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El señor CHADWICK.- Señor Presidente , a diferencia del Honorable señor Espina, no represento en esta Corporación a la Región de La Araucanía, aunque él lo hace muy bien. Pero, como Senador, por más de 14 años he pertenecido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Y por primera vez me corresponde enfrentar una situación legislativa de esta naturaleza.
El proyecto de ley en debate, cuya oportunidad y circunstancia todos conocen, tiene dos formas de ser abordado.
La primera dice relación a quienes desean o pretenden, mediante las modificaciones a la Ley Antiterrorista -una de las normativas más importantes del país-, buscar solución a un conflicto de carácter particular, a pesar de lo relevante y grave que pueda ser.
La otra se refiere a quienes, a través de las enmiendas propuestas a esta ley por el Ejecutivo, queremos su perfeccionamiento, a fin de que sus efectos sean siempre de carácter general y permanente, y de que puedan -en lo que corresponda y de acuerdo a nuestras convicciones- servir para los casos puntuales que en la actualidad se tramitan en los tribunales de justicia.
Y en ese camino y esa visión, comparto íntegramente los términos en que el Gobierno nos está proponiendo este proyecto de ley. Lo hago fundamentalmente porque para mí resulta esencial que cuando se legisle respecto de cualquier materia deben tenerse siempre presentes dos elementos importantes, más aún si se trata de una normativa con esta significación.
En primer término, no hay que olvidar nunca que la ley es un acto o una disposición de carácter general llamada a producir sus efectos no solo para un acto circunstancial, sino para todos los chilenos a lo largo del tiempo.
Como dije, es de carácter general.
Lo anterior responde a principios fundamentales de una democracia. Aún más, satisface principios básicos dentro de las nociones y conceptos de la defensa y el respeto a los derechos humamos. Porque, si la ley deja de ser general, pasa a ser discrecional y a diferenciar entre los ciudadanos de hoy y mañana por cualquier razón.
Por lo tanto, resulta trascendental el carácter general de la ley para respetar un principio básico de la democracia y los derechos humanos: la igualdad ante la ley.
Porque, si el Senado no está dispuesto a acatar hoy tal principio -por motivos de carácter particular o circunstancial, o por razones de tipo político-, mañana lo vamos a pagar con el debilitamiento de un pilar básico de la democracia: el principio de igualdad ante la ley.
Al mismo tiempo, hay que tener presente un elemento básico de nuestro Estado de Derecho y del sistema democrático: ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden avocarse causas pendientes. No pueden interferir de manera directa en un juicio que se está tramitando, cualesquiera sean sus actores, porque con ello estarían debilitando un elemento esencial del Estado de Derecho. La justicia es un poder independiente que actúa de acuerdo a la ley existente al momento de los hechos. Por eso, no pueden entrometerse con posterioridad o invalidar la acción de la justicia, porque estarían trasgrediendo el principio fundamental de la independencia del Poder Judicial .
Ambos elementos básicos del sistema democrático y de la doctrina de los derechos humanos debemos tenerlos presentes al momento de discutir esta iniciativa.
Hay otro principio que me parece muy importante: estamos en presencia de la ley que regula las conductas terroristas. Es, quizás, una de las más necesarias en la actualidad para una sociedad moderna. Porque todos sabemos lo que la acción terrorista significa o ha significado en las sociedades modernas. Y vemos lo que hacen todos los países que sufren o han sufrido agresiones terroristas: precisamente establecer cuerpos legales más rigurosos, estrictos y gravosos que la ley común, para efectos de contar con herramientas más eficaces contra el terrorismo.
Las conductas terroristas -así lo indican tanto los tratados y las normativas internacionales como la propia Ley Antiterrorista, que fue estudiada y dictada bajo el Gobierno de don Patricio Aylwin, en plena democracia, la cual recogió conceptos de la legislación española, para aprovechar su experiencia en la materia- son todos aquellos actos que provocan daños y lesiones y se desarrollan con total desprecio por las víctimas inocentes, a fin de causar temor en la sociedad o de extorsionar a la autoridad democráticamente elegida.
Ese es el nervio y la esencia de una conducta terrorista.
Si nosotros -queriendo solucionar un problema de carácter particular a propósito del proyecto en discusión- debilitamos, destruimos, hacemos ineficaz la Ley Antiterrorista que el país necesita, pregunto a los señores Senadores: ¿Alguno de ustedes puede asegurar al país que la acción terrorista en Chile no existe, no continuará o no se dará en el futuro?
En los últimos meses, en la Región Metropolitana, ha habido más de cien bombazos. ¿Quién se hará responsable, a raíz de una situación coyuntural, del menoscabo a los instrumentos de la Ley Antiterrorista hacia el futuro? ¿Quién puede garantizar al país que el terrorismo no va a actuar o no está actuando en Chile?
Por lo tanto, el debilitamiento de tales mecanismos legales trae consigo el debilitamiento de la seguridad de las personas. En una sociedad moderna y democrática, constituiría una irresponsabilidad gigantesca -¡gigantesca!- dar pasos en falso en esta materia, por motivaciones que pueden ser muy loables, pero que no son el instrumento adecuado para encontrar las soluciones.
Por eso, señor Presidente , el proyecto del Ejecutivo , que el Ministro señor Bulnes ha reseñado en sus principales aspectos, me parece equilibrado, pues respeta los principios fundamentales de la doctrina de los derechos humanos, de un Estado de Derecho y de un régimen democrático. Es una iniciativa que garantiza a todos los chilenos y las chilenas -en especial, a quienes hoy son sujetos del conflicto en la zona de La Araucanía- un debido proceso; esto es, la posibilidad de que sus derechos sean reclamados ante los tribunales de justicia, a través de los perfeccionamientos que se proponen a la Ley Antiterrorista.
Con ello se asegura la aplicación de una normativa justa, equilibrada, prudente, perfeccionada, actual y garante de un debido proceso, lo cual debiera dejarnos absolutamente tranquilos como legisladores, pues tales cualidades son las que siempre debemos perseguir en nuestro trabajo legislativo.
En consecuencia, voy a votar a favor del proyecto del Ejecutivo. Y espero que todos los Honorables colegas apoyen la idea de legislar, a efectos de dar una señal muy clara en cuanto a que atendemos los problemas y buscamos caminos de solución, pero sin debilitar la doctrina de los derechos humanos, el Estado de Derecho y los pilares básicos de la democracia.
He dicho.
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