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El señor PIZARRO ( Presidente ).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor García, señora Lily Pérez y señores Chahuán, Espina y Prokurica, en primer trámite constitucional, que suspende temporalmente la aplicación de las normas que regulan la comunicación de anotaciones comerciales respecto de las personas domiciliadas en las Regiones declaradas "Zonas de Catástrofe", con segundo informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6854-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señor García, señora Pérez San Martín y señores Chahuán, Espina y Prokurica).
En primer trámite, sesión 2ª, en 17 de marzo de 2010.
Informes de Comisión:
Economía, sesión 16ª, en 11 de mayo de 2010.
Economía (segundo), sesión 35ª, en 14 de julio de 2010.
Discusión:
Sesión 20ª, en 18 de mayo de 2010 (se aprueba en general).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 18 de mayo del año en curso.
La Comisión de Economía deja constancia en su segundo informe de que aprobó un texto sustitutivo del aprobado en general, decisión adoptada por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores García, Novoa y Andrés Zaldívar).
El texto que se propone aprobar en particular se puede consultar en el segundo informe o en el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios.
Resumidamente, el objetivo del proyecto es bloquear, por el plazo de un año contado desde el 27 de febrero de 2010, la publicación de datos referidos a protestos o morosidades de obligaciones de carácter económico, financiero, comercial, tributarios o previsionales. Este bloqueo procederá respecto de todas las personas naturales o jurídicas domiciliadas comercial y tributariamente en las Regiones del Libertador General Bernardo O´Higgins, del Maule y del Biobío.
Se extiende este beneficio a las personas naturales o jurídicas domiciliadas comercial y tributariamente en las Regiones de Valparaíso, de La Araucanía y Metropolitana que se encuentren incluidas en los catastros de personas afectadas por el terremoto y maremoto elaborados por las municipalidades respectivas.
Los beneficiarios podrán solicitar al Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago y a las demás entidades autorizadas el bloqueo de datos pertinente.
Cabe recordar que las modificaciones unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o existan indicaciones renovadas.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro, para fundamentar su voto.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , hemos tenido un largo debate, a propósito de las facultades del SERNAC, respecto de qué organismos pueden manejar las anotaciones comerciales y cómo esto afecta a la vida de las personas.
La Cámara de Comercio de Santiago ha utilizado esta información desde 1928. Presentamos un proyecto de ley para modificar esa condición única y exclusiva, nacida del uso consuetudinario, pero que puede ser revisada en la actualidad.
Deseo preguntarles a los autores de la iniciativa si la medida propuesta, que la considero positiva, va a significar que la gente salga de DICOM, o si este seguirá siendo el verdugo que frena las aspiraciones de millones de chilenos a desarrollar una actividad comercial, profesional.
Porque las personas estarán libres de la publicación de las anotaciones comerciales, pero permanecerán en DICOM.
Este Boletín Comercial sigue siendo un escollo para tener una sociedad en donde la gente pueda ejercer su profesión, su derecho a estudiar, su derecho a adquirir bienes de manera libre. Se ha transformado en una tragedia para millones de chilenos.
¿Debiera existir el DICOM? Porque, si les estamos diciendo a los afectados por el terremoto en mi Región del Biobío que se les borrarán de manera transitoria sus anotaciones comerciales, cabría preguntarse si van a seguir en DICOM. ¿Podrán optar a los créditos que los bancos prometieron y nunca cumplieron, pues les mintieron a los afectados, los engañaron y los ofendieron con sus mentiras?
Entonces, señor Presidente , mi interrogante tiene que ver con la efectividad del proyecto. ¿A las personas afectadas por el terremoto, el maremoto, a las cuales se les destruyó su casa; a los jubilados que perdieron su departamento, que carecían de seguros y tenían deudas en casas comerciales que van a DICOM, se les facilitará la vida, o la medida que se propone va a ser un saludo a la bandera?
Quiero preguntarles a los Senadores que asistieron a la Comisión si vamos a resolver esta difusión terrible, maldita, acerca de lo que significa el DICOM para millones de chilenos.
Hay gente que ganó mucha plata haciendo el DICOM y luego vendiéndolo. ¡Se enriquecieron!
Algunos colegas de las bancadas de Gobierno se sonríen. Pero quienes lo inventaron se hallaban enfrente en este Senado hasta hace poco tiempo; también, aquellos que se enriquecieron con él. Porque el DICOM no fue inventado por la democracia, sino por algunos empresarios que tuvieron la suerte de ser Senadores. Y hoy día sigue vigente.
La situación es complicada, señor Presidente , pues muchas veces nos han criticado por aprobar proyectos de ley que no tienen ningún efecto práctico.
Yo me pronunciaré a favor de esta iniciativa si la gente no va a estar en DICOM; porque el problema es DICOM, no las anotaciones comerciales. Si no, me abstendré, pues a alguien puede favorecer. Y espero que los Senadores que participaron en el debate nos indiquen a quién beneficiará.
No obstante, si su propósito es solo decir que desplegamos un esfuerzo para seguir lavando la imagen en DICOM y que vamos a hacer algo que en definitiva no concretaremos, voy a estar en contra, por cierto, y participaré en una campaña permanente para terminar con esta maldición, surgida de la mente de algunos, que ha significado un agravio constante para cientos de miles de personas que se ganan la vida honestamente pero que, al igual que muchos millones de chilenos, tienen deudas y caen en las garras de DICOM.
Si este proyecto no resuelve el problema de DICOM, estaremos engañando a la ciudadanía. Y lo peor que podríamos hacer con los damnificados, con los terremoteados y maremoteados, sería decirles que los vamos a ayudar a solucionar sus dificultades económicas con un proyecto que no tiene ningún efecto sobre el problema real que constituye DICOM.
Señor Presidente, pido que nos expliquen esta iniciativa, para decidir mi voto, pues no estoy dispuesto a seguir engañando a la gente que se halla en problemas.
¡Patagonia sin represas!
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- A continuación se encuentra inscrito el Senador señor Chahuán, quien no está en la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , voy a pronunciarme afirmativamente sin mayor cuestión.
Participé en el debate habido en la Comisión de Economía en torno a esta iniciativa, que motivó intervenciones de casi todos los Senadores cuando se votó en la Sala la idea de legislar.
Soy autor de una legislación que se halla vigente, con una modificación introducida en 2004, en virtud de la cual se permitió que cerca de 2 millones de personas fueran borradas de los registros del DICOM.
El colega Navarro consulta si la ley en proyecto será eficaz y beneficiosa.
Tengo el convencimiento de que va a ser tan eficaz como lo fue la referida enmienda, que posibilitó a un par de millones de chilenos salir del DICOM, y a miles de ellos, optar a créditos y rehacer su vida económica.
Sin embargo, debo reconocer que el sector bancario, como norma general, respecto de los deudores que estaban en los registros y fueron borrados, no solo siguió manteniendo los datos, sino que además, a través de un sistema interno que tiene con la Asociación de Bancos y la Superintendencia, se acogió más bien a la Ley de Bancos -según el referido sector, se halla por sobre la ley N° 19.628, que protege la privacidad de las personas- y no omitió los antecedentes ni siquiera para la transferencia de informes, ni mucho menos para los análisis de créditos. De manera que los bancos no han cumplido con la legislación en comento.
Empero, este proyecto tiene el mérito -lo señalo al colega Navarro por intermedio del señor Presidente - de impedir que se conozca el incumplimiento de obligaciones en que, con posterioridad al 27 de febrero del año en curso, incurrieron personas afectadas por el terremoto.
Por consiguiente, la ley en proyecto va a cubrir un año, desde aquel día hasta el próximo 27 de febrero, para evitar que alguien -mucho menos los bancos- sepa de protestos o morosidades que afectan a esos compatriotas, porque, básicamente, entendemos que unos u otras tuvieron lugar como consecuencia de la desgracia ocurrida en nuestro país, que les significó bajas en las ventas y pérdida de oportunidades para continuar sus actividades financieras, económicas o comerciales.
Entonces, invito al colega Navarro y a otros Senadores a aprobar por unanimidad esta iniciativa, que dará pie a una legislación excepcional tremendamente útil para los deudores respectivos, en cuanto sus antecedentes no van a ser publicados.
Al mismo tiempo, concuerdo con el Senador Navarro en la crítica general que hizo en el sentido de que el DICOM debe terminar.
Para eso, la Comisión de Economía del Senado está abocada a diseñar una iniciativa marco que de verdad proteja no solo los antecedentes económicos de las personas, sino también sus datos más sensibles. Y esperamos presentar en el próximo tiempo al Parlamento un proyecto de ley integral que, tratándose de los datos económicos, mida a la gente no solo por sus incumplimientos, sino además, principalmente, por su línea de comportamiento frente a los compromisos que contrae.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente , voy a votar a favor este proyecto. Y me alegra que haya una normativa que permita suspender temporalmente la publicación de anotaciones comerciales cuando se trata de personas afectadas por el último terremoto.
Tengo claro que, para el buen funcionamiento del sistema financiero, debe haber información disponible sobre el grado de cumplimiento de las personas y de las empresas. De lo contrario, al final va a subir la tasa de interés por parejo, porque a todos les van a suponer la condición de mal pagador. Y con ello lo único que se hace es aumentar el spread.
Sin embargo, es tan brutal lo sucedido con el DICOM, que uno sencillamente no puede estar de acuerdo con la situación actual.
Algunas personas, por habérseles enfermado gravemente un hijo, han destinado su poco dinero al logro de una rápida atención. Otras han debido enfrentar gastos por problemas personales de salud. Hay gente que perdió su empleo y por eso no ha podido pagar determinadas cuotas. Y la verdad es que quien aparece en el DICOM pasa a ser casi un leproso social al que se le niegan nuevas ocupaciones; se le veda el acceso a la Administración Pública; se le impide, en el fondo, casi la vida.
Yo no puedo creer, señor Presidente, que estemos de acuerdo con un sistema que ha sido abusado hasta el exceso.
Sin duda, puede existir información sobre qué tipo de deudora es una persona: si paga o no; si su costumbre es no pagar. Pero también puede haber alguien que durante toda su vida ha tenido una muy buena trayectoria de cumplimiento y, por alguno de esos problemas de la vida a que todos estamos expuestos, simplemente se atrasó. No es admisible, entonces, que de ahí para adelante a esta persona se le niegue sistemáticamente cualquier posibilidad de rehabilitarse, de volver a una vida laboral razonable y normal.
Por lo tanto, voto a favor de este proyecto. Y me alegra que se esté estudiando algo más global, pues lo que tenemos hoy día no puede seguir.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , presentamos con el colega Tuma una indicación sustitutiva destinada básicamente a corregir plazos de vigencia de la ley en proyecto.
Sin embargo, hay un punto muy importante que, aparentemente, no se incorporó, a pesar de que esa indicación fue acogida en forma unánime por la Comisión, que la refundió con el texto original.
Me explico.
Yo consideraba muy relevante que, terminado el plazo de gracia que en materia de registro de morosidad se les da a los afectados por el terremoto, si durante el año en curso resolvían su situación, no se publicara nada.
Empero, transcurrido el año de vigencia de la ley en proyecto, obviamente las entidades que lucran con la información comercial pueden volver a establecer el régimen normal y a publicar la morosidad.
Entonces, estimé muy importante que, de darse tal caso, se indicara en los informes la causal por la que el deudor aparecía registrado.
Porque los motivos pueden ser muy distintos. Y si algunos sufrieron las consecuencias del terremoto, vieron desaparecer su actividad económica y no podrán reiniciarla y cumplir sus compromisos en el año establecido como período de gracia para que sus antecedentes por morosidad no se difundan, me parece justo que, como se planteó en la indicación sustitutiva -y también en el texto original-, transcurrido ese plazo, ellos sean publicados.
Pero, señor Presidente , hay un punto bastante significativo. En efecto, establecimos en el artículo 4° de nuestra indicación...
El señor NOVOA .- ¿Me permite una pequeña interrupción, señor Senador ?
El señor LONGUEIRA.- Sí, por supuesto, para aclarar este asunto. Porque, como el informe nos acaba de llegar...
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa .
El señor NOVOA .- Señor Presidente , efectivamente, el artículo 4° dice que "Transcurrido el plazo (...) podrán publicar los antecedentes sobre mora, insolvencia o protestos que encarguen los acreedores respectivos, siempre que las obligaciones correspondientes no hayan sido extinguidas al finalizar el período de gracia.".
O sea, solo pueden publicarse las obligaciones que no hayan sido pagadas después del año. Las que sí lo fueron no aparecen nunca.
El señor LONGUEIRA.- Está claro.
El señor NOVOA .- Está puesto en el artículo 4°.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Recupera la palabra el Senador señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , lo que estoy advirtiendo precisamente es que no se recogió algo que figuraba en el artículo 4° propuesto mediante nuestra indicación sustitutiva: que si perduraban las morosidades, se podía publicar, por cierto, pero señalando que la causal de ellas fue el terremoto. Porque me parece muy justo distinguir entre la persona que no pudo cumplir por una razón de fuerza mayor y aquella que no lo hizo simplemente porque es fresca o pilla.
Por eso, lamento que, si la información debe aparecer después de un año, no quede constancia de la causal por la que no se pudo cumplir el compromiso pertinente.
El texto original establecía un plazo de 10 meses, si no recuerdo mal. En nuestra indicación planteamos un año. Esto se acogió. Empero, considero valioso, asimismo, conocer el motivo del incumplimiento que da lugar a la información comercial.
Planteamos aquello en nuestra indicación. Y hay sobre el punto otro proyecto, conforme al cual en caso de cesantía también es factible consignar la causal de incumplimiento.
Pienso, señor Presidente, que hemos de velar por la gente honesta que se ve imposibilitada de pagar. O sea, si va a figurar en este tipo de boletines, debemos diferenciarla del fresco de la zona involucrada que sencillamente no quiso cumplir.
Por cierto, votaré a favor. Sin embargo, lamento que no se haya acogido algo respecto de lo cual, a mi parecer, en esta Sala hubo unanimidad durante la discusión general. Porque, en justicia -reitero-, es muy distinto estar en DICOM por el terremoto y que conozcan esta causal la opinión pública, las casas comerciales, las instituciones financieras, en fin, a figurar allí sin ningún antecedente, razón o causa que lo justifique.
No sé si se puede incorporar una modificación a estas alturas. Como digo, entendí que todos compartían el concepto que explicité. Sin embargo, lamentablemente, el artículo 4° aprobado por la Comisión no lo recogió.
La señora MATTHEI.- Señor Senador, pida que el proyecto vuelva a Comisión para que lo recojan.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Su Señoría puede presentar altiro una indicación renovada con al menos 10 firmas. No habría problema.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .- En todo caso, señor Presidente , en la Comisión optamos por despachar lo antes posible este proyecto, porque va a pasar el año después del terremoto y...
El señor LONGUEIRA .- Pero al incorporar el concepto a que me referí la iniciativa habría ganado.
El señor NOVOA .- Sí. No obstante, el punto que señala Su Señoría podemos recogerlo en el otro proyecto: el vinculado con la cesantía. Porque quienes manejan los registros pertinentes plantearon que no hay ningún problema...
El señor LONGUEIRA .- ¿Cuándo va a salir esa iniciativa?
El señor NOVOA .- Está en tabla en la Comisión para mañana.
Como decía, quienes operan los registros respectivos plantearon que no existe ningún problema para agregar una información. En otras palabras, se publica un protesto, pero se indica que el deudor hizo presente que se halla en un período de cesantía a contar de equis fecha.
Por tanto, como la situación expuesta va a ser relevante después de febrero del próximo año, podríamos establecer que, en caso de que deba publicarse una obligación no pagada, se agregue que el incumplimiento se registró en el período comprendido entre el 27 de febrero de 2010 y la fecha que corresponda.
Entonces, podríamos establecer una norma más general que les permita a los deudores, si lo quieren, agregar una anotación donde se indique cuál es la causa de la morosidad. Porque, por ejemplo, hay personas que caen en esta situación dado que ellas o familiares suyos han debido enfrentar una enfermedad catastrófica que obliga a pagar millones y millones de pesos. Eso se podría publicar en el boletín pertinente si el deudor lo solicitara. Y, según se nos informó, es perfectamente factible hacerlo.
En suma, señor Presidente , propongo que despachemos el proyecto que nos ocupa y que en la Comisión de Economía busquemos una norma más general que le permita al deudor poner una anotación que de alguna forma explicite la justificación de la mora.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , hemos procurado en esta iniciativa que el sistema opere en forma automática. Y por eso se hizo una sola división.
En efecto, las personas domiciliadas comercial y tributariamente en las Regiones del Libertador Bernardo O¿Higgins, del Maule y del Biobío (las mismas declaradas Zona de Catástrofe, como norma de excepción constitucional que rige por cierto tiempo) y que no presenten protestos o morosidades antes del 27 de febrero del año en curso -o sea, antes de la fecha del terremoto y maremoto- no podrán ser objeto de publicaciones en el Boletín Comercial.
De otra parte, respecto a las personas con domicilios comerciales o tributarios en las Regiones de Valparaíso, de La Araucanía y Metropolitana, que aparecieron en el primer decreto de declaración de Zona de Catástrofe pero luego no fueron incorporadas en el estado de excepción constitucional, el beneficio operará en la medida que sus nombres se hallen registrados en los listados de damnificados o afectados por el terremoto en los respectivos municipios. Y, para que ello funcione de manera automática, les estamos pidiendo a las municipalidades que remitan inmediatamente los datos al Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago, de tal manera que nadie tenga que formular solicitud alguna, sino que el beneficio opere por el solo ministerio de la ley.
En segundo término, señor Presidente , quiero también puntualizar que el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Chile (entiéndase Cámara de Comercio de Santiago de Chile) es del año 1928. Y él es el que con posterioridad da origen a lo que comúnmente llamamos "DICOM".
En la Comisión de Economía somos del todo conscientes de los abusos que existen en materia de publicación de datos extraordinariamente sensibles. Estamos trabajando intensamente, con la asesoría respectiva, para devolver a cada uno el derecho a que sus datos revistan el carácter de personales y sensibles y a que no pueda usarlos a su antojo cualquier empresa, como tampoco -lo que es aún peor- andar vendiéndolos y lucrando con ellos.
Probablemente, las personas, cuando soliciten un crédito, van a tener que autorizar la publicación de sus morosidades. En caso contrario, simplemente esto último no será posible, pero también se correrá el riesgo de que no se dé el crédito. Porque, sobre el particular, consignemos que las cosas no son en blanco o negro. Aquí siempre va a haber un costo cuando se quiera publicar la información o cuando no se quiera publicar determinado antecedente por ser sensible.
En la Comisión de Economía el asunto nos preocupa sobremanera. Como se ha dicho, estamos trabajando intensamente, y esperamos entregar en pocos días más un proyecto de ley de carácter general cuya doctrina principal será la de devolver a los individuos la privacidad y la protección de sus datos personales.
Gracias.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, felicito a los autores por la idea del proyecto, y voy a votarlo a favor.
El sistema del DICOM constituye una verdadera discriminación comercial, determinante de que un porcentaje muy alto de chilenos que no son delincuentes; que no hacen daño; que no han podido cumplir, sencillamente, por las razones que sean, algunas de las deudas contraídas, se encuentren incluso sin la posibilidad de conseguir un trabajo, lo que, como es obvio, causa otra discriminación, más espantosa.
El proyecto, en el artículo 1°, expresa que "La presente ley tiene por objeto bloquear por el plazo de un año, contado desde el día 27 de febrero del año 2010, la publicación de datos referidos a protestos o morosidades de obligaciones de carácter económico, financiero, comercial, tributarias o previsionales, respecto de aquellas personas naturales y jurídicas a que aluden los artículos siguientes.".
Pero una cosa es que no se realice la publicación y otra, muy distinta, la información que manejan las instituciones financieras -en lo fundamental, la banca-, las entidades comerciales. No sé si por el hecho de que no conste la morosidad se va a otorgar un crédito a quienes se sabe que están pasando por una situación compleja producto de la catástrofe, de la crisis. Aun cuando no medie la publicación, dudo de que esos agentes -y es la posibilidad tal vez peor- vayan a prestar dinero a quienes no pueden emprender, a muchos que quedaron sin trabajo, y que, por este mismo motivo, entrarán a la discriminación que implica el DICOM.
Entonces, imagino que el objetivo es que no aparezca, durante un año, la información de los datos personales de los que han enfrentado un problema puntual en las Regiones afectadas, pero la pregunta es para qué, en circunstancias de que, en resumen, se puede prever que las propias empresas no van a abrirles la posibilidad de un crédito o de algún tipo de financiamiento.
No sé si los autores del proyecto de ley han previsto lo anterior y pueden entregar información al respecto, para saber, en el fondo, cuál es la finalidad de una iniciativa en esta línea, en la medida en que dudo -repito- de que las propias instituciones financieras o las multitiendas, el retail, puedan proporcionarles crédito a aquellos a que hago referencia.
No obstante, creo que esa es la línea que es preciso seguir. Me alegro de que vengan también proyectos sobre la base del mismo criterio, para resguardar la seguridad de las personas en cuanto a una información que, muchas veces, se comercializa. Me quedo con la sensación de que, en definitiva, se trata de una buena iniciativa, de una buena idea. Pero, más allá de que se difundan o no los antecedentes, estimo que las instituciones, en definitiva, no van a entregar los créditos seguramente necesarios para volver a emprender a muchos de los que han quedado sin trabajo, sin actividad, luego de la situación registrada en nuestro país.
Gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- En el artículo 4°, diez señores Senadores han planteado agregar al final, después de las palabras "al finalizar el período de gracia" y precedida de una coma, la frase "debiendo dejar constancia en la publicación que los protestos o mora fueron consecuencia del terremoto o maremoto del día 27 de febrero de 2010.". Al no ser una indicación renovada, se requiere la unanimidad de la Sala.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Si no existen objeciones, ello se acogerá, al igual que las modificaciones propuestas por la Comisión de Economía.
--Por 33 votos a favor y un pareo, así se acuerda, quedando despachado en particular el proyecto.
Votaron a favor las señoras Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
No votó, por estar pareado, el señor Larraín.
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