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El señor NAVARRO.- Señor Presidente , definitivamente los árboles a veces no permiten ver el bosque. Porque nos enfrentamos a un debate muy coyuntural y en realidad debiéramos preguntarnos por el origen del conflicto. Un médico que quiera resolver un problema no solo ha de atender a lo que fluye de la piel; también debe preguntarse por el fondo de la enfermedad. Y si es un buen profesional tiene que curarla; no simplemente atacar lo superficial.
Aquí estamos hablando de erupciones, de explosiones, de una enfermedad más bien profunda, que es haber olvidado la real causa de la crisis: la lucha por tierras.
Cuando, después de la Guerra del Pacífico, comienza la pacificación de la Araucanía, el Estado chileno inicia un proceso de marcaje, de recuperación. Y este Congreso declara -pido las actas, señor Presidente , que ojalá pudieran ser adjuntadas-, sobre la base de la Constitución de 1833 -obra de Diego Portales-, artículo primero (relativo al derecho a la propiedad), que las tierras al sur del Biobío, ocupadas por indígenas, eran territorio chileno. Y si lo eran, tenían dueño. ¿Quiénes? Aquellos que las ocupaban: los mapuches. En esa época, entonces, comienza el marcaje de las tierras, que se hace después del genocidio, después de que los arrasan en el sur, después de que los arrinconan.
Estamos frente a un problema de fondo, que ya abordó la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, creada por Patricio Aylwin . Esta elaboró un informe que fue entregado al país, concluyendo que las comunidades mapuches perdieron sus tierras por apropiación de particulares, por sentencias judiciales, por la superposición de deslindes y también porque particulares ajenos a las comunidades se quedaron con ellas.
¿Y qué sostiene el informe, en su página 644? Que "la Comisión pudo constatar, sin embargo, que hubo diversos períodos históricos en que mediante múltiples mecanismos -simulaciones, fraudes a la ley-" (o sea, métodos ilícitos) "dicha prohibición fue burlada, produciéndose así procesos de enajenación de esas tierras".
Nadie puede dudar de que la tierra fue arrebatada a los mapuches de manera ilícita. Eso se encuentra claramente establecido. La pregunta radica en qué hace el Estado hoy para resarcir un error que no cometimos nosotros y que se arrastra ya por siglos. Y ese es el esfuerzo que debiéramos llevar adelante.
El Senador Chadwick hace una apelación. Señala: "Se va a debilitar la seguridad de las personas. ¿Quién puede garantizar que no nos pondrán cien bombas?". ¡Eso sí que es hacer terrorismo! ¡Eso es causar terror! ¡Eso es decirle a Chile: "Estamos discutiendo una ley donde las personas, los niños, van a quedar desprotegidos"!
Lo que queremos es una ley que garantice lo sostenido por el Ministro Hinzpeter, que ha sido coherente; un país en que la ley no discrimine a las personas; un sistema que parta de la presunción de inocencia; un derecho penal de autor en virtud del cual una persona no sea condenada, debido a su condición, a su experiencia anterior, por hechos que no han existido, sino solo por presunciones.
Lo que queremos, entonces, es efectuar un debate para ver cómo subsanar un error político. Porque la Concertación reconoce que lo cometió; aplicamos la ley erróneamente. En consecuencia, tenemos que resolver si ciertos hechos son o no terroristas.
El Senador Pérez Varela plantea: "Emboscar a un fiscal es un atentado terrorista". Bueno, pero primero demostremos que existe el atentado. Lo que el Gobierno y el oficialismo hacen es presumir a partir de antecedentes aún en investigación. Porque todo está en proceso, no hay sentencias condenatorias.
De la Ley Antiterrorista cuestionamos que admita el uso de testigos sin rostro y que los casos se apoyen básicamente en sus declaraciones.
También nos preocupa el tema de los fiscales. Hay que revisarlos. Son otro "monstruito" creado que hoy no tiene control. ¿Quién los fiscaliza? Aquí los abogados me podrán decir: cuando se equivocan. ¡El 70 por ciento de las causas que se les denuncian se encuentran archivadas! Y se equivocan y se equivocan porque nadie los preparó. Yo estoy por fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público, pero también estoy por que se capaciten más. Tuvieron detenida dos años a Elena Varela , acusándola de terrorista, y resultó que no lo era. Mantuvieron preso 17 meses a Jaime Huenchullán , Lonco de Temucuicui autónomo, por terrorista, y sucedió que tampoco lo era; está en libertad. O sea, se han equivocado. ¡Esperemos que se investigue!
Los mapuches no están pidiendo clemencia, sino un justo y debido proceso que la actual Ley Antiterrorista no garantiza. Eso es lo que deseamos cambiar, a fin de que haya condiciones para un debido proceso.
Se han presentado cuatro proyectos sobre la materia. Uno de ellos es el del Gobierno, que votaré a favor, señor Ministro, porque quiero que se legisle para cambiar la normativa vigente. Pero vamos a formular indicaciones que aseguren que se logrará el efecto deseado.
Ya había otras iniciativas -una del Senador Tuma, una del Senador Zaldívar y otra del que habla-, presentadas hace meses, las cuales buscaban el mismo objetivo.
Entendemos que aquí hay que legislar como Estado, como país. Pero buscaremos las adecuaciones que efectivamente permitan provocar los cambios para que haya un debido proceso y para que los mapuches terminen su huelga de hambre.
Ese es el objetivo.
Se avanzará si nos allanamos a eso y el Gobierno coopera. Este ha llamado a Monseñor Ezzati -obispo de mi ciudad, Concepción-, tardíamente, en mi opinión, pero es bueno que lo haya hecho. Yo me alegro, señor Ministro , de que se haya tomado esa decisión, para que todos contribuyamos en la búsqueda de una solución.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
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