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El señor PIZARRO ( Presidente ).- Proyecto de ley, de la Honorable Cámara de Diputados, que fija normas de excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales, con informes de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6968-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 32ª, en 6 de julio de 2010.
Informes de Comisión:
Educación, sesión 33ª, en 7 de julio de 2010.
Hacienda, sesión 33ª, en 7 de julio de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- El objetivo principal de la iniciativa es establecer un régimen de excepción en materia de reliquidación de la subvención y de su mecanismo de cálculo para los establecimientos educacionales ubicados en las Regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O´higgins, del Maule, del Biobío, de La Araucanía y Metropolitana, que hayan sido afectados por la catástrofe del 27 de febrero último.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología aprobó en general el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Cantero, Chadwick, Quintana e Ignacio Walker).
En cuanto a la discusión en particular, el órgano técnico efectuó una modificación al texto despachado por la Cámara de Diputados, que consiste en sustituir el artículo 3°. Este se refiere a la aplicación de la subvención escolar preferencial durante los años 2010 y 2011; a la reparación y construcción de infraestructura, y a la reposición de equipamiento y mobiliario, estableciendo determinadas condiciones para ello.
Esta modificación fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de dicho órgano técnico (Honorables señores Cantero, Chadwick, Quintana e Ignacio Walker).
Por su parte, la Comisión de Hacienda aprobó los artículos 1º y 2º del proyecto en forma unánime, en los mismos términos en que lo hizo la de Educación.
Asimismo, acogió el artículo 3º de la iniciativa en los mismos términos en que lo despachó la primera Comisión informante, con los votos favorables de los Senadores señora Matthei y señores Escalona, Frei y Lagos y el voto en contra del Honorable señor García.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente , deseo explicar brevemente el sentido de la aprobación unánime de esta iniciativa en la Comisión de Educación, por cuanto uno de sus artículos fue materia de controversia, y, a nuestro entender, ella se resolvió de manera adecuada.
Todos somos conscientes de que la tarea principal del país consiste en hacer frente a las labores de reconstrucción derivadas del terremoto ocurrido en febrero último.
En tal sentido, el Parlamento ha aprobado casi todos los recursos que el Gobierno nos ha solicitado, con la sola excepción -como sabemos- del impuesto específico a la gran minería del cobre.
El proyecto en debate, señor Presidente , presenta una particularidad, en cuanto a que, además de lo establecido en las normas acordadas por unanimidad tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, existe la intención de dedicar parte de los recursos que se destinan a la subvención escolar preferencial por mandato de una ley promulgada bajo el Gobierno de la Presidenta Bachelet , en 2008, a la reparación de algunos daños causados por el terremoto.
Debo confesar que muchos de nosotros éramos partidarios de votar en contra del artículo 3º, por las razones que expondré después. Pero, finalmente, luego de presentar junto con el Senador señor Quintana una indicación para sustituir determinadas disposiciones del proyecto, más algunas modificaciones debatidas tanto en la Comisión de Educación como en la de Hacienda, dimos nuestro voto favorable a ese precepto todos los miembros de ambos órganos técnicos, con la excepción del Honorable señor García en la de Hacienda .
En primer lugar, señor Presidente , debo decir que en las Comisiones de la Cámara Baja y de esta Corporación se aprobó unánimemente la idea de legislar.
En segundo término, también se registró unanimidad en torno al artículo 1º de la iniciativa, que es muy sencillo, pero necesario, ya que contempla la posibilidad de una reliquidación de las subvenciones por los menores ingresos que obtuvieron los sostenedores de muchos establecimientos educacionales, ya sean públicos municipales o particulares subvencionados, con motivo de las inasistencias provocadas por el terremoto, especialmente en el mes de marzo y en abril del año en curso.
Para ello se tomará la mayor asistencia media registrada en abril o mayo -sin considerar marzo-, y también la de los meses de junio o julio, para reliquidar las subvenciones una vez que se apruebe el proyecto.
En el fondo, señor Presidente , los municipios sufrieron una merma por la reciente reliquidación que se les aplicó, producto de las inasistencias registradas en los establecimientos educacionales durante el mes de marzo, y la citada disposición les permitiría reliquidar la subvención. Como dije, esta norma se aprobó en forma unánime: no hubo votos contrarios o abstenciones ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado.
En tercer lugar, también hubo unanimidad en ambas ramas legislativas respecto del artículo 2º -por eso voy tan rápido en estas materias-, referido a la jornada escolar completa. Obviamente, aquí se establece una norma de excepción que les permite a los establecimientos educacionales seguir percibiendo los recursos derivados de aquella, pese a que muchos, por razones obvias, no pudieron cumplir dicha jornada durante los meses de marzo, abril y mayo, e incluso junio.
En resumen, tanto la idea de legislar como los artículos 1º y 2º se acordaron unánimemente.
La discusión surgió -como es lógico- en cuanto al artículo 3º, mediante el cual se autoriza destinar una parte de los recursos contemplados en la Ley de Subvención Escolar Preferencial para hacer frente a los daños en las Regiones afectadas por la catástrofe (desde la de Valparaíso hasta la de La Araucanía) durante los años 2010 y 2011.
Nuestra postura contraria -hablo desde el punto de vista personal, pero también creo interpretar al Honorable señor Quintana y a muchos parlamentarios de la Concertación- obedecía a que, en el fondo, el precepto establece un ámbito demasiado amplio, casi un cheque en blanco. Ello resultaba particularmente crítico con relación al traspaso de recursos desde el sector público a los establecimientos particulares subvencionados, en la medida en que se contemplaban tres objetivos:
Primero, reparación y construcción de infraestructura, que obviamente corresponde al deterioro mayor causado por el terremoto; segundo, adquisición de equipamiento y mobiliario, y, tercero, el texto enviado por el Gobierno incorporaba la frase final "u otras finalidades que garanticen la normalización del servicio educativo.".
En tal sentido, junto con el Senador señor Quintana formulamos una indicación para sustituir, en el artículo 3º, la frase "y a la adquisición de equipamiento y mobiliario" por "y a la reposición de equipamiento y mobiliario", con el propósito de que los dineros se dediquen solamente a reparar y reponer el material que haya sido dañado directamente por el terremoto.
Segundo, propusimos eliminar la expresión final "u otras finalidades que garanticen la normalización del servicio educativo", porque -insisto- su alcance era demasiado amplio y se convertía casi en un cheque en blanco muy difícil de controlar.
Y, en tercer lugar, mediando el acuerdo de los miembros de la Comisión de Educación, con el Senador señor Quintana incorporamos una serie de normas para definir un procedimiento y fiscalizar el uso de los recursos tanto por los colegios municipalizados como por los particulares subvencionados. Esto comprende lo siguiente.
Establecer la obligación de fijar un proyecto que explicite los valores comprometidos; presentar informes acerca del uso de los recursos; facultar al Ministerio de Educación para fiscalizar su utilización; y calificar como infracción grave, para los efectos de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, el uso inadecuado de tales dineros.
Nada de eso existía en la iniciativa original presentada por el Gobierno. Y el texto final resultó aprobado -insisto- casi por la unanimidad de los miembros de ambas Comisiones.
Por lo tanto, creemos que se cumple el objetivo de apoyar la reparación de los daños en las Regiones afectadas por el terremoto, solamente por los años 2010 y 2011, en un sentido restrictivo y acotado, con normas adecuadas sobre uso y fiscalización de los recursos.
Debo recordar, señor Presidente , que hoy día tanto las escuelas particulares subvencionadas como las públicas municipales son acreedoras a la subvención escolar preferencial creada en la ley promulgada durante 2008. Esa materia fue discutida en el Parlamento en su oportunidad, y así se ha venido aplicando.
Es más, los establecimientos particulares subvencionados atienden en la actualidad a 38 por ciento de los alumnos en condiciones vulnerables. Por lo tanto, también atienden a niños en esa situación. Y, en ese sentido, nos pareció completamente sensato, con los resguardos y las normas de control y fiscalización que mencioné, proceder en forma acotada y restrictiva a aprobar la utilización de tales recursos.
Finalmente, deseo recordar un comentario formulado por el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde de La Granja, don Claudio Arriagada.
Él concurrió a la Comisión de Educación en nombre de los jefes edilicios del país para hacer presente la situación aflictiva que enfrentan muchas comunas y exponer que no se puede hablar de calidad de la educación si la infraestructura se halla en el suelo y se perdieron el mobiliario y el equipamiento. Por lo tanto, no sería viable mejorar esa calidad en los sectores más vulnerables, de no mediar la reconstrucción de esa infraestructura y la reposición -no adquisición- del equipamiento y mobiliario.
Además, el alcalde Claudio Arriagada -con mucha razón a nuestro juicio- planteó dos necesidades.
Por un lado, hay que evaluar la implementación de la Ley de Subvención Escolar Preferencial.
Debo decir que se están dedicando 180 mil millones de pesos anuales -360 millones de dólares- como un esfuerzo para tratar de revertir el deterioro educacional en los grupos y sectores más vulnerables, ya sea que se encuentren atendidos por escuelas públicas municipales o particulares subvencionadas.
Pero -repito- ello hay que evaluarlo, por cuanto se han presentado serios problemas de implementación.
Por ejemplo, solo se está usando 60 por ciento de los dineros destinados a ese efecto. Existe una subutilización de los recursos consignados en la Ley de Presupuestos.
Por otra parte, se plantea la necesidad de introducir algunas modificaciones a la mencionada Ley de Subvención Escolar Preferencial, pues en la actualidad va dirigida, en primer lugar, solo a asistencia técnica educativa (ATE), que se presta en 150 lugares del país. En verdad, al respecto hay una verdadera industria, lo cual provoca también algún tipo de distorsión.
La subvención se emplea para apoyar a alumnos con necesidades especiales, de los cuales el 75 por ciento es atendido en escuelas particulares subvencionadas. Igualmente se ocupa para el perfeccionamiento docente y la capacitación. Y, por último, se utiliza en instrumentos de apoyo a la actividad educativa, como bibliotecas, computadores, Internet, etcétera.
Por lo tanto, el destino de los recursos de la mencionada ley es limitado.
En una conversación tenida la semana pasada con representantes de cuatro establecimientos públicos municipales de Quilpué me consultaron si existía la posibilidad de contratar psicopedagogos y neurólogos para apoyar precisamente a los sectores más vulnerables.
En tal sentido, creemos que se encuentra pendiente por parte del Parlamento y del Gobierno -así se le ha planteado a este último- el revisar e implementar la Ley de Subvención Escolar Preferencial, para hacer más eficaz su aplicación.
Por las razones expuestas, la unanimidad de la Comisión de Educación y casi la totalidad de la de Hacienda -solo hubo oposición del Senador señor García -, acordaron solicitar a la Sala que acoja la indicación sustitutiva que presentamos con el Honorable señor Quintana -fue aprobada con enmiendas-, a fin de acotar y dar un sentido más restrictivo, durante los años 2010 y 2011, a la utilización de los recursos que requieren los establecimientos educacionales de las Regiones afectadas por el terremoto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , el sábado recién pasado, la Asociación de Municipalidades de La Araucanía invitó a los Senadores de la Región a una reunión con el preciso propósito de analizar el proyecto en debate. A dicho encuentro asistieron el Senador señor Tuma , un representante del Honorable señor Espina y quien habla.
En la oportunidad, los alcaldes agrupados en ese organismo nos expusieron, entre otras cosas, la necesidad de permitir a los municipios costear en forma permanente el traslado de alumnos a las unidades educativas con recursos de la SEP (subvención escolar preferencial), debido a que las Regiones del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos son las que poseen mayor número de escuelas rurales y, por lo mismo, presentan un patrón de distribución humano rural disperso.
Si hoy la subvención se paga por asistencia media, resulta legítimo que los municipios quieran velar por una efectiva mayor asistencia a clases y consolidarla a través de un transporte rural costeado por la SEP. Sin embargo, los supervisores de la Secretaría Regional Ministerial de Educación advierten del rechazo a imputar el transporte rural permanente a la subvención escolar preferencial, aunque haya sido considerado en los respectivos planes de mejoramiento.
Además, los alcaldes nos explicaron que, a juicio de ellos, existe contradicción en el sistema que permite imputar como gasto a la subvención escolar preferencial, según el oficio Nº 480, de 5 de marzo del presente año, de la Subsecretaría de Educación, lo que ilustra sobre la flexibilización del uso de los recursos de la SEP, hoy empozados en arcas municipales.
Por lo tanto, mi voto en contra en la Comisión de Hacienda, más que al artículo 3º fue a la frase que se eliminó del precepto. El artículo disponía que, previa autorización del Subsecretario de Educación -o sea, no arbitrariamente, sino con la autorización expresa de tal personero- e informe favorable del respectivo Secretario Regional Ministerial de Educación , los recursos de la subvención escolar preferencial se podrían ocupar en la reconstrucción y reparación de establecimientos educacionales y en la reposición de mobiliario. Y agregaba textualmente: "otras finalidades que garanticen la normalización del servicio educativo".
Y dentro de esas otras finalidades los alcaldes estimaban que podían financiar el traslado escolar. Porque parte fundamental del mejoramiento de la calidad de la educación radica en la asistencia a clases de los niños.
No nos olvidemos de que, a fin de normalizar las clases antes del 30 de abril -el 26 de ese mes, si mal no recuerdo- en muchas Regiones afectadas por el terremoto y el maremoto, se debieron utilizar los establecimientos que habían quedado en pie como locales de concentración de las escuelas que se cayeron.
Por lo tanto, los alcaldes han tenido que invertir mucho dinero en gastos de locomoción para trasladar los alumnos de una parte a otra.
Señor Presidente , entiendo que no nos queda más que aprobar el proyecto en los términos en que se encuentra, porque reconozco que resulta muy importante para los municipios: permite reliquidar la subvención educacional en los meses de mayores dificultades; disponer de los recursos de la SEP por lo menos para la reconstrucción, reposición y reparación de establecimientos educacionales, y tener de nuevo el mobiliario con el que contaban antes del terremoto. Además, no hay manera de hacer prevalecer en el Senado la norma original enviada por el Ejecutivo .
Sin embargo, tengo la obligación de hacer presente en la Sala -fue el compromiso que asumí con la Asociación de Municipalidades de la Región de La Araucanía- la necesidad de que en los próximos días se inicie un proceso de revisión de las restricciones que recaen sobre el uso de la subvención escolar preferencial, lo que pido encarecidamente al señor Ministro de Educación que se cumpla.
Los alcaldes hoy tienen enormes dificultades financieras. Y creo que todo lo que hagamos para ayudarlos a utilizar bien los recursos que se les entregan será bien recibido, permitiendo el mejoramiento de la calidad de la educación, que es finalmente el objetivo por el cual se creó la subvención escolar preferencial.
Señor Presidente, me parece que los jefes comunales tienen razón en sus planteamientos, en especial respecto de las zonas más rurales.
Los municipios deben competir con el sistema privado, que posee toda la libertad del mundo. Tienen encima a sus propias unidades de control, a la Contraloría General de la República, etcétera. Además, han de someterse, obviamente, a la supervigilancia que afecta a todo organismo público. Y eso los hace menos competitivos en el ámbito de la enseñanza. Ello también deriva en que el déficit del sistema de educación municipal es más fuerte y extenso, comprometiendo cada vez mayores traspasos de recursos municipales al área de la educación.
Anuncio que, junto con retirar mi voto contrario en la Comisión, me pronunciaré a favor, por no quedarme otra alternativa.
Reitero mi solicitud al Ministro de Educación en orden a la pronta revisión de las normas restrictivas aplicadas al reparto de la subvención escolar preferencial, entre otros motivos -según sostienen los propios alcaldes, y con razón- por haber una enorme cantidad de recursos de la subvención escolar preferencial empozados y que no pueden emplear. Entonces, parece absurdo que haya problemas de financiamiento en la educación municipal, pese a la existencia de dineros disponibles que no es posible utilizar debido a las restricciones legales o reglamentarias establecidas al respecto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chadwick.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, a mi juicio, el proyecto planteado por el Gobierno es extraordinariamente oportuno e indispensable. Esto lo sabemos bien los Senadores que representamos las zonas de catástrofes.
Cuando nos reunimos con alcaldes de todos los sectores políticos, nos plantearon la urgente necesidad de contar con mayor flexibilidad en el uso de los recursos que llegan por la vía de la Subvención Educacional Preferencial. También han solicitado algunas modificaciones a la forma en que los fondos se entregan a la educación subvencionada básica.
En consecuencia, se requiere generar nuevos y mayores recursos por medio de la subvención básica, estableciendo una fórmula de cálculo que aproveche el mejor promedio de asistencia producido en los últimos meses, lo que correspondería, fundamentalmente, a la opción que se da en los meses de abril y mayo.
Cabe aclarar que si a algún municipio ya se le hizo la liquidación en virtud de los promedios de asistencia en marzo o abril, y ella no les resultó satisfactoria, el Ministerio va a reponer el saldo sobre la base del cálculo del mes que les sea más beneficioso. Esto permitirá a las municipalidades aumentar sus recursos a través de la subvención.
Por otra parte, se plantea la posibilidad de mantener el subsidio a la jornada escolar completa en los colegios que estaban dentro del régimen y que, por una evidente situación de fuerza mayor -como el hecho de que el recinto lo ocupan también otros establecimientos-, no pueden percibir en forma integral.
A mi juicio, la Secretaría de Estado correspondiente ha atendido muy bien la situación, manteniendo la subvención de la jornada escolar completa por el tiempo que sea necesario, mientras se normalizan las actividades en cada uno de los establecimientos educacionales.
Finalmente, el artículo 3° flexibiliza el destino de los recursos de la Subvención Educacional Preferencial. Ello, por una razón obvia. Todos deseamos que el aporte estatal -así lo sostuvimos al aprobar el proyecto de ley respectivo- se utilice en mejorar la calidad de la educación. Pero, frente a causas obvias y evidentes -la escuela está en el suelo; las salas de clases carecen de mobiliario o estos se perdieron; no existen computadores ni laboratorios; no hay electricidad-, ¿de qué sirve la subvención?
Por eso, los alcaldes solicitaron flexibilizar el uso de esos recursos, aunque sea solo durante la emergencia, sin perjuicio de considerar lo planteado por el Senador señor García -lo cual comparto-, en el sentido de poder destinarlos a la reparación de las escuelas y, a partir de ahí, obviamente, mejorar la calidad de la educación.
¿Por qué utilizar esos fondos y no inyectar dineros frescos, como se indicó en la Comisión? Porque los provenientes de las subvenciones se van a complementar con los nuevos fondos, fundamentalmente, debido a que ahora están disponibles. De modo que se da un tema de oportunidad que los hace especialmente necesarios y atractivos, sin perjuicio de la complementariedad que se efectúe con los recursos que se obtengan una vez que el Congreso Nacional despache el proyecto de ley sobre financiamiento de la reconstrucción, que esperamos sea aprobado.
Para no tener problemas formales en el despacho de la iniciativa, debo aclarar que no se presentó una indicación sustitutiva, pues habría sido declarada inadmisible. Pero hubo acuerdo de la Comisión con el Ejecutivo , en cuanto a modificar ciertos aspectos del proyecto, para lo cual se necesitaba la concurrencia del Gobierno. En ese sentido, se cambia la expresión "adquisición de mobiliario" por "reposición de mobiliario", debido a que lo que se va a reponer tiene que adquirirse. Por lo tanto, se trata de una modificación sustancial.
Luego, se incorporaron, sin mayor problema, tres puntos sobre la fiscalización, los cuales ya están incluidos en la Ley de Subvención Educacional Preferencial. De manera que no hubo inconveniente en reiterarlos en el artículo 3°. Como se trata de medidas de fiscalización vigentes, lo que abunda no daña.
El espíritu de todos es que los recursos por entregar sean debidamente fiscalizados. Por eso se llegó a un acuerdo.
Me habría gustado que hubiese quedado la frase final del artículo 3°, para dar aún más flexibilidad al destino de las subvenciones. Pero, en busca de un buen consenso, obviamente, uno también tiene que ceder en algunos puntos, según el Senador señor Lagos nos ha enseñado en la Sala.
Por eso, señor Presidente , votaremos favorablemente el proyecto, con la salvedad formal mencionada.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , el informe del Presidente de la Comisión , Senador señor Ignacio Walker es bastante claro y sitúa bien el tenor de la discusión.
A diferencia de lo expresado recién por el Honorable señor Chadwick , no creo que el proyecto sea indispensable, aun cuando no tenemos muchas alternativas. Tal vez no hay otra manera de enfrentar una iniciativa que, si bien apunta a modificar algunas leyes que básicamente dan sustento al financiamiento de los establecimientos educacionales por la vía de entregar recursos a las municipalidades, no entra a los temas de fondo.
La otra diferencia que tengo respecto del planteamiento de mi Honorable colega es que esto no apunta solo a los establecimientos municipalizados, sino también, por un efecto de homologación, a los particulares subvencionados. Es decir, las mismas facilidades que se les dé aquí a los colegios municipalizados -como muy bien señaló el Senador señor Ignacio Walker -, podrían impetrar los particulares subvencionados. Pero este es un asunto impresentable, dado que es reciente el debate sobre el giro único de la educación en Chile.
Por esa razón, un grupo de Senadores de la Concertación hemos manifestado más de alguna aprensión, que, finalmente, hemos oficializado a través de una indicación que presentamos en la Comisión junto con el Honorable señor Ignacio Walker .
Por otra parte, valoro el planteamiento del Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades , alcalde señor Arriagada , que ayudó a descomprimir la discusión en esta materia.
Sin embargo, también, con la misma claridad, deseo destacar la inusitada defensa que los alcaldes de distintos puntos del país hacen del proyecto. Eso me llama un poco la atención, sobre todo porque antes algunos ediles aprovecharon proyectos como este para criticar la labor del Parlamento, diciendo que los aprobábamos a la rápida y sin financiamiento y que había acuerdo entre dos o tres actores de la educación. Hoy día, por el contrario, los alcaldes nos pidieron dar un respaldo especial a la iniciativa en discusión.
Quiero repetir, además, lo que sostuve hoy en la mañana en la Comisión, en el sentido de que el proyecto va a beneficiar a alcaldes que nunca han creído en el sistema pero también a la inmensa mayoría que ha apostado por la calidad de la educación -según sus testimonios-, sin importar el sector político a que pertenezcan.
En algunas municipalidades -no culparemos por ello al paro de profesores del año pasado, sino a muchas otras razones exógenas-, los recursos están empozados y no han sido utilizados en el mejoramiento de la calidad de la educación, que es precisamente la finalidad de esta iniciativa de ley.
Para resolver esa situación, se establecen varios procesos, pues no es muy sencillo. Se deben celebrar convenios. A los establecimientos educacionales se les ponen ciertas condiciones: no pueden seleccionar alumnos ni haber financiamiento compartido cuando se trata de la educación particular subvencionada. Algunos municipios no están dispuestos a cumplir esos requisitos.
Me parece que todos tenemos que hacer un mea culpa respecto de la educación. Pero ahora estamos apuntando a una cuestión neurálgica del sistema. Se trata, nuevamente, del desfinanciamiento que afecta a las municipalidades.
Como señaló el Senador señor Ignacio Walker , los dos primeros artículos del proyecto tienden a solucionar problemas que son consecuencia directa del terremoto. Por eso, ¿quién podría oponerse a una iniciativa de esta naturaleza?
Al mismo tiempo, valoro la flexibilidad mostrada por el señor Ministro y por el señor Subsecretario , porque aquí, efectivamente se ha estado buscando una solución a una situación que no da para más.
El problema es que los recursos que hoy día reciben los establecimientos educacionales por concepto de subvención no les permiten aplicar la reliquidación pertinente ni cumplir sus obligaciones con proveedores y acreedores. Y el déficit va aumentando.
Ante ello, el artículo 1° propone modificar la regla de cálculo, al establecer que se promedie con la mayor asistencia de abril o mayo. En realidad, para tal efecto solo se considerará mayo porque el sistema escolar -se lo digo al señor Ministro , por su intermedio, señor Presidente - se normalizó el 26 de abril, lo cual permitió que un millón 250 mil niños ingresaran a clases.
Por lo tanto, se tomará en cuenta la mayor asistencia registrada en mayo. Después esta se promediará con la de junio y julio. Ello determinará el cuociente que se aplicará a la subvención de que se trata.
Insisto: no creo que haya gran controversia con relación a dicho artículo.
Entendemos la necesidad de que lleguen los recursos de la subvención a los establecimientos educacionales, en particular a los adscritos al sistema de jornada escolar completa diurna.
En el tenor del proyecto se orienta el beneficio a las seis Regiones afectadas por la catástrofe del 27 de febrero: las de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador General Bernardo O¿Higgins, del Maule, del Biobío y de La Araucanía.
Muchas escuelas y colegios que estaban bajo dicha modalidad debieron adecuar sus instalaciones, lo que ha impedido que los niños cumplan el tiempo mínimo exigido de permanencia en las aulas. Por eso surgió la necesidad de modificar los requisitos -por decirlo de algún modo- para que tales recintos estudiantiles puedan finalmente impetrar la subvención.
En ese aspecto tampoco hay un mayor cuestionamiento.
Pero en lo referente al artículo 3°, señor Presidente , sí se produce una diferencia bastante de fondo, porque la subvención escolar preferencial claramente tuvo una finalidad distinta de la que hoy día se plantea. Y así como se ha hablado mucho aquí de la excepcionalidad de esta medida, uno quisiera que la merma de recursos también fuera excepcional.
Recién le proponía al Ministro Joaquín Lavín la posibilidad de que esos dineros finalmente sean restituidos para el fin de mejorar la calidad de la educación. Porque aquí se producirá una pérdida de calidad. Y eso me preocupa, pues se traducirá en un desincentivo para los establecimientos municipales y particulares subvencionados interesados verdaderamente en seguir suscribiendo convenios para el mejoramiento educativo.
Además, tales recursos desaparecerán. Se trata de 180 mil millones de pesos. No digo que la totalidad de ellos se utilizará en el mecanismo que brinda esta futura ley, pero sí, parte importante. Y veo que esa merma no vuelve por otro lado.
El Ministro nos ha señalado que en septiembre se presentaría un proyecto para aumentar en 20 por ciento la subvención. Pero yo pregunto: si esta iniciativa eleva la subvención a los sectores medios -¡bienvenida sea tal propuesta!-, ¿ello no implicará desatender a los más vulnerables? Planteo esta interrogante al señor Ministro , por su intermedio, señor Presidente .
Otro asunto mencionado acá es el relativo al transporte de los alumnos, lo que afecta a muchas Regiones rurales, como la de La Araucanía, que represento.
Hay que ser superserios en esto: no podemos desnaturalizar una normativa que claramente persigue otro objetivo.
Estamos hablando de mejorar la calidad de la educación. El Ministerio del ramo cuenta con instrumentos para ello; por ejemplo, el programa de mejoramiento de la gestión. Existen otros fondos en la Cartera de Transportes que permiten facilitar el traslado de los estudiantes, y el Ministro Lavín ha asegurado que a esos mecanismos se les inyectarán más recursos.
En definitiva, señor Presidente, la indicación que presentamos con el Senador Ignacio Walker viabiliza el proyecto en estudio.
En ese sentido, difiero de lo señalado por el colega Chadwick . Acá no se trata de redundar en algo ya dicho en la ley. ¡No! Estamos poniendo controles muy claros -se precisan en la parte pertinente del informe- al reemplazar la frase "adquisición de equipamiento y mobiliario" por "reposición de equipamiento y mobiliario". Hay una diferencia tremenda entre adquirir y reponer.
Por supuesto, todo se adquiere, pero la reposición implica reemplazar las cosas que fueron destruidas por el terremoto. No quisiera ver establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados comprando elementos que no existían antes de la catástrofe, porque entonces se estaría desnaturalizando aún más la ley.
Por eso estimo importante insistir en la frase relativa a la reposición.
Valoro la buena disposición del Ejecutivo en la materia y, naturalmente, en eliminar aspectos que apuntaban a otras finalidades. Ello podría habernos conducido a cualquier parte.
En uno de los puntos de la indicación se alude al informe que deberá rendir cada sostenedor sobre el uso de los recursos. Eso tampoco estaba en el proyecto original.
En definitiva, se establecen mayores controles para una situación tremendamente excepcional, los cuales significarán un alivio para muchos municipios y numerosos recintos educacionales particulares subvencionados.
Espero que no sigamos traspasando recursos fiscales a estos últimos. Debido a las consecuencias del terremoto, se han hecho algunas excepciones en este ámbito.
También valoro que se cree un nuevo fondo en materia de infraestructura de 80 millones de pesos, adicionales al primer llamado que se hizo, de 30 de millones pesos.
Por último, señor Presidente , cabe señalar que la presente discusión guarda mucha relación con el debate sobre el financiamiento para la reconstrucción. Si se está recurriendo a fondos de la subvención para la calidad de la educación, es porque la iniciativa sobre reconstrucción no logrará recaudar los recursos que el país necesita para tal efecto...
La señora MATTHEI .- ¡Y lo relativo al royalty!
El señor CHADWICK .- ¡Sí, qué pasa con el royaltyi!
El señor QUINTANA.- ¡Ustedes saben, estimados colegas, que el royalty es equivalente al feriado de dos días nada más...! Es bastante poco en comparación a una invariabilidad tributaria hasta 2025.
He dicho.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Me han solicitado abrir la votación.
El señor ROSSI.- Me opongo.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- No hay acuerdo.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LAVÍN ( Ministro de Educación ).- Señor Presidente , seré muy breve.
Primero, agradezco la buena disposición que he visto en el Senado, en especial, en las Comisiones de Hacienda y Educación hoy en la mañana.
En verdad, este es un proyecto muy relevante y urgente para las zonas afectadas por el terremoto y posterior tsunami, en particular por lo que significa el pago de subvenciones.
Solo haré dos comentarios.
En materia de transporte de alumnos en zonas rurales, efectivamente existen instrumentos para su financiamiento.
Hay un fondo de apoyo al transporte escolar. Acaba de terminar el concurso, al que se presentaron 124 postulantes de la Región de La Araucanía. Si es necesario ampliar plazos y buscar fórmulas para acceder al beneficio -respondo a la inquietud del Senador señor García , por su intermedio, señor Presidente -, lo haremos.
También está el Fondo de Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación. Y el Ministerio de Transportes dispone de otros recursos para el transporte estudiantil rural.
Por otra parte, recojo lo manifestado por el Senador señor García en el sentido de que la Ley de la SEP, si bien ha tenido efectos muy positivos, es rígida. Y algunos aspectos se pueden flexibilizar. En las próximas semanas el Gobierno enviará un proyecto para aumentar la subvención escolar preferencial, y esperamos incluir en él enmiendas a dicha normativa para hacer más práctica su aplicación.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- A usted, señor Ministro .
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presidente , me parece muy importante el proyecto que nos ocupa por la urgencia que reviste, dado que es una respuesta más al inmenso esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Educación por darle normalidad al sistema educacional chileno.
Por momentos, me sorprendo de lo que escucho. Pareciera que la gente olvida -quizá sea necesario recordarlo- que hubo un terremoto que paralizó un tercio del sistema educativo de nuestro país y que su puesta en marcha ha significado un tremendo trabajo: se han destinado 15 mil millones de pesos para la reparación de escuelas con daño moderado y mil millones de dólares para levantar establecimientos destruidos; se ha hecho un enorme esfuerzo de movilización para poner en funcionamiento los colegios en determinadas fechas y evitar que los alumnos pierdan horas de clases, jornadas escolares e, incluso, el año en algunos casos.
Me referiré muy someramente a los artículos 1º y 2º de la iniciativa, que -como se ha señalado- son enmiendas que permiten que en las zonas afectadas por el terremoto se puedan efectuar adecuaciones para el normal funcionamiento de las escuelas y los colegios, atendido el hecho de que, en general, los costos de operación del sistema educativo son fijos. Podrá variar el número de estudiantes, pero el sueldo de los profesores no cambia.
Esa es la explicación para los artículos 1º y 2º en lo fundamental. Y me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo sobre tales materias.
Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que me resulta lastimoso el que se exprese siempre un afán de obstrucción, de figuración en los debates sobre iniciativas de Gobierno.
En realidad, lo que ocurrió en este caso es muy simple.
El artículo 3º aprobado por la Cámara de Diputados señala que los recursos referidos se destinarán durante 2010 y 2011 "a la reparación y construcción de infraestructura y a la adquisición de equipamiento y mobiliario, u otras finalidades que garanticen la normalización del servicio educativo.".
La indicación que sustituía esta norma pretendía acotar el gasto solo al ítem "reparación y construcción de infraestructura", dejando fuera "la adquisición de equipamiento y mobiliario, u otras finalidades que garanticen la normalización del servicio educativo.".
Los parlamentarios de Gobierno manifestamos que ello era absolutamente inaceptable. Y apoyamos la indicación del Ejecutivo porque en realidad las necesidades son muchas y los recursos pocos, a pesar del monto del que he dado cuenta.
Ahora, ¿cuál es el punto? El propio Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades dijo que el 60 por ciento de la subvención adicional especial (SAE) no se ha gastado. Entonces, si existen fondos destinados a la calidad de la educación sin ocupar -porque se cayó la sala de clases y el comedor, porque se rompió el mobiliario y el equipamiento-, es de la esencia de la mínima lógica que tales platas se reorienten a las cuestiones más urgentes.
Por algo el proyecto se acota solo a los años 2010 y 2011.
¿Y cuál es el sentido fundamental de tal adecuación? Lo expresó el Senador señor Chadwick : la oportunidad. No es lo mismo tener ahora el equipamiento, la sala de clases o los servicios higiénicos para los estudiantes que en un año más. ¿Existen recursos en la agenda? Sí. Pero no es igual disponer de ellos hoy que el próximo año.
Ese es el sentido relevante de la norma.
Nadie está diciendo que la subvención escolar preferencial deba dejar de orientarse a la calidad de la educación para destinarse a reparar establecimientos o comprar equipamiento. ¡Nadie ha planteado eso! ¡El Gobierno no pretende hacerlo! Este busca que la plata subutilizada, por no poder gastarse en este momento, se ocupe en el más breve plazo.
La propuesta pretende desburocratizar.
En verdad, había una serie de normas que burocratizaban el sistema en exceso. Pero no estuvimos de acuerdo en ello.
El sentido del artículo 3º apunta a acotar el gasto. Por eso se aprobó la indicación que incluía los dos ítems referidos: reparar y construir la infraestructura, y adquirir o reponer -como quiera entenderse- equipamiento y mobiliario.
En mi opinión, el concepto "reposición" es restrictivo, mezquino. Si un colegio contaba con cierto equipamiento y hoy quisiera comprar uno diferente -por ejemplo, haber tenido un retroproyector y desear adquirir un data show-, en teoría, no podría hacerlo. ¡Eso me parece absurdo! ¡Es francamente ridículo el planteamiento!
Digo lo que pienso, y con franqueza.
Dejo constancia de que, al hablar de "reposición", no tengo por qué comprar la misma olla ni el mismo equipo de hace cinco años. La lógica de tal término, en mi opinión, es que se puede adquirir lo que resulte necesario y funcional al momento actual.
Respecto de los procedimientos, le doy crédito al planteamiento de los parlamentarios de la Concertación. Siempre es bueno contar con los controles que se requiera y, así, evitar cualquier tentación, particularmente cuando se ha remarcado hasta el cansancio que la iniciativa guarda relación con la educación municipal, pero también con la particular subvencionada.
Por último, no es bueno llegar a acuerdos creando tensiones que resultan a veces un poco traumáticas. ¡Para qué se dice que con estas normas resulta absolutamente imposible echar a andar el sistema!
La verdad es que el proyecto original prácticamente no ha cambiado en nada. En términos generales, el texto que nos ocupa ha quedado casi igual al que el Gobierno envió a tramitación en su momento, salvo algunos perfeccionamientos, que se valoran por ser muy positivos.
Por sobre todo, espero que se persevere, más que en el afán de quitar mérito a la iniciativa, en enfatizar los entendimientos y acuerdos alcanzados para poner en funcionamiento el sistema educacional chileno con la mayor eficiencia. Porque hace mucha falta procurarles a los estudiantes todas las condiciones que les permitan avanzar.
Finalmente, es propicia la ocasión para felicitar al Ministerio de Educación, que ha realizado la tarea titánica de poner en marcha un sistema que estaba destruido -repito: era un tercio del país-, y que ahora también avanza en la reposición o reconstrucción de los municipios.
Ojalá que en esta área no se cuestionen los conceptos de adquisición o reposición, porque ello entorpecería mucho más las cosas.
Voy a votar a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).- Solicito nuevamente la unanimidad de la Sala para cerrar el debate y abrir la votación.
El señor BIANCHI .- De acuerdo.
El señor LARRAÍN .- Sí.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación general.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , en primer término, deseo felicitar al Ministro de Educación porque ha hecho una labor extraordinaria durante estos meses. Considero muy útil y bueno que los Senadores reconozcamos el valor de un Secretario de Estado que ha debido enfrentar, desde que asumió, una situación sumamente dura y difícil, a raíz de la catástrofe que nos afectó a comienzos de año.
Creo que el cambio propuesto por la Comisión de Educación en el fondo se orienta básicamente a la idea de desconfiar de los alcaldes y de los sostenedores de la educación. No veo otra argumentación.
Lo expresado por los Senadores de la Alianza José García y Andrés Chadwick y lo manifestado por Honorable señor Cantero me parece absolutamente...
El señor LARRAÍN .- ¡Senadores de la Coalición!
El señor ESPINA.- De la Coalición, me corrigen.
Sinceramente, estimo que esa modificación constituye un retroceso respecto de la norma aprobada por la Cámara de Diputados. Porque los resguardos contra el mal uso de los recursos estaban por completo asegurados en la frase inicial del artículo 3º original: "El Ministerio de Educación podrá exceptuar, a través de resolución exenta del Subsecretario de Educación, previo informe favorable del Secretario Regional Ministerial de Educación ...".
Además, si hay algo que los alcaldes reclaman hoy día con razón, es por ciertas rigideces que se producen a la hora de utilizar tales fondos.
El mal uso o uso indebido se controla de dos formas: primero, se requiere autorización expresa del seremi y, segundo, se precisa rendir cuenta posterior del empleo de los dineros.
Por ello, establecer condiciones y exigencias rígidas a las comunas -en particular, a las más pequeñas, como manifestó el Honorable señor García - me parece un profundo error.
Sobre esta materia hemos ido en la dirección exactamente opuesta a la que pidieron los alcaldes, por lo menos los de la Región de La Araucanía en la reunión a que hizo mención dicho señor Senador.
Por supuesto, uno vota a favor del proyecto porque hay que despacharlo pronto.
Pero hago presente que la enmienda aprobada en la Comisión constituye un retroceso respecto de lo que establecía la norma original.
Confío en que la iniciativa ayudará en algo a solucionar las enormes dificultades que enfrentan hoy los alcaldes, especialmente, a causa del terremoto. Con esta propuesta se les dará la posibilidad de utilizar la subvención escolar preferencial para resolver tales inconvenientes.
Señor Presidente , cada vez que restringimos, dentro del marco de la ley, la libertad para actuar de los alcaldes o de los sostenedores de la educación particular subvencionada estamos cometiendo un grave error. Una cosa es fijar mecanismos de control, de fiscalización, rigurosos y rígidos, pero otra muy distinta es amarrarlos de las manos. Porque con lo planteado al final se les pone una barrera de dificultades que no se justifica.
Voto a favor, con esa prevención, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , en el momento en que el Senador señor García formuló la idea de hacer explícita la posibilidad de utilizar estos recursos para el transporte escolar, consulté en la Comisión de Hacienda si era factible dejar consignado ese punto de vista en la redacción, agregando en el número 2) del artículo 3º, después de la palabra "mobiliario", la frase "al transporte escolar y otras finalidades", etcétera.
El Ejecutivo , a través del señor Subsecretario de Educación , no suscribió esa viabilidad. Pero yo quisiera plantear al Ministro del ramo, don Joaquín Lavín, que lo relativo al transporte escolar no se halla suficientemente resuelto en muchas regiones, en particular en cuanto a la educación municipal.
De hecho, en el caso de Puerto Montt, su alcalde está siendo procesado por llevar adelante una iniciativa cuyo propósito es dotar a la comuna de transporte escolar. Con tal fin, ha internado 35 vehículos, pero los últimos 12 han sido objetados. Y el juez de garantía ha solicitado su procesamiento bajo la acusación de contrabando, hecho enteramente insólito, que tiene conmocionado a la comuna.
¿Qué contrabando puede haber cuando los buses están siendo utilizados en llevar a los niños desde sus hogares apartados a las comunas donde se encuentran sus escuelas para que puedan estudiar? ¿Qué contrabando es aquello?
Es un hecho de público conocimiento, evidente y notorio, que los vehículos están siendo usados para transportar a los niños. Sin embargo, el alcalde de Puerto Montt ha sido citado para el 22 de julio a una audiencia pública donde se lo va a formalizar.
¡De paradojas parece que está llena la vida, señor Presidente!
En verdad -y le encuentro toda la razón al Senador señor García -, el tema del transporte escolar no se encuentra resuelto. Y es uno de los puntos en los que se establece una clara desventaja en desmedro de la educación municipal respecto de la particular subvencionada.
Yo escuché su explicación, pero, en mi opinión, es insuficiente. Creo que uno de los aspectos que se deben solucionar es la entrega a los municipios -sobre todo, en las comunas en que las distancias son considerables- de los recursos para que puedan trasladar a los niños. De lo contrario, se genera una enorme desventaja con relación a la educación particular subvencionada.
Independiente de las dudas que nos pueda merecer la redacción, nosotros vamos a concurrir a aprobar el proyecto, como se ha señalado aquí, dado que es evidente que se requiere una inversión rápida y expedita para la reconstrucción, con el objeto de dotar a los colegios de esos recursos.
Sin embargo, me permito a través suyo, señor Presidente , reafirmar al señor Ministro de Educación que lo relativo al transporte escolar está pendiente, en particular en la educación municipal.
Por último, deseo reiterar mi solidaridad con el alcalde de Puerto Montt, don Rabindranath Quinteros , ante la insólita situación que lo afecta, pues se encuentra procesado por haber dotado a su municipio de buses para que los niños puedan ir a estudiar.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente , el proyecto en debate, que establece normas de excepción en materia de subvención educacional, es del todo necesario. Creo que el espíritu que existe aquí es positivo.
Entonces, me extraña que, cuando uno plantea inquietudes sobre aspectos específicos de la iniciativa, se tome como una crítica, en circunstancias de que la idea de esta Corporación es mejorarla.
Es evidente que -hay consenso inmediato-, de los tres artículos, los dos primeros regulan lo referente a la subvención. Me parece bien que esta se reponga de alguna forma, dada su ausencia a raíz del terremoto, y se les den los recursos a los municipios y a los sostenedores. Tampoco hay dificultades en cuanto al modo de establecerla para la jornada escolar completa, que también se vio interrumpida.
El tema surge toda vez que se trata de hacer una propuesta, que va a ser aprobada. En efecto, cuando uno plantea cuáles son las condiciones, la fiscalización que va a existir y cuál es el objetivo que hay detrás -porque legítimamente se puede tener una opinión que no sea del gusto de todos-, me parece increíble que se diga que hay obstrucción.
Quiero expresar francamente que la subvención educacional preferencial es un suple a otras subvenciones. Y persigue como fin específico apoyar a aquellos alumnos más vulnerables, sean estos de la educación municipalizada o de la particular subvencionada.
Entonces, aquí se está haciendo una excepción con el objetivo de ir en ayuda de la reconstrucción. Yo puedo entenderlo y compartir ese criterio.
Pero es dable preguntarse si acaso no hay formas más eficientes de llevar a cabo lo anterior. Yo habría esperado del Gobierno en esta materia -haciéndome cargo del tema de la oportunidad, porque existe liquidez, están asignados los recursos- que se utilizaran los fondos para la reconstrucción, pero no con un compromiso, sino con el acuerdo -y ojalá hubiera quedado consignado aquí mismo- de que constituirá un préstamo a los sostenedores para que cuando lleguen dineros frescos aquellos se les complementen y no se les reemplacen.
Porque en el hecho lo que hay aquí es un reemplazo. Recursos que estaban destinados a mejorar la calidad de la educación, a niños y niñas vulnerables, hoy día van a disminuir, dado que irán a un fin importante: la reconstrucción de la escuela.
Cabe preguntarse si ello podría haber venido amarrado con el compromiso de entregar recursos frescos que no impliquen una disminución. Y eso me parece que es ser positivo y no obstructivo.
Quiero volver sobre un tema que no es menor.
El Honorable señor Chadwick dijo que la diferencia entre "adquirir" y "reponer" era una cuestión semántica. Se podrá discutir el concepto, pero lo fundamental que se está salvaguardando acá es que los sostenedores -en particular los privados, que hoy sí persiguen fin de lucro- no utilicen esos recursos, que es un subsidio de todos los chilenos, para comprar bienes que quizás no fueron dañados por el terremoto.
Tal vez, al data show que mencionó el Senador señor Cantero no le cayó un ladrillo encima y lo rompió, sino que al parecer no había tal equipo en esa escuela. No obstante, la pregunta que cabe formularse es si corresponde con cargo a estos recursos comprar un data show.
La señora MATTHEI .- ¡Para que mejore la calidad de la educación! ¿Por qué no?
El señor PIZARRO (Presidente).- Diríjanse a la Mesa, señores Senadores.
El señor LAGOS.- Entonces, deseo expresar con mucho cariño a todos los Honorables colegas que debemos regular bien esta materia. Porque, en mi opinión, este es un subsidio que no dice relación al objetivo de la subvención para la educación preferencial.
Si me señalan que este va a ser un subsidio para que los privados, que lucran de la educación, además compren un data show, discutámoslo y plasmémoslo en un proyecto de ley con esas letras, pero no lo hagamos por el lado, con un subterfugio. Y si no es esa la intención -yo no dudo que no lo sea; aun cuando tengo claro, por las rápidas intervenciones de algunos Senadores, que al parecer les gustaría que fuera posible-, entonces, debatámoslo. Porque a lo mejor yo tengo una opinión distinta a la de muchos chilenos, en cuanto a si corresponde o no que subsidiemos los data show.
La disquisición entre los términos "adquisición" y "reponer" pretendía -así lo entendí yo después de una discusión de 35 minutos que tuvimos en la Comisión de Hacienda, para ser franco, debido a la calificación de "discusión inmediata"- poner una cortapisa a que se repusiera lo que se destruyó. Y en eso hay un acuerdo.
Pero -¡por favor!- al menos debe existir un mínimo de fiscalización, para asegurarnos que de paso no vayamos a subsidiar algo que tal vez sería propio del sostenedor.
Sin perjuicio de lo anterior, deseo expresar que también escuchamos a los alcaldes. Los jefes edilicios quieren que exista flexibilidad, pero también para el transporte rural. De modo que me hago cargo de transmitirle todas estas solicitudes al señor Ministro , para que la solución sea global y no a partir de este proyecto, porque no fue posible hacerlo acá.
Sin embargo, también debo hacer notar que si los municipios están solicitando dicho beneficio es porque nuevamente estamos volviendo al cuadrado uno en cuanto a la educación municipalizada y los sostenedores. En efecto, quienes vienen a pedir no son básicamente los sostenedores privados, sino los sostenedores municipales, que arrastran un problema de déficit estructural crónico respecto a cómo se afecta la educación.
Entonces, ante cualquier excusa -en este caso, buenísima, porque se trata de un terremoto que destruyó escuelas-, dicen: "Denme flexibilidad para un producto, para un subsidio, que persigue un fin específico y que tenemos que desnaturalizarlo, en cierta forma, para hacer frente a una necesidad."
Pero, ¿por qué lo hacen los alcaldes? Porque -digamos las cosas como son- no tienen un peso. Entonces, todo lo que permita acceder a recursos lo van a utilizar.
No obstante, debemos concordar en que la subvención educacional preferencial está para mejorar la calidad y no para ir en ayuda de la reconstrucción.
Para terminar, señor Presidente , quiero señalar que respecto de la reconstrucción llevamos dos meses discutiendo un proyecto por 8 mil cuatrocientos y tantos millones de dólares, al que espero que le podamos poner punto final hoy o en los próximos días.
Yo me pregunto por qué esa iniciativa no se está haciendo cargo del problema para no tener que recurrir a un subsidio que, además, es mal utilizado.
Por cierto, voto a favor del proyecto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, creo que la discusión que llevamos a cabo en este momento -lo digo con todo respeto- es una realidad objetiva.
En estos dos o tres meses, desde el terremoto, uno de los problemas que hemos tenido es que se mezclan las tareas que son de largo plazo para el Gobierno -las cuales estamos en condiciones de discutir, de avanzar en ellas y respaldarlas en lo que nos parezca razonable- con aquellas que tienen que ver exclusivamente con la reconstrucción. Y al mezclarse ocurren alegatos como el que hemos llevado a cabo aquí esta tarde y que remachó muy bien el Senador señor Lagos.
Quiero explicar algunas cosas para entender en qué estamos.
Primero que todo, he sido muy claro para decir y reconocer que el terremoto fue lo suficientemente fuerte y desolador para el país, lo que nos obliga a tener una visión bastante más flexible y más condescendiente, sin que ello signifique que seamos nosotros los que van a decidir cómo se hacen las cosas. Y digo "condescendiente" pensando en la esencia de la palabra: condescender al adversario en aquellas cosas que nos parece razonable que las obtenga. Y esto tiene una consecuencia ética.
Nosotros estamos en condiciones -lo hemos señalado en forma reiterada, hasta el cansancio- de aprobar, de ayudar, porque nadie en la Concertación desea que el Gobierno fracase. Si el Gobierno fracasa va a ser el país el que sufrirá.
Se ha argumentado, desde las bancas del frente y también desde otros sectores, que cuando tenemos alguna dificultad es porque queremos negarle la sal y el agua al Gobierno. ¡No! Seamos claros. A mi juicio, para Chile no es bueno que haya ganado la Derecha. Es el momento de que prueben lo contrario. De igual modo, cuando nosotros sustituimos a la dictadura y llegamos al Gobierno, nos dijeron lo mismo, ese era su planteamiento.
Desde ya, anuncio que voy a apoyar el proyecto. Sin embargo, quiero prevenir algunas cosas esenciales.
La gran discusión que tuvimos en tiempos pasados, cuando llegamos a ciertos entendimientos con la Oposición, decía relación a que no estábamos de acuerdo con la forma en que el Estado se aviene con la educación pública, con algo que, en lo personal, no me agrada, que es la municipalización y con los derechos y las exigencias que debemos demandar a la educación privada.
Desde las bancas de la Oposición, in illo témpore, se dijo que la educación privada tenía pleno derecho para recoger -incluso, sin control- todo lo que le pudiera dar el Estado. Luego, los análisis que se hicieron a la educación privada mostraron que había abuso, mal uso y también errores garrafales dentro de ella. O sea, el asunto se zanjó, ahora, con una sola frase.
Señor Presidente, estimados colegas, a pesar de todo el esfuerzo que uno hace por ayudar al Gobierno, sin perjuicio de las cosas que nos parece que no deben ser calladas -lo reitero mil veces: aquellas que tienen que ver con el conflicto de intereses-, cuando uno escucha a algunos Senadores oficialistas, la verdad es que dan ganas de no votar lo que el propio Gobierno nos solicita.
Aquí tengo anotados los seis, siete u ocho adjetivos con los que se nos ha tratado en esta sesión. Entonces, hay que tener mucho espíritu patriótico, aunque sea una alabanza propia, para pronunciarse después de lo que se nos dice cuando estamos, justamente, apoyando al Gobierno.
A veces pierden una exquisita posibilidad de quedarse callados los señores Senadores que nos tratan de esta manera, porque lo único que hacen es forzar un debate duro que no queremos.
Las palabras no son la forma de resolver los problemas. Estos se solucionan cuando uno alega el fondo.
En mi opinión, esa es la forma en que podemos llevar adelante este debate y por eso vamos a votar a favor, malgré lo que digan los señores Senadores respecto de nuestra conducta.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente , en primer lugar quiero felicitar al señor Ministro de Educación , tanto por su labor rápida y eficaz para lograr que los niños volvieran a clases cuanto por enviar este proyecto de ley que soluciona una serie de problemas prácticos que realmente ahogan a los colegios.
No me voy a referir a los artículos 1° y 2°. Hay total coincidencia en ellos.
Sin embargo, aludiré a algunos argumentos que se han dado aquí.
Todo el mundo habla del déficit del sector municipal en el ámbito educacional. Por lo tanto, es el momento de hacer una invitación a la totalidad de los señores Senadores para que revisemos lo concerniente al Estatuto Docente.
Cualquier persona seria se da cuenta de que gran parte del déficit municipal viene de un Estatuto Docente sumamente rígido y que a pesar de que ha ido disminuyendo la matrícula de niños, porque los padres optan, muchas veces, por ir en contra de los establecimientos municipalizados, la verdad es que dicho cuerpo normativo impide a los municipios hacer las readecuaciones necesarias en cuestiones de personal.
Nosotros, los parlamentarios, somos los culpables de aquel déficit. Y creo que si es una materia que realmente nos preocupa debiéramos abordarla con seriedad.
De otro lado, también tendríamos que ver un poco qué es lo que pasa al interior de los municipios.
Así como hay algunos que se hallan muy bien administrados, existen otros cuya relación entre el número de no docentes o de "ayudantes de la docencia", como se les llama ahora, versus los docentes, es escandalosa.
¿Quién va a negar que muchos de esos contratos son, efectivamente, pagos de favores políticos?
Si vamos a hacernos cargo de la calidad de la educación, entonces, que el dinero realmente se gaste en los niños y no en favores políticos, y si vamos a abordar el tema del déficit, hagámoslo en la instancia que corresponde.
A mi juicio, se ha ido armando un consenso en cuanto a que estas materias hay que estudiarlas con seriedad en el futuro. Y no tengo dudas de que el Ministro de la Cartera en algún momento lo va a hacer.
Por otra parte, con relación a la discusión un tanto ideológica sobre si los colegios deben ser estatales, municipales o particulares subvencionados, lo único que quiero señalar es que las diferencias antes del gasto fiscal, o sea, en los ingresos autónomos en Chile, son escandalosas. La diferencia entre el que más gana y el que menos gana en nuestro país no es propia de una nación con nuestras características socioeconómicas. Gracias a Dios, eso se corrige después con el gasto fiscal y se reducen esas diferencias. Pero estas provienen, básicamente, de un abismo entre la calidad de la educación que reciben los niños cuyas familias pueden pagar un buen colegio y los que no.
A mí me da lo mismo que la escuela sea particular, estatal -llámenla como quieran-, mientras enseñe bien. Esa es la cuestión que deberíamos estar viendo.
¿Cómo tenemos que preocuparnos para que tanto los colegios municipalizados como los particulares subvencionados obtengan buenos resultados con los niños?
¿Cómo vamos a remunerar a los profesores de acuerdo a los resultados?
¿Cómo vamos a lograr sacar a esos niños adelante?
Entonces, los invito a que hagamos una discusión un poco menos ideológica y más volcada hacia los niños.
Quiero señalar que cuando el Senador Chadwick habló de la diferencia entre "reponer" y "comprar", básicamente apuntaba a que no hay problema de inconstitucionalidad en la indicación. No estaba minimizando ni haciendo un juicio. Solamente señaló que este asunto no debiera tener problemas de constitucionalidad.
Por último, señor Presidente , quiero pedirle con mucho cariño al Senador Quintana -y esto no tiene nada que ver con el punto en cuestión, pero es importante- que no confunda las platas del royalty con las del feriado.
En el caso del royalty se trata de ingresos fiscales que necesitamos con urgencia para reconstruir. En el del feriado, de una disminución del producto interno bruto; vamos a crecer un poquito menos a causa de los días no trabajados, pero eso no merma las entradas del país.
He dicho.
El señor LAGOS.- ¡Vamos a crecer un poquito menos, pero engordaremos un poquito más...!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, he escuchado con atención las distintas intervenciones, y en particular la de la colega Matthei.
Comparto con la señora Senadora que uno de los grandes problemas de Chile es la desigualdad en la distribución de la riqueza, lo cual se refleja, como es obvio, en las diferencias salariales existentes entre los que ganan más y quienes ganan menos.
Ciertamente, no puedo convenir con nuestra colega en que esta no es una cuestión ideológica.
Por ejemplo, cuando hablamos de cómo derrotar la desigualdad, evidentemente que la educación es un factor fundamental: se trata de ver de qué manera garantizamos enseñanza de buena calidad para todos.
Tan ideológica es esta materia, que una reforma constitucional enviada por la Presidenta Bachelet -me parece que se halla en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados- todavía se encuentra durmiendo en el Parlamento justamente porque la Derecha no ha querido aprobarla. Esa modificación establece una cosa superobvia: que cualquier papá pueda presentar un recurso de protección porque su hijo o hija no está recibiendo educación de calidad adecuada.
Hoy día se puede invocar el artículo 19 de la Constitución respecto a la libertad de enseñanza, pero no así en cuanto al derecho de cualquier niño o niña a recibir educación de calidad apropiada.
Como dije, esa reforma fue enviada por la Presidenta Bachelet , y precisamente por razones ideológicas se halla hoy día en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.
Por razones ideológicas no hemos logrado avanzar en el fortalecimiento de la educación pública.
Y tan ideológica es la cuestión que ahora nos ocupa, que la Senadora Matthei, con razón -porque respeto su opinión-, expresa: "Da lo mismo si la educación es pública o privada. Lo importante no es quien provea la educación, sino el producto de ella".
La señora MATTHEI .- Deng Xiaoping.
El señor ROSSI.- Pero el tipo de ciudadano que queremos formar tiene que ver justamente con la sociedad chilena. Y la educación pública se caracteriza por eso: porque es un proyecto nacional.
En último término, de alguna manera el currículum del tipo de ciudadano que está entregando la educación pública lo construye la sociedad. No es el proyecto particular, por ejemplo, de una orden religiosa (por supuesto, le asiste pleno derecho a tenerlo).
Por eso es tan relevante hacer una diferencia entre la educación pública y la privada.
Es el mismo debate que alguna vez hubo, a principios del siglo pasado, con relación a cuál era el rol del Estado en la educación primaria: ¿tenía la obligación de garantizar los cuatro primeros años de enseñanza?
En ese tiempo los conservadores -la Derecha actual- decían que el Estado no tenía tal obligación.
¡Cómo cambió la historia: durante el Gobierno del Presidente Lagos todos concurrimos a aprobar una reforma conforme a la cual a cada persona, por el simple hecho de nacer en Chile, se le dio derecho a doce años de educación!
Entonces, yo sí creo que estos asuntos son ideológicos. La redistribución de la riqueza tiene que ver con la negociación colectiva, con el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores para permitirles mejorar sus condiciones laborales, entre ellas la salarial.
Son tan ideológicas estas materias, señor Presidente , que se vinculan también con el ámbito tributario.
Nosotros destacamos la importancia de haber aprovechado el terremoto como una oportunidad para alzar el impuesto a la renta de primera categoría, aumento que -dicho sea de paso- no se aplicará a las mineras, porque tienen invariabilidad tributaria; por lo tanto, ellas no van a pagar 20 por ciento un año ni 18,5 el otro: seguirán tributando lo de siempre.
En consecuencia -reitero-, estas cuestiones son ideológicas.
Ahora, la iniciativa en debate me genera la misma sensación que tuve cuando analizamos la modificación del impuesto específico a la minería en el proyecto destinado a financiar la reconstrucción.
Porque uno dice "Esto es como pasar gato por liebre": estamos hablando de un paquete de medidas para recaudar recursos que tiene que ver con el terremoto; nos meten primero rebajas tributarias para las grandes empresas, como la del impuesto de timbres y estampillas; luego, el royalty, materia supercompleja, que debió haberse discutido en un proyecto distinto, con mucho más debate, de cara a la ciudadanía. Y hoy día nos señalan que la plata de las subvenciones educacionales, destinada a disponer de enseñanza de buena calidad para todo el mundo, va a gastarse en la reconstrucción.
Eso es lo que yo entiendo. No estoy en la Comisión de Educación. Pero el Senador Quintana me señala acá que los recursos tendientes a mejorar la calidad de la enseñanza otorgada a nuestros hijos en la zona del terremoto se van a utilizar en reconstrucción, en vez de establecerse, a través también de un proyecto de ley, que esa plata no se perderá aun cuando los niños no hayan asistido a clases sino que se va a reinvertir en educación.
Entonces, no entiendo nada. Porque para eso estábamos discutiendo una iniciativa de ley destinada a financiar la reconstrucción.
Por tanto, señor Presidente, tengo serias dudas en cuanto a aprobar este proyecto.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos a favor, uno en contra y una abstención); no habiéndose formulado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei, García, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Rossi.
Se abstuvo el señor Girardi.
"
- rdf:value = " RÉGIMEN EXCEPCIONAL DE SUBVENCIONES PARA PLANTELES EDUCACIONALES AFECTADOS POR CATÁSTROFE
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Proyecto de ley, de la Honorable Cámara de Diputados, que fija normas de excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales, con informes de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6968-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 32ª, en 6 de julio de 2010.
Informes de Comisión:
Educación, sesión 33ª, en 7 de julio de 2010.
Hacienda, sesión 33ª, en 7 de julio de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- El objetivo principal de la iniciativa es establecer un régimen de excepción en materia de reliquidación de la subvención y de su mecanismo de cálculo para los establecimientos educacionales ubicados en las Regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O´higgins, del Maule, del Biobío, de La Araucanía y Metropolitana, que hayan sido afectados por la catástrofe del 27 de febrero último.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología aprobó en general el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Cantero, Chadwick, Quintana e Ignacio Walker).
En cuanto a la discusión en particular, el órgano técnico efectuó una modificación al texto despachado por la Cámara de Diputados, que consiste en sustituir el artículo 3°. Este se refiere a la aplicación de la subvención escolar preferencial durante los años 2010 y 2011; a la reparación y construcción de infraestructura, y a la reposición de equipamiento y mobiliario, estableciendo determinadas condiciones para ello.
Esta modificación fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de dicho órgano técnico (Honorables señores Cantero, Chadwick, Quintana e Ignacio Walker).
Por su parte, la Comisión de Hacienda aprobó los artículos 1º y 2º del proyecto en forma unánime, en los mismos términos en que lo hizo la de Educación.
Asimismo, acogió el artículo 3º de la iniciativa en los mismos términos en que lo despachó la primera Comisión informante, con los votos favorables de los Senadores señora Matthei y señores Escalona, Frei y Lagos y el voto en contra del Honorable señor García.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente , deseo explicar brevemente el sentido de la aprobación unánime de esta iniciativa en la Comisión de Educación, por cuanto uno de sus artículos fue materia de controversia, y, a nuestro entender, ella se resolvió de manera adecuada.
Todos somos conscientes de que la tarea principal del país consiste en hacer frente a las labores de reconstrucción derivadas del terremoto ocurrido en febrero último.
En tal sentido, el Parlamento ha aprobado casi todos los recursos que el Gobierno nos ha solicitado, con la sola excepción -como sabemos- del impuesto específico a la gran minería del cobre.
El proyecto en debate, señor Presidente , presenta una particularidad, en cuanto a que, además de lo establecido en las normas acordadas por unanimidad tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, existe la intención de dedicar parte de los recursos que se destinan a la subvención escolar preferencial por mandato de una ley promulgada bajo el Gobierno de la Presidenta Bachelet , en 2008, a la reparación de algunos daños causados por el terremoto.
Debo confesar que muchos de nosotros éramos partidarios de votar en contra del artículo 3º, por las razones que expondré después. Pero, finalmente, luego de presentar junto con el Senador señor Quintana una indicación para sustituir determinadas disposiciones del proyecto, más algunas modificaciones debatidas tanto en la Comisión de Educación como en la de Hacienda, dimos nuestro voto favorable a ese precepto todos los miembros de ambos órganos técnicos, con la excepción del Honorable señor García en la de Hacienda .
En primer lugar, señor Presidente , debo decir que en las Comisiones de la Cámara Baja y de esta Corporación se aprobó unánimemente la idea de legislar.
En segundo término, también se registró unanimidad en torno al artículo 1º de la iniciativa, que es muy sencillo, pero necesario, ya que contempla la posibilidad de una reliquidación de las subvenciones por los menores ingresos que obtuvieron los sostenedores de muchos establecimientos educacionales, ya sean públicos municipales o particulares subvencionados, con motivo de las inasistencias provocadas por el terremoto, especialmente en el mes de marzo y en abril del año en curso.
Para ello se tomará la mayor asistencia media registrada en abril o mayo -sin considerar marzo-, y también la de los meses de junio o julio, para reliquidar las subvenciones una vez que se apruebe el proyecto.
En el fondo, señor Presidente , los municipios sufrieron una merma por la reciente reliquidación que se les aplicó, producto de las inasistencias registradas en los establecimientos educacionales durante el mes de marzo, y la citada disposición les permitiría reliquidar la subvención. Como dije, esta norma se aprobó en forma unánime: no hubo votos contrarios o abstenciones ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado.
En tercer lugar, también hubo unanimidad en ambas ramas legislativas respecto del artículo 2º -por eso voy tan rápido en estas materias-, referido a la jornada escolar completa. Obviamente, aquí se establece una norma de excepción que les permite a los establecimientos educacionales seguir percibiendo los recursos derivados de aquella, pese a que muchos, por razones obvias, no pudieron cumplir dicha jornada durante los meses de marzo, abril y mayo, e incluso junio.
En resumen, tanto la idea de legislar como los artículos 1º y 2º se acordaron unánimemente.
La discusión surgió -como es lógico- en cuanto al artículo 3º, mediante el cual se autoriza destinar una parte de los recursos contemplados en la Ley de Subvención Escolar Preferencial para hacer frente a los daños en las Regiones afectadas por la catástrofe (desde la de Valparaíso hasta la de La Araucanía) durante los años 2010 y 2011.
Nuestra postura contraria -hablo desde el punto de vista personal, pero también creo interpretar al Honorable señor Quintana y a muchos parlamentarios de la Concertación- obedecía a que, en el fondo, el precepto establece un ámbito demasiado amplio, casi un cheque en blanco. Ello resultaba particularmente crítico con relación al traspaso de recursos desde el sector público a los establecimientos particulares subvencionados, en la medida en que se contemplaban tres objetivos:
Primero, reparación y construcción de infraestructura, que obviamente corresponde al deterioro mayor causado por el terremoto; segundo, adquisición de equipamiento y mobiliario, y, tercero, el texto enviado por el Gobierno incorporaba la frase final "u otras finalidades que garanticen la normalización del servicio educativo.".
En tal sentido, junto con el Senador señor Quintana formulamos una indicación para sustituir, en el artículo 3º, la frase "y a la adquisición de equipamiento y mobiliario" por "y a la reposición de equipamiento y mobiliario", con el propósito de que los dineros se dediquen solamente a reparar y reponer el material que haya sido dañado directamente por el terremoto.
Segundo, propusimos eliminar la expresión final "u otras finalidades que garanticen la normalización del servicio educativo", porque -insisto- su alcance era demasiado amplio y se convertía casi en un cheque en blanco muy difícil de controlar.
Y, en tercer lugar, mediando el acuerdo de los miembros de la Comisión de Educación, con el Senador señor Quintana incorporamos una serie de normas para definir un procedimiento y fiscalizar el uso de los recursos tanto por los colegios municipalizados como por los particulares subvencionados. Esto comprende lo siguiente.
Establecer la obligación de fijar un proyecto que explicite los valores comprometidos; presentar informes acerca del uso de los recursos; facultar al Ministerio de Educación para fiscalizar su utilización; y calificar como infracción grave, para los efectos de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, el uso inadecuado de tales dineros.
Nada de eso existía en la iniciativa original presentada por el Gobierno. Y el texto final resultó aprobado -insisto- casi por la unanimidad de los miembros de ambas Comisiones.
Por lo tanto, creemos que se cumple el objetivo de apoyar la reparación de los daños en las Regiones afectadas por el terremoto, solamente por los años 2010 y 2011, en un sentido restrictivo y acotado, con normas adecuadas sobre uso y fiscalización de los recursos.
Debo recordar, señor Presidente , que hoy día tanto las escuelas particulares subvencionadas como las públicas municipales son acreedoras a la subvención escolar preferencial creada en la ley promulgada durante 2008. Esa materia fue discutida en el Parlamento en su oportunidad, y así se ha venido aplicando.
Es más, los establecimientos particulares subvencionados atienden en la actualidad a 38 por ciento de los alumnos en condiciones vulnerables. Por lo tanto, también atienden a niños en esa situación. Y, en ese sentido, nos pareció completamente sensato, con los resguardos y las normas de control y fiscalización que mencioné, proceder en forma acotada y restrictiva a aprobar la utilización de tales recursos.
Finalmente, deseo recordar un comentario formulado por el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde de La Granja, don Claudio Arriagada.
Él concurrió a la Comisión de Educación en nombre de los jefes edilicios del país para hacer presente la situación aflictiva que enfrentan muchas comunas y exponer que no se puede hablar de calidad de la educación si la infraestructura se halla en el suelo y se perdieron el mobiliario y el equipamiento. Por lo tanto, no sería viable mejorar esa calidad en los sectores más vulnerables, de no mediar la reconstrucción de esa infraestructura y la reposición -no adquisición- del equipamiento y mobiliario.
Además, el alcalde Claudio Arriagada -con mucha razón a nuestro juicio- planteó dos necesidades.
Por un lado, hay que evaluar la implementación de la Ley de Subvención Escolar Preferencial.
Debo decir que se están dedicando 180 mil millones de pesos anuales -360 millones de dólares- como un esfuerzo para tratar de revertir el deterioro educacional en los grupos y sectores más vulnerables, ya sea que se encuentren atendidos por escuelas públicas municipales o particulares subvencionadas.
Pero -repito- ello hay que evaluarlo, por cuanto se han presentado serios problemas de implementación.
Por ejemplo, solo se está usando 60 por ciento de los dineros destinados a ese efecto. Existe una subutilización de los recursos consignados en la Ley de Presupuestos.
Por otra parte, se plantea la necesidad de introducir algunas modificaciones a la mencionada Ley de Subvención Escolar Preferencial, pues en la actualidad va dirigida, en primer lugar, solo a asistencia técnica educativa (ATE), que se presta en 150 lugares del país. En verdad, al respecto hay una verdadera industria, lo cual provoca también algún tipo de distorsión.
La subvención se emplea para apoyar a alumnos con necesidades especiales, de los cuales el 75 por ciento es atendido en escuelas particulares subvencionadas. Igualmente se ocupa para el perfeccionamiento docente y la capacitación. Y, por último, se utiliza en instrumentos de apoyo a la actividad educativa, como bibliotecas, computadores, Internet, etcétera.
Por lo tanto, el destino de los recursos de la mencionada ley es limitado.
En una conversación tenida la semana pasada con representantes de cuatro establecimientos públicos municipales de Quilpué me consultaron si existía la posibilidad de contratar psicopedagogos y neurólogos para apoyar precisamente a los sectores más vulnerables.
En tal sentido, creemos que se encuentra pendiente por parte del Parlamento y del Gobierno -así se le ha planteado a este último- el revisar e implementar la Ley de Subvención Escolar Preferencial, para hacer más eficaz su aplicación.
Por las razones expuestas, la unanimidad de la Comisión de Educación y casi la totalidad de la de Hacienda -solo hubo oposición del Senador señor García -, acordaron solicitar a la Sala que acoja la indicación sustitutiva que presentamos con el Honorable señor Quintana -fue aprobada con enmiendas-, a fin de acotar y dar un sentido más restrictivo, durante los años 2010 y 2011, a la utilización de los recursos que requieren los establecimientos educacionales de las Regiones afectadas por el terremoto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , el sábado recién pasado, la Asociación de Municipalidades de La Araucanía invitó a los Senadores de la Región a una reunión con el preciso propósito de analizar el proyecto en debate. A dicho encuentro asistieron el Senador señor Tuma , un representante del Honorable señor Espina y quien habla.
En la oportunidad, los alcaldes agrupados en ese organismo nos expusieron, entre otras cosas, la necesidad de permitir a los municipios costear en forma permanente el traslado de alumnos a las unidades educativas con recursos de la SEP (subvención escolar preferencial), debido a que las Regiones del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos son las que poseen mayor número de escuelas rurales y, por lo mismo, presentan un patrón de distribución humano rural disperso.
Si hoy la subvención se paga por asistencia media, resulta legítimo que los municipios quieran velar por una efectiva mayor asistencia a clases y consolidarla a través de un transporte rural costeado por la SEP. Sin embargo, los supervisores de la Secretaría Regional Ministerial de Educación advierten del rechazo a imputar el transporte rural permanente a la subvención escolar preferencial, aunque haya sido considerado en los respectivos planes de mejoramiento.
Además, los alcaldes nos explicaron que, a juicio de ellos, existe contradicción en el sistema que permite imputar como gasto a la subvención escolar preferencial, según el oficio Nº 480, de 5 de marzo del presente año, de la Subsecretaría de Educación, lo que ilustra sobre la flexibilización del uso de los recursos de la SEP, hoy empozados en arcas municipales.
Por lo tanto, mi voto en contra en la Comisión de Hacienda, más que al artículo 3º fue a la frase que se eliminó del precepto. El artículo disponía que, previa autorización del Subsecretario de Educación -o sea, no arbitrariamente, sino con la autorización expresa de tal personero- e informe favorable del respectivo Secretario Regional Ministerial de Educación , los recursos de la subvención escolar preferencial se podrían ocupar en la reconstrucción y reparación de establecimientos educacionales y en la reposición de mobiliario. Y agregaba textualmente: "otras finalidades que garanticen la normalización del servicio educativo".
Y dentro de esas otras finalidades los alcaldes estimaban que podían financiar el traslado escolar. Porque parte fundamental del mejoramiento de la calidad de la educación radica en la asistencia a clases de los niños.
No nos olvidemos de que, a fin de normalizar las clases antes del 30 de abril -el 26 de ese mes, si mal no recuerdo- en muchas Regiones afectadas por el terremoto y el maremoto, se debieron utilizar los establecimientos que habían quedado en pie como locales de concentración de las escuelas que se cayeron.
Por lo tanto, los alcaldes han tenido que invertir mucho dinero en gastos de locomoción para trasladar los alumnos de una parte a otra.
Señor Presidente , entiendo que no nos queda más que aprobar el proyecto en los términos en que se encuentra, porque reconozco que resulta muy importante para los municipios: permite reliquidar la subvención educacional en los meses de mayores dificultades; disponer de los recursos de la SEP por lo menos para la reconstrucción, reposición y reparación de establecimientos educacionales, y tener de nuevo el mobiliario con el que contaban antes del terremoto. Además, no hay manera de hacer prevalecer en el Senado la norma original enviada por el Ejecutivo .
Sin embargo, tengo la obligación de hacer presente en la Sala -fue el compromiso que asumí con la Asociación de Municipalidades de la Región de La Araucanía- la necesidad de que en los próximos días se inicie un proceso de revisión de las restricciones que recaen sobre el uso de la subvención escolar preferencial, lo que pido encarecidamente al señor Ministro de Educación que se cumpla.
Los alcaldes hoy tienen enormes dificultades financieras. Y creo que todo lo que hagamos para ayudarlos a utilizar bien los recursos que se les entregan será bien recibido, permitiendo el mejoramiento de la calidad de la educación, que es finalmente el objetivo por el cual se creó la subvención escolar preferencial.
Señor Presidente, me parece que los jefes comunales tienen razón en sus planteamientos, en especial respecto de las zonas más rurales.
Los municipios deben competir con el sistema privado, que posee toda la libertad del mundo. Tienen encima a sus propias unidades de control, a la Contraloría General de la República, etcétera. Además, han de someterse, obviamente, a la supervigilancia que afecta a todo organismo público. Y eso los hace menos competitivos en el ámbito de la enseñanza. Ello también deriva en que el déficit del sistema de educación municipal es más fuerte y extenso, comprometiendo cada vez mayores traspasos de recursos municipales al área de la educación.
Anuncio que, junto con retirar mi voto contrario en la Comisión, me pronunciaré a favor, por no quedarme otra alternativa.
Reitero mi solicitud al Ministro de Educación en orden a la pronta revisión de las normas restrictivas aplicadas al reparto de la subvención escolar preferencial, entre otros motivos -según sostienen los propios alcaldes, y con razón- por haber una enorme cantidad de recursos de la subvención escolar preferencial empozados y que no pueden emplear. Entonces, parece absurdo que haya problemas de financiamiento en la educación municipal, pese a la existencia de dineros disponibles que no es posible utilizar debido a las restricciones legales o reglamentarias establecidas al respecto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chadwick.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, a mi juicio, el proyecto planteado por el Gobierno es extraordinariamente oportuno e indispensable. Esto lo sabemos bien los Senadores que representamos las zonas de catástrofes.
Cuando nos reunimos con alcaldes de todos los sectores políticos, nos plantearon la urgente necesidad de contar con mayor flexibilidad en el uso de los recursos que llegan por la vía de la Subvención Educacional Preferencial. También han solicitado algunas modificaciones a la forma en que los fondos se entregan a la educación subvencionada básica.
En consecuencia, se requiere generar nuevos y mayores recursos por medio de la subvención básica, estableciendo una fórmula de cálculo que aproveche el mejor promedio de asistencia producido en los últimos meses, lo que correspondería, fundamentalmente, a la opción que se da en los meses de abril y mayo.
Cabe aclarar que si a algún municipio ya se le hizo la liquidación en virtud de los promedios de asistencia en marzo o abril, y ella no les resultó satisfactoria, el Ministerio va a reponer el saldo sobre la base del cálculo del mes que les sea más beneficioso. Esto permitirá a las municipalidades aumentar sus recursos a través de la subvención.
Por otra parte, se plantea la posibilidad de mantener el subsidio a la jornada escolar completa en los colegios que estaban dentro del régimen y que, por una evidente situación de fuerza mayor -como el hecho de que el recinto lo ocupan también otros establecimientos-, no pueden percibir en forma integral.
A mi juicio, la Secretaría de Estado correspondiente ha atendido muy bien la situación, manteniendo la subvención de la jornada escolar completa por el tiempo que sea necesario, mientras se normalizan las actividades en cada uno de los establecimientos educacionales.
Finalmente, el artículo 3° flexibiliza el destino de los recursos de la Subvención Educacional Preferencial. Ello, por una razón obvia. Todos deseamos que el aporte estatal -así lo sostuvimos al aprobar el proyecto de ley respectivo- se utilice en mejorar la calidad de la educación. Pero, frente a causas obvias y evidentes -la escuela está en el suelo; las salas de clases carecen de mobiliario o estos se perdieron; no existen computadores ni laboratorios; no hay electricidad-, ¿de qué sirve la subvención?
Por eso, los alcaldes solicitaron flexibilizar el uso de esos recursos, aunque sea solo durante la emergencia, sin perjuicio de considerar lo planteado por el Senador señor García -lo cual comparto-, en el sentido de poder destinarlos a la reparación de las escuelas y, a partir de ahí, obviamente, mejorar la calidad de la educación.
¿Por qué utilizar esos fondos y no inyectar dineros frescos, como se indicó en la Comisión? Porque los provenientes de las subvenciones se van a complementar con los nuevos fondos, fundamentalmente, debido a que ahora están disponibles. De modo que se da un tema de oportunidad que los hace especialmente necesarios y atractivos, sin perjuicio de la complementariedad que se efectúe con los recursos que se obtengan una vez que el Congreso Nacional despache el proyecto de ley sobre financiamiento de la reconstrucción, que esperamos sea aprobado.
Para no tener problemas formales en el despacho de la iniciativa, debo aclarar que no se presentó una indicación sustitutiva, pues habría sido declarada inadmisible. Pero hubo acuerdo de la Comisión con el Ejecutivo , en cuanto a modificar ciertos aspectos del proyecto, para lo cual se necesitaba la concurrencia del Gobierno. En ese sentido, se cambia la expresión "adquisición de mobiliario" por "reposición de mobiliario", debido a que lo que se va a reponer tiene que adquirirse. Por lo tanto, se trata de una modificación sustancial.
Luego, se incorporaron, sin mayor problema, tres puntos sobre la fiscalización, los cuales ya están incluidos en la Ley de Subvención Educacional Preferencial. De manera que no hubo inconveniente en reiterarlos en el artículo 3°. Como se trata de medidas de fiscalización vigentes, lo que abunda no daña.
El espíritu de todos es que los recursos por entregar sean debidamente fiscalizados. Por eso se llegó a un acuerdo.
Me habría gustado que hubiese quedado la frase final del artículo 3°, para dar aún más flexibilidad al destino de las subvenciones. Pero, en busca de un buen consenso, obviamente, uno también tiene que ceder en algunos puntos, según el Senador señor Lagos nos ha enseñado en la Sala.
Por eso, señor Presidente , votaremos favorablemente el proyecto, con la salvedad formal mencionada.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , el informe del Presidente de la Comisión , Senador señor Ignacio Walker es bastante claro y sitúa bien el tenor de la discusión.
A diferencia de lo expresado recién por el Honorable señor Chadwick , no creo que el proyecto sea indispensable, aun cuando no tenemos muchas alternativas. Tal vez no hay otra manera de enfrentar una iniciativa que, si bien apunta a modificar algunas leyes que básicamente dan sustento al financiamiento de los establecimientos educacionales por la vía de entregar recursos a las municipalidades, no entra a los temas de fondo.
La otra diferencia que tengo respecto del planteamiento de mi Honorable colega es que esto no apunta solo a los establecimientos municipalizados, sino también, por un efecto de homologación, a los particulares subvencionados. Es decir, las mismas facilidades que se les dé aquí a los colegios municipalizados -como muy bien señaló el Senador señor Ignacio Walker -, podrían impetrar los particulares subvencionados. Pero este es un asunto impresentable, dado que es reciente el debate sobre el giro único de la educación en Chile.
Por esa razón, un grupo de Senadores de la Concertación hemos manifestado más de alguna aprensión, que, finalmente, hemos oficializado a través de una indicación que presentamos en la Comisión junto con el Honorable señor Ignacio Walker .
Por otra parte, valoro el planteamiento del Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades , alcalde señor Arriagada , que ayudó a descomprimir la discusión en esta materia.
Sin embargo, también, con la misma claridad, deseo destacar la inusitada defensa que los alcaldes de distintos puntos del país hacen del proyecto. Eso me llama un poco la atención, sobre todo porque antes algunos ediles aprovecharon proyectos como este para criticar la labor del Parlamento, diciendo que los aprobábamos a la rápida y sin financiamiento y que había acuerdo entre dos o tres actores de la educación. Hoy día, por el contrario, los alcaldes nos pidieron dar un respaldo especial a la iniciativa en discusión.
Quiero repetir, además, lo que sostuve hoy en la mañana en la Comisión, en el sentido de que el proyecto va a beneficiar a alcaldes que nunca han creído en el sistema pero también a la inmensa mayoría que ha apostado por la calidad de la educación -según sus testimonios-, sin importar el sector político a que pertenezcan.
En algunas municipalidades -no culparemos por ello al paro de profesores del año pasado, sino a muchas otras razones exógenas-, los recursos están empozados y no han sido utilizados en el mejoramiento de la calidad de la educación, que es precisamente la finalidad de esta iniciativa de ley.
Para resolver esa situación, se establecen varios procesos, pues no es muy sencillo. Se deben celebrar convenios. A los establecimientos educacionales se les ponen ciertas condiciones: no pueden seleccionar alumnos ni haber financiamiento compartido cuando se trata de la educación particular subvencionada. Algunos municipios no están dispuestos a cumplir esos requisitos.
Me parece que todos tenemos que hacer un mea culpa respecto de la educación. Pero ahora estamos apuntando a una cuestión neurálgica del sistema. Se trata, nuevamente, del desfinanciamiento que afecta a las municipalidades.
Como señaló el Senador señor Ignacio Walker , los dos primeros artículos del proyecto tienden a solucionar problemas que son consecuencia directa del terremoto. Por eso, ¿quién podría oponerse a una iniciativa de esta naturaleza?
Al mismo tiempo, valoro la flexibilidad mostrada por el señor Ministro y por el señor Subsecretario , porque aquí, efectivamente se ha estado buscando una solución a una situación que no da para más.
El problema es que los recursos que hoy día reciben los establecimientos educacionales por concepto de subvención no les permiten aplicar la reliquidación pertinente ni cumplir sus obligaciones con proveedores y acreedores. Y el déficit va aumentando.
Ante ello, el artículo 1° propone modificar la regla de cálculo, al establecer que se promedie con la mayor asistencia de abril o mayo. En realidad, para tal efecto solo se considerará mayo porque el sistema escolar -se lo digo al señor Ministro , por su intermedio, señor Presidente - se normalizó el 26 de abril, lo cual permitió que un millón 250 mil niños ingresaran a clases.
Por lo tanto, se tomará en cuenta la mayor asistencia registrada en mayo. Después esta se promediará con la de junio y julio. Ello determinará el cuociente que se aplicará a la subvención de que se trata.
Insisto: no creo que haya gran controversia con relación a dicho artículo.
Entendemos la necesidad de que lleguen los recursos de la subvención a los establecimientos educacionales, en particular a los adscritos al sistema de jornada escolar completa diurna.
En el tenor del proyecto se orienta el beneficio a las seis Regiones afectadas por la catástrofe del 27 de febrero: las de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador General Bernardo O¿Higgins, del Maule, del Biobío y de La Araucanía.
Muchas escuelas y colegios que estaban bajo dicha modalidad debieron adecuar sus instalaciones, lo que ha impedido que los niños cumplan el tiempo mínimo exigido de permanencia en las aulas. Por eso surgió la necesidad de modificar los requisitos -por decirlo de algún modo- para que tales recintos estudiantiles puedan finalmente impetrar la subvención.
En ese aspecto tampoco hay un mayor cuestionamiento.
Pero en lo referente al artículo 3°, señor Presidente , sí se produce una diferencia bastante de fondo, porque la subvención escolar preferencial claramente tuvo una finalidad distinta de la que hoy día se plantea. Y así como se ha hablado mucho aquí de la excepcionalidad de esta medida, uno quisiera que la merma de recursos también fuera excepcional.
Recién le proponía al Ministro Joaquín Lavín la posibilidad de que esos dineros finalmente sean restituidos para el fin de mejorar la calidad de la educación. Porque aquí se producirá una pérdida de calidad. Y eso me preocupa, pues se traducirá en un desincentivo para los establecimientos municipales y particulares subvencionados interesados verdaderamente en seguir suscribiendo convenios para el mejoramiento educativo.
Además, tales recursos desaparecerán. Se trata de 180 mil millones de pesos. No digo que la totalidad de ellos se utilizará en el mecanismo que brinda esta futura ley, pero sí, parte importante. Y veo que esa merma no vuelve por otro lado.
El Ministro nos ha señalado que en septiembre se presentaría un proyecto para aumentar en 20 por ciento la subvención. Pero yo pregunto: si esta iniciativa eleva la subvención a los sectores medios -¡bienvenida sea tal propuesta!-, ¿ello no implicará desatender a los más vulnerables? Planteo esta interrogante al señor Ministro , por su intermedio, señor Presidente .
Otro asunto mencionado acá es el relativo al transporte de los alumnos, lo que afecta a muchas Regiones rurales, como la de La Araucanía, que represento.
Hay que ser superserios en esto: no podemos desnaturalizar una normativa que claramente persigue otro objetivo.
Estamos hablando de mejorar la calidad de la educación. El Ministerio del ramo cuenta con instrumentos para ello; por ejemplo, el programa de mejoramiento de la gestión. Existen otros fondos en la Cartera de Transportes que permiten facilitar el traslado de los estudiantes, y el Ministro Lavín ha asegurado que a esos mecanismos se les inyectarán más recursos.
En definitiva, señor Presidente, la indicación que presentamos con el Senador Ignacio Walker viabiliza el proyecto en estudio.
En ese sentido, difiero de lo señalado por el colega Chadwick . Acá no se trata de redundar en algo ya dicho en la ley. ¡No! Estamos poniendo controles muy claros -se precisan en la parte pertinente del informe- al reemplazar la frase "adquisición de equipamiento y mobiliario" por "reposición de equipamiento y mobiliario". Hay una diferencia tremenda entre adquirir y reponer.
Por supuesto, todo se adquiere, pero la reposición implica reemplazar las cosas que fueron destruidas por el terremoto. No quisiera ver establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados comprando elementos que no existían antes de la catástrofe, porque entonces se estaría desnaturalizando aún más la ley.
Por eso estimo importante insistir en la frase relativa a la reposición.
Valoro la buena disposición del Ejecutivo en la materia y, naturalmente, en eliminar aspectos que apuntaban a otras finalidades. Ello podría habernos conducido a cualquier parte.
En uno de los puntos de la indicación se alude al informe que deberá rendir cada sostenedor sobre el uso de los recursos. Eso tampoco estaba en el proyecto original.
En definitiva, se establecen mayores controles para una situación tremendamente excepcional, los cuales significarán un alivio para muchos municipios y numerosos recintos educacionales particulares subvencionados.
Espero que no sigamos traspasando recursos fiscales a estos últimos. Debido a las consecuencias del terremoto, se han hecho algunas excepciones en este ámbito.
También valoro que se cree un nuevo fondo en materia de infraestructura de 80 millones de pesos, adicionales al primer llamado que se hizo, de 30 de millones pesos.
Por último, señor Presidente , cabe señalar que la presente discusión guarda mucha relación con el debate sobre el financiamiento para la reconstrucción. Si se está recurriendo a fondos de la subvención para la calidad de la educación, es porque la iniciativa sobre reconstrucción no logrará recaudar los recursos que el país necesita para tal efecto...
La señora MATTHEI .- ¡Y lo relativo al royalty!
El señor CHADWICK .- ¡Sí, qué pasa con el royaltyi!
El señor QUINTANA.- ¡Ustedes saben, estimados colegas, que el royalty es equivalente al feriado de dos días nada más...! Es bastante poco en comparación a una invariabilidad tributaria hasta 2025.
He dicho.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Me han solicitado abrir la votación.
El señor ROSSI.- Me opongo.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- No hay acuerdo.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LAVÍN ( Ministro de Educación ).- Señor Presidente , seré muy breve.
Primero, agradezco la buena disposición que he visto en el Senado, en especial, en las Comisiones de Hacienda y Educación hoy en la mañana.
En verdad, este es un proyecto muy relevante y urgente para las zonas afectadas por el terremoto y posterior tsunami, en particular por lo que significa el pago de subvenciones.
Solo haré dos comentarios.
En materia de transporte de alumnos en zonas rurales, efectivamente existen instrumentos para su financiamiento.
Hay un fondo de apoyo al transporte escolar. Acaba de terminar el concurso, al que se presentaron 124 postulantes de la Región de La Araucanía. Si es necesario ampliar plazos y buscar fórmulas para acceder al beneficio -respondo a la inquietud del Senador señor García , por su intermedio, señor Presidente -, lo haremos.
También está el Fondo de Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación. Y el Ministerio de Transportes dispone de otros recursos para el transporte estudiantil rural.
Por otra parte, recojo lo manifestado por el Senador señor García en el sentido de que la Ley de la SEP, si bien ha tenido efectos muy positivos, es rígida. Y algunos aspectos se pueden flexibilizar. En las próximas semanas el Gobierno enviará un proyecto para aumentar la subvención escolar preferencial, y esperamos incluir en él enmiendas a dicha normativa para hacer más práctica su aplicación.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- A usted, señor Ministro .
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presidente , me parece muy importante el proyecto que nos ocupa por la urgencia que reviste, dado que es una respuesta más al inmenso esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Educación por darle normalidad al sistema educacional chileno.
Por momentos, me sorprendo de lo que escucho. Pareciera que la gente olvida -quizá sea necesario recordarlo- que hubo un terremoto que paralizó un tercio del sistema educativo de nuestro país y que su puesta en marcha ha significado un tremendo trabajo: se han destinado 15 mil millones de pesos para la reparación de escuelas con daño moderado y mil millones de dólares para levantar establecimientos destruidos; se ha hecho un enorme esfuerzo de movilización para poner en funcionamiento los colegios en determinadas fechas y evitar que los alumnos pierdan horas de clases, jornadas escolares e, incluso, el año en algunos casos.
Me referiré muy someramente a los artículos 1º y 2º de la iniciativa, que -como se ha señalado- son enmiendas que permiten que en las zonas afectadas por el terremoto se puedan efectuar adecuaciones para el normal funcionamiento de las escuelas y los colegios, atendido el hecho de que, en general, los costos de operación del sistema educativo son fijos. Podrá variar el número de estudiantes, pero el sueldo de los profesores no cambia.
Esa es la explicación para los artículos 1º y 2º en lo fundamental. Y me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo sobre tales materias.
Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que me resulta lastimoso el que se exprese siempre un afán de obstrucción, de figuración en los debates sobre iniciativas de Gobierno.
En realidad, lo que ocurrió en este caso es muy simple.
El artículo 3º aprobado por la Cámara de Diputados señala que los recursos referidos se destinarán durante 2010 y 2011 "a la reparación y construcción de infraestructura y a la adquisición de equipamiento y mobiliario, u otras finalidades que garanticen la normalización del servicio educativo.".
La indicación que sustituía esta norma pretendía acotar el gasto solo al ítem "reparación y construcción de infraestructura", dejando fuera "la adquisición de equipamiento y mobiliario, u otras finalidades que garanticen la normalización del servicio educativo.".
Los parlamentarios de Gobierno manifestamos que ello era absolutamente inaceptable. Y apoyamos la indicación del Ejecutivo porque en realidad las necesidades son muchas y los recursos pocos, a pesar del monto del que he dado cuenta.
Ahora, ¿cuál es el punto? El propio Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades dijo que el 60 por ciento de la subvención adicional especial (SAE) no se ha gastado. Entonces, si existen fondos destinados a la calidad de la educación sin ocupar -porque se cayó la sala de clases y el comedor, porque se rompió el mobiliario y el equipamiento-, es de la esencia de la mínima lógica que tales platas se reorienten a las cuestiones más urgentes.
Por algo el proyecto se acota solo a los años 2010 y 2011.
¿Y cuál es el sentido fundamental de tal adecuación? Lo expresó el Senador señor Chadwick : la oportunidad. No es lo mismo tener ahora el equipamiento, la sala de clases o los servicios higiénicos para los estudiantes que en un año más. ¿Existen recursos en la agenda? Sí. Pero no es igual disponer de ellos hoy que el próximo año.
Ese es el sentido relevante de la norma.
Nadie está diciendo que la subvención escolar preferencial deba dejar de orientarse a la calidad de la educación para destinarse a reparar establecimientos o comprar equipamiento. ¡Nadie ha planteado eso! ¡El Gobierno no pretende hacerlo! Este busca que la plata subutilizada, por no poder gastarse en este momento, se ocupe en el más breve plazo.
La propuesta pretende desburocratizar.
En verdad, había una serie de normas que burocratizaban el sistema en exceso. Pero no estuvimos de acuerdo en ello.
El sentido del artículo 3º apunta a acotar el gasto. Por eso se aprobó la indicación que incluía los dos ítems referidos: reparar y construir la infraestructura, y adquirir o reponer -como quiera entenderse- equipamiento y mobiliario.
En mi opinión, el concepto "reposición" es restrictivo, mezquino. Si un colegio contaba con cierto equipamiento y hoy quisiera comprar uno diferente -por ejemplo, haber tenido un retroproyector y desear adquirir un data show-, en teoría, no podría hacerlo. ¡Eso me parece absurdo! ¡Es francamente ridículo el planteamiento!
Digo lo que pienso, y con franqueza.
Dejo constancia de que, al hablar de "reposición", no tengo por qué comprar la misma olla ni el mismo equipo de hace cinco años. La lógica de tal término, en mi opinión, es que se puede adquirir lo que resulte necesario y funcional al momento actual.
Respecto de los procedimientos, le doy crédito al planteamiento de los parlamentarios de la Concertación. Siempre es bueno contar con los controles que se requiera y, así, evitar cualquier tentación, particularmente cuando se ha remarcado hasta el cansancio que la iniciativa guarda relación con la educación municipal, pero también con la particular subvencionada.
Por último, no es bueno llegar a acuerdos creando tensiones que resultan a veces un poco traumáticas. ¡Para qué se dice que con estas normas resulta absolutamente imposible echar a andar el sistema!
La verdad es que el proyecto original prácticamente no ha cambiado en nada. En términos generales, el texto que nos ocupa ha quedado casi igual al que el Gobierno envió a tramitación en su momento, salvo algunos perfeccionamientos, que se valoran por ser muy positivos.
Por sobre todo, espero que se persevere, más que en el afán de quitar mérito a la iniciativa, en enfatizar los entendimientos y acuerdos alcanzados para poner en funcionamiento el sistema educacional chileno con la mayor eficiencia. Porque hace mucha falta procurarles a los estudiantes todas las condiciones que les permitan avanzar.
Finalmente, es propicia la ocasión para felicitar al Ministerio de Educación, que ha realizado la tarea titánica de poner en marcha un sistema que estaba destruido -repito: era un tercio del país-, y que ahora también avanza en la reposición o reconstrucción de los municipios.
Ojalá que en esta área no se cuestionen los conceptos de adquisición o reposición, porque ello entorpecería mucho más las cosas.
Voy a votar a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).- Solicito nuevamente la unanimidad de la Sala para cerrar el debate y abrir la votación.
El señor BIANCHI .- De acuerdo.
El señor LARRAÍN .- Sí.
--Así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación general.
--(Durante la votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , en primer término, deseo felicitar al Ministro de Educación porque ha hecho una labor extraordinaria durante estos meses. Considero muy útil y bueno que los Senadores reconozcamos el valor de un Secretario de Estado que ha debido enfrentar, desde que asumió, una situación sumamente dura y difícil, a raíz de la catástrofe que nos afectó a comienzos de año.
Creo que el cambio propuesto por la Comisión de Educación en el fondo se orienta básicamente a la idea de desconfiar de los alcaldes y de los sostenedores de la educación. No veo otra argumentación.
Lo expresado por los Senadores de la Alianza José García y Andrés Chadwick y lo manifestado por Honorable señor Cantero me parece absolutamente...
El señor LARRAÍN .- ¡Senadores de la Coalición!
El señor ESPINA.- De la Coalición, me corrigen.
Sinceramente, estimo que esa modificación constituye un retroceso respecto de la norma aprobada por la Cámara de Diputados. Porque los resguardos contra el mal uso de los recursos estaban por completo asegurados en la frase inicial del artículo 3º original: "El Ministerio de Educación podrá exceptuar, a través de resolución exenta del Subsecretario de Educación, previo informe favorable del Secretario Regional Ministerial de Educación ...".
Además, si hay algo que los alcaldes reclaman hoy día con razón, es por ciertas rigideces que se producen a la hora de utilizar tales fondos.
El mal uso o uso indebido se controla de dos formas: primero, se requiere autorización expresa del seremi y, segundo, se precisa rendir cuenta posterior del empleo de los dineros.
Por ello, establecer condiciones y exigencias rígidas a las comunas -en particular, a las más pequeñas, como manifestó el Honorable señor García - me parece un profundo error.
Sobre esta materia hemos ido en la dirección exactamente opuesta a la que pidieron los alcaldes, por lo menos los de la Región de La Araucanía en la reunión a que hizo mención dicho señor Senador.
Por supuesto, uno vota a favor del proyecto porque hay que despacharlo pronto.
Pero hago presente que la enmienda aprobada en la Comisión constituye un retroceso respecto de lo que establecía la norma original.
Confío en que la iniciativa ayudará en algo a solucionar las enormes dificultades que enfrentan hoy los alcaldes, especialmente, a causa del terremoto. Con esta propuesta se les dará la posibilidad de utilizar la subvención escolar preferencial para resolver tales inconvenientes.
Señor Presidente , cada vez que restringimos, dentro del marco de la ley, la libertad para actuar de los alcaldes o de los sostenedores de la educación particular subvencionada estamos cometiendo un grave error. Una cosa es fijar mecanismos de control, de fiscalización, rigurosos y rígidos, pero otra muy distinta es amarrarlos de las manos. Porque con lo planteado al final se les pone una barrera de dificultades que no se justifica.
Voto a favor, con esa prevención, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , en el momento en que el Senador señor García formuló la idea de hacer explícita la posibilidad de utilizar estos recursos para el transporte escolar, consulté en la Comisión de Hacienda si era factible dejar consignado ese punto de vista en la redacción, agregando en el número 2) del artículo 3º, después de la palabra "mobiliario", la frase "al transporte escolar y otras finalidades", etcétera.
El Ejecutivo , a través del señor Subsecretario de Educación , no suscribió esa viabilidad. Pero yo quisiera plantear al Ministro del ramo, don Joaquín Lavín, que lo relativo al transporte escolar no se halla suficientemente resuelto en muchas regiones, en particular en cuanto a la educación municipal.
De hecho, en el caso de Puerto Montt, su alcalde está siendo procesado por llevar adelante una iniciativa cuyo propósito es dotar a la comuna de transporte escolar. Con tal fin, ha internado 35 vehículos, pero los últimos 12 han sido objetados. Y el juez de garantía ha solicitado su procesamiento bajo la acusación de contrabando, hecho enteramente insólito, que tiene conmocionado a la comuna.
¿Qué contrabando puede haber cuando los buses están siendo utilizados en llevar a los niños desde sus hogares apartados a las comunas donde se encuentran sus escuelas para que puedan estudiar? ¿Qué contrabando es aquello?
Es un hecho de público conocimiento, evidente y notorio, que los vehículos están siendo usados para transportar a los niños. Sin embargo, el alcalde de Puerto Montt ha sido citado para el 22 de julio a una audiencia pública donde se lo va a formalizar.
¡De paradojas parece que está llena la vida, señor Presidente!
En verdad -y le encuentro toda la razón al Senador señor García -, el tema del transporte escolar no se encuentra resuelto. Y es uno de los puntos en los que se establece una clara desventaja en desmedro de la educación municipal respecto de la particular subvencionada.
Yo escuché su explicación, pero, en mi opinión, es insuficiente. Creo que uno de los aspectos que se deben solucionar es la entrega a los municipios -sobre todo, en las comunas en que las distancias son considerables- de los recursos para que puedan trasladar a los niños. De lo contrario, se genera una enorme desventaja con relación a la educación particular subvencionada.
Independiente de las dudas que nos pueda merecer la redacción, nosotros vamos a concurrir a aprobar el proyecto, como se ha señalado aquí, dado que es evidente que se requiere una inversión rápida y expedita para la reconstrucción, con el objeto de dotar a los colegios de esos recursos.
Sin embargo, me permito a través suyo, señor Presidente , reafirmar al señor Ministro de Educación que lo relativo al transporte escolar está pendiente, en particular en la educación municipal.
Por último, deseo reiterar mi solidaridad con el alcalde de Puerto Montt, don Rabindranath Quinteros , ante la insólita situación que lo afecta, pues se encuentra procesado por haber dotado a su municipio de buses para que los niños puedan ir a estudiar.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente , el proyecto en debate, que establece normas de excepción en materia de subvención educacional, es del todo necesario. Creo que el espíritu que existe aquí es positivo.
Entonces, me extraña que, cuando uno plantea inquietudes sobre aspectos específicos de la iniciativa, se tome como una crítica, en circunstancias de que la idea de esta Corporación es mejorarla.
Es evidente que -hay consenso inmediato-, de los tres artículos, los dos primeros regulan lo referente a la subvención. Me parece bien que esta se reponga de alguna forma, dada su ausencia a raíz del terremoto, y se les den los recursos a los municipios y a los sostenedores. Tampoco hay dificultades en cuanto al modo de establecerla para la jornada escolar completa, que también se vio interrumpida.
El tema surge toda vez que se trata de hacer una propuesta, que va a ser aprobada. En efecto, cuando uno plantea cuáles son las condiciones, la fiscalización que va a existir y cuál es el objetivo que hay detrás -porque legítimamente se puede tener una opinión que no sea del gusto de todos-, me parece increíble que se diga que hay obstrucción.
Quiero expresar francamente que la subvención educacional preferencial es un suple a otras subvenciones. Y persigue como fin específico apoyar a aquellos alumnos más vulnerables, sean estos de la educación municipalizada o de la particular subvencionada.
Entonces, aquí se está haciendo una excepción con el objetivo de ir en ayuda de la reconstrucción. Yo puedo entenderlo y compartir ese criterio.
Pero es dable preguntarse si acaso no hay formas más eficientes de llevar a cabo lo anterior. Yo habría esperado del Gobierno en esta materia -haciéndome cargo del tema de la oportunidad, porque existe liquidez, están asignados los recursos- que se utilizaran los fondos para la reconstrucción, pero no con un compromiso, sino con el acuerdo -y ojalá hubiera quedado consignado aquí mismo- de que constituirá un préstamo a los sostenedores para que cuando lleguen dineros frescos aquellos se les complementen y no se les reemplacen.
Porque en el hecho lo que hay aquí es un reemplazo. Recursos que estaban destinados a mejorar la calidad de la educación, a niños y niñas vulnerables, hoy día van a disminuir, dado que irán a un fin importante: la reconstrucción de la escuela.
Cabe preguntarse si ello podría haber venido amarrado con el compromiso de entregar recursos frescos que no impliquen una disminución. Y eso me parece que es ser positivo y no obstructivo.
Quiero volver sobre un tema que no es menor.
El Honorable señor Chadwick dijo que la diferencia entre "adquirir" y "reponer" era una cuestión semántica. Se podrá discutir el concepto, pero lo fundamental que se está salvaguardando acá es que los sostenedores -en particular los privados, que hoy sí persiguen fin de lucro- no utilicen esos recursos, que es un subsidio de todos los chilenos, para comprar bienes que quizás no fueron dañados por el terremoto.
Tal vez, al data show que mencionó el Senador señor Cantero no le cayó un ladrillo encima y lo rompió, sino que al parecer no había tal equipo en esa escuela. No obstante, la pregunta que cabe formularse es si corresponde con cargo a estos recursos comprar un data show.
La señora MATTHEI .- ¡Para que mejore la calidad de la educación! ¿Por qué no?
El señor PIZARRO (Presidente).- Diríjanse a la Mesa, señores Senadores.
El señor LAGOS.- Entonces, deseo expresar con mucho cariño a todos los Honorables colegas que debemos regular bien esta materia. Porque, en mi opinión, este es un subsidio que no dice relación al objetivo de la subvención para la educación preferencial.
Si me señalan que este va a ser un subsidio para que los privados, que lucran de la educación, además compren un data show, discutámoslo y plasmémoslo en un proyecto de ley con esas letras, pero no lo hagamos por el lado, con un subterfugio. Y si no es esa la intención -yo no dudo que no lo sea; aun cuando tengo claro, por las rápidas intervenciones de algunos Senadores, que al parecer les gustaría que fuera posible-, entonces, debatámoslo. Porque a lo mejor yo tengo una opinión distinta a la de muchos chilenos, en cuanto a si corresponde o no que subsidiemos los data show.
La disquisición entre los términos "adquisición" y "reponer" pretendía -así lo entendí yo después de una discusión de 35 minutos que tuvimos en la Comisión de Hacienda, para ser franco, debido a la calificación de "discusión inmediata"- poner una cortapisa a que se repusiera lo que se destruyó. Y en eso hay un acuerdo.
Pero -¡por favor!- al menos debe existir un mínimo de fiscalización, para asegurarnos que de paso no vayamos a subsidiar algo que tal vez sería propio del sostenedor.
Sin perjuicio de lo anterior, deseo expresar que también escuchamos a los alcaldes. Los jefes edilicios quieren que exista flexibilidad, pero también para el transporte rural. De modo que me hago cargo de transmitirle todas estas solicitudes al señor Ministro , para que la solución sea global y no a partir de este proyecto, porque no fue posible hacerlo acá.
Sin embargo, también debo hacer notar que si los municipios están solicitando dicho beneficio es porque nuevamente estamos volviendo al cuadrado uno en cuanto a la educación municipalizada y los sostenedores. En efecto, quienes vienen a pedir no son básicamente los sostenedores privados, sino los sostenedores municipales, que arrastran un problema de déficit estructural crónico respecto a cómo se afecta la educación.
Entonces, ante cualquier excusa -en este caso, buenísima, porque se trata de un terremoto que destruyó escuelas-, dicen: "Denme flexibilidad para un producto, para un subsidio, que persigue un fin específico y que tenemos que desnaturalizarlo, en cierta forma, para hacer frente a una necesidad."
Pero, ¿por qué lo hacen los alcaldes? Porque -digamos las cosas como son- no tienen un peso. Entonces, todo lo que permita acceder a recursos lo van a utilizar.
No obstante, debemos concordar en que la subvención educacional preferencial está para mejorar la calidad y no para ir en ayuda de la reconstrucción.
Para terminar, señor Presidente , quiero señalar que respecto de la reconstrucción llevamos dos meses discutiendo un proyecto por 8 mil cuatrocientos y tantos millones de dólares, al que espero que le podamos poner punto final hoy o en los próximos días.
Yo me pregunto por qué esa iniciativa no se está haciendo cargo del problema para no tener que recurrir a un subsidio que, además, es mal utilizado.
Por cierto, voto a favor del proyecto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, creo que la discusión que llevamos a cabo en este momento -lo digo con todo respeto- es una realidad objetiva.
En estos dos o tres meses, desde el terremoto, uno de los problemas que hemos tenido es que se mezclan las tareas que son de largo plazo para el Gobierno -las cuales estamos en condiciones de discutir, de avanzar en ellas y respaldarlas en lo que nos parezca razonable- con aquellas que tienen que ver exclusivamente con la reconstrucción. Y al mezclarse ocurren alegatos como el que hemos llevado a cabo aquí esta tarde y que remachó muy bien el Senador señor Lagos.
Quiero explicar algunas cosas para entender en qué estamos.
Primero que todo, he sido muy claro para decir y reconocer que el terremoto fue lo suficientemente fuerte y desolador para el país, lo que nos obliga a tener una visión bastante más flexible y más condescendiente, sin que ello signifique que seamos nosotros los que van a decidir cómo se hacen las cosas. Y digo "condescendiente" pensando en la esencia de la palabra: condescender al adversario en aquellas cosas que nos parece razonable que las obtenga. Y esto tiene una consecuencia ética.
Nosotros estamos en condiciones -lo hemos señalado en forma reiterada, hasta el cansancio- de aprobar, de ayudar, porque nadie en la Concertación desea que el Gobierno fracase. Si el Gobierno fracasa va a ser el país el que sufrirá.
Se ha argumentado, desde las bancas del frente y también desde otros sectores, que cuando tenemos alguna dificultad es porque queremos negarle la sal y el agua al Gobierno. ¡No! Seamos claros. A mi juicio, para Chile no es bueno que haya ganado la Derecha. Es el momento de que prueben lo contrario. De igual modo, cuando nosotros sustituimos a la dictadura y llegamos al Gobierno, nos dijeron lo mismo, ese era su planteamiento.
Desde ya, anuncio que voy a apoyar el proyecto. Sin embargo, quiero prevenir algunas cosas esenciales.
La gran discusión que tuvimos en tiempos pasados, cuando llegamos a ciertos entendimientos con la Oposición, decía relación a que no estábamos de acuerdo con la forma en que el Estado se aviene con la educación pública, con algo que, en lo personal, no me agrada, que es la municipalización y con los derechos y las exigencias que debemos demandar a la educación privada.
Desde las bancas de la Oposición, in illo témpore, se dijo que la educación privada tenía pleno derecho para recoger -incluso, sin control- todo lo que le pudiera dar el Estado. Luego, los análisis que se hicieron a la educación privada mostraron que había abuso, mal uso y también errores garrafales dentro de ella. O sea, el asunto se zanjó, ahora, con una sola frase.
Señor Presidente, estimados colegas, a pesar de todo el esfuerzo que uno hace por ayudar al Gobierno, sin perjuicio de las cosas que nos parece que no deben ser calladas -lo reitero mil veces: aquellas que tienen que ver con el conflicto de intereses-, cuando uno escucha a algunos Senadores oficialistas, la verdad es que dan ganas de no votar lo que el propio Gobierno nos solicita.
Aquí tengo anotados los seis, siete u ocho adjetivos con los que se nos ha tratado en esta sesión. Entonces, hay que tener mucho espíritu patriótico, aunque sea una alabanza propia, para pronunciarse después de lo que se nos dice cuando estamos, justamente, apoyando al Gobierno.
A veces pierden una exquisita posibilidad de quedarse callados los señores Senadores que nos tratan de esta manera, porque lo único que hacen es forzar un debate duro que no queremos.
Las palabras no son la forma de resolver los problemas. Estos se solucionan cuando uno alega el fondo.
En mi opinión, esa es la forma en que podemos llevar adelante este debate y por eso vamos a votar a favor, malgré lo que digan los señores Senadores respecto de nuestra conducta.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente , en primer lugar quiero felicitar al señor Ministro de Educación , tanto por su labor rápida y eficaz para lograr que los niños volvieran a clases cuanto por enviar este proyecto de ley que soluciona una serie de problemas prácticos que realmente ahogan a los colegios.
No me voy a referir a los artículos 1° y 2°. Hay total coincidencia en ellos.
Sin embargo, aludiré a algunos argumentos que se han dado aquí.
Todo el mundo habla del déficit del sector municipal en el ámbito educacional. Por lo tanto, es el momento de hacer una invitación a la totalidad de los señores Senadores para que revisemos lo concerniente al Estatuto Docente.
Cualquier persona seria se da cuenta de que gran parte del déficit municipal viene de un Estatuto Docente sumamente rígido y que a pesar de que ha ido disminuyendo la matrícula de niños, porque los padres optan, muchas veces, por ir en contra de los establecimientos municipalizados, la verdad es que dicho cuerpo normativo impide a los municipios hacer las readecuaciones necesarias en cuestiones de personal.
Nosotros, los parlamentarios, somos los culpables de aquel déficit. Y creo que si es una materia que realmente nos preocupa debiéramos abordarla con seriedad.
De otro lado, también tendríamos que ver un poco qué es lo que pasa al interior de los municipios.
Así como hay algunos que se hallan muy bien administrados, existen otros cuya relación entre el número de no docentes o de "ayudantes de la docencia", como se les llama ahora, versus los docentes, es escandalosa.
¿Quién va a negar que muchos de esos contratos son, efectivamente, pagos de favores políticos?
Si vamos a hacernos cargo de la calidad de la educación, entonces, que el dinero realmente se gaste en los niños y no en favores políticos, y si vamos a abordar el tema del déficit, hagámoslo en la instancia que corresponde.
A mi juicio, se ha ido armando un consenso en cuanto a que estas materias hay que estudiarlas con seriedad en el futuro. Y no tengo dudas de que el Ministro de la Cartera en algún momento lo va a hacer.
Por otra parte, con relación a la discusión un tanto ideológica sobre si los colegios deben ser estatales, municipales o particulares subvencionados, lo único que quiero señalar es que las diferencias antes del gasto fiscal, o sea, en los ingresos autónomos en Chile, son escandalosas. La diferencia entre el que más gana y el que menos gana en nuestro país no es propia de una nación con nuestras características socioeconómicas. Gracias a Dios, eso se corrige después con el gasto fiscal y se reducen esas diferencias. Pero estas provienen, básicamente, de un abismo entre la calidad de la educación que reciben los niños cuyas familias pueden pagar un buen colegio y los que no.
A mí me da lo mismo que la escuela sea particular, estatal -llámenla como quieran-, mientras enseñe bien. Esa es la cuestión que deberíamos estar viendo.
¿Cómo tenemos que preocuparnos para que tanto los colegios municipalizados como los particulares subvencionados obtengan buenos resultados con los niños?
¿Cómo vamos a remunerar a los profesores de acuerdo a los resultados?
¿Cómo vamos a lograr sacar a esos niños adelante?
Entonces, los invito a que hagamos una discusión un poco menos ideológica y más volcada hacia los niños.
Quiero señalar que cuando el Senador Chadwick habló de la diferencia entre "reponer" y "comprar", básicamente apuntaba a que no hay problema de inconstitucionalidad en la indicación. No estaba minimizando ni haciendo un juicio. Solamente señaló que este asunto no debiera tener problemas de constitucionalidad.
Por último, señor Presidente , quiero pedirle con mucho cariño al Senador Quintana -y esto no tiene nada que ver con el punto en cuestión, pero es importante- que no confunda las platas del royalty con las del feriado.
En el caso del royalty se trata de ingresos fiscales que necesitamos con urgencia para reconstruir. En el del feriado, de una disminución del producto interno bruto; vamos a crecer un poquito menos a causa de los días no trabajados, pero eso no merma las entradas del país.
He dicho.
El señor LAGOS.- ¡Vamos a crecer un poquito menos, pero engordaremos un poquito más...!
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, he escuchado con atención las distintas intervenciones, y en particular la de la colega Matthei.
Comparto con la señora Senadora que uno de los grandes problemas de Chile es la desigualdad en la distribución de la riqueza, lo cual se refleja, como es obvio, en las diferencias salariales existentes entre los que ganan más y quienes ganan menos.
Ciertamente, no puedo convenir con nuestra colega en que esta no es una cuestión ideológica.
Por ejemplo, cuando hablamos de cómo derrotar la desigualdad, evidentemente que la educación es un factor fundamental: se trata de ver de qué manera garantizamos enseñanza de buena calidad para todos.
Tan ideológica es esta materia, que una reforma constitucional enviada por la Presidenta Bachelet -me parece que se halla en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados- todavía se encuentra durmiendo en el Parlamento justamente porque la Derecha no ha querido aprobarla. Esa modificación establece una cosa superobvia: que cualquier papá pueda presentar un recurso de protección porque su hijo o hija no está recibiendo educación de calidad adecuada.
Hoy día se puede invocar el artículo 19 de la Constitución respecto a la libertad de enseñanza, pero no así en cuanto al derecho de cualquier niño o niña a recibir educación de calidad apropiada.
Como dije, esa reforma fue enviada por la Presidenta Bachelet , y precisamente por razones ideológicas se halla hoy día en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.
Por razones ideológicas no hemos logrado avanzar en el fortalecimiento de la educación pública.
Y tan ideológica es la cuestión que ahora nos ocupa, que la Senadora Matthei, con razón -porque respeto su opinión-, expresa: "Da lo mismo si la educación es pública o privada. Lo importante no es quien provea la educación, sino el producto de ella".
La señora MATTHEI .- Deng Xiaoping.
El señor ROSSI.- Pero el tipo de ciudadano que queremos formar tiene que ver justamente con la sociedad chilena. Y la educación pública se caracteriza por eso: porque es un proyecto nacional.
En último término, de alguna manera el currículum del tipo de ciudadano que está entregando la educación pública lo construye la sociedad. No es el proyecto particular, por ejemplo, de una orden religiosa (por supuesto, le asiste pleno derecho a tenerlo).
Por eso es tan relevante hacer una diferencia entre la educación pública y la privada.
Es el mismo debate que alguna vez hubo, a principios del siglo pasado, con relación a cuál era el rol del Estado en la educación primaria: ¿tenía la obligación de garantizar los cuatro primeros años de enseñanza?
En ese tiempo los conservadores -la Derecha actual- decían que el Estado no tenía tal obligación.
¡Cómo cambió la historia: durante el Gobierno del Presidente Lagos todos concurrimos a aprobar una reforma conforme a la cual a cada persona, por el simple hecho de nacer en Chile, se le dio derecho a doce años de educación!
Entonces, yo sí creo que estos asuntos son ideológicos. La redistribución de la riqueza tiene que ver con la negociación colectiva, con el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores para permitirles mejorar sus condiciones laborales, entre ellas la salarial.
Son tan ideológicas estas materias, señor Presidente , que se vinculan también con el ámbito tributario.
Nosotros destacamos la importancia de haber aprovechado el terremoto como una oportunidad para alzar el impuesto a la renta de primera categoría, aumento que -dicho sea de paso- no se aplicará a las mineras, porque tienen invariabilidad tributaria; por lo tanto, ellas no van a pagar 20 por ciento un año ni 18,5 el otro: seguirán tributando lo de siempre.
En consecuencia -reitero-, estas cuestiones son ideológicas.
Ahora, la iniciativa en debate me genera la misma sensación que tuve cuando analizamos la modificación del impuesto específico a la minería en el proyecto destinado a financiar la reconstrucción.
Porque uno dice "Esto es como pasar gato por liebre": estamos hablando de un paquete de medidas para recaudar recursos que tiene que ver con el terremoto; nos meten primero rebajas tributarias para las grandes empresas, como la del impuesto de timbres y estampillas; luego, el royalty, materia supercompleja, que debió haberse discutido en un proyecto distinto, con mucho más debate, de cara a la ciudadanía. Y hoy día nos señalan que la plata de las subvenciones educacionales, destinada a disponer de enseñanza de buena calidad para todo el mundo, va a gastarse en la reconstrucción.
Eso es lo que yo entiendo. No estoy en la Comisión de Educación. Pero el Senador Quintana me señala acá que los recursos tendientes a mejorar la calidad de la enseñanza otorgada a nuestros hijos en la zona del terremoto se van a utilizar en reconstrucción, en vez de establecerse, a través también de un proyecto de ley, que esa plata no se perderá aun cuando los niños no hayan asistido a clases sino que se va a reinvertir en educación.
Entonces, no entiendo nada. Porque para eso estábamos discutiendo una iniciativa de ley destinada a financiar la reconstrucción.
Por tanto, señor Presidente, tengo serias dudas en cuanto a aprobar este proyecto.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos a favor, uno en contra y una abstención); no habiéndose formulado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei, García, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Rossi.
Se abstuvo el señor Girardi.
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