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La ley número 19.542 que introdujo un nuevo estatuto para la modernización del sector portuario estatal creo 10 empresas del Estado que son las continuadoras legales de la Empresa Portuaria de Chile en todas sus atribuciones, derechos, obligaciones y bienes.
Estas empresas tienen por objeto la administración, explotación, desarrollo y conservación de los puertos y terminales, así como de los bienes que posean a cualquier título, incluidas todas las actividades conexas inherentes al ámbito portuario indispensable para el debido cumplimiento de éste.
Ahora bien, estas empresas del Estado pueden realizar su objeto directamente o a través de terceros, en este último caso, lo harán por medio del otorgamiento de concesiones portuarias, la celebración de contratos de arrendamiento o mediante la constitución con personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, de sociedades anónimas.
En virtud de dicha ley han pasado a operadores privados los sitios 1, 2 y 3 de los puertos de Valparaíso y San Antonio y el Terminal, asimismo se concesionaron los puertos de Arica, Iquique y Antofagasta.
En los últimos meses, tanto el gobierno así como también el Consejo de Sistema de Empresas Publicas han dado fuertes señales y anuncios en cuanto a avanzar hacia una completa concesión a privados de la totalidad de los puertos existentes en nuestro país y que son administrados en la actualidad por las empresas publicas señaladas en la ley 19.542.
Sobre dichos anuncios surge la inquietud en cuanto a la situación de los trabajadores portuarios y sus derechos frente a estos procesos de concesión.
Esta inquietud surge fundamentalmente, por la experiencia dada en los últimos procesos de concesión, puesto que fruto de ellos se han desvinculado por parte de las empresas concesionarias a un alto porcentaje de los trabajadores de estas empresas sin que muchas veces se hayan garantizado ni resguardado por parte del Estado una desvinculación justa para estos trabajadores.
Es por esto que este proyecto de acuerdo busca solicitar al Gobierno la inclusión de la situación de los trabajadores portuarios al interior de los procesos de concesión portuaria, de manera que en dichos procesos pueda desde ya resguardarse el respeto de los derechos de estos trabajadores frente a eventuales desvinculaciones.
Para esto es que es necesario que el Gobierno establezca un solo proceso de concesiones portuarias y que incluya dentro de estos a todos los trabajadores portuarios del país.
Dentro de las temáticas que deben incluirse dentro de este proceso están la necesaria implementación de un sistema de seguridad social, y el establecimiento de una pensión de gracia que remedie el daño previsional que afecta a la mayoría de los trabajadores portuarios
Por las razones anteriores es que venimos en presentar el siguiente:
Proyecto de Acuerdo
Solicitar al Señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Felipe Morando Lavín el establecimiento de un sólo proceso nacional de concesiones portuarias, que incluya dentro de éste a todos los trabajadores portuarios del país de manera de garantizar sus derechos a una seguridad social y a pensiones de gracia ante las desvinculaciones que se producirán a raíz de este proceso de concesión.
(Fdo.):Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Carlos Cantero Ojeda, Senador.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Jaime Orpis Bouchón, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Mariano Ruiz-Esquide Jara, Senador.- Eugenio Tuma Zedan, Senador.
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