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El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , al iniciar esta reflexión, deseo recordar el planteamiento hecho por el Senador señor Espina cuando hizo uso de la palabra. No es la primera vez que debatimos temas vinculados al pueblo mapuche, a esos chilenos que desde hace mucho tiempo han sufrido la postergación. Porque las políticas que el país ha aplicado al respecto no los han favorecido, lo cual, en cierto modo, justifica y explica tal postergación, vulnerabilidad y la situación de riesgo en que viven.
Alguien podría pensar que me refiero a los Gobiernos de la Concertación, pero no, estoy hablando de décadas de postergación. Y, por cierto, a pesar de que estos últimos intentaron hacer esfuerzos, no tuvieron resultados muy positivos con sus políticas destinadas a la etnia mapuche. De manera que Chile sigue en deuda.
La última encuesta CASEN -según se recordaba- arroja resultados que reflejan en forma patente que el problema no es de hace muchas décadas, sino que lo sigue siendo en la actualidad. Porque, entre 2006 y 2009, mientras la pobreza e indigencia en Chile aumentaba de 16,9 a 18,8 por ciento, en La Araucanía se incrementaba de 26,2 a 36,1 por ciento. Es decir, la situación empeoró en estos últimos años en porcentajes francamente alarmantes.
Más allá del episodio específico, grave y complejo que vivimos, espero que lo que no ocurrió hace 7 años -cuando el Senado realizó un estudio bastante profundo sobre la materia, llamando a aplicar políticas que resolvieran el origen de los problemas que a muchos mapuches, con razón, los mantiene en una situación de mucha irritación y vulnerabilidad-, suceda en esta oportunidad y hagamos algo como país.
Aquí se requiere acuerdo para que el pueblo mapuche alcance el desarrollo, la paz y la justicia social. Probablemente, también para otras etnias originarias. Pero aquel, por su tamaño, por su envergadura, por su integración en muchos sentidos a la nación, tiene y necesita un trato especial. Y espero que no lo olvidemos una vez superado este episodio.
Por otra parte, considero importante hacer una breve reflexión sobre las huelgas de hambre.
Entiendo el planteamiento que hizo el señor Ministro del Interior , en el sentido de que las huelgas de hambre motivan reacciones especiales, sin que ello implique abandonar las convicciones. Me parece un planteamiento correcto en lo central. Sin embargo, me preocupa que por consideraciones prácticas o situaciones muy coyunturales y apremiantes validemos el método de presión -la huelga de hambre- como un sistema de recurso permanente.
Hoy día, existen numerosas deudas sociales, conflictos y problemas pendientes. Me pregunto si acaso entraremos en ese vértigo e incorporaremos tal mecanismo como la forma de expresar los puntos de vista. Ello resulta muy complejo, porque plantea, en quien es presionado por esa vía, un dilema moral muy difícil, lo cual hace que, probablemente, si se actúa con debilidad o sin apego a convicciones o a las instituciones, se pueda poner a cualquier gobernante, a cualquier Estado, a cualquier país en situación de indefensión frente a estos hechos.
Hoy leí en la prensa que en Punta Peuco un grupo de militares se había declarado en huelga de hambre, la que finalmente declinó. Afortunadamente, porque parecía un recurso bastante equivocado.
Pero no sabemos si otros grupos en el futuro, a raíz del caso que nos ocupa hoy, harán lo mismo, no entendiendo que se trató de una situación especial, en que se recurrió por otras v��as a resolver un problema sin que ello implicara una debilidad del Estado.
No estoy hablando del Gobierno actual, ni del anterior, ni del futuro, sino de una forma de resolver conflictos donde presiones que limitan con lo correcto dentro del ámbito moral pueden cambiar la manera de hacer gobierno.
Respecto al problema específico, tengo la impresión de que es evidente que su envergadura obliga a una actuación especial. Y valoro que el Ejecutivo haya tomado algunos caminos que ayudan a solucionarlo. Las dos propuestas legislativas que planteó, la que modifica el Código de Justicia Militar para hacerlo inaplicable a civiles y la que enmienda la Ley Antiterrorista -la que estamos analizando en este momento-, son señales que, a mi parecer, nos permiten acercarnos a lo que todos queremos: que los comuneros mapuches depongan la huelga de hambre y se instalen a dialogar.
Me parece que debemos buscar caminos racionales, apegados a la lógica humana, para poder zanjar estos problemas.
Si la Mesa me concede un par de minutos más, me gustaría hacer una última reflexión sobre esta materia.
El señor PIZARRO (Presidente).- Conforme, señor Senador.
El señor LARRAÍN.- Gracias, señor Presidente.
Pienso que, con el llamado a Monseñor Ezzati y con la colaboración prestada no solo por la Iglesia Católica sino también por las iglesias evangélicas, se está generando el ambiente para el diálogo en que, llegado el minuto, todos tendrán que participar, sin necesidad de condicionamientos previos.
Estamos avanzando en esa línea.
Por eso, me alegro del consenso que ha suscitado este proyecto (recién oí al Senador Girardi votar a favor de la idea de legislar), sin perjuicio de que lo perfeccionemos a través de indicaciones para que nos dé la tranquilidad de que nos quedaremos con una ley antiterrorista que cumpla la misión de combatir el terrorismo -porque no estamos ajenos a ese flagelo-, pero en forma racional; porque en su formulación actual hay -ya se ha repetido- demasiados elementos que hacen que su aplicación pueda resultar injusta para muchos.
Pero no olvidemos que, como dice nuestra Constitución, "El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.". Es ese también un elemento que debemos tener presente.
Y, a la inversa, por el hecho de ser mapuche o de otra etnia o de cualquier condición social, económica, en fin, nadie puede estar excluido a priori de la posibilidad de cometer un acto terrorista.
Por lo tanto, la igualdad ante la ley nos debe poner a todos en la misma situación. Si tenemos una ley justa y alguna persona, mapuche o no mapuche, comete los actos sometidos a su imperio, debe sufrir las consecuencias.
Si la normativa vigente en esta materia se ha aplicado mal o tiene conceptos equivocados, corrijámosla. Pero, una vez que la hayamos reformado, apliquémosla por igual a todos. Y si hay problemas relacionados con el mundo mapuche, resolvamos la causa de ellos, pero no por eso modifiquemos la forma de afrontar las conductas contrarias al Estado de Derecho.
Voto que sí.
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