma, para relegar a un plano secundario el combate a la delincuencia. Estimo que son prevenciones necesarias de tener en cuenta cuando se ponga en marcha la institucionalidad que se crea. No obstante, el solo hecho de señalar que contamos con un Ministerio del Interior y de Seguridad Pública da una connotación acerca de la importancia que ello reviste para todo Gobierno. La primera función de cualquier Administración es asegurarles a los habitantes de su país que puedan vivir en paz y tranquilamente. Esa es la más importante. Y la hemos radicado en el Ministerio que posee primacía dentro de las Carteras. Por lo tanto, voto a favor y considero que estas prevenciones... El señor PIZARRO ( Presidente ).- Se le concederá un minuto adicional. El señor NOVOA.- Gracias, señor Presidente. Decía que estimo que estas prevenciones necesariamente han de tenerse en cuenta cuando se implemente la futura ley. Asimismo, me parece muy significativo no solo el hecho de destinarle a la prevención y a la rehabilitación una Subsecretaría especial, sino que también otorgarle un rango importante al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Porque, evidentemente, el consumo y el tráfico de drogas han sido quizás las causas principales del aumento de la delincuencia y de la inseguridad en nuestro país. Voto a favor. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez para fundamentar su voto. El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , no voy a referirme al proyecto en sí. Solo quiero hacer un poco de historia. Esta iniciativa surge en el año 2004, a partir de una comisión que presidía el Senador señor Frei . El proyecto finalmente presentado por la Presidenta Bachelet es el que hoy estamos aprobando. Y dicho texto legal tenía un objetivo: en lo fundamental, concentrar en algún Ministerio estas materias. En un comienzo pensamos que era mejor contar con uno en particular y no incluir tales asuntos en el Ministerio del Interior, sino en una Cartera que se dedicara realmente a la seguridad y prevención. Esto último constituía el sentido más importante de la iniciativa. Es decir, que a través de este organismo existiera una acción fuerte con relación a la prevención del delito, a la drogadicción, al alcoholismo, circunstancias y situaciones que veíamos como complejas. Al final, por acuerdos políticos a los que se llegó con la Alianza en ese momento, se estableció el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Lo relevante radica en que se crea una Subsecretaría del Interior y una de Prevención del Delito. Ese es el elemento central. A mi juicio, es una de las cosas que pueden ayudar mucho a abordar todas las dificultades que se viven en materia de delincuencia o de prevención. Se trata de un trabajo muy profundo y muy importante que debe realizar este nuevo Ministerio. Hago un poco de historia: no hace mucho se aprobó el aumento de las penas aplicables al delito de femicidio, proyecto correspondiente a la Presidenta Bachelet. Por lo tanto, existe una cantidad de iniciativas que hoy se están aprobando y que vienen de la Administración de la Presidenta Bachelet , de los Gobiernos de la Concertación, destinadas fundamentalmente -como señalé- a intervenir en una esfera muy relevante para la seguridad: la prevención. Uno de los aspectos que discutí mucho durante la tramitación del proyecto que nos ocupa -me tocó presidir en algunas instancias la Comisión que lo estudió- se refería al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, que reemplaza al CONACE. En mi opinión, era importante establecer el criterio de que la Subsecretaría de Prevención del Delito tendrá bajo su mando todo lo que significa prevenir, en el ámbito de Gendarmería, del CONACE y de otras instancias del Estado. Porque la dispersión de ideas, opiniones y recursos puede constituir un problema para lograr los beneficios que implica concentrar estas materias en el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría mencionada. Solo quería hacer un poco de historia en cuanto a que el proyecto en análisis también se inicia durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente , uno de los aspectos más debatidos fue si el Ministerio del Interior debía poseer facultades en materia de prevención, particularmente del delito. Siempre ha existido la concepción de que dicha Secretaría de Estado ha de tener una mirada más represiva, más de seguridad, pero no necesariamente preventiva. En lo personal, no comparto ese enfoque. Porque una de las maneras de disminuir el delito y mejorar la seguridad ciudadana dice relación necesariamente con la prevención. Por eso, desde mi punto de vista, hace lo correcto la Comisión Mixta al proponer a la Sala que el Ministerio del Interior tenga esas dos Subsecretarías, y en particular destaco la Subsecretaría de Prevención del Delito. Señor Presidente, quiero entregar un par de cifras que me parecen relevantes. Considero fundamental actuar en materias preventivas, porque se va a la causa de los males. Hoy, más de 70 por ciento de los delitos de mayor connotación social se comete bajo los efectos de la pasta base o de la cocaína. En consecuencia, no nos encontramos frente al delincuente común: la adicción es el origen del problema. Y en la medida en que seamos capaces de superarla, a través de la rehabilitación, sacaremos a las personas del círculo del delito. A propósito de lo ocurrido en San Miguel, quiero destacar lo ya mencionado: 70 por ciento de los delitos de mayor connotación se comete bajo los efectos de la cocaína o de la pasta base. Y la mayoría de ellos son contra la propiedad, porque se necesita financiar consumo. Si uno observa el grado de reincidencia, podrá advertir que este se debe a que en su origen se encuentra la adicción. Y mientras no abordemos en serio lo relativo a la rehabilitación, no mejoraremos en los niveles de reincidencia. El actual colapso de las cárceles es producto de ella. Por lo expuesto, me parece relevante la estructura propuesta por la Comisión Mixta. Porque, en la medida en que en el ámbito de la seguridad ciudadana abordemos los aspectos preventivos y no solo los concernientes a vigilancia, daremos pasos gigantescos. Y eso ha de estar unido en un solo ente, como el Ministerio del Interior, a través de organismos especializados, en la forma en que se plantea en el proyecto: la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Señor Presidente , creo que la iniciativa en análisis debió salir mucho antes. Estoy seguro de que con una jerarquía distinta de la que actualmente posee el CONACE, con una Subsecretaría, muchas de estas políticas se habrían abordado con mayor proactividad, y hubiésemos evitado varios de los sucesos que están ocurriendo hoy en materia de seguridad ciudadana. Por eso destaco, entre otros aspectos, que el servicio que se ha creado al alero de la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre otras cosas, aborde la influencia de las sustancias sicotrópicas como factor de riesgo para la comisión de los delitos. Y existen estadísticas e información sobre el particular. Con este proyecto se ha unido la estructura institucional necesaria en un orden de jerarquía que hace mucho rato debió haber tenido nuestro país. He dicho. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chadwick. El señor CHADWICK.- Señor Presidente , concurro con mi voto favorable al proyecto. Previamente, deseo manifestar que nos encontramos ante una reforma acerca de la modernización del Estado muy importante, sobre todo cuando se hace cargo de un problema público de primera necesidad: la seguridad de los ciudadanos. Recordaba el Honorable señor Gómez algo de historia. En efecto, la idea de crear un organismo como el que se propone tuvo su origen en la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana que presidió el Senador señor Frei en 2004. Pero de ahí surgieron distintas alternativas que estuvieron mucho tiempo debatiéndose, en orden a si se implementaba un Ministerio propio o uno compartido. El verdadero impulso al proyecto que hoy conocemos surgió del Acuerdo sobre Seguridad Pública que en 2007 se celebró entre el Gobierno de la Presidenta Bachelet y los partidos de la Concertación y de la Coalición. En tal sentido, nos habíamos comprometido, y el Gobierno de la época así lo hizo, a que la iniciativa estaría despachada en diciembre de 2007. Tomó su tiempo -bastante-, pero creo que fue para mejor. Porque contamos con un buen proyecto para un tema muy trascendente. Este, a mi juicio, recoge los cuatro pilares centrales que, producto de nuestra experiencia con relación a la delincuencia en los últimos años, se decía que institucionalmente estaban fallando. En efecto, en primer lugar, se concentran en un Ministerio -en este caso, en el del Interior- todas las atribuciones en materia de control y mantención de la seguridad pública y de prevención del delito y rehabilitación. Ello, con el objeto de contar con un instrumento que sea eficaz en esta acción y con un Ministro responsable de ella. En el pasado, en muchas oportunidades cuando hablábamos de los problemas de la delincuencia y de la seguridad pública, los Ministros del Interior expresaban que no tenían responsabilidad sobre el tema, porque carecían de los instrumentos, de las funciones, de las atribuciones para llevar adelante las políticas públicas de seguridad. Con la iniciativa en análisis, el Ministro del Interior y su Cartera estarán dotados de las facultades y medios necesarios a fin de cumplir con tal propósito. Por lo tanto, habrá un responsable político y administrativo en un tema especialmente sensible: la seguridad ciudadana. En segundo término, en este Ministerio se centraliza la coordinación y dependencia de las fuerzas policiales. ¿Cuántas veces -ya se ha mencionado en la presente discusión- hemos escuchado que uno de los problemas centrales radica en que Carabineros y la Policía de Investigaciones tienen una doble dependencia orgánica y funcional -de Defensa y de Interior- y que ella muchas veces se contrapone y genera dificultades para desarrollar una mejor acción policial? En el proyecto en debate las policías quedan concentradas en el Ministerio del Interior. Se hace un traspaso completo desde el Ministerio de Defensa al del Interior, pues todos llegamos a la conclusión de que es mejor, para los efectos de la seguridad ciudadana, concentrar a las policías bajo una sola responsabilidad y dependencia. Por otra parte, se crean dos entes que van a actuar como agentes públicos colaboradores del Ministro del Interior en dos materias esenciales: la Subsecretaría del Interior, que lo apoyará en todo lo relacionado con la seguridad ciudadana, el orden público y la institucionalidad interna, y la Subsecretaría de Prevención del Delito, que -de más está decirlo; y el país hoy día lo ve en situaciones de tragedia- pasa a ser un organismo central -antes no existía-, al objeto de tener políticas coordinadas en materia de prevención de la delincuencia y de rehabilitación. Por último, ante una cuestión tan importante como el control de drogas y la promoción de políticas preventivas contra la droga y el alcohol, el CONACE, que es un simple programa establecido por decreto, pasa a ser un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que será supervigilado por el Presidente de la República , a través del Ministro del Interior , y coordinará sus programas con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Con ello le damos una institucionalidad legal, pública, definitiva, estable a uno de los organismos quizás más relevantes dentro de la acción contra la delincuencia y, fundamentalmente, de la protección a nuestros niños y jóvenes, como lo es el Servicio encargado del control del consumo de drogas y alcohol. Ahí están los cuatro pilares institucionales de este proyecto de ley, que fue largamente anhelado. Señor Presidente , discutimos mucho acerca de si debíamos crear uno o dos Ministerios. En definitiva, me parece una buena solución la de haber concentrado todo en el Ministerio del Interior. Por último, felicito al Gobierno, pues puso acelerador a fondo en la Comisión Mixta, donde la Oposición y la Alianza trabajamos exhaustivamente. En consecuencia, creo que estamos despachando una buena iniciativa. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín para fundamentar su voto. El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , me sumo al pronunciamiento favorable al proyecto despachado por la Comisión Mixta. Y voy a hacer un poco de historia. Se entregaron algunos antecedentes; otros, no. Para ser justo, debo recordar que el debate sobre un Ministerio a cargo de la seguridad pública se dio a propósito de la reforma constitucional promulgada en septiembre de 2005, producto de una iniciativa que presentamos en paralelo Senadores de la Alianza y de la Concertación, la cual remató en un cambio muy profundo en la Carta Fundamental, con un acuerdo político significativo, que se tradujo en la incorporación en su artículo 101 de la idea de que iba a haber una Secretaría de Estado de aquella índole. Con posterioridad, tomando los informes de la Comisión que presidió el Senador Frei, el trabajo realizado por el Gobierno con la Oposición de entonces, a requerimiento de esta en el sentido de constituir un acuerdo sobre seguridad pública, se comprometió la creación del Ministerio en comento, como muy bien lo recordó el colega Chadwick . Ahí se dio el impulso necesario, pero siempre quedó la disyuntiva de si íbamos a crear un Ministerio del Interior y Seguridad Pública o un Ministerio separado responsable de esta última. Finalmente, se optó por el camino que hoy día estamos aprobando: tener un Ministerio de Seguridad Pública dentro del Ministerio del Interior. Yo por lo menos me allano a eso, como una fórmula de transacción, de acuerdo. Pero tengo la convicción de que una modernización del Estado deberá llevar, más temprano que tarde, a crear un Ministerio de Seguridad Pública separado del de Gobierno. Nosotros deberíamos entender que el Ministerio del Interior tiene responsabilidades de gobierno nacional y de gobierno regional, y que ese foco habría de ser su eje principal. El tema de la seguridad pública no es exactamente lo mismo. Por lo tanto, deberíamos abrir espacios a un Ministerio de la Seguridad Pública, de la Seguridad Ciudadana, que tuviese los antecedentes que en la nueva estructura propuesta se recogen de distintas maneras. Eso será materia para un análisis posterior. Y espero -como digo- que aterricemos en ello a propósito de una futura modernización del Estado. Señor Presidente , son muy importantes las consideraciones tenidas presentes para avanzar en esta materia y el nuevo rol que jugarán la prevención del consumo de drogas y alcohol y la rehabilitación. También, junto con destacar la estructura diseñada -Carabineros e Investigaciones bajo la mano de un solo ente-, debo señalar que la política de seguridad pública se origina a niveles nacional y regional. Este proyecto dispone que existirán un Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior y consejos regionales, y le entrega al intendente facultades para coordinar con los municipios las políticas de seguridad. El señor PIZARRO ( Presidente ).- Concluyó su tiempo, señor Senador. Tiene un minuto más. El señor LARRAÍN .- Solo me resta destacar, señor Presidente , que la estructura propuesta nos aterriza a la forma como deben trabajarse las materias vinculadas con la seguridad pública. Porque los problemas de la seguridad ciudadana no se dan de la misma forma a lo largo del país. Son distintos, incluso al interior de las ciudades. En consecuencia, la política de seguridad debe ser nacional, por un lado, y por otro, regional, municipal, comunal. Y hay que diferenciar las diversas situaciones que se enfrentan al interior de las ciudades. Por eso, esta estructura, que es compleja -como recordó el Senador Novoa-, tiene además una mirada que obliga a un especial eje coordinador de las autoridades con responsabilidades en la materia. En todo caso, pienso que estamos dando un paso muy significativo, que no puedo menos que destacar y valorar. Y si bien este proyecto no resolverá todos los problemas de la seguridad ciudadana, constituye un avance muy relevante en esta dirección. Por las razones expuestas, voto que sí. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro para fundamentar su voto. El señor NAVARRO.- Señor Presidente , el combate contra la delincuencia tiene una tríada de seguridad pública, que hemos venido señalando: las policías, que han sido modernizadas -Carabineros: 10 mil nuevos efectivos-; los tribunales y los fiscales (dos ejes centrales), pero también Gendarmería. En una lectura rápida del boletín comparado, veo que Gendarmería aparece como integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior. Sin embargo, no visualizo la valoración necesaria para entender que la tarea de la seguridad pública también contempla a Gendarmería de Chile; que no solo se trata de detener, juzgar y sancionar, sino también de hacerse cargo de la condena y de la rehabilitación y la reinserción, que hoy día se hallan en manos del Ministerio de Justicia y ahora pasan al nuevo Ministerio. No sé cuál es el rol que jugará el Ministerio de Justicia. Se le quita una facultad, que está cumpliendo de pésima manera. Porque no hay reinserción ni rehabilitación en las cárceles chilenas, señor Presidente . El presupuesto de Gendarmería para el año 2011 es de 232 mil millones de pesos. Para rehabilitación, 7 mil 200 millones. Pero todos sabemos que esto no ocurre. No hay rehabilitación. ¡Nuestras cárceles son universidades del delito! Y hoy día la facultad pertinente se transfiere al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Mi pregunta es cómo esa Secretaría de Estado se va a relacionar con Gendarmería, que sigue a cargo de los presos en los recintos penales y depende fundamentalmente del Ministerio de Justicia. Siento que Gendarmería sigue siendo el pariente pobre y el patio trasero de la política de seguridad pública. Porque tan importante es detener al delincuente, procesarlo debidamente y aplicarle sanciones justas como hacerse cargo de su reclusión, de su rehabilitación y de su reinserción. ¡76 por ciento de reincidencia registra la cárcel El Manzano I! El promedio de Gendarmería se ubica entre 45 y 49 por ciento. Pero todos sabemos que es mucho mayor. ¡Cómo no va a ser importante impedir la reincidencia! Y eso se halla en manos de Gendarmería, que está a cargo de las cárceles -vigila a los reclusos, en fin-, aun de las concesionadas. Los recintos penales concesionados son administrados internamente por dicha institución. El concesionario, que las construye, da la comida, etcétera. Pero en el baño de los oficiales no hay papel higiénico, jabón. ¡Esas son las cárceles concesionadas modernas que tenemos hoy! Entonces, ahí existe un problema: cómo va a coordinar el Ministerio del Interior y Seguridad Pública las tareas de rehabilitación y reinserción. Porque la prevención es obligación de las policías y de otras Secretarías de Estado. Pero la rehabilitación y la reinserción están en manos del Ministerio de Justicia, que no lo ha hecho bien, ni en este Gobierno ni en los anteriores. De allí el resultado en la cárcel de San Miguel; y antes, en la de Iquique y en la de El Manzano, en Concepción, con 81, 26 y 9 muertos, respectivamente. Por tanto, es necesario relevar la tarea de Gendarmería. Gendarmería es la única institución cuyo Director Nacional no es funcionario de carrera. ¿Qué opinarían la ciudadanía y los Senadores si se determinara que fuera General Director de Carabineros un abogado ajeno a la institución con un curso de seguridad militar o policial? ¿Qué dirían las Fuerzas Armadas si ocurriera lo propio en alguna de sus ramas? Superamos ese problema en la PDI: establecimos que su Director General debía ser un funcionario de carrera. Pero en Gendarmería los directores nacionales siguen siendo personas ajenas a la institución. Por tanto, como no media la carrera funcionaria, hay inexperiencia. Señor Presidente , considero que lo relativo a las funciones de rehabilitación y reinserción en manos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública debe aclararse. Quiero saber quién será responsable de ellas. Porque si el nuevo Ministerio concentrará las decisiones políticas -así lo dispone claramente el artículo respectivo-, hay que tener en cuenta que ellas afectarán tareas administrativas de otras Secretarías de Estado y servicios públicos. Y, así, el Consejo Nacional de Seguridad Pública podría llegar a adolecer de lo que ya conocemos en organismos como la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET). En Chile fallece una persona cada 5 horas en accidentes de tránsito, los que anualmente dejan un saldo de más o menos 49 mil lesionados y 2 mil 800 muertos (se contabilizan las personas que perecen en el lugar del suceso y las que fallecen camino al hospital). Se crearon la CONASET y las comisiones regionales de seguridad de tránsito. Sin embargo, a las reuniones de estas se manda a cualquier funcionario, e incluso a una secretaria, para que cumpla una tarea propia del seremi. Entonces, debe disponerse que a tales reuniones tendrá que concurrir un personero importante de cada Ministerio. Señor Presidente , voto a favor. No obstante, espero conversar con el Ejecutivo a fin de instalar el verdadero rol de Gendarmería y determinar de manera mucho más categórica su coordinación con el Ministro de Justicia . ¡Patagonia sin represas! El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , yo me voy a abstener, porque considero que no estamos ante un buen proyecto. No me ha tocado votarlo en el Senado. Sí me correspondió plantearlo al Parlamento en su tiempo, al inicio del Gobierno de la Presidenta Bachelet . Y coincido plenamente con lo señalado por el Senador Larraín y otros colegas. Además, la propia Constitución habla del Ministerio encargado de la Seguridad Pública. Recuerdo que se recurrió al subterfugio o a la interpretación. Y por eso se dice que se va a crear un Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. Y, bajo ese paraguas, vamos a tener un megaministerio con tres Subsecretarías: una a cargo de la administración territorial (todos los gobiernos regionales); la del Interior, para las materias de seguridad pública interna (esto se confunde un poco con la dependencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública), y otra para la prevención del delito. Eso está bien. Constituye un avance, en el sentido de que se crea un órgano que se dedicará con más fuerza al problema de la seguridad pública, labor que hoy día, de hecho, si bien se halla en manos del Ministro del Interior , normalmente ha sido desempeñada por el Subsecretario en otros Gobiernos (en este, al parecer, el Ministro ha asumido un papel más determinante). Pero si en verdad quisiéramos modernizar el Estado, deberíamos haber creado primero un Ministerio del Interior -como dijo el Senador Larraín, un Ministerio de Gobierno-, y luego, un Ministerio de Seguridad. Al respecto, coincido con el colega Navarro en que Gendarmería tendría que depender del Ministerio de Seguridad, porque es parte de la política de cumplimiento de penas y reinserción. Entonces, si bien creo que se da un paso en cuanto a crear un órgano con mayor presencia en la política de seguridad ciudadana, esta va a quedar en manos de un Ministerio que será casi inmanejable: tres Subsecretarías para asuntos absolutamente diversos y sin especialización en materia de seguridad pública. Por tales razones, me abstengo, sin perjuicio de estimar que el texto que se está votando constituye un avance. Y mi crítica está animada por un afán constructivo y no negativo. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación. --Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (34 votos a favor y 3 abstenciones), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido. Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Matthei y Pérez (doña Lily) y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Se abstuvieron la señora Rincón y los señores Letelier y Zaldívar (don Andrés).
CREACIÓN DE MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN DE CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA