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El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , quiero adherir a lo señalado en la presentación inicial por los diputados de la Concertación. El caso de la colusión en el ámbito de las farmacias impactó de manera muy profunda a la opinión pública nacional y ha permitido develar una realidad que es más extendida en el ámbito de la economía, cual es que no vivimos en condiciones de competencia perfecta. Por el contrario, en muchos sectores se da colusión explicita, como en este caso, e implícita.
Ayer, un experto dijo en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo que esa situación también estaba ocurriendo en el sector eléctrico, y que no hacía falta que se reunieran para concertarse. Simplemente, bastaba que operaran de manera parecida para, en la práctica, provocar colusión.
Por lo tanto, como este caso generó gran conmoción por tratarse de medicamentos, revela que tenemos debilidades legales e institucionales.
El acuerdo validado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia expresa lo que el tribunal puede hacer. Pero, claramente, está muy lejos de lo que esperaba la ciudadanía.
Obviamente, para una empresa como Farmacias Ahumada pagar una multa de 1 millón de dólares y buscar tres o cuatro mecanismos de compensación a sus clientes, constituye un incentivo para una futura colusión.
Esa situación no debiera ocurrir. Deberíamos avanzar en una tipificación penal de delitos contra los derechos del consumidor y contra la libre competencia. También deberíamos buscar medidas adicionales en el ámbito de los medicamentos.
Quiero adelantar una. Varios diputados de esta bancada hemos impulsado un proyecto para que los medicamentos puedan ser vendidos en los supermercados, por ejemplo, en espacios segregados, con la presencia de un químico farmacéutico. El Gobierno también ha anunciado otras medidas a raíz de este caso.
Creo que llegó la hora de hacerlo, porque, por primera vez, se sabe que la herida es muy profunda en el sector empresarial, porque abrió espacio para que el Estado recupere el rol que le corresponde, precisamente, para garantizar la libre competencia, que los actores económicos jueguen de manera limpia, lo que asegura los derechos de los ciudadanos como consumidores.
Ése es el trasfondo de este episodio que ha provocado profunda conmoción, el que no ha concitado respuestas, soluciones o conclusiones que digan relación con la profunda indignación ciudadana.
Reitero, para empresas que lucraron ilegítima e ilícitamente por cerca de 50 millones de dólares, una multa de 1 millón de dólares es una invitación a que lo vuelvan a repetir mañana, lo que no corresponde.
He dicho.
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