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El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente , más allá del gravísimo caso específico que ha conmocionado a la opinión pública y que, por cierto, debe preocuparnos, como fue la eventual colusión de las farmacias, éste debe ser, como lo han señalado otros colegas, un debate más integral y comprensivo de la relación que debe existir entre Estado y mercado.
Lamentablemente, considero que, hasta ahora, en nuestro país, ha predominado cierta visión ideológica sustentada por algunos colegas de la Oposición, que ven al Estado más bien como una burocracia ineficiente que entorpece el funcionamiento del mercado.
Una vez más, hay que señalar la importancia del rol que debe cumplir el Estado en la efectiva y libre competencia. Así lo demuestra el caso de la colusión de las farmacias, porque es un tema estructural de nuestra economía.
Digamos que aquí se ha señalado en parte lo que ocurre: no se trata sólo de que hay tres cadenas de farmacias que abastecen al 97 por ciento del mercado. Debemos ocuparnos también de qué sucede con las administradoras de fondos de pensiones, con los bancos, con las empresas de retail; el nivel de concentración monopólica en esta economía de fusión, de concentración, que cada día es mayor.
Ante eso, la posibilidad de que los carteles se pongan de acuerdo en los precios o en los servicios que van a prestar fijando precios es más que evidente.
¿Cuál es nuestra respuesta? Acabamos de hacer una reforma marginal de libre competencia entregándole más competencia a la Fiscalía Nacional Económica, pero todavía es insuficiente. Por eso hemos dicho que es importante debatir sobre la delación compensada, establecer penas de cárcel para los casos más graves, seguir dándole más facultades a la fiscalía para que se puedan investigar los casos de colusión, porque debemos avanzar para evitar la concentración y la fusión. Hasta ahora no lo hemos logrado, y tratándose de una economía altamente concentrada, pone en riesgo cada día más las garantías de los consumidores.
El Estado incluso tiene impedimentos para desarrollar actividad económica. Para ello se requiere de una ley de quórum calificado. Por lo tanto, comparto las medidas que el Gobierno ha propuesto, pero me parece fundamental que trabajemos en una línea que garantice de verdad la transparencia, el libre mercado, los derechos de los consumidores.
Al respecto, el juez efectivamente puede comprobar que ha habido un daño para cada consumidor, pero que no es posible determinarlo, como ha sido en el caso de las farmacias. Sí puede determinar el daño sufrido por el colectivo de los consumidores, entonces podrá fijar perfectamente en su sentencia la forma de resarcir ese daño y fijar la indemnización correspondiente a cada consumidor. Eso se puede hacer si modificamos los artículos 53 a y 53 c.
Tengo en mi poder una copia de una conferencia dictada por el señor Raúl Álvarez Vásquez en agosto de 2000, en Punta del Este, por dueños de farmacias del conosur, que en ese entonces eran farmacias independientes, que hoy prácticamente han desaparecido. Reitero, estoy hablando del año 2000.
Por la brevedad del tiempo de que disponemos, leeré sólo algunas de las conclusiones de su ponencia. Dice: distribución monopsónica de llegar a monopólica; acuerdo de precios entre cadenas; acuerdo de precios entre laboratorios y cadenas; desaparición paulatina de la industria nacional instalada de medicamentos y cosmética; eliminación del químico farmacéutico con profesión liberal; grave perjuicio hacia el consumidor en la actualidad, porque los descuentos recibidos por las cadenas de parte de los laboratorios, como bonos monopolistas, ya no se los entregan al público, por lo tanto, el consumidor es el que paga el sobreprecio desproporcionado. Las cadenas fabrican productos, los importan o los maquilan con sus nombres comerciales.
Eso es extremadamente grave y aquí están presentes las autoridades de salud que deben informarse. Esto fue dicho el año 2000, en una conferencia en la que intentaban defender la existencia de las farmacias independientes. Lamentablemente, reconozcamos que la pelea ha sido perdida. Hoy, prácticamente desaparecieron las farmacias independientes y existen tres cadenas que abastecen el 97 por ciento de los consumidores chilenos. Resultado: son capaces, eventualmente, como lo va a demostrar el Tribunal de la Libre Competencia, de coludirse para alzar los precios de 222 medicamentos.
Eso es una vergüenza y espero que nunca más ocurra. Por eso, hemos propuesto las medidas necesarias y fundamentales en las que debemos avanzar. No sólo lo acabamos de aprobar para el Tribunal de la Libre Competencia, sino que debemos restablecer la pena de cárcel para los delitos más graves y debe existir la delación compensada.
Es una vergüenza que el resultado del fallo haya sido sólo un millón de dólares de multa para Fasa, acción que es casi irrisoria para todo el país.
En nombre de la bancada del Partido Socialista, exijo que nuestras autoridades nos escuchen, que avancemos y nunca más sigamos por este camino.
He dicho.
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