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El señor LETELIER.- Señor Presidente , estimados colegas, en 2011 se cumplen veinte años de la Ley General de Pesca y Acuicultura y es tiempo de hacerla objeto de una evaluación global. Probablemente, se requiere la decisión política de revisar muchos de sus elementos. Lo digo por existir en el país un debate necesario acerca de nuestra institucionalidad.
Porque digamos las cosas como son. El Consejo Nacional de Pesca y los consejos zonales encierran un problema dramático: son arte y parte en decisiones que dicen relación a la cantidad de dinero que ingresa o no al bolsillo de los industriales, al entrar a resolver sobre volúmenes o asignación de recursos.
En la normativa no asumimos una dimensión básica en cualquier industria como la que nos ocupa, que es regulada: la de los trabajadores embarcados, los tripulantes. Hoy, producto de las determinaciones tomadas en forma errónea, a veces, por las autoridades administrativas, ellos pueden quedar cesantes, desamparados y tremendamente desprotegidos.
Por ende, tenemos que manifestar la voluntad de entender que se trata de un ordenamiento parcial, que aborda un tema y cuyo alcance es limitado, y que en el futuro necesitaremos entrar a un debate más complejo, sin duda más trascendental.
Ahora nos ocupamos en una materia con relación a la cual se supone que ignoramos si los jureles existentes a lo largo de la costa chilena forman una población o varias, cómo se tienen que medir y calificar científicamente y, de acuerdo con ese resultado, cómo se debe distribuir y definir el esfuerzo de extracción que el país permite para garantizar, no solamente una industria sana, sino también sostenible en el tiempo.
Muchas de las definiciones de administración que se han tomado no han sido adecuadas, lo cual ha llevado a que los recursos se estén sobreexplotando. De las doce principales pesquerías en plena explotación, algunas se encuentran virtualmente colapsadas. Y ello es responsabilidad, desde luego, de los actores, de las autoridades y asimismo del Congreso, que puede ayudar a cambiar las reglas del juego de una industria que es preciso regular.
En el caso en comento, señor Presidente , no está claro si los jureles del norte tienen algo que ver con los de la Octava Región. Lo cierto es que hay dos posiciones. Y se quiere obligar a la realización de un estudio para determinar si se trata de una o de dos unidades.
¿Por qué surge la necesidad? Por el tipo de norma contenida en el artículo 26 de la Ley General de Pesca, en la medida en que en una sola disposición se intenta calificar cómo se asigna o define la cuota general para las diferentes pesquerías, sin asumirse la existencia de realidades distintas. Por ejemplo, algunas especies son transzonales, como el jurel, mientras que otras no.
Nos interesa, en consecuencia, cuidar el recurso.
Abrigamos la convicción de que la mantención de los consejos zonales y del Consejo Nacional de Pesca, donde se efectúa la asignación, y el esfuerzo pesquero son inadecuados.
No quiero que se entienda mal mi crítica al abuso que se registra en el norte, no por culpa de los trabajadores, sino del administrador, con motivo de una extracción para fines supuestamente de investigación o científica que todos sabemos que no es tal. Constituye una falta de respeto hacia nosotros que eso persista. No puede ser que una parte importante de la captura, no solo del jurel, sino también de otras especies, se atribuya a dicho concepto. Si fuera para los barcos oceanográficos, ¡enhorabuena! Pero no es el caso.
Ello no hace más que reflejar el problema de cómo se asigna el esfuerzo pesquero que pueden desarrollar las flotas en diferentes partes del territorio nacional.
En el norte creen -a juicio de muchos, con bastante fundamento- que el recurso no está agotado, como sí sucede en la Octava Región o el centro sur; que la realidad de la población de la pesquería en el norte es distinta de la que se encuentra en el sur. Y, por tanto, no se deberían fijar los mismos parámetros para ambas zonas.
Lo cierto, señor Presidente, es que la iniciativa en debate permite tres cosas.
Estoy completamente de acuerdo con que se necesita definir, de una vez por todas, de qué talla se va a permitir la extracción del recurso, sobre la base de datos científicos indiscutibles y vinculantes con la decisión de la autoridad.
En cuanto a la modificación del artículo 26, se contempla el criterio de que una vez que se determine la cuota global se verificará un proceso de fraccionamiento. El texto no señala cómo se efectuará este, aspecto que debemos precisar.
En la normativa permanente se contempla un mecanismo que me merece serias reservas, relativo a que quienes cuenten con autorización para extraer en un territorio pueden asociarse con personas de otro para tal efecto. Pero eso se tendrá que debatir.
El proyecto es necesario y resulta fundamental.
Espero que la discusión, impulsada por Senadores representantes de Regiones del norte por considerar principalmente que ha tenido lugar una discriminación en las políticas de administración pesquera, también nos permita asumir lo siguiente. Es probable que en algún momento se tendrá que fijar una veda en esa zona, al igual que en el sur, y necesitamos generar las condiciones para que los trabajadores de la industria no queden en la calle cuando se tome una medida de administración producto de decisiones equivocadas adoptadas en el pasado. No es posible que tengan que pagar los costos sociales de malas determinaciones o de la sobreinversión de los empresarios.
El manejo de los recursos naturales -en este caso, renovables- se relaciona con una visión estratégica. Espero que, junto con aprobar el proyecto de ley, exhibamos la capacidad de generar mecanismos de administración que puedan incluir la veda y también medidas para que, si no es posible salir a pescar durante 6 meses, se les garanticen a los trabajadores sus sueldos, ya que no son quienes deben pagar los costos de resoluciones erróneas del pasado.
Necesitamos defender nuestras pesquerías. Deseo destacar lo que le he escuchado decir al señor Subsecretario de Pesca en el sentido de abrigar la voluntad de abocarse a decisiones difíciles respecto de la conservación. Si bien ellas se tienen que tomar, que no sea a costa de los intereses del sector laboral ni tampoco de una industria que queremos cuidar, ni, en especial, de los recursos.
Voy a votar a favor.
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