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El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , aquí ocurre algo bien curioso, porque en la iniciativa que debatimos con anterioridad -lo conversamos recién con el Senador señor Tuma - se acoge finalmente el mismo sistema de capacitación, con los mismos incentivos establecidos por el Gobierno de Michelle Bachelet.
Ahora nos ocupamos en otro proyecto, respecto del cual el Ejecutivo quiso innovar, pero en el que se acoge, en último término, el mismo mecanismo adoptado por el Gobierno de Michelle Bachelet, con su Ministro señor Velasco , tan criticado por muchos de los Honorables colegas de las bancadas de enfrente y también por algunos de la Concertación.
Lo cierto es que estamos volviendo a la misma forma de hacer las cosas. Aquí se habló mucho del nuevo modo de gobernar, pero se intenta innovar y finalmente se llega a lo mismo. Lo menciono a propósito de la puesta en escena de ayer -donde se criticó todo- para dar una mala noticia, como la de los resultados de la última encuesta CASEN, que todos lamentamos.
Para entrar en materia, deseo observar que el asunto en análisis data de 1986. También se relaciona con un terremoto: el de 1985. El propósito perseguido es que una parte importante de la construcción de carreteras sea de cargo de quienes las usan, que son los transportistas. Y ese planteamiento presentaba bastante lógica en aquel momento. Podría decirse que esta, en algunos casos, era incluso más ambiciosa que la de algunas de las iniciativas de reconstrucción que hemos conocido y aprobado en el último tiempo. Ahí surge el impuesto específico al diésel, con la clara y precisa idea -insisto- de reponer la infraestructura dañada por el terremoto de 1985.
El señor Álvarez , Ministro de Hacienda subrogante, mencionó recién el debate registrado en 2001, el cual fue bastante interesante, por cuanto los transportistas, con mucha razón, consignaron que las condiciones habían variado y que ya era tal vez tiempo de ir terminando paulatinamente, al menos, con el gravamen.
Y el entonces Presidente de la República , Ricardo Lagos Escobar, sostuvo que era preciso ser cuidadosos, pues si bien se requería acoger esa legítima aspiración, el beneficio se tenía que focalizar de manera adecuada. Recuerdo que se explicó que el ingreso al país de vehículos "suburban", 4 por 4, todos ellos petroleros, determinaba que 10 por ciento de los chilenos, de más altos ingresos, también se podían favorecer con el mecanismo.
En definitiva, llegamos a 2008 con un fuerte incremento en los precios de los combustibles. Ello no dio para más en 2009, como muy bien lo expresaron mis Honorables colegas señor Escalona y señora Rincón, y se logró la importante medida de que se trata, que implicó hasta 80 por ciento de reintegro.
Hoy, el Gobierno -y hago hincapié en ello- ha intentado en la Cámara de Diputados una fórmula donde no se focaliza ni siquiera sobre la base del tramo de facturación anual, sino más bien por consumo real. Esa es la propuesta que explicaba claramente la Senadora señora Rincón, en el sentido de aplicar 80 por ciento hasta 5,4 unidades tributarias mensuales -aproximadamente, 200 mil pesos- y 25 por ciento sobre ese monto.
Naturalmente, ello no fue aceptado por ninguno de los sectores políticos de la otra rama del Congreso, y, por supuesto, tampoco por el gremio del transporte. No hago referencia solo a las grandes empresas, sino también al transporte menor, a la locomoción menor, en fin, a todos los que usan diésel.
Y se planteó, entonces, el mecanismo en estudio, que reitero que no es el mejor. Se vuelve al sistema propuesto por el entonces Ministro señor Velasco, con tramos de facturación anual y porcentajes, y con la tabla ya expuesta: 63 por ciento, hasta 18 mil 600 unidades tributarias mensuales; 39 por ciento -anteriormente, 50 por ciento-, entre 18 mil 600 y 42 mil 500 unidades tributarias mensuales, y 29,65 por ciento -originalmente, 38 por ciento de reintegro-, en caso de superarse las 42 mil 500 UTM.
En términos generales, esta iniciativa nos parece necesaria, por cuanto el 30 de junio recién pasado expiró el beneficio en comento y hoy no existe ese sistema de cobertura. Y, como aquí se ha dicho, nos aqueja un serio problema económico y social, lo cual no solo se demuestra por los resultados de la encuesta CASEN conocidos ayer, sino también por los argumentos vertidos por el propio Gobierno en el Senado respecto de otros proyectos de ley en que nos ha pedido apoyo (con excepción del beneficio tributario a la minería, en todo lo demás ha contado con nuestro respaldo).
Señor Presidente , la norma en análisis forma parte de un conjunto de iniciativas que tenemos que respaldar "sí o sí" hasta que nuestro país logre el pleno funcionamiento y la economía pueda despegar, como todos deseamos.
Por las razones expuestas, porque creemos que la modificación propuesta permitirá que no se les cambien las reglas del juego a los transportistas de carga durante 18 meses y porque estamos convencidos de que el país lo necesita, vamos a respaldar el proyecto.
He dicho.
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