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El señor GARCÍA .- Señor Presidente , hemos procurado en esta iniciativa que el sistema opere en forma automática. Y por eso se hizo una sola división.
En efecto, las personas domiciliadas comercial y tributariamente en las Regiones del Libertador Bernardo O¿Higgins, del Maule y del Biobío (las mismas declaradas Zona de Catástrofe, como norma de excepción constitucional que rige por cierto tiempo) y que no presenten protestos o morosidades antes del 27 de febrero del año en curso -o sea, antes de la fecha del terremoto y maremoto- no podrán ser objeto de publicaciones en el Boletín Comercial.
De otra parte, respecto a las personas con domicilios comerciales o tributarios en las Regiones de Valparaíso, de La Araucanía y Metropolitana, que aparecieron en el primer decreto de declaración de Zona de Catástrofe pero luego no fueron incorporadas en el estado de excepción constitucional, el beneficio operará en la medida que sus nombres se hallen registrados en los listados de damnificados o afectados por el terremoto en los respectivos municipios. Y, para que ello funcione de manera automática, les estamos pidiendo a las municipalidades que remitan inmediatamente los datos al Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago, de tal manera que nadie tenga que formular solicitud alguna, sino que el beneficio opere por el solo ministerio de la ley.
En segundo término, señor Presidente , quiero también puntualizar que el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Chile (entiéndase Cámara de Comercio de Santiago de Chile) es del año 1928. Y él es el que con posterioridad da origen a lo que comúnmente llamamos "DICOM".
En la Comisión de Economía somos del todo conscientes de los abusos que existen en materia de publicación de datos extraordinariamente sensibles. Estamos trabajando intensamente, con la asesoría respectiva, para devolver a cada uno el derecho a que sus datos revistan el carácter de personales y sensibles y a que no pueda usarlos a su antojo cualquier empresa, como tampoco -lo que es aún peor- andar vendiéndolos y lucrando con ellos.
Probablemente, las personas, cuando soliciten un crédito, van a tener que autorizar la publicación de sus morosidades. En caso contrario, simplemente esto último no será posible, pero también se correrá el riesgo de que no se dé el crédito. Porque, sobre el particular, consignemos que las cosas no son en blanco o negro. Aquí siempre va a haber un costo cuando se quiera publicar la información o cuando no se quiera publicar determinado antecedente por ser sensible.
En la Comisión de Economía el asunto nos preocupa sobremanera. Como se ha dicho, estamos trabajando intensamente, y esperamos entregar en pocos días más un proyecto de ley de carácter general cuya doctrina principal será la de devolver a los individuos la privacidad y la protección de sus datos personales.
Gracias.
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