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    • rdf:value = " CREACIÓN DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE. Primer trámite constitucional. (Continuación). El señor VARGAS (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, cuyos informes fueron rendidos ayer. Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe. El señor HARBOE.- Señor Presidente , sin duda, el desarrollo de la actividad productiva y económica del país resulta fundamental para mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos; sin embargo, igualmente relevante para el desarrollo de los seres humanos es la conservación del medio ambiente. En consecuencia, un Estado serio, que proceda al desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, debe ser capaz de compatibilizar ambos procesos a través de normas estables y permanentes en el tiempo, de instituciones altamente calificadas con competencias técnicas y con capacidades que permitan observar, paralelamente, los avances de los países desarrollados en la materia. La virtud del proyecto que discutimos es que se encuentra fundado en una mirada más bien integral del fenómeno medioambiental. Genera no una institucionalidad aislada, sino más bien un sistema medioambiental con instituciones normativas y, también, ejecutoras de las políticas públicas, lo que habla de una coherencia en cuanto a la mirada sobre el tema. El Ministerio del Medio Ambiente pasa de entidad eminentemente coordinadora a una institución con facultades propias para la elaboración, desarrollo e implementación de una política pública medioambiental, estable y permanente en el tiempo, que permite proyectar a futuro, independientemente de las autoridades de turno, una mirada especializada sobre los incentivos necesarios y las regulaciones requeridas para proteger nuestro hábitat. Junto con lo anterior, el proyecto consagra la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente. Siguiendo la modalidad internacional, se crea esta institución encargada de supervigilar el cumplimiento de la normativa ambiental, con facultad de sancionar y multar a los que vulneren las obligaciones consignadas en la ley, y también con facultades para exigir medidas de mitigación del bien jurídico afectado, a fin de intentar retrotraer el patrimonio afectado al estado anterior a su afectación, de tal forma de cumplir con el objetivo final de la legislación: proteger el medio ambiente y no necesariamente acopiar recursos como consecuencia de constantes multas a infractores. Por su parte, la creación del Servicio de Evaluación Ambiental termina con la falta de criterios objetivos en los procesos de evaluación, en los que en múltiples oportunidades priman criterios individuales y de funcionarios por sobre los institucionales, fundados en elementos técnicos necesarios para dar seriedad y celeridad a los procesos de evaluación de los proyectos sometidos a su consideración. La consagración legal del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, sin competencias en la dirección superior del ministerio, permitirá que el gobierno de turno se vea obligado a observar los diversos elementos sectoriales que han de considerarse en la formulación de políticas medioambientales y evitar que el legítimo interés de las autoridades sectoriales de cumplir con sus metas particulares resulte contradictorio con los criterios ambientales que, deben inspirar a la administración en su conjunto. Es decir, se trata de un nuevo avance en establecer de manera legal la intersectorialidad de las políticas públicas, único camino que permite avanzar en conceptos de eficacia, eficiencia y modernización de la gestión pública. Quiero destacar la capacidad articuladora que han demostrado la primera ministra del Medio Ambiente , doña Ana Lya Uriarte , y su equipo ministerial, quienes en un plazo prudente han sido capaces de proponer al Congreso Nacional una modalidad de sistema medioambiental, y no necesariamente circunscribir su actuar o sus labores a la creación de una institución aislada que, ciertamente, resultaba menos compleja. En efecto, ellos han optado por el camino más difícil: la creación de un sistema en su conjunto que, sin duda, beneficiará la regulación y la aplicación de las normas en materia medioambiental. No hay sociedad posible que intente ser reconocida como sociedad desarrollada por sus pares que no sea capaz de defender el entorno y el medio en el cual sus habitantes se desenvuelven. La naturaleza, los recursos naturales y el medio ambiente constituyen elementos esenciales para la proyección de la vida humana y su conservación. Ello debe responder ya no a una demanda ciudadana o a una preocupación electoral, sino más bien a un deber ético de los y las gobernantes, a fin de dotar de posibilidades de vida a nuestros hijos y nietos. Felicito a quienes han impulsado la iniciativa y anuncio mi voto favorable. He dicho. El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente , en el país, una vez recuperada la democracia, durante los gobiernos de los Presidentes Aylwin y Frei se creó una institucionalidad ambiental. Con ello se dio un gran paso. De hecho, el medio ambiente pasó a formar parte no sólo de la conversación diaria de la gente, sino de la preocupación y ocupación de políticos y ciudadanos. Por ello, hoy, en pleno siglo XXI, los ciudadanos saben que el medio ambiente es parte de ellos mismos, del hábitat, del ser humano en su conjunto. Sabemos que el ser humano no sobrevivirá en los años que vienen si no nos preocupamos ahora en relación con el medio ambiente. No podemos legar a nuestros nietos, bisnietos y a las generaciones futuras un ambiente deteriorado. Insisto en que debemos preocuparnos por los chilenos y las chilenas y, por supuesto, por la gente de todo el mundo, porque lo que impacta en Chile también impacta en el resto del planeta; lo sabemos bastante bien: hoy estamos pagando por un problema generado en países industrializados, debido al cual la capa de ozono se debilita cada vez más. Por eso, contar con una institucionalidad ambiental acorde con estos tiempos es extraordinariamente importante. De hecho, el esfuerzo que se está haciendo es encomiable; la creación del Ministerio del Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia del Medio Ambiente que se proponen, constituyen un impulso grande y una mirada de Estado. Dicho eso, hay dos aspectos que no puedo dejar de plantear, dada la concepción de Estado que tengo. Cuando uno habla de ambiente no habla de gobierno, sino de Estado, de todos los ciudadanos. Por eso, esos dos aspectos me parecen relevantes en términos de cómo construimos Estado, sobre todo en materia ambiental. El primero dice relación con la evaluación de impacto ambiental que hará el nuevo Servicio que se crea. Al respecto, considero que a nivel regional, cuando se deba decidir respecto de proyectos locales -cuál sí, cuál no; qué tipo de consideraciones se toman-, estamos retrocediendo en el sentido de convocar a que actores locales decidan sobre su propia realidad. Me refiero a que hoy, la Corema, que decide acerca de asuntos medioambientales, tiene representación de la gente. En él participan, por lo menos, un par de consejeros regionales, con voz y voto. No solamente hay gente de Gobierno, como los seremis y el intendente, sino también gente de los consejos regionales. En el proyecto se suprime la participación del intendente, pero también la de los consejeros regionales. Me parece que cuando uno habla desde el punto de vista del Estado, en especial cuando se trata de una materia como el medio ambiente, es necesario contar con la opinión local, no sólo con la de los seremis. Al respecto, ya hemos tenido clara evidencia en el pasado de que éstos no actúan necesariamente de acuerdo con políticas sectoriales técnicas. Ellos son entes políticos, son designados por la autoridad, tienen la anuencia del Presidente de la República y, por lo tanto, son entes de Gobierno. Por lo tanto, es éste el que actúa a través de los seremis. A mi juicio, en esta instancia debiera estar lo local profundamente enraízado. Me refiero a los alcaldes que, en último caso, son elegidos por la ciudadanía local del lugar donde se desarrolla algún proyecto. Independientemente de la existencia de lobby hacia el alcalde, él tiene que responder a la ciudadanía sobre las materias en que se pronuncie públicamente. Por lo tanto, cuando un alcalde dé su voto favorable para un proyecto, la ciudadanía de su comuna lo estará mirando. En consecuencia, ¿por qué no incorporar al alcalde y a los concejales, que también tienen que ver con esta representación ciudadana que debe existir en el tema ambiental? Entiendo que se pretende apuntar a un aspecto más técnico; pero las iniciativas ambientales tienen también mucho sentido político. Por eso, aquí hay un punto que debiéramos mejorar y buscar fórmulas para solucionar un aspecto dejado de lado. En efecto, lo local se deja de lado por esta técnica puesta en escena que, aunque comparto en gran medida, al no considerar otro aspecto implica una falencia seria. El otro tema que quiero plantear, que también se relaciona con una mirada de Estado, que involucra a todos, no sólo al Gobierno, es la capacidad que tendrá la Superintendencia no sólo de fiscalizar, sino, además, de sancionar. Es decir, será juez y parte de sus propias decisiones. Me parece que en el último tiempo el Estado de Chile ha cambiado esa mirada medio arcaica de superintendencias del siglo pasado y, por lo tanto, debiera avanzar hacia superintendencias nuevas. Se me explicó en la Comisión que las superintendencias actuales tienen el rol de fiscalizar y sancionar; pero, si estamos avanzando en el siglo XXI con un sistema de justicia distinto, donde hay un fiscal económico que revisa, controla y fiscaliza lo concerniente a la parte económica del país, y un tribunal distinto que sanciona ¿por qué no podemos crear un tribunal medioambiental con personas competentes, capacitadas, de distintos sectores, de manera de contar con una cierta sanidad en términos del control y la fiscalización fuerte que debe tener la Superintendencia, pero con un poder sancionatorio distinto que permita contar con un contrapeso desde el punto de vista administrativo? Se me dijo que esto es solamente administrativo porque no apunta a la contienda legal propiamente tal, que corresponde a los tribunales. Pero si en lo administrativo, en todo el aparato público, hace mucho tiempo se creó, un sistema de sanción distinto al que ejecuta la administración propia de los servicios, cual es la Contraloría, que interpreta, revisa e incluso puede sancionar en forma distinta a un servicio, entonces ¿por qué no tener un tribunal ambiental, que pueda sancionar en forma distinta de cómo lo hará el fiscalizador? Esos dos roles deben separarse. Se separaron en el área judicial; hoy, el fiscal indaga; hay un juez de garantía, y otros jueces -no un juez único- constituyen la primera instancia y determinan en forma distinta. Separamos el rol de quien fiscaliza respecto de quien juzga. Entonces, ¿por qué no hacerlo también respecto del medio ambiente? ¿Es un paso muy osado? Creo que no. Ésa es la línea por la que vamos hoy. Por ejemplo, Alemania tiene un tribunal ambiental muy potente, al que le entregan potestades bastante fuertes. Hay una mirada diferente sobre el ambiente, y debemos pensar sobre todo en el futuro, en que los intereses que pueden primar en un gobierno pueden ser muy serios en términos de amparar, por ejemplo, a las grandes industrias. Por eso, estos temas que planteo, uno mirado desde el punto de vista de lo local y el otro, desde el punto de vista del Estado, en cuanto a separar los poderes fiscalizador y sancionatorio, son relevantes. El proyecto es extraordinariamente interesante y aborda cosas extremadamente complejas en muy buena forma. No quiero que de mi discurso se entienda que estoy en contra; por el contrario, voy a votar a favor de la idea de legislar, y lo mismo voy a hacer respecto de la gran mayoría de las indicaciones;. Sin embargo, voy a pedir votación separada para dos artículos. Lo pedí en la Comisión de Hacienda, porque en el Senado, por lo menos, tienen que debatirse estos puntos. En último caso, si la mayoría postula mantener esos planteamientos que se contienen en el proyecto, lo entenderé; pero es muy importante dejar sentado que hay que tener una mirada local y representantes locales en las decisiones de los proyectos, y una mirada diferente entre fiscalización y sanción, lo cual es relevante en el mundo ambiental del siglo XXI. He dicho. El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda. El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).- Señor Presidente , después de quince años de que se promulgara la ley Nº 19.300, sobre bases generales del Medio Ambiente, hoy se somete a nuestra aprobación esta iniciativa, originada en mensaje, que tiene por objeto rediseñar la institucionalidad medioambiental, mediante la creación de un Ministerio del Medio Ambiente que tendrá como atribuciones, entre otras, proponer las normas de calidad ambiental y de emisión, administrar el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, y una que, en mi opinión, es muy importante, como la de fomentar la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas, planes, normas de calidad y emisión, en el proceso de evaluación ambiental estratégica a dichas políticas, y en los planes y programas de los ministerios sectoriales. Asimismo, en este proyecto se crea el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Todo esto, sin duda, es un avance, aunque insuficiente para fortalecer nuestra institucionalidad ambiental. En especial, destaco el rango ministerial que se otorga al tema medioambiental, materia muy relevante en la agenda pública global y para la ciudadanía. Esas son las razones que sustentan nuestra aprobación general al proyecto. Sin embargo, debido a los escasos contenidos innovadores en materias técnicas, el proyecto de ley frustra las expectativas de los chilenos de contar con un instrumento de gestión moderno y eficiente, a la altura de los desafíos ambientales que nos plantea el siglo XXI. El proyecto no garantiza de manera suficiente la certeza jurídica y la estabilidad territorial de largo plazo que requiere el desarrollo de cualquier actividad productiva y de conservación ambiental. Cabe destacar que los sectores agrícola y turístico, al igual que las comunidades afectadas por actividades contaminantes, seguirán careciendo de mecanismos idóneos para la defensa de su salud, de su patrimonio y del derecho a vivir en un medio ambiente limpio y sano, tal como lo consagra la Constitución Política del Estado. En este sentido, nada cambia. Entre las deficiencias del proyecto, destaco que la reforma propuesta restringe la competencia del Ministerio del Medio Ambiente a la tuición de los recursos naturales renovables e hídricos, quedando fuera la protección de los recursos naturales no renovables. Lo anterior deja espacio a ambigüedades respecto del valor ambiental de la biodiversidad versus la intervención de los territorios en que se emplazarán actividades industriales y productivas en general, todo lo cual atenta contra el desarrollo sustentable del país. El proyecto no incorpora innovaciones de fondo respecto de los mecanismos institucionales de evaluación de impacto ambiental y de la participación ciudadana, ya que los nuevos servicios de evaluación de impacto ambiental que se proponen en reemplazo de las Coremas mantienen su condición de estar ciento por ciento compuestos por representantes políticos, sin considerar las opiniones técnicas de los servicios públicos en la decisión final de aprobar o rechazar los proyectos sometidos a su consideración. La institucionalidad propuesta por el Ejecutivo tampoco incorpora mecanismos de compensación para asegurar la competitividad de los productos y servicios que el país transa en los mercados internacionales, frente a barreras paraarancelarias en materia de cambio climático y huella ecológica a nivel global. Ayer, el diputado Lorenzini dijo que ésta es la oportunidad de empezar a debatir con seriedad y en profundidad esta materia. Hubiésemos querido tener la oportunidad de discutir en esta Sala con esa profundidad y seriedad que merece el tema, pero la urgencia con que se calificó la iniciativa, que es la urgencia que tiene el Gobierno para adornar el discurso presidencial del próximo 21 de Mayo, impidió que esta Cámara, en pleno, hiciera su aporte a la institucionalidad ambiental. Esperamos que durante el segundo trámite constitucional, el Senado de la Republica considere y repare las omisiones expuestas. En particular, esperamos que se rectifique la actual propuesta institucional sobre la composición de las instancias que reemplazarán a las actuales Coremas, eliminando la participación de los seremis, que son funcionarios designados por los ministros políticos de cada área e incorporando en su lugar a los expertos técnicos, es decir, a los jefes de servicios públicos, que son los que realmente hacen la pega en las regiones, amén de los alcaldes de las comunas donde se localicen los proyectos o actividades sujeto a evaluación ambiental. El diputado Robles dijo que echaba de menos a los técnicos; nosotros echamos de menos también a los alcaldes, que son los administradores territoriales de la comuna y que finalmente representan la voluntad popular de quienes puedan sentirse eventualmente perjudicados. Por lo expuesto, aprobaremos en general el proyecto, pero pediremos votación separada de algunos de sus artículos, cuyo detalle ha sido puesto en conocimiento de la Mesa de esta Cámara. He dicho. El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, valoro que el proyecto haya logrado mucho consenso. Con autoridades del Partido Ecologista, particularmente con Manuel Baquedano , conversaba sobre la importancia de que la nueva institucionalidad tenga una visión sistémica e integral de los roles políticos, normativos y directivos; es decir, que se cuente con una Superintendencia proactiva, que dé garantías a todos los actores del sistema. Es cierto, distintas son las decisiones políticas que se requieren para apurar las cosas; pero ese es otro tema. Ha habido mucha lentitud para normar sobre el uso de la leña, por ejemplo, o para apurar algunos procesos en regiones, es cierto; pero esos son temas de decisión política. Por eso la importancia de la institucionalidad que estamos creando, con una superintendencia que deberá ser estricta, de manera que el Estado se fortalezca en el cumplimiento de las normas ambientales que ya están en curso y de las que tendrán que venir en el futuro con mayor decisión política. A su vez, el nuevo sistema de evaluación de impacto ambiental tiene los elementos de neutralidad, profesionalismo, acuciosidad y agilidad que los actores piden. En esta materia hicimos presente la importancia de considerar la opinión regional y no suprimirla del todo, alcance que el proyecto acogió. Por tanto, nuestro compromiso es de apoyo, pero insistiendo en este elemento. Estamos generando una institucionalidad muy semejante a la de los países con mejores récords en el tema ambiental, como los países nórdicos, Nueva Zelanda, Canadá y otros, y será tarea de la política y de los actores municipales y regionales ser más proactivos para implementarla. Para esto se requiere la regla institucional de terminar con la sensación de debilidad y politización de las coremas. El gran salto cualitativo del proyecto es el fortalecimiento de la autoridad ambiental. Por eso, lo votaremos favorablemente. He dicho. El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín. El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente , mejorar y perfeccionar la actual institucionalidad ambiental, cuyo ente rector es la Conama, como instancia coordinadora y que en otros tiempo fue la mejor alternativa, era una necesidad que la Concertación visualizó como una gran aspiración del país. Por esto, la Democracia Cristiana apoyará el proyecto con mucha fuerza. Aunque los candidatos de derecha también lo visualizaron en su minuto como algo muy importante, durante el debate han quedado en evidencia las contradicciones que siempre ha tenido ese sector en esta materia. En la Comisión, en los discursos de los colegas de la Alianza -lo digo con mucho respeto- aparecieron las preocupaciones de siempre. Primero, separar las materias, toda vez que, según dijeron, un Ministerio del Medio Ambiente significará más burocracia. Veamos sólo al tema de la Superintendencia, nos dijeron. En seguida, cuando empezamos a discutir sobre la creación de la Superintendencia, ¡pero es que están entregándole mucho poder a la Superintendencia! Nos dijeron. Lo curioso es que se trata de un modelo exactamente igual al de otras superintendencias existentes en el país. No hay innovación en esa materia, porque ha funcionado bastante bien. Por tanto, empezaron las incoherencias. También se debatió sobre la despolitización de las coremas como instancias de decisión final del sistema de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, preferentemente ellos defendieron la permanencia de autoridades políticas. Tal como dijo el diputado Valenzuela , no es bueno que sigan. Fui intendente y conozco el tema. Les pregunto, ¿qué posibilidad tiene un seremi, independientemente del informe técnico que reciba en su momento, de votar en contra de lo que plantee el intendente? ¡Ninguna! Sin embargo, ellos defienden ahora a las autoridades políticas; pero, después, cuando conviene en otros momentos, critican a esas autoridades políticas por las decisiones que toman. Esos problemas se fueron dando. Cuando entramos al tema de las fiscalizaciones y de las multas, hablaron de la necesidad de bajar las multas y de respetar el debido proceso, que está garantizado en el sistema propuesto por el proyecto, al igual como existe en todas las otras superintendencias. No fue baladí la elaboración de la iniciativa, sino que consecuencia de una discusión fundada, en la que se definieron posiciones, y es natural que así sea. Los parlamentarios representantes de la Concertación tenemos una posición respecto del tema ambiental, la que queremos llevar adelante en profundidad, mientras a otros diputados les interesan básicamente los matices. Creo que el proyecto es un avance notable en esta materia, aunque, qué duda cabe, deja tareas pendientes. Si queremos estar al nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Oecd, a la queremos postular, tendremos que seguir perfeccionando nuestra legislación. Pero éste es un avance. Lo dijo muy bien el diputado Valenzuela : los países que han enfrentado esta materia con mejores estándares y con buenos récords son los que crearon ministerios del medio ambiente como instancias rectoras, encargadas, como se dice muy bien en el proyecto, del “diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa”. O sea, es una mirada sistémica, integrada, que no interviene en los asuntos de otros ministerios, pero sí busca la adecuada coherencia en esta materia, con una mirada global de país, lo que es muy importante. Escuchamos a muchos actores, quienes concluyeron finalmente que es bueno crear este ministerio para el bien del país. Además, las funciones que abordará serán similares a las que se llevan a cabo en los países más avanzado en esta materia. En consecuencia, ¡bienvenida la creación del Ministerio del Medio Ambiente! Además, crea una instancia no existente en la actualidad, idea que se desarrolló durante el debate. Al respecto, valoro la disposición de la ministra, porque el proyecto no contemplaba la creación del Consejo de Ministros para el Desarrollo Sustentable. Algunos querían que el Consejo de Ministros decidiera sobre los proyectos de evaluación de impacto ambiental, porque veían la posibilidad de influir allí a través de los lobbies. Por lo tanto, se creó una instancia rectora, con una mirada global sobre el desarrollo sustentable de Chile, compuesta por ministros fundamentales, como el de Hacienda, lo que impedirá negar en sus debates los recursos para asegurar un desarrollo sustentable y con una mirada integral. Qué duda cabe de que también es un avance importante la creación de secretarías regionales ministeriales en cada región y de los respectivos consejos consultivos, para canalizar la participación ciudadana. El proyecto además crea el Servicio de Evaluación Ambiental, servicio público descentralizado, técnicamente calificado, destinado a evaluar los proyectos de inversión con las autoridades que correspondan. A mi modo de ver, a diferencia de un gobernador, de un consejero regional o de un intendente, que tienen responsabilidades políticas y son actores políticos, pero no están obligados a votar favorablemente el informe que viene apegado a una normativa de cada instancia, los seremis sí están obligados a respaldarlos. Por lo tanto, no son autoridades políticas que hagan lo que se les de la gana, en cambio, el intendente, el gobernador y los consejeros regionales sí. Por lo tanto, estamos profesionalizando y tecnificando la decisión final de esa instancia con un núcleo más pequeño, con las autoridades regionales directamente vinculadas con la competencia ambiental y no con autoridades que votarán de acuerdo con lo que les convengan. No obstante, los parlamentarios de Derecha quieren que vuelvan los intendentes a esa instancia, pero cuando hay problemas con ellos, les sacan la mugre, porque según dicen, como autoridades políticas influyen en los demás. Eso es incoherencia. Lo digo, porque algunos señalan que les parece fundamental incluir a los alcaldes. ¡Por favor! O sea, vamos a dejar que el alcalde o el concejal tomen decisiones técnicas respecto de proyectos de inversión. No desconfío de ellos, confío plenamente en la autoridad política; pero ahí se toman decisiones relacionadas con aspectos normativos, regulatorios, que se tienen que adoptar conforme al estado de derecho. No obstante, esas autoridades van a votar en función de lo que escucharon o de lo que les conviene o no les conviene para la próxima elección. Eso me parece inaceptable en un sistema serio y responsable como el que Chile debe tener en materia ambiental, porque hay que seguir avanzando. El Servicio de Evaluación Ambiental deberá administrar un registro de consultores certificados, para que la declaración de impacto ambiental y los estudios de impacto ambiental sean hechos por la gente más idónea en la materia. Otro aspecto fundamental: se fomentará y facilitará la participación ciudadana en la evaluación de proyectos, innovación que es muy importante. En ese sentido, me siento muy contento porque la ministra acogió un conjunto de indicaciones que los parlamentarios de la Concertación incorporamos para que la participación deje de ser simbólica y para que exista participación de la comunidad en las declaraciones de impacto ambiental, no sólo en los estudios. Es decir, deberá responderse fundadamente la observación de la comunidad en la resolución de calificación ambiental; o sea, no será una ponderación general, que la autoridad podrá o no considerar, según su juicio, ya que, como dije, estará obligada a responder fundadamente a la comunidad. Si la comunidad no se da por satisfecha, podrá reclamar ante un nivel superior para que se le dé una respuesta satisfactoria. Eso es empoderar a la comunidad, pero responsablemente, por lo que considero que es un avance fundamental. Se crea la evaluación ambiental estratégica, que deberá tener en consideración la participación y la opinión ciudadana, la que también deberá tomarse en cuenta en la resolución final. Se trata de un avance notable. Con la evaluación ambiental estratégica se pretenden evitar los problemas que hoy se producen con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que revisa proyecto a proyecto, pero no advierte el impacto ambiental global en un territorio. Esta instancia evaluará los planes, las políticas, los programas, lo que permitirá determinar si hay cuencas saturadas por tal o cual situación, lo que, a su vez, impedirá la presentación de ese tipo de proyectos. Ése es un avance notable, serio y responsable. Considero muy infundadas las críticas que se hacen a la Superintendencia del Medio Ambiente , sobre todo si se toma en consideración que su creación ha sido muy demandada por la comunidad, porque en la actualidad no existe una instancia que tenga la fuerza suficiente para impugnar resoluciones de calificación ambiental que se consideran inconvenientes. Queremos que la libertad se ejerza con responsabilidad. Cuando eso no se cumpla y se pase a llevar lo que señalan las resoluciones de calificación ambiental, existirá un ente, la Superintendencia del Medio Ambiente , que tendrá la capacidad para sancionar de manera ejemplificadora las infracciones que se tipifican y que se han ampliado. Al respecto, considero que la Comisión de Hacienda hizo un buen ajuste en la cuantía de las multas, con el objeto de que no sea gratuito el incumplimiento de la normativa ambiental. Por eso, la bancada de la Democracia Cristiana estima que el proyecto es un gran avance. Así opinamos quienes hemos estado siempre preocupados del tema ambiental y no sólo cuando conviene porque es bueno para atraer a ciertos electores, como lo hacen algunos parlamentarios de Derecha. Éste es un tema de convicción. El avance que genera el proyecto sobre la materia es notable, ya que el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental estarán a la altura de los organismos en esta materia existentes en países desarrollados y tendrán competencias técnicas suficientes para desarrollar sus labores. He dicho. El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente , no participé en la comisión que estudió la creación del Ministerio del Medio Ambiente, pero sí estuve en la Comisión de Recursos Naturales durante la investigación que se realizó respecto de la instalación de una central termoeléctrica. Eso me permitió tener una noción sobre el funcionamiento del sistema medioambiental de nuestro país, que es bastante precario, por decir lo menos. De hecho, los organismos técnicos usan mucha legislación comparada, principalmente de países europeos, para fijar los criterios de aprobación o de rechazo para la instalación de esta clase de empresas. Eso demuestra que existe una falencia gigantesca en nuestro país. En la investigación que me tocó participar, relacionada con la termoeléctrica Los Robles, que se quiere instalar en la comuna de Constitución, contigua a la de Chanco, quedó demostrado -o es lo que opina la mayoría de la gente- que ella causará un tremendo daño a la zona. Sin embargo, la Corema aprobó por unanimidad ese proyecto, basada en informaciones técnicas de sus organismos. Si se analiza la legislación actual, se verá que actuó de acuerdo con ésta. Es decir, no se puede achacar a la Corema ni a los organimos técnicos que hayan actuado fuera de la legalidad. Pero, como dije, ésta es extremadamente precaria, lo que hace que se aprueben proyectos sin los debidos resguardos para que en el futuro no se produzcan problemas. Por eso, creo que el proyecto en discusión cambia enormemente la manera de hacer los estudios sobre instalaciones de termoeléctricas o de otro tipo de iniciativas con incidencia medioambiental. A mi juicio, necesitamos un sistema más rígido. En todo el mundo se ha venido hablando insistentemente acerca de las emisiones de gases en los distintos países. Estados Unidos de América es uno de los mayores contaminantes. Si seguimos por el camino actual con respecto a las instalaciones de termoeléctricas, Chile será uno de los países importantes en materia de contaminación. Por lo tanto, necesitamos una legislación que posibilite, en casos de que se sigan aprobando ese tipo de proyectos de termoeléctricas u otros, la adopción de los resguardos necesarios para evitar cualquier problema medioambiental, sobre todo para la salud humana. Recuerdo que en la Comisión de Recursos Naturales un diputado me dijo que la Alianza se opone a la participación ciudadana. La verdad es que, al mirar el proyecto de ley, me pareció raro. En relación con las coremas -tema planteado aquí por varios diputados-, el hecho de sacar de la nueva instancia s los intendentes y a los consejeros regionales y dejar sólo a los seremis lleva a preguntarse dónde está la participación ciudadana. En mi opinión, lo lógico sería que estuvieran presentes los alcaldes. Me dijeron que éstos son políticos; pero, ¿qué más políticos que los seremis, que son nombrados por el Presidente de la República ? Los alcaldes, al menos, son elegidos por votación popular y representan a sus comunas. Por lo tanto, para que exista representación ciudadana, lo lógico sería integrar a los alcaldes en esa nueva institucionalidad. Creo que dejar sólo a los seremis puede producir una distorsión. En general, la UDI está de acuerdo con el proyecto. Tenemos algunas aprensiones, que algunos diputados han hecho ver y que explicitará el diputado Bauer . Al respecto, nos habría gustado presentar algunas indicaciones para hacer un nuevo estudio. El proyecto está en primer trámite constitucional; sin embargo, como está calificado con suma urgencia, no podremos hacerlo, por lo que no nos quedará otra alternativa que rechazar algunos artículos, lo que me parece bastante ilógico. Lo lógico sería cambiar su urgencia por simple, para presentar las respectivas indicaciones y no tener que rechazar artículos con los que estamos parcialmente de acuerdo. He escuchado a diputados de Renovación Nacional, de la UDI y del Partido Radical que están en desacuerdo con la composición de la Comisión que reemplazará a la Corema, por lo que es posible que eso se caiga. Entonces, no tiene sentido rechazar el artículo respectivo y que el proyecto se vaya al Senado en forma trunca, en circunstancias de que se puede arreglar con una pequeña indicación. En general, valoro el trabajo de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, que ha hecho un esfuerzo tremendo. Es muy importante que tengamos una ley medioambiental clara, de manera que cuando se presente un proyecto como el de la termoeléctrica Los Robles, no se apruebe unánimemente sobre la base de legislaciones europeas o amparándose en una legislación ambigua, como la que existe en Chile, y , en caso de que obtenga su aprobación, se adopten los resguardos necesarios. Finalmente, felicito a quienes trabajaron en esa Comisión, porque sé que hicieron un gran esfuerzo. He dicho. El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz. El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , el proyecto es de gran importancia para los desafíos que debe enfrentar el país. Hago un especial reconocimiento a la ministra del Medio Ambiente , señora Ana Lya Uriarte , quien antes fue directora de la Conama, por impulsar el proceso en el que estamos inmersos. Sabemos que conseguir la voluntad de más de diez o doce ministros no es un esfuerzo fácil en un Estado tradicional y atávicamente compartimentado, donde cada institución, servicio público o ministerio es increíblemente celoso de sus competencias y atribuciones y en el que cada uno juega un papel distinto y complejo en el desafío de preservar nuestros recursos naturales y nuestro medio ambiente. Sin duda, haber puesto de acuerdo a todos los actores concernidos en el proceso de creación de una nueva institucionalidad medioambiental constituye un tremendo éxito, y el hecho de que estemos en esta Sala discutiendo y a punto de despachar este proyecto de ley, a mi juicio representa otro éxito de la ministra y de la Presidenta Bachelet. Creo que todos hemos tomado conciencia de que la institucionalidad ambiental llegó a una situación de crisis, porque ya no da cuenta de la realidad ambiental de Chile y de la necesidad de mejorar los procesos de evaluación y calificación ambiental, en que se confunde la mano que tiene la responsabilidad del fomento productivo con la que tiene la responsabilidad de garantizar la preservación de nuestros recursos naturales. Se trata, a veces, de objetivos contradictorios, que no se pueden complementar, por lo que hay que tomar opciones y decidir. En la actualidad, no contamos con una institucionalidad ambiental que garantice una decisión ecuánime y respetuosa del medio ambiente. Cuando se toma una decisión sobre el medio ambiente no estamos hablando sólo del presente, sino del futuro. No está presente en nuestra institucionalidad la variable de pensar en decisiones que tienen impacto ambiental no sólo con la mirada puesta en el presente, sino en el futuro. Además, creo que la institucionalidad vigente tiene severos problemas desde el punto de vista de los derechos de participación ciudadana. La gente se siente no solamente con el derecho de participar, sino que estima que la participación es su herramienta para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. Sin embargo, la normativa ambiental actual precariza la participación ciudadana, la convierte en carente de contenidos, lo que obviamente constituye un motivo de enorme frustración ciudadana. El conjunto de precariedades del sistema vigente, hoy cuestionado por la ciudadanía, cada vez más consciente de sus derechos -incluso, ayer se constituyó en la Cámara una Comisión Investigadora al respecto- nos da cuenta de que es necesario, urgente e indispensable acordar reformas sustantivas a nuestra institucionalidad, de lo cual se hace cargo en gran medida la iniciativa en estudio. Tengo la sensación de que el proyecto no acoge el ciento por ciento de nuestras demandas. Apunta en una línea correcta, pero a mi juicio aún no representa lo óptimo. Sin embargo, los siguientes tres elementos fundamentales me invitan a votarlo a favor. Mejora de manera sustantiva la transparencia en los procesos de calificación ambiental. Clarifica y simplifica los procesos, particularmente de cara a quienes son afectados por esas decisiones, que no son los titulares de los proyectos, sino las comunidades de los lugares donde se instalan esos proyectos, que por sí mismos tienen impacto ambiental. Por eso ingresan al sistema. Además, amplía la participación ciudadana también a las declaraciones de impacto ambiental. Incluso, podríamos perfeccionar lo que se propone, pero ya es un gran avance. Recuerdo que en la comuna de La Higuera, del distrito número siete, que represento, hace un par de años se aprobó, sin participación ciudadana, un proyecto termoeléctrico. Me hace señas el diputado señor García-Huidobro , porque nos acompañó en una reunión con los vecinos. Se trató de una declaración de impacto ambiental para una central termoeléctrica de 50 megavatios que se aprobó sin consulta ciudadana, porque ésta se hizo en febrero, cuando no era fácil encontrar a las personas. Estimo que esta nueva arquitectura institucional se orienta en el sentido correcto y espero que en el Senado se introduzcan los perfeccionamientos necesarios, en el sentido de separar dos tareas que son legítimas en el Estado: la de quienes tienen la función de generar fomento productivo, desarrollo económico y empleo, y la de quienes tienen como mandato preservar nuestros recursos naturales, a fin de asegurar un desarrollo sustentable para Chile, de manera que no ocurra que las decisiones que se tomen hoy sean altamente beneficiosas desde el punto de vista económico para el presente, pero tremendamente nocivas desde el punto de vista del desarrollo sustentable y de lo que estamos legando a las nuevas generaciones. El Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, con un fuerte componente técnico, y la Superintendencia que se crean, a mi juicio, forman un triángulo apropiado para adoptar de manera correcta decisiones tremendamente relevantes por el impacto que generan de cara a la comunidad. Pero pienso que el proyecto presenta algunas deficiencias que sería bueno subsanar. Sin duda, una de las más relevantes es que aquí nada se dice, salvo el mandato para que en el plazo de un año se plantee un texto legal. Creo que debimos haberlo hecho en forma paralela con la creación de una nueva institucionalidad en materia de biodiversidad y áreas protegidas. Hoy Chile no tiene ninguna política de ordenamiento territorial en materia ambiental. Instrumentos tan relevantes como los planes intercomunales, por ejemplo, para la protección del borde costero, simplemente se retrasan por medidas burocráticas. Entonces, la gente sospecha, con legítima razón, si el largo peregrinaje de esos instrumentos de planificación territorial responde a la complejidad de los mismos o si simplemente responde al deseo de seguir permitiendo que en Chile todo el mundo pueda hacer y deshacer en cualquier lugar del país, y que la declaración de áreas protegidas, en sus distintas naturalezas y manifestaciones, tenga un valor meramente declarativo, porque eso es lo que está ocurriendo hoy. Permítanme que haga una vez más referencia nuevamente a mi distrito. Hoy estamos en medio de un proceso de discusión en la comuna de La Higuera, donde se quiere instalar una central termoeléctrica de más de 800 megavatios en la cercanía de un área protegida, de una reserva natural como no hay otra en el mundo. Es posible que la Corema apruebe el proyecto, porque nuestra legislación no resguarda esa área protegida. Se cuenta con una declaración que no contempla ningún mecanismo que la cautele. Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar a la señora ministra que la conservación de la biodiversidad de las áreas protegidas es un desafío urgente. Ojalá podamos contar con una legislación apropiada antes del plazo previsto en el articulado. De lo contrario, estaremos creando una institucionalidad ambiental coja, porque no se le entregarán las herramientas que permitan ordenar el territorio, de manera de establecer dónde la sociedad está dispuesta a hacer sacrificios y dónde éstos resultan inaceptables, dónde los titulares de proyectos de impacto ambiental pueden legítimamente plantear sus proyectos y dónde simplemente estará vedado llevarlos a cabo. Hoy, eso no está resuelto, y la institucionalidad ambiental que se crea no lo resuelve. Éste es un punto esencial, pero no impedirá que concurramos con nuestro voto a favor. Hay otros temas pendientes que quiero dejar enunciados en los escasos minutos que me quedan. Evaluación sinérgica de proyectos. Por ejemplo, en la misma comuna de La Higuera hay cuatro proyectos: uno aprobado y tres en estudio. Si no se establece la obligación de evaluar sinérgicamente los proyectos, será muy fácil burlar la ley o el espíritu de la ley. En efecto, si cada uno se analiza por separado y no de manera estratégica, sin duda que el juicio técnico será limitado y no mostrará en toda su realidad los verdaderos impactos. Tengo mis dudas sobre el artículo 13 bis. Lo comenté ayer con la ministra. No me parece legítimo ni ético que, en el marco de un proceso ambiental, el titular de algún proyecto empiece a regalar como si fuera el viejito pascuero. Me parece que es un intento artero de comprar conciencias. A mi juicio, eso debiese estar penalizado y sancionado, por ejemplo, con la caducidad de la evaluación del proyecto y con la prohibición de presentar proyectos similares por un largo plazo, porque no parece razonable que empresas que no existen empiecen a regalar cosas con motivo de la celebración de Navidad, del día del niño, del día de la madre, del día del padre, amparadas en su responsabilidad social, en circunstancias de que lo que quieren es que las autoridades públicas y la comunidad, no pongan obstáculos a la aprobación del proyecto. A mi juicio, el artículo 13 bis no resuelve ese problema. Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar a la señora ministra que los trabajadores de la Conama son parte de este proceso. Por lo tanto, es muy importante que cuando se hagan los traspasos, se incluya no solamente a los trabajadores de planta, sino también a los que se desempeñan a contrata. He dicho. El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión. Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro. El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, este proyecto, muy discutido y largamente esperado, crea tres entidades nuevas y diferentes en nuestra institucionalidad, como son el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Imagino que la ministra señora Ana Lya Uriarte debe de estar muy contenta de tener finalmente un hogar donde acogerse, después de tanto tiempo. En gran parte, gracias a su esfuerzo y su capacidad, el proyecto ha llegado a esta etapa de su discusión. Aquí estamos ante la eterna pregunta y ecuación de cómo equilibrar fomento productivo con protección del patrimonio natural de nuestro país. Es una cuestión de permanente discusión y que siempre estará en conflicto en las sociedades modernas que, por un lado, tratan de desarrollarse y, por el otro, intentan proteger su patrimonio ambiental para heredar a las futuras generaciones un mundo ojalá mejor al que tenemos hoy desde los puntos de vista económico y ambiental. Señor Presidente , es bueno recordar algunas cifras para entender nuestra posición en el mundo en términos de nuestro patrimonio natural y las riquezas que tenemos como país. Chile, por razones geográficas, está aislado del resto del mundo, lo que lo convierte prácticamente en una isla. Nuestro patrimonio, en proporción, es quizás uno de los más grandes en el mundo, ya que casi un 20 por ciento de nuestra superficie territorial está bajo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Se trata de casi 14 millones de hectáreas. No obstante, muchas de ellas se encuentran ubicadas en altas cumbres y no son objeto de explotación comercial ni productiva. En suma, Chile tiene una riqueza endémica muy importante, y tenemos la obligación de mantenerla y, ojalá, de mejorarla. Por otra parte, en el país existen 17 tipos de áreas protegidas en los ámbitos terrestre, acuático y marítimo. Siete ministerios están involucrados en este sistema de protección, lo que me parece una muestra de inconsistencia, porque debiera existir un responsable o, como máximo, dos responsables del cuidado y protección de este gran patrimonio. Un aspecto importante a considerar es que hay muchos tipos forestales y ecosistemas naturales que no están representados dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, Snaspe , lo que constituye una deuda pendiente. En diferentes oportunidades el Gobierno se ha comprometido a destinar recursos económicos para expropiar zonas del país donde existen ecosistemas y tipos forestales que hoy no están incluidos en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, sin que hasta ahora se haya logrado. Por lo tanto, espero que el nuevo Ministerio del Medio Ambiente, y el Ministerio de Agricultura, paguen esa deuda para conservar la riqueza natural de nuestro país. La importancia del proyecto es que crea una institucionalidad medioambiental en que la biodiversidad y las áreas silvestres protegidas por el Estado deben estar debidamente resguardadas. En este sentido, hay un solo organismo en nuestro país reconocido en términos de protección y conservación de la biodiversidad y de las áreas silvestres protegidas del Estado: la Corporación Nacional Forestal, Conaf . Hoy nos acompañan desde las tribunas representantes de los trabajadores y los brigadistas que combaten los incendios forestales. (Aplausos) Al respecto existe una gran inconsistencia e inconsecuencia, que en los últimos veinticinco años no hemos podido resolver en el país: la Conaf es una institución de derecho privado, pero que administra fondos públicos. ¡Qué cosa más pintoresca! A mi juicio, no existe otra institución del Estado que tenga esta condición dual. Es como estar casado y soltero al mismo tiempo. En 1984, se dictó el decreto con fuerza de ley que dio origen a la ley Nº 18.348, que creó la Conaf como entidad pública. Pero hasta hoy esa ley no ha entrado en vigencia. Ese mismo año se dictó el decreto con fuerza de ley que dio vida a la ley Nº 18.362, que creó el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, que entraría en vigencia sólo cuando la Conaf fuese una entidad pública. Sin embargo, como esto no ha ocurrido, el Snaspe tampoco ha sido creado de manera oficial y legal. Sin embargo, durante todos estos años se ha pretendido que este sistema existe y que lo administra la Conaf, lo cual en términos jurídicos no es efectivo, y para ello basta revisar la ley. Reitero: la entrada en vigencia del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, está supeditado a la creación de una Conaf pública, situación que hasta el día de hoy no ha ocurrido, por lo que ninguna de las dos entidades teórica ni legítimamente existen. Cuando se discutió el proyecto de ley sobre protección del bosque nativo y fomento forestal, el Gobierno se comprometió a resolver el problema de dualidad de la Conaf. Por otra parte -esto es muy importante-, en 2008 el Tribunal Constitucional, en un fallo en relación con la ley Nº 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, dictaminó que la Presidenta de la República debía regularizar la situación de la Conaf, transformándola en el más breve plazo en una institución pública. En 2006, durante la realización de una mesa de trabajo del sector forestal, el Ministerio se comprometió a resolver el problema lo antes posible. Durante la discusión del proyecto sobre protección del bosque nativo y fomento forestal tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se hizo presente esta situación anómala, que se ha arrastrado por veinticinco años sin que se haya resuelto en forma definitiva. Por esa razón, pediré votación separada del artículo octavo transitorio, que establece lo siguiente: “Dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, los Ministros del Medio Ambiente y de Agricultura deberán formular y presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así como en el ámbito forestal”. El aspecto abordado por el artículo octavo requiere del compromiso de modificar en forma rápida el estatuto jurídico de la Conaf para convertirla en una entidad pública que sea responsable de todo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Finalmente, también solicitaré votación separada del artículo 86 del ARTÍCULO PRIMERO, que establece la forma como se constituirán y funcionarán las futuras coremas. Al respecto, no hay dudas de que los seremis son representantes del Ejecutivo y, por lo tanto, personeros políticos. A mi juicio, las futuras coremas debieran estar constituidas por los jefes de servicio de cada una de las áreas equivalentes a los seremis. Ésa es la única forma de otorgar un nivel técnico a esa instancia, sin una vinculación política con el gobierno de turno. Todos sabemos que los seremis obedecen al ministro , que es su jefe, y por ende, están supeditados siempre a su opinión y a su presión para votar los proyectos de alguna forma determinada. Por lo tanto, reitero que pediré votación separada para el artículo 86. Señor Presidente, por su intermedio deseo expresar a la ministra que habría preferido la creación de una Superintendencia del Medio Ambiente que hubiera tenido el apellido de sustentabilidad. Espero que con la aprobación de este proyecto podamos avanzar, pero reitero que aún esta pendiente la situación jurídica de la Conaf, que espero se resuelva en este período presidencial o, de no ser así, en el próximo gobierno de Sebastián Piñera. He dicho. -Aplausos. El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , quiero iniciar mi intervención sobre la nueva institucionalidad ambiental, reconociendo el trabajo de la Comisión, en general, y de su presidenta, en particular, quien ayer nos ilustró sobre los contenidos del proyecto con un informe muy bueno y extenso. Asimismo, felicito el trabajo decidido del Ministerio, de la ministra y de la sociedad, que ha participado por primera vez de manera sólida y contundente en la elaboración de una iniciativa como la que conocemos. Quienes no formamos parte de la Comisión pudimos intervenir en el debate y hacer presentes nuestras inquietudes, por lo que creo que vamos avanzando. Quedan temas pendientes y es necesario reforzar ciertos elementos y políticas públicas -¡qué duda cabe!- dentro de nuestra nueva institucionalidad ambiental. Pero si vemos el punto de partida, constataremos con claridad que hemos avanzado en contenidos que deben entregar certezas a la ciudadanía. Señalo lo anterior porque el historial ambiental en muchas regiones del país no es el mejor; los problemas que en esta área han sufrido muchos lugares de Chile todavía nos hacen pagar importantes costos. Algunos diputados han mencionado proyectos particulares en sus regiones. Quien habla representa, entre otras, a la comuna de Valdivia, de la Región de Los Ríos, uno de los lugares en que se han concentrado los mayores desastres ambientales de la historia de Chile, precisamente, porque la institucionalidad era débil, porque teníamos autoridades que no cumplieron su cometido y porque presiones indebidas llevaron a anteponer los intereses económicos por sobre los ambientales. Es decir, primó la visión reducida del desarrollo, a la que le da lo mismo la calidad del medio ambiente a la hora de crecer y generar empleo. Por ejemplo, vivimos el desastre producido en el santuario de la naturaleza del río Cruces. Ahí pudimos apreciar un ejemplo, a nivel nacional e internacional, de cómo una comunidad se puso de pie para defender sus intereses, sus aguas y su calidad de vida. La sociedad civil se movilizó cuando la institucionalidad no entregó respuestas efectivas por lo que ocurría. Hace poco más de un año, la misma sociedad civil -las comunidades indígenas, los alcaldes, etcétera- se movilizó para protestar por otra aberración que se cierne sobre nuestro territorio: las centrales hidroeléctricas, especialmente la que se pretende construir en el río San Pedro, aprobada entre gallos y medianoche, por decisión política, no técnica ni ambiental. Por tal motivo, se ha constituido una Comisión investigadora que busca dilucidar la actuación de la corema involucrada, la decisión adoptada y el lobby desplegado para sacar adelante ese proyecto. Me alegro de que avancemos en la institucionalidad, porque si hubiera estado vigente la normativa que ahora estamos discutiendo, ese tipo de situaciones no habría ocurrido. Este proyecto, que rediseña la institucionalidad ambiental, implica la creación del Ministerio del Medio Ambiente, pieza fundamental para sacar adelante esta iniciativa. No me cabe duda de que la ministra que hoy tenemos hará valer los intereses ambientales y generales de nuestro país, que hoy exceden los intereses particulares. Felicito la valentía de la señora ministra por manifestar, con elementos técnicos y una visión de futuro, que no se deben construir las megarrepresas en La Patagonia. Algunos ministros o personas interesadas están dando por aprobado un proyecto que recién está en proceso de evaluación de impacto ambiental. Con esta institucionalidad, queremos que el Ministerio vele por los intereses de todos los chilenos a la hora de defender la pertinencia o no de la construcción de un megaproyecto. También se crean el Servicio de Evaluación Ambiental, separado, autónomo, lo cual es muy importante, porque entrega la tranquilidad de que hará un seguimiento de la evaluación ambiental, y una Superintendencia del Medio Ambiente. ¡Qué bueno será contar con esta institucionalidad, para que los ciudadanos no tengan que usar sus recursos y tiempo para supervigilar y fiscalizar la forma en que se están llevando adelante los proyectos! Sin embargo, debe clarificarse qué papel juega el Consejo de Defensa del Estado en este contexto, porque en muchos lugares este órgano ha logrado, a través de sus acciones y de su funcionamiento institucional, controlar, perseguir y sancionar a los responsables de transgresiones medioambientales, tal como ocurrió con el derrame de crudo en la bahía de San Vicente, en el distrito que representa el Vicepresidente Raúl Súnico . El Consejo de Defensa del Estado también accionó por el desastre ocurrido en el río Cruces y por otros conflictos ambientales. En fin, sería interesante saber de qué manera se vinculará esa institución con lo que establece esta nueva normativa. Además, el Ministerio Público ha establecido fiscalías del medio ambiente y fiscales medioambientales. Es conveniente precisar de qué manera la institucionalidad entera toma en serio, con la importancia que corresponde, la protección de nuestro medio ambiente. En esa dirección debe avanzar nuestra política. También me alegro de que en la ley se establezca la evaluación ambiental estratégica, que se debe vincular con el estudio de manejo de cuencas. Debemos anticipar de qué manera logramos una evaluación ambiental estratégica y no sólo de proyecto a proyecto. Ingresa un proyecto y, después de dos años, se evalúa otro, y no sabemos cuál es su impacto en el territorio. Muchas veces nos hemos referido a esta materia. No se trata de que nos opongamos a la construcción de centrales hidroeléctricas, pero un río no puede ser jalonado con siete u ocho represas sin entregar una señal clara a los agricultores o a quienes se dedican al turismo o a otras actividades en esa cuenca. ¿Qué vamos a hacer con las cuencas de los ríos de nuestro país? Es importante avanzar en su estudio y la evaluación ambiental estratégica debe orientarse en esa perspectiva. En cuanto al articulado específico de este proyecto -a propósito de la superación de los coremas-, me preocupa la composición de los organismos que, en definitiva, votarán la evaluación de un proyecto ambiental y tomarán las decisiones en las regiones. Me parece bien que no participe el intendente, que muchas veces funcionaba como un verdadero pretor del proyecto privado y no de los derechos ambientales de los ciudadanos. Pero tampoco podemos llamarnos a equívocos, en el sentido de que los seremis y los directores de servicios -muchos de los cuales, seguramente, tienen competencias técnicas- van a defender necesariamente los intereses generales y no van a estar sometidos directamente a la responsabilidad jerárquica o política de quienes los han designado. Lo importante es que los informes técnicos y la participación de la ciudadanía organizada sean considerados, que el proceso de participación acoja efectivamente a los ciudadanos, que no sólo se remita a una notificación en una sala y a una simple puesta en escena de esa participación, a la cual llegan las empresas con informes técnicos millonarios; mientras que los ciudadanos tratan de dilucidar el real alcance de los proyectos únicamente con su sentido común y su capacidad de respuesta. Este es un tema pendiente y es necesario progresar en él. Asimismo, es fundamental el protocolo de acuerdo firmado por los integrantes de la Comisión respecto del artículo octavo transitorio, que establece lo siguiente: “Dentro del plazo de un año desde la publicación de esta Ley, los Ministros del Medio Ambiente y de Agricultura deberán formular y presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así como en el ámbito forestal.”. Es imprescindible que, junto con la mejora de esta legislación ambiental, se avance en esa línea. Aún no estamos a la altura de lo que exige la comunidad internacional respecto de la institucionalidad en materia de biodiversidad y áreas protegidas. Por último, espero que se tenga la debida consideración y se adopten los resguardos necesarios con los trabajadores de la Conama y de la Conaf -nos han hecho llegar su preocupación en tal sentido- que merecen el respeto de sus derechos. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Bauer. El señor BAUER.- Señor Presidente , con la ministra analizamos este proyecto durante todo el año pasado y lo que va de corrido de éste y, quizás, lo más lamentable ha sido la urgencia con que ha sido calificado, que por su importancia para el desarrollo del país, merece ser discutido con más calma y más participación de distintos estamentos. La Comisión trabajó en forma acelerada y fue chicoteada porque había que despachar rápidamente el proyecto. Pienso que una iniciativa de esta naturaleza requería más tiempo para un estudio profundo. Quizás, lo más relevante de lo que conseguimos como Oposición fue la inclusión en el proyecto de los términos desarrollo sustentable. Esa es la base más importante en esta iniciativa. Me voy a referir a continuación a algunos artículos a los cuales nos vamos a oponer y voy a dar las razones de nuestra posición. Voy a partir por las nuevas coremas. Bien decían algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra que aquí se habla mucho de regionalización, sin embargo, éste es un golpe mortal para ella. Nadie puede decir que los seremis representan a las regiones, porque no necesariamente; salen de cualquier parte y van de región en región. Eso se ha podido advertir de esos lugares; sobre todo durante los últimos gobiernos. No nos parece adecuado sacar a los intendentes, a los cores y a todas las autoridades regionales por considerar que los seremis van a ser más transparentes, sobre todo cuando son monitoreados por Santiago . Al respecto, el diputado Vallespín se olvida que, hace cinco o seis años, un seremi en Valparaíso se pronunció en contra de una resolución sobre impacto ambiental y fue despedido al día siguiente por no haber votado de acuerdo con lo que decía su ministro . Entonces, ¡de qué estamos hablando! El ARTÍCULO SEGUNDO del proyecto, que crea la Superintendencia del Medio Ambiente, en su artículo 28, se refiere a sus atribuciones de fiscalización. Esas facultades deben ser adecuadas y equilibrar la efectividad con la protección de los derechos de los fiscalizados. En esto no hay mucho que innovar, porque las superintendencias existentes ya cuentan con las herramientas necesarias para el cumplimiento de su labor. Sin embargo, en los incisos segundo y tercero del artículo 28 se concede a los funcionarios de la Superintendencia facultades que no tienen los de ninguna otra. Incluso, se le entregan más atribuciones que las que tiene un carabinero para perseguir a un delincuente. Esto no sólo me parece excesivo, sino que vulnera garantías constitucionales básicas y no respeta el debido proceso administrativo. El artículo 36 establece la clasificación de las infracciones para los efectos del ejercicio de la potestad sancionadora, pero ello debe estar descrito en forma precisa para evitar interpretaciones antojadizas, y la disposición contempla numerosas infracciones extremadamente amplias y sin límites claros. Por ejemplo, es infracción gravísima cuando “hayan generado grave riesgo para la salud de la población;” y es infracción grave cuando “hayan generado un riesgo significativo”. Lo adecuado es corregir este artículo y describir en forma clara las conductas sancionables. El artículo 43 establece que, en caso de daño ambiental, será la Superintendencia la que en el futuro fije el monto de los daños y las indemnizaciones. Pensamos que no es adecuado que la Superintendencia sea la que determine la existencia del daño ambiental. Consideramos que esa función la deben cumplir los tribunales, tal como opera en la actualidad. La Superintendencia sólo debe limitar su acción a solicitar a los tribunales que determinen el monto de la indemnización. En definitiva, la determinación del daño ambiental es un asunto netamente jurídico que conlleva cuantiosas indemnizaciones. Lo adecuado es mantener el régimen vigente. El artículo 48 regula las medidas provisionales en los procedimientos administrativos. Es decir, aquellas que dicta la Superintendencia mientras el proceso administrativo está en curso o antes de su inicio. Las medidas provisionales pueden llegar incluso a la clausura, por lo que deben existir algunos resguardos para evitar que una mala decisión del Superintendente genere daños irreversibles. Las indicaciones presentadas por los diputados de la Alianza sobre esta materia no fueron aceptadas. Entre otras cosas, en ellas se pedía que las medidas provisionales más severas se dictaran sólo en caso de daño grave o potencialmente grave al medio ambiente. Nada de eso se aceptó, lo que podría llevar a que las medidas provisionales no sean aprobadas en la forma propuesta. El ARTÍCULO TERCERO introduce modificaciones a la ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Revisión de los oficios de la resolución de calificación ambiental. La redacción de este artículo siembra mucha incertidumbre jurídica, ya que deja totalmente al arbitrio de la autoridad administrativa la revisión de resoluciones de calificación ambiental, RCA, aun cuando no se verifique que los cambios observados afectan negativamente al medio ambiente. Pueden ser hechos neutros, pero igual podrá revisarse el oficio. Con esto se afecta gravemente la seguridad jurídica que se le concede a la resolución de calificación ambiental. La participación ciudadana en una fase resolutiva es algo que no está presente en ningún otro ámbito de la legislación ambiental. No formaba parte del proyecto original y mal regulado puede derivar en discusiones estériles que retrasarán en forma considerable la implementación de muchas iniciativas, lo cual puede influir directamente en el empleo. Al final, son las autoridades las que deben resolver esto. Si bien es cierto que se le da mucha importancia a la participación ciudadana, también debemos reconocer que se le niega la participación al intendente, a los cores y a las autoridades regionales. Por tanto, aquí hay un contrasentido. Aun cuando es lógico considerar todos los impactos relevantes en el análisis de la modificación propuesta, su redacción puede generar muchas arbitrariedades si es mal aplicado el proyecto. Además, este artículo no formaba parte de la iniciativa original. Temo que debe redactarse nuevamente, siguiendo el artículo 124 del reglamento vigente. La difusión radial obligatoria a costa de los titulares no nos parece que formaba parte del espíritu original del proyecto y puede representar un alto costo para las pymes. Por lo demás, el proyecto no específica las condiciones de difusión, lo que se puede prestar para muchas arbitrariedades. Aumentar los costos va a significar que más personas prefieran pasar por alto el sistema. Hemos pedido votación separada de las disposiciones pertinentes. Por último, quiero comentar dos artículos transitorios. El artículo segundo transitorio, en su número 1, faculta al Presidente de la República para fijar “la planta del personal del Ministerio del Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, de la Superintendencia del Medio Ambiente, así como el régimen de remuneraciones que le será aplicable a esta última. El encasillamiento de estas plantas podrá incluir personal de la Comisión Nacional de Medio Ambiente.” A nuestro juicio, debe decir: “deberá incluir al personal…”, porque la modificación de una disposición legal no puede significar que se juegue con el trabajo de muchos años de tantas personas consideradas buenos funcionarios y que, por lo tanto, se les debe dar la oportunidad de continuar. El artículo octavo transitorio dispone: “Dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, los Ministros del Medio Ambiente y de Agricultura deberán formular y presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así como en el ámbito forestal.”. No sé hasta cuándo vamos a seguir sin la capacidad -tal como señaló el diputado Delmastro - para solucionar el problema de la Conaf, una institución que, como aquí se ha dicho, no es ni pato ni gallina, no está allá ni está acá; nadie sabe dónde está. Llevamos más de 25 años tratando de darle forma, pero no lo hemos logrado. Éste era el momento para que de una vez por todas se abordara su situación, porque no puede continuar como está, pero hoy de nuevo queda al medio, sin que nadie sepa qué va a suceder con esa Corporación. Por lo tanto, vamos a votar a favor del proyecto en general, pero nos vamos a oponer a las disposiciones señaladas. He dicho. El señor SUNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente , ¡hasta cuándo! decía el diputado Bauer , y le digo ¡hasta ahora! Pongamos las cosas en perspectiva. Estamos tratando un tema respecto del cual no soy experto, pero uno aprende de la discusión parlamentaria. Se trata de una materia que -como han señalado aquí- va a tener mayor importancia en el futuro que ahora, sobre todo en lo que significa para las personas de regiones una adecuada legislación ambiental. La Presidenta Bachelet lo dijo en su programa de Gobierno y lo cumplió. Aquí tenemos el proyecto y felicito a la ministra y a su equipo, porque, en su minuto, la vimos luchando en la Conama y nunca pensé que iba a llegar a esta instancia; pero ahí está. A veces uno se pierde. Está bien la reforma laboral, es un tema nacional; está bien el reajuste de las pensiones, tema nacional; está bien la reforma educacional, tema nacional. Nos falta la reforma tributaria que nadie se ha atrevido a impulsar porque se hacen demasiados lobbies. ¡Dejémoslo para el próximo gobierno! Para mí, una reforma ambiental tiene más peso que otras, porque tiene que ver con la calidad de vida. El diputado Robles decía que existían juzgados laborales, de familia, de garantía, etcétera; pero, ¿tenemos juzgados ambientales? ¿Con quiénes van a litigar las empresas, que pagan asesorías millonarias y disponen de cuantiosos recursos internacionales? Aquí nos vamos al otro lado: la ciudadanía. Frente a un proyecto básico y bien hecho -no quiero lanzar más flores a la ministra y a su equipo, porque ya las han recibido por montones-, quiero ponerme en la perspectiva de lo que nos falta. ¿Conoce la ministra -es obvio que lo sabe- el presupuesto que tendrá el ministerio para este año? Diecinueve mil millones de pesos. Si tomamos cualquier programa del Fosis o del Indap, veremos que lo triplica o cuadriplica. Es decir, estamos creando una tremenda institucionalidad, que tendrá un presupuesto de apenas diecinueve mil millones de pesos. Si restamos lo que se les paga a los funcionarios, a los asesores, etcétera, nos queda sólo un presupuesto de mantención. Estamos ante un tremendo proyecto. La ministra me dirá que hay 4.100 millones de pesos adicionales para la Superintendencia -qué bueno que tengamos una Superintendencia que va a fiscalizar-; pero ese presupuesto -así lo dice el proyecto- es para el personal. ¿Acaso no sabemos que para que funcione la Superintendencia que se va a crear es necesario diseñar un modelo tecnológico de información para todo el país? ¿Saben cuánto cuesta eso? ¿Dos mil o tres mil millones de pesos? Lo pregunto porque hemos visto lo que se paga por las asesorías; la ministra sabe que son bastante caras. ¿Se pagarán con 4 mil millones de pesos? Estamos creando una institucionalidad modelo; ¡fantástico!, pero no le estamos dando recursos suficientes. Como dicen los huasos -el diputado Delmastro lo sabe porque cuando viaja al sur pasa por la Región del Maule- el que pone la plata, también debe poner la cueca y la música. Quiero decirle a la ministra que me parece algo inaudito, y que en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos tendremos que ponerle la música a todo esto. Teóricamente está bien diseñada; se hizo un buen trabajo, se ve que existen buenas intenciones y que hay un camino a seguir; pero, no se podrá hacer una buena fiscalización con 4.100 millones de pesos. Ahora, ¿cómo participan los ciudadanos, que no son expertos y que deberán contratar especialistas y asesores? Por ahí tengo el presupuesto del año pasado; no sé si lo habrán modificado; Fondo de Protección Ambiental -de él sale la plata para los proyectitos-: 1.500 millones de pesos; divididos en quince regiones, serían 100 millones para cada una, con lo que se financiarían dos o tres proyectitos al año, y se acabó. Es decir, los ciudadanos no existen; pueden opinar y decir tonterías, porque siempre los técnicos dicen que no saben porque no tienen asesores. Con este presupuesto no tenemos ONG o terceros que representen y apoyen a la ciudadanía. ¡1.500 millones de pesos! En realidad, es poco; si contratamos algunos asesores, se nos van a ir quinientos millones y nos quedarán sólo mil millones de pesos. Tampoco funciona. Como ustedes saben, este año Chile está ingresando a la Ocde, máximo organismo de desarrollo económico a nivel mundial, donde sólo están los países privilegiados. ¿Saben ustedes lo que es la Ocde? ¿Saben ustedes que los veinte países que integran ese organismo, que son los más ricos, adelantados y progresistas del mundo, destinan el 20 por ciento de sus presupuestos a fiscalización ambiental? ¿Saben lo que significa eso? En el caso de Chile, no necesitamos todos los dedos de la mano para contar, porque nos sobra con uno. ¡Y pretendemos ingresar a la Ocde! ¿Saben lo que va a pasar? Creo que el diputado Roberto Sepúlveda dijo algo al respecto. Ahí está el truco: una cosa es la competencia de precios y, otra, la competencia con obstáculos. Le van a poner una serie de requisitos a nuestros productos, y aunque los regalemos, no los van a dejar entrar a esos países. De esa forma van a parar nuestras exportaciones, que son motor de desarrollo. Entonces, por lo que significa, démosle a la Ocde la importancia que corresponde. Anoté algunas cosas de su manual: cumplir la normativa, ejecución eficaz de todos los resguardos, protección de los humedales, de las lagunitas, de las aves -fíjense de todo lo que se preocupa la Ocde en sus siete u ocho macro proyectos-, desarrollar normas de emisión, etcétera. Con los recursos asignados, ¿estaremos en condiciones de contratar asesorías para cumplir con las exigencias de la Ocde? Por cierto que no. Es decir, la competencia internacional afecta al medio ambiente. No vamos a poder ingresar a la Ocde. Fondos para los ciudadanos, no hay; fondos para una fiscalización potente, no hay. ¿Y los municipios? ¿Ustedes creen que los municipios son expertos en estas materias? Invito a la ministra a que vayamos a Putú o a Cumpeo a hablarle a la gente del tema ambiental. Tal vez, podríamos comer muy buenos asados o jugar fútbol; pero, no podemos ir allí a hablar de problemas ambientales. Son municipios chicos, que pueden ser de Gobierno o de Oposición. ¿Cómo los potenciamos? Con oficinas regionales potenciadas. Acabamos de ver en Los Robles -la ministra estuvo allí- una oficina central que es la más potente del país: 1.500 millones de dólares, en plena costa: Chanco , Constitución, donde todavía encontramos ese mundo agreste. La Perla del Pacífico todavía no funcionaba y le metimos la oficina central. ¿Qué hicieron los coremas, los cores y los gobiernos regionales? Se les puede preguntar a los seremis; cuatro de ellos no conocían la costa, y tres no sabían de qué les estaban hablando. El intendente paró el dedo. Entonces, hay que potenciar los gobiernos regionales. Al final, nos damos cuenta de que sin plata no caminamos porque, además, el ministro de Hacienda -a quien aplaudimos- ha dicho aquí -estamos contestes con él- que hemos suscrito setenta tratados internacionales; Chile lidera los tratados internacionales. ¡Fantástico! Pero los tratados sobre temas ambientales que suscribimos contienen una serie de cláusulas que debemos cumplir. ¿Quién va a comprobar que estamos llevando a efecto los setenta tratados internacionales? ¿Hay recursos para eso? No basta con lo que estamos haciendo. ¡Fantástico! Tenemos el modelo, la teoría, la gente preparada, las ganas; está el Congreso Nacional, más allá de algunas críticas constructivas que se han formulado; estamos todos en esto: Gobierno, Oposición, ONG, municipios; pero no está la música ni la cueca. Todo esto es fantástico, y vamos a votar favorablemente el proyecto para que la ministra se vaya contenta; pero creo que en la próxima discusión del Presupuesto tendremos que hacer un verdadero análisis y determinar adónde deben ir las platas. Creo que con un poquito del Transantiago -a propósito de la interpelación de que será objeto la próxima semana el ministro de Transportes y Telecomunicaciones-, de los honorarios, de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, de lo que quedó del caso MOP-Gate, en fin, un poquito de aquí y de allá, ¡algo juntaremos para implementar lo que sirve a todos los ciudadanos! El tema ambiental no es de las empresas, del Gobierno o del Parlamento, sino de la ciudadanía, de la organización civil, porque la gente tiene que participar necesariamente en sus comunas, con derecho a voz-, con derecho a voz y a voto, aunque sean minorías, porque éstas no sólo deben hablar, sino también votar. A veces, las minorías -vean cómo se ríe el colega Marco Enríquez-Ominami- hacen daño, a veces, levantan personas. Entonces, felicito a la ministra y a su equipo. Tarea cumplida; la Presidenta de la República cumplió. ¿Qué pasará ahora? En septiembre y octubre, cuando discutamos el proyecto de ley de Presupuestos, quiero ver al ministro de Hacienda y al director de Presupuestos , Alberto Arenas , junto con el Congreso Nacional, ponerle música y cueca a este proyecto. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Alejandro Sule. El señor SULE.- Señor Presidente , como dice un viejo aforismo, “un viaje de mil leguas comienza con un paso”. Esto es lo que representa, precisamente, el proyecto que hoy estamos discutiendo: un primer y fundamental paso hacia el perfeccionamiento de nuestra institucionalidad ambiental. Hasta hace poco, tal como ocurrió durante años en la discusión del modelo de nuestro desarrollo energético, el tema ambiental se basó en el principio de la no política: dejar hacer, dejar pasar. Eso es lo que hoy tiene a casi la mitad de la población de nuestro país viviendo en lugares declarados zonas saturadas de contaminación atmosférica. Nos referimos a un problema grave de salud para nuestros niños, de miles de partículas 2.5, que son las más difíciles de sacar de los pulmones, y otros tantos miles de material particulado número 10. Si en el mundo en los próximos diez, veinte o treinta años, no somos capaces de hacer lo que debemos, no sé si duraremos cincuenta, ochenta o cien años más, con toda seguridad, treinta años más. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado en diez o veinte años más si hay una demanda colectiva de la inmensa mayoría de la población en su contra, por no haber tomado a tiempo las medidas correspondientes, con la intensidad y la fuerza necesarias para enfrentar lo que se avecinaba? Esto no es algo nuevo. La institucionalidad ambiental ha permitido, en los últimos meses, que haya centrales termoeléctricas ultracontaminantes, porque al encontrarnos con vulnerabilidad energética necesitábamos mucha energía, incluso, hay algunas aprobadas que ni siquiera se han construido. Debemos pensar qué vamos a hacer al respecto. Muchos estudios ya lo han manifestado. El último informe de la Ocde y de la Cepal respecto de la evaluación del desempeño ambiental de Chile al 2004, concluyó que existe una relación simétrica entre el desarrollo económico y la degradación ambiental en nuestro país, además de la falta de marcos normativos para proteger nuestro medio ambiente. Por ello, los diputados radicales apoyamos el proyecto; creemos que nuestro país necesita una nueva y mejor institucionalidad medioambiental, una política real en la materia, capaz de impulsar e implementar políticas y estrategias, con una ministra o ministro del Medio Ambiente empoderado, capaz de hacer valer sus posiciones en el Poder Ejecutivo , y no menos importante, con un fuerte sistema de fiscalización, para que las empresas cumplan las normas medioambientales. El proyecto propone un nuevo modelo de gestión ambiental, en la que la variable ambiental y de sustentabilidad se encuentre tempranamente incorporada en el diseño de las políticas y planes del sector público, a través de la evaluación ambiental estratégica. Así también, y a pesar de que algunos parlamentarios de la Derecha buscaron desmembrar el proyecto, ya que intentaron, primero, dividir las votaciones entre las funciones del Ministerio y la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente -un ilógico, puesto que no se entiende el uno sin la otra-, y luego trataron de establecer un conjunto de limitaciones y restricciones a las atribuciones de la Superintendencia, me parece importante destacar la firmeza e inteligencia política con que ha manejado la discusión legislativa la ministra Ana Lya Uriarte . Muchas veces hemos constatado en el Congreso Nacional las contradicciones permanentes en la Derecha, que dice apoyar la educación pública, pero rechaza toda norma legislativa que indique su concreción; que dice trabajar por el bienestar de los trabajadores de Chile, pero rechaza la negociación colectiva; que dice buscar terminar con las desigualdades sociales y económicas, pero busca recortar los presupuestos para los programas sociales, se niega a una redistribución real de la riqueza y se opone al proyecto de ley sobre discriminación y terminan por dinamitar dichas leyes. En esta oportunidad, no ocurrió lo mismo, pese a que lo intentaron en las Comisiones de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente y de Hacienda, en las cuales hubo indicaciones bastante raras, por decir lo menos. Por ejemplo, la indicación presentada por la diputada señora Marcela Cubillos y el diputado señor Roberto Sepúlveda , entre otros, a la letra e) del artículo 3º del ARTÍCULO SEGUNDO, para agregar un nuevo inciso segundo: “La Superintendencia no podrá, en ningún caso, realizar requerimientos de información referidos a un elevado número de actos o antecedentes ni solicitar requerimientos que distraigan indebidamente a los receptores del cumplimiento regular de sus labores habituales”. ¿Qué buscaban mis estimados colegas con esa indicación? ¿Que no se fiscalice a grandes empresas que degradan el medio ambiente, porque se les puede distraer de sus labores habituales? Del mismo modo, la Derecha ha promovido indicaciones para restringir las medidas provisionales y suspensivas de la Superintendencia, pero ese tipo de limitaciones va contra la naturaleza misma de esos instrumentos. No es posible que terminen de pleno derecho una vez que cese el riesgo de daño grave al medio ambiente. ¿Quién determina eso, la autoridad, el privado? ¿Qué garantizan entonces? En la tramitación se incorporaron una serie de mecanismos para garantizar su correcto uso, siendo el más importante la revisión ex pos de la Contraloría General de la República. En algún momento también se insistió en incluir tribunales medioambientales. Es posible que desde un punto de vista de Estado, como decía mi colega Robles , finalmente sea adecuado crear tribunales medioambientales, pero como bien alguien dijo por aquí: ¿tenemos jueces especialistas en materia medioambiental, que es tan compleja? Creo que para contar con tribunales medioambientales debemos entrar en un proceso, y el Ministerio se requiere con urgencia, y ya se utilizó tiempo más que suficiente en el debate de su creación, porque entiendo que la discusión del proyecto en las Comisiones de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente y de Hacienda debe haber durado un año o quizás más, y los que estábamos interesados en dar nuestra opinión, tuvimos la oportunidad de hacerlo en ellas. Quiero decir que hoy la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por ejemplo, que tiene la potestad de fiscalizar y sancionar, ha aplicado una multa a Chilectra, hace más de un mes -después de miles y miles de reclamos-, cuyo monto, por lo demás, es bajísimo respecto de las ganancias que a esa compañía le han generado los abusos sólo en Santiago, y todavía no se materializa. Imagínense lo que significa el proceso de reclamación, mientras nuestros conciudadanos son abusados por esos monopolios. Sin duda, fiscalizar y aplicar multas son funciones que deben recaer en la Superintendencia del Medio Ambiente. Por otro lado, no entendemos el doble discurso de algunos colegas. Dicen que buscan mejorar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, pero en las Comisiones se opusieron a varias de las reformas al sistema de evaluación de impacto ambiental, como la norma que obliga a consultar a los gobiernos regionales y a las municipalidades la relación que tienen los proyectos con las políticas y planes de desarrollo regional y local, o las indicaciones que presentaron para morigerar el efecto de la caducidad de la resolución de calificación ambiental propuesta en el proyecto, por ejemplo, número 26, que pasa a ser 29, de la diputada señora Marcela Cubillos , del diputado Roberto Sepúlveda y otros, a la letra b) del artículo 25 ter, para agregar el siguiente párrafo final: “Con todo, entre otras cosas que podrá determinar el Reglamento, se entenderá que se ha iniciado la ejecución del proyecto o actividad cuando se soliciten los permisos sectoriales correspondientes.” Al respecto, quiero destacar la modificación del proyecto al tecnificar las decisiones al interior del sistema de evaluación de impacto ambiental, porque obligará a la Comisión de Evaluación, integrada por los seremis, a ajustarse a los contenidos de los informes técnicos sectoriales o, en su defecto, presentar un informe paralelo que justifique su voto en contra, o de otra naturaleza, o distinto. En suma, estamos ante un muy buen proyecto, que se ajusta a las recomendaciones y observaciones que diversos organismos internacionales han realizado a nuestro país, que perfecciona nuestro marco normativo y medioambiental. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , en poco tiempo hemos aprobado en la Sala varias nuevas formas de institucionalidad. El Ministerio de Deportes y Juventud, un segundo piso en Mideplan para tratar el tema de la pobreza, etcétera. Lo que estamos haciendo hoy, de crear una institucionalidad, se ha repetido a lo largo del Gobierno. Como todo, empieza de a poco y luego se va perfeccionando. Sin embargo, hay dos principios que me preocupan en esta institucionalidad nueva. Uno tiene que ver con la independencia en las votaciones, y a los que somos de la Sexta Región que estamos muy cerca de Santiago, siempre nos ha complicado la independencia que tengan los seremis o los directores de servicios al momento de analizar los proyectos. Hemos conocido ejemplos dramáticos y dolorosos en las regiones, como la instalación de una termoeléctrica en la comuna de Mostazal. Nadie la quería; todos sabían las complicaciones que acarrearía. Pero, al final, se votó a favor, porque las cosas se hacen de acuerdo con una orden vertical que viene de Santiago, sin respeto a las regiones. Más aún, sin miramiento de lo que significa el medio ambiente en una región saturada desde varios puntos de vista, de los cuales el que más nos preocupa es la saturación hídrica. El otro principio que me preocupa se relaciona con el financiamiento. Hace poco, aprobamos menos de 2.500 millones de pesos para el Ministerio del Deporte y la Juventud. Hoy, se habla de 19 mil millones de pesos para la creación de una institucionalidad potente a nivel nacional. Con todo cariño le digo a la ministra que va a enfrentar hartos problemas, porque tendrá varios monstruos a su alrededor en ese Consejo: el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con los requerimientos de suelos agrícolas; el de Minería, con la utilización del agua. Con ello, quiero decir que el empoderamiento que le estamos dando con esta iniciativa le significará peleas constantes. Como conoce el tema, porque ha trabajado en él durante muchos años -acompañada del diputado Vallespín , con quienes de alguna manera hemos practicado una especie de pimpón-, sabe que la complicación es que siempre lo económico estará por sobre lo ambiental. Hay que decirlo con todas sus letras. El asunto es fijar el valor que este país le dará a lo ambiental, más allá de la iniciativa que podamos despachar. Además, debemos valorar lo ambiental desde el punto de vista económico, para hablar en el mismo lenguaje. Si no somos capaces de abordar lo relacionado con el medio ambiente en forma inteligente, tendremos más de un problema económico. Por eso, le daremos a la ministra todas las herramientas que necesite, pero, al mismo tiempo, le recalco que en el Consejo tendrá monstruos permanentes a su lado. Al respecto, no queremos que esos monstruos se repliquen a nivel regional. Por eso, será necesario no sólo empoderar al Consejo, sino también a la ciudadanía para saber lo que la gente busca en materia medioambiental. Si piensa en ONG o en organizaciones comunales, a través de sus consejos, que tienen un representante en este tema, que permita integrarlos y debatir con el Gobierno acerca de lo que está pasando en las regiones. Por ejemplo, en estrategias de desarrollo integral, hace mucho tiempo que no se implementa un plan de trabajo en lo ambiental, a fin de encauzar las decisiones del nuevo Consejo. Además, en este ámbito hay que analizar las economías existentes. En la Sexta Región, está el sector agrícola exportador y la pequeña y mediana agricultura. Citaré sólo casos de mi distrito: lo ocurrido en Los Lingues, Talcarehue y San Fernando ; lo que pasa en el lago Rapel y Las Cabras, aunque si bien ahí se presenta una complicación biológica, tiene que ver con la alteración del ecosistema; lo que sucede en San Vicente y otras comunas, con las termoeléctricas; lo que acaece en La Vinilla, donde hay contaminación ambiental con moscas, y, por último, lo que está aconteciendo en Requehua. He dado cinco o seis datos de comunas y sectores específicos de mi distrito, afectados por situaciones muy graves. Sin embargo, lo que más me preocupa es el artículo octavo transitorio de este proyecto. Con seguridad, la ministra no sabe que en este tema existe un compromiso con la Corporación Nacional Forestal, Conaf . Por ejemplo, con los diputados Alfonso de Urresti y Ramón Barros no queríamos aprobar la normativa sobre bosque nativo sin un acuerdo, más allá de lo escrito, sobre el aumento de remuneraciones de los trabajadores de la Conaf y para pasar de lo privado a lo público de manera racional. A la subsecretaria Cecilia Leiva le correspondió llevar a cabo esa tarea. El compromiso es permanente y se suscribió hace varios años. Recuerdo que, incluso, con el ex senador Rafael Moreno hablábamos continuamente para estudiar cómo arreglar la situación de la Conaf. A pesar de las enormes discrepancias que existen sobre el punto no se debe perder la larga experiencia de esas personas. Chile no parte de cero en el sistema de áreas silvestres protegidas. Tiene una enorme capacidad y desarrollo para encauzar. Por lo tanto, le pido a la ministra llegar a un acuerdo con la Conaf mediante el diálogo. Con el Ministerio de Agricultura no se logró. Lo digo con todas sus letras: que cumpla ese compromiso dentro del plazo de un año desde la publicación de la ley, como se expresa en el artículo octavo transitorio. Sin embargo, quiero dejar en claro que no me parece bien que tal propuesta no pase por el Congreso. ¡Debe ser estudiada por el Parlamento! No es posible que la propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de biodiversidad y áreas protegidas y del ámbito forestal quede a cargo sólo del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, ya que ello significará una planta y funciones distintas. La Corporación debe enterarse de lo que ocurrirá con este nuevo servicio público. No podemos lavarnos las manos, como siempre lo ha sostenido la diputada Denise Pascal . Lo importante es que se envíe a este hemiciclo esa propuesta de nueva institucionalidad aprobada por el Consejo de Ministros, donde la Conaf tiene algo que decir. (Aplausos) Al respecto, deseo decir a los funcionarios de la Conaf que no aplaudan tanto, porque para dar la pelea hay que tener pantalones. Muchas veces el diálogo ha sido interrumpido, porque no siempre han tenido la fuerza para seguir hablando. Por otra parte, el diputado Pedro Araya me encargó que pidiera votación separada para el artículo segundo transitorio, pues, según él y algunos funcionarios de la Conama, no se estaría respetando la carrera funcionaria. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Hago presente a la Sala que hay 18 inscritos para hacer uso de la palabra. Es decir, el proyecto no se alcanzará a votar hoy y quedará pendiente para las próximas sesiones. Tiene la palabra la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. La señora URIARTE (ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente).- Señor Presidente , sin perjuicio de que una intervención que aborde los distintos tópicos que se han escuchado hoy, en esta Sala, podrá ser hecha en las sesiones en las que continuaremos debatiendo el proyecto, no quiero dejar pasar esta ocasión para hacerme cargo de inmediato de la intervención de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y dar así satisfactoria respuesta a los funcionarios de Conaf que hoy nos acompañan, para que no se vean forzados a volver al Congreso, con el esfuerzo que ello significa. En primer término, nadie puede negar ni discutir -al respecto, parece haber acuerdo completamente transversal en el Congreso y en el sector público- que la biodiversidad y las áreas protegidas tienen vinculación íntima con el tema medioambiental. Hemos estado de acuerdo transversalmente en que la elaboración de políticas relativas a biodiversidad y áreas protegidas debe estar radicada en el Ministerio del Medio Ambiente; también hemos estado de acuerdo transversalmente en que la elaboración de las normas que se asocien a protección de la biodiversidad y áreas protegidas debe situarse en el Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, sabemos -y la diputada Sepúlveda tiene toda la raz��n- que, en materia de gestión de áreas protegidas y de biodiversidad, no partimos de cero. Sabemos también -y en este diagnóstico estamos todos de acuerdo- que nuestro país tiene una deuda pendiente con las áreas protegidas y la biodiversidad, porque no ha podido darles una institucionalidad pública como corresponde ni tampoco montar un adecuado sistema nacional de áreas protegidas. ¿Qué hemos dicho hoy? Que es un gran día, porque se está dando un paso adelante para fortalecer la institucionalidad medioambiental. Para resguardar y cautelar debidamente tanto la participación como la discusión sobre el tema, esperamos que, en el plazo de un año, contado desde que se publique la ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia Ambiental, se proceda a un rediseño institucional para abordar los tema sobre áreas protegidas y biodiversidad. Este rediseño debe presentarse al Congreso Nacional para su discusión, porque cualquier rediseño institucional, como sería cambiar la actual estructura de Conaf o proceder a la creación de un servicio de biodiversidad u otro, necesita de sanción legal, porque ello implica cambiar estatutos jurídicos existentes. Para despejar este asunto, el proyecto se hace cargo del tema y se cuenta con un compromiso firmado en un protocolo. En un año más, en el Congreso Nacional -donde están nuestros representantes- y en las organizaciones sindicales de Conaf se efectuarán las discusiones políticas. En esto, quiero ser clara y categórica: muchos de los miembros de las organizaciones sindicales de cualquier rubro tienen vinculaciones con el mundo político, lo cual es bueno y adecuado. Entonces, cabe señalar que habrá espacios formales e institucionales de diálogo, como también se contará con las demás vías que ofrece esta democracia que afortunadamente vivimos. El compromiso es claro. El tema se abordará en un año más, una vez que contemos con el Ministerio del Medio Ambiente. El punto de sanción definitiva lo tendrá el Congreso Nacional, órgano del Estado que nos representa a todos. He dicho. -Aplausos. El señor VARGAS (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día. "
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