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El señor QUINTANA.- Señor Presidente , se pueden barajar muchas hipótesis, dar muchos ejemplos y ponernos en el caso de distintos grupos sociales. Pero lo cierto es que la Ley Antiterrorista se aplica mayoritariamente a los pueblos originarios, en particular a los mapuches, por razones políticas o por los motivos aquí mencionados.
Por lo tanto, en mi concepto, el Senador señor Sabag hizo bien al plantear un punto político en el centro del debate, pues los aspectos técnicos ya se trataron en los artículos anteriores y, también, en el análisis de la Comisión de Constitución.
En concreto, si realmente queremos hacer algo por evitar un desenlace fatal en el caso de los huelguistas y si hay un margen que se juega en el Senado con esa finalidad es con esta indicación. No otra.
Por lo tanto, el Honorable señor Navarro y otros Senadores de Oposición se hallan en lo correcto cuando dicen que la presente constituye la oportunidad para eliminar ese estigma que hasta hoy se cierne sobre el pueblo mapuche, contenido en la legislación vigente y en el proyecto presentado por el Gobierno, al cual se califica como el grupo de mayor peligrosidad en el país; incluso más que el formado por los narcotraficantes.
Por lo tanto, cuando aquí se plantea la posibilidad de modificar eso, también se hace necesario enmendar algunos aspectos procesales.
Se habla mucho de incendio, pero, ¡por favor!, en el proyecto del Gobierno se baja su penalidad a 20 años. Y la única diferencia que significa nuestra indicación es que saca ese delito del acto terrorista.
La hipótesis del Ministro de Justicia planteada recién en cuanto a que un grupo puede cometer cinco incendios de manera sucesiva en cinco predios distintos se salva con el hecho de que la pena es aritmético-acumulativa. Por lo tanto, los autores serían condenados a cien años de cárcel.
Hoy día muchos comuneros están privados de libertad por delitos en los cuales no ha muerto nadie. Las únicas víctimas fatales son, precisamente, mapuches. Por supuesto que hay quienes han sufrido la quema de sus campos -lo hemos condenado- pero para eso existe una legislación muy clara.
Aquí se ha hablado asimismo de casos de autoridad. Pero contamos con la Ley de Seguridad del Estado.
Entonces, el debate es político.
Porque la Ley Antiterrorista viene del año 1984.
Pregunto: ¿Se aplicó en 1986 cuando fueron quemados vivos dos jóvenes universitarios chilenos en las protestas sociales en circunstancias de que se dictó para contenerlas? Eso estamos aplicando hoy día, y no sé qué relación guarda con los mapuches.
¿Se utilizó en el caso de los tres profesores degollados en 1985? ¿Acaso ese crimen no fue para infundir temor? No se aplicó la Ley Antiterrorista.
Entonces, ¡por favor! hoy día no solo tenemos la posibilidad de humanizar un poco tal cuerpo legal, sino de terminar con la huelga de hambre, de evitar que se produzcan muertes en los próximos días y de cumplir con nuestra labor como legisladores.
Tal vez sea el único margen que tenga el Senado. Y yo llamo a hacer un esfuerzo.
El Ministro de Justicia mencionaba recién la legislación española. Claro, probablemente es el único ejemplo con el que se pueda comparar. Pero aquí no tenemos a la ETA, a menos que alguien quiera igualar al pueblo mapuche con esa organización. No es esa la finalidad.
Se habla mucho -y así lo hemos aceptado-, de que el delito terrorista se da cuando hay la finalidad de infundir temor. Hace algunos días fui a la comunidad autónoma de Temucuicui en Ercilla. Les informo que más asustados estaban los mapuches que quien habla. A ese lugar van muchas personas, visitantes extranjeros, por sus lindos paisajes. Me decían que era el primer Senador en visitarlos.
Señor Presidente , debemos hacer un esfuerzo. Esta indicación, como muy bien lo ha planteado la Senadora señora Alvear , apunta a algo esencial en cualquier ley antiterrorista del mundo: proteger un bien jurídico. ¡Por favor! Apelo a la experiencia de los Senadores de enfrente. Lo primero que identifica cualquier legislación es el bien jurídico protegido. Pero aquí no importa. Dejamos algo abstracto. Puede ser cualquier cosa.
Por eso, cuando se plantea el derecho a la vida, a la libertad, a la salud pública, se regula para algo. ¿La libertad para qué? En el caso de los secuestros, por ejemplo, para proteger a los menores.
Entonces, señor Presidente , hago un llamado al Gobierno -porque este es un tema político- a tomar la única oportunidad que tiene de apoyar esta indicación, porque en los otros aspectos no ha querido.
El propio Presidente Piñera , esta mañana en el Congreso Pleno, señaló que, con la misma convicción y fuerza empleada para rescatar a los mineros, se hará lo posible por salvar la vida de los mapuches. Hay distintas formas de hacerlo. Incluso, usando la fuerza, con grilletes, actuando sobre personas que han perdido 25 kilos. Según los tratados internacionales, ello está en el límite de la tortura. Y no creo que sea ese el camino que el Gobierno vaya a seguir.
Por eso -reitero-, llamo al Ejecutivo , que ha sido intransigente en este punto central, donde se juega la vida de personas, a acoger lo que se conoció hace pocos minutos: el llamado de la Conferencia Episcopal a establecer ahora, no mañana, la mesa de diálogo, a no postergarla ni un minuto más. Lo acaban de señalar todos los obispos, incluido monseñor Ezzati, a quien el Gobierno le pidió colaboración en esta materia. La misma colaboración que deseamos entregar nosotros. Pero queremos que esta sea eficaz, que sirva.
Por lo expuesto, solicito apoyar la indicación renovada.
He dicho.
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