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El señor TUMA.- Señor Presidente , el Senado está llevando a cabo un debate importante, pero accesorio desde la perspectiva de las motivaciones tenidas en vista para convocarnos hoy a los efectos de analizar una legislación que, no obstante que desde hacía mucho tiempo sabíamos de la necesidad de corregirla, recién ahora nos preocupa, por la existencia de una huelga de hambre que llega ya a límites insostenibles.
Peor aún: estamos discutiendo como cuestión de inquietud nacional un asunto que jamás ha sido debatido con este carácter ni por el Estado ni por sus órganos.
La situación del mundo indígena no tiene que ver con un sector político, sino con el Estado chileno.
Estamos celebrando el Bicentenario. Empero, señor Presidente , recién en 1881, ¡hace 130 años!, tenía lugar un parlamento, se hacía la pacificación de la Araucanía.
Allí -Octava, Novena y Décima Regiones actuales- aún no existía el Estado de Chile como dominador del territorio. Quien lo dominaba era el pueblo mapuche.
Durante estos 130 años ha habido por parte del Estado un despojo, pero no solo territorial, sino además de sus derechos, su cultura, sus costumbres, su tradición y su idioma.
Y hoy estamos debatiendo los efectos del daño que el Estado le ha ocasionado al mundo indígena en forma permanente.
Señor Presidente , a lo largo de 16 años fui Diputado por uno de los distritos con mayor presencia de indígenas. Pude compartir sus dolores, sus penas y, asimismo, sus alegrías. Conozco a cada una de las comunidades. Sé cómo piensan. Y la inmensa mayoría está dolida y considera que el Estado se encuentra en deuda con ella. Pero no por eso ha asumido una actitud violenta. Espera que aquel se dé cuenta de la existencia de una deuda histórica que aún no se halla saldada.
De la misma manera como en algunos países los movimientos indigenistas, en otras ocasiones, se han constituido por ambiciones independentistas, aquí, en Chile, la inmensa mayoría del mundo indígena está a la espera, todavía, de que el Estado tenga una preocupación central, no a propósito de una huelga de hambre y de la modificación tangencial de una ley como la que nos convoca, y promueva un debate nacional respecto a la respuesta que le dará a ese pueblo.
Aquí hay dos conflictos del Estado: uno con las mayorías indígenas y otro con quienes están en huelga de hambre, que no solo demandan una modificación a la Ley Antiterrorista o a los tribunales militares para lograr un juicio justo -porque no buscan la impunidad, sino (repito) un juicio justo-, sino también la satisfacción de aspiraciones políticas.
El Congreso y el Gobierno no pueden negar lo que no quieren ver. Aquí estamos ante una realidad: hay crecientes movilizaciones de indígenas por demandas independentistas.
No se trata de campesinos pobres que reclaman asistencia social, o más tierras, o agua, o caminos, o transporte. Lo que reclaman es otra cosa: un territorio, autonomía política. Es lo que se denomina "nación mapuche".
Eso no se ha debatido. No hemos creado condiciones para, desde el Estado, discutir con el mundo indígena y escucharlo; para que este tenga representación en las comunas, en el Congreso, en los gobiernos regionales; mucho menos, para crear un Parlamento Indígena que interlocute con el Estado.
¡Si el problema de fondo que afecta al pueblo indígena es precisamente su carencia de representación!
Entonces, ¿con quién nos entendemos?
¿Cuáles son las demandas del mundo indígena?
Hoy día estamos pidiéndole a la Iglesia que sirva de mediadora. ¿Mediadora de qué? De las modificaciones de la Ley Antiterrorista.
Y después de las enmiendas que se introduzcan, ¿que vamos a hacer en la próxima huelga?, ¿qué va a hacer el Estado respecto al pueblo indígena?
En mi opinión, señor Presidente , el debate debe ser mucho más profundo. No puede limitarse a la reforma de una legislación. Tiene que ver con cómo el Estado se hace cargo de una deuda histórica que no le ha pagado al mundo indígena, y en particular al pueblo mapuche.
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