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Modifica la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, estableciendo el deber de las empresas consultoras de asegurar el cumplimiento fiel de sus obligaciones. (boletín N° 7114-05)
“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo señalado por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1° Que la Administración Pública crecientemente requiere el apoyo de servicios profesionales externos, que traducen en la realización de estudios y asesorías que tiene por finalidad entregar insumos para una mejor toma de decisiones, evaluar políticas, planes y programas o prospectar escenarios futuros en las más disímiles áreas del conocimiento.
Lo anterior es consecuencia del alto nivel de tecnificación de las actividades políticas y administrativas y de una política general de racionalización del tamaño del estado que le impide contra muchas veces con la cantidad suficiente e idónea de recursos humanos calificados.
3°Que si bien cuando se trata de contratación a través de sistemas licitatorios, en las bases mismas de la licitación se estipula por mandato legal y por instrucciones expresas de la Contraloría General de la República, que ordena a las administraciones a salvaguardar el patrimonio público, se establecen mecanismos de aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones de las empresas prestadoras de servicios, ocurre que en muchos casos esto no sucede, sobre todo cuando se trata de encargos de trabajos que suponen el pago de sumas menores.
4° Que a diferencia de lo ocurre en otros países, en donde para prestar servicios de consultoría al Estado es necesario ser parte de registros públicos previos, acreditando idoneidad profesional y solvencia económica, en Chile, no existe tal institucionalidad, razón por la cual es menester buscar una fórmula adecuada para caucionar los intereses pecuniarios del Estado.
5° Que por las razones antes expuestas, y atendidas las malas experiencias habidas en la Región de La Araucanía, en donde han sido encargados estudios a empresas consultoras de distintas áreas, especialmente en materias indígenas sin que éstas hayan cumplido sus obligaciones, siendo imposible muchas veces a las autoridades perseguir las responsabilidades civiles involucradas, es que hemos creído oportuno y pertinente presentar a consideración de esta H. Cámara de Diputados este Proyecto de Ley, cuya idea matriz es establecer la obligación de las empresas que presten servicios de consultoría de garantizar a través de diversas cauciones las obligaciones contraídas.
Formalmente, esta moción, se estructura en base a un artículo único que agrega un inciso final nuevo al Artículo 11 de la Ley N° 18.886 de “Bases Generales sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios” con la finalidad de establecer la obligación antes referida. La modificación a la Ley de Bases de Contratación Pública, busca precisamente, dejar establecida en ésta una norma general obligatoria en todos los procesos de contratación del Estado esta innovación propuesta.
6° Que confiamos, que el Congreso Nacional hará un debate rápido de esta iniciativa que va en la línea de continuar perfeccionando la gestión de los asuntos públicos y precaviendo acciones que atenten contra el patrimonio público, que en tal condición es el patrimonio de todos los chilenos.
Por tanto,
En mérito de lo expuesto, los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO.- Agréguese el siguiente inciso final nuevo al Artículo 11 de la Ley N° 19.886 de “Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”
“Con todo en los casos de contratación de servicios de consultoría profesional o de otros contratos de arrendamiento de servicios inmateriales prestados a través de personas jurídicas, sea que estos se hubiesen celebrado a través de licitación pública, privada o trato directo, la empresa prestadora deberá caucionar el fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales mediante el otorgamiento de garantías reales, boletas bancarias de garantía o seguros, por un monto que no podrá ser inferior al 20% del monto del valor del contrato”
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