-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640449/seccion/akn640449-po1-ds57
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640449/seccion/akn640449-po1-ds57-ds68
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640449/seccion/akn640449-po1-ds57-ds73
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640449/seccion/akn640449-po1-ds57-ds65
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640449/seccion/akn640449-po1-ds57-ds70
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640449/seccion/akn640449-po1-ds57-ds62
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640449/seccion/akn640449-po1-ds57-ds67
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640449/seccion/akn640449-po1-ds57-ds72
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640449/seccion/akn640449-po1-ds57-ds59
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640449/seccion/akn640449-po1-ds57-ds64
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640449/seccion/akn640449-po1-ds57-ds61
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640449/seccion/akn640449-po1-ds57-ds69
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640449/seccion/akn640449-po1-ds57-ds66
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640449/seccion/akn640449-po1-ds57-ds71
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640449/seccion/akn640449-po1-ds57-ds58
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640449/seccion/akn640449-po1-ds57-ds63
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640449/seccion/akn640449-po1-ds57-ds60
- bcnres:tieneTramiteConstitucional = bcnbills:PrimerTramiteConstitucional
- rdf:type = bcnses:SeccionProyectoDeLey
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- dc:title = "MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 18.833, EN RELACIÓN CON LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES REFUNDIDOS NOS 7069-13, 7580-03, 8090-13 Y 8950-13)"^^xsd:string
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/4518
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2717
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3138
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/627
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1831
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/4524
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2797
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3397
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3735
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1252
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1209
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2464
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/4522
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/4533
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1175
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1646
- bcnres:tieneTramiteReglamentario = bcnbills:DiscusionGeneral
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/modifica-ley-n-18833
- bcnres:tieneResultadoDebate = bcnres:pendiente
- rdf:value = " MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 18.833, EN RELACIÓN CON LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES REFUNDIDOS NOS 7069-13, 7580-03, 8090-13 Y 8950-13)El señor NÚNEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la Ley N° 18.833, Estatuto General para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.
Diputado informante de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación es el señor Joaquín Lavín .
Antecedentes:
-Mociones: -boletín N° 7069-13, sesión 54ª de la legislatura 358ª, en 15 de julio de 2010. Documentos de la Cuenta N° 10;
-7580-03, sesión 11ª de la legislatura 359ª, en 7 de abril de 2011. Documentos de la Cuenta N° 14;
-8090-13, sesión 122ª de la legislatura 359ª, en 15 de diciembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 16, y
-8950-13, sesión 29ª de la legislatura 361ª, en 16 de mayo de 2013. Documentos de la Cuenta N° 11.
-Informe de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, sesión 116ª de la legislatura 362ª, en 20 de enero de 2015. Documentos de la Cuenta N° 15.
El señor NÚNEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor LAVÍN (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en diversas mociones, contenidas en los boletines Nos 7069-13, 7580-03, 8090-13 y 8960-13, que modifica la Ley N° 18.833, Estatuto General para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.
Para una tramitación más ordenada y comprensiva de las materias de que trata la iniciativa en informe, la Sala de la Corporación, en sesión de fecha el 25 de noviembre de 2014, acordó refundir los respectivos proyectos.
Dicha fusión se justifica en la necesidad de regular con mayor detalle las condiciones financieras aplicables a los créditos que otorgan las cajas de compensación, en particular con miras a proteger a aquellos beneficiarios más vulnerables, como son los adultos mayores, muchos de los cuales se han visto enfrentados a preocupantes condiciones de endeudamiento.
En ese sentido, las diversas mociones que dan origen a este proyecto abordan lo siguiente:
a) La necesidad de limitar el monto máximo de descuento que pueden efectuar las entidades pagadoras de pensiones a los pensionados afiliados a una caja de compensación;
b) La tasa de interés corriente aplicable al cobro de los créditos sociales otorgados por las cajas de compensación de asignación familiar;
c) La indisponibilidad de futuras indemnizaciones, con el objeto de proteger a las personas del sobreendeudamiento, y
d) Las condiciones del crédito social, tales como el debido acceso a la información, con el objeto de proteger los derechos de los afiliados a las cajas de compensación.
La idea matriz de la iniciativa es modificar la Ley N° 18.833, Estatuto General para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, en lo referido al otorgamiento de créditos sociales a fin de establecer resguardos para los beneficiarios más vulnerables.
Durante la discusión general del proyecto se contó con la colaboración de representantes de cajas de compensación, de autoridades del Sernac, del superintendente de Seguridad Social, de la superintendenta de Pensiones y de asesores de la Biblioteca del Congreso Nacional.
En las audiencias se analizaron el contexto general aplicable a las cajas de compensación, su regulación más reciente, incluyendo las circulares de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), así como las cifras del endeudamiento que afecta a los trabajadores y pensionados afiliados a esas corporaciones.
Al finalizar el debate, el proyecto de ley fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes: las señoras Pacheco y Sepúlveda , y los señores Arriagada , Kort , Melo y quien informa.
Para dar inicio a la discusión particular, las diputadas señoras Hernando , Pacheco y Sepúlveda , y los diputados señores Chahin , Melo y quien informa, presentamos una indicación sustitutiva que recoge los fundamentos de las iniciativas refundidas.
Asimismo, durante el debate, la comisión recogió algunas de las sugerencias realizadas por los invitados y prestó especial atención en evitar establecer condiciones que pudieran traducirse en la exclusión del crédito a aquellos pensionados que reciben un monto igual o inferior a la pensión básica solidaria. Ello, por cuanto se trata de personas que podrían verse forzadas a recurrir al crédito que ofrece el retail, en condiciones más desfavorables.
Por eso, se enfatizó en las condiciones que actualmente fijan las circulares de la Suseso, y se fortalecieron los aspectos que robustecen esos resguardos.
En definitiva, se aprobó el proyecto de ley, cuyo contenido aborda lo siguiente:
1) La fiscalización supletoria de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en lo referido a los regímenes de prestaciones de crédito social.
2) La necesidad de establecer en el reglamento respectivo las condiciones mínimas indispensables tendientes a asegurar la adecuada información a los usuarios respecto de las condiciones de los créditos.
3) La obligación de presentar las solicitudes de crédito solo a través de la entidad empleadora o directamente en las oficinas de la caja de compensación, y contratar su otorgamiento, renegociación y reprogramación en forma presencial en dichas dependencias.
4) La prohibición de deducir lo adeudado de las prestaciones que el trabajador reciba con ocasión del término de la relación laboral, salvo las cuotas devengadas y vencidas, previa autorización expresa del mismo al momento de ratificar el respectivo finiquito.
Se deja constancia de que las normas del proyecto son de quórum calificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 19, N° 18°, de la Constitución Política de la República.
En razón de lo expuesto, solicito a la honorable Sala la aprobación del proyecto de ley en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación.
Es todo cuanto puedo informar a sus señorías.
He dicho.
El señor NÚNEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval .
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, sin duda este es un proyecto con contenido social, que resguarda a trabajadores activos y pensionados que contratan créditos sociales, mecanismo de préstamo que administran las cajas de compensación de asignación familiar, que, como lo establece la ley, son entidades sin fines de lucro.
El objetivo de la iniciativa -soy coautor de dos de los cuatro proyectos refundidos- es proteger a quienes se endeudan a través del mecanismo del crédito social.
Para ello, durante los últimos años se han llevado adelante diversas iniciativas. En ese sentido, destaco el trabajo realizado por la entonces Comisión Especial de Adulto Mayor, donde junto con varios parlamentarios logramos generar un fuerte debate sobre el particular, en tanto funcionó dicha instancia.
Entre otras materias, se trató la necesidad de establecer algunos resguardos fundamentales vinculados con el otorgamiento, el seguimiento y la forma en que se concede ese tipo de créditos. Al respecto, alcanzamos avances bastante significativos, por ejemplo, la prohibición de otorgar préstamos a 84 cuotas plazo, lo que típicamente se realizaba con los adultos mayores. Ello daba lugar a un encadenamiento de créditos a consecuencia del cual el adulto mayor, a veces pensionado, que vive con recursos escasísimos -hemos visto en diversos reportajes de prensa las precarias y rigurosas condiciones de vida de una parte importante de ese segmento-, en lugar de su condición de júbilo, como dice la norma sobre la materia, terminaba viviendo en una condición de gran precariedad humana, social y económica.
Tengo en mi poder cuatro liquidaciones de pago de pensión -obviamente, no diré sus nombres- de cuatro profesores jubilados de mi Región de Aysén, quienes al 31 de diciembre de 2014 percibían una remuneración promedio de 1.600.000 o 1.700.000 pesos. En enero del presente año su primer pago de pensión fue de 160.000 o 170.000 pesos.
Al respecto, ellos me dijeron: “ Don David , de la noche a la mañana, después de pertenecer a la clase media; de contribuir al desarrollo del país, a la formación de los jóvenes, es decir, de nuestros recursos humanos; de ayudar a construir un futuro mejor para los jóvenes de nuestra región, nos transformamos en un grupo de personas carentes de recursos, y vivimos en la pobreza.”.
Esas son las cosas que nos indignan desde todo punto de vista y que nos llaman a ver la forma -estamos absolutamente atentos a ello, tal como se señaló en la sesión especial de la semana pasada, a la que asistieron el subsecretario de Hacienda, el ministro de Desarrollo Social y la directora del Senama- de resolver el problema de las bajas jubilaciones y pensiones de aquellos que nos entregaron todo, respecto de quienes nos asiste la obligación ética y moral de contribuir adecuadamente al desarrollo de las condiciones mínimas que les aseguren en su etapa pasiva, esto es, luego de haber cerrado su ciclo laboral, vivir con dignidad, gozando de todos los derechos que se merece cualquier ciudadano.
En ese sentido, nos señalaron que en agosto la Comisión Bravo debería estar terminando su propuesta. Estaremos atentos a ello, porque también lo han estado los jubilados y pensionados de todo el país.
Como consecuencia de los bajos niveles de recursos, muchos adultos mayores, pensionados y jubilados han debido recurrir a diversos mecanismos para asegurarse condiciones básicas de vida. En ese contexto, curiosamente el 70 por ciento de la deuda de los jubilados y pensionados está contraída en el sistema comercial tradicional, el retail y las financieras, cuyos créditos tienen costos elevadísimos. Se trata de personas que se encuentran en condiciones de mucha precariedad, lo que, obviamente, los tiene en una situación de vida muy compleja.
Sin bien los créditos sociales poseen un marco regulatorio distinto -sin duda, son más económicos-, solo el 15 o el 16 por ciento de la señalada deuda está comprometida con las cajas de compensación.
En esa línea, se hicieron importantes avances con la Superintendencia de Seguridad Social en cuanto al régimen de prestaciones de créditos sociales, básicamente con la eliminación de las ochenta y cuatro cuotas plazo -hoy solo se pueden conceder préstamos hasta cinco años- y el establecimiento de un mecanismo para regular dónde y cómo se hacen los créditos, para evitar las verdaderas “cacerías” de adultos mayores cuando salen de las respectivas oficinas con el pago de su pensión.
Proyectos como el que debatimos apuntan precisamente a establecer mecanismos de regulación de dichas prestaciones.
Aprovecho esta instancia para pedir al superintendente que incluya un aspecto que todavía no se ha considerado en la materia, cual es la obligación para las cajas de compensación de señalar, en las liquidaciones de las respectivas pensiones, el monto de la cuota de los créditos que pagan los adultos mayores.
Es fundamental que dicha institución establezca mayores exigencias en tal sentido. No se requiere crear una ley al efecto, sino perfeccionar la reglamentación vigente a fin de hacer exigible a las cajas de compensación que en la liquidación de las pensiones indiquen exacta y claramente el valor de la cuota que están descontando por concepto de préstamos.
En segundo lugar, queremos que se establezcan los mecanismos de resguardo básicos para impedir cualquier tipo de abuso vinculado con la necesidad del acceso al crédito que tienen las personas. Ello -lo señalo también a propósito de que próximo lunes 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez- porque muchos adultos mayores han hecho denuncias de abusos de carácter patrimonial: familiares los obligan a tomar créditos para suplir sus propias necesidades.
Considero que el proyecto va en la dirección correcta, pues establece un marco regulatorio que resguarda las condiciones para el otorgamiento de créditos sociales para los beneficiarios más vulnerables y, por ende, a sus familias.
De esa manera, creo que la iniciativa no debería ser objeto de mayor tramitación, y espero sinceramente que la aprobemos por unanimidad, porque -insisto- va en la dirección correcta, ya que resguarda la situación contractual entre las cajas de compensación y los adultos mayores, y dispone para estos condiciones básicas que les aseguran condiciones de buen trato y créditos a tasas y montos de cuotas razonables.
¡Ojo con este tema! Como lo expresamos en la sesión especial mencionada, la mayoría del endeudamiento de los adultos mayores es con el retail y las financieras. Ahí hay una caja negra en cuanto a regulación, respecto de lo cual es necesario avanzar, porque probablemente allí es donde más abusos se producen.
En cuanto a las cajas de compensación, todo lo que se avance para transparentar, mejorar y optimizar la situación está en el camino correcto, puesto que los adultos mayores en algún minuto de su vida requieren acceder a beneficios como el crédito social, a raíz de diferentes circunstancias: comprar o mejorar una vivienda, invertir en educación, etcétera. Sin embargo, la verdadera solución se dará el día en que mejoremos las jubilaciones y las pensiones de quienes nos legaron lo que hoy somos.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada .
El señor ARRIAGADA.-
Señor Presidente, todos quienes nos encontramos en esta Sala compartimos y sabemos que el sistema previsional chileno es incompetente e injusto. Es incompetente para los trabajadores, porque ¿cuántos profesionales de la Cámara de Diputados y del Senado, luego de una extensa vida de trabajo, jubilarán y verán reducidos sus ingresos a menos del 40 por ciento?
Es lo que acaba de explicar el diputado Sandoval con el ejemplo de los profesores de su región. Ese es otro tema importante que el país debe abordar.
No es posible que un trabajador vea reducidos sus ingresos al 40 por ciento, mientras las utilidades y las ganancias de los directorios de muchas de estas entidades -las cajas de compensación- son escandalosamente lucrativas.
Quiero referirme a ese punto, porque desde el inicio de mis funciones en la Cámara de Diputados -tengo el orgullo de pertenecer a esta Corporación, pese al menoscabo político que vivimos- me preocupé de la situación de los adultos mayores. Para ello, conté con el respaldo suficiente para que se convocara a una sesión especial en la que se abordó ese tema: los abusos cometidos contra los adultos mayores.
Quiero referirme a los más de 500.000 chilenos adultos mayores que sobreviven con la pensión básica solidaria. Ellos son víctimas no solo de abusos en el sistema de pensiones que los rige, sino también de la colusión de las farmacias, donde les señalan que los medicamentos que requieren para el tratamiento de sus enfermedades crónicas no están disponibles en el listado de genéricos, por lo que tienen que comprar fármacos más caros, de laboratorios privados. Para ello incluso se prestan los propios empleados de las farmacias, porque el aumento de su remuneración se relaciona con el porcentaje de venta de dichos medicamentos.
No hemos sido capaces de resolver el problema de la colusión. Cuando es noticia en un momento, salta a la palestra y todos nos preocupamos; pero luego pasan los días, el mundo político se olvida de la fiscalización, y la gente adulta sigue siendo víctima de ese abuso.
En la Comisión de Desarrollo Social efectuamos un trabajo en la materia que nos ocupa y nos dimos cuenta de que no estábamos descubriendo la pólvora frente a los abusos que nos denuncian los adultos mayores en nuestros distritos, ya que en el pasado hubo sincera preocupación de muchos parlamentarios sobre el particular. Conocimos todos los proyectos presentados por algunos diputados que se encuentran en la Sala y otros que ya dejaron esta Corporación, los cuales se tradujeron en una sola iniciativa, que, sin embargo, necesita perfeccionarse en un asunto más de fondo, cual es el rol de los gobiernos corporativos de las cajas de compensación. En muchos casos, en esas entidades, que parecieran beneficiar a los adultos mayores, en realidad hay un verdadero engaño, porque, por ejemplo, un anciano de 84 años no sabe cuál es el número de cuotas que le está pagando a determinada entidad por concepto de crédito ni cuándo terminarán los pagos.
Por tanto, es un problema urgente perfeccionar el reglamento del régimen de prestaciones de crédito social de las cajas de compensación y aumentar las exigencias en cuanto al cumplimiento del rol fiscalizador de la Superintendencia. No basta la emisión de circulares por parte de dicha institución para que los adultos mayores no sean víctimas de abusos, pues no se les entrega una auténtica información sobre qué crédito van a contraer, en qué plazo y por qué monto.
Está vigente la norma que establece que el porcentaje de descuento permitido por concepto de crédito social no podrá exceder el 5 por ciento de la remuneración, renta o pensión líquidas para afiliados con ingreso inferior o igual a la pensión básica solidaria. Asimismo, existe la instrucción de la Suseso, a través de circulares, que obliga a las cajas de compensación a informar detalladamente a los usuarios que pretenden adquirir ese tipo de créditos. Sin embargo, eso ha sido insuficiente.
Nuestro próximo paso, además de aprobar el proyecto en discusión, debe ser pedir al ministro del Trabajo y Previsión Social que disponga la realización de un análisis profundo de los mecanismos de organización corporativa de las cajas de compensación para que estas realmente cumplan su finalidad como entidades sin fines de lucro. Hoy, Chile ve cómo dichas corporaciones están en el negocio de la educación, de la medicina, de la hotelería, en fin, en todas las áreas. Con ello, su finalidad de ser organismos sin fines de lucro se diluye, por lo que a muchas de las prestaciones de bienestar social, que es para lo que fueron creadas, solo acceden los trabajadores que tienen un ingreso mensual superior a 600.000 pesos y pueden pagar la proporción que cuestan los beneficios que tales instituciones entregan.
Naturalmente, los más de 500.000 chilenos que viven con una pensión básica solidaria no acceden a las prestaciones de las cajas de compensación.
La aprobación de este proyecto debe ser el inicio de un compromiso para revisar los gobiernos corporativos de las cajas de compensación y pedir una reglamentación más clara y exigente al respecto, para que un anciano que no está en la plenitud de sus facultades mentales tenga la certeza de que hay un Estado que les garantiza que no serán abusados por esas entidades, que en el último tiempo han hecho del lucro y no del bienestar para el cual fueron creadas, su razón de ser.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Raúl Saldívar .
El señor SALDÍVAR.-
Señor Presidente, las cajas de compensación de asignación familiar son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro y tienen como objetivo prestar distintos servicios a los trabajadores.
Sin embargo, en la actualidad dichas instituciones se han convertido en verdaderos bancos, facilitando el acceso al crédito a la clase trabajadora, lo cual solo ha servido para maquillar la precariedad en que vive un importante grupo de chilenos.
La reducción de los requisitos para obtener un crédito no es tan positiva como muchos piensan, y en absoluto debe ser considerada un triunfo por quienes aspiramos a una sociedad distinta, ya que únicamente se trata de medidas defensivas de un sistema que se reconoce injusto.
En esta materia, Tomás Moulián es claro en señalar que para perpetuar las utilidades del capitalismo se hace necesaria la masificación del consumo. En el caso de nuestro país, debido a la extrema desigualdad, este consumo se ve facilitado por un expedito acceso al crédito incluso para quienes tienen nula capacidad de pago. Porque de otra forma, ¿qué haría el capitalismo con su enorme capacidad productiva?
En ese sentido, el facilitar el acceso al consumo no solo sirve para generar utilidades, sino que además afianza, legitima y naturaliza un sistema estructuralmente desigual.
Parafraseando nuevamente a Moulián, expreso que el consumo vía acceso al crédito ha cocinado a fuego lento a nuestra sociedad, teniendo como objetivo final disimular la realidad de que muy pocos tengan mucho y de que muchos no tengan siquiera para vivir.
El proyecto que hoy discutimos es la síntesis de cuatro iniciativas que tienen un denominador común: proteger a los afiliados a las cajas de compensación al momento de solicitar créditos, quienes muchas veces son motivados por la publicidad, elemento que mueve a un consumo compulsivo. De esa manera, la iniciativa contempla establecer estándares mínimos al momento de solicitar un crédito a esas instituciones, que en su origen tuvieron una inspiración altruista, pero que con el paso de los años prácticamente se han mimetizado con el mercado crediticio, cobrando altas tasas de interés, intereses que muchas veces no se justifican, ya que, a diferencia de lo que sucede con otras instituciones, como los bancos, los pagos a las cajas de compensación se hacen directamente a través de la deducción, por lo que el afiliado no tiene posibilidad de rehusarse a pagar, como ocurre en el caso de un crédito bancario o de casas comerciales. Así, dichas entidades tienen la certeza del pago.
Si bien las cajas de compensación han “democratizado” el acceso al crédito, muchas veces este es otorgado a personas que se hallan excluidas de las bondades del sistema capitalista. De hecho, el 70 por ciento de los trabajadores de nuestro país tienen salarios de subsistencia, con los que hacen frente a las necesidades de la vida moderna. Ellos son los mismos que al momento de llegar a la vejez caen en la pobreza absoluta.
No es suficiente regular el monto máximo de descuento o el interés de los créditos, o dar a conocer sus condiciones mínimas para su adecuada información, como lo contempla el número 2) del proyecto, ni mucho menos restringir el acceso a los préstamos, ya que de esta forma solo le estamos negando a la gran mayoría de los chilenos la posibilidad de tener una mejor calidad de vida.
Como legisladores, nuestra preocupación debe ser la de solucionar el problema de raíz, manteniendo la paz social. Nuestro objetivo final debe ser garantizar a la ciudadanía que, independientemente de su condición económica, puede tener un estándar de vida acorde con las condiciones contemporáneas de nuestra sociedad, un estándar de vida que incluya el acceso a la recreación, a la salud, a la educación de calidad, porque de otra manera solo estaremos institucionalizando un sistema basado en la explotación y la desigualdad.
En lo que respecta al contenido específico del proyecto, me parece correcto incorporar a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras como entidad que ayude a regular aspectos crediticios, ya que, como sentenció en la comisión técnica el director de Sernac, señor Ernesto Muñoz , el 7 por ciento del total de las denuncias realizadas contra las instituciones de crédito corresponde a cajas de compensación.
De igual modo, el Sernac señala que tales corporaciones responden de peor manera que los bancos y que el 6 por ciento de esas respuestas son desfavorables para los usuarios.
Otro aspecto destacable de la iniciativa es que las renegociaciones solo podrán hacerse en forma presencial y de mutuo acuerdo, lo que realmente es un avance, pues es una medida que evitará repactaciones unilaterales. Ello, porque finalmente es el afiliado quien paga, y no debe verse preso de decisiones arbitrarias de parte de ninguna institución.
Sin embargo, lo mejor viene al final: lo realmente importante de este proyecto es que limita la deducción, el pago automático de la totalidad de la deuda al momento del término voluntario o forzoso del vínculo laboral.
Hoy, muchos afiliados, al momento de quedarse sin trabajo, pierden gran parte de sus indemnizaciones -por años de servicio, por feriado proporcional y otros beneficios adquiridos-, debido a que las deudas crediticias son deducidas en su totalidad por parte de las cajas de compensación, situación que lleva a la incertidumbre laboral y, por cierto, colabora con el abuso cometido por parte de algunos empleadores.
Al respecto, el proyecto de ley en su número 3) establece que solo podrán deducirse de las prestaciones que el trabajador reciba con ocasión del término de su relación laboral las cuotas o letras devengadas y vencidas. Ello, sin duda, beneficiará a muchos trabajadores que viven con el temor de perder su empleo y quedarse sin indemnización.
Por las razones expuestas, pero reconociendo que la iniciativa no aborda el problema en su totalidad, anuncio que la apoyaré, pues favorece a personas que con esfuerzo logran sobreponerse a la cara menos amable de nuestra sociedad: la desigualdad y la precariedad de los salarios.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero destacar la labor realizada por la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, que fue presidida en su momento por la diputada señora Clemira Pacheco , con quien revisamos la materia.
En segundo lugar, y en forma muy especial, el trabajo del diputado Claudio Arriagada , quien en varias oportunidades ha puesto el tema en la palestra y ha sido persistente en sacarlo a la luz pública no solo como integrante de la referida instancia, sino también como impulsor de la sesión especial que se llevó a cabo en esta Sala sobre el particular.
Durante varias sesiones la comisión trató esta materia, dada su complejidad. Recibimos a varias organizaciones de adultos mayores, de personas que obtuvieron créditos en cajas de compensación, y los relatos fueron dramáticos. La mayoría venía de la Región Metropolitana, donde se ubica el distrito del diputado Arriagada ; respecto de distritos más lejanos, como el que represento, hicimos llegar los datos que nos entregaron los adultos mayores de dichas zonas. Además, ingresamos los casos a la Superintendencia de Seguridad Social para su revisión.
Al respecto, debo manifestar que nos complica la situación actual en materia de otorgamiento de créditos sociales. Concuerdo en que, lamentablemente, este proyecto de ley no va ni al fondo ni a la raíz del problema para superar esta realidad, que es dramática.
A lo mejor, varios adultos mayores nos están viendo a través de canal de televisión de esta Corporación.
Sin duda alguna, después de la jubilación o de obtener una pensión asistencial o básica solidaria, se advierte un estado de pobreza dramático, constante y creciente de nuestra sociedad.
Nuestros adultos mayores se encuentran en una situación de precariedad tremenda, y, por desgracia, la exposición que realizaron en la comisión concuerda con esta evaluación. Ellos solicitan créditos no para viajar; sus motivos no son superficiales, sino dramáticos: la muerte de un familiar, las dificultades en salud que ellos o sus familias deben enfrentar, el pago de los estudios de algún hijo o nieto. Para solventar esos problemas, esos adultos mayores recurrieron a las cajas de compensación.
No cabe duda de que nos encontramos ante una realidad terrible, porque se produjo una especie de cacería en las cajas de compensación, incluso en las filas de las propias oficinas de dichas entidades cuando los adultos mayores iban a cobrar sus cheques. Ahí había multiplicidad de captadores de este tipo de créditos, lo que, en definitiva, se hacía en el mismo lugar, con tasas de interés que no correspondían. Sin embargo, de alguna manera, a lo largo de este tiempo esa situación se ha ido mejorando.
Debemos hacer un estudio profundo y consistente sobre los gobiernos corporativos. Cuesta entender que organizaciones sin fines de lucro, como se dice que son las cajas de compensación, hoy otorguen créditos a los adultos mayores, quienes llegan a pagar tres o cuatro veces el monto otorgado. Ahí está el problema: un adulto mayor cree haber cancelado su crédito, pero aún le quedan dos o tres años por pagar. Entonces, no existe un grado de conciencia de lo que eso significa, porque, por un lado, los adultos mayores están pagando dos o tres veces un crédito, y por el otro, las cajas de compensación son entidades sin fines de lucro. No entendemos qué está ocurriendo.
En su defensa, esas corporaciones dicen que esa diferencia se devuelve a través de prestaciones de servicios; pero ocurre que los adultos mayores que se encuentran en esas condiciones, es decir, los que piden créditos, no utilizan esos servicios.
Quizás las cajas de compensación sí son una alternativa interesante para los trabajadores activos; pero para los adultos mayores ello significa una dificultad aún mayor, debido a su situación de precariedad y al monto de sus jubilaciones.
Hicimos un esfuerzo por que la fiscalización de las cajas de compensación fuera una facultad de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; simplificamos lo relativo a la información de las condiciones de los créditos a los adultos mayores; pedimos que las repactaciones de los préstamos no fueran unilaterales, a través de procesos exprés, sino que se realizaran en forma presencial en las oficinas respectivas, insisto, con la debida información al deudor, haciéndole entender las consecuencias de dichas renegociaciones o reprogramaciones.
Respecto del término del vínculo laboral, no tengo duda de que es el aspecto más interesante del proyecto, pero aplica para los casos de quienes están en actividad.
Quedamos con un gusto amargo en la Comisión de Desarrollo Social, aunque, sin duda, estamos haciendo un avance con este proyecto.
En ese sentido, agradezco al personal de la Biblioteca del Congreso Nacional por hacernos una simulación de las distintas formas de pago de crédito, con diferentes tasas de interés y variados plazos; pero, al final, la complicación fue exactamente la misma.
Asimismo, estuvimos en una disyuntiva que fue muy difícil de soslayar, pues en un minuto tuvimos la tentación de eliminar el otorgamiento de créditos en las cajas de compensación a pensionados que reciben una pensión básica solidaria. Sin embargo, inmediatamente surgió otro problema: la posibilidad de que esos créditos fueran tomados con otro tipo de entidades, sin regulación, lo que complicaría aún más la vida de los adultos mayores.
Por lo tanto, anuncio que votaremos a favor este proyecto de ley de la misma forma en que lo hicimos en la comisión. No obstante ello, insisto en que nos queda el gusto amargo de no haber podido llegar a una solución definitiva en la materia.
Esperamos que con esta iniciativa se abra la puerta para que el Ejecutivo nos envíe un proyecto de ley específico sobre los gobiernos corporativos de las cajas de compensación, acerca del control de las tasas de interés y los plazos de los créditos sociales que dichas entidades administran en lo que respecta a los adultos mayores. Creo que en ese sentido podemos hacer un mayor esfuerzo.
Por último, esperamos que el Ejecutivo nos informe qué ocurrirá con las deudas que los adultos mayores tienen con las cajas de compensación. Para esos casos, a lo mejor podría elaborarse una propuesta sobre rebaja o condonación.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort .
El señor KORT.-
Señor Presidente, hemos escuchado varios discursos que analizan los alcances técnico y práctico de este proyecto de ley. Esa es la forma de la iniciativa.
Comparto plenamente las visiones que, de manera transversal, han planteado miembros de las distintas bancadas. Sin embargo, quiero apuntar al fondo de la iniciativa: la falta de políticas públicas que enfrenten con responsabilidad la realidad que viven nuestros adultos mayores, la ausencia de compromisos de parte del Estado para auxiliar la triste realidad que enfrentan la tercera y cuarta edades en el país.
Sucede que muchas veces los adultos mayores terminan sus días haciendo malabares para poder subsistir, buscando resquicios económicos, para caer finalmente en manos de prestamistas e instituciones irresponsables. Este tipo de situaciones no ha sido abordado con responsabilidad.
Considerando que estamos en un régimen presidencialista y que en muchos aspectos el Congreso Nacional solo tiene la opción de aprobar o de rechazar, quiero hacer un llamado de atención al gobierno, un poco por lo que dijo la diputada Sepúlveda , quien me antecedió en el uso de la palabra. En esta materia, el Ministerio de Desarrollo Social en general no ha tenido una participación relevante, pues en la Comisión de Desarrollo Social, de la cual formamos parte junto con la colega, ha dejado intenciones y planteado dudas, pero no ha tenido liderazgo para enfrentar con una política las soluciones que necesitamos.
Por eso, plantemos la necesidad de enfrentar este tema para cambiar el fondo a través de la forma. Para ello, requerimos un proyecto de ley integral que no solo regule los tipos de créditos que están recibiendo nuestros adultos mayores o las tasas de interés con que se les prestan los recursos. En efecto, debemos preguntarnos para qué piden créditos: para solventar tratamientos de enfermedades, para ayudar solidariamente a algún miembro de su familia, para aportar a la educación de un nieto o una nieta, para mejorar su vivienda, por ejemplo, cambiando una fonola. ¡Esa es la realidad que enfrentan muchos adultos mayores en Chile!
No debemos creer que con el presente proyecto vamos a resolver el tema. ¡No, señores! Estamos dando un pequeño paso en ese sentido.
Reconozco la intención que tuvieron los autores de los cuatro proyectos de ley refundidos, pero insisto en que echamos de menos la presencia del Poder Ejecutivo. ¡Falta una política pública! Sin ir más lejos, el ministro de la cartera no se encuentra presente en la Sala, y escasamente estuvo en la comisión.
¿Saben quién nos terminó ayudando? Lo señaló también la diputada que me precedió en el uso de la palabra: la Biblioteca del Congreso Nacional.
Entonces, se trata de un pequeño esfuerzo que estamos haciendo, con nuestras escasas atribuciones en esta área, para resolver el tema. Espero que se le ponga urgencia.
Es bueno escuchar también a la oposición, porque los adultos mayores de todo Chile se están viendo afectados por este tema y sufren un trato inmerecido.
Por eso, abogaremos por los adultos mayores y esperamos que el gobierno se comprometa a resolver realmente los problemas que enfrentan.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, he escuchado atentamente los comentarios vertidos por los estimados colegas. Si bien durante la discusión del proyecto en la Sala se hacen algunos planteamientos, es en su antesala, es decir, en la comisión técnica, donde se debe plantear lo que posteriormente se discutirá aquí.
Evidentemente, la discusión de las mociones debe ser compartida con el Ejecutivo en la Sala; pero para ello se debe invitar a la autoridad correspondiente, en este caso, a la ministra del Trabajo y Previsión Social. El Ejecutivo no está presente de manera obligatoria porque se trata de iniciativas de los señores parlamentarios, las cuales son tratadas en las respectivas comisiones, con la presencia del Ejecutivo, que ha sido invitado.
Quise aclarar por qué no está presente el Ejecutivo. Insisto en que este debe ser invitado cuando se discutan proyectos originados en mociones.
Recuerdo haber firmado uno de estos proyectos en beneficio de los pensionados y afiliados a las cajas de compensación, que han sido permanentemente recurridos para que esta situación se transparente, aclare y regule, porque se trata de entregarles beneficios y no perjuicios.
Sin duda, las llamadas cajas de compensación han sido y son de gran utilidad para los trabajadores y jubilados chilenos afiliados, ya que entregan una serie de beneficios que mejoran sus condiciones, como los bonos por matrimonio, de escolaridad, por fallecimiento, etcétera. También poseen extraordinarios lugares en los que se pueden disfrutar vacaciones a un precio realmente accesible, que algunos pensionados pueden pagar.
Pero, al margen de la bonhomía, las cajas también tienen la posibilidad de otorgar préstamos a sus asociados. Este punto es justamente uno de los que ha impulsado este proyecto. Lo señaló mi colega David Sandoval , a quien escuché con mucha atención, porque es un diputado muy interesado en el tema de los adultos mayores y de los pensionados. Lo reconozco, porque ha sido autor de muchos proyectos de ley que se han tratado en el Congreso Nacional. Incluso, me ha invitado a participar en ellos, gesto que agradezco.
Si algo le faltase a este proyecto, es nuestro deber plantearlo y discutirlo. Por ejemplo, la mayoría de esos préstamos tiene asegurada su devolución, porque cada cuota se descuenta del sueldo o pensión del correspondiente afiliado y, en algunos casos, se entregan asociados a la eventual indemnización por años de servicio.
Eso es grave, no debería ocurrir y así tendría que quedar establecido en el proyecto. La indemnización no puede ser tocada, pero la iniciativa no lo dice. A lo mejor, podría presentarse una indicación en tal sentido, pero podríamos retardar el despacho de los otros aspectos que contiene el proyecto, que queremos en aplicación cuanto antes.
Si consideramos que, en muchos casos, los préstamos de consumo vienen a solucionar problemas urgentes de las personas, y si existe una entidad que los puede otorgar en buenas condiciones y con un interés conveniente, bienvenida sea esa posibilidad. No obstante, hoy las cajas de compensación otorgan préstamos en condiciones que no son diferentes a las que ofrecen las entidades financieras, ya que cobran los mismos valores e incentivan regularmente a sus afiliados para que los renueven, hasta llegar a cifras varias veces superiores a su ingreso mensual, lo cual depende de la antigüedad del afiliado a su empresa. Además, como comenté anteriormente, los vinculan con la indemnización por años de servicio que se recibe en caso de despido. Si ocurre lo anterior, la caja de compensación será la primera en cobrar con cargo a dicha indemnización. Ese error garrafal debería ser mencionado en el proyecto.
Voy a apoyar la iniciativa, que es el resultado de varias iniciativas refundidas que tratan este tema. Felizmente, todas han sido presentadas por los colegas -me incluyo-, los que, al conocer el tema, han planteado soluciones al respecto, a fin de encauzar el trabajo de las cajas de compensación, para que vuelvan a sus objetivos originales. No debemos olvidar el origen de las cajas de compensación: entregar beneficios a los afiliados y pensionados.
Hay que apoyar al trabajador jubilado en momentos de su vida que requiere ayuda económica -decía la iniciativa del Ejecutivo de ese entonces, cuando se crearon las cajas de compensación-, pero no en la forma en que está sucediendo, pues hoy dichas cajas son verdaderas entidades financieras que cuentan con mayores garantías que cualquier banco en los préstamos que otorgan y más facilidades que las que funcionan en el mercado formal.
Aunque he formulado algunas críticas sobre los proyectos originales, hay que apoyarlos. Este es solo un buen puntapié inicial -al igual que en la Copa América- para corregir los garrafales yerros -por no decir las graves situaciones- que enfrentan los pensionados y afiliados a las cajas de compensación.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Matías Walker .
El señor WALKER.-
Señor Presidente, estoy muy contento de que haya llegado el día en que finalmente podamos votar este proyecto, que refunde dos proyectos que hemos presentado los diputados de la Democracia Cristiana, uno en la legislatura anterior y otro en la presente. El gran impulsor de esta iniciativa fue el diputado Claudio Arriagada .
También hemos celebrado sesiones especiales en la Cámara sobre los abusos de las cajas de compensación. Qué lástima que en este momento no esté presente el diputado Issa Kort , a quien quiero responder dos aseveraciones que formuló. Él echa de menos la presencia del Ejecutivo, lo que denota una visión del régimen hiperpresidencialista que tenemos, porque siempre estamos buscando al Ejecutivo para que patrocine nuestras mociones o para que impulse los proyectos de ley; por el contrario, estimo que lo que debemos lograr como Cámara de Diputados y como Congreso Nacional es que nosotros seamos los impulsores de los proyectos y no depender siempre del Ejecutivo.
Si este proyecto de ley -que seguramente vamos a ratificar y que se trabajó muy bien en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación- tuvo una virtud, fue justamente el hecho de que fuimos los parlamentarios los que impulsamos la iniciativa, primero en el gobierno anterior, porque no teníamos el apoyo de esa administración, proyecto que después se siguió tramitando durante el actual.
Gracias al gobierno y a la Superintendencia de Seguridad Social, muchos temas que estaban contemplados en el proyecto de ley, como muy bien expresó la diputada Alejandra Sepúlveda , pudieron resolverse a través de resoluciones y dictámenes. Es el caso, por ejemplo, del interés que se cobra en las cajas de compensación. Sabemos que estas son entidades sin fines de lucro -ya lo mencionó el diputado Raúl Saldívar -, pero, pese a eso, cobran intereses altísimos, cercanos al interés máximo convencional.
Después de una sesión especial que celebramos en la Cámara de Diputados, se consideró lo que habíamos planteado, en el sentido de que el interés que tenía que regir estos créditos fuera el interés corriente. Eso quedó establecido mediante distintas resoluciones. Lo mismo ocurrió respecto del monto máximo que se podía descontar de la pensión: quedó establecido en resoluciones administrativas que no pueden exceder el 10 por ciento del monto máximo de la pensión y que todo préstamo tiene que considerar la cuota final, respetando el monto mínimo de la pensión básica solidaria.
Cuando se discutió la reforma previsional y se creó la pensión básica solidaria, durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , se estableció que esa pensión era el monto mínimo para que los adultos mayores pudieran vivir -más bien sobrevivir- y cubrir sus necesidades básicas en alimentos y medicamentos.
Sin duda, tenemos una deuda tremenda con los adultos mayores. Más allá de la excelente medida que anunció la Presidenta -el término del descuento de 5 por ciento de salud a los adultos mayores-, esperamos que como resultado de las conclusiones de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, la denominada “Comisión Bravo”, se produzca un incremento efectivo de la pensión básica solidaria. Lo importante es que esta pensión no puede tocarse, de manera que no pueden efectuarse descuentos sobre dicho monto, porque es el mínimo de lo mínimo que requieren nuestros adultos mayores, no para vivir, sino para sobrevivir, y en condiciones muy complejas.
En lo demás, el proyecto dispone que el otorgamiento de préstamos y las renegociaciones deben hacerse de manera presencial, sobre todo en las oficinas de las cajas de compensación. Todos hemos visto que ejecutivos de las cajas de compensación muchas veces salían a “cazar” adultos mayores pensionados, con el objeto de persuadirlos para firmar una solicitud de un crédito, en una práctica que, incluso, vulnera las normas mínimas del Sernac financiero considerado en nuestra Ley N° 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, porque muchas veces los adultos mayores ni siquiera sabían lo que estaban firmando.
Por lo mismo, también se establece que siempre la supervigilancia del otorgamiento de los créditos de las cajas de compensación tiene que recaer en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, así como también se debe informar adecuadamente a los usuarios respecto de las condiciones de otorgamiento y de renegociación de los créditos, lo cual debe hacerse de manera presencial.
Por último -esto es algo muy sentido por nuestros trabajadores-, nunca pueden descontarse deudas del finiquito, un derecho que tiene el trabajador, que se devenga con motivo de los años de servicio. Por lo tanto, el empleador nunca puede descontar automáticamente del finiquito el monto de lo adeudado por créditos.
Así que, contrariamente a lo que expresó el diputado Issa Kort , me alegro de que este proyecto haya sido impulsado por diputados, que hoy lo discutamos y lo aprobemos. No siempre es necesario pedir permiso al Ejecutivo para legislar.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal .
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente, esta iniciativa de ley nos permite tocar nuevamente un tema que hemos tratado hasta en comisiones especiales en nuestra Cámara, respecto de la situación de los adultos mayores y los problemas que padecen con las cajas de compensación de asignación familiar, que no tienen fines de lucro y cuyo objetivo central es la administración de prestaciones de seguridad social.
Cuando nos enfocamos en tales puntos, nos parece muy loable la labor que cumplen, porque para ese objetivo fueron creadas. Esos beneficios son muy importantes, ya que facilitan que muchos puedan viajar o visitar los lugares donde tienen centros de entretención. Pero cuando analizamos el fondo de las denominadas “prestaciones de crédito social”, se nos genera mucha inquietud sobre la situación de los afiliados, los que, en general, son trabajadores de menores ingresos y los pensionados, adultos mayores con jubilaciones bajas, que, dada su situación, terminan pidiendo créditos para mantener una vida más o menos digna, como corresponde.
Esto nos lleva a pensar seriamente en cuál es el objetivo final de estas cajas. Vemos que entre esas prestaciones está otorgar mutuos hipotecarios endosables. Ahora, si bien este proyecto avanza en la regulación de las cajas de compensación, seguiremos sintiendo gran preocupación por esos temas.
En un proyecto de ley anterior establecimos que la cuota mensual por un crédito que estas instituciones otorguen no podrá exceder el 30 por ciento de la remuneración o pensión del afiliado. Todos sabemos que ello no ocurre en la realidad, porque el afiliado se atrasa en el pago de las cuotas y los intereses aumentan de tal manera que, al final, la cuota termina abarcando hasta el 80 por ciento de la remuneración o jubilación del asegurado. Realmente, esto es muy preocupante, porque termina convirtiéndose en un círculo vicioso, toda vez que los mutuarios empiezan a pedir créditos constantemente para poder solventar su situación.
Aunque el proyecto de ley propone someter a las cajas de compensación a la supervisión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en lo referido a los regímenes de prestaciones de crédito social, no cabe duda de que podemos avanzar también en otros temas.
La iniciativa también dispone que las solicitudes de préstamos de dinero otorgados por las cajas solo podrán ser presentadas a través de la entidad empleadora o directamente en las oficinas de la caja de compensación.
Por otra parte, cuando un trabajador termina su relación laboral, pero aún adeuda un crédito con la caja de compensación, se deduce lo adeudado de su finiquito. El proyecto corrige ese hecho y establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social no podrá ser deducido de las prestaciones que el trabajador reciba con ocasión de poner término a la relación laboral, salvo cuando lo haya autorizado expresamente. Sin duda, esto también constituye un avance.
Esto lo observamos en nuestros distritos. Por ejemplo, los municipios tienen acuerdos con las cajas de compensación. De hecho, muchas de las actividades que se realizan con adultos mayores son cofinanciadas por esas cajas, lo que me parece muy loable.
Con todo, no solo debemos ocuparnos de la relación de los adultos mayores con las cajas de compensación, sino también de su jubilación, porque es el meollo del asunto. Tenemos que generar los cambios en el sistema de jubilación de los adultos mayores. Si no logramos transformar las AFP y mejorar las pensiones, vislumbramos un país con un gran porcentaje de adultos mayores, entre los 80 y los 95 años, con jubilaciones mínimas, que se verán obligados a recurrir a estos préstamos para sobrevivir con dignidad el tiempo de vida que les resta.
Por lo tanto, si bien con este proyecto vamos a avanzar en la protección de los trabajadores y de los adultos mayores en su relación con las cajas de compensación, seguiremos en deuda con la solución de los problemas que les genera el actual sistema de jubilación, que entrega pensiones mínimas a los adultos mayores y que los obliga a pedir préstamos, situación que muchas veces termina con sus viviendas hipotecadas y rematadas, por no tener capacidad de pago para cumplir con esos compromisos financieros.
Aunque voy a votar favorablemente la iniciativa, no cabe duda de que el fondo del asunto es estudiar cómo revertimos el actual sistema previsional para mejorar las jubilaciones de nuestros adultos mayores.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, hace un par de meses, en sesión especial, analizamos la situación que se produce en la relación de las cajas de compensación con los adultos mayores. En esa ocasión dimos a conocer nuestros puntos de vista, opiniones, objeciones, observaciones y críticas, pero también reconocimos las bondades y servicios que pueden entregar tales instituciones.
Este proyecto de ley permite solucionar en parte los problemas que se generan por la falta de transparencia y de equidad en la relación de las cajas de compensación con los beneficiarios. Sin embargo, se necesita una reforma mucho más sustancial e integral, con el fin de que se cumpla con los objetivos que se tuvieron en vista cuando se crearon, como establecer resguardos para los beneficiarios más vulnerables y otorgar ayudas a los trabajadores o pensionados, mediante préstamos en dinero para financiamiento de bienes de consumo, de trabajo, educación, salud, adquisición o construcción de viviendas, etcétera, es decir, para todo lo que necesite el sector más vulnerable de nuestra población.
Las cajas de compensación son corporaciones privadas sin fines de lucro. Sin embargo, la observación crítica ha comprobado que, con sus prácticas, estas cajas sí persiguen fines de lucro en determinadas circunstancias, lo que contraviene sus objetivos y finalidades esenciales. En realidad, estas instituciones están integradas en el contexto de la economía social de mercado, porque en las prestaciones sociales, en particular respecto del cobro de intereses, se rigen por las mismas normas que regulan la actividad de los bancos y sociedades financieras con fines de lucro, lo que no es coherente con los fines que dicen perseguir.
Me voy a referir especialmente al tema de los adultos mayores, que constituyen la mayor parte de los afiliados que acuden a estas instituciones a solicitar ayuda crediticia para satisfacer sus necesidades básicas.
Se dice que las cajas de compensación son corporaciones privadas sin fines de lucro. Creo que este es el problema, porque los hechos demuestran que sí persiguen fines de lucro, toda vez que hacen negocios con sus clientes y obtienen utilidades, sobre todo con los adultos mayores. Ya dimos a conocer cuáles eran las actuaciones que rayaban en la arbitrariedad, en las que se abusaba de la buena fe de los adultos mayores debido a la poca información con que cuentan, aplicándoles altos intereses, cuotas altas a pagar, etcétera. Este proyecto de ley soluciona esos problemas porque “establecerá las condiciones mínimas indispensables tendientes a asegurar la adecuada información a los usuarios respecto de las condiciones de los créditos.”.
Muchos adultos mayores llegan a nuestras oficinas y nos dicen: “Pedí un crédito, pero me faltan dos años para pagar, en circunstancias de que lo pedí por poco tiempo; además, las cuotas son muy altas”. Entonces, hay falta de información.
A los adultos mayores no siempre se les brinda un buen trato, lo que parece ser un rasgo común en esta sociedad. El 15 de junio próximo se celebrará en el mundo el día del buen trato hacia el adulto mayor; pero “buen trato” no solo significa no golpearlos, sino también no herirlos en su dignidad, atenderlos, considerarlos y valorarlos. En resumen, no hay una política de protección hacia el adulto mayor.
De alguna manera, la institucionalidad de las cajas de compensación se ha desnaturalizado. Han surgido muchas críticas y muchas objeciones a su labor. A veces, no es un resguardo para ese grupo de personas y para los trabajadores, el sector más vulnerable, que no tiene protección. Muchos adultos mayores reclaman porque están disconformes.
Creo que este proyecto de ley no es una solución total ni íntegra. Esperábamos que el Ejecutivo hubiese estado presente, porque no podemos ir más allá de nuestras atribuciones constitucionales. A lo mejor, se habrían suavizado algunos tratamientos financieros que más bien son propios de los grandes financistas y de los grandes consorcios, pero no de los sectores más vulnerables.
Ahora bien, ¿quién defiende a los adultos mayores? ¿Quién concurre? ¿La Superintendencia, la Contraloría o los tribunales?
Hace falta un procurador o un representante de los adultos mayores. Hace un tiempo, con el diputado David Sandoval presentamos un proyecto de resolución en que solicitamos un representante que defienda a los adultos mayores, para que no tengan que ir a nuestras oficinas a preguntar si los podemos proteger, o donde un abogado que no les entrega ninguna respuesta. Se requiere un representante que actúe en su nombre y que los organismos encargados de la supervigilancia actúen como corresponde.
Si bien las cajas de compensación ayudan a sus afiliados, a veces lo hacen mal. Aunque financian viajes y paseos, en lo sustancial las personas terminan endeudadas o sobre endeudadas, a pesar de que existe una resolución de la superintendencia que limita el descuento. Si las pensiones de los adultos mayores son bajas, ¿cómo pueden pagar sus necesidades básicas, como la alimentación, el vestuario y la habitación?
Debe asegurarse un tratamiento adecuado a los trabajadores y a los adultos mayores, quienes deben ser informados cabalmente sobre lo que están contratando, para que conozcan el efecto del pago de las cuotas y las condiciones de los créditos.
También es muy acertada la disposición del proyecto que se refiere a la responsabilidad de los empleadores, en términos de que lo adeudado por el trabajador no podrá ser deducido de las prestaciones que este reciba, sino que podrá ser descontado solo con la autorización expresa del trabajador al momento de ratificar el respectivo finiquito.
Destaco la inquietud y la creatividad de los diputados que hicieron realidad este proyecto de ley. Estamos hablando de una defensa y una protección a la pensión básica solidaria de vejez y de invalidez, y para los trabajadores vulnerables que, con un gran esfuerzo, pagan sus créditos o solicitan estas ayudas sociales para satisfacer sus necesidades, beneficios contemplados en la ley que rige a las cajas de compensación.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina .
La señora MOLINA (doña Andrea).-
Señora Presidenta, es muy importante discutir sobre los problemas de nuestros adultos mayores. Como han señalado varios diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, esta es una lucha que han dado muchos, sobre todo aquellos que hicieron posible la creación de una comisión permanente, como el diputado David Sandoval .
Esta historia empieza en 2008, cuando durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se abrió la posibilidad de entregar créditos sociales, que antes no existían. En su momento, esta medida fue recibida de manera muy positiva; pero el problema fue que no venía con la debida regulación, y la normativa vigente permitía los abusos. Así, vimos que nuestros adultos mayores perdían lo poco y nada que tenían, además de pagar muchísimas veces más por un crédito pedido. En resumen, eran objeto de múltiples abusos por parte de quienes, al final, solo querían despojarles sus pensiones.
Posteriormente, en junio de 2012, en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, por primera vez se comenzó a regular el tema y se expresó una preocupación por el adulto mayor, a propósito de la entrega de estos créditos, y por la realidad que estaban viviendo. Por ejemplo, en ese período se prohibió otorgar créditos en la calle. Quizás recuerden los reportajes que mostraban que cuando los adultos mayores volvían después de cobrar sus pensiones, prácticamente eran asaltados para llevarlos a una caja de compensación y meterles un crédito. En esa fecha comienzan los cambios. Además, el plazo de los créditos bajó de 84 a 60 cuotas, una medida muy importante, que nuestros adultos mayores recibieron con mucha felicidad; por primera vez sintieron que de verdad se estaban preocupando por ellos. Siempre se mencionan las cosas negativas, pero también hay que destacar las medidas positivas.
Es relevante seguir resguardando a nuestros adultos mayores. Estos cambios se inician en 2012, pero ahora los estamos complementando al establecer topes para las cuotas, de entre 5 y 25 por ciento de la remuneración o pensión líquida mensual.
Actualmente, el 16 por ciento de nuestros adultos mayores está en las cajas de compensación. ¿Y qué pasa con el 84 por ciento restante? ¿Qué pasa con la regulación para el resto del mercado? Es fundamental que se presente un proyecto que vaya en esa línea, aunque estoy consciente de que no tenemos la facultad para hacerlo. El 84 por ciento de nuestros adultos mayores están en el retail y en entidades financieras que les cobran seguro de desgravamen, etcétera, que es una verdadera tierra de nadie.
¿Por qué no podemos regular el mercado tal como lo hacemos con las cajas de compensación? Ese es el camino que debemos seguir. Si realmente queremos recoger el guante, lo debemos hacer de manera transversal y presionar al gobierno para que se haga cargo de lo que está pasando con nuestros adultos mayores, pero en todos los ámbitos del mercado, incluyendo el financiero. ¿Por qué el 84 por ciento de los adultos mayores están en tierra de nadie y se les cobran intereses que no corresponden? Ahí también debemos -como se dice en buen chileno- “entrar a picar”, para generar una legislación que los ayude, que los resguarde y que los proteja.
Hoy votaremos a favor, por lo que significa la regulación de este tipo de créditos, para resguardar y proteger a los adultos mayores. Es nuestra obligación y es lo que podemos dejar como nuestro legado y contribución como diputados de la república.
Seguiremos trabajando para que no se afecte su calidad de vida, para que nuestros adultos mayores sientan que no están solos y que los gobiernos se preocupan por ellos.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Luis Rocafull .
El señor ROCAFULL.-
Señora Presidenta, desde ya anuncio mi voto favorable al presente proyecto de ley, cuyo fin ninguno de los colegas presentes podría cuestionar, pues pretende resguardar los ingresos, remuneraciones y pensiones de los sectores más vulnerables del país, principalmente de la tercera edad, frente al despiadado sistema de créditos de las cajas de compensación.
Actualmente, estas instituciones sin fines de lucro están facultadas para otorgar a sus afiliados créditos en dinero, ya sea para consumo, trabajo, recreación o de índole habitacional, que van entre los 5 y los 40 años de plazo, es decir, entre 60 y 480 cuotas mensuales, a las que, al día de hoy, se les suman los mismos impuestos que utilizan los bancos y demás entidades financieras, que además -como si fuera poco-, por ley, son descontados directamente de las pensiones o remuneraciones de sus afiliados.
Esta escasa regulación legal ha permitido la aparición de situaciones de abusos, que son verdaderos absurdos, como el descuento de hasta el 50 por ciento de la pensión de un adulto mayor que recibe apenas una pensión básica solidaria.
Justamente, este es el sector más vulnerable, que en mi Región de Arica y Parinacota representa, aproximadamente, el 15 por ciento de la población, el que sufre, día a día, los abusos de estas entidades, sin posibilidad alguna de impedirlo. De hecho, este tipo de créditos se constituye en la principal causa de endeudamiento para la tercera edad. No lo digo yo, sino los últimos resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez, de 2013, patrocinada por el Senama.
Por lo anterior, este proyecto contiene justas modificaciones y significa un importante avance. En primer lugar, establece la obligación de otorgar a los usuarios una adecuada información sobre las condiciones de sus créditos. Recordemos que, hasta hace un tiempo, las cajas de compensación enviaban prácticamente un regimiento de captadores de créditos a las puertas del IPS o a las cajas pagadoras de pensiones para ofrecerles maravillas a los abuelitos, quienes firmaban contratos que muchas veces ni siquiera alcanzaban a leer.
En segundo término, establece que para otorgar un crédito a su afiliado, el monto de la pensión líquida debe ser superior al monto de la pensión básica solidaria vigente al momento del crédito.
En tercer lugar, termina con esas prácticas de crédito a domicilio, al establecer la obligación de otorgar presencialmente los créditos, las renegociaciones o reprogramaciones de los mismos.
En cuarto lugar, prohíbe que las cajas puedan deducir de los finiquitos o indemnizaciones de los trabajadores el saldo total del crédito, salvo expresa autorización de los mismos.
También rebaja a 15 por ciento como máximo de descuento mensual de la pensión, que actualmente es de 45 por ciento.
Además, disminuye el interés máximo y, finalmente, dispone que, en caso de que los afiliados solo reciban la pensión básica solidaria, el monto mensual que deben pagar a la caja respectiva no podrá exceder el 5 por ciento de la pensión líquida que reciban.
Por último, esperamos que al entregar la supervigilancia de estos créditos a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, las fiscalizaciones en el cumplimiento de la ley sean aun más estrictas, para que nunca más los abuelitos de nuestro país sufran de estos abusos.
Por lo anteriormente expuesto, reitero mi voto a favor de esta iniciativa.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza .
El señor MEZA.-
Señora Presidenta, seré muy breve, porque este es un tema que hemos tratado con frecuencia en el pasado. Se trata de un proyecto de ley que modifica el estatuto general para las cajas de compensación de asignación familiar.
Es archiconocido en Chile el abuso que cometen las cajas de compensación, hecho que han denunciado nuestros colegas tanto en el pasado como hoy. Estas cajas son corporaciones privadas sin fines de lucro, pero, no obstante, los préstamos que otorgan en dinero, sobre todo a los adultos mayores, para satisfacer algunas necesidades de bienes de consumo, cuentan con intereses y plazos obligatorios que hacen que los préstamos de 200.000, 300.000 o 400.000 pesos se transformen en deudas millonarias. Esta situación de abuso tiene su origen en una mala legislación, en una mala reglamentación de la función de las cajas de compensación, lo que daña profundamente a la gente más sencilla, más modesta de Chile, fundamentalmente a nuestros adultos mayores.
Las cajas de compensación se rigen por las mismas normas que las entidades financieras con fines de lucro, cobran intereses abusivos y hacen negocio con los adultos mayores. Informan muy poco, para poder tener reembolsos por esa “generosidad” de la que hacen alarde.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras no controlan estas instituciones. ¿Por qué? Porque se dice que son sin fines de lucro.
Efectivamente, como han dicho la diputada Andrea Molina y otros parlamentarios, en el gobierno pasado se hizo un esfuerzo pequeño -pero esfuerzo al fin- para regularlas; pero quedamos prácticamente en manos de una caja de compensación que se adjudicó el pago del humilde dinero a todos los pensionados de Chile todos los meses. Y en cada una de sus oficinas aprovechan esta situación de privilegio para reclutar y para ofrecer cosas que muchas veces encandilan a nuestros adultos mayores, lo que constituye un abuso por su falta de información para hacerlos beneficiarios de préstamos que, a veces, no necesitan y que se transforman en deuda para ellos y también para sus familiares, cuando aquellos dejan este mundo.
Por lo tanto, este proyecto de ley viene a poner remedio en parte a la situación. Por ello, la bancada del Partido Radical lo apoyará con fuerza, porque es importante todo paso que demos para defender a aquellos que están siendo cada día abusados en un país de abusos -en eso se ha transformado Chile-, donde abusan los emisores de las tarjetas de crédito, pues cobran intereses leoninos; abusan las tiendas del retail; abusan los bancos; abusan los transportistas interprovinciales, cuando elevan el precio de los pasajes durante los fines de semana largos. En fin, son tantos los abusos.
Por eso, si aprobamos este proyecto de ley y legislamos para que se regule la actividad de estas supuestas corporaciones privadas sin fines de lucro -ha quedado claro que sí son con fines de lucro-, al menos podríamos disminuir este abuso.
Hay que defender a los adultos mayores y a la gente que más lo necesita en Chile. Quienes hacemos política con el mejor de los ánimos y con la mejor de las intenciones, debemos tratar de recuperar la confianza de la ciudadanía.
He dicho.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
Las señoras y los señores diputados que están inscritos podrán intervenir en la próxima sesión en que el proyecto se ponga en Tabla.
Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco .
La señora PACHECO, (doña Clemira).-
Señora Presidenta, no alcanzamos a terminar de examinar este proyecto. Tampoco pudimos abocarnos al estudio del que establece exención de pago de peaje de los vehículos de emergencia por rutas concesionadas.
Solicito a la Mesa que estudie la posibilidad de incluir este último en la Tabla de la sesión de mañana.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Señora diputada, la Mesa se hará cargo de su sugerencia.
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señora Presidenta, la Comisión de Bomberos, que preside el diputado señor José Miguel Ortiz , envió una nota a fin de acelerar la tramitación del proyecto a que acaba de hacer alusión la diputada señora Clemira Pacheco .
Solicito la unanimidad de la Sala para colocar dicho proyecto de ley en el primer lugar de la Tabla de mañana. La iniciativa está esperando ser tramitada desde hace varios meses.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Señora diputada, la Mesa se hará cargo de su sugerencia.
"
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640449/seccion/akn640449-po1
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640449
- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/7069-13