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El señor HARBOE.-
Señor Presidente , coincido con lo señalado por el Senador señor Andrés Zaldívar , porque la redacción del numeral 1 del artículo 8° presenta otro problema adicional, a mi juicio, al sancionar tres conductas completamente distintas con la misma inhabilidad.
En primer lugar, se pone en el caso de una persona que estará inhabilitada para integrar el Consejo cuando haya sido condenada por un delito que merezca pena aflictiva, es decir, tres años y un día hacia arriba, lo cual es adecuado; o que será objeto de inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos, que muchas veces se impone como sanción accesoria, la más alta que considera el ordenamiento jurídico, lo que también parece apropiado.
Pero, a continuación, la disposición señala que también queda inhabilitada una persona que haya sido declarada en quiebra o que se haya "sometido al procedimiento concursal de liquidación durante los últimos 3 años".
No obstante, haber sido declarado en quiebra no es delito. El procedimiento concursal es un mecanismo voluntario. En consecuencia, no corresponde equiparar la sanción de inhabilidad de una persona que ha cometido un delito, por el cual ha recibido una condena a pena aflictiva, con la de otra que voluntariamente se ha sometido a un procedimiento concursal.
Y la parte final de la norma dice: "o que hayan sido administrador o representante legal de personas condenadas por los delitos vinculados a procedimientos concursales".
Es decir, la primera hipótesis se refiere a delitos: persona condenada a pena aflictiva o a inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos; la segunda, a un hecho voluntario, y la tercera, vuelve a aludir a un delito, porque efectivamente dentro del procedimiento concursal puede ocurrir que la quiebra sea calificada de culpable o fraudulenta, que sí tiene ese carácter.
El solo hecho de establecer la inhabilidad de alguien que ha emprendido una actividad comercial, le ha ido mal y se ha sometido al procedimiento concursal para pagar sus deudas, lo estimo tremendamente discriminador y contrario a lo que el Congreso despachó hace un tiempo: la nueva ley de procedimientos concursales.
Es cuanto quería señalar.
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