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El señor TUMA.- Señor Presidente , voy a pronunciarme afirmativamente sin mayor cuestión.
Participé en el debate habido en la Comisión de Economía en torno a esta iniciativa, que motivó intervenciones de casi todos los Senadores cuando se votó en la Sala la idea de legislar.
Soy autor de una legislación que se halla vigente, con una modificación introducida en 2004, en virtud de la cual se permitió que cerca de 2 millones de personas fueran borradas de los registros del DICOM.
El colega Navarro consulta si la ley en proyecto será eficaz y beneficiosa.
Tengo el convencimiento de que va a ser tan eficaz como lo fue la referida enmienda, que posibilitó a un par de millones de chilenos salir del DICOM, y a miles de ellos, optar a créditos y rehacer su vida económica.
Sin embargo, debo reconocer que el sector bancario, como norma general, respecto de los deudores que estaban en los registros y fueron borrados, no solo siguió manteniendo los datos, sino que además, a través de un sistema interno que tiene con la Asociación de Bancos y la Superintendencia, se acogió más bien a la Ley de Bancos -según el referido sector, se halla por sobre la ley N° 19.628, que protege la privacidad de las personas- y no omitió los antecedentes ni siquiera para la transferencia de informes, ni mucho menos para los análisis de créditos. De manera que los bancos no han cumplido con la legislación en comento.
Empero, este proyecto tiene el mérito -lo señalo al colega Navarro por intermedio del señor Presidente - de impedir que se conozca el incumplimiento de obligaciones en que, con posterioridad al 27 de febrero del año en curso, incurrieron personas afectadas por el terremoto.
Por consiguiente, la ley en proyecto va a cubrir un año, desde aquel día hasta el próximo 27 de febrero, para evitar que alguien -mucho menos los bancos- sepa de protestos o morosidades que afectan a esos compatriotas, porque, básicamente, entendemos que unos u otras tuvieron lugar como consecuencia de la desgracia ocurrida en nuestro país, que les significó bajas en las ventas y pérdida de oportunidades para continuar sus actividades financieras, económicas o comerciales.
Entonces, invito al colega Navarro y a otros Senadores a aprobar por unanimidad esta iniciativa, que dará pie a una legislación excepcional tremendamente útil para los deudores respectivos, en cuanto sus antecedentes no van a ser publicados.
Al mismo tiempo, concuerdo con el Senador Navarro en la crítica general que hizo en el sentido de que el DICOM debe terminar.
Para eso, la Comisión de Economía del Senado está abocada a diseñar una iniciativa marco que de verdad proteja no solo los antecedentes económicos de las personas, sino también sus datos más sensibles. Y esperamos presentar en el próximo tiempo al Parlamento un proyecto de ley integral que, tratándose de los datos económicos, mida a la gente no solo por sus incumplimientos, sino además, principalmente, por su línea de comportamiento frente a los compromisos que contrae.
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