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El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- De acuerdo a lo resuelto por Sus Señorías hace algunos minutos, ante una petición del Senador señor Horvath, corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en lo relativo a la cuota anual de captura en materia pesquera, con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7255-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 58ª, en 6 de octubre de 2010.
Informe de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, sesión 60ª, en 13 de octubre de 2010.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- El objetivo principal de la iniciativa es modificar el artículo 26 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que regula la fijación de cuotas globales anuales de captura para cada unidad de pesquería, estableciendo que, en caso de existir dos o más unidades de pesquería que comprendan un mismo stock o unidad poblacional de determinado recurso hidrobiológico, una vez fijada la cuota global referida, se proceda a su fraccionamiento y distribución entre las distintas unidades de pesquería que integren el stock o unidad poblacional.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Honorables señores Bianchi, Horvath, Letelier, Orpis y Sabag. El texto pertinente figura en el primer informe.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente , en primer lugar, atendida la hora, quiero solicitar que, tal como lo acordamos a propósito del proyecto anterior, se hagan sonar los timbres y se les avise a los integrantes de las Subcomisiones de Presupuestos que se votará esta iniciativa.
El proyecto en debate, tal como lo dice su nombre, se refiere a la cuota anual de captura en materia pesquera. Establece una modificación en las pesquerías sujetas al régimen de plena explotación -allí se encuentra al límite la posibilidad de reproducción anual- en el sentido de que, cuando haya más de una sola unidad -o sea, macrozonas o áreas administrativas geográficas distintas-, se pueda determinar la fórmula para su fraccionamiento a través de la autoridad. De hecho, se está procediendo así, pero la ley no es cien por ciento explícita al respecto.
Esta iniciativa busca fundamentalmente establecer las bases para la pesquería del jurel, especie de superficie y de gran migración; de hecho, es transzonal.
Con algún grado de reserva, Chile planteó en su momento que dentro de la cuota global se incluyera lo que se pesca fuera de las 200 millas marinas y se atribuyera a nuestro país como cuota de captura dentro de la zona económica exclusiva.
Se trata de una medida de conservación que debiera darle a Chile un mejor derecho respecto a la pesca histórica en el océano Pacífico. En esa área se produce una situación -por así decirlo- sensible y delicada.
Ahora, la ley en proyecto, como se nos plantea, no está referida solo al jurel. Por eso, la Comisión recibió a distintas organizaciones pesqueras del país: Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES), fundamentalmente de la zona centro-sur; Federación de Industriales Pesqueros del Sur (FIPES), que agrupa a los de la zona austral, quienes pescan hasta en la Antártica, y Asociación de Industriales Pesqueros del Norte (ASIPNOR). Junto con ellos, estuvieron presentes representantes de los tripulantes y de aquellos que laboran en las distintas actividades del sector.
Señor Presidente , Chile pescaba prácticamente 90 por ciento de jurel en el océano Pacífico. Pero han entrado nuevos actores. Así, hoy estamos en el orden de 50 por ciento, y nuestro país corre serios riesgos para lograr lo que en estricto rigor le corresponde, no solo por presencia y actividad, sino también por acciones de conservación.
Además, la pesquería del jurel se encuentra en una situación bastante límite, pese a que se estableció la cuota máxima de captura por armador, lo cual posibilitó reducir fuertemente el esfuerzo de la capacidad de pesca, ya que antes había que competir para sacar la mayor cantidad factible del recurso. Esto permite repartir a cada uno de los actores y, con ello, distribuir el esfuerzo en el tiempo y, asimismo, agregarle valor.
Esta es justamente una de las materias que está evaluando la Comisión, por cuanto el límite máximo de captura por armador vence el próximo año y hay que entrar a reformular el sistema y a considerar sus elementos positivos y negativos.
Otro aspecto, vinculado con el anterior, es el de las pesquerías de investigación.
Respecto al Fondo de Investigación Pesquera, tengo en mi poder las cifras atinentes a la reducción drástica que ha experimentado en los últimos años.
La demanda de 2008 fue por 9 mil 767 millones; la del 2009, por 14 mil 144 millones, y la del 2010, por 11 mil 603 millones. Esto, además, se financia con creces mediante las patentes pesqueras.
Los proyectos ejecutados tienen justamente las cifras al revés: van de 4 mil 684 millones en 2008 a 3 mil 525 millones en 2009 y apenas 1.411 millones en 2010, con una demanda insatisfecha de 88 por ciento en miles de pesos y 86 por ciento en número de proyectos.
Este es un punto fundamental: si no invertimos en investigación, con muy poca base se podrán tomar decisiones oportunas en esta materia.
Aparte la posibilidad de fraccionamiento, se establece la asociatividad del recurso, siempre que no se supere en 10 por ciento lo que consigna el artículo 7° de la ley N° 19.713.
A instancias de los Senadores del norte, y particularmente del colega Jaime Orpis , se incorporó en el articulado un plazo perentorio de 18 meses para la realización de estudios conducentes a la elaboración de una base de datos que permita determinar la talla de primera madurez sexual del recurso hidrobiológico jurel a lo largo de todo el territorio nacional y con resultados por cada una de las unidades administrativas de pesquería o macrozonas.
Con ello la Subsecretaría de Pesca va a determinar -por lo tanto, se trata de una cuestión vinculante- la talla mínima del recurso jurel, conforme a los resultados de los estudios y a lo preceptuado en el artículo 4° de la Ley General de Pesca y Acuicultura (otorga facultades sobre la materia a dicha Subsecretaría).
Esto es particularmente importante, asimismo, para determinar si hay más de un stock de jurel.
Los Senadores de la zona norte y otras personas interesadas han planteado desde hace años la necesidad de establecer estudios de esta naturaleza. Algunos se han realizado por la vía de los otolitos, de las larvas que traen los peces, para precisar si son de un stock u otro. La mayoría de las decisiones de la Subsecretaría a la fecha se basan en un solo stock; pero hay antecedentes, proporcionados por algunas universidades, que señalan la existencia de dos o más.
El estudio en la referida materia será muy importante, tal como el del marcaje.
En tal sentido, solicito que se recabe el acuerdo de la Sala a los efectos de pedirle al Ministerio de Economía que entregue los fondos indispensables para tomar las decisiones del caso durante el próximo año.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, que recibió a diversas organizaciones pesqueras y a las autoridades competentes del Ministerio de Economía, optó unánimemente por votar en general a favor de esta iniciativa, que permite regularizar una serie de acciones, tomar decisiones relevantes de aquí a fin de año y tener las bases necesarias para realizar los estudios pertinentes, de manera de llevar a cabo la distribución con mayor transparencia.
También hubo consenso en cuanto a que la asociatividad no se realice con otros recursos. Pero eso lo dejamos para la discusión particular.
Finalmente -con seguridad, esto lo va a reforzar el Senador señor Orpis-, hay que efectuar algunas aclaraciones al mensaje en tal sentido.
Por las razones expuestas, como Presidente de la Comisión, solicito que se apruebe en general esta iniciativa, que consta de un artículo permanente y uno transitorio, y que, en tal caso, se fije plazo para presentar indicaciones hasta antes del lunes 25 de octubre, a fin de poder someterla a consideración de la Sala el martes 26.
He dicho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Me pidieron abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Cerrado el debate
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, para fundar su voto, el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, este proyecto tiene mucha urgencia. Y por eso la Comisión lo vio en sesiones de ayer y hoy.
A las reuniones pertinentes invitó a importantes personas y entidades vinculadas con la materia: por la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES), al Gerente General , señor Luis Felipe Moncada ; al Director de Inpesca , don Aquiles Sepúlveda ; por la Federación de Industriales Pesqueros (FIPES), a la Gerenta General, señora Valeria Carvajal ; por la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte (ASIPNOR), al Presidente , don Francisco Mujica ; por el Sector Pesquero Región del Biobío, al Presidente , señor Hugo Roa Roa ; por la Federación de Tripulantes de Chile, al Presidente , don Luis Saavedra , y por el Sindicato Nacional de Oficiales de Pesca, al Presidente , señor Michael Campillay .
El objetivo de este proyecto, como ya se señaló, es modificar el artículo 26 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que regula la fijación de cuotas globales anuales de captura para cada unidad de pesquería, estableciendo que, en caso de existir dos o más unidades de pesquería que comprendan un mismo stock o unidad poblacional de determinado recurso hidrobiológico, una vez fijada la cuota global referida, se proceda a su fraccionamiento y distribución entre las distintas unidades de pesquería que integran el stock o unidad poblacional.
En la Comisión aprobamos por unanimidad esta iniciativa solo en general.
Es evidente que existe controversia con respecto al artículo 21 transitorio de la Ley de Pesca vigente y al artículo transitorio del proyecto que nos ocupa.
Por ello, pedimos fijar plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 25 de octubre, a las 10, porque la Comisión se reuniría a las 12, con el fin de darle curso rápido al proyecto, ojalá despacharlo dentro de este mes y permitir que se convierta pronto en ley de la república.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , desde hace mucho tiempo el norte del país ha manifestado que existe discriminación en la distribución de los recursos pesqueros.
En forma permanente, desde hace bastantes años, particularmente en lo concerniente al jurel, para establecer si hay un stock o dos, se pidió realizar el marcaje. Nunca se quiso hacerlo. Por lo tanto, no se pudo determinar el ciclo migratorio de tal especie.
A raíz de ello, con el Honorable señor Cantero y el entonces Senador Flores, y apoyados públicamente por usted, señor Presidente , hicimos una presentación a la Contraloría en 2009. ¿Qué planteamos? Que las cuotas fijadas por el Ministerio de Economía para la distribución del recurso carecían de fundamento legal. Por lo tanto, eran ilegales.
¿Qué señaló dicho organismo el 7 de diciembre de ese año? Que, "En consecuencia, corresponde indicar que no se ajustó a derecho lo resuelto en el decreto exento Nº 1.675, de 2008, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en cuanto se refiere a la distribución de la cuota global anual de captura.".
Con relación al último aspecto, se agregó: "Ello, por cuanto el referido informe no efectuó la estimación individual y separada de la cuota global que para cada unidad de pesquería ordena el artículo 26 de la mencionada Ley General de Pesca y Acuicultura".
Ese es el origen del proyecto de ley en debate, señor Presidente . Tuvimos que exigir por la vía de la Contraloría que se cumpliera lo dispuesto en la norma recién citada, porque el proceso había sido arbitrario, carente de fundamento y con prescindencia de algún tipo de estudio.
Y si no se legisla -este es el punto central de la urgencia-, es preciso establecer directamente la cuota correspondiente al año venidero, de acuerdo con lo concluido por el organismo contralor. Estamos bastante contra el tiempo.
Según la Subsecretaría de Pesca, como consta en un informe que tengo aquí, la resolución citada dificulta la administración pesquera. Por lo tanto, una forma eficaz de poder desarrollar mejor esa función es a través de la iniciativa presentada.
Habiendo aprobado el Senador que habla el proyecto de ley, quisiera al menos dejar constancia de dos o tres aspectos.
Lo señalé en la Comisión y lo reitero en la Sala: no compartimos el concepto de que en Chile existe un solo stock. Se han elaborado varios análisis respecto a la materia. No se registra unanimidad sobre el particular en el mundo científico. El informe señala por lo menos cuatro o cinco estudios que así lo establecen.
Deseo consignar que entre las contradicciones con las que me encontré hoy día en la propia Comisión incluyo la relacionada precisamente con la persona a cargo del Instituto de Investigación Pesquera de la Octava Región , quien fue a sostener la tesis de un solo stock. Sin embargo, el señor Aquiles Sepúlveda tiene informes del período 1996-1998 en que exponía otra distinta, es decir, planteaba más de un stock.
En seguida, me gustaría destacar que para nosotros es muy relevante el artículo transitorio precisamente por lo que ocurrió con el marcaje. ¿Por qué? Porque lo que queremos primero en el norte es que las cuotas no se determinen ilegalmente a través de negociaciones, sino efectivamente en función de estudios científicos de la realidad biológica del recurso.
Por eso, es muy importante la talla, señor Presidente.
A través de los estudios mencionados, al margen de la cuestión del stock, se ha expresado reiteradamente que la primera madurez sexual del jurel en el norte es distinta de la de otros lugares. Por lo menos dos trabajos determinan lo que acabo de exponer: "Estimación Primera Madurez Sexual en Jurel Zona Norte (Fase I) Informe técnico 2009", de la Universidad Arturo Prat, que hace referencia a 20,8 centímetros de longitud horquilla, y "Estudio Biológico Pesquero sobre el Recurso Jurel en la Zona Norte (Regiones I y II)" (IFOP - V. Alegría -1995), que señala 21,6 centímetros de longitud horquilla.
¿Qué se nos ha dicho, señor Presidente ? Que estos análisis son incompletos para poder establecer la talla. Como no queremos que ocurra exactamente lo mismo que con el marcaje para establecer el ciclo migratorio de la especie, es fundamental disponer por ley un plazo de 18 meses para los estudios respectivos, los cuales serán vinculantes para el efecto de las decisiones que tendrá que tomar la autoridad el día de mañana, en particular la Subsecretaría de Pesca.
Esa es la única garantía con que contamos para lograr que al final la distribución de las cuotas se vaya asociando a una investigación científica, porque es la única manera de afianzar el recurso. Pero se trata de asegurar, señor Presidente , que ella efectivamente se va a realizar. Por eso, vamos a aprobar la idea de legislar.
No compartimos los fundamentos contenidos en el mensaje sobre la existencia de un solo stock -repito- del jurel, por no registrarse unanimidad sobre el particular en el mundo científico, y resulta fundamental contemplar la obligatoriedad de realizar estudios a lo largo de todo el país, por unidad de pesquería, respecto de cuál es la talla en definitiva, incluida, por supuesto, la macrozona norte.
Termino, señor Presidente , insistiendo en que el origen de la iniciativa se halla en la permanente discriminación sufrida por el norte que nos llevó a presentar el asunto a la Contraloría. Hoy día, a raíz de la resolución de ese organismo, podemos abordar definitivamente la cuestión para despejarla al menos hasta el debate correspondiente al vencimiento de la ley corta, en dos años más, cuando trataremos los temas de fondo.
El proyecto en examen apunta a facilitar la administración de los recursos pesqueros, y, en ese sentido, se avanza.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , estimados colegas, en 2011 se cumplen veinte años de la Ley General de Pesca y Acuicultura y es tiempo de hacerla objeto de una evaluación global. Probablemente, se requiere la decisión política de revisar muchos de sus elementos. Lo digo por existir en el país un debate necesario acerca de nuestra institucionalidad.
Porque digamos las cosas como son. El Consejo Nacional de Pesca y los consejos zonales encierran un problema dramático: son arte y parte en decisiones que dicen relación a la cantidad de dinero que ingresa o no al bolsillo de los industriales, al entrar a resolver sobre volúmenes o asignación de recursos.
En la normativa no asumimos una dimensión básica en cualquier industria como la que nos ocupa, que es regulada: la de los trabajadores embarcados, los tripulantes. Hoy, producto de las determinaciones tomadas en forma errónea, a veces, por las autoridades administrativas, ellos pueden quedar cesantes, desamparados y tremendamente desprotegidos.
Por ende, tenemos que manifestar la voluntad de entender que se trata de un ordenamiento parcial, que aborda un tema y cuyo alcance es limitado, y que en el futuro necesitaremos entrar a un debate más complejo, sin duda más trascendental.
Ahora nos ocupamos en una materia con relación a la cual se supone que ignoramos si los jureles existentes a lo largo de la costa chilena forman una población o varias, cómo se tienen que medir y calificar científicamente y, de acuerdo con ese resultado, cómo se debe distribuir y definir el esfuerzo de extracción que el país permite para garantizar, no solamente una industria sana, sino también sostenible en el tiempo.
Muchas de las definiciones de administración que se han tomado no han sido adecuadas, lo cual ha llevado a que los recursos se estén sobreexplotando. De las doce principales pesquerías en plena explotación, algunas se encuentran virtualmente colapsadas. Y ello es responsabilidad, desde luego, de los actores, de las autoridades y asimismo del Congreso, que puede ayudar a cambiar las reglas del juego de una industria que es preciso regular.
En el caso en comento, señor Presidente , no está claro si los jureles del norte tienen algo que ver con los de la Octava Región. Lo cierto es que hay dos posiciones. Y se quiere obligar a la realización de un estudio para determinar si se trata de una o de dos unidades.
¿Por qué surge la necesidad? Por el tipo de norma contenida en el artículo 26 de la Ley General de Pesca, en la medida en que en una sola disposición se intenta calificar cómo se asigna o define la cuota general para las diferentes pesquerías, sin asumirse la existencia de realidades distintas. Por ejemplo, algunas especies son transzonales, como el jurel, mientras que otras no.
Nos interesa, en consecuencia, cuidar el recurso.
Abrigamos la convicción de que la mantención de los consejos zonales y del Consejo Nacional de Pesca, donde se efectúa la asignación, y el esfuerzo pesquero son inadecuados.
No quiero que se entienda mal mi crítica al abuso que se registra en el norte, no por culpa de los trabajadores, sino del administrador, con motivo de una extracción para fines supuestamente de investigación o científica que todos sabemos que no es tal. Constituye una falta de respeto hacia nosotros que eso persista. No puede ser que una parte importante de la captura, no solo del jurel, sino también de otras especies, se atribuya a dicho concepto. Si fuera para los barcos oceanográficos, ¡enhorabuena! Pero no es el caso.
Ello no hace más que reflejar el problema de cómo se asigna el esfuerzo pesquero que pueden desarrollar las flotas en diferentes partes del territorio nacional.
En el norte creen -a juicio de muchos, con bastante fundamento- que el recurso no está agotado, como sí sucede en la Octava Región o el centro sur; que la realidad de la población de la pesquería en el norte es distinta de la que se encuentra en el sur. Y, por tanto, no se deberían fijar los mismos parámetros para ambas zonas.
Lo cierto, señor Presidente, es que la iniciativa en debate permite tres cosas.
Estoy completamente de acuerdo con que se necesita definir, de una vez por todas, de qué talla se va a permitir la extracción del recurso, sobre la base de datos científicos indiscutibles y vinculantes con la decisión de la autoridad.
En cuanto a la modificación del artículo 26, se contempla el criterio de que una vez que se determine la cuota global se verificará un proceso de fraccionamiento. El texto no señala cómo se efectuará este, aspecto que debemos precisar.
En la normativa permanente se contempla un mecanismo que me merece serias reservas, relativo a que quienes cuenten con autorización para extraer en un territorio pueden asociarse con personas de otro para tal efecto. Pero eso se tendrá que debatir.
El proyecto es necesario y resulta fundamental.
Espero que la discusión, impulsada por Senadores representantes de Regiones del norte por considerar principalmente que ha tenido lugar una discriminación en las políticas de administración pesquera, también nos permita asumir lo siguiente. Es probable que en algún momento se tendrá que fijar una veda en esa zona, al igual que en el sur, y necesitamos generar las condiciones para que los trabajadores de la industria no queden en la calle cuando se tome una medida de administración producto de decisiones equivocadas adoptadas en el pasado. No es posible que tengan que pagar los costos sociales de malas determinaciones o de la sobreinversión de los empresarios.
El manejo de los recursos naturales -en este caso, renovables- se relaciona con una visión estratégica. Espero que, junto con aprobar el proyecto de ley, exhibamos la capacidad de generar mecanismos de administración que puedan incluir la veda y también medidas para que, si no es posible salir a pescar durante 6 meses, se les garanticen a los trabajadores sus sueldos, ya que no son quienes deben pagar los costos de resoluciones erróneas del pasado.
Necesitamos defender nuestras pesquerías. Deseo destacar lo que le he escuchado decir al señor Subsecretario de Pesca en el sentido de abrigar la voluntad de abocarse a decisiones difíciles respecto de la conservación. Si bien ellas se tienen que tomar, que no sea a costa de los intereses del sector laboral ni tampoco de una industria que queremos cuidar, ni, en especial, de los recursos.
Voy a votar a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, la iniciativa parece muy simple, pero algunos de sus alcances los considero muy importantes, en particular para la Región que represento y, en general, para la zona norte.
A mi juicio, la materia resulta muy relevante, porque implica abordar la definición de si se trata de uno o más stocks, y, establecido ello, se determina automáticamente cómo se distribuye una riqueza económica.
En este aspecto, debo consignar que lo que escucho de los trabajadores de la industria en el norte expresa un sentimiento de frustración, de molestia, de impotencia, por sentir que sus derechos se ven atropellados, ya que se cuestiona la forma en que se define la cuota de captura por armador.
Es preciso comenzar expresando que, en su origen, la cuota se distribuyó a partir de la Tercera Región y hasta la Décima. A las Regiones Quinta y Novena se les asignó, en su momento, 84,26 por ciento de ella. Con posterioridad ha tenido lugar una modificación, fruto del reclamo de la gente de la Primera y Segunda Regiones de la época, a las que se ha otorgado 10 por ciento del total. Y lo anterior es relevante, porque, en definitiva, estamos haciendo referencia a intereses económicos.
Asimismo, escucho habitualmente aludir a la asimetría o el desequilibrio de la representación en las instancias donde se realizan estas definiciones. En el Consejo Nacional de Pesca se observa una clara descompensación. Y lo que resulta muy llamativo es que la disparidad favorece siempre a Regiones que terminan obteniendo las mayores cuotas de captura y las más criticadas por la desproporción que se registra.
Otro elemento digno de analizar es que incluso la propia División de Desarrollo Pesquero señala, en forma clara, que existe consenso entre los especialistas de que se trata de un mismo stock o unidad poblacional, haciendo referencia al jurel.
Bueno, en primer lugar, me parece que esa definición no cuenta con unanimidad. Basta escuchar lo que están planteando los propios Senadores, de distintos sectores políticos, para entender claramente que no existe consenso. De hecho, en este caso no compartiría un criterio unánime. Por el contrario, acá he dicho que hay un cuestionamiento y que tenemos serias dudas respecto de cuán representativo es el sistema.
¿Y por qué considero tan relevante este punto? Porque, al no haber consenso, tiene mérito y cobra mayor fuerza la argumentación de crítica frente a tal planteamiento. ¿Por qué? Por la razón que acabo de señalar: adoptar el concepto de una sola unidad favorece la concentración de las cuotas en manos de ciertos intereses de orden económico.
Señor Presidente , es de la mayor importancia realizar el estudio al que hacía referencia el Senador señor Orpis , a efectos de, primero, definir si se trata de un solo stock y, en seguida, establecer cuál es el ciclo de madurez sexual de esas especies (para determinar sus tallas y la carga de explotación que realmente se debe hacer sobre ellas) y fijar la cuota.
En todo caso, tengo la impresión de que va a ocurrir una suerte de sentencia autocumplida. En nuestra opinión, escuchados los técnicos del norte, se trata de stocks diferentes. Yo no sé si son dos o tres. Pero lo concreto y lo claro es que la argumentación de nuestros expertos apunta a que se trata de un stock distinto, que aparece vinculado con la zona sur del Perú más que con nuestra Octava Región. No guardarían ninguna relación ambas realidades.
Me parece del todo meritorio avanzar en ese tipo de definiciones. Hay que pedirle a la Subsecretaría de Pesca que enfatice tal objetivo y dé prioridad, con carácter de urgente, a esos estudios, y destinar los recursos presupuestarios pertinentes para que se puedan ejecutar. De esa manera, se despejarán todas las incógnitas y llevaremos tranquilidad al sector pesquero, que en general se halla deprimido.
Hago propicia la ocasión para señalar que no solo está deprimida la industria pesquera de tamaño medio y mayor, sino también la pesca artesanal, que enfrenta serias dificultades. Lo hago presente, aun cuando sé que ello no guarda relación directa con el asunto en debate, relativo a las cuotas. Pero se trata de una actividad económica colateral a esta, que, por cierto, vive momentos de zozobra en todo el norte del país.
Por lo tanto, voto a favor del proyecto en general.
Expreso mi confianza en el buen criterio del nuevo Subsecretario del ramo. Ojalá se aplique a esta materia. Yo sé que ha estado en el norte en forma reiterada -tres o cuatro veces en estos pocos meses- y que ha mostrado un interés particular en el tema.
Confío en que vamos a poder resolver este problema en un plazo breve.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Por estar en la Mesa, no voy a hacer uso de la palabra.
El señor CANTERO .- Pero lo interpreto, ¿no?
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Así es. Adhiero a lo que usted ha señalado.
Y espero que el nuevo Subsecretario se ilumine, porque los anteriores estaban un poco obnubilados...
El señor CANTERO .- Hacemos un llamado a Pablo Galilea , entonces.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (22 votos a favor) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 25, a las 12.
Votaron las señoras Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Sabag, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
--(Aplausos en tribunas).
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